Entradas de junio de 2017

HIJO DE VÁZQUEZ NO DESCARTA SER CANDIDATO A PRESIDENTE

AL DÍA:

1) Hijo de Vázquez aseguró que no descarta ser candidato a presidente

2) Comandante del Ejército: a los inundados “les importa un comino lo que pasó hace 44 años”

3) Juan Raùl Ferreira recuerda los dìas del golpe.

4) Buquebus responde a medidas sindicales suspendiendo trabajadores y abriendo sumarios

5) En dos años, el gobierno eximió a 11 empresas de la obligación de identificar a dueños de tierras


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2132 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 30 de junio de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Hijo de Vázquez aseguró que no descarta ser candidato a presidente
(El País)

Álvaro Vázquez dijo que de todos modos aún no es el momento, porque está abocado a que el PDC recupere la representación parlamentaria.

Álvaro Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez y militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo a Brecha en una entrevista publicada hoy que la nueva corriente de izquierda cristiana de la que forma parte busca “la necesidad de ver cómo hacer para que la ideología del PDC se amplíe en su base”, tratando de robustecer el sector, pero que “no termina en el PDC, sino que veremos, llegado el momento electoral, qué va a pasar con la corriente electoral”.

La intención de la izquierda cristiana es “que no fuera solamente un movimiento político, sino también un movimiento social comunitario, en el cual además de la política pudiésemos expresar ideas y valores en nuestras actividades diarias”.

El hijo del mandatario dijo que no ha “tenido la oportunidad” de discutir con su padre el surgimiento de la corriente pero destacó que es “un tipo con un pensamiento realmente muy amplio y muy tolerante”.

Sobre la posibilidad de presentarse a ocupar un cargo parlamentario en 2019, dijo que “llegado el momento de las definiciones electorales, soy hombre de partido, y si el partido arma algo en lo cual se presente como tal y me pidieran, sería muy difícil decir que no”.

De todos modos, dijo que se ve “más para una gestión ejecutiva que legislativa”. Consultado sobre si se refería a ocupar un cargo como presidente, respondió que “para cualquier persona que se mete en política es muy difícil no pensar en esa posibilidad como ideal”.

La agenda de derechos.

Consultado sobre su postura sobre el aborto, Álvaro Vázquez dijo que “más que en contra del aborto” está “a favor de la vida”. “Estoy mucho más a favor de tomar medidas preventivas, seguras, ciertas, con buena educación y teniendo constancia de tomarlas, a tener que apelar a eliminar una vida”, señaló. Indicó que fue parte del 9% de las personas que fueron a votar contra su despenalización en la consulta popular que fracasó en 2013.

Sobre la “agenda de derechos” que fue impulsada por el Frente Amplio ─entre los que se encuentra la despenalización del aborto─, Vázquez dijo que “la evolución de la sociedad y del pensamiento en Uruguay ha llevado fundamentalmente a que las palabras tolerancia y aceptación sean la clave para entender cualquier situación”.

Al respecto de la diversidad sexual, el hijo del presidente dijo: “no soy quién para juzgar a alguien por sus inclinaciones sexuales que, si las tiene ─y además siendo médico─, las puedo entender porque hay sustento biológico para determinado tipo de inclinación”.

Consultado sobre a qué se refería al hablar de “sustento biológico”, respondió que “puede haber problemas hormonales en algunos casos, no de enfermedad, sino de situación biológica, sustentadamente biológica, distinta en algunas personas, que yo creo que hay que respetarlas como tales. Nadie es culpable y nadie tiene derecho a juzgar a nadie dentro del ámbito del respeto a lo que cada persona es y elige vivir”.

En este sentido, reclamó “respeto de todos lados”, al señalar que no le gusta “cuando entra en juego el lobby de un lado o de otro. Cuando se usan determinadas inclinaciones heterosexuales, homosexuales o bisexuales para hacer campaña de otros, ahí no me gusta”.

Sobre las declaraciones del diputado Álvaro Datugue a Búsqueda, quien habló de hacer una revisión de la agenda de derechos y se mostró contrario al matrimonio igualitario, el militante del PDC dio que “en la evolución de esta agenda ha habido voces convencidas que la han llevado adelante” y que algunas voces contrarias “han llevado adelante expresiones que muchas veces no ayudan, y también que en vez de favorecer una cuestión dialogada, aceptada, provocan reacciones del otro lado”.

En este sentido, se refirió a la marcha de la Diversidad Sexual: “Muchas veces en la Marcha del Orgullo hay expresiones provocativas. Se tienen que dar cuenta de que hay una parte de la sociedad que seguramente está haciendo un esfuerzo por tolerar, aceptar y evolucionar”.

Sobre qué entiende por provocaciones, Vázquez manifestó que “en la Marcha del Orgullo Gay, muchas veces hay disfraces, expresiones o cosas que me dan la sensación de que no hacen falta. En un partido de Peñarol y Nacional ─yo soy de Peñarol─ no hace falta poner una gallina gigante en medio de la tribuna de Peñarol para provocar. Voy a ese tipo de actitudes”.

La visión sobre el feminismo.

Vázquez criticó también “cuando se hacen manifestaciones delante de la Catedral, como pasó, acusando a una institución de determinadas cosas”. Más adelante aclaró que se refería a “una manifestación feminista ─que eso de los “ismos”, eso de machismo, feminismo, no me gusta ninguno─ en contra de la Iglesia como institución patriarcal”.

Al ser preguntado sobre por qué no le gusta el feminismo, Vázquez dijo que “hay quienes defienden claramente lo que son derechos de las mujeres y el tema de la igualdad de condiciones en todo sentido, y eso me parece bien. Hay quienes defienden el feminismo en contra del machismo, y eso no me parece bien, como no me parece bien el machismo contra el feminismo” y pidió “hacer las cosas con convicción de lo que estás defendiendo, más que en contra de otro”.

Consultado sobre si piensa que el feminismo es una visión que está contra los hombres, Vázquez respondió: “Sí, sí. Como hay otra visión de parte del hombre que está en contra de la mujer”. Como ejemplo se refirió a situaciones cotidianas que ocurren en la calle: “Cuando se maneja, cuántas veces vemos que dicen ‘otra mujer manejando’. Es más o menos lo mismo pero al revés, ni una cosa ni la otra llegan a un buen fin”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017
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2) Comandante del Ejército: a los inundados “les importa un comino lo que pasó hace 44 años”
(Montevideo Portal)

“A la gente de Salto, Paysandú, Bella Unión le importa un comino lo que pasó hace 44 años, le importa las necesidades que tiene hoy”, dijo Guido Manini Ríos. Los dichos fueron realizados por el comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos en el programa Quién es quién de Diamante FM. Manini Ríos destacó el rol que está jugando el Ejército en la atención a los desplazados por las inundaciones en el norte del país.

“Hubo miles de evacuados y no hubo una sola queja contra el accionar del ejército. Cuando ocurrió lo de la basura solo se cosecharon aplausos. La gente sabe reconocer una organización que disciplinadamente cumple una tarea en beneficio de la gente”, dijo.
“¿Contrasta esta imagen con la del ejército dando un golpe de Estado hace 44 años?, le pregunta el periodista Gustavo Vaneskaian.
“Preferiría no hablar de lo ocurrido hace 44 años porque son cosas distintas. Nosotros, la institución, no tiene nadie que hace 44 años integrara el ejército. Nadie, absolutamente nadie estaba en esa época y la mayoría ni nacidos eran. Hoy estamos con la mano tendida, abierta hacia la sociedad, buscando dar una mano, poner nuestras capacidades para solucionar problemas reales. A la gente de Salto, Paysandú, Bella Unión, le importa un comino lo que pasó hace 44 años, le importa las necesidades que tiene hoy. Este ejército está dando una mano y así lo reconocen”, respondió.

Manini Ríos planteó que los actuales integrantes del Ejército nacieron en democracia y dijo que en varias oportunidades la fuerza ha reconocido sus errores. “Si hubiera alguien dispuesto a dar el perdón en serio, y con eso damos vuelta la página, yo estoy dispuesto a recorrer cualquier camino”, aseguró al programa en declaraciones replicadas por el diario El País.

“Nosotros en reiteradas oportunidades hemos reconocido errores del pasado. Lo reconoció el teniente general Hugo Medina en 1986, enseguidita de recuperada la democracia, el propio comandante en jefe reconoció que se habían perdido los puntos de referencia, lo dijo públicamente”, agregó.

“Hay cosas que no se pueden justificar, pero hablamos de esto 44 años después. Yo para dar vuelta la página, si tengo la certeza que ponemos punto final, estoy dispuesto a pedir perdón”, agregó. Señaló que con el homenaje planeado a Gregorio Álvarez hubo “un mal manejo” del Centro Militar y que ellos mismos entendieron que no era procedente hacerlo.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017
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3) Juan Raùl Ferreira recuerda los dìas del golpe.
Gonzalo Olivera (SdR)

El pasado martes 27 se cumplieron 44 años del golpe de Estado. Conviene recordar: en 1971, Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la tarea de combatir a los tupamaros, creando la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tras las polémicas elecciones de noviembre de 1971, resultó electo presidente Juan María Bordaberry. En 1972 el Parlamento votó el Estado de Guerra interno y la Ley de Seguridad del Estado, que permitió lanzar una ofensiva desde el sistema político a la guerrilla.

El 9 de febrero de 1973, en respuesta al nombramiento del general retirado, Antonio Francese como ministro de Defensa, por parte del presidente Bordaberry, los militares emitieron el comunicado N°4 Planteaban la redistribución de las tierras, eliminar la deuda externa y reorganizar el servicio exterior, además de afirmar la lucha contra el Movimiento Tupamaro. El documento fue firmado por los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea. Al día siguiente, tres ministros intentaron negociar en procura de un acercamiento, para reforzar la debilitada imagen del presidente. Esa misma noche, los militares emitieron el comunicado N°7, reafirmando el anterior; la Armada, que había apoyado a Bordaberry atrincherándose en la Ciudad Vieja, abandonó la posición constitucionalista.

Bordaberry acordó con los militares la creación del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, los ministros, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, consagrando la coparticipación militar y civil en el Ejecutivo. En abril de 1973 el gobierno pidió al Parlamento el desafuero del senador del Frente Amplio, Enrique Erro, por eventual vinculación con el MLN. El Senado rechazó el pedido y el 27 de junio fueron disueltas las cámaras, se suspendieron las actividades políticas y se prohibieron a las organizaciones de izquierda. La central obrera CNT, comenzó la huelga general que duró hasta el 9 de julio. Comenzó así un camino de desconocimiento de todos los derechos individuales, con una etapa que marcó la página en 1976, con el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El período de facto finalizó en 1985.

Juan Raúl Ferreira recuerda el golpe

Sala de Redacción dialogó con el Director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson Ferreira Aldunate. Y brindó un amplio testimonio recordando el episodio y todo el contexto que rodeó el desenlace de la disolución de las cámaras; además lo relacionó con hechos de la actualidad.

“Votar el Estado de Guerra fue un error gravísimo”

Al recordar la sanción parlamentaria del Estado de Guerra Interno, el 15 de abril de 1972, Juan Raúl Ferreira admitió el error cometido por los partidos políticos, aunque señaló responsabilidad de quienes narran la versión de la historia como como si fuera la historia oficial. “Se está reescribiendo la historia, y me refiero a que se está escribiendo con datos que no se ajustan a la realidad. Era un momento de mucha confusión, Bordaberry no podía quedar absolutamente solo, y eso no era lo más peligroso”.

“Eran momentos en que se debían tomar decisiones difíciles y complejas. Cuando se vota el Estado de Guerra, Wilson ya no creía en ninguna credencial democrática de Bordaberry; uno de los puntos de quiebre fundamentales fue el 17 de abril del 73, cuando matan a los militantes comunistas (del seccional 20)“, aseguró.

De todas maneras, un episodio que nunca se recuerda, es que antes del golpe de Estado, el propio Ferreira Aldunate realizó una fuerte autocrítica pública, reconociendo que haber votado el Estado de Guerra fue “un gravísimo error”. “Esa arma no debió ser puesta en manos de Bordaberry, algo que le dio mucho más poder a las Fuerzas Armadas, que sintieron el gustito a poder. En otro contexto histórico, con otra correlación de fuerzas en lo internacional, algo similar está ocurriendo en Brasil. El presidente Temer acaba de aprobar, por decreto, confiarle la seguridad pública al Ejército. Si hay una función que a los militares no les corresponde, justamente es la seguridad interna”, señaló Ferreira.

“De cívico no tuvo nada”

El director de la INDDH se refirió a la versión histórica que habla de esta etapa, como dictadura cívico-militar y aseguró que “no soy afin a denominarlo de esa manera. El régimen no fue cívico-militar, de cívico no tuvo nada. Tuvo civiles que apoyaron la dictadura y fueron aliados, cívico tiene otra connotación, de civismo, de civilidad, de Estado de derecho, y de eso no hubo nada. Sin el Estado de Guerra, Bordaberry hubiera sacado a los militares a la calle de todas maneras, le importaba bastante poco lo que decía el Parlamento y lo interpretaba con una elasticidad constitucional muy grande. El voto de los legisladores le otorgaba legitimidad para realizar sus acciones y eso lo afirmaba en sus discursos”, comentó.

Zelmar lo adelantó

El ex legislador recordó ser testigo, a sus 19 años, de reuniones en casa de su padre, en las que participaban, entre otros, Zelmar Michelini. Figura relevante del Frente Amplio pero amigo muy cercano de Ferreira Aldunate, a quien lo advertía sobre el riesgo de votar el Estado de Guerra. “Recuerdo muchas visitas en donde Zelmar, en función de una amistad muy profunda, donde reinaba el respeto político que ambos se profesaron siempre, le advertía a Wilson que el Estado de Guerra podía significar el inicio de todo lo que pasó”

“Wilson negoció con Seregni, pero no significa que repartió cargos. A Bordaberry le negó ministerios”

Ferreira admitió la negociación entre Wilson y el general Líber Seregni. Contó que Héctor Gutiérrez Ruiz fue votado por todo el bloque wilsonista y por el Frente Amplio como presidente de la Cámara de Diputados, y que la izquierda acompañaba al candidato blanco siempre y cuando ese fuera Gutiérrez Ruiz. Además aseguró que esto fue a efectos de contraponer poderes y evitar el control absoluto de Bordaberry en el Parlamento.

“Cuando gana Bordaberry, él le ofrece ministerios a Wilson para poder generar un gobierno de co participación. Algo que Wilson se opone en una reunión que terminó bastante mal. Bordaberry dijo que de todas maneras le iba a ofrecer a otros blancos a título personal y sectorial, varios ministerios importantes. Wilson le aseguró que lo tomaría como una declaración de guerra. Y así fue, los sectores de Herrera – Aguerrondo y el sector de Washington Beltrán aceptaron la propuesta de Bordaberry. Además, mi padre no aceptó la presidencia del directorio del Partido Nacional para no aplastar a los sectores minoritarios”, señaló.

