Entradas de diciembre de 2013

QUE ESTA PASANDO EN URUGUAY – DESDE ALEMANIA Y CON GRAN PREOCUPACION – COMCOSUR INFORMA 1518

COMCOSUR INFORMA

AÑO 13 – No. 1518 / jueves 19 de diciembre de 2013

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Selección y producción:

Beatriz Alonso y Carlos Casares

Colaboran:

ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos

ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini y Claudia Korol

BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello / Mau – Mau

HOLANDA: Ramón Haniotis

SUIZA: Sergio Ferrari

URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano y Kintto Lucas (Montevideo)

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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS

«Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo
se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto
hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.» RADIO VENCEREMOS

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NOTICIAS

URUGUAY

1) SALUDO DE FIN DE AÑO DESDE LAS RADIOS COMUNITARIAS

Queremos saludar el trabajo que han hecho cada una de las radios, en
cada una de las localidades. Trasmisiones especiales, festejos de
cumpleaños, peñas, cursos, y el aire de siempre. Este año ha sido
intenso en la discusión de la TV digital y la Ley de Medios.

2) LEY DE FORMATOS ABIERTOS Y SOFTWARE LIBRE

Esta Ley es un pequeño paso hacia el objetivo del uso social del
conocimiento y la apropiación por parte de los trabajadores
informáticos del Estado y en consecuencia de toda la comunidad de
dicho conocimiento, para seguir construyendo el país soberano e
independiente que todos los uruguayos queremos.

3) PRESENTAN ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y MARIHUANA ENTRE
ADOLESCENTES

Según la “II Encuesta Mundial de Salud Adolescente”, dada a
conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSP), siete de cada
10 adolescentes de segundo, tercero y cuarto año de liceos públicos
y privados de todo el país, consumieron alcohol al menos una vez en
su vida. El consumo varía según las edades. Llega al 85.5% de los
adolescentes de 16 años o más; 79% en los de 15 años; 69.3% en los
de 14 y 48% en los de 13.

TEMAS DE COMCOSUR

I. QUE ESTA PASANDO EN URUGUAY

DESDE ALEMANIA Y CON GRAN PREOCUPACION

Estimado Embajador,

Somos personas nacidas en el país, otras que vivieron muchos años
allí o que simplemente han conocido Uruguay en alguna visita. Lo que
nos une es el hecho de haber aprendido a querer la región y de sentir
una conexión fuerte con ésta y con su gente. Por esta razón nos
preocupa mucho el rumbo que están tomando las políticas del gobierno
actual y las acciones que han sido llevadas a cabo por diversas
instituciones.

II. CÁRCEL Y DOLOR

PARECIDO NO ES LO MISMO

En su columna de opinión “Cárcel y dolor por error judicial” del
pasado jueves 12, en el semanario Búsqueda, el periodista Raúl
Ronzoni da muestras de escasa sensatez, suma manzanas con duraznos, y
de falta de información básica para una persona de su edad, que,
además, trabaja en un medio de prensa de los considerados
“serios”. Habiendo abordado en su nota la situación de dos
ciudadanos que estuvieron injustamente privados de su libertad debido
a errores judiciales, lamenta lo exiguo de las reparaciones
económicas que han de recibir por los daños sufridos, opinión
compartible, y lo compara con el resarcimiento recibido por los
expresos políticos de la dictadura. Comparando los montos le parece
que hay presos de primera y de segunda. / CRYSOL

III. EMPRESAS PÚBLICAS

CLIENTES

Desde el gobierno se escuchan reiteradas quejas por una supuesta
inconsciencia de la población acerca del cuidado y la marcha de las
empresas estatales. Sin embargo desde esas mismas empresas “que son
de todos” se nos denomina como “clientes” lo que implica que nos
consideran personas que utilizamos los servicios de la empresa; que
habitualmente “compramos” el servicio que ofrecen en el
“mercado.” / Jorge Marrero

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NOTICIAS

URUGUAY

1) SALUDO DE FIN DE AÑO DESDE LAS RADIOS COMUNITARIAS

Hola a todos y todas

Queremos saludar el trabajo que han hecho cada una de las radios, en
cada una de las localidades. Trasmisiones especiales, festejos de
cumpleaños, peñas, cursos, y el aire de siempre.

Este año ha sido intenso en la discusión de la TV digital y la Ley
de Medios. Vino Natalia, la estudiante colombiana, hicimos la
trasmisión especial La Re Evolución de la Palabra. También se
desarrolló la página, iniciamos la idea del Boletín.

Tenemos que festejar que luego de tanto esperar los compañeros de
Palmira FM y de La Bruja tienen frecuencia asignada y están saliendo
al aire. También que La Bruja y La Heladera han sido ganadoras de uno
de los primeros llamados a promoción del sector comunitario, en este
caso para equipamiento.

Seguramente cada una de los colectivos tiene algo para contar, tal vez
podamos aprovechar este saludo de fin de año para contarnos un poco,
lo que hemos logrado, lo que nos falta.

Este fin de año no nos juntamos. Estamos realizando las visitas a las
radios en la que quedamos en la última asamblea. Así que nos estamos
viendo, les vamos avisando a medida que vayamos agendando por si
quieren sumarse.

Un saludo entonces por el trabajo del 2013 y que el año que viene nos
encuentre con más y mejor comunicación comunitaria.

AMARC Uruguay

COMCOSUR INFORMA Nº 1518- 19/12/2013

2) LEY DE FORMATOS ABIERTOS Y SOFTWARE LIBRE

Ante la aprobación definitiva de la Ley de Formatos Abiertos y
Software Libre, el Centro de Estudios de Software Libre saluda y
felicita a quienes dieron su tiempo y esfuerzos en las diferentes
etapas de este proceso.

El uso de formatos abiertos incrementará nuestra soberanía al
permitir que la utilización de los documentos institucionales del
Estado no dependan de formatos privativos que mantienen como rehenes
de las empresas privadas a los datos de todos los ciudadanos.

Esta Ley nace en el año 2003 como de Formatos Abiertos. Vuelta a
presentar en 2006 en la Cámara de Representantes, ya como de Formatos
Abiertos y Software Libre, estudiada en Comisión (especial de
Innovación, Ciencia y Tecnología) recién en 2008; estuvo varios
años archivada por falta de voluntad política para su aprobación.
En 2012, con el esfuerzo y la dedicación que le puso al tema el
diputado Julio Battistoni, con el apoyo de quienes hoy integramos
CESoL y de muchos otros compañeros (antes y después), finalmente fue
aprobada en primera instancia por dicha Cámara en diciembre de ese
año. Al inicio de 2013 comenzó su tratamiento a nivel de la
Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores.

En el período de estudio por parte de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado, habiendo sido recibidos defensores del
mantenimiento del texto votado por los Diputados (comunidades de
software libre, algunos organismos públicos) y detractores del mismo
(cámaras empresariales, algunos organismos públicos), se plantearon
modificaciones.

Durante este año las organizaciones más representativas de los
trabajadores y estudiantes uruguayos (PIT-CNT y FEUU, respectivamente)
emitieron comunicados apoyando el proyecto e instando a los senadores
a votar sin modificar lo aprobado en la Cámara de Representantes.

Ante dudas expresadas sobre el contenido del Art. 2, (rechazado por
algunos de los detractores del proyecto) que establecía que además
del software comprado, contratado o desarrollado, debía ser libre el
software necesario para su modificación, CESoL hace consultas sobre
el tema a la organización referente a nivel mundial: la Free Software
Foundation (FSF) presidida por Richard Stallman. Como respuesta la FSF
emite un comunicado apoyando el contenido propuesto en ese punto de la
Ley (http://www.gnu.org/philosophy/uruguay.es.html) e incluso
tomándolo como insumo para sus recomendaciones para las políticas
gubernamentales, sugiriendo que los contratos requieran que las
soluciones sean desarrolladas en ambientes que contengan software
libre.

Pese a esto, lamentablemente, el proyecto de Ley fue modificado y
(entre otros) se quita el punto referido anteriormente.

Saludamos a aquellos miembros del Senado que defendieron el texto de
2012 para que con esta Ley se pudieran profundizar la equidad social
del país, el trabajo de mejor calidad y la cultura de los uruguayos.

CESoL manifiesta que a su entender las modificaciones hechas por el
Senado de la República al proyecto aprobado por la Cámara de
Representantes originalmente, le quitan fuerza al Estado para actuar
en su papel de orientador y rector del desarrollo tecnológico
nacional, afectando negativamente la necesaria transformación de las
compras de software en sus dependencias y en consecuencia al
cumplimiento de los objetivos que explicitamos al comienzo.

Hacemos la autocrítica correspondiente por no haber podido y/o sabido
explicar a quienes apoyaron los cambios en el texto la necesidad de
que no se hicieran.

Creemos que, de todos modos, esta Ley es un aporte a la Libertad de
los uruguayos, por lo que nos congratulamos por su aprobación y
defenderemos su aplicación en todos los ámbitos donde sea necesario
y posible.

Queda en nosotros seguir luchando para que el Estado uruguayo se
libere completamente de la servidumbre del software privativo provisto
siempre por los mismos monopolios.

Seguiremos aportando al logro de estos objetivos, de manera continua y
permanente como hasta el momento.

Montevideo, 18 de diciembre de 2013

CESoL – Asociación Civil

Articulado

ARTÍCULO 1º.‑ Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde
el Estado posea mayoría accionaria, los Gobiernos Departamentales,
las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de contralor del
Estado, deberán distribuir toda información en al menos un formato
abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser
aceptado en al menos un formato abierto y estándar.

ARTÍCULO 2º.‑ En las instituciones y dependencias del Estado
mencionadas en el artículo 1º, cuando se contraten licencias de
software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En
caso que se opte por software privativo se deberá fundamentar la
razón.

En caso de que el Estado contrate o desarrolle software, el mismo al
ser distribuido, se licenciará como software libre. El intercambio de
información realizado con el Estado, a través de Internet, deberá
ser posible en, al menos, un programa licenciado como software libre.

ARTÍCULO 3º.‑ Se considera de interés general que el sistema
educativo proceda a promover el uso de software libre.

ARTÍCULO 4º.‑ El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 180
(ciento ochenta) días las condiciones, tiempos y formas en que se
efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga
las condiciones de la presente ley y orientará, en tal sentido, las
licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación
(software) realizadas a cualquier título.

ARTÍCULO 5º.‑ Definiciones a los efectos de la presente ley:

A) El software libre es el que está licenciado de forma que cumpla
simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Pueda ser usado para cualquier propósito.

2. Tenga acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y
cambiado para adaptarlo a las necesidades.

3. Pueda ser copiado y distribuido.

4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas
mejoras a la ciudadanía.

B) El software privativo es todo software que prive de alguna de las
cuatro condiciones o libertades inherentes al software libre.

C) Los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los
datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación
y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos
almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo
para ser utilizados.

D) Formatos estándar son los que han sido aprobados por una entidad
internacional de certificación de estándares.

Enviado por CESoL – Asociación Civil

COMCOSUR INFORMA Nº 1518- 19/12/2013

3) PRESENTAN ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y MARIHUANA ENTRE
ADOLESCENTES

Seis de cada diez dijo haber consumido durante el último mes,
mientras que casi la tercera parte (28.9%) admitió haber tenido un
episodio de consumo abusivo al menos una vez.

En cuanto a la forma en que los adolescentes consiguen el alcohol, el
41.2% dijo haberlo comprado por su cuenta en supermercados, almacenes
o estaciones de servicio, aun cuando la venta a personas menores de
edad está prohibida. Un 21.7% en tanto, dijo haber obtenido el
alcohol por intermedio de un amigo, el 18.8% por un miembro de su
familia, el 3.8% le dio el dinero a una persona adulta para que se lo
comprara y el 1% reconoció haberlo robado. Un 13.5% no especificó
cómo había conseguido alcohol.

En lo que respecta a la marihuana, su consumo por parte de
adolescentes fue significativamente menor, de acuerdo a los datos de
la encuesta. El 13.3% de los adolescentes dijo haber consumido al
menos una vez en su vida. También en el caso de esta sustancia, cuya
producción y venta será regulada por el Estado uruguayo a partir del
año que viene, el consumo varía según la edad. Entre quienes tienen
16 años o más, el 27.1% probó marihuana por lo menos en una
oportunidad; en los adolescentes de 15 años, la cifra baja a 16.7%,
continúa bajando para los de 14 años (9.1%), y llega al 3.8% entre
los adolescentes de 13 años.

Fuentes: El País / El Observador / Agencia Voz y Vos

COMCOSUR INFORMA Nº 1518- 19/12/2013

TEMAS DE COMCOSUR

I. QUE ESTA PASANDO EN URUGUAY

DESDE ALEMANIA Y CON GRAN PREOCUPACION

Berlín, 10.12.2013 “Día de los Derechos Humanos”

Estimado Embajador,

Con la presente queremos expresarle nuestra gran preocupación por el
curso que está llevando Uruguay.

Primero que nada queremos expresar nuestra disconformidad con la
criminalización actual de la manifestación como forma de expresión
de opiniones. Esta criminalización es a nuestro parecer inaceptable.

Siendo el Presidente de la República José Mujica, el Ministro de
Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro así como el Ministro
del Interior Eduardo Bonomi ex guerrilleros de losTupamaros – que
estuvieron presos durante años – quienes forman parte del gobierno
actual: ¿Quién hubiera creído posible hace cuatro años que bajo
este gobierno otros ex presos de la dictadura fueran a ser
criminalizados por manifestarse contra la impunidad?

Sobre todo tratándose de manifestaciones pacíficas como en el caso
de la Marcha contra el desplazamiento del fuero penal de la Jueza
Mariana Mota, quién pugnara por la revisión judicial de los delitos
contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. La jueza
fue removida de su cargo por la Corte Suprema de Justicia del Uruguay.
La misma Corte Suprema que a la vez amparó la impunidad en Uruguay,
declarando inconstitucional la ley que fuera anteriormente aprobada
por el parlamento con el fin de facilitar el procesamiento penal de
las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

¿Va a seguir reinando la impunidad hasta que los responsables hayan
fallecido y el juzgarlos ya no sea posible? ¿Por eso se penaliza la
protesta?

Incluso el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó
esa decisión y se mostró preocupado por la impunidad que parece
querer perdurar en el país. Según declaraciones del jurista Fabian
Salvioli, miembro del comité, el fallo de la Corte Suprema contradice
el compromiso de Uruguay a esclarecer, procesar y condenar las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas en el tiempo de la
dictadura militar.

También queremos manifestar nuestro profundo desacuerdo con el
programa sacado adelante por el Ministro del Interior Eduardo Bonomi
en contra de los sectores más desfavorecidos de la población.
Queremos protestar contra la política de las razias, de la
criminalización, contra la baja en la edad de la imputabilidad penal.

Una triste consecuencia de esto fue el asesinato del joven Sergio
Lemos a comienzos de noviembre por miembros de la policía. Su muerte
se hizo pública porque a pesar de la que la zona de Santa Catalina es
de bajos recursos, su gente es políticamente activa. Los vecinos
reaccionaron inmediatamente y no toleraron este caso como pasa
seguido, ellos salieron a la calle y protestaron.

Todo esto no es una política nueva, se conoce y reconoce de los
tiempos en que gobernaban Julio María Sanguinetti o Luís Alberto
Lacalle, o de otros países.

Nosotros creíamos que un gobierno del Frente Amplio no apostaría a
la represión como política, que un gobierno de izquierda partiría
de la base de que lo que hay que combatir son las causas de la
inequidad y la pobreza y no sus consecuencias. Lamentablemente hemos
tenido que constatar que nos equivocamos.

Queremos protestar contra el Proyecto de “mega minería a cielo
abierto“en Rocha, con el que se destruirá una región entera que
incluye reservas naturales y espacios de recreación, para extraer
hierro del suelo utilizando métodos devastadores y luego llevarlo al
exterior. Problemática no es sólo la forma de explotación de
recursos, que menosprecia al ser humano y a la naturaleza, sino
también la construcción en este lugar de un puerto de aguas
profundas como parte de un acuerdo estratégico militar. En el marco
de este acuerdo Uruguay se convertirá en una base para las fuerzas de
intervención norteamericanas. El Ministro de Defensa Nacional
Fernández Huidobro argumentó al respecto que Uruguay tendría que
protegerse de (los) piratas.

El ex presidente de la República Tabaré Vázquez, y previsiblemente
el próximo ha explicado esta política de una manera muy sencilla: El
mundo ha cambiado en las últimas décadas y hoy son los Estados
Unidos de América el mejor amigo de Uruguay en el mundo.

En un mundo en el que todos los días salen a la luz nuevas
Informaciones de cómo los gobiernos de los EEUU intentan defender su
hegemonía: Mandando aviones no tripulados a ejecutar personas blanco
y quiénes se encuentren en las cercanías en diversos países del
mundo, encarcelando y torturando a seres humanos en lugares secretos,
manteniendo a personas recluidas sin resolución judicial durante
mucho tiempo en Guantánamo así como en otros lugares, librando
guerras simulando hechos, siendo estos equívocos e incorrectos,
espiando, controlando y presionando a enemigos así como a aliados…

¿Cómo es posible que un gobierno con tal historia de lucha por
soberanía y libertad enceguezca ante estas evidencias y se aparte
tanto de sus orígenes?

Estamos preocupados por estos desarrollos y queremos expresar nuestra
preocupación en voz alta. Y quisiéramos que también en Uruguay se
nos escuchara.

Por estos motivos, Señor Embajador, le pedimos que haga llegar al
gobierno de la República Oriental del Uruguay, que usted en Berlin
representa, nuestra protesta.

Atentamente

Grupo de Amigos de Uruguay

Unterzeichnende/Firmas:

Thomas Grünewald

Margrit Schiller

Luis Drews

Tania Salas

Antje Vieth

Karen Francia

Carlos Ramos

Nicolas Coitino

Ute Löhning

Annette Eckert

Matthias Mirschel

Enrique Alemán

Alvaro Garreaud

Rolf Satzer

Pablo Paciuk

Alix Arnold

Britt Weyde

Peter Geertz

Grenzenlos e.V.

ILA (Informationsstelle Lateinamerika e.V.)

Malavidamusic, Agencia Cultural

Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.

Red Ya-Basta-Netz

Grupo de Amigos de Uruguay

TEMAS DE COMCOSUR Nº 1518 – 19/12/2013

II. CÁRCEL Y DOLOR

PARECIDO NO ES LO MISMO

Opinando / CRYSOL

Que 20 años no es nada

Lo primero a tener en cuenta es que la Ley 18 033 de reparación para
los expresos políticos, que el columnista menciona explícitamente,
fue promulgada el 13 de Octubre de 2006, durante el gobierno del Dr.
Tabaré Vázquez. Fue sancionada a más de 20 años de que Uruguay
hubiese retornado a la vida democrática, cuando el promedio de edad
del colectivo que fue amparado por ella superaba ya los 63 años de
edad. Al ser sumamente tardía, la ley debió abordar el daño
original, las secuelas y los daños emergentes, que se originaron por
la omisión estatal de cumplir con su obligación de reparar en el
debido momento. Por ese motivo, la ley debió ser sumamente particular
y al resarcir tuvo que hacerlo de una manera acorde con la realidad.
Quienes habían recuperado la libertad en la madurez se habían
transformado, ya, en sexalescentes.

Ni errores ni excesos individuales

La prisión de los expresos políticos de la dictadura no se debió a
errores judiciales ni fue producto de un exceso individual de algunos
militares y/o de funcionarios policiales. La detención multitudinaria
de ciudadanos, la privación de la libertad en forma ilegal e
ilegítima, la aplicación masiva, sistemática, generalizada, de
torturas horrorosas durante los interrogatorios a todos los
prisioneros y la reclusión prolongada en verdaderos campos de
concentración fue la metodología represiva por excelencia. Fue
deliberadamente escogida por quienes usurparon el poder para destruir
a los opositores, para gobernar y mantenerse en el mismo. Como lo
señalara en su momento Wilson Ferreira Aldunate, Uruguay fue una
enorme prisión, el país con la mayor cantidad de presos políticos
en proporción a su población.

A diferencia de los presos sociales injustamente procesados por
errores de la justicia, todos los presos políticos de la dictadura
fueron procesados por tribunales militares al amparo de la Ley de
Estado de Guerra interno aprobada el 15 de abril de 1972 por el
Parlamento a instancias del Poder Ejecutivo encabezado por Juan María
Bordaberry.

Todos, absolutamente todos, los procesados por la “Justicia
Militar”, sometida jerárquicamente a los mandos golpistas de las
fuerzas armadas, fueron procesados sin pruebas, en base a testimonios
propios o de terceros arrancados bajo torturas y tormentos, luego de
semanas y meses de incomunicación, sin que fuera conocido su paradero
por sus familiares, sin garantías de ningún tipo, sin asistencia
legal, prestando declaraciones, incluso encapuchados y esposados, al
borde del “tacho”, ante los jueces sumariantes que integraban el
equipo de interrogadores en todas las unidades militares del país y
cuerpos represivos de la policía. Estadísticamente, la cifra no
impacta, pero más de 30 uruguayos fallecieron durante sesiones de
tortura o a consecuencia directa de ella en dicho período.

En el paroxismo del terrorismo de Estado, la justicia militar llegó
incluso a procesar formalmente a menores de edad. Según estudios
llevados a cabo por Serpaj, en promedio, los presos políticos
uruguayos demoraron 100 días en comparecer ante un juez militar y el
promedio de años de reclusión según la misma fuente, y
contradiciendo al Gral. Daniel Castellá, dijo en el libro de Amado
tres años y salían, fue de 6,6 años de prisión, aunque un 25% de
ellos estuvo más de 10 años.

Las generalizaciones son peligrosas

Raúl Ronzoni está mal informado. No todos los expresos políticos de
la dictadura perciben el beneficio que él señala. Hay expresos
políticos que llegaron a estar más de nueve meses en el “300
Carlos”, incomunicados, desaparecidos, sufriendo atroces torturas y
no perciben la Pensión Especial Reparatoria (PER). Hay expresos
políticos que luego de semanas de torturas en unidades militares,
fueron formalmente procesados por la Justicia Militar y tampoco la
perciben pues recuperaron su libertad antes del 9 de febrero de 1973.
Hay expresos políticos que permanecieron más de 12 años en prisión
y tampoco acceden a ella. Además, para percibirla, todos los expresos
políticos, deben renunciar a sus legítimas jubilaciones y pensiones,
incluso las que generan los cónyuges cuando fallecen. Los cónyuges
de los expresos políticos que fallecen, deben renunciar a sus propias
jubilaciones para percibir la “pensión de sobrevivencia” que
ellos generan. Si Ronzoni leyera habitualmente el semanario en que
escribe estaría mejor informado y esta acotación no sería
necesaria.

Sobrevivientes del terrorismo de Estado

Aprobada tardíamente, la ley 18 033 fue un gran avance en el camino
de profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985.
El Estado uruguayo, a través de ella, reconoció formalmente la
ilegalidad de lo actuado en el período pre dictatorial y dictatorial
por las fuerzas armadas y los servicios represivos. En base a ella
adoptó medidas de resarcimiento para los expresos políticos, los
exiliados, los clandestinos y los despedidos durante la huelga general
de 1973 que los trabajadores y los sectores populares llevaron
adelante enfrentando la disolución del Parlamento. Al hacerlo, dio un
paso adelante en el cumplimiento de lo estipulado por las normas de
DDHH y las disposiciones constitucionales. La ley 18 033 no consagró
ciudadanos de primera categoría: reparó, en parte, el daño
ocasionado por la dictadura militar y las omisiones de los gobiernos
democráticos que se sucedieron desde 1985 al 2005.

El 6 de diciembre de 2012, la Institución Nacional de DDHH y
defensoría del pueblo (INDDHH), órgano que tiene el cometido de
velar por el respeto de las normas, señaló que la Ley 18 033 tiene
múltiples carencias e insuficiencias que aún están pendientes de
resolución por parte del gobierno. Es un debe del actual mandatario y
del partido gobernante hasta el momento para un colectivo que al día
de hoy tiene 69 años de edad.

En igual sentido se pronunció el Relator Especial de las Naciones
Unidas, Pablo de Greif, en su visita reciente a nuestro país. No hay
ninguna restricción legal, además, que impida al Estado aprobar ya
mismo una nueva ley que consagre el beneficio para todos los expresos
políticos sin restricciones ni discriminaciones y restablezca los
legítimos derechos jubilatorios y pensionarios como acaba de hacerlo
el Parlamento argentino para dicho país.

La obligación de reparar adecuadamente: en forma integral

Coincidimos totalmente con Ronzoni en que el Estado tiene que reparar
adecuadamente a todas las personas a las cuales se les han violentado
sus derechos y que los montos indemnizatorios, morales y materiales,
deben ser adecuados a la gravedad y a la magnitud del daño
ocasionado. Es más, deben ser reparadas tal como lo establece la
Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de
manera integral en base a los principios de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. Lo hemos planteado como colectivo organizado que sabe muy
bien de que se habla cuando se trata de graves violaciones a los
derechos humanos.

En esta perspectiva, la creación de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ha sido uno de los
avances más importantes en la materia desde que asumió el actual
partido gobernante. Para su concreción hemos trabajado intensamente.
La INDDHH es una herramienta institucional especializada para
garantizar los derechos básicos de la gente, de los ciudadanos de a
pie, pues los poderosos, los que tienen medios económicos, políticos
y legales, no necesitan recurrir a un órgano como la INDDHH para
defenderlos. Ahora se trata de apoyarla, consolidarla y fortalecerla
con el conjunto social ya que sus resoluciones no tienen carácter
vinculante u obligatorio y se necesita una importante fuerza moral a
nivel de la sociedad que obligue a los funcionarios del Estado a
acatarla.

La reforma del Código del Proceso Penal

Los expresos políticos estamos comprometidos con la democracia
reconquistada, la libertad, los derechos humanos y la profundización
de la institucionalidad. En su momento expresamos nuestra
preocupación por el estado de las cárceles, en dos oportunidades,
ante Manfred Nowak, Relator Especial de las Naciones Unidas. También
hemos expresado nuestro reclamo, coincidimos con Ronzoni, en que es
necesario aprobar a la mayor brevedad un nuevo Código del Proceso
Penal para modernizar la justicia y dar mayores garantías a todos los
ciudadanos. Promovemos al respecto, como aporte a dicho proceso, la
creación de la figura del querellante para dar mayor participación a
las víctimas, evitando la intermediación del Estado, tal como lo ha
planteado el ex juez Dr. Federico Álvarez Petraglia.

La justicia:

PREVENIR LA EXPLOTACION SEXUAL EN EL TURISMO / COMCOSUR MUJER N. 405

COMCOSUR MUJER

Fundado por Yessie Macchi

AÑO 11 – No. 405 / Miércoles 18 de diciembre de 2013

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Coordinación y búsqueda:

Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares

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«Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde
podría haber sido evitada es una acusación…” Rosa Luxemburgo

______________________________________________________________________________________________________________¿Qué
es el Feminicidio?

El feminicidio es la forma más extrema de violencia hacia las
mujeres, una forma de control, dominación y poder de los hombres.
Esto significa que la mujer antes de ser asesinada tiene una historia
reiterada de violencia.

Tejiendo Redes de Aprendizaje / RED ADA

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NOTICIAS

ÁFRICA

1) CRECE INTOLERANCIA A ANTIRRETROVIRALES

ARGENTINA

1) PROPONEN AL 2014 COMO “AÑO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
MEDIÁTICA HACIA LAS MUJERES”

EUROPA

1) LAS MUJERES GITANAS Y LA EDUCACIÓN

INDIA

1) SE VUELVE A PENALIZAR LA HOMOSEXUALIDAD

MEXICO

1) CARAVANA DE MADRES LOGRA ENCONTRAR A 6 HIJOS DESAPARECIDOS

2) OBLIGAN A DISEÑAR PROTOCOLOS DE GÉNERO CONTRA FEMINICIDIO

3) “REBASADA”, LA ATENCIÓN DE VIH EN LAS JÓVENES

PERÚ

1) EL FEMINICIDIO, UN FENÓMENO EN AUMENTO

URUGUAY

1) PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN EL TURISMO

TEMAS DE COMCOSUR MUJER

I – “HAY QUE MORIR ALGUNA VEZ EN LA VIDA”

II – LIBIA:

“LAS MUJERES LIBIAS NO SOMOS MÁS QUE UN BOTÍN DE GUERRA”

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ÁFRICA

1) CRECE INTOLERANCIA A ANTIRRETROVIRALES

Más y más personas con sida en África desarrollan intolerancia a
los medicamentos y sufren severos efectos secundarios, por lo cual
necesitan terapias antirretrovirales más modernas y costosas.

Científicos en Zimbabwe, Uganda, Nigeria y Malawi afirman que algunos
pacientes muestran señales de estar volviéndose intolerantes a los
fármacos nevirapina y efavirenz.

Daniel Sibanda, investigador sobre sida (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) de la Universidad de Zimbabwe, sostiene
que, aunque todavía no hay muchos estudios, las últimas
investigaciones indican riesgos de toxicidad en algunos pacientes.

“Nuestra investigación concluyó que las pacientes mujeres con alto
recuento de células CD4 desarrollaron toxicidad ante la
nevirapina”, dijo Sibanda en la 17ª Conferencia Internacional sobre
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en África, que se realiza
entre el 7 y el 11 de este mes en Ciudad del Cabo.

“Esto significa que deben cambiar a otras combinaciones de
medicamentos, pero esas pueden ser alternativas caras”, añadió.

Estos temores surgen justo cuando Zimbabwe comienza a adoptar las
nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que instan a los países a iniciar tratamientos con antirretrovirales
en los pacientes con cuenta de linfocitos CD4 igual o inferior a 500,
esto es, mientras el sistema inmunológico todavía es fuerte.

Antes, la OMS sugería el tratamiento cuando la cuenta era de 350 o
menos.

Estas nuevas pautas implican que más zimbabwenses deben recibir
antirretrovirales, pasando de 800.000 a más de 1,2 millones, según
el Ministerio de Salud y Bienestar Infantil de ese país.