“Fasano evitó la maniobra de Amodio”

Juan Raúl Ferreira no quiso pasar por alto el papel de Héctor Amodio Pérez, el dirigente tupamaro que pasó a colaborar con sus captores, y su rol en vísperas del golpe. “Hubo un intento muy grande, y a veces muy eficaz, de querer desprestigiar al sistema político. Amodio le pidió a (al periodista Federico) Fasano que editara un libro suyo, escrito en el cuartel; actuando con mucho coraje cívico, Fasano dijo que si. Pero después fue a la casa de mi padre, para un encuentro al que asistió también Juan E. Pivel Devoto. Fasano les entrega el manuscrito en el que desprestigiaba al sistema político. Esa maniobra fue en pleno proceso de desafuero de Erro y sorpresivamente, la comisión de Constitución que estaba estudiando el desafuero, pidió para interrogar a Amodio, que estaba detenido aunque nadie sabía donde, pero que figuraba como preso. El Poder Ejecutivo se negó, pero ante la insistencia del Parlamento el mismo Ejecutivo invitó, a través de una nota, a la Comisión para asistir a un interrogatorio en una unidad militar. Por la Comisión concurrieron Dardo Ortíz, Juan Adolfo Singer y Zelmar Michelini. En el cuartel, el mayor Aguerrondo, hijo del candidato por el herrerismo, gneral Mario Aguerrondo, anunció que estaría presente en el interrogatorio el coronel Trabal, algo que a lo que Zelmar Michelini se opus enérgicamente”.

Michelini fue envuelto en una polémica tras sua negativa a participar en el interrogatorio a Amodio Pérez; algunos medios generaron rumores sobre el senador frenteamplista y las eventuales reuniones con el ex dirigente tupamaro. “Eso fue utlizado de manera muy burda contra Zelmar por parte de la prensa de derecha, insinuando que Amodio podía reconocerlo. Si realmente lo hubiera visto, lo denunciaba, interrogado o no. Zelmar era conocido, no quiso participar por una cuestión ética: frente a un coronel no iba a interrogar a nadie”, afirmó.

Los detalles del interrogatorio a Amodio

Ferreira relató su participación en el interrogatorio como “secretario” de Dardo Ortíz, definiendo al dirigente blanco como “un hombre muy conservador pero íntegro y que se jugó mucho por las instituciones”. Afirmó que Amodio fue flojo en sus declaraciones y que en varias ocasiones quedó en blanco ante las preguntas. Sobre todo cuando se lo consultó por el mobiliario de la casa de Erro, donde el ex dirigente tupamaro aseguraba que se había reunido con el senador del Frente Amplio. Ferreira recuerda con mucho humor un comentario de su padre: “Wilson decía en broma que si hay algo fácil de recordar, justamente eran los detalles de la casa de Erro, con lo bohemio que era”.

“En un momento, en pleno interrogatorio, Ortiz hizo detener el proceso y le dijo: ’¿cómo sé yo que usted es Amodio Pérez? Puede ser un preso que nos trajeron, yo jamás le vi la cara’. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo y le dijo a Amodio: ‘escríbame algo, por favor? y escribió ‘Soy Héctor Amodio Pérez, estamos en una unidad militar’; entonces Ortiz sacó de su portafolios el manuscrito entregado por Fasano y le dijo: ‘¡es usted Amodio Pérez, ésta es su letra, usted escribió esto, escribió este manuscrito!’”, relató Juan Raúl.

“Amodio vino a resucitar el contenido de ese libro”

Consultado sobre el llamativo regreso de Amodio Pérez a nuestro país después de 40 años del golpe, con la irrupción polémica, volviendo a doblar la apuesta en sus acusaciones a figuras del sistema político como Wilson Ferreira, Liber Seregni, Zelmar Michelini, entre otros. Ferreira señaló: “Amodio volvió para resucitar el contenido de aquel libro, porque le aseguraron la vida, apareció con un pasaporte español falso. Llegó al Uruguay 40 años después claramente respaldado por alguien”

“El comando Barneix y los ataques a Mujica y el MPP no son casualidad”

“Hay sectores nostálgicos, que no solo están integrados por gente mayor de edad como muchos creen, que participó del proceso (dictatorial) y que se desahoga en las tertulias del Círculo Militar. También están sus hijos y nietos, porque la carrera militar generalmente viene por tradición familiar, y hay gente que cree en eso, y más en este contexto mundial. No es por casualidad que aparece el Comando Barneix, y sus amenazas de muerte contra activistas por los derechos humanos, que en Uruguay se ha tomando muy a la ligera. Cuando uno ve la campaña sistemática de los mismos medios y los mismos sectores contra Mujica y el MPP .y esta idea que han sembrado de las tupabandas, eso es parte de una estrategia que ahora está tomando fuerza otra vez, por todo lo que pasa en el mundo. Vivimos en un mundo donde los ataques mediáticos, la derecha, la xenofobia, todo ha ganado mucho terreno”. afirmó.

El papel de la prensa, Sanguinetti y la historia oficial, el Wilson que intenta vender el Partido Nacional

Ferreira fue durísimo con los sectores mediáticos que amplifican una versión histórica y la imagen que el Partido Nacional predica sobre su padre. “Se puede estar o no de acuerdo con la posición de Wilson en la recta final de la dictadura. Pero hay que saber cuál era: después discrepás o no. Escribir un libro, como hizo Gerardo Sotelo, narrando el regreso de Wilson, que no tenía nada que ver con el motivo que se expone el libro, y decir que utilizaba Radio Nederland para mandarle mensajes a los militares para negociar, cuando este era el mecanismo que él utilizaba para que sus compañeros lo escucharan por onda corta todas las semanas, eso es un disparate tremendo”.

El director de la INDDHH también cuestionó la actitud tomada por el Partido Nacional e hizo referencia a archivos omitidos: “¿Por qué, por ejemplo, en todos los recordatorios los 16 de junio parece que el discurso de Concordia es un archivo perdido? El discurso del 25 de mayo del 84 donde anuncia su regreso, le pega un portazo en la nariz a cualquier tipo de negociación, porque cree que eso va a alimentar, y de hecho alimentó, a la movilización popular, porque a esa altura no había nada para negociar. Podría tener razón o no, pero no se puede decir que quería otra cosa. Está todo en los archivos, pero sin embargo no es lo que se cita”, comentó.

“A mi generalmente no me invitan a los homenajes, o me entero por la prensa. El año pasado un dirigente del Partido Nacional dijo que le gustaba recordar a Wilson de manera partidaria; está en su derecho. Pero tiene que recordar que la noche antes del regeso, en Buenos Aires, en conferencia de prensa, pidió que la instancia no fuera partidaria”.

“El libro La Reconquista, de Sanguinetti es otro intento indisimulado de reescribr la historia. Estoy trabajando con historiadores reconocidos en un proyecto ambicioso, consiguiendo documentos de la época, obtenidos en gran gran cantidad, referidos a datos objetivos – no lo que yo quiero recordar- con el objetivo de remitirnos a la verdad de los hechos. Sanguinetti tiene una historia oficial que no ha sido contestada, en la que dice que Wilson era un buen tipo pero era un romántico y no entendía mucho de qué se trataba. Y que la izquierda lo único que hizo fue demorar todo, en una resistencia que implicó alargar la instancia. Sanguinetti dice que fue su capacidad de jugar al ajedrez con los militares lo que derrumbó a la dictadura”, enfatizó. Ferreira recuordó los dichos de Sanguinetti, cuando aseguraba que “a la izquierda la desproscribió el Partido Colorado en el acto del Obelisco del 83″ .

Aprovechó la oportunidad para volver a reafirmar la diferencia entre el Wilson Ferreira de los archivos perdidos con el que cita el Partido Nacional, narrando un diálogo de Ferreira Aldunate con Seregni “Hay una conversación de Seregni con Wilson que aparece en los archivos, en la que Seregni le anuncia que se avecina otra crisis (bancaria). Él le contesta que nadie le ha dicho nada. Y le dice que por eso es que sigue teniendo vigencia el planteo de la nacionalización de la banca. ¡Qué imagen distinta a la que promueve hoy el Partido Nacional!”. Y señaló el rol del semanario Brecha en el conocimiento de interpretaciones históricas que rebaten las versiones oficiales no contestadas.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017
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4) Buquebus responde a medidas sindicales suspendiendo trabajadores y abriendo sumarios
Gustavo Fripp (La Diaria)

La Libreta de Embarque es el documento que habilita a los trabajadores marítimos a trabajar en un buque. Esté el trabajador a bordo o no, este documento permanece en manos del capitán. Cuando a un trabajador le devuelven la libreta, queda desafectado del barco. A esto, en la jerga marítima, se le llama “ser bajado”.

La situación generada el 21 de abril, cuando los ocho delegados que tiene el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) en el buque Silvia Ana fueron “bajados”, parecía haberse encaminado. Una semana después, en la Dirección Nacional de Trabajo, los trabajadores firmaron un acuerdo con la empresa Buquebus, por el que aceptaron trabajar en régimen 1×1 y pernoctar en Buenos Aires. El Suntma tenía otro acuerdo con la empresa, según el cual trabajan un día y descansan otro (1×1), pero duermen en Uruguay, y accedieron al cambio para mantener las fuentes de trabajo.

Sin embargo, “la empresa sigue incumpliendo con las cláusulas del convenio”, dijo Gastón Cedrés, delegado del Silvia Ana. “Están mandando gente de Colonia a trabajar a Montevideo, que sale a las 6.00, llega a Tres Cruces y se tiene que pagar un taxi hasta el puerto, de donde sale a las 10.00 para Buenos Aires, y recién regresa al día siguiente a las 15.00 a Montevideo, se paga el taxi del puerto a Tres Cruces, vuelve a Colonia y, al otro día, vuelve a salir a las 6.00, y así”, denunció Cedrés. Esto viola el artículo 3º del convenio colectivo vigente desde 2015, que establece que se debe respetar “siempre la coincidencia del lugar de residencia del tripulante con el puerto de salida”. “También violan el artículo 7º, que dice que los horarios de embarque tienen que comunicarse, para conocimiento del personal, mediante carteleras colocadas en el buque con no menos de 48 horas de anticipación, y, sin embargo, te mandan mensaje un rato antes por whatsapp”, dijo Magdalena Colo, también delegada del Silvia Ana.

Los trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que la empresa “no provee cobertura médica adecuada en Buenos Aires” y que por esa razón “una compañera que tuvo un problema de salud allá quedó tirada tres horas, hasta que la empresa resolvió embarcarla y traerla a Colonia para que la atendieran; y esta no es la primera vez que pasa”. “Además, hay una persecución sistemática al Suntma: a una compañera que se afilió hace dos meses no la volvieron a embarcar”, agregó Cedrés. Por estos y otros problemas los trabajadores de Buquebus afiliados al Suntma (la mayoría están afiliados a la UTT, Unión de Trabajadores del Transporte, al que los miembros del Suntma califican de “amarillo”) resolvieron “trabajar a reglamento”, por lo que darán “cumplimiento estricto a las obligaciones asumidas, quitando cualquier colaboración adicional a la empresa y volviendo a pernoctar en Uruguay”.

En respuesta a estas medidas sindicales, el miércoles la empresa envió a los trabajadores que adhirieron a la medida en el Silvia Ana una carta con el membrete de Buquebus, pero sin firma alguna, mediante la cual se les notifica “la suspensión preventiva y la apertura de un sumario”. “A medida que vamos embarcando y acatando las medidas, nos van ‘bajando’, tanto del Silvia Ana como del buque Francisco; hasta ahora somos seis”, contó Colo, una de las primeras suspendidas. “Yo embarco el domingo, y ahí me va a tocar a mí y a otro compañero”, agregó Cedrés.

Ambos sindicalistas coincidieron en que “todo esto es para cansar a la gente”, y dicen que “toman medidas arbitrarias por la falta de costumbre y el desconocimiento total de lo que significa negociar con un sindicato de rama, porque toda la vida hubo sindicato amarillo y están acostumbrados a trabajar con el amarillismo”. Agregaron que, cuando el miércoles 5 se reúna el Consejo de Salarios de su sector, tendrán que “tener muy en cuenta que otra vez la empresa va a estar ejerciendo una presión absoluta sobre los trabajadores que están desembarcados, libreta en mano y suspendidos preventivamente”.

Ante este escenario, “si no hay solución tomaremos medidas de lucha”, advirtieron.

A los trabajadores de Buquebus les corresponden, por rama de actividad, distintos sindicatos. Integran el Suntma los que trabajan embarcados, mientras que quienes trabajan en los ómnibus se nuclean en la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, y aquellos que lo hacen en el puerto, como los cajeros y los que hacen los check-in, integran el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA).

“Con todos ellos estamos en contacto permanente”, dijo Cedrés, quien agregó que “en caso de tomar medidas, lo haremos en conjunto”, por lo que “apelamos a la buena voluntad de la empresa, teniendo en cuenta que se vienen las vacaciones de julio y no nos gustaría molestar a los trabajadores uruguayos, que juntan peso sobre peso para poder viajar, teniendo que parar todas las frecuencias”. Pero si se llegase a esto, advirtieron, la responsabilidad es “del poder que tiene esta empresa y la impunidad total con la que se maneja gracias a ello”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017
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5) En dos años, el gobierno eximió a 11 empresas de la obligación de identificar a dueños de tierras
Natalia Uval (La Diaria)

“Se declara que los titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas” es el encabezado que figura en el sitio de Presidencia para nombrar a la Ley 18.092, aprobada en enero de 2007. Pese a las contundentes intenciones expresadas allí, en los hechos la ley que estableció que los titulares de inmuebles rurales deben ser personas físicas y que las sociedades anónimas (SA) dueñas de tierras deben tener acciones nominativas se diluye en excepciones. Algunos de los eximentes son casi automáticos, y en otros juega la voluntad política del gobierno de no exigirles a las empresas transparentar su origen.

El Decreto 225/007, reglamentario de la ley, determina que están exceptuadas de estas disposiciones las AFAP, los fiduciarios de fideicomisos, los fondos de pensión y las sociedades comerciales “cuyo capital social está representado mayoritariamente por títulos al portador, que se hayan integrado mediante procedimientos de oferta pública y coticen en la Bolsa de Valores o en otras bolsas del exterior de reconocido prestigio u otros mecanismos que aseguren un procedimiento de oferta competitivo y transparente a juicio del Poder Ejecutivo”. En este último caso, la decisión de autorizar a estas SA se toma en función del proyecto de desarrollo productivo que presenten. Este deberá incorporar un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Para proceder respecto de estas excepciones existe una comisión integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En 2017, según consta en las resoluciones del MGAP publicadas en el sitio de Presidencia, el Ejecutivo eximió a tres empresas del cumplimiento de la ley. El 22 de junio autorizó a la sociedad anónima de capitales alemanes Fort Blue SA a comprarles 3.270 hectáreas en Paysandú a las empresas Cereales del Río Negro y El Caronero SA. Fort Blue SA compró la tierra por 23 millones de dólares para arrendarla a otra sociedad anónima. El estudio Posadas, Posadas & Vecino ofició como depositario de la garantía de la transacción.