El desafío del Estado, que debe pagar estos costosos tratamientos, es
mayor si algunos pacientes necesitan incluso otro tipo de
medicamentos.

La nevirapina y el efavirenz “son fármacos de primera línea, y si
los pacientes cambian a otros por la toxicidad, es un problema para un
país como Zimbabwe porque son caros y no se pueden conseguir
gratis”, dijo Sibanda a IPS.

En Malawi, uno de los países con mayor número de personas con VIH
(virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida), algunos
pacientes están sufriendo efectos colaterales por el efavirenz.

Colin Speight, del Hospital Central Kamuzu, en Lilongwe, observó
mareos, insomnio y sueños intensos, psicosis, confusión, sarpullidos
y marcha anormal.

“El efavirenz fue promocionado en Malawi como la nueva medicina
maravillosa, y aunque la mayoría de los pacientes no presentaron
efectos colaterales, sí fueron comunes los efectos moderados”, dijo
a IPS.

Aunque el número de pacientes que experimentan problemas sigue siendo
pequeño, según Speight, no hay muchas alternativas para tratarlos.

“Lo que ahora procuramos en Malawi es encontrar la terapia que mejor
funcione para la mayor cantidad de personas posible. Nunca vas a
conseguir un fármaco que todos toleren”, señaló.

A comienzos de este año, personas con sida y activistas de Malawi
presionaron al gobierno para que proveyera nuevas medicinas.

Una de las opciones es reducir la dosis por paciente, dijo en la
conferencia Jackson Mukonzo, investigador ugandés de la Universidad
de Makarere, en Kampala.

Pero Tandakha Dieye, del Departamento de Inmunología de la
Universidad de Dakar, sostuvo que los trabajadores de la salud y los
pacientes debían sopesar la cuestión de la toxicidad y la capacidad
de los medicamentos para prolongar la vida del enfermo.

“La toxicidad no siempre aparece al inicio del tratamiento. Puede
tardar mucho en desarrollarse, a veces aparece 20 años después”,
dijo Dieye a IPS.

“Los beneficios son mayores que los riesgos… Debemos encontrar un
equilibrio entre la toxicidad y el beneficio de los fármacos”,
añadió.

En un continente en el que muchas personas con VIH no acceden a
antirretrovirales con los que podrían prolongar sus vidas, el
problema de la intolerancia pone en jaque los programas para controlar
la epidemia.

Por tanto, los científicos llaman a realizar más investigaciones
sobre las causas y el alcance de este fenómeno. Investigadores,
trabajadores de la salud y autoridades podrán entonces diseñar
iniciativas para afrontar este problema.

Ignatius Banda/ IPS / COMCOSUR MUJER No. 405 – 18/12/2013

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ARGENTINA

1) PROPONEN AL 2014 COMO “AÑO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
MEDIÁTICA HACIA LAS MUJERES”

Lo hizo la Defensoría del Público para promover las líneas que
impulsa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Le entidad propuso esa declaración al Estado nacional para promover
la igualdad entre hombres y mujeres.

La propuesta busca fomentar el debate sobre las expresiones e
imágenes que denigran a las mujeres.

La Defensoría del Público anunció que realizará durante 2014 una
serie de actividades para reflexionar sobre el tema.

Según informó la defensora Cynthia Octaviano, se realizarán
capacitaciones para profesionales de la comunicación, campañas
audiovisuales, insumos para la práctica profesional, además de
promover el intercambio de ideas.

La violencia mediática contra las mujeres es definida por la Ley
26.485 como “aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier medio, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente
contra la dignidad de las mujeres”.

La definición refiere también a la violencia simbólica como aquella
que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad”.

PÚLSAR/ COMCOSUR MUJER No. 405 – 18/12/2013

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EUROPA

1) LAS MUJERES GITANAS Y LA EDUCACIÓN

Algunos de los últimos acontecimientos relacionados con la comunidad
gitana se han convertido en noticia y la han puesto en el punto de
mira. Entre ellos la reciente detención y expulsión en Francia de
una niña gitana, Leonarda Dibrani, durante una excursión escolar.
Que hoy en día se den este tipo de casos me mueve a reflexionar y a
cuestionar muchas cosas.

La mujer gitana es objeto de una triple discriminación que obedece al
hecho de ser mujer, de pertenecer a una minoría étnica y a no tener,
en la mayoría de casos, estudios superiores. Partiendo de esta
realidad abordaré cuáles son sus demandas, su lucha y sus
conquistas.

En este sentido, las investigaciones reconocen la importancia del
papel que la mujer gitana está desempeñando en la defensa de la
igualdad, en la promoción de la educación y en la transmisión de su
cultura, entre otros logros. No obstante, esta minoría étnica
registra tasas de abandono escolar superiores a la media estatal en
todos los países europeos; la deserción es superior en el caso de
las niñas, sin embargo cuando éstas continúan sus estudios alcanzan
mejores resultados. A nivel estatal menos del 1% de la comunidad
gitana accede a la universidad. Es evidente que de este contexto se
derivan numerosas desigualdades que se traduce en menos oportunidades.

¿Pero qué motivos se esconden detrás de estos datos? A menudo se
responsabiliza exclusivamente a la comunidad gitana. Sin embargo,
investigaciones denuncian a nivel europeo las prácticas
discriminatorias y la segregación que padece el pueblo gitano en el
ámbito educativo. Por otro lado, la invisibilidad de la cultura
gitana en las aulas de una escuela diseñada de acuerdo con la cultura
mayoritaria desencadena una falta de representación. Como
consecuencia puede plantearse una disyuntiva entre continuar
estudiando o mantener la propia identidad.

A pesar de esta realidad, cada vez somos más las y los jóvenes
gitanos que estamos demostrando que finalizar los estudios
universitarios no es incompatible con el mantenimiento de nuestra
identidad gitana. Como decía la tía Emilia Clavería “neixes
gitana, però quan estudies ets doblement gitana, perquè ho ets i
perquè amb el teu títol pots defensar encara més la teva
cultura”.

En la misma tónica las mujeres gitanas son conscientes de que la
educación es la principal herramienta para superar la exclusión de
nuestro pueblo. Por este motivo cada vez son más las que participan
en asociaciones y las que se reúnen para reivindicar una educación
de calidad.

Exigimos que no se adapten los contenidos cuando se trata de alumnado
gitano, reclamamos una educación de máximos para así alcanzar la
igualdad. Asimismo solicitamos que se visibilice nuestra cultura en
las aulas para sentir que la escuela también es gitana. La igualdad
de diferencias se convierte por lo tanto en un requisito indispensable
para lograr el éxito escolar y combatir las tendencias
homogeneizadoras.

Jelen Amador López / Enlucha.org / COMCOSUR MUJER No. 405 –
18/12/2013

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INDIA

1) SE VUELVE A PENALIZAR LA HOMOSEXUALIDAD

El Supremo ratifica el punto del código penal que condena el sexo
“en contra del orden natural”

“Soy transexual y por eso hoy he vuelto a ser una criminal en
India”, dice con pesar Rudrani Chettri. Explica así la decisión
tomada hoy por el Tribunal Supremo de India de no ratificar una orden
del Tribunal de Delhi de 2009 que despenalizaba la homosexualidad al
quitar la sección 377 del código penal que data de 1860 y que
penaliza hasta con 10 años de cárcel el sexo “en contra del orden
natural” . Aunque esta medida ha sido aplicada en muy pocos casos,
la comunidad gay asegura que es un arma de la policía para acosarlos.

“En 2009 me sentí muy orgullosa de ser una ciudadana de India
porque se aceptó la diversidad sexual, pero ahora estos derechos me
son arrebatados de nuevo”, continúa Chettri, una de las cientos de
personas que han protestado hoy en el centro de Nueva Delhi. Este
cambio “es un decepcionante revés para la dignidad humana y los
derechos básicos de privacidad y no discriminación”, aseguró en
un comunicado la directora para el sur de Asia de Human Rights Watch,
Meenakshi Ganguly.

El color dominante en la ropa era el negro. Los activistas
consideraron este un día negro para los derechos de los homosexuales
en el país democrático más poblado del mundo. “Esta ley
victoriana no debe estar presente en la India del futuro”, decía
una de las pancartas.

“Es como dar un salto 150 años hacia atrás. Al parecer, el
Tribunal Supremo compró los argumentos y accedió a la presión de
los grupos religiosos. Esto no tiene ningún sentido: somos un país
secular y nos estamos comportando como uno de extrema derecha
religiosa”, explica Anjali Gopalan, la directora de la Fundación
Naz, que encabezó la batalla legal para quitar la sección del
código penal que criminaliza la homosexualidad. Gopalan dice que en
los próximos días revisarán el veredicto y lo recurrirán.

Esta decisión tomó por sorpresa a gran parte de la comunidad gay y
los activistas de derechos humanos que esperaban que el Tribunal
Supremo despenalizara la homosexualidad ratificando la orden que hace
cuatro años se celebró como histórica. “No esperábamos una orden
tan retrógrada, que va tan en contra de la tendencia
internacional”, aseguró a REUTERS Colin Gonsalves, fundador de la
Red Legal para los Derechos Humanos (HRLN por sus siglas en inglés).

«Este cambio afectará la vida de los gais», lamenta Vineet Trikha,
uno de los manifestantes en Nueva Delhi. La comunidad gay sufre
discriminación constante, pero a partir de 2009 con la
despenalización de la homosexualidad la aceptación iba aumentando,
dice. “Pero si desde la ley no se nos reconoce, los ciudadanos de a
pie volverán a cuestionarnos. Aumentará el miedo a salir del armario
y de andar libremente por la calle”. En la protesta abundan las
historias de presión en contra del colectivo gay en una sociedad
patriarcal. Yash, un joven informático dice que sufre constante acoso
de su familia, que no acepta su homosexualidad y que intenta casarlo
por la fuerza con una chica que él no conoce.

Al dar el veredicto, los jueces del Tribunal Supremo aseguraron que
“es el Parlamento el encargado de legislar sobre esto”. Pero, en
opinión de Manosh, un manifestante, debería ser solo la decisión de
cada individuo con quién quiere acostarse.

Pero también hubo quienes celebraron la decisión del Supremo, como
el reconocido gurú del yoga Baba Ramdev. “Invito a los homosexuales
a mi centro. Dos personas del sexo opuesto estarán en una habitación
por algunos días y después estarán curados de la homosexualidad”,
aseguró a los medios locales. Para él, como para los muchos
extremistas religiosos, las relaciones entre personas del mismo sexo
son “no naturales, incivilizadas e inmorales”.

Entre los manifestantes había hoy caras tristes e iracundas. En la
oscuridad de la noche fueron disolviendo la protesta. Uno de los
últimos en marcharse, fue un chico que cargaba una pancarta que
decía: “Arrestadme. Soy un criminal orgulloso”.

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La persecución

Prohibido por ley. La homosexualidad está prohibida por ley en 78
países del mundo, según el último repaso hecho por la Asociación
Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales
(ILGA). Entre ellos, la mayor parte está en África (Angola, Uganda,
Gambia, Somalia, Zambia o Marruecos, por ejemplo). También está
prohibido en Malasia, Kuwait, Líbano, Jamaica, Tanzania o Túnez,

entre otros.

Pena de muerte. Los “actos homosexuales” están castigados con la
pena capital en cinco países de Asia y África (Mauritania, Sudán,
Irán, Arabia Saudí y Yemen) y también lo están en 12 Estados del
norte de Nigeria y en algunas regiones del sur de Somalia.

ANA GABRIELA ROJAS Nueva Delhi / El Pais de Madrid / COMCOSUR MUJER
No. 405 – 18/12/2013

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MEXICO

1) CARAVANA DE MADRES LOGRA ENCONTRAR A 6 HIJOS DESAPARECIDOS

La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos finalizará este
miércoles su novena marcha que comenzó el 2 de diciembre y atraviesa
México. Han podido encontrar a seis personas que estaban
desaparecidas desde años atrás.

Cientos de mujeres han recorrido diversos estados mexicanos hasta
llegar este martes a Tapachula, Chiapas, donde concluyen la caravana
que toma las dos rutas que siguen los migrantes que partieron en busca
del «sueño americano».

Las madres de migrantes desaparecidos provienen de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, y recorren México con la esperanza
de encontrar vivos a sus hijos.

Hace casi diez años que estas mujeres se movilizan, década en la que
han logrado encontrar a 200 personas a lo largo del camino.

Este año la marcha se realizó en homenajeó a Emeteria Martínez,
una mujer hondureña que falleció a principios de 2013, después de
haber buscado por cerca de 20 años a su hija desaparecida, a quien
encontró en 2010 en Ecatepec, Estado de México.

Otras dos madres no llegaron hasta el final de la caravana, pero por
una buena razón: pasar las fiestas con sus seres queridos, a quienes
encontraron durante este viaje. Una mujer salvadoreña se quedará en
el Estado de México, donde encontró a su hijo, y otra oriunda de
Honduras, que ubicó a su hijo en Matamoros, Tamaulipas.

A un día de finalizar esta novena caravana, sus manifestantes
consideraron que la ruta «fue buena» aunque al acercarse el final
«comienza a sentirse la tristeza de los que no han encontrado a sus
familiares».

Mientras permanecen en Chiapas, al sur de México, se ha instalado en
el parque central de Tapachula una exposición con fotografías de
decenas de los desaparecidos.

Entre las organizaciones que forman parte de esta caravana se
encuentran el Movimiento Migrante Mesoamericano, Comité de Familiares
de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Médicos
Internacionales, Comités Familiares Migrantes de Honduras, Mesa
Nacional para Migrantes de Guatemala, entre otros.

Uypress / COMCOSUR MUJER No. 405 – 18/12/2013

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2) OBLIGAN A DISEÑAR PROTOCOLOS DE GÉNERO CONTRA FEMINICIDIO

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer el Programa
Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que mandata la
creación de protocolos específicos para la investigación con
perspectiva de género de delitos como feminicidio, violencia sexual y
trata de personas.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se aprobó
el Programa Nacional que es de observancia obligatoria para la
Procuraduría General de la República (PGR), y que tiene como uno de
sus objetivos terminar con la alta desconfianza que siente la
población ante las autoridades judiciales.

Y es que cabe recordar que de acuerdo con organizaciones civiles que
defienden y promueven los Derechos Humanos (DH), alrededor de 95 por
ciento de los delitos en México permanecen impunes.

Ante este panorama y para dar cumplimiento al eje transversal de
perspectiva de género, propuesto por el PND y del que se desprenden
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres, y el Programa Nacional para
Democratizar la Productividad, la PGR contribuirá con varias
acciones.

Entre ellas destaca la obligación de diseñar protocolos, con sus
respectivos indicadores de desempeño e impacto, sobre investigación
con perspectiva de género para casos de feminicidio, violencia
sexual, desaparición de mujeres y trata de personas.

Además de diseñar protocolos de actuación, con la participación de
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas (Fevimtra), en las especialidades de medicina,
psicología, antropología forense y odontología para la atención a
las víctimas y familiares.

A través del nuevo Programa Nacional, la PGR tiene la obligación de
diseñar bases de datos sobre actos de violencia contra las mujeres,
desglosados según tipo de violencia, perfiles de agresores, medidas
de protección; además de impulsar el registro nacional de personas
desaparecidas, y ampliar el registro nacional de evidencias
genéticas.

Como parte de la estrategia enfocada a promover el liderazgo y
participación significativa de las mexicanas en cargos de decisión,
la PGR deberá establecer criterios que aseguren la paridad en la
asignación de puestos dentro de la dependencia.

También existe el mandato de incluir dentro del reglamento interior
de trabajo las licencias de paternidad, y difundir dentro del personal
la responsabilidad de mujeres y hombres en el trabajo doméstico.

Asimismo, para promover los valores que contribuyan al cambio social y
cultural a favor de la igualdad, la PGR debe garantizar que los
materiales elaborados eviten el lenguaje excluyente y sexista, entre
otras acciones.

Dentro de la desconfianza que existe ante el sistema judicial cabe
recordar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe) mencionó que la ciudadanía no
denuncia porque teme a las consecuencias de hacerlo y a ser
revictimizada ante “la deficiente operación de las
procuradurías”.

Según datos oficiales, apenas el 8.9 por ciento de la población ha
manifestado tener mucha confianza en las procuradurías.

A la par, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
ha informado que la incidencia delictiva en México, tanto en el fuero
común como en el federal, presenta un crecimiento sostenido desde
2006.

Por ejemplo, mientras en 2010 un total de 17 millones 847 mil 550
personas se convirtieron en víctimas de algún delito, para 2012 la
cifra ascendió a 21 millones 603 mil 990 víctimas.

Cinemac / COMCOSUR MUJER No. 405 – 18/12/2013

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3) “REBASADA”, LA ATENCIÓN DE VIH EN LAS JÓVENES

Las políticas públicas contra el Sida “invisibilizan” a las
mujeres, especialmente a las menores de 24 años, advierten defensoras
de los derechos femeninos.

Aunque desde hace varios años las tendencias sobre la epidemia de
VIH/Sida indican que las jóvenes de 15 a 24 años son las más
vulnerables ante el virus, las políticas públicas para atender y
prevenir el padecimiento no contemplan a este grupo poblacional, toda
vez que aún se sustentan en una visión epidemiológica ya rebasada.

De acuerdo con la más reciente publicación del Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) “Women out loud:
Cómo las mujeres que viven con el VIH ayudarán al mundo a poner fin
al SIDA”, a nivel mundial cada minuto una joven adquiere el virus,
representando así el 22 % de las nuevas infecciones por esta
enfermedad.

ONUSIDA enfatiza que la vía principal de contagio para las mujeres
(49 % de la población adulta con el virus) es la transmisión sexual.

Por lo que el mecanismo de Naciones Unidas advierte la necesidad de
eliminar las desigualdades de género y las limitaciones que enfrentan
las jóvenes para decidir sobre su cuerpo, y poner en práctica
medidas de protección adecuadas.

No obstante de que en México ya se ha dado cuenta del
“rejuvenecimiento” de la epidemia y de la necesidad de crear
políticas de salud integrales, las acciones de gobierno no responden
eficazmente a la desigualdad económica, social y cultural de las
mujeres afectadas por el VIH/Sida.

MÁS CASOS FEMENINOS

En septiembre pasado, Patricia Uribe Zúñiga, titular del Centro
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida),
reconoció que la mitad de los 9 mil 900 nuevos casos de infección
registrados en 2012, corresponden a jóvenes de entre 10 y 29 años.

Censida reporta que la cantidad de mujeres afectadas por la epidemia
ha ido en aumento. Mientras al comienzo de la epidemia la razón era
de 10.8 varones por una mujer con el padecimiento, la brecha se ha ido
cerrando año con año, pasando de 6.2 en 1990 a 4.7 hombres con
VIH/Sida por cada mexicana en el año 2000.

Hoy, por cada tres hombres con el virus hay una mujer en la misma
situación, y entre quienes viven con Sida la relación es de cuatro a
una.

Alejandrina García Rojas, coordinadora del Programa de Mujeres y
VIH/Sida de la organización Salud Integral para las Mujeres (Sipam),
urgió a incluir a las mexicanas de todos los sectores en las
políticas y programas contra el padecimiento, pues hasta ahora se
basan en una visión epidemiológica “rebasada”.

La Secretaría de Salud –explicó la activista– considera que la
epidemia “se concentra” en grupos con prácticas de riesgo:
hombres que tienen sexo con hombres, “trabajadoras y trabajadores
sexuales”, y usuarios de drogas inyectables.

Es por ello que la atención que se brinda a la población femenina
sólo considera a las “trabajadoras sexuales” y a las mujeres
embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal del virus.

METAS INCUMPLIDAS

Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, para 2015
ninguna niña o niño tendría que nacer con VIH, lo cual en México
está muy lejos de cumplirse, ya que el 47 % de las embarazadas siguen
sin acceder a la prueba de detección.

García Rojas denunció que al tener esta visión tan “estrecha y
limitada” en la atención de la enfermedad, se excluye al resto de
las mujeres, no sólo a las que aún no viven con VIH –quienes
carecen de herramientas para prevenir un contagio–, sino también a
las que ya tienen el virus.

Puso como ejemplo que las mujeres portadoras del virus y que desean
ser madres generalmente son “discriminadas y estigmatizadas” por
los servicios de salud al impedirles tener un embarazo, cuando la
realidad es que el producto puede nacer sin VIH si se ejecutan de
manera adecuada los protocolos correspondientes.

Sumado a ello, a las jóvenes también se les condiciona el acceso a
los servicios, por lo que la integrante de Sipam propuso que la Norma
Oficial Mexicana para la prevención y el control de la infección por
VIH elimine como uno de sus requisitos que las jóvenes vayan
acompañadas de un tutor para acceder a la detección del virus.

Puntualizó que desde la sociedad civil estarán al pendiente de que
el Plan Sectorial de Salud –que se desprende del Programa Nacional
de Desarrollo y debe ser publicado a más tardar en febrero
próximo–, incluya los señalamientos y recomendaciones ciudadanas
para crear un programa de prevención y atención integral contra el
VIH/Sida y en salud sexual y reproductiva.

PULSAR / Cimac / COMCOSUR MUJER No. 405 – 18/12/2013

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PERÚ

1) EL FEMINICIDIO, UN FENÓMENO EN AUMENTO

«Todas las mujeres contra todas las violencias”, fue el lema con el
que se movilizaron la semana pasada miles de peruanas, que protestaron
contra el aumento de la violencia de género en el país: en lo que va
del año 108 mujeres han sido víctimas de feminicidio, 30 por ciento
más que en 2012.

Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
e integrante del Colectivo 25 de Noviembre, que reúne a decenas de
asociaciones de mujeres, dijo a La Rel que ya es hora que los poderes
públicos peruanos asuman acciones concretas para hacerle frente a la
escalada de violencia de género.

«Somos mujeres diversas exigiendo al gobierno del presidente Ollanta
Humala, al Congreso y al Poder Judicial que se tomen las medidas
necesarias para garantizar a las peruanas en todo el territorio
nacional una existencia sin discriminaciones y el respeto a nuestro
derecho a decidir con libertad sobre nuestro cuerpo”, afirmó.

«Urge que se dicten leyes y medidas que aseguren la prevención de la
violencia por razones de género, la atención de los casos con la
debida diligencia, sanción a los responsables y acceso a justicia sin
discriminación», agregó.

El Colectivo 25 de Noviembre

«Este Colectivo está integrado por decenas de asociaciones de
mujeres, -explicó- y se está movilizando en favor de una campaña
nacional contra la tolerancia a las diversas expresiones de maltrato
contra las mujeres, en particular el que sufren afrodescendientes,
indígenas, lesbianas, mujeres transgénero, viviendo con VIH y con
discapacidad», indicó Meléndez.

Ese colectivo fue el principal promotor en Perú de la marcha
organizada el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la
No Violencia Contra las Mujeres.

Julia Vicuña Yacarine / Adital jóven/ COMCOSUR MUJER No. 405 –
18/12/2013

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URUGUAY

1) PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN EL TURISMO

El Poder Ejecutivo aprobó un decreto en el cual establece las
diferentes medidas que deberán tomar los prestadores de servicios
turísticos para prevenir la explotación sexual comercial de niños y
adolescentes.

Uruguay ha asumido compromisos de carácter internacional y regional
obligan al país a adoptar medidas.

Según el decreto, los operadores turísticos deberán “adoptar en
la empresa un Código de Conducta que contenga medidas de control
relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización
de niños en pornografía”.

Asimismo, tendrán que “difundir sus derechos e impedir la
explotación sexual comercial, pornografía infantil y el turismo
asociado a las prácticas sexuales con niños, niñas y
adolescentes”.

Por otro lado, los operadores turísticos deberán implementar medidas
para “impedir que sus dependientes e intermediarios ofrezcan
servicios turísticos sexuales”.

También se establece que “deberán denunciar ante el Ministerio de
Turismo y Deporte y el Comité Nacional para la Erradicación de la
Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes, la existencia de actos relacionados con la explotación
sexual a través del servicio de la línea 0800 5050, y ante las
autoridades competentes”.

En el decreto presidencial se dispone que “no deberán ofrecer en
sus programas de promoción turística, expresa o tácitamente, planes
de explotación sexual, ni facilitar espacios para la presentación de
materiales que propendan a la difusión de las acciones tendientes a
la prevención”.

Compromisos internacionales

En el decreto del gobierno se asegura que la prevención se encuentra
dentro de la “política turística nacional”, y cumple con
“compromisos internacionales”.

Uruguay ha asumido compromisos de carácter internacional y regional,
entre ellos: “la Convención sobre los Derechos del Niños de las
Naciones Unidas, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas Especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de
Palermo)”.

El país también ha suscrito el “Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la
Pornografía”, y la “Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.

Todos ellos obligan al país a adoptar medidas que “contribuyan a
prevenir y combatir el fenómeno de la explotación sexual comercial
de niños y adolescentes”.

El decreto lleva la firma del Presidente José Mujica, y los ministros
Liliam Kechichian (Turismo y Deporte), Eduardo Bonomi (Interior), y
Daniel Olesker (Desarrollo Social).

La Red21/ COMCOSUR MUJER No. 405 – 18/12/2013

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TEMAS DE COMCOSUR MUJER

I – “HAY QUE MORIR ALGUNA VEZ EN LA VIDA”

Con solo 16 años es un icono global contra el integrismo. Los
talibanes le arrebataron su infancia a balazos. Sin miedo. Sin
rencores. Esta es su historia

Por Rosa Montero

Es diminuta pero posee una cabeza rotunda, una cabeza que destaca en
la delicadeza de su cuerpo de elfo. Viste ropas tradicionales pastún
de alegres colores y su cara está enmarcada en un bonito chal
estampado de flores y colocado con gracia. Se le ve el cabello,
detalle muy importante en la tremenda jerarquía de tocados musulmanes
para mujeres, desde la siniestra y carcelaria burka hasta el ligero
hiyab. Parece una figurilla de belén, una pastorcita de terracota.
“Le voy a contar algo de mí”, le digo nada más sentarnos en la
fea y burocrática sala privada de un hotel de Birmingham, que es
donde se está celebrando el encuentro. “Verá, yo he hecho muchas
entrevistas durante décadas, hasta que hace cuatro o cinco años me
cansé y ya no hice más. Sin embargo, cuando me propusieron su
nombre, inmediatamente dije que si. Así que usted es responsable de
mi regreso a este género periodístico…” Malala me mira con una
atención absoluta, con una concentración perfecta, una adolescente
cautelosa y seria que lo controla todo. Empieza a darme las gracias,
muy educada, como corresponde a lo que acabo de decirle. Le
interrumpo: “En realidad no se lo digo para halagarle, aunque desde
luego la admiro; se lo digo porque me quedé pensando en el enorme
efecto que tiene usted en tantísima gente alrededor del mundo. ¿No
le agobian las expectativas que todos parecemos tener sobre usted?”.

-No. Estoy entregada a la causa de la educación y creo que puedo
dedicarle mi vida entera. No me importa el tiempo que me lleve. Me
concentro en mis estudios, pero lo que más me importa es la
educación de cada niña en el mundo, asi que empeñaré mi vida en
ello y me enorgullezco de trabajar en pro de la educación de las
niñas, y la verdad es que es una gran oportunidad tener esta
entrevista hoy con usted.

CARTA AL PRESIDENTE MUJICA RECLAMANDO EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITI – COMCOSUR INFORMA – 1517

COMCOSUR INFORMA

AÑO 13 – No. 1517 / martes 17 de diciembre de 2013

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Selección y producción:

Beatriz Alonso y Carlos Casares

Colaboran:

ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos

ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini y Claudia Korol

BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello / Mau – Mau

HOLANDA: Ramón Haniotis

SUIZA: Sergio Ferrari

URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano y Kintto Lucas (Montevideo)

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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS

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NOTICIAS

URUGUAY

1) HOMENAJE A LOS FUSILADOS DE SOCA

Sábado 21 de Diciembre del 2013 – 11:00 horas

Homenaje a los Fusilados de Soca, en memoria de: Graciela Estefanell,
Mirta Hernández, María de los Ángeles Corbo, Floreal García y
Héctor Daniel Brum.

2) COMISIÓN NO A LA BAJA LANZÓ CAMPAÑA INFORMATIVA

La Comisión Nacional No a la Baja, que reúne varias organizaciones
sociales, sindicales y políticas para trabajar contra la propuesta de
la baja de la edad de imputabilidad, comenzó ayer la campaña
“Amanecer amarillo”, una serie de intervenciones urbanas para
informar a la población sobre el tema.

3) GOLES EN LA CALLE

Luis Suárez, Edinson Cavani y el resto de los jugadores que integran
la Selección Nacional de Fútbol, no serán los únicos que
representen a Uruguay en un Mundial de Fútbol, en Brasil, durante el
próximo año.

4) NUEVA DENUNCIA A POLICÍAS POR GOLPEAR A ADOLESCENTES

Familiares de cuatro adolescentes –dos de 14 años y dos de 15-,
denunciaron un nuevo caso de maltrato y abuso policial, esta vez en el
barrio Casabó.

TEMAS DE COMCOSUR

I. URUGUAY Y SOBERANÍA

SOBERANO FIRULETE

La izquierda ha desarrollado herramientas teóricas y metodológicas
que le permitieron orientar la acción organizada de su gente para
transformar la sociedad. Entre esa colección, hija del método
marxista, se encuentra la lectura de las contradicciones existentes en
la sociedad: fundamental, principal, secundarias, etcétera. El asunto
es que si bien todos manifiestan su deseo de abolir la explotación
del hombre por el hombre, algunos sostienen que habría etapas previas
antes de llegar a ese tema. Y establecen esas etapas por relaciones de
fuerza en pugna, en función del «orden» de esas contradicciones. /
Ramón Gutiérrez

II. URUGUAY Y SOBERANÍA

FUERA TROPAS DE HAITÍ

Desde la Coordinadora por el retiro de las Tropas de Haití y un grupo
de organizaciones sociales y de DDHH, que auspiciamos la venida de las
delegaciones haitianas en octubre último, estamos desarrollando ahora
una campaña de cartas dirigidas al Presidente Mujica, exigiéndole el
cumplimiento de su compromiso de retiro total de las tropas ocupantes
de Haití en 90 días,» si no se daban las elecciones y condiciones
democráticas en Haití»- como él lo expresara el 29 de octubre 2013.