El 27 de marzo de 2017 el Ejecutivo autorizó a la empresa Telensy SA a continuar siendo exceptuada del cumplimiento de la norma. En base a información pública, no puede determinarse de qué origen son los capitales de Telensy SA, que poseía en aquel momento 6.672 hectáreas en Florida, 283 en Rocha y 684 en Lavalleja. Hay, además, una resolución del 24 de enero de 2017 que autoriza a la empresa Arroyo Daca SA a quedar exceptuada de la norma, pero no se puede acceder al documento de la resolución.

En 2016 el gobierno adoptó otras cinco resoluciones que beneficiaron a sociedades anónimas con campos en San José, Canelones, Salto, Rivera y otros departamentos que no pueden especificarse, porque no todas las resoluciones detallan los departamentos en los que están las tierras y el número de hectáreas que poseen las SA. En 2015, tres empresas fueron eximidas de los requisitos de la Ley 18.092.

Según publicó el semanario Búsqueda el 23 de marzo, con base en fuentes oficiales, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo dictó 90 autorizaciones a sociedades anónimas para ser propietarias de inmuebles rurales, por un total de 5,7 millones de hectáreas. Esta cantidad de hectáreas equivale a la extensión de tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

De todos modos, esto no significa que esa cantidad de hectáreas esté ocupada por sociedades anónimas, ya que puede haber varias autorizaciones para una misma extensión de tierra. Entre otras, las empresas beneficiadas fueron Union Agriculture Group (UAG), con 320.000 hectáreas; Stora Enso, con 308.000 hectáreas; Forestal Oriental (UPM), con 115.709 hectáreas; Aratirí, con 9.000 hectáreas; Weyerhauser, con 31.433 hectáreas; Eurofores (adquirida en 2009 por Arauco y Stora Enso), con 369.000 hectáreas; y las empresas propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni, con 28.641 hectáreas.

Decisiones

Cada resolución publicada por el MGAP cita un informe o resolución de la comisión encargada de aplicar la Ley 18.092. Sin embargo, una fuente de la comisión dijo a la diaria que no todas las autorizaciones a SA para tener tierras son publicadas como resoluciones en la web de Presidencia. En muchos casos, cuando el trámite es “normal” y se identifica el beneficiario final de la sociedad, la autorización la brinda la comisión. Los casos que requieren firma del ministro y del presidente son aquellos en los que “no se puede certificar que se cumplan las características del trámite normal” y la decisión es política en función del proyecto productivo, explicó la fuente. Por consiguiente, en este período de gobierno las autorizaciones fueron más que las 11 publicadas en la web de Presidencia, pero la comisión no tiene sistematizada la cantidad de excepciones, porque sus informes son caso a caso, aseguró la fuente.

El subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP (OPYPA), Adrián Tambler, explicó a la diaria que los pedidos de excepción sólo son considerados por la OPYPA cuando debe analizarse el proyecto productivo, y, por ese concepto, entran “por goteo”. En los casos de las empresas que cotizan en bolsa o los fideicomisos, la excepción es prácticamente automática. Tambler aseguró que las empresas que están exceptuadas de cumplir con la Ley 18.092 son “las que todo el mundo conoce: las forestales, UAG”, apuntó el jerarca.

El último censo agropecuario de 2011 estableció que 39% de la tierra de Uruguay está en manos de sociedades. Las SA poseen 24% de la superficie; las de responsabilidad limitada, 5%; las dirigidas por comanditas, 1,3%; mientras que en la categoría “otras” se ubican propietarios de 8,6% de la tierra uruguaya. Teniendo en cuenta estas cifras y las excepciones a la Ley 18.092, Tambler admitió que no es posible establecer qué porcentaje de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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ESPAÑA: HEMOS EMPOBRECIDO LA POBREZA

1) España: "Hemos empobrecido la pobreza"
2) España: es urgente la movilización social contra la desigualdad y la corrupción /Carlos Iaquinandi
3) Uruguay obligado a informar a CIDH sobre qué hace para investigar al Comando Barneix
4) Palestina: A Gaza le queda una pregunta: ¿morir debido a una masacre o por falta de electricidad? /Haidar Eid
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1822 – jueves 29.06.2017

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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

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1) ESPAÑA: "HEMOS EMPOBRECIDO LA POBREZA"

Redacción de SERPAL 27.06.2017

"Los hogares en los que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis, es decir, hemos empobrecido la pobreza". Lo afirmó Sebastián Mora, secretario general de Cáritas España, durante la presentación del informe "Desprotección Social y Estrategias Familiares" de la Fundación FOESSA.

Según dicho informe, siete de cada diez hogares españoles no percibe los efectos de la recuperación económica que comenzó hace tres años, un porcentaje que se incrementa hasta un 90% en el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza. Los hogares en los que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis, es decir, hemos empobrecido la pobreza, los más pobres siguen empobreciéndose aunque se note una ligera mejoría en los que más posibilidades tienen", ha señalado el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, este jueves 22 de junio en rueda de prensa en Madrid. Al mismo tiempo, ha apuntado que al menos han conseguido frenar la extensión de la pobreza. El estudio, basado en una encuesta a 1.300 hogares de toda España, mide 17 indicadores para tejer la "red de seguridad" de los hogares españoles, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras y constata que la mitad de las familias (50,1 por ciento) tienen un "colchón" peor que en la situación "precrisis", mientras que en el 42,3 por ciento se mantiene igual y en un 7,6 por ciento, ha mejorado.

En concreto, el informe revela que casi el 60 por ciento de las familias vive sin nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses o sobrevivir a una nueva crisis económica.

Tres años después del inicio del nuevo ciclo económico, el 70% de los hogares no ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. En el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en estos momentos, que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida.

Esta es una de las principales constataciones que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) pone sobre la mesa en el informe “Análisis y Perspectivas 2017. Desprotección social y Estrategias familiares” que se ha presentado en la sede de Cáritas Española. El acto ha contado con las intervenciones de Sebastián Mora, secretario general, y de Francisco Lorenzo, director del Comité Técnico de FOESSA.

Encuesta a 1.300 hogares de toda España

Los datos presentados proceden de una encuesta realizada por la Fundación FOESSA en el primer trimestre de este año a más de 1.300 hogares repartidos por las 17 Comunidades Autónomas para conocer en profundidad los cambios que la gran recesión de los años 2007-2013 ha generado en los hogares españoles y en qué situación se encuentran para afrontar el período de recuperación actual.

La encuesta señala, por ejemplo, que solo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentado los efectos de la recuperación económica y que la evolución en las condiciones de vida no está siendo lo positiva que cabría esperar. Los hogares que menos están percibiendo los efectos del nuevo ciclo económico son, precisamente, aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis.

Cómo está la “red de seguridad” de las familias

A través de diecisiete indicadores se ha medido la denominada “red de seguridad” de los hogares, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras, y se ha observado la evolución de estas condiciones desde el momento precrisis hasta nuestros días. Los resultados de la encuesta constatan que la mitad de las familias (50.1%) tienen hoy en día una “red de seguridad” que es peor que en la situación precrisis, mientras que para el 42,3% se mantendría igual y habría mejorado para el 7,6%.

Los aspectos que han empeorado en más de la mitad de los hogares son las capacidades de ahorrar (el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses), de resistir una nueva crisis económica, de hacer frente a una reforma necesaria de su vivienda o de llegar a fin de mes.
En cuatro de cada diez hogares han empeorado también su capacidad para hacer frente a necesidades de salud no cubiertas por el sistema nacional de salud, para pagar refuerzos educativos a los hijos, para afrontar el pago de recibos energéticos y para garantizar una estabilidad en el empleo de los miembros del hogar y unos ingresos estables.

En ninguno de los 17 indicadores se supera el 10% de hogares que hayan experimentado una evolución positiva respecto del periodo precrisis.

Según el informe, este empeoramiento ha llevado a las familias a tomar una serie de decisiones durante los últimos años que las ubican en un diferente escenario a la hora de poder afrontar las contingencias actuales. FOESSA divide en tres bloques las estrategias que han tomado las familias: reducción del consumo energético, aceptación de condiciones laborables poco deseables y reducción de gastos en el pago de la vivienda.

La solidaridad de la familia y los amigos

El informe investiga también cuáles son los componentes básicos de la red de protección con la que cuentan los hogares en la poscrisis para afrontar el futuro y asumir posibles cambios concretos en sus condiciones de vida.

Para llevar a cabo este análisis se definen tres indicadores que describen las fortalezas y debilidades de los hogares españoles a través de los recursos con los que cuentan para afrontar las consecuencias de la gran recesión: el Indicador de Recursos Propios del Hogar (IRPH), el Indicador de Apoyo de la Familia y Amigos (IAFA) y el Indicador de Apoyos Formales e Institucionales (IAFIE).

Estos tres indicadores describen los tres principales ámbitos de protección de los hogares: los recursos propios del hogar, la familia y los amigos, y las instituciones formales y la solidaridad informal en los entornos locales.

Como ha explicado Francisco Lorenzo, “de los tres círculos de seguridad, los recursos propios del hogar se encontrarían en la mayor situación de debilidad. La familia y amigos se consideran en este momento como el gran compensador de esa debilidad. El círculo de apoyos más formales se encontraría más fuerte para aquellos hogares en mejores condiciones de recursos propios y a la inversa en peor situación para los hogares más débiles”.

El riesgo de acostumbrarse a la precariedad

Durante la presentación del informe se han puesto sobre la mesa dos cuestiones estructurales que también detecta la encuesta.

La primera de ellas tiene que ver, en palabras del director técnico de FOESSA, “con el riesgo que tenemos como sociedad a acostumbrarnos a la precariedad, y así lo reflejan nuestras previsiones, pues cuando se nos pregunta por nuestras expectativas dentro de 5 años, el 47,1% cree que estará igual; y tan solo el 19,9% cree que mejorara la situación económica de su hogar. Un 26,4% de la población entrevistada cree que empeorará”.

La segunda cuestión hace referencia a la desconfianza en la participación social y política como estrategia de mejorar la realidad. “Son los sectores más vulnerables de la sociedad –alerta Lorenzo— los que, precisamente, perciben que la participación política y social no es una vía útil para mejorar sus condiciones de vida: para el 75,6% votar no sirve, para el 56,9% no sirve asociarse y para 61,2% no sirve la movilización”.

“Un ejercicio de memoria y de crítica social”

Para el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “este informe quiere ser un ejercicio de memoria frente al olvido e invisibilidad, una acción de crítica social frente a la realidad que nos muestra el informe y un llamamiento a la colaboración en la lucha contra la pobreza, porque no podemos resignarnos a aceptar lo intolerable”.

“Se está produciendo –añadió– un `empobrecimiento de la pobreza´. Dijimos durante estos años atrás que la pobreza se había hecho más extensa, intensa y crónica. Hemos conseguido estabilizar en cierta medida la extensión. Pero sin embargo, vemos como la intensidad y la cronicidad no se debilita. Pero nosotros estamos convencidos de que se puede cambiar la realidad, que podemos transformarla. No podemos resignarnos a la pobreza como algo natural”.
A ese respecto, recordó que “en Cáritas, ayer, hoy y siempre, en la precrisis, la crisis y postcrisis, hemos estado y estaremos con las personas empobrecidas, porque queremos ser parte de la solución contra la pobreza”, e invitó “a todas las personas a ser parte de la solución contra la pobreza”.

Otros aspectos que aborda el informe

El informe profundiza además en la reflexión sobre dos aspectos clave a la hora de abordar la pobreza y exclusión social en la poscrisis.

Uno de ellos se refiere a si nuestras políticas deben continuar considerando como extranjeros a las personas migrantes que viven entre nosotros o, como se propone, que más allá de su cédula de identificación, los inmigrantes en España que han pasado con nosotros la crisis, que han decidido quedarse entre nosotros y que constituyen una parte relevante de la riqueza de nuestra sociedad, son ya parte de nuestra estructura social.

Y una segunda reflexión es sobre la presencia en nuestro acervo comunicativo del concepto nuevas pobrezas. ¿Qué significa? ¿Cuál es su sentido? En “Análisis y Perspectivas 2017” se plantean los pros y los contras de su utilización, y se propone un cambio de mirada en el enfoque de su utilización.

El informe se cierra con un capítulo final donde debates tres ámbitos que guardan relación directa con la pobreza, la exclusión social y el bienestar, como es el desafío demográfico provocado por la brecha entre fecundidad real y deseada, y algunos de los obstáculos que impiden su superación relacionados con la precariedad social y el escaso desarrollo de políticas públicas de apoyo a los individuos y familias.

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas Española por la necesidad de conocer, ante las iniciadas políticas de desarrollo, la situación social de España del modo más objetivo y continuado posible. Desde su origen, los Informes sobre la situación y el cambio social de España (1967, 1970, 1975, 1980-83,1994 y 2008) han señalado la importancia de conocer la situación social de España a través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución social, así como las estructuras y tendencias que se corresponden con esos procesos.

Fuente: www.SinPermiso.info /SERPAL

COMCOSUR INFORMA Nº 1822 – 29/06/2017
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2) ESPAÑA: ES URGENTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LA DESIGUALDAD Y LA CORRUPCIÓN

Por Carlos Iaquinandi /Redacción de SERPAL – 27.06.2017

El informe de “Cáritas”, se suma al que hace poco tiempo publicó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En “El Estado Social de la Nación”, aportaban datos sobre el carácter estructural de la pobreza, por su extensión y persistencia. Allí se menciona -por ejemplo – que la renta media de los hogares españoles se ha reducido un 13% desde el 2009 al 2015 y que casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas), no tienen ningún ingreso.

Contraponiendo cifras a los cánticos gubernamentales que exponen mejoras de la Economía, establecen que la característica más persistente de la realidad española es la desigualdad. “Los mecanismos de movilidad social – afirman – son cada vez más intransitables para la mayoría de la población.”

En los últimos años, el 30 % de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que el del 10 % más rico, se disparaba un 56%.
El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%) mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%.

La fortuna de las 3 personas más ricas en España, equivale a la del 30% más pobre.
Precariedad laboral

El gobierno alardea que se incrementan los puestos laborales, pero oculta la precariedad del nuevo empleo, su carácter temporal y los sueldos reducidos entre un 75 a un 50% de lo que se pagaba antes de la “crisis” que el propio sistema originó. Eso explica que las cotizaciones sigan siendo insuficientes para poder cubrir el pago de las pensiones de las cuales dependen 9 millones de ciudadanos que hicieron regularmente sus aportes.

El incierto futuro del sistema previsional

El gobierno del PP que en 5 años vació prácticamente el Fondo de Reserva que en el 2011 disponía de 68.500 millones de euros, siguen sin adoptar medidas que garanticen las pensiones futuras. Y cuando prometen, dicen que “si es necesario se emitirá deuda”, olvidando que la deuda española llega ya al ciento por ciento del PIB, y que toda deuda comporta la devolución del capital más los intereses.

O sea, más cadenas para la economía española, sometida a los dictados de Bruselas gracias al artículo 135 introducido en el 2011 en la Constitución con nocturnidad y alevosía por los dos principales partidos, el PP y el PSOE.