III. LA IZQUIERDA EN URUGUAY

RECONSTRUIR A LA IZQUIERDA

Reconstruir a la izquierda es un desafío posible siempre y cuando
acordemos que los gobiernos del Frente Amplio se han apartado de los
principios originarios, antiimperialistas, antioligárquicos y de
combatientes contra el gran capital. / Julio A. Louis

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NOTICIAS

URUGUAY

1) HOMENAJE A LOS FUSILADOS DE SOCA

Sábado 21 de Diciembre del 2013 – 11:00 horas

Homenaje a los Fusilados de Soca, en memoria de: Graciela Estefanell,
Mirta Hernández, María de los Ángeles Corbo (Marisa), Floreal
García y Héctor Daniel Brum.

Memorial de los Fusilados de Soca

Ex Ruta 70, hoy Camino de los Fusilados

a 200 metros del Km 75 de la Ruta 9 en Canelones

Programa de actividades

11:00 horas

Mensaje de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca por
Elena Bicera

Palabras del Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula

Mensaje de Crysol por Roberto Herrera

Actuarán:

Daniel Viglietti

Rubén Olivera

14:00 horas: Charla de intercambio

15:30 horas:

Actuarán:

Jorge Prieto

Baudilio Belo

Juan Castro

Grupo Agua Santa

Convocan:

Comisión Memoria Fusilados de Soca y Crysol

Auspician:

Intendencia de Canelones

Junta Departamental de Canelones

Apoyan:

Asociación de Amig@s del Museo de la Memoria

Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME)

¿Dónde están? de Francia

Fundación Mario Benedetti

Fundación Zelmar Michelini

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Mesa Permanente Contra la Impunidad Oficial

Observatorio Luz Ibarburu

Pastor Ademar Olivera de la Iglesia Metodista

Periodista Julio Toyos

Secretaría de DDHH del PIT-CNT

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

Unión de Mujeres del Uruguay (UMU)

Vecinos de Capilla de Cella

Locomoción:

Tres ómnibus gratis:

Salida 8:30 horas de CRYSOL (Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen)

Uno por Av. Italia, Giannattasio, hasta el Memorial.

Otro por Av. 8 de Octubre, Ruta 8, Ruta 11, Interbalnearia hasta el
Memorial

Reservas: al 098 699 875 (Joaquín)

Otro ómnibus gratis: Salida 8.30 horas de Santa Lucía, pasando por
Ruta 8 vieja,

Pando, Empalme Olmos, Soca hasta el Memorial.

Reservas en este ómnibus al 099 703 309 (Luis Acosta)

CRYSOL

COMCOSUR INFORMA Nº 1517 – 17/12/2013

2) COMISIÓN NO A LA BAJA LANZÓ CAMPAÑA INFORMATIVA

Fabiana Goyeneche, vocera de la Comisión dijo que el objetivo es
recordarle a la gente que “procesar a adolescentes como adultos solo
reafirma al adolescente en su rol de delincuente y lo acerca al mundo
adulto del delito”.

La Comisión Nacional No a la Baja, está integrada por el PIT-CNT, la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Proderechos, la
Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, el Servicio
de Paz y Justicia, la Asociación Civil El Abrojo, El Tejano, Gurises
Unidos y sectores del Frente Amplio y los partidos de la oposición.

Fuentes: La Diaria / El País / El Observador / La República /
Agencia Voz y Vos

COMCOSUR INFORMA Nº 1517 – 17/12/2013

3) GOLES EN LA CALLE

Niños, niñas y adolescentes uruguayos que participan del programa
Fútbol Callejero, de la ONG Gurises Unidos, también estará en
Brasil en el 2014, en la ciudad de Río de Janeiro, para jugar el
Mundial de Fútbol Callejero.

La competencia es organizada por la FIFA, a través de su programa
Football for Hope, que desde el año 2009 apunta a la integración y
la inclusión de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo.
Gurises Unidos tiene un programa de fútbol callejero desde hace 12
años.

Esta modalidad de fútbol callejero es mixto, juegan juntos niños y
niñas. Las reglas se definen previo a cada partido por los mismos
jugadores y jugadoras. Antes de comenzar el juego se decide si el
partido será por tiempo o hasta llegar a una determinada cantidad de
goles.

También existen reglas inclusivas (como que los goles de las niñas
valgan doble, para incentivar que sus compañeros varones les pasen el
balón) y educativas, como sancionar con una falta los insultos entre
los jugadores.

Los jugadores uruguayos de fútbol callejero acaban de regresar de
Bahía, donde presenciaron el sorteo del Mundial –el de Suárez,
Cavani y el resto-, y comenzaron a ponerse de acuerdo con el resto de
los participantes, sobre las reglas que tendrá su Mundial.

Gastón Villarreal (17 años), estuvo en Bahía y destacó el evento,
además de por la posibilidad de viajar, por “las actividades, la
posibilidad de aprender y de pensar no sólo en mí sino también en
los demás y ayudar”.

Fuentes: Luis Roux, El Observador / Agencia Voz y Vos

COMCOSUR INFORMA Nº 1517 – 17/12/2013

4) NUEVA DENUNCIA A POLICÍAS POR GOLPEAR A ADOLESCENTES

Familiares de cuatro adolescentes –dos de 14 años y dos de 15-,
denunciaron un nuevo caso de maltrato y abuso policial, esta vez en el
barrio Casabó.

Giovanna de Caprio, madre de una de las víctimas, dijo que los
adolescentes estaban en el patio de la casa de uno de ellos, cuando
fueron detenidos por policías de la Seccional 24ª. De acuerdo a la
denuncia, que fue presentada en Asuntos Internos del Ministerio del
Interior y en un juzgado penal, los policías detuvieron a los
adolescentes sin mediar explicación, y a fuerza de golpes y empujones
los subieron a una camioneta de la Policía.

Los padres de los adolescentes concurrieron a la comisaría, donde les
informaron que no estaban al tanto de que hubieran sido detenidas
personas menores de edad. Para entonces, los adolescentes estaban
siendo atendidos en el Hospital Filtro, donde según contaron,
también fueron maltratados por los policías e incluso hostigados
verbalmente por la doctora que los atendió. “¿Ustedes son los
roba-cartera, los arrastra-vieja?”, preguntaba mientras los
atendía.

La doctora estampó en el parte policial que los adolescentes estaban
en perfectas condiciones, pero una vez que éstos llegaron a una
dependencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU),
desde el organismo se llamó a una mutualista privada, que constató
lesiones en las manos, piernas y caras de los cuatro adolescentes.

Mientras tanto, los padres no sabían aún el paradero de sus hijos. A
la mañana del día siguiente se enteraron que éstos estaban en el
INAU. Allí les dijeron que no sabían por qué el funcionario de
guardia permitió el ingreso de los adolescentes sin llamar
previamente al juez de turno, una omisión considerada grave.

Tras pasar por el INAU los adolescentes fueron llevados nuevamente la
comisaría de la Seccional 24ª, donde los encerraron en un calabozo
hasta las 14 horas del día siguiente, 15 horas después de su
detención.

Familiares de los adolescentes enviaron un correo electrónico a
distintos allegados. El ex militante del MLN, Jorge Zabalza, fue uno
de los que recibió el correo y decidió re enviarlo para dar a
conocer el hecho.

En el correo, el ex tupamaro cuestionó al ministro del Interior,
Eduardo Bonomi. “Si no puede con la Policía, que reconozca que la
Policía es un ente autónomo, que no respeta a los ciudadanos por ser
pobres y jóvenes, (y) que está alimentada por la impunidad que
convalidan, de distinta manera, la Suprema Corte (de Justicia) y el
gobierno”, dice el correo.

El hecho ocurre a poco más de un mes de la muerte, a manos de un
policía, del joven Sergio Lemos, quien vivía en el barrio de Santa
Catalina.

Fuentes: La Diaria / Agencia Voz y Vos

COMCOSUR INFORMA Nº 1517 – 17/12/2013

TEMAS DE COMCOSUR

I. URUGUAY Y SOBERANÍA

SOBERANO FIRULETE

La Diaria / Revienta Caballos

La izquierda ha desarrollado herramientas teóricas y metodológicas
que le permitieron orientar la acción organizada de su gente para
transformar la sociedad.

Entre esa colección, hija del método marxista, se encuentra la
lectura de las contradicciones existentes en la sociedad: fundamental,
principal, secundarias, etcétera. El asunto es que si bien todos
manifiestan su deseo de abolir la explotación del hombre por el
hombre, algunos sostienen que habría etapas previas antes de llegar a
ese tema. Y establecen esas etapas por relaciones de fuerza en pugna,
en función del «orden» de esas contradicciones.

Es así que aparece en documentos estratégicos y discursos que «la
contradicción principal es entre Imperio y Nación». Así es para el
sector político del presidente. De ahí que suena de lejos ya la idea
de liberación nacional. Y no es menor tenerlo presente, porque
algunas cosas pueden leerse a la luz de esta presunta orientación.

Se pueden leer en esta clave los repetidos llamados a la unidad
nacional y la búsqueda de acuerdos multipartidarios. También los
valiosos esfuerzos de integración regional y latinoamericana. Pero lo
más palpable en términos de «alianzas de intereses» han sido los
esfuerzos por incorporar dentro de los sectores de izquierda a
fracciones de la burguesía nacional. Mujica ha sido un tenaz zurcidor
de esta alianza con el interior rural. En concreto, la columna blanca
y el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca son hijos de
este esfuerzo.

El supuesto tras esta lectura es que tanto empresarios como
trabajadores, viéndose amenazados por los intereses externos, se
unirían para enfrentarlos. Y eso que desde hace décadas en América
Latina se teoriza sobre el papel de «furgón de cola» de las
burguesías nacionales, y de que, en los hechos, no parece haber
síntomas de esta alianza de fuerzas entrando en conflicto con
intereses extranjeros. Muy por el contrario, ante la disyuntiva, las
burguesías siempre se vuelcan para el lado del grandote. Si el
capital transnacional hace correr la guita, la burguesía nacional va
en coche. ¿Ma de qué contradicción me hablás?

En este marco, el envío al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo
de un proyecto de ley que regula la compra de tierras por parte de
Estados extranjeros o empresas con participación de Estados
extranjeros refleja lo pintoresca que resulta la realidad sobre este
asunto del imperio y la nación. La iniciativa tiene como objeto “la
preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en
relación a los recursos naturales en general y en particular la
tierra”. Digamos que no está mal, pero lo paradójico es que para
alcanzar ese objetivo pone el foco en la compra de tierra por Estados
extranjeros, mientras que la concentración y extranjerización de la
tierra en Uruguay es explicada por la adquisición de tierras en
propiedad y arrendamiento por parte de empresas transnacionales y del
propio capital financiero gestionado de distintas formas.

Este asunto de la soberanía tiene que ver con la herramienta
analítica que antes desarrollábamos. Es que el interés externo
«deforma» al empresariado nacional, lo hace a su medida, subordinado a
la inserción internacional. La teoría de la dependencia dio durante
años herramientas a la izquierda latinoamericana para reconocerse en
la historia como hecho a medida ajena, y para buscar rehacerse como
original, «ni calco ni copia», minimizando la dependencia para poner
las capacidades productivas y creativas nacionales al servicio de la
felicidad humana.

La realidad muestra una brutal alianza de intereses concreta entre el
capital financiero, las transnacionales de insumos, los terratenientes
y la burguesía comercial e industrial. El agronegocio representa esa
alianza y ya tomó gran parte del territorio, de las cadenas
agroindustriales y del comercio exterior. Al parecer, entran en el
campo de alianzas de «la nación». Por eso, todos felices con el
desarrollo de las fuerzas productivas. Mientras sean privados que
actúan por el lucro y no sean Estados que lo hacen para garantizar
abastecerse de alimentos u otros productos de la tierra,

DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL

REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

AÑO 13 – Nº 654 / Lunes 16 de Diciembre de 2013

Producción: Andrés Capelán

Coordinación: Carlos Casares

COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

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HOY:

1) LA DÉCADA KIRCHNERISTA – LAS VIOLACIONES DE DD.HH.

2) DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

3) REBELIÓN POLICIAL SACUDE DEMOCRACIA ARGENTINA

4) ARGENTINA: LAS GRIETAS DEL DOBLE PACTO

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“El mundo no necesita alternativas de desarrollo sino alternativas
al desarrollo.

El mundo no precisa aprovechar “mejor” el capitalismo, sino
transformarlo.”

. Renée Ramírez Gallegos

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1) LA DÉCADA KIRCHNERISTA – LAS VIOLACIONES DE DD.HH.

(Plataforma 2012)

En el análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina
F. de Kirchner tanto el oficialismo como quienes colaboran en la
elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones,
tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar central.
Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como «el gobierno de
los derechos humanos», promocionando con ello la idea de que su
política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido
tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de
los que disienten con el conjunto de la política del gobierno
nacional tienden a naturalizar este enunciado.

Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser
cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y
aspectos muy importantes de la realidad.

Por un lado, la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor
Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones
de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como
producto de la acción de un gobierno determinado, sino también como
el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio
abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos
humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy
en día existen elementos importantes que dan cuenta de la
persistencia de la impunidad. La desaparición de Jorge Julio López,
testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de
septiembre de 2006, es el ejemplo paradigmático de esa persistencia.

Por otro lado, desde Plataforma 2012 consideramos que, a pesar de su
obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última
década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el
entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de
los derechos humanos en el país mediante políticas de
criminalización de las luchas sociales. De este modo, se ha ido
consolidando una política de judicialización de la protesta y de la
pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos
sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado
número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.

Así, la década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de
militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta
social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por
salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios y
campesinos.

La nómina de los asesinados con motivo de la protesta social en
defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones
originarias desde 2003 es la siguiente:

Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)- Sandra Cabrera
(2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) – Esteban Armella
(2004, Jujuy)- Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte
(2008, Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar
(2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010,
Bariloche, Río negro)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) – Mariano
Ferreyra (2010, CABA)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)-
Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez
(2010, Parque Indoamericano, CABA) – Juan Velázquez, Félix Reyes y
Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian
Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011,
Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y
Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí
(2012, Escobar, Pcia Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago del
Estero) – Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)-
Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013,
Formosa).

Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río
Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.

Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la
política de criminalización y judicialización, entre ellos:

-Judicialización de la protesta social, a través del procesamiento
de militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de
desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de
derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos
políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.

-La judicialización ha apelado a las siguientes figuras penales:
Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de
ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal);
Imputación de usurpación (contra pueblos originarios y campesinos),
Imputación del delito de sedición (en estos casos se invoca el art.
230 del Código Penal); Imputación del delito de intimidación
pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la
autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión;
Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio,
entre otros.

Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad
exclusiva de la represión y criminalización a los gobiernos
provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con
la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un
gobierno «unitario» en su estilo de conducción política), sino
también porque aquellas están ligadas a la implementación de
modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son
sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado.
Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de
la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta
y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores
económicos.

Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de violencia
política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una
construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su
historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el
gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre
el modo en cómo la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia
política ejercida desde el aparato represivo estatal. Este es uno de
los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, resumido en la fórmula del «Nunca más», que con el correr
de los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de
la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma
de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio
político de los ciudadanos.

Desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de
esta representación social -el rechazo a la represión abierta y
selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y
apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese
a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista
abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia
entre el discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes
acerca del umbral de violencia estatal que nuestra sociedad está
dispuesta a tolerar y permitir.

En suma, pese a la defensa del derecho de protesta, la
criminalización de la protesta social se ha multiplicado y
consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra
prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta
línea, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de
manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y
muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de
las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas
por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general
César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves
acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última
dictadura militar. A esto hay que sumar el nombramiento de Alejandro
Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados
en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La
propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el
Plan de Espionaje X y la utilización del ejército para la represión
en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto
valor emblemático y simbólico.

La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos
(servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los
negociados entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la
corrupción también mata y por lo tanto también termina violando
derechos humanos. La denuncia de la precarización laboral y los
reclamos salariales -en los más diversos ámbitos- han derivado, en
varios casos, en el asesinato de militantes. La política de
criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de «gatillo
fácil» hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio
nacional, a lo cual se suman situaciones de «nuevo conflicto social»,
ligadas al avance del trabajo esclavo, la trata de personas y el
narcotráfico. Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede
obviar la importancia creciente de estas tres problemáticas, que
cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores de
poder (político, económico, judicial, policial).

Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la
megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el
avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales
(fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta
pública ni licencia social, segando el camino de territorios y
cuerpos sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes,
ya no son -como sucedía en los `90- los desocupados la «población
sobrante» (para ellos el poder político prevé planes sociales
masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas
y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un
obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión
del capital.

Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos,
tal como ha venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a
lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia y
profundización de una política de violación de los derechos
individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.

En el siguiente resumen enunciamos los temas que son desarrollados en
el documento principal.

I – Un recorrido por la década (pag.2)

– La persistencia de la impunidad (pag.4)

II. El derecho a la Protesta (pag.5)

– La legislación represiva desde 2003 (pag 6.)

– Las leyes Antiterroristas (pag.6)

III. La criminalización y represión de la protesta (pag.9)

– El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos
(pag.11)

– Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados (pag.13)

– Las luchas socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios.
(pag.16)

– Protesta en reclamo por tierra y Vivienda (pag. 21)

IV. Criminalización de la pobreza, precariedad y crímenes sociales
(pag.21)

– Precariedad, corrupción y crímenes sociales (pag.23)

A modo de síntesis (pag.24)

Lea el documento completo.

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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2) DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

Saqueos y policías, a 30 años de democracia: ¿cuál es la bomba de
tiempo?

(La Vaca)

¿Cómo entender lo que está ocurriendo desde abajo, desde los
barrios? ¿Cómo juega lo político? ¿Y la inflación? ¿Cuál es el
combustible del accionar policial? ¿Cómo pensar este momento y el
futuro? Las miradas del padre Pepe, en la villa cercana al CEAMSE;
Carlos Núñez de la Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario; el Vasco
René Irurzun, de los movimientos sociales de Cipolletti, Río Negro;
Lalo Paret de los barrios construidos sobre la basura en José León
Suárez en el conurbano. De qué manera juegan lo social, lo
sistémico, y lo personal, en pleno cumpleaños democrático
(Argentina).

Desde abajo

La sorpresa es la reiteración. Diciembres desquiciados, angustiantes,
violentos. ¿Cómo los entienden los que viven en esos territorios
calientes, pobres y criminalizados? Primer pantallazo:

“A veces cuesta opinar, porque parece que uno está a favor o en
contra de un partido o gobierno, cuando lo que uno intenta es entender
lo que está pasando”, reflexiona José María Di Paola, el padre
Pepe, desde la villa bonaerense La Carcova.

“Hay deudas democráticas. Uno ve fuertes avances en estos 30 años
de democracia, pero los sectores que no tenían trabajo siguen igual,
o se repiten situaciones que le impiden a la gente dignificarse”,
dice Carlos Núñez, director de la Biblioteca Pocho Lepratti, de
Rosario.

“Lo que se consolida es el poder de descomposición. Es un tema
local y global. Pero estos saqueos y acciones policiales que estamos
viendo no son una tragedia, son una comedia, una payasada que trae
Papá Noel sin nada reivindicable, salvo para una política que domina
a todos: lograr que la que mande sea una derecha, más allá de que el
que gobierne diga que es de izquierda”, plantea René Vasco Irurzun,
del Movimiento Dignidad, de Cipolletti.

“El control, el poder de movilización y acción, no lo tiene la
política ni los partidos. Lo tiene la policía. La gestión sólo
parece consistir en contener a la gente. Pero todos se la pasan
hablando de si es bueno el que saqueó harina, malo el que saqueó el
plasma. Canal 13 y Canal 7 hacen la misma. Mientras no hablemos de los
temas de fondo, todo esto es puro entretenimiento”, supone Ernesto
Lalo Paret, vecino de José León Suárez, motor de fábricas
recuperadas, cooperativas de reciclado y proyectos comunitarios en
esos barrios construidos sobre los basurales.

Observa el Vasco sobre la actualidad territorial algo que podría ser
una nueva lección para los estudios políticos del presente:
“Descompone y reinarás”. De lo que percibe Lalo, se desprende
otra lección: “Gobernar es contener”.

Inflación, soja y policía

El padre Pepe Di Paola es el primer cura que se instaló a vivir en la
villa La Carcova, en el partido de San Martín. Colocó al Gauchito
Gil junto a la Virgen de Luján. En la capilla hay fotos del papa
Francisco en la puerta, y del padre Carlos Mugica adentro. “Hay una
diferencia grande entre la situación actual y el 2001, pero hay
huellas más profundas que los índices económicos. Hay un descenso
muy grande de lo social, chicos criados en comedores, achicamiento del
sector productivo, avance de la soja, expulsión de gente del campo,
cantidad de cosas que impactan la vida social, y que con el agregado
de la droga que impacta muchísimo en sectores juveniles”.

Más lejos, desde Cipolletti, el Vasco René Irurzun (generador de los
Movimientos de Trabajadores Desocupados de la zona de Río Negro, y
del actual Movimiento Dignidad) plantea el siguiente mapa: “Sobre
las dificultades de la situación social, lo que estamos viviendo es a
una policía que cobra autonomía con respecto al Estado y la
política, y ha generado un poder autosuficiente gracias a una fuente
de recursos inagotable: el narcotráfico. El Estado se muestra
impotente frente a eso. Hacen negocios por su cuenta y en vez de
avanzar sobre la democratización de la policía, la institución se
pervierte cada vez más. Y el Poder Judicial no es ajeno a eso. Sumale
la inflación sin control, y la incapacidad del modelo que crea cada
vez más necesidades para gente cada vez más empobrecida, y eso
genera una psicosis como la actual, que se repite en cada diciembre,
donde parece que cualquier cosa es posible”.

Los sospechosos de siempre

En Rosario Carlos Núñez propone este panorama: “Hay mucha
angustia, año tras año, pero se ve que está todo muy armado por una
policía cuya vinculación con el narcotráfico ya no es una sospecha
sino una certeza comprobada. Y justo antes del aniversario de la
democracia, aparece toda esta situación extorsiva. Pero claro, te
hace pensar en las deudas fuertes de la democracia. La cuestión de la
seguridad comunitaria, participación de sectores sociales y no que
terminen siempre favoreciendo a estas fuerzas represivas”.

Carlos reconoce un dilema. “Se dice que los policías también son
trabajadores, pero nunca dejamos de pensar que es la misma policía
que mató a Pocho Lepratti”. En diciembre de 2001 lo mataron cuando
subió al techo del comedor barrial a gritar que no dispararan porque
allí había chicos. Lo mataron de un tiro en la garganta.

“Mataron a Pocho, pero asesinaron también a cientos de chicos y esa
es una deuda pendiente con toda la comunidad”, dice Carlos. “No es
lo mismo que salgan los docentes. ¿Qué te van a tirar? ¿ Tizas?
Pero comprendiendo eso, no podés dejar de ver que la situación de
las familias excluidas del trabajo sigue siendo la misma. La
situación estructural no cambió, y los avances que uno reconoce no
llegaron a transformar lo que sigue presente como demanda”.

La nueva pobreza

Irurzun propone comprender que la política tiene siempre resultados
en la subjetividad, en lo que llevamos como bagaje de ideas,
sentimientos y miradas. “Un modelo de rapiña, de saqueo de recursos
naturales, un modelo que privilegia a las corporaciones
multinacionales, genera una subjetividad de rapiña, saqueo y
privilegios, en la cual todo el mundo cree que puede tomar lo del otro
o hacer cualquier cosa”.

Para el Vasco no se trata de pobreza económica, solamente, sino de
algo más nuevo: “Hay una pauperización mental, una pauperización
de los sentidos. Siempre hay que sacar una tajada. Claro: si el jefe
de Drogas Peligrosas tiene autos de lujo y vive en la opulencia y es
jefe del narcotráfico, ¿qué puede pensar incluso un policía? Todo
lleva a la legitimidad de rapiñar”.

Medios, miedos y Pichiruchi

Los medios son parte del problema y no de la solución, sugiere
Irurzun: “Porque son hacedores de esa subjetividad. Exacerban el
consumo, y la violencia. Al hablar de inseguridad y violencia generan
situaciones de miedo. El miedo lleva a muchas personas a encerrarse,
pero a otras las empuja a no quedarse afuera de la rapiña, y a
salvarse de cualquier modo. Clarín ataca a tal o cual funcionario,
pero es mugre superestructural. La situación de fondo es idéntica y
de descomposición”.

Mientras las pantallas destilan tales contenidos, la policía es la
que tiene “una capacidad delictiva totalmente desarrollada para
incentivar situaciones como las actuales: es una autonomía delictiva,
no controlada por el resto del Estado”. El poder de esas fuerzas,
sostiene Irurzun, proviene de su relación con fenómenos económicos
como el narco “al cual el gobierno está lejísimos de controlar, o
de tener un interés político de hacerlo, y menos a nivel provincial.
Un gobernador es un Pichiruchi que no tiene la capacidad ni el poder
de la policía”.

Ayer militares, hoy policías

Lalo Paret cree que la política como la conocemos está agotada en
los territorios. “Lo único que moviliza en términos de orga es la
policía, que además le dice al que gobierna: ¿Viste lo que te puede
pasar si yo no controlo la situación?”

Si el siglo 20 estuvo signado por “el problema militar” en la vida
política argentina, los últimos 30 años muestran la evaporación de
ese “problema” para la gente, reemplazado por el “problema
policial”. Es la policía la que controla, disciplina, reprime,
corrompe y se enriquece a costa de la sociedad. “Y parte de la
sociedad cobija todo esto. Yo creo que por eso va a haber más efectos
de este tipo. Pero el problema de fondo es otro. La raíz es que
después de la dictadura, y profundizado en democracia, no se
modificaron cuestiones de pobreza que no tienen que ver con la
Asignación Universal por Hijo. Lo que digo es que si no soy sujeto de
verdad, si no tengo posibilidad real de acceder a la salud, la
justicia o la escuela, soy peor que antes”.

Gestión + contener – corpiños

Paret sostiene que la situación está yendo para atrás. “No se
piensa a gran escala, en qué va a pasar de aquí a 20 años. Todo es
el efectismo. Cambian un colorcito, una banderita. El tema no es
transformar o mejorar, sino contener. La gestión es contener,
armonizar, todo pegado con moco, pero que siga para adelante. Lo ves
en Santa Fe. ¿Eso es socialismo? Ahí están contando la plata de la
soja delante de los pobres”.

El poder está miope y soberbio, dice Lalo, “y hay gente que te
habla de Duhalde. Che, ¿Duhalde andará por La Carcova? Es no tener
noción de lo que pasa en el territorio. Mientras tanto sí se
comprende que la harina está a 11,60 y que la inflación desquicia
todo”. Padre Pepe: “Produce un enojo porque la gente ve que todo
sale el doble. Pero no por eso piensa en saquear”. Lalo: “Pero
cuando se da la situación, la señora del 7° que no tiene problemas,
se suma al saqueo y se afana un corpiño. Es como un ánimo, y no sé
cómo explicarte: lo toman como una venganza justa. El ánimo social
está así”.

Saqueos motorizados

Un detalle interesante observado por el Vasco Irurzun es que los
saqueos no se organizan con celulares. “Porque la policía sabe que
ahí deja pruebas. Se manejan en motos, los propios policías o los
que trabajan para ellos, pueden cortar calles, avisar dónde y cuándo
habrá un saqueo, y esa es la metodología que se ve desde hace
rato”.

Otra noción: “Es una etapa de fuerte descomposición de las
relaciones sociales, de la conviviencia. La Presidenta dice que la
democracia es el otro, pero eso no existe. Existe el sálvese quien
pueda”. ¿A quién puede atribuirse eso? “A la política del
gobierno. Porque vos tenés el plan social, la bolsa de comida de la
provincia, el reparto de droga, o trabajar para la policía. Y muchas
veces todo eso junto. El común denominador es que la vida ha pasado a
no tener valor. Cualquiera se vende, se compra, se corrompe. Hay pibes
en las esquinas que establecen pactos de convivencia. ¿Sabés cuál
es? No violar a las hermanas de los otros. Hasta ahí llegan”.

Remar contra la descomposición

Pero frente a eso se ven cantidad de situaciones diferentes, de
construcción social, de cuidado ambiental y comunitario, de
realización productiva, de defensa y ampliación de derechos: “Por
supuesto. Son las luces que reman contra la corriente. Pero esta es la
corriente, y en todo caso ponemos las mejores esperanzas en que esas
luces sean las que nos muestren como salir de la descomposición y la
decadencia”.

Cree que el problema no es sólo local sino global: “El poder está
muy lejos de la Casa Rosada y de los partidos políticos. Hoy son
capitales y dinámicas de poder real, que funcionan a partir de la
descomposición social. Hoy no se puede gobernar en este esquema si no
es descomponiendo”. En ese rubro contabiliza el Vasco la
desaparición de movimientos sociales en las entrañas políticas y
económicas del actual Estado. “Y las democracias no como formas de
libertad, sino como formas de dominación”.

Definición: “Lo que se percibe es una descomposición globalizada
de lo humano, que es la forma de sostener lo que hacen los gobiernos y
corporaciones del mundo. Por eso creo que los cambios, esas luces que
mencionábamos antes, nacen fuera del Estado y del mercado”.

¿Qué representan? “Lo expresaría así: representan que la vida
sigue presente, sigue desenvolviéndose. Todos podemos caer en la
descomposición, o seguir viviendo y respirando un aire distinto.
Digno. No contaminado por estas cuestiones. Los que querramos hacer
eso, seguiremos haciendo cosas. Lo otro es la pudrición, en el
sentido más llano, cuando se pudren los sentimientos, los sentidos,
las virtudes de lo humano y de la vida. En ese punto hay que decidir
si seguís con la corriente o te largás a remar en contra de la
descomposición”.