Esa modificación no consultada al pueblo español, establece el concepto de “estabilidad presupuestaria” precisando que el pago de la deuda pública es lo primero frente a cualquier otro gasto del Estado. La reforma constitucional española de 2011 modificó el texto vigente e introdujo el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública se antepusiera a cualquier otro gasto, incluyendo los sociales, educativos y sanitarios. Ellos siguen endeudando al país y a la vez, desarrollando una corrupción estructural que significa la pérdida de millones de euros que terminan en Suiza o en paraísos fiscales o…en “el ático de los suegros” como el grotesco caso de Ignacio González, ex presidente de la comunidad de Madrid.
Una justicia “amiga”

En los últimos meses el gobierno ha colocado en puestos claves del Poder Judicial, a personajes que han sido recusados por su más que dudosa imparcialidad, incluyendo nada menos que al fiscal anticorrupción Manuel Moix, quien finalmente tuvo que dimitir. Pero dias después se produjeron nuevas designaciones cuestionadas. Quieren disponer de una justicia “amiga”.

La impunidad prevalece sobre los centenares de cargos políticos, la mayoría de ellos del Partido Popular, imputados por diversos delitos. Muchos de ellos, han ocupado cargos ministeriales o de relevancia en la función pública, o en el propio partido. Disfrutan de un amplio margen de impunidad, ya que muchos de ellos a pesar de los cargos que se les imputan y la certeza de que disponen de sumas millonarias en el exterior, están procesados, pero en libertad.

Cuando pasan por los juzgados, sufren amnesia y no recuerdan nada. “No lo sé”, “no me acuerdo”, “no me consta” son sus frases constantes. Una forma más de burlarse de los jueces y de los ciudadanos. Los hechos de corrupción y la financiación ilegal del partido de gobierno, representan una pérdida cuantiosa de dinero público. Es difícil estimar la cifra, pero algunos de los casos conocidos suman millones de euros en cuentas en Suiza y en paraísos fiscales.

Salvando a los bancos privados con dinero público

Los escándalos bancarios han representado otro drenaje para el dinero público. El Banco de España anunció hace pocos dias que da por perdidos nada menos que 60.600 millones de euros, sea casi el 80% del dinero entregado para el rescate de los bancos privados. Eso a pesar de que en su dia, tanto Rajoy como Montoro, su ministro de Hacienda afirmaron contundentes que “ese rescate no costaría un solo euro a los españoles”.

Mientras tanto el presidente Rajoy sigue imperturbable como si nada ocurriera y como si los escándalos fueran ajenos a su partido y a su responsabilidad. Elude también las demandas del gobierno de Catalunya y ha esquivado sistemáticamente la posibilidad de un diálogo que evite un mayor distanciamiento. Eso sí, su ministro del interior tuvo que marcharse cuando aparecieron grabaciones que ponían en evidencia acciones y tramas de su gobierno contra dirigentes políticos catalanes.

La pérdida de derechos sociales, económicos y laborales ha sido progresiva. Muchos sectores padecen las consecuencias de un sistema que les ignora. Los grandes medios de comunicación, como ocurre en casi todo el mundo, están en manos de corporaciones que representan intereses privados. Muchos de ellos tienen como principales accionistas a grupos bancarios o financieros. El control social que se ejerce desde el gobierno con una legislación que incluye graves sanciones contra manifestantes o expresiones de protesta, ( Ley Mordaza ) se refuerza con la manipulación informativa desde esos medios, en particular, los canales de TV y el manejo partidista de la televisión pública.

¿Qué hacer?

La acción parlamentaria no parece estar a la altura de las necesidades de millones de ciudadanos. La oposición, fragmentada, no ha logrado poner freno a leyes y medidas que castigan a las mayorías. Y lo que puede prosperar en diputados, encuentra una valla en la mayoría absoluta que dispone el partido de gobierno en el senado.

Es imprescindible que los partidos que tienen intención de revertir el rumbo ruinoso que lleva el PP asuman que deben unir y coordinar esfuerzos. El “nuevo” PSOE, dispone de un flamante mandato de sus bases que claramente han rechazado la opción conciliadora y pactista con el gobierno en temas claves. Pedro Sánchez y su equipo deberían aprovechar ese impulso para articular un espacio de coincidencias que previsiblemente tiene con Podemos.

Para eso, ambos grupos políticos tendrían que abandonar la pugna por “liderazgos” y centrarse en lo que es la demanda de una mayoría social: frenar cuanto antes las políticas del Partido Popular y acumular apoyos y propuestas para desalojarlo del poder. En esta nueva etapa, quienes se definieron hace menos de un año como “las fuerzas del cambio”, tendrán que actuar en consecuencia. En los hechos, más que en las palabras.

Si lo hacen, Albert Rivera y su partido quedarán a la intemperie. Tendrán más limitado su espacio para oscilar entre actitudes “regeneracionistas” y ejercer de muleta del PP. Si en votaciones trascendentes ( como ocurrió con los presupuestos) se ven obligados a abstenerse o apoyar explícitamente al PP para “salvarlo” de una derrota, quedarán definitivamente “pegados” a Mariano Rajoy.

Articular un plan de trabajo que parta de mínimos, que debata y busque consenso sobre los pasos siguientes, puede conseguir mejoras en la situación social y económica de los ciudadanos. Por ejemplo y entre otras, recuperando derechos laborales, atendiendo la situación de las pensiones públicas como un derecho adquirido, y con el estudio de una posible reforma de la Constitución del 78. Esto último permitiría abrir la puerta a una negociación razonada que permita desencallar lo que algunos llaman “la cuestión catalana”, olvidando que el tema tiene causas y razones que hay que dialogar para poder alcanzar acuerdos.

Todo eso depende de que las dirigencias del PSOE y de Podemos actúen con lucidez y antepongan el bien común a cualquier otra consideración partidaria.

No será fácil, pero allí es donde debe entrar a jugar el protagonismo de los ciudadanos, hasta ahora en gran medida pasivos espectadores de los retrocesos en derechos sociales, económicos y laborales. La indignación y el hartazgo deben romper silencios y conformismos. Es indispensable que eso suceda para que los cambios sean posibles.

El pueblo, actor y protagonista

Ante este panorama, deben crecer las expresiones de movimientos sociales diversos, de las llamadas “mareas” que agrupan a sectores específicos (sanidad, educación, desahuciados, pensionistas, etc.) y que demandan medidas que corrijan la deriva hacia un estado injusto que promueve la desigualdad y abandona a los sectores más desprotegidos.

En la convergencia de estas corrientes populares y en su movilización, están los principales recursos para exigir e impulsar los cambios que permitan mejorar la situación de las mayorías. La experiencia demuestra que este camino no es para recorrerlo en solitario, que exige unidad más allá de siglas partidarias. Y que no se circunscribe a fronteras. Las experiencias de los pueblos, como el caso de Grecia, indican que la dominación de los poderes económico- financieros se ejerce a través de los títeres políticos que se reúnen en Bruselas.

Ellos son los que dictan las reglas de juego que benefician a pocos y hunden a muchos.
Ellos son los que abandonaron los principios fundacionales de la Europa de post-guerra, y que hoy cierran fronteras a los millones de refugiados causados por las guerras y las injusticias promovidas por los propios países "desarrollados" y sus políticas neocoloniales.

Son los pueblos, con sus propias organizaciones los que deben construir su futuro.

Carlos Iaquinandi /Redacción de SERPAL
COMCOSUR INFORMA Nº 1822 – 29/06/2017
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3) URUGUAY OBLIGADO A INFORMAR A CIDH SOBRE QUÉ HACE PARA INVESTIGAR AL COMANDO BARNEIX

La Comisión Interamericana exige que el Estado proteja la vida del activista Jair Krischke, uno de los amenazados por el “grupo ilegal” que respalda a criminales de lesa humanidad
Sudestada, 23/06/2017

El 3 de junio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió un solicitud de medidas cautelares presentada por el activista brasileño, Jair Krischke, quien figura en la lista de amenazados por el denominado Comando Barneix.

Este investigador y defensor de los derechos humanos instó a la Comisión que requiera al Estado uruguayo la “adopción de medidas de protección a su favor”.

El solicitante indicó que su situación de riesgo está relacionada con “su actuar en el rescate de la verdad histórica y en la determinación de responsabilidades de los involucrados en la Operación Cóndor, en los años 1970, en la que militares de los países del Cono Sur se articularon de manera supraestatal para capturar, torturar, matar y ocultar los restos mortales de los militantes de la izquierda”.

Krischke relató ante la CIDH que las amenazas “provienen de parte del autodenominado ‘Comando General Pedro Barneix’, que sería un grupo ilegal”.

“El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista…”, señala la amenaza.

Además de Krischke, en la lista figuran el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Federico Álvarez Petraglia, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el jurista francés Louis Joinet, y la politóloga italiana Francesca Lessa, quienes investigan aspectos del terrorismo de Estado uruguayo.

El miércoles 21 la Comisión adoptó la decisión de pedir al Estado uruguayo que proteja la vida de Krischke, que le brinde garantías para desarrollar su trabajo en Uruguay, y que informe periódicamente a la CIDH sobre el avance de las investigaciones para determinar responsabilidades sobre el accionar del Comando Barneix, un caso en el que no se ha avanzado más allá de conocer la amenaza y los nombres de los amenazados.

La Comisión consideró que “el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento”, según la resolución a la que accedió Sudestada.

En consecuencia, solicita al Estado de Uruguay que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de Krischke y para que el activista “pueda desarrollar sus labores como defensor de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el marco de sus funciones”.

Le pide también al Estado Uruguayo que “informe” a la CIDH “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar” a la medida cautelar “y así evitar su repetición”.

“La Comisión también solicita al Gobierno de Uruguay que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”, subraya la resolución.

La CIDH aclara que el otorgamiento de esta medida cautelar y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.

La decisión fue aprobado el 21 de junio, y está firmada por: Francisco José Eguiguren Praeli (presidente); Margarette May Macaulay (primera vicepresidenta); José de Jesús Orozco Henríquez; James Cavallaro; Luis Ernesto Vargas Silva (miembros de la Comisión).

Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1822 – 29/06/2017
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4) PALESTINA: A GAZA LE QUEDA UNA PREGUNTA: ¿MORIR DEBIDO A UNA MASACRE O POR FALTA DE ELECTRICIDAD?

Por Haidar Eid * /Resumen Latinoamericano /23 de junio 2017

El bloqueo a Gaza es peor que nunca con cada vez más cortes de electricidad, su principal donante sometido a presiones y rumores de una inminente ofensiva israelí

Como en cualquier otra parte del mundo la electricidad en Gaza nos da acceso al agua potable y a la atención médica. Con ella podemos refrigerar nuestra comida en el cálido verano y proporcionarnos calor en el frío invierno, además de conectarnos con el mundo exterior y entre nosotros.

Puede parecer anodino, se ha cortado la electricidad en Gaza, pero eso supone una sentencia de muerte para los casi dos millones de gazíes que como yo viven en Gaza bajo un bloqueo impuesto por Israel. De hecho, cortar la electricidad a Gaza es una declaración de guerra de facto contra la población civil y una forma ilegal de castigo colectivo.

Para quienes no lo sepan, el debate actual entre los gazíes es si un ataque militar directo (esto es, el uso de bombas y armas por parte del Israel del apartheid) es una manera mejor de morir que por medio de un genocidio progresivo, la intensificación del bloqueo que se impone desde hace diez años a nuestra diminuta franja.

Piénsenlo un momento: ¿hay cuidadnos en alguna otra parte del mundo que debatan acerca de cuál es para ellos la mejor manera de morir? Gideon Levy, el valiente periodista israelí, tiene una respuesta: “Lo que está en juego ahora es el peligro de otra masacre en la Franja de Gaza. Controlada, medida, no demasiado masiva, pero aun así una masacre. Cuando los altos cargos, políticos y comentaristas israelíes hablan de “la siguiente serie” están hablando de la siguiente masacre”.

Los medios y los fines de la Autoridad Palestina

El Israel del apartheid mantiene un bloqueo mortal sobre Gaza desde 2007, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas se hizo con el control de la pequeña franja después de ganar legítimamente las elecciones al Consejo Legislativo de 2006.

Este bloqueo se impuso porque casi todas las principales potencias de la región, incluida la Autoridad Palestina (AP) dirigida por Fatah, rechazaron rotundamente lo que los palestinos habían elegido democráticamente.

El bloqueo se volvió incluso peor recientemente, cuando en abril el presidente de la AP, Mahmoud Abbas, pidió a Israel que cortara el suministro de electricidad a la Franja de Gaza para presionar a Hamas. Esto ocurría después de que también en abril Abbas tomara la decisión de reducir un 30 % los salarios de los funcionarios de Gaza. Para cualquier lector debería ser evidente que los ocupantes de Gaza no son solo los dirigentes de Hamas sino también palestinos ordinarios.

Nosotros somos quienes estamos padeciendo estos cortes de electricidad y estos recortes de salarios.

Incluso después un bloqueo que dura ya una década la situación aquí en Gaza es peor que nunca debido a estos últimos cambios. Los hospitales, incluido el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, han dejado de hacer operaciones, incluso las urgentes. A consecuencia de los cortes de electricidad el 90 % del suministro de agua no es potable ahora, lo que aumenta el riesgo de que se extiendan las enfermedades producidas por el agua sucia. La AP ha reducido un 30 % sus pagos mensuales para electricidad, con lo que Israel ha permitido que solo se suministren 40 vatios de potencia a la Franja sabiendo perfectamente que Gaza necesita 400 vatios para satisfacer las necesidades estrictamente mínimas de supervivencia.

Repetidas advertencias

No es que no se haya advertido al mundo en repetidas ocasiones.

A mediados de mayo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió del colapso inminente de la Franja de Gaza al afirmar en una sombría declaración: “La falta de energía y la grave escasez de carburante han dañado todos los aspectos de la vida en la Franja”. La declaración advertía de una “crisis inminente” en la salud pública y en los sectores medioambientales debido a la falta de energía.

Y en septiembre de 2015 la ONU advertía que Gaza sería “inhabitable” para 2020. En aquel momento el informe dejaba claro que el Producto Interior Bruto de Gaza había disminuido un 15 % en 2014 y que el paro había llegado a una cifra récord del 44 %, con un 72 % de hogares que padecían inseguridad alimentaria. El informe concluía afirmando que el ataque israelí a Gaza de 2014 había acelerado el retroceso en el desarrollo de Gaza.

Este mes [junio de 2017] la ONU reconoció que si no se actuaba inmediatamente la crisis de electricidad provocaría el “colapso de los servicios vitales de salud, agua, instalaciones sanitarias y municipales”. Pero, extrañamente, la ONU no parece conocer el derecho internacional ya que culpa de la crisis a los palestinos que están bajo una ocupación y no al ocupante israelí.

Por otra parte, el anterior Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados Richard Falk habló sin ambages al afirmar que consideraba el bloqueo a Gaza una “violación flagrante y generalizada del derecho humanitario internacional” y un “crimen contra la humanidad”. El escritor israelí Ilan Pappe también los denomina un “genocidio progresivo”.

Lo que se ha vuelto rutinario

Lo terrible es que los gazíes mueren cada día, pero mueren de enfermedades provocadas por el agua sucia o la falta de una operación que habría salvado una vida, de hambre debido a que las cosechas que no crecen al no estar lo suficientemente irrigadas o mueren bebés porque no se les puede mantener calientes en sus primeros días de vida, pero estas formas de morir no figuran en los titulares.