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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3) REBELIÓN POLICIAL SACUDE DEMOCRACIA ARGENTINA

Miguel Graziano (IPS)

La confusión y la violencia que vivió Argentina en los últimos 10
días, con la rebelión de los cuerpos policiales de una veintena de
las 23 provincias y la muerte de 15 personas, demostraron que las
fuerzas de seguridad pueden poner de rodillas a la población y al
gobierno.

Este viernes 13 llegaban a acuerdos las policías de dos provincias:
Salta, en el noroeste, y Entre Ríos, en el noreste. Continúan los
conflictos en La Pampa, centro, y en la austral Tierra del Fuego.

Todo empezó el 3 de diciembre en la central provincia de Córdoba,
cuya policía se acuarteló en demanda de un aumento de sueldos y
dejó el territorio sin vigilancia, lo que derivó en una ola de
saqueos y un muerto.

El periodista cordobés Tomás Méndez usa chaleco antibalas desde
hace tres meses, cuando puso al descubierto un escándalo de
narcotráfico en su provincia. Una decena de integrantes de la cúpula
policial están detenidos y las responsabilidades podrían llegar
incluso al gobierno cordobés, si bien por ahora solo perdió su cargo
el ministro de Seguridad, Alejo Paredes.

Para Méndez, “el autoacuartelamiento surgió por el
narcoescándalo, que desnudó la impunidad de los altos jefes y
mostró a la policía como una organización delictiva, con
autorización del gobierno y complicidad de la justicia”.

“Desmotivados y con problemas económicos por haber perdido la caja
de la droga, con la mira de la justicia sobre las demás
reparticiones, con la sospecha de que reproducían la estructura
corrupta en otros negocios, los efectivos policiales se propusieron
cambiar algunas cosas”, dijo Méndez a IPS.

Cuando el gobernador José Manuel de la Sota, que estaba en América
Central, regresó y dio una respuesta positiva al reclamo, otras
fuerzas policiales iniciaron sus propias protestas, en un efecto
dominó que se extendió por una veintena de provincias de este país
sudamericano.

Se sucedieron saqueos, que algunos vecinos resistieron con barricadas
y uso de armas, y murieron 15 personas. La presidenta Cristina
Fernández condenó “la extorsión a una sociedad por quienes portan
armas y liberan zonas para que vaya gente a cometer delitos”.

En Córdoba, “el primer mensaje que se mandaron por (la red de
mensajería móvil) WhatsApp up decía ‘basta de corrupción, basta
de mafias, aumento salarial’, es decir que el aumento salarial era
uno de los reclamos, pero no el más importante. Y mucho menos para
que se convirtiera en lo que se convirtió: casi una extorsión”,
agregó Méndez.

El salario mensual de un agente cordobés pasó de 2.600 pesos
argentinos (424 dólares) a 8.000 (1.273 dólares), lo que
envalentonó a las demás fuerzas policiales.

Para el periodista, el hecho de que los policías consiguieran un
aumento de 220 por ciento demuestra que no se trató de una puja
salarial. “Dio sus frutos porque activaron a los delincuentes para
que salieran a saquear y se notara su ausencia en la calle”,
denunció. Pero Méndez no cree que mejores salarios logren abatir la
corrupción.

“Tiene que ocurrir un cambio cultural, por más que le pagues
100.000 pesos esto no va a cambiar. Hay casos de fiscales federales
que cobran 50.000 pesos y van a reducir (revender) lo secuestrado por
la policía a las joyerías del centro de Córdoba. Necesitamos un
nuevo contrato social”, sostuvo.

Lo ocurrido estuvo planificado y se repetirá, explicó a IPS el
defensor general de la central provincia de La Pampa, Eduardo Luis
Aguirre. “Debemos analizar las responsabilidades políticas futuras
porque obviamente estas situaciones están lejos de ser
episódicas”. La policía pampeana fue la última en alzarse.

Para Aguirre, estos incidentes son parte de “los intentos de
desestabilización que se dan contra gobiernos autonómicos
provinciales de la región y que han incorporado distintas
variables”. Pero en Argentina, “estas expresiones de grupos
fácticos no reconocen una sola matriz”, estimó.

El 10 de este mes se cumplieron 30 años de restauración de la
democracia.”Tenemos una deuda pendiente en la construcción de
mecanismos de democratización efectivos de las fuerzas de
seguridad”, dijo Aguirre. “Es necesario que las policías dejen de
comportarse como brazo armado de las expresiones más retrógradas de
la sociedad”, opinó el abogado.

Aguirre cree que la policía debe discutir sus remuneraciones en
negociaciones paritarias. “Y hay que pagar salarios acordes a las
tareas que realizan, pero no puede haber ninguna discusión si se
provoca el caos y se apuesta a generar alarma y miedo”, añadió.

También se requieren, argumentó, “estrategias proactivas” para
que los nuevos agentes accedan a una formación de calidad y a
orientación ideológica, cultural y política “para transformar la
policía de corte militar en una de cercanía o de vecindad, con otra
matriz, otra mirada del otro, de lo distinto, de lo diverso”.

El jurista sostuvo que “la mayor circulación de riquezas ha
recompuesto el mapa social de muchos estados provinciales.
Indudablemente, la policía debe ser observada como reproductora de un
determinado orden social. El fondo del conflicto es la distribución
de la riqueza”.

Fuentes del gobierno federal dijeron a IPS que se estudia apoyar a las
provincias que decidan hacer cambios profundos para democratizar las
fuerzas policiales. Entre esas reformas se menciona el control civil,
la selección de comisarios por voto popular y la exigencia de
calificación psicológica y académica para portar armas.

El gobierno pidió a los fiscales que investiguen si hubo delitos
contra el orden constitucional. Según el fiscal general de Mar del
Plata, Daniel Adler, “el acuartelamiento de personas pertenecientes
a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un
alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido en la ley
penal”.

Uno de los portavoces de los agentes rebeldes en la ciudad de Mar del
Plata fue Carlos Pampillón, del ultraderechista Foro Nacional
Patriótico y denunciado por organizaciones judías a raíz de su
participación en un video, que reproduce el saludo nazi y una marcha
del nacionalsocialismo alemán.

Pampillón, quien se define en su cuenta de Twitter como “Patriota
ARGENTINO”, ganó notoriedad en octubre por amedrentar a un grupo de
estudiantes secundarios que habían cometido destrozos en un templo
católico.

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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4) ARGENTINA: LAS GRIETAS DEL DOBLE PACTO

La expansión narco pone en jaque a la regulación policial del crimen

Marcelo Fabián Sain* (Le Monde Diplomatique)

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el poder político
delega en la policía el control de la inseguridad, y la policía
regula a las organizaciones ilegales. Los recientes escándalos de
narco-policías en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba demuestran que
este sistema está crujiendo.

En agosto de 2011, dos meses antes de las elecciones presidenciales,
en el marco de un ajuste de cuentas entre grupos narcos de San
Martín, en la provincia de Buenos Aires, se produjo el secuestro y
asesinato de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años. La
policía bonaerense, bajo la supervisión directa de sus jefes
superiores y de las propias autoridades ministeriales, construyó una
presunta banda criminal a la que le imputó el hecho. Lo hizo
utilizando testigos de identidad reservada vinculados al mundillo
criminal de baja estofa o que eran informantes de la propia policía.
Ello fue posible porque el fiscal dejó en manos policiales la
conducción de la investigación y consintió, junto al juez de
garantías, el armado de la causa.

El objetivo era ocultar las extendidas relaciones construidas desde
hace más de una década entre la policía y los grupos narco que
operan en San Martín. En septiembre de 2012, la Comisión Especial de
Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol
Rodríguez, creada en el Senado provincial, confirmó la vinculación
del crimen con el narcotráfico. Los legisladores no se anduvieron con
eufemismos: “Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus
vinculaciones con el narcotráfico y referenciados de una u otra
manera en la causa, son narco-policías que cobran a las bandas
locales para que operen libremente”.

En octubre de 2012, el jefe de la Policía de Santa Fe, comisario
general Hugo Tognoli, fue detenido sospechado de proteger a grupos
narco que operaban desde hacía mucho tiempo en las grandes ciudades
de la provincia. A partir de entonces, fueron detenidos numerosos
jefes y oficiales acusados de formar parte de emprendimientos narco o
de tener algún tipo de vínculo con ellos. En junio de este año la
justicia federal imputó a Tognoli, junto a otros policías, como
partícipe necesario del comercio de estupefacientes agravado por su
rol de funcionario público.

En septiembre pasado, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas
de la Policía de Córdoba, incluyendo al jefe, fueron detenidos. En
el marco de la causa judicial y a través de los sucesivos testimonios
que se conocieron y de los eventos que ocurrieron desde entonces
–entre ellos los supuestos asesinatos de dos policías que fueron
presentados como suicidios–, se supo que, desde mucho tiempo antes,
los policías cordobeses, de estrechísima relación con la Drug
Enforcement Administration (DEA) estadounidense, protegían narcos y
regulaban el negocio a cambio de dinero y drogas.

Los tres casos confirman la idea central de este artículo: el Estado,
a través de las prácticas ilegales de sectores activos y poderosos
de sus policías, no sólo forma parte del narcotráfico, sino que ha
sido el factor determinante de su expansión y configuración actual.

El tema es tanto más grave cuanto que la clase política, sea de
derecha, centro o izquierda, lo rehúye, y para ello apela a gambetas
discursivas: algunos dirigentes han señalado que los poli-narcos son
funcionarios deshonestos institucionalmente aislados que no
comprometen al resto de la organización ni, muchos menos, a sus
responsables políticos. Otros indicaron que los policías implicados
son víctimas inofensivas de operaciones mediáticas de la oposición.
Unos pocos dan cuenta del problema pero no comprenden su envergadura
institucional. La mayoría guarda un activo silencio.

Lo que se intenta ocultar es que el involucramiento policial en el
narcotráfico es la consecuencia inevitable de una modalidad de
gestión del crimen inscrita en un doble pacto de gobernabilidad de la
seguridad pública que se impuso en Argentina desde los años 80. Este
doble pacto implicó, por un lado, la delegación del gobierno de la
seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las
cúpulas policiales (pacto político-policial). Y, por otro lado, el
control de los delitos, y en especial de la criminalidad compleja, por
parte de la policía a través de su regulación y su participación
(pacto policial-criminal). Este doble pacto está en la base del
problema actual.

El doble pacto

Desde la recuperación de la democracia en 1983, la política
argentina se desentendió de la seguridad pública. Se impuso, casi
unánimemente, el desgobierno político de la seguridad y, junto a
ello, la gobernabilidad policial de la seguridad, lo que se tradujo en
la delegación de la gestión de la seguridad a las cúpulas de las
instituciones policiales y en la conducción autónoma de éstas.

Esta delegación se explica por dos razones. Por un lado, la
consideración en el mundo político de que las instituciones
policiales, aun conservando las mismas bases funcionales, orgánicas y
doctrinarias que se establecieron cuando fueron creadas hace medio
siglo, y aun reproduciendo casi las mismas prácticas represivas y
corruptivas del pasado, constituyen el principal instrumento
institucional para el control del crimen y la gestión de la
conflictividad social. Y, por otro lado, la tradicional apatía e
incapacidad con que los sucesivos gobiernos abordaron los asuntos de
la seguridad pública, y fundamentalmente las cuestiones policiales y
las problemáticas criminales.

En los 90, cuando el tema se convirtió en un asunto de relevancia
para la opinión pública, el pacto político-policial no sólo se
mantuvo indemne sino que resultó funcional a la lógica por medio de
la cual los gobernantes intentaron surfear los problemas derivados de
la inseguridad. Mientras las autoridades gubernamentales desplegaban
discursos y acciones tendientes a atenuar los efectos políticos y
sociales de la ola de inseguridad, sobre todo en tiempos de campaña
electoral, las policías abordaban la problemática procurando impedir
que dichas cuestiones originaran escándalos o dieran lugar a
situaciones de crisis institucional. En suma, se trataba menos de
enfrentar el delito que de evitar sus efectos políticos
desestabilizantes.

En el contexto de este pacto político-policial, los sucesivos
gobiernos consintieron –casi siempre de manera tácita pero también
a veces de forma manifiesta– la regulación policial del crimen. Lo
importante no era la ilegalidad de la actuación policial y, en ese
marco, la reiteración sistemática de prácticas abusivas y
corrupciones, sino la ausencia de problemas que enturbiaran la
gestión oficial o la situación política. Todos callaron –y, por
ende, avalaron–que el Estado controlara el crimen mediante el
crimen.

Dicho de otro modo: la política argentina acordó que los asuntos
criminales son de incumbencia policial y que su control bien puede
implicar la participación de la policía en su regulación ilegal y
la estructuración de un dispositivo estatal paralelo, siempre que
ello no dé lugar a coyunturas críticas que pongan en tela de juicio
la legitimidad y estabilidad de los gobernantes o de algunos de sus
ministros o secretarios de Estado. En este sentido, la policía
gestionó las problemáticas delictivas más complejas y de mayor
rentabilidad interviniendo en ellas (1).

Mercados ilegales y policías reguladores

La regulación policial ha sido la condición fundamental para la
formación y expansión de los mercados ilegales de bienes y servicios
más diversificados y rentables: el de las drogas ilegales; el de los
autopartes y repuestos obtenidos del desguace de automóviles robados,
y el de los servicios sexuales provistos a través de la explotación
de personas.

Durante el período constitutivo, los grupos criminales se movieron
buscando la consolidación del emprendimiento delictivo y la
estabilización de las relaciones con la policía, así como con los
clientes y otros actores económicos clave. Peter Lupsha (2) denomina
esta fase como “etapa predatoria”: los actores delictivos procuran
el dominio exclusivo sobre un área, vecindario o territorio que
resulta fundamental para el desarrollo de sus actividades o para la
expansión de las mismas, garantizando dicho dominio mediante el uso
de la fuerza o la violencia “defensiva” a los fines de “eliminar
enemigos y crear un monopolio sobre el uso ilícito de la fuerza”,
siempre persiguiendo la obtención de “recompensa y satisfacción
inmediatas” más que detrás de “planes u objetivos a largo
plazo”. En esta fase inicial, el grupo criminal mantiene una
relación de subordinación a los actores políticos y económicos
brindándoles fondos o sirviendo para eliminar o extorsionar a grupos
disidentes o enemigos de éstos. “La pandilla criminal –afirma
Lupsha– es sirviente de los sectores políticos y económicos y
puede ser fácilmente disciplinada por éstos o sus agencias de ley y
orden.”

En el caso argentino, el actor clave que garantizó la estabilidad del
ambiente, la clandestinidad del negocio y los medios para consolidarlo
como emprendimiento económico fue la policía. El amparo y la
protección de los “representantes de la ley” a los grupos
criminales han sido, en este nivel inicial, la principal condición de
desarrollo de los mismos. Por cierto, sin la protección policial en
Argentina habría, sin dudas, narcotráfico, robo de autos o trata de
personas. Pero el significativo aumento de estas modalidades
criminales –y, en particular, la rápida estructuración de los
mercados y las economías ilícitas vinculados a ellas– ha
encontrado en la regulación policial un enorme impulso. Y ello fue
así porque, hasta ahora, la envergadura del negocio criminal no ha
hecho posible la autonomización delictiva respecto de la ordenación
policial.

Como destaca Matías Dewey, el éxito de los grupos criminales no se
fundó apenas “en su destreza o capacidad logística sino en que han
logrado relacionarse con ciertos sectores de un socio muy exclusivo:
el Estado”. La protección policial constituyó el eje de la
articulación entre agentes estatales y miembros de organizaciones
criminales. Como explica Dewey, nadie la necesita más que un criminal
y nadie tiene más posibilidades de otorgarla que un agente estatal
(3). En suma, la policía ha sido la verdadera “autoridad de
aplicación” de las reglas de juego del negocio criminal. Y ello
sólo ha sido posible porque, aun con deficiencias e imperfecciones,
logró mantener el control efectivo de los territorios y de sus
poblaciones.

Esta regulación supone una modalidad particular de protección
estatal al emprendimiento delictivo. A diferencia del patrocinio
efectuado por los grupos mafiosos italianos o rusos, que no ha
implicado ninguna forma de asociación con el Estado, en Argentina la
regulación policial del crimen apuntó básicamente a evitar que las
reglas formales sean efectivas, es decir, suspender la aplicación de
la ley y crear espacios con una “regulación interna sui generis”
que resulten propicios a los emprendimientos criminales (4). Pero esta
falta de acción no equivale a no hacer nada. Al contrario, implica
una serie de operaciones activas que no se limitan a crear zonas
liberadas, sino que también conllevan la detención y la liberación
de personas y la protección de informantes, entre otras cosas.

Así, la venta de protección va más allá de ciertas modalidades de
corrupción tendientes solamente a obtener ganancias o generar fondos
para el autofinanciamiento ilegal de un sector de la policía. Se
trata, en realidad, de una transacción ilegal estructurante del
propio negocio criminal. En otras palabras, un arreglo derivado del
manejo por parte de la policía de un conjunto de dispositivos y
destrezas informales mediante las cuales ha sido capaz de brindar
estabilidad y seguridad a la trama criminal y, con ello, garantizarle
una relativa previsibilidad. La policía, explica Dewey, construyó
“un ambiente relativamente seguro y predecible para ciertos
intercambios económicos”, lo que la convirtió en parte de la
empresa criminal.

Todo esto con dos objetivos fundamentales. Por un lado, obtener
fondos. Y, por otro lado, ejercer un cierto control del delito
mediante su regulación efectiva. En el marco del pacto
político-policial, el compromiso político de la policía estuvo
orientado a garantizar una gobernabilidad de la seguridad pública y
gestionar las problemáticas criminales sin notoriedad social ni
escandalización. De este modo, la tutela policial a los embrionarios
grupos narco fue la condición necesaria para la expansión y
estabilización del mercado ilegal de drogas, en la medida en que
permitió tanto el dominio territorial como la clandestinidad que los
hicieron políticamente viables. Pero todo cambia.

Las grietas

La posición dominante de la policía ante los grupos criminales
operó como la principal condición de reproducción del crimen. En
Argentina, a diferencia de otros países de la región, la envergadura
y diversificación de los emprendimientos criminales aún es acotada
desde el punto de vista de su densidad económica así como también
en su incidencia sobre sectores y actividades legales. Hasta ahora,
las actividades del narcotráfico –y de las otras manifestaciones
criminales organizadas– eran llevadas a cabo por grupos que no
poseían autonomía respecto del Estado y, en particular, de las
fuerzas de seguridad que los han protegido, favorecido, moldeado y
alentado. Estos grupos no han detentado una capacidad de cooptación o
control directo de porciones del sistema institucional de persecución
penal –fiscales, jueces y policías– ni de las estructuras de
gobierno encargadas de la seguridad pública. Tampoco cuentan con la
capacidad para llevar a cabo estrategias de contestación armada
contra el Estado. Hasta ahora, dependían del Estado, de sus
dispositivos paralelos, de la policía. El doble pacto era eficaz.

Pero ya se ven grietas. El caso Candela, así como las detenciones de
narco-policías en Santa Fe y Córdoba, son una manifestación
elocuente. Y ello porque implicaron el quiebre de la capacidad
policial de regulación eficaz del crimen y, por ende, el fin de la
invisibilidad política y social del entramado policial-criminal y del
involucramiento político más o menos directo en esa modalidad de
gobernabilidad de la seguridad. Estos casos revelan el paulatino
desfasaje entre ciertos emprendimientos del narcotráfico y el sistema
policial de regulación.

La causa hay que buscarla en la transformación del narcotráfico en
nuestro país. En la última década, el crecimiento sostenido del
consumo de drogas ilegales, en particular de cocaína, en las grandes
ciudades argentinas favoreció la formación paulatina de un mercado
minorista creciente, diversificado y altamente rentable, cuyo
abastecimiento fue provisto mediante una diversificada estructura de
menudeo. Esta expansión se explica por una serie de condiciones y
disposiciones culturales y económicas pero también por un factor
fundamental: la proliferación de “cocinas” en las que se comenzó
a producir localmente cocaína. La adquisición en países limítrofes
de pasta base y su traslado transfronterizo, el fácil acceso a los
precursores químicos necesarios y el aprendizaje para la elaboración
del clorhidrato de cocaína les brindaron a los grupos narco locales
la oportunidad de convertirse en productores.

Esto cambió todo. No sólo se diversificó el emprendimiento criminal
en cuanto a su estructuración espacial y organizacional sino que se
amplió significativamente la disponibilidad y oferta de cocaína en
el mercado interno. “Empezaron a aparecer las cocinas, en las
cuales, en un pequeño espacio y con un par de bidones de precursores
se elabora la droga”, explica el sociólogo Enrique Font (5). Eso
hizo que se diversifique territorialmente la producción y que se
multipliquen las personas vinculadas a la venta de drogas
reproduciendo un sistema parecido al de la economía informal.

Esta novedosa vinculación directa de la producción con la venta
minorista de cocaína amplió la envergadura del negocio, que se hizo
más complejo y rentable. Pero también favoreció la competencia
entre grupos criminales por el dominio de ciertos territorios o
circuitos de producción y comercialización de drogas, lo que derivó
en ajustes de cuentas mediante el accionar de sicarios o
enfrentamientos armados. Todo esto, sumado a la intromisión de alguna
que otra policía no vinculada al negocio y dispuesta a desarticular
el pacto bajo el amparo de algunos pocos jueces y fiscales, comenzó a
horadar poco a poco la eficaz clandestinidad, que le garantizaba
estabilidad y discreción al emprendimiento narco.

Las incógnitas

El desarrollo del negocio narco y, en ese contexto, la
diversificación y el fortalecimiento organizacional de los grupos
criminales que lo llevan a cabo se conjuga con las cada vez más
evidentes incompatibilidades entre el dispositivo legal del Estado y
el esquema paralelo creado por la policía, que genera confrontaciones
por la protección del crimen. Esto está contribuyendo a
inviabilizar, política y socialmente, la regulación policial del
crimen.

Los grupos criminales que consiguen afianzarse en un determinado
ámbito geográfico, ampliando sus negocios y conexiones, comienzan a
entablar relaciones de creciente paridad con los actores
institucionales –entre ellos la policía– y económicos, mediante
la combinación de una destreza empresarial dirigida a satisfacer la
demanda de bienes y servicios ilícitos. Con el tiempo, van
fortaleciendo su capacidad corruptiva mediante acciones sistemáticas
de soborno y la inversión en actividades económicas lícitas o,
directamente, en el financiamiento de la política, de algún
gobernante o de algún candidato. Se trata del período que sigue a la
etapa inicial de penetración, lo que Peter Lupsha denomina “etapa
parasitaria”, en la que el grupo criminal desarrolla una
interacción corruptiva con los sectores del poder. “La corrupción
política que acompaña la provisión de mercancías y servicios
ilícitos –explica Lupsha– proporciona el pegamento necesario para
unir los sectores legítimos de la comunidad y las organizaciones
criminales del bajo mundo”, posibilitando que el grupo criminal
adquiera una significativa incidencia sobre la economía, la política
y la institucionalidad locales. Esto, a su vez, le permite quebrar la
posición de subordinación que mantenía con la policía y la
justicia.

Así, la expansión del grupo criminal lo ubica en una relación de
“mutualidad” con los sectores económicos, políticos e
institucionales y hasta de subordinación de los mismos, en un
contexto signado por un creciente control de las estructuras
gubernamentales. “El anfitrión, los sectores políticos y
económicos legítimos, se vuelve ahora dependiente del parásito, los
monopolios y las redes del crimen organizado, para sostenerse a sí
mismo”. Se pasa así a una etapa simbiótica, en la que el crimen es
dominante: “Los medios tradicionales del Estado para hacer cumplir
la ley ya no funcionan, pues el crimen organizado se ha vuelto parte
del Estado; un Estado dentro del Estado” (6).

La incógnita pasa por saber si la política tendrá la voluntad y la
capacidad para abandonar esta modalidad de gestión del crimen o si,
en su defecto, insistirá en su reproducción, incluso al riesgo
cierto de que la transformación del fenómeno criminal termine
quebrándola. El panorama es poco alentador. Luego de destapado el
caso Candela, el oficialismo se impuso cómodamente en las elecciones
de gobernador de la provincia de Buenos Aires de octubre de 2011. Lo
mismo sucedió en las elecciones legislativas de 2013 con las
victorias oficialistas en Córdoba y Santa Fe. Estos triunfos se
produjeron a pesar de las evidencias de que sus gobernantes habían
consentido el doble pacto, lo intentaron ocultar cuando se hizo
público y lo continuaron, aggiornándolo apenas, después, lo cual
confirma que la incidencia electoral de estos desmadres es menor. Todo
esto, en definitiva, alimenta el letargo gubernamental y refuerza el
riesgo de que derive en una peligrosa reproducción caótica del doble
pacto.

1. Marcelo Fabián Sain, “La policía, socio y árbitro de los
negocios criminales”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur,
Buenos Aires, julio de 2010.

2. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional versus la
Nación-Estado”, Revista Occidental, Instituto de Investigaciones
Culturales Latinoamericanas, Tijuana, Año 14, Nº 1, 1997, pp. 27 y
28.

3. Matías Dewey, “Al servicio de la comunidad… delictiva”, Le
Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2011.

4. Matías Dewey, “Illegal Police Protection and the Market for
Stolen Vehicles in Buenos Aires”, Journal of Latin American Studies,
Cambridge, Volumen 44, noviembre de 2012, p. 687.

5. La Capital, Rosario, 28 de septiembre de 2011.

6. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional…”, op.
cit., pp. 28 y 29.

* Diputado provincial por Nuevo Encuentro, director del Núcleo de
Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo.

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las
ideas

dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante
en

la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual
dominante, la

clase que controla los medios de producción intelectual, de tal
manera que

en general las ideas de los que no disponen de medios de producción

intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos
Marx

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE

COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Coordinación : Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL:

Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY

E mail: comcosur@comcosur.com.uy – WEB: www.comcosur.com.uy

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Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes

y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal.

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Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)

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Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este
boletín,

no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur
sobre

los temas en cuestión.

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DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL

REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

AÑO 13 – Nº 654 / Lunes 17 de Diciembre de 2013

Producción: Andrés Capelán

Coordinación: Carlos Casares

COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

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HOY:

1) LA DÉCADA KIRCHNERISTA – LAS VIOLACIONES DE DD.HH.

2) DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

3) REBELIÓN POLICIAL SACUDE DEMOCRACIA ARGENTINA

4) ARGENTINA: LAS GRIETAS DEL DOBLE PACTO

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“El mundo no necesita alternativas de desarrollo sino alternativas
al desarrollo.

El mundo no precisa aprovechar “mejor” el capitalismo, sino
transformarlo.”

. Renée Ramírez Gallegos

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1) LA DÉCADA KIRCHNERISTA – LAS VIOLACIONES DE DD.HH.

(Plataforma 2012)

Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser
cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y
aspectos muy importantes de la realidad.

La nómina de los asesinados con motivo de la protesta social en
defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones
originarias desde 2003 es la siguiente:

Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río
Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.

Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la
política de criminalización y judicialización, entre ellos:

En el siguiente resumen enunciamos los temas que son desarrollados en
el documento principal.

I – Un recorrido por la década (pag.2)

– La persistencia de la impunidad (pag.4)

II. El derecho a la Protesta (pag.5)

– La legislación represiva desde 2003 (pag 6.)

– Las leyes Antiterroristas (pag.6)

III. La criminalización y represión de la protesta (pag.9)

– El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos
(pag.11)

– Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados (pag.13)

– Las luchas socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios.
(pag.16)

– Protesta en reclamo por tierra y Vivienda (pag. 21)

IV. Criminalización de la pobreza, precariedad y crímenes sociales
(pag.21)

– Precariedad, corrupción y crímenes sociales (pag.23)

A modo de síntesis (pag.24)

Lea el documento completo aquí.

LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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2) DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

Saqueos y policías, a 30 años de democracia: ¿cuál es la bomba de
tiempo?

(La Vaca)

Desde abajo

La sorpresa es la reiteración. Diciembres desquiciados, angustiantes,
violentos. ¿Cómo los entienden los que viven en esos territorios
calientes, pobres y criminalizados? Primer pantallazo:

Inflación, soja y policía

Los sospechosos de siempre

La nueva pobreza

Medios, miedos y Pichiruchi

Ayer militares, hoy policías

Gestión + contener – corpiños

Saqueos motorizados

Remar contra la descomposición

LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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3) REBELIÓN POLICIAL SACUDE DEMOCRACIA ARGENTINA

Miguel Graziano (IPS)

El salario mensual de un agente cordobés pasó de 2.600 pesos
argentinos (424 dólares) a 8.000 (1.273 dólares), lo que
envalentonó a las demás fuerzas policiales.

LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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4) ARGENTINA: LAS GRIETAS DEL DOBLE PACTO

La expansión narco pone en jaque a la regulación policial del crimen

Marcelo Fabián Sain* (Le Monde Diplomatique)

El doble pacto

Mercados ilegales y policías reguladores

Las grietas

Las incógnitas

1. Marcelo Fabián Sain, “La policía, socio y árbitro de los
negocios criminales”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur,
Buenos Aires, julio de 2010.

3. Matías Dewey, “Al servicio de la comunidad… delictiva”, Le
Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2011.

4. Matías Dewey, “Illegal Police Protection and the Market for
Stolen Vehicles in Buenos Aires”, Journal of Latin American Studies,
Cambridge, Volumen 44, noviembre de 2012, p. 687.

5. La Capital, Rosario, 28 de septiembre de 2011.

6. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional…”, op.
cit., pp. 28 y 29.

* Diputado provincial por Nuevo Encuentro, director del Núcleo de
Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo.

LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las
ideas

dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante
en

la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual
dominante, la

clase que controla los medios de producción intelectual, de tal
manera que

en general las ideas de los que no disponen de medios de producción

intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos
Marx

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE

COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Coordinación : Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL:

Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY

E mail: comcosur@comcosur.com.uy – WEB: www.comcosur.com.uy

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Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes

y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal.

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Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)

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Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este
boletín,

no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur
sobre

los temas en cuestión.

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