Las muertes de gazíes no figuran en los titulares porque han sido una rutina diaria durante una década. Solo Israel se beneficia de este silencio y solo los gazíes pagan el precio de este silencio.
Cito de nuevo a Gideon Levy: “Para los israelíes Gaza es un nido de terroristas […] todas las personas que residen ahí son asesinos. Construyen túneles terroristas en vez de inaugurar fábricas de alta tecnología. No, de verdad, ¿cómo es que Hamas no ha desarrollado Gaza? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo no han creado industria bajo el bloqueo, agricultura en la cárcel y alta tecnología en una jaula?”.

El mundo exterior tiene que entender que quienes vivimos aquí en Gaza no podemos hacer mucho contra este bloqueo medieval excepto pedir a quienes nos apoyan que intensifiquen su llamamiento al boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel. Todas y cada una de las victorias del movimiento de BDS contribuye a la supervivencia de Gaza.

La comunidad internacional nos ha fallado totalmente. PUNTO. Las palabras y la retórica vacía no mantienen vivo a un niño que llora porque no tiene leche ni proporciona un tratamiento a una persona que padece una enfermedad terminal.

Solo tenemos un rayo de esperanza, el mismo que vieron antes que nosotros las personas negras sudafricanas: una campaña constante de boicot, desinversión y sanciones contra el Israel del apartheid Israel hasta que acate totalmente el derecho internacional
.
* Dr. Haidar Eid es profesor asociado del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad Al-Aqsa de la Franja de, Gaza, Palestina. /Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos./Enviado por Luis Eduardo Sabini
COMCOSUR INFORMA Nº 1822 – 29/06/2017
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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UNA FARSA SINIESTRA

MUMIA:

1) Premios Nobel al Consejo de Seguridad: salde su deuda con el pueblo de Haití

2) Neuquén: Fracking a la fuerza en tierras mapuches

3) Argentina: Bono de deuda pública a 100 años

4) Las elecciones francesas: una farsa siniestra

5) ¿Qué traman George Soros y el Club de las Islas?


COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 826/ Miércoles 28 de junio de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) Premios Nobel al Consejo de Seguridad: salde su deuda con el pueblo de Haití
Adolfo Pérez Esquivel, et al

Buenos Aires, 16 de junio de 2017
cc. Secretario General de la ONU

De nuestra mayor consideración:

Reciba un fraterno abrazo y nuestros mejores deseos para su gestión. Le escribimos en esta ocasión, y por su intermedio al Consejo de Seguridad, con la esperanza de que la próxima visita a Haití sea un paso a favor de la justicia, los derechos humanos y la paz.

En relación a los objetivos fijados para dicha visita, esperamos que dé lugar sobre todo a recomendaciones y medidas concretas que contribuyen a saldar la inmensa deuda que han acumulado con el pueblo haitiano, el propio Consejo, la ONU y los países que han contribuido tropas, policía y recursos a la MINUSTAH a lo largo de sus 13 años: la deuda con quienes son las víctimas del balance catastrófico de la MINUSTAH en términos de derechos humanos.

Esta deuda define hoy la vida de estas personas así como también el legajo de la MINUSTAH, comprometiendo gravemente la credibilidad de toda acción futura de la ONU en Haití. Una deuda con el pueblo entero en particular, las mujeres y jóvenes que fueron violados y explotados sexualmente por miembros de la Misión, las familias que sufrieron la represión de las tropas y policía – como por ejemplo en Cité Soleil, donde hubo 15 intervenciones de las tropas de la MINUSTAH con armas letales, disparando a veces más de 25.000 balas en una sola operación – y los cientos de miles de familias que padecieron muertes y enfermedad a raíz de la introducción del cólera.

La magnitud e impunidad de estas violaciones a los derechos humanos, y el hecho que la ONU haya negado cualquier responsabilidad por el cólera durante seis largos años, exigen una reparación integral. Con esta visita el Consejo tiene la oportunidad de cumplir con su obligación de poner en marcha las acciones reparadoras requeridas, eje indispensable de la conclusión de la MINUSTAH.

El Consejo de Seguridad ha reconocido, en su Resolución 2350 (2017), que el respeto de los derechos humanos y las medidas para poner fin a la impunidad son esenciales para garantizar el estado de derecho y la seguridad en Haití. Sabemos por larga experiencia, en América Latina como en otras regiones, que teniendo como base la impunidad es imposible construir democracias estables, instituciones estatales robustas y respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, objetivos justamente que el Consejo afirmó en su momento para la MINUSTAH y ahora, para una nueva misión a Haití. Es hora de que el Consejo reconozca que el esfuerzo requerido empieza en casa.

Instamos al Consejo de Seguridad aprovechar su visita para saldar su deuda e iniciar un nuevo camino, pasos imprescindibles para el cierre responsable de la MINUSTAH y la transición hacia una relación basada en el respeto de su soberanía, su autodeterminación y los derechos humanos.

En especial, urgimos darle prioridad a la consulta e intercambio directo con representantes de los movimientos y organizaciones populares haitianas y de las agrupaciones de víctimas del cólera y otros abusos de los derechos humanos cometidos por la ONU, fundamental por su perspectiva y acción en relación a los objetivos que plantea el Consejo de Seguridad para la visita y para con su país. Asimismo, indispensable al reconocer las debilidades de la institucionalidad pública haitiana, incluyendo los órganos de gobierno elegidos en base a un sufragio mínimo después de las reiteradas intervenciones de la comunidad internacional.

Instamos además al Consejo abordar específicamente la manera en que el “Nuevo Enfoque de las Naciones Unidas respecto del cólera en Haití” esté incorporado al proceso de cierre de la MINUSTAH. El Consejo ha establecido que la aplicación de este programa, que busca responder a las demandas de justicia y compensación de las víctimas del cólera, no será la responsabilidad de la MINUSTAH ni de su sucesora. No obstante, no cabe duda que asegurar su buen encaminamiento como parte de la conclusión de la MINUSTAH, con el financiamiento necesario y la participación activa de los beneficiarios pretendidos en el diseño y ejecución de sus dos líneas de acción, determinará la posibilidad de éxito del cierre y cualquier futuro.

Esto sobre todo en vista a que hasta ahora se ha recolectado apenas un 2% de los $400 millones solicitados – un monto equivalente a menos de un año del financiamiento otorgado durante 13 años para mantener a la MINUSTAH – para cubrir el costo de las indemnizaciones a las familias de las 10.000 personas muertas y los más de 800.000 personas sobrevivientes, junto con las inversiones necesarias para mejorar el sistema de saneamiento y lograr el acceso universal al agua potable y hacer reparaciones globales al país por los inmensos daños económicos sufridos a raíz de la introducción del cólera. Una situación totalmente inaceptable.

El Consejo de Seguridad debe reconocer que cumplir con sus propias obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo la reparación de las violaciones perpetradas, es un requisito para la paz y la seguridad en Haití, como en cualquier lugar del mundo. Serán decisivas las recomendaciones que podrán formular al respecto, a partir de esta visita y el intercambio en especial con las organizaciones y personas indicadas. Entre ellas, la decisión política de involucrar centralmente a las víctimas de las violaciones de derechos humanos de la MINUSTAH en la preparación y ejecución de las acciones reparadoras requeridas. Y el compromiso ejemplar de financiamiento de esas acciones de parte de los países miembros del Consejo, conforme mínimamente a los montos que implicarían el sistema de cuotas.

Junto a numerosos movimientos y organizaciones populares de Haití y América latina, hemos cuestionado el rol de la MINUSTAH al entender que no fue una respuesta acorde a los derechos y necesidades del pueblo haitiano. De hecho, el Consejo de Seguridad sabe bien que la presencia que instaló en 2004, así como también el inicio en octubre de todavía otra misión llamada de Paz y Estabilización, son ampliamente consideradas una ocupación, ajena a los ideales de la ONU y los derechos y objetivos reafirmados una y otra vez por el propio Consejo.

La agravación actual de la crisis sistémica y humanitaria que vive Haití refleja esta evaluación, sumada además al tristemente célebre balance en derechos humanos e impunidad. Esperamos que el Consejo de Seguridad reconozca esta situación y aproveche la visita, en el marco mismo de sus objetivos, para empezar a saldar sus deudas e iniciar de verdad un nuevo enfoque con el pueblo de Haití. Les deseamos mucho éxito en este sentido y reiteramos nuestra disposición a contribuir con lo que esté a nuestro alcance.

Con el fraterno abrazo de Paz y Bien,

Adolfo Pérez Esquivel / Premio Nobel de la Paz 1980
Jody Williams / Premio Nobel de la Paz 1997
Shirin Ebadi / Premio Nobel de la Paz 2003
Rigoberta Menchú Tum / Premio Nobel de la Paz 1992
Betty Williams / Premio Nobel de la Paz 1976

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 – COMCOSUR
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2) Neuquén: Fracking a la fuerza en tierras mapuches
Darío Aranda (Página/12)

Unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad Campo Maripe en Neuquén y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. La Confederación Mapuche denunció la militarización del lugar.

Gendarmería Nacional irrumpió en territorio mapuche de Neuquén junto a la petrolera YPF para avanzar con la cuestionada técnica del fracking. A pesar de la legislación que favorece las demandas indígenas, cien efectivos allanaron el camino para intentar realizar nuevos pozos en la zona de Loma Campana (Vaca Muerta).

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”. Amnistía Internacional emitió un comunicado de urgencia donde destacó su “máximo preocupación” por lo sucedido en Vaca Muerta. El lof (comunidad) Campo Maripe vive cerca de Añelo desde 1927, confirmado por estudios históricos y antropológicos de la Universidad Nacional del Comahue. Su territorio, siempre despreciado por empresas y funcionarios, comenzó a ser codiciado cuando se decidió explotar la formación petrolera Vaca Muerta.

Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, artículo 75 de la Constitución Nacional, entre otros). Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio). Nunca se cumplió ese derecho y el lof Campo Maripe cerró el paso a nuevos pozos de fracking (técnica muy cuestionada por sus consecuencias en el ambiente y salud). Desde hace 15 meses que YPF-Chevron no pueden perforar en ese territorio mapuche.

El miércoles 21, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad, cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena. La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Acusaron a Gendarmería e YPF de actuar ilegalmente y señalaron como “generadores y responsables” del conflicto al gobierno nacional y al gobernador, Omar Gutiérrez. Los efectivos y operarios de la petrolera se retiraron por la tarde, pero avisaron que volverían para montar torres y realizar un nuevo pozo de fracking. El jueves 22 a la mañana, las comunidades mapuches marcharon hasta la sede de Gendarmería en el centro de Neuquén. Repudiaron el accionar de los efectivos y las mujeres de la comunidad se encadenaron al portón de entrada. Las autoridades de la fuerza reconocieron que no contaban con orden judicial.

“Por orden de la ministra Bullrich, Gendarmería ha militarizado la comunidad Campo Maripe. Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y nos llenan de basura de la contaminación petrolera”, denunció la Confederación Mapuche. Apuntaron también al Poder Judicial, por no hacer cumplir los derechos indígenas: “La Justicia deja todo para que el más fuerte imponga sus condiciones”. “Más allá de la violencia que desatan sobre nuestras vidas desde que llegó el fracking y la muerte a nuestro territorio, anunciamos que si no hay seguridad sobre nuestras tierras y aplicación de derecho a la consulta, no los dejaremos en paz”, advirtió la Confederación Mapuche.

La versión de YPF y los gobiernos nacional y provincial fue mutando en el tiempo. Primero dijeron que no había comunidad mapuches y que eran tierras fiscales. Luego reconocían que existían pero los acusaron de “violentos” y que detenían “el progreso”. Amnistía Internacional emitió un comunicado de urgencia. Cuestionó el accionar de Gendarmería y remitió un pedido de acceso a la información pública a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, para que informen sobre los procedimientos realizados por la Gendarmería y los fundamentos jurídicos de los mismos.

El 18 de junio, Amnistía Internacional visitó el territorio y recibió denuncias por parte de referentes de la comunidad sobre la presencia de efectivos en sus tierras, incluso en horas de la noche, “que funcionarían como estrategia de desgaste y persecución para silenciar sus reivindicaciones históricas y así poder avanzar con la explotación petrolera”. La organización de derechos humanos manifestó su “máxima preocupación” y llamó a que las autoridades de gobierno “avancen en el reconocimiento territorial de las comunidades”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en su informe de gestión de agosto de 2016, acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales, los responsabilizó de hechos delictivos (sin aportar ninguna prueba) y apuntó contra el lof Cushamen (Chubut) y contra las comunidades mapuches en Vaca Muerta.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 – COMCOSUR
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3) Argentina: Bono de deuda pública a 100 años
Julio C. Gambina (Alai)

El gobierno de Macri colocó un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto de la sociedad.

La tasa que resulta de la colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará el capital.

Se trata de un negocio redondo para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses, o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron una comisión de poco más de 3 millones de dólares. Debe quedar claro que esos 200 millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores y especuladores y pierde el pueblo argentino.

Entre los argumentos del gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor radicalidad en el ajuste. Los capitales globales pretenden mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.

Del mismo modo ocurre con la negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos trabajadores.

El endeudamiento y el crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene dos ámbitos de confrontación. Uno es de carácter institucional y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock de ajuste.

El otro se presenta en la movilización y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la sociedad sin representación política elegible.

La crisis es por arriba en tanto se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas? Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza Massa – Stolbizer.

Pero también es por abajo, donde la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.

La reunión se realizó en la Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.

Quedan claras las opciones. Una fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema capitalista.

Son opciones no necesariamente complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 – COMCOSUR
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4) Las elecciones francesas: una farsa siniestra
Samir Amin (El Viejo Topo)

La democracia electoral pluripartidista, joya de la modernidad democrática en Europa y en Estados Unidos, está gangrenada y ha iniciado el camino de su decadencia. La dictadura ejercida por el capital de los monopolios financieros ha aniquilado visiblemente el alcance y el sentido de las elecciones. Esta es una experiencia por la que Francia ya había pasado hace unos años: el pueblo francés había rechazado por referéndum la propuesta de constitución europea; esto no preocupó en absoluto al gobierno ni al parlamento, ¡que la adoptaron al día siguiente!

La lección que sacó de ello el pueblo francés fue simplemente que el voto había perdido su alcance decisivo y que ya no valía la pena acudir a las urnas. Las elecciones presidenciales de abril de 2017 y las dos vueltas de las elecciones al Parlamento del 11 y del 18 de junio de 2017 así lo atestiguan. ¡Las abstenciones se acercan desde entonces al 60% del cuerpo electoral! Algo nunca visto en la historia de la democracia occidental.

En estas condiciones, aunque Macron haya sido elegido Presidente y disponga de una confortable mayoría absoluta en el nuevo Parlamento, el voto positivo a su favor no supera el 16% de los ciudadanos, reclutados en privado en el seno de las clases medias y de los empresarios, un medio social naturalmente “pro-capitalista”, socialmente reaccionario; no constituye en absoluto “un maremoto” como lo presentan los medios de comunicación dominantes.

De haberse producido un caso análogo en Rusia, en Irán o en cualquiera de los países del Sur, los medios de comunicación occidentales no habrían dejado de denunciar la farsa. Pero se guardan mucho de decir lo mismo cuando se trata de una “democracia” occidental, en este caso de Francia.

La farsa electoral es el resultado previsible del ejercicio de la dictadura continua y sin precedentes desde hace tres décadas de los monopolios financieros, una dictadura enmascarada bajo la apariencia engañosa de las “exigencias objetivas de las leyes del mercado”. Esta dictadura se ha adueñado del poder político directo, y la adhesión de la socialdemocracia al discurso y a las exigencias del neoliberalismo económico ha producido de facto una forma de poder de “partido único”, precisamente el que está al servicio de la pequeña minoría de los “más ricos”.

Ya no hay ninguna diferencia en la práctica de los gobiernos de la derecha clásica o de la izquierda electoral tradicionalmente mayoritaria representada por los socialistas. Esta forma de partido único –el de los “neocons” en Estados Unidos– regula actualmente la “vida política”, de hecho la “vida despolitizada” en el Occidente europeo y norteamericano.

No hay ningún motivo para alegrarse de esta farsa siniestra. Pues la pérdida de legitimidad de la “democracia electoral” no va acompañada por el avance de una alternativa inventiva de formas nuevas y más avanzadas de una democracia real mejor. Esto vale tanto para Occidente como para los países del Sur: los pueblos constatan la deriva, pero finalmente acaban aceptando las consecuencias, a saber, la “marcha atrás” a todo gas. Para Francia, como para los demás países del centro imperialista, las ventajas que procura esta posición en el sistema mundial a la gran mayoría de los pueblos implicados están probablemente en el origen de la “adhesión” pasiva al liberalismo de los mercados.

Sin embargo, el porvenir sigue abierto. En Francia, la farsa electoral de la “República en marcha” no responde a ninguna expectativa de la amplia mayoría de los ciudadanos y de los trabajadores. La esperada adhesión de la derecha al proyecto supuestamente de “centro” no tardará en dejar al descubierto el verdadero rostro de Macron: el de un hombre de derechas al servicio del capital financiero y de las políticas neoliberales, y nada más. Como contrapunto, las luchas sociales, reforzadas por la emergencia de la fuerza política representada por “la Francia insumisa”, están probablemente llamadas a adquirir una mayor amplitud.

El falso “maremoto macronista” del que presumen los medios de comunicación pese a que no tiene relación alguna con la realidad de los hechos, corre el riesgo de ser de corta duración. Conviene saber, sin embargo, que la experiencia de las tres últimas décadas ha demostrado que las luchas sociales por sí mismas no son suficientes para detener la deriva de derechas y restablecer una dinámica de avances sociales que implique la superación de las estrategias defensivas y la cristalización de un proyecto alternativo positivo, auténticamente social y democrático.

Un proyecto de esta naturaleza tendrá que saber inscribirse, por la fuerza de las cosas, en una perspectiva más amplia y más larga, cuestionando de nuevo al orden mundial imperialista y al subsistema europeo atlantista que lo sostiene. Las condiciones de emergencia de las visiones de esta amplitud y de las estrategias de acción que avanzan en esta misma dirección, tendrán que ser recordadas y constituir el núcleo de los programas de debate de la izquierda radical, tanto en Francia como en el resto de Europa y en todo el mundo.

Traducido por Josep Sarret para El Viejo Topo.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 – COMCOSUR
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5) ¿Qué traman George Soros y el Club de las Islas?
Germán Gorraiz López (Alai)

Con Trump asistiremos al finiquito de la Unipolaridad de Estados Unidos y de su papel de gendarme mundial y su sustitución por la nueva doctrina de la Multipolaridad o Geopolítica Inter-Pares, formado por la Troika: EEUU, China y Rusia (G3), quedando de paso la UE, Japón, India y Brasil como convidados de piedra en el nuevo escenario geopolítico.

Así, en una conferencia pronunciada por Trump en la sede de la influyente revista política “The National Interest”, Donald Trump expuso las líneas maestras de su política exterior que podrían sintetizarse en su lema “Estados Unidos lo primero”, lo que de facto supondría el retorno al proteccionismo económico tras cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México (TLCAN) así como el TTIP y la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de la Administración Obama en su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico.

Ello sería un misil en la línea de flotación de los intereses geopolíticos del conocido como “Club de las Islas” con activos cercanos a los 10 trillones € y cuya cabeza visible según el espía ruso Daniel Estulin, sería el financiero y experto diseñador de “revoluciones de colores”, George Soros.

Soros y la trama anti-Trump

La primigenia CIA se habría transmutado en el llamado Departamento de Seguridad Nacional ( Homeland Security) y de la hidra-CIA habrían nacido 17 nuevas cabezas en forma de agencias de inteligencia que integrarían la Comunidad de Inteligencia de EEUU ( la Cuarta Rama del Gobierno según Tom Engelhardt) , agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo, verdadero poder en la sombra fagocitado por el “Club de las Islas” de George Soros y que se habría conjurado contra un Trump partidario de la Geopolítica Primus InterPares o G3 y constaría de una primera fase para torpedear el traspaso de poderes Obama-Trump mediante una “revolución patriótica o multicolor” en EEUU.

Así, según el portal Zero Hegde, las espontáneas manifestaciones populares anti-Trump habría sido inspiradas por el portal digital MoveOn.org, patrocinado por el ínclito Soros bajo el lema “Levántate y lucha por los ideales estadounidenses” y cuya segunda fase será truncar la carrera política de Trump por métodos legales (Impechement) o por métodos expeditivos (léase Magnicidio), tras lo que el Vice-Presidente Mike Pence asumiría la Presidencia y retornaría a la senda de las seudodemocracias tuteladas por el verdadero Poder en la sombra de EEUU (Cuarta Rama del Gobierno).

George Soros y la nueva Revolución de Colores contra Putin

Putin estableció como prioridad tras su primer nombramiento como Presidente en el año 2000, la Modernización de las Fuerzas Armadas, Infraestructuras de Transporte y Energéticas y el Desarrollo de Nuevas Tecnologías, (aeroespacial; robótica; bio-medicina; bio-combustibles y nano-tecnología) aprovechando la exuberante liquidez proporcionada por los ingresos del petróleo y con un presupuesto hasta el 2020 que alcanzaría la cifra ionosférica de 410.000 millones de euros.

Ello aunado con la rampante corrupción de las élites y la implementación de nuevos y gravosos impuestos a la ciudadanía habría provocado en la psiquis colectiva de la sociedad rusa el nacimiento de una creciente corriente anti-corrupción y antibelicista que tendría como iceberg las recientes protestas convocadas por el movimiento “Fondo de Lucha contra la Corrupción”, descontento que teledirigido por George Soros podría desembocar en una masiva movilización de la sociedad rusa para protestar contra la corrupción, militarismo y carestía de la vida, pudiendo reeditarse los disturbios y protestas sucedidas con Jruschov (represión del levantamiento de obreros de Novocherkaask, 1962), escenario que aprovechará Putin para defenestrar a su Primer Ministro Medvédev tras ser acusado “de corrupción manifiesta y negligencia peligrosa”.

Por otra parte, EEUU quiere evitar a toda costa que Putin se presente a la reelección en las previstas Elecciones Presidenciales de Marzo del 2018 en la certeza de que sería elegido Presidente hasta el 2024, por lo que procederá a la gestación de una trama endógena con el objetivo confeso de debilitar el otrora poder omnímodo de Putin en el Partido y en la Administración y posteriormente lograr su defenestración política mediante un golpe de mano incruento.

La paternidad de dicha trama sería atribuible al Club de las Islas pilotado por George Soros y al exiliado ex-empresario petrolero Jodorkovski (Rusia Abierta) y contará con la colaboración desde el interior del multimillonario y amigo personal de Putin, Arcady Rotenberg quien moverá a sus peones estratégicamente situados en puestos claves de la Administración, Mass Media, FSB y Ejército para tras una intensa campaña mediática contra Putin, lograr que el Tribunal Supremo ruso lo acuse formalmente de los mismos cargos con los que decapitó a la camarilla oligarca: abuso de poder, corrupción y delitos fiscales, culto a la personalidad y errores políticos, reviviendo el golpe de mano contra Jruschov y su sustitución por Leoniv Brézhnev en 1964.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA

1) Afganistán: Mujeres jóvenes. Arte, deporte y soltería, las armas de su revolución

2) Centroamérica: La unión hace la fuerza. Movimiento por despenalización del aborto

3) Colombia: Entrevista a la docente y gremialista Flor Patricia Silva Martínez

4) México: Premian a periodista por su trabajo con enfoque de género

5) Perú: Equidad de género en educación básica suscita controversia y rechazo
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 522/ Lunes 26 de junio de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) Afganistán: Mujeres jóvenes. Arte, deporte y soltería, las armas de su revolución
Pikara Magazine

El estadio de deportes de Kabul era el lugar donde los talibanes cortaban las manos o ejecutaban a quienes no cumplían sus preceptos. Allí, por ejemplo, mataron a Zarmina, una madre afgana con siete hijos que se convirtió en la primera mujer ajusticiada en público por el régimen de los talibanes en noviembre de 1999. ¿Su delito? En teoría, haber asesinado a su marido. Los talibanes descerrajaron a Zarmina un tiro en la cabeza en medio del recinto deportivo.

En la actualidad el estadio de Kabul se vuelve a utilizar para lo que fue construido: para hacer deporte. Y no sólo es un lugar para hombres. Chicas afganas juegan al fútbol en su césped, y otras practican boxeo en el sótano, habilitado como gimnasio. La mayoría son universitarias o alumnas de instituto que pertenecen a familias de clase social media o alta. Es la imagen más significativa de que Afganistán ha cambiado: existe una nueva generación de mujeres afganas.

“Mi primo practicaba boxeo y me empezó a picar la curiosidad”, justifica así Sadaf, de 18 años, su interés por pegar puñetazos. La joven nació en Afganistán pero pasó su infancia en Irán hasta los nueve años. Allí empezó a jugar al fútbol. Cuando regresó a Kabul, sustituyó las botas por los guantes y en 2012 se convirtió en la promesa de la sección femenina de la Federación de Boxeo de Afganistán, que por primera vez se constituyó en el país tras la caída del régimen fundamentalista en 2001. Nunca antes en Afganistán las mujeres se habían puesto los guantes.

“Creamos la sección femenina porque muchas chicas nos lo pedían”, argumenta el entrenador jefe de la federación, Nesar Ahmad Qarizada. Además, una organización afgana, Cooperation for Peace and Unity, se ofreció a ayudar a las muchachas que se atrevieron con tal reto. Les financió las camisetas, el transporte desde casa hasta el lugar de entreno y les pagaba 100 afganis (26.55 pesos mexicanos) por cada día que fueran a boxear. Aun así pocas se apuntaron. En Afganistán está mal visto que una mujer haga deporte. Ya ni hablar de que boxee.

En 2012 unas 30 jóvenes llegaron a practicar boxeo en Kabul. Todo un récord. Sadaf era una de las mejores y estuvo a punto de participar en los Juegos Olímpicos de Londres. Incluso se organizó una campaña internacional de recogida de firmas en su apoyo, pero al final el Comité Olímpico declinó su asistencia al considerar que la joven no estaba lo suficientemente preparada y podía regresar a casa con la cara hecha un mapa.

“¡Venga, venga!”, “¡dale, dale!”, “¡pásala!”, gritan las jóvenes futbolistas mientras corren detrás del balón en el estadio. En Kabul existen 16 equipos de fútbol femeninos que, como la sección de boxeo para mujeres, surgieron tras la caída del régimen talibán. Son una gota en el océano, pero no por ello esperanzadora.

“Me empezó a gustar el fútbol porque hay un equipo en mi colegio”, afirma Sara, de 14 años, que juega de centrocampista y estudia en un instituto en Kabul. Su futbolista preferido es Cristiano Ronaldo, asegura. Y su equipo, el Real Madrid. Los equipos españoles causan furor en Afganistán.

En 2013 se celebró la primera liga de fútbol femenina en el país asiático, pero se realizó con la máxima discreción. La Federación de Fútbol de Afganistán hizo poca publicidad de la competición para evitar posibles problemas en una sociedad tan sumamente conservadora como la afgana. La entrada al campo se restringió a los familiares de las jugadoras exclusivamente y, en consecuencia, cuatro gatos fueron a ver los partidos de fútbol. Las gradas estaban casi vacías.

Un año más tarde, el Gobierno permitió que se emitieran por la televisión algunos partidos de la liga femenina. Supuso un paso de gigante: que jóvenes afganas aparecieran en la pequeña pantalla corriendo detrás de un balón fue toda una revolución, aunque fueran cubiertas de pies a cabeza.

Shamsia y su revolución de spray

Shamsia también califica de “revolución” lo suyo. Y no es para menos en un país donde la mujer casi no participa en la vida pública y hay kilómetros de paredes de hormigón en todas las ciudades, que sirven para proteger los edificios oficiales de un posible atentado con bomba.

La chica, de 28 años, es una de las pocas grafiteras que existen en el país. Suele pintar a mujeres con burka, a las que después envuelve con burbujas. “Son como peces. Las burbujas simbolizan las palabras que las mujeres querrían decir y no dicen, porque en Afganistán no se les da voz“, explica la muchacha.

Como Sadaf, Shamsia también creció en Irán en el seno de una familia afgana. De hecho, la mayoría de jóvenes intelectuales que viven en Afganistán en la actualidad crecieron durante el exilio. En países como Irán o Pakistán, mucho más avanzados en comparación a Afganistán, donde existe una clase alta intelectual, la posibilidad de acceder a una educación de calidad, y estándares de vida similares a los occidentales en muchas ocasiones.

En cambio, en Afganistán más del 70 por ciento de la población es analfabeta, la mayor parte del país no tiene acceso a la electricidad y los “señores de la guerra” son quienes concentran la mayor parte del poder adquisitivo.

A pesar de ello, Shamsia no consiguió hacer realidad su sueño en el país vecino. “En Teherán, los refugiados afganos no podíamos estudiar la carrera de Bellas Artes. Había pocas plazas y todas estaban reservadas para los iraníes”, relata. En el país de los ayatolás, las personas afganas se consideran ciudadanas de segunda.

En Kabul, Shamsia hizo un taller sobre grafitis y la técnica le fascinó. Después estudió Bellas Artes en la universidad y así saltó al mundo del spray, pero encontrar lugares para pintar no es fácil. Paredes en Kabul no faltan. Lo que resulta inconcebible en Afganistán es que una mujer pinte, y menos aún en medio de la calle.

“Yo me quedaré soltera”, afirma convencida Shamsia, que considera imposible encontrar un hombre en Afganistán que la comprenda. “Soy una chica diferente”, musita. Sadaf arguye lo mismo. “En Afganistán no encontraré a un marido que me permita boxear”, declara. Ella también prefiere quedarse soltera.

Solteras, para decidir

El matrimonio en Afganistán es un acuerdo entre dos familias, y no la unión entre dos personas que se aman. Es decir, los cónyuges no se casan porque se quieren, sino simplemente porque sus respectivas familias llegan a ese pacto teniendo en cuenta toda una serie de factores, como el estatus social, la tribu, la etnia, pero nunca el amor. De hecho, existen pocas ocasiones en Afganistán en que un hombre y una mujer puedan tener una relación íntima.

En los lugares públicos está mal visto que un chico y una chica se citen si no están casados. Deben hacerlo a escondidas. Y las familias suelen proteger con celo a sus hijas cuando llegan a la pubertad. No les permiten que tengan relación, y que ni tan siquiera sean vistas por varones que no pertenecen a la familia.

En consecuencia, la endogamia es habitual. No existen datos fiables sobre enlaces matrimoniales en Afganistán, pero se calcula que casi la mitad de los casamientos se celebran dentro de la propia familia. Incluso se considera normal que alguien contraiga matrimonio con su prima o primo hermano. En cambio, es excepcional que una pareja se case por amor por todo lo que eso comporta.

En primer lugar, saltarse las convenciones sociales: si un hombre y una mujer no se pueden relacionar, ¿cómo se enamoraron entonces? Y en segundo, enfrentarse a sus propias familias e ir en contra de toda la estructura social. Es como si en Occidente una joven pretendiera que sus padres le buscaran cónyuge al considerar que la conocen bien, en vez de buscar por sí misma a la persona a quien ama. Se la consideraría loca de remate. En Afganistán ocurre lo mismo, pero al revés.

Una chica que diga que quiere casarse con un hombre de quien se ha enamorado, y no con aquél que sus padres han escogido para ella -y de quien, en consecuencia, tienen referencias-, se considera que se le ha ido la cabeza. Es un círculo del que nadie puede escapar. Es igual la clase social a la que se pertenezca o los estudios cursados. Toda la sociedad se basa en el mismo engranaje. Y Sadaf y Shamsia lo saben.

Sara contrajo matrimonio a principio de 2014. Desde entonces no volvió a aparecer en el estadio de Kabul para entrenar a fútbol. Su esposo no le permitió jugar más. En Afganistán es costumbre que el hombre pague dinero por la mujer con quien se quiere casar. La religión islámica prevé que la chica reciba dinero o una dote (mahr) de su prometido como garantía para su sustento en caso de que en el futuro se divorcie o se quede viuda.

Pero en Afganistán la mujer no se queda con ese dinero, sino que lo hace su familia como si se tratara de una especie de compensación por desprenderse de la hija. Tras la boda, la novia se va a vivir a casa de su familia política.

El dinero que los hombres deben desembolsar cuando contraen matrimonio es una cantidad muy elevada, a veces exagerada. Puede llegar a los 7 mil euros (141 mil 718.30 pesos mexicanos) en un país donde el sueldo medio de un funcionario es de unos 160 euros (3 mil 239.28 pesos mexicanos) al mes. Para conseguir ese dinero, el hombre debe trabajar duro o endeudarse para el resto de su vida. Por eso, una vez casado, considera que su mujer es suya y puede hacer con ella lo que le dé la gana y decidir sobre su futuro, pues para eso ha pagado por ella.

En las bodas en Afganistán lo que más llama la atención es la cara de la novia: totalmente seria, a menudo a punto de romper a llorar. Soraya Sobhrang, responsable de temas de mujer en la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, en sus siglas en inglés), calcula que el 60 por ciento de las jóvenes afganas es obligada a casarse a la fuerza y antes de los 16 años, a pesar de que va en contra de la ley. Aun así opina que los cambios son posibles. “Hace diez años nadie se hubiera imaginado que una mujer jugaría a fútbol, haría boxeo o pintaría grafitis en Afganistán. Todo es cuestión de tiempo”, declara. Tal y como ocurrió en Occidente.

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2) Centroamérica: La unión hace la fuerza. El movimiento por despenalización del aborto
Calala fondo de mujeres

3 de los 7 países en el mundo que penalizan absolutamente el aborto están en América Central. La buena noticia es que las organizaciones de mujeres y feministas y otras organizaciones afines de la región están decididas a cambiar esta situación.

Para ello se articulan en La Sombrilla, una red centroamericana de organizaciones que defienden los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Esta red se creó recientemente para fortalecer la voz de los países centroamericanos dentro de los espacios de articulación latinoamericanos, debido a la grave situación de ataque y ausencia de estos derechos en la región. Calala Fondo de Mujeres apoyamos, con fondos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el fortalecimiento de esta red.

Los pasados 20 y 21 de mayo se celebró en Suchitoto, El Salvador, el encuentro “Sombrilla Centroamericana, organizaciones por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, organizado por este espacio de articulación con el apoyo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC). Contó con la participación de más de cien personas, más de setenta organizaciones de todos los países de la región centroamericana y observadoras de República Dominicana, Chile, Estados Unidos y México.

El Encuentro permitió articularse de cara a la III Conferencia Regional de Población y Desarrollo (III CRPyD) que se celebrará en El Salvador. La primera parte del encuentro sirvió para actualizar los conocimientos alrededor de la Conferencia, para luego, en la segunda, establecer medidas de acción y consensuar el grupo regional que dará seguimiento a las actividades planificadas para enfrentar, como grupos feministas y proderechos sexuales y reproductivos, la agenda de la III CRPyD.

Se realizó un mapeo de la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos en cada país de la región, teniendo en cuenta la coyuntura política y organizativa de cada uno de ellos. Y se contó con la participación de Nohemí Espinoza, de la División de Gobernabilidad y Asuntos Multilaterales del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) que habló sobre el papel de Naciones Unidas y los actores claves que intervienen en la agenda de población y desarrollo.

Contexto político actual. ¿Qué retos hay frente a la Conferencia?

Se confirma que existe una resistencia de los representantes de los países en Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, ante lo que plantea el Consenso de Montevideo, los acuerdos para reforzar la implementación de los asuntos de población y desarrollo después de 2014, que se tomaron al término de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Hay una fuerte resistencia por parte de los países africanos, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y con el lobby de los grupos conservadores para incluir cualquier elemento en las políticas internacionales de desarrollo que hable de derechos sexuales y derechos reproductivos. La batalla fue dura durante los acuerdos de la Agenda 2030 y se constata que se está retrocediendo a consensos previos a 1994 que dejan fuera todos los avances conseguidos desde entonces. Este es el contexto de la conferencia de este año. Precisamente, AWID acaba de publicar un informe en el que explica como los grupos fundamentalistas anti derechos se están articulando en estos espacios internacionales para intentar minar los avances que tanto han costado al movimiento feminista.

Ante esta situación, el rol de la sociedad civil es más importante que nunca. La Agenda 2030 hace un llamado a la acción de la sociedad civil, pero quien primer está respondiendo a este llamado son los grupos anti-derechos. Hay que fortalecer los intentos de articulación regional e internacional, yendo más allá de los mecanismos ya existentes que dejan fuera a las nuevas organizaciones y que no están interesados en los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es prioritario que los espacios de la sociedad civil promuevan y defiendan los acuerdos del Consenso de Montevideo.

La Sombrilla es uno de estos espacios de articulación tan necesarios, y desde Calala tenemos el compromiso de apoyarlo, movilizando recursos para que lleguen a las organizaciones de mujeres que la lideran.

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3) Colombia: Entrevista a la docente y gremialista Flor Patricia Silva Martínez: “El gobierno de Santos habla de paz pero mata de hambre a su pueblo”
Nodal

La secretaria general de la Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca, un sindicato independiente que participa activamente en la lucha que están llevando adelante los maestros colombianos.

Quién es la entrevistada: Flor Patricia Silva Martínez es la secretaria general de la Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca (ASIEVA), un sindicato independiente que participa activamente en la lucha que están llevando adelante los maestros colombianos. En este diálogo con Nodal, Silva Martínez se explayó sobre las causas y elementos que caracterizan al paro de los docentes que se mantiene desde hace cuatro semanas.

¿Cuáles son los motivos y causas que los llevaron a realizar este paro de docentes que ya lleva un mes?

Luchamos por la defensa de la educación pública como derecho fundamental. Exigimos que se otorguen los recursos necesarios para que nuestros niños y niñas puedan gozar de este derecho en condiciones dignas. Para que esto sea posible es necesario que el Estado colombiano incremente y garantice las fuentes de financiación de la Educación Pública hasta un 7.5% del PBI. Hay reivindicaciones de tipo salarial y económico que beneficiarían a los docentes y sus familias, peticiones por demás justas y necesarias, teniendo en cuenta que en Colombia los maestros tenemos uno de los salarios más bajos de la región, comparados con las tablas salariales de otros países vecinos.

¿Por qué deciden mantener la medida de protesta y qué tiene que suceder para que se llegue a una solución?

Decidimos sostener el Paro Nacional del Magisterio hasta que el gobierno muestre voluntad política para la negociación. Las propuestas del gobierno son irrisorias. Además, opera con una campaña de desinformación que tergiversa toda la realidad del contexto laboral y salarial del magisterio colombiano, dando unas cifras de salarios que dan muestra como mínimo del desconocimiento de la Ministra de Educación –Yaneth Giha- y del Presidente Juan Manuel Santos frente a este tema. Por esto, creemos que es necesario permanecer en resistencia.

Más información sobre el tema: www.nodal.am/2017/06/paro-de-docentes-en-colombia-miles-de-maestros-se-movilizaron-en-la-toma-de-bogota/

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4) México: Premian a periodista por su trabajo con enfoque de género
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras

Brisa Gómez, periodista de Xalapa, Veracruz, recibió junto con otros tres periodistas un reconocimiento por su trabajo periodístico con visión de género. En esta entrevista, Gómez habla del autoexilio que hacen las y los periodistas que sufren agresiones e hizo un llamado a que se esclarezcan los crímenes contra personas comunicadoras.
Escuchar este reporte de Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir en: www.vocesnuestras.org/2017-06-15/mexico/mexico-premian-periodista-veracruzana-brisa-gomez-su-trabajo-enfoque-genero

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5) Perú: Equidad de género en educación básica suscita controversia y rechazo
Alai / Madeleine Zúñiga

Desde la aprobación de un nuevo currículo nacional que tiene la equidad de género como uno de sus principios y metas, el Ministerio de Educación peruano ha sido cuestionado por grupos conservadores que han llegado hasta demandar al Ministerio reclamando la abolición del plan de estudios y detener su implementación. Argumentan que el término “género” y su inclusión en el currículo no fueron consultados a madres, padres y escuelas privadas y el 16 de febrero de 2017 pidieron a la Corte abrir un proceso de acción popular constitucional para detener la implementación del currículo y eliminar la palabra “género” de él. Paralelamente a esta demanda, se inició una campaña nacional fuerte con el lema “No te metas con mis hijos” en diferentes medios de comunicación, así como visitas a las escuelas estatales en los distritos populares. Ellos reclaman su derecho a decidir lo que sus hijas e hijos deben aprender y dónde.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en defensa del Ministerio de Educación, ha rechazado todos los cargos con fundamentos legales y ha pedido a la Corte que declare el proceso improcedente o infundado. Sin embargo, la Corte ha aceptado la demanda y pronto deberá emitir una resolución sobre ella.

El nuevo Currículo Nacional para la Educación Básica fue aprobado en junio de 2016 y se implementa gradualmente a partir de enero de 2017. Como expresión del derecho a una educación de calidad, pretende una educación integral de los estudiantes que le brinde las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y deberes, le permite responder a las diversas demandas de nuestro tiempo, como el desarrollo sostenible, y una ciudadanía que reconoce todos los derechos humanos para vivir en una comunidad inclusiva y no discriminatoria basada en valores democráticos. “(El currículo) permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica.”

El enfoque de derechos humanos se puede encontrar fácilmente a lo largo de todo el currículo, como podemos leer en la narrativa de dos de los rasgos del perfil de una/un estudiante al final de sus estudios, “Asumen la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo”. “El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno”.

A pesar de estos contenidos del currículo, es la equidad de género lo que molesta a los grupos conservadores como Padres en Acción. Argumentan que no es un enfoque sino una “ideología de género” lo que está presente en el currículo y va en contra de los valores familiares. Sostienen fielmente esa posición y han encontrado eco en la Corte. En mayo pasado, la Primera Sala de la Corte Suprema no pidió a las instituciones especializadas en derechos humanos y educación (Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, UNESCO) que asistieran a una audiencia, sino que convocó a una nueva asociación de padres para presentar los mismos argumentos del grupo que demandó a la Ministerio de Educación.

Las organizaciones de sociedad civil respaldan el currículo y destacan que el enfoque de equidad de género está contribuyendo progresivamente a erradicar las prácticas discriminatorias que violan los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Su defensa es una condición legal, ética y esencial para consolidar la democracia y la justicia en nuestra sociedad. La alta tasa de embarazo adolescente, de violaciones sexuales, de los feminicidios y la discriminación persistente contra las niñas y las mujeres exigen cambios urgentes en la educación de nuestra sociedad, comenzando en la escuela.

La equidad de género está presente en la Ley General de Educación (2003); se reconoce como principio en la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Además, el Estado peruano se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015. El ODS4 tiene como objetivo lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa; el ODS5 tiene como objetivo lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

El nuevo currículo es un instrumento fundamental para generar un cambio estructural, dar a los niños y niñas y a las nuevas generaciones un futuro con mejores condiciones, mayor bienestar y herramientas para protegerse contra el abuso, la impunidad y la violencia de género en sus diferentes expresiones.

Por todas estas razones, las autoridades peruanas no pueden permitir que se refuerce la discriminación o se viole el derecho a una educación de calidad dirigida a prevenir la violencia, ya que violaría la Convención contra la Violencia contra las Mujeres (CEDAW), la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención de los Derechos del Niño. Todos estos instrumentos jurídicos internacionales tienen rango constitucional en nuestro país. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen la oportunidad de apelar a la Corte, ya que la demanda contra ellos está violando derechos constitucionales.

Las organizaciones de la sociedad civil instan a las autoridades a que rechacen las campañas discriminatorias para evitar retrocesos en la lucha contra la discriminación; al mismo tiempo, solicitan que se fortalezca y dé prioridad al enfoque de equidad de género en las políticas públicas, entre ellas, las políticas educativas, como el currículo. Así se reafirmará el compromiso del Estado de promover una verdadera sociedad democrática e igualitaria.

Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), que forma parte en la Plataforma por el Derecho a la Educación y la Igualdad.

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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora se puede seguir a Comcosur también en Facebook
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REPORTAJE A JOSÉ LOPEZ MAZZ

AL DÍA:

1) Reportaje a José López Mazz

2) Centro Militar suspendió homenaje a Gregorio Álvarez

3) El secuestro de Universindo y Lilián en Porto Alegre en 1978

4) Los embarazos, “daños colaterales” de la MINUSTAH

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2131 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 23 de junio de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Reportaje a José López Mazz
Sacaron lo que pudieron
Ignacio Martínez (La Diaria)

El antropólogo y arqueólogo José López Mazz conversó con la diaria en el Laboratorio de Arqueología y Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Durante la charla remarcó que los debates en torno a los desaparecidos lo “incomodan mucho” porque “debilitan un tema que merece muchísimo respeto”, pero que le “da pena” que “una causa tan noble, que la sociedad respaldó tanto, desaparezca así” y quede como “un asunto de cuatro o cinco en un cuartito”. López Mazz estuvo a cargo de la búsqueda de restos de desaparecidos entre 2005 y 2014. Volvió a estar en el tapete este mes gracias a diversas declaraciones a varios medios de prensa, en las que señaló, entre otras cosas, que es probable que todavía queden restos de desaparecidos en los batallones 13 y 14.

–¿Por qué sus últimas declaraciones generaron tanto revuelo?
–Porque la gente quiere saber qué está pasando. En agosto se van a cumplir tres años desde que me fui. Yo siempre defiendo que la lucha por la búsqueda de los desaparecidos es un patrimonio de toda la sociedad y no es el monopolio de ningún grupo pequeño, con todo respeto. Cuando yo trabajaba me encargaba de colgar los informes para compartir la información que orientaba la investigación. La gente es solidaria pero no incondicional. Eso es evidente. A mí todo el mundo me para y me dice: “Bo, ¿en qué está?”. “No sé, hace tres años que no trabajo más”, pero me queda clarísimo que la gente quiere saber y tiene derecho a saber. Porque si se consiguió que el Poder Ejecutivo de tres gobiernos apoyara, es porque fueron sensibles con la demanda social. Hay que ser generoso y devolver eso, informando.

–¿Por qué se fue hace tres años?
–Tenía problemas, porque la estrategia de trabajo que quería llevar adelante se complicaba. Había una abogada de [Madres y] Familiares [de Detenidos Desaparecidos] que me decía que no había que excavar aquí sino allá. Yo entiendo que somos muchas personas que participábamos en el tema de los derechos humanos y los desaparecidos, pero la investigación arqueológica es un trabajo científico que va por un lado, no es que se pone al servicio de la estrategia de la abogada. Y también con el tema de la [Operación] Zanahoria. “No hables de esto ni de lo otro”. A mí no me dice nadie de qué tengo que hablar o dejar de hablar.

–¿Qué información manejó que, a su criterio, confirmaba la Operación Zanahoria?
–Primero, la que manejó Presidencia desde el principio, que había recabado Gonzalo Fernández [secretario de Presidencia entre 2005 y 2008] en el primer gobierno de [Tabaré] Vázquez; era de calidad y la obtuvo de primera mano. Después, testimonios que me trajeron algunos parlamentarios, de personas que querían colaborar y mostraron lugares donde habían visto trabajando las máquinas que buscaban los cuerpos, a partir de 1983, cuando ya volvía la democracia; no sabían si iba a existir una ley de caducidad y querían tranquilizar a los militares para que devolvieran el poder a los civiles. Yo insisto en eso: hay un agujero histórico, hace mucho mal negar la Operación Zanahoria, porque fue un pacto cívico-militar y la gente tiene derecho a saber. Porque [Julio María] Sanguinetti vende una cosa muy interesante de la “transición en paz” y todo eso, pero atrás están estas cosas.

–¿Desde 1983 hasta qué año se habría llevado a cabo la Operación Zanahoria?
–Habría llegado hasta ya entrada de la democracia. Y no sólo se movieron de los batallones militares: teníamos denuncias de cementerios rurales a donde llegaban vehículos del Ejército y metían huesos, que entreveraban con otros. En Cerro Largo y Tacuarembó, donde fuimos a trabajar.

–¿Tuvieron alguna certeza cuando fueron a trabajar en esos cementerios?
–Pasó algo interesante. Todos los cementerios dependen de la órbita municipal, pero en 1983 hay una orden de todos los cementerios de los diferentes departamentos para sacarles las chapas a todos los restos de NN [“nombre desconocido”] y entreverarlos en los osarios. De repente, tenés 100 años de gente que no reclamó los cuerpos amontonados; es un agujero como los de las tapas sépticas, lleno de agua. Al cementerio de Rocha mandaron ocho o nueve cuerpos recogidos en la playa en la misma fecha. Fueron al osario por una orden, está escrito en el libro hasta el día de hoy. Fue todo un movimiento. El ocultamiento de los cuerpos como parte de la estrategia de eliminar a los enemigos es una cosa vieja, y no sólo pasó acá. En Chile hicieron una Operación Zanahoria similar, que se llamó Retiro de Televisores.

–La versión de la Operación Zanahoria ya había aparecido mediante la Comisión para la Paz, al principio de los 2000. En aquel momento se decía que los militares habían desenterrado los cuerpos para luego cremarlos y tirar las cenizas a la bahía.
–La primera vez que apareció esta versión la pusieron los militares en la Comisión para la Paz, y entiendo perfectamente por qué los familiares se pusieron de punta, ya que era una manera de dar una justificación y de desestimular que se fuera a buscar [restos]. Pero después, con el tiempo, vimos que hubo un intento, entonces, yo me refiero a eso, no a la versión zanahoria en los términos que presentaron los militares en la Comisión para la Paz, que era la manera de decir “no busquen nada, que no vale la pena”.

–En una nota publicada en La República en agosto de 2014, cuando usted ya se había ido de la investigación, integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense dijeron que hasta ese momento no existía “evidencia científica” que permitiera afirmar la existencia de la Operación Zanahoria, y agregaban que los cuatro cuerpos que fueron hallados, de Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco, estaban en “posición primaria”, por lo tanto “no fueron removidos luego de su inhumación”.
–Me hubiera gustado mucho debatir esto, porque la gente que quedó en mi lugar presentó el mismo trabajo en dos congresos de antropología forense, y yo pido ese trabajo para responderlo y no me lo dan. Estoy a las órdenes para discutir la Operación Zanahoria. En ciencia discutimos, pero esto no es ciencia, es amigarse con el que te va a pagar, para no perder el trabajo.

–Pero esos cuatro cuerpos evidentemente no fueron removidos.
–Yo nunca dije que la Operación Zanahoria hubiese sido exhaustiva, y nunca se dijo en ninguna de las versiones. Los tipos sacaron lo que pudieron. Además, muchos que enterraron gente en la noche no querían decirles a otros militares dónde estaban. También escuché versiones de que los propios militares querían tener la lista total de dónde estaban todos enterrados, y no lo consiguieron, porque entre ellos había mucha desconfianza. Ahora, está clarísimo, a mí me traen a una persona que me dice: “Yo vi una máquina trabajando allá”, me paso seis meses desmalezando y encuentro las huellas de las herramientas que el tipo me dice, y después empiezo a mirar las fotos aéreas, y encontramos a Blanco y a Castro, al costadito; son los cuerpos que se les escaparon. Entraron al monte y enterraron a la gente, pero cuando la fueron a buscar para la Zanahoria, no podían mover una máquina dentro del bosque. Tú mirás las fotos de 1986, y hay dos claros, y los dos cuerpos que encontramos están a la periferia de los claros, y dentro están todas las huellas de las máquinas.

–¿Trabajaron mucho con fotos aéreas?
–Hay una técnica de trabajo que puso a punto gente que buscó resolver este problema antes que nosotros, de la Comisión internacional sobre Personas Desaparecidas de la ex Yugoslavia, y ahí hay un arqueólogo y antropólogo que fue el primero que sistematizó los procedimientos. Si tenés que trabajar en áreas grandes, las fotos aéreas son una ayuda brutal, siempre y cuando tengas fotos cada tanto tiempo, porque te permite darte cuenta de cuándo hubo movimiento. Y otra cosa: hay restos parciales que corresponden a dos cuerpos más, a los que sistemáticamente no mencionan, y tenés las huellas y todo revuelto por las mismas herramientas que mencionan los informantes. Ves en el bosque que tuvieron toda esa prueba, y encima aparecen dos huesos pertenecientes a una quinta y a una sexta persona, de los que no se pudo obtener material para saber la identidad, pero están encontrados, son restos residuales de cuerpos removidos en áreas donde está la tierra dada vuelta. En el [Batallón] 13, atrás del arco de la cancha de fútbol donde todo el mundo dice que estaba la gente enterrada. ¿Qué quieren? ¿Un certificado del Latu?

–La semana pasada hablé con integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia [GTVJ], que me decían que la búsqueda de desaparecidos ha continuado, pero no se han encontrado más restos porque no hay declaraciones específicas sobre los lugares donde están enterrados. Ejemplificaron con que el cuerpo de Miranda lo encontraron porque alguien dio una indicación específica.
–Hay un intento de bajarle el perfil al trabajo que hicimos, de que todo lo que encontramos fue porque nos señalaron los lugares. Eso lo dice [Samuel] Blixen, y está equivocado; le están cantando mal a la oreja. Es verdad que en el caso de Miranda coincidió con un mapa que llegó, pero nosotros estábamos trabajando en ese lugar. Trabajando con fotos aéreas, vimos que de un momento para el otro, contra el [arroyo] Miguelete, donde antiguamente había conjuntos de árboles, de repente los militares en esta época [de la Operación Zanahoria] forestaron todo, y se nos ocurrió que era una actividad de enmascaramiento. Agarramos toda el área forestada, la cuadriculamos y excavamos; llevó mucho tiempo, y cuando estábamos a dos metros del cuerpo, vino la información que nos llevó a buscar el falso lugar donde estaba María Claudia García de Gelman. Nos sacaron cuando teníamos el cuerpo de Miranda allí.

–Integrantes del GTVJ también me dijeron que el Batallón 14 tiene 400 hectáreas, por lo tanto, si no hay alguien que diga “el cuerpo está acá’”, hay que dar vuelta esas 400 hectáreas.
–Quienes dicen eso no son arqueólogos. Hay técnicas para trabajar. Ellos piensan que los argentinos del EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] son mejores técnicos que nosotros. También ha habido una cristinización en este proceso; el hecho de sacar la búsqueda de la Universidad [de la República] y llevarla a una ONG es el modelo del equipo argentino. Cada país tiene su identidad. Aquí lo que le da rigor y confidencialidad es una institución que específicamente se encargue, como la Universidad, que hace concursos y sabés a qué te atenés con la calidad. Ahora se volvió igual que el equipo argentino. Hubo cosas que nosotros aportamos en esos años a la arqueología forense, reconocidas por el EAAF. Por ejemplo, ellos no habían investigado en batallones y nosotros sí. No es que ellos son los mejores y nosotros… Y las 400 hectáreas se achican cuando te arrimás con fotos áreas y testimonios.

–Si para usted era muy importante la búsqueda de los desaparecidos, ¿por qué no se quedó investigando y trató de superar las presiones?
–Y sí, durante un año y medio o dos quise hacerlo, pero ya me tenían podrido. La abogada de Familiares lo dijo delante del fiscal [Ariel] Cancela y de todo el mundo: “Ahí no hay que excavar, hay que excavar acá”. Y yo me levanté y me fui. Pero soy un científico y tengo trazabilidad, no soy un espía del imperio. Es un tema delicado, tenemos que poner las cosas arriba de la mesa.

–Mientras buscaban en los batallones, los militares los filmaban. ¿Con cámaras fijas?
–A veces estaban las cámaras fijas y había equipos. Ellos trasladaban un ómnibus entero que tenían, con controles. Por un lado, eso les daba a los militares la seguridad de que nosotros no instalábamos un hueso, y decían que, por otro lado, nos daban seguridad a nosotros de que nadie iba a entrar de noche a sacar algún hueso. La historia dirá, pero eso fue parte importante de nuestro trabajo: haber empezado en las condiciones en que trabajábamos e ir abriendo la brecha. El primer día que pude entrar, me encontré parado con mis estudiantes en un batallón, con las palas, y nadie me dio un mapa ni un dato. Nos tiraron para dentro del batallón, y ahí tuvimos que ordenarnos. Pensábamos que la investigación histórica podía aportar algo sobre el lugar donde están enterrados los desaparecidos, pero no lo ha hecho. Y decirle a la gente que la investigación histórica puede hacerlo es crear falsas expectativas.

–Pero todavía hay muchos documentos que no se han analizado.
–¿A vos te parece que alguien va a poner “hoy maté a alguien a las ocho de la noche y lo enterré atrás de no sé dónde”?

–¿Usted tiene la convicción de que en los batallones 13 y 14 sigue habiendo restos?
–Sí. Y pienso que en los lugares donde había más gente enterrada, cuando hicieron la Operación Zanahoria, a algunos los redepositaron no muy lejos. Es una hipótesis mía, tengo derecho a tenerla como investigador que trabajó diez años en un tema. Esto no es un tema fácil, trabajé todo lo que pude en la tierra, donde no había construcciones. Fuimos dejando de lado las construcciones, y se plantea si no han enterrado gente en los pisos de los galpones enfrente al 300 Carlos o en otros lugares en el 14. Teníamos la información, y está en la base de datos de Presidencia. Siempre existió, sólo que era más fácil remover tierra que levantar una construcción. Entonces, yo fui dejando, naturalmente, esos lugares que eran más complicados.

–¿Usted encontró resistencia entre los militares cuando trabajaba en los batallones?
–No, yo nunca vi problemas. Chicaneadas y chiquitajes, cosas así, puede haber habido muchas. Me hubiese gustado que un galpón pegado al Batallón 13, donde yo quería trabajar en el piso, lo hubiesen vaciado más rápido, por ejemplo. Fue justo cuando me fui, tardaron muchos meses en vaciarlo, pero no puedo atribuir esto a una mala intención. Y había que bancarse las filmaciones. Pero yo también puse condiciones. Cuando decidieron que nos iban a filmar, dije que no aceptaba sonido de ninguna manera, porque es un trabajo rutinario, y tenés derecho a charlar con tu compañero.

–¿Filmar no era una forma de intimidar?
–Yo no me sentía intimidado. En el momento teníamos mucha fuerza, porque empezábamos un trabajo respecto del que había una expectativa muy grande en la sociedad, y me sentía muy cargado, con la responsabilidad de ir para adelante con eso.

–¿Piensa que no se le reconoce ese trabajo?
–No. Si el otro día un periodista de TNU me dijo: “Pero sólo encontraste cuatro cuerpos”. Yo no soy un delantero que se mide por goles. Capaz que son los únicos que se encuentran; ojalá que no. Pero constataron hechos históricos que estaban en discusión. No es que a Castro lo sacudieron y se murió del corazón: tenía un balazo en la cabeza. Es más que el hallazgo, es historia en el sentido más contundente.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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2) Centro Militar decidió suspender el homenaje a Gregorio Álvarez
(Montevideo Portal)

El Centro Militar suspendió el homenaje a Gregorio Álvarez, luego de que el Comandante en Jefe del Ejército prohibiera a los militares en actividad de su fuerza concurrir. El Ministerio de Defensa aclaró este jueves que no mantiene ninguna relación con las actividades organizadas por el Centro Militar, luego de que la organización de militares retirados anunciara su intención de organizar un homenaje al ex dictador Gregorio Álvarez.

Desde la cartera recordaron que el Centro Militar es una “asociación civil” que, si bien está integrada por ex militares, no guarda relación institución con el Ministerio de Defensa o el Ejército Nacional. Por ese motivo, la secretaría de Estado encabezada por Jorge Menéndez no tiene injerencia en los actos previstos por la organización.

La decisión de organizar un homenaje al “Goyo” Álvarez surgió en virtud de que en julio se cumplen seis meses del fallecimiento del ex militar. Según informó el semanario Búsqueda, ya se habían cursado invitaciones para el acto que era parte de una serie de homenajes a socios del Centro Militar fallecidos mientras cumplían penas de prisión por hechos ocurridos en la dictadura.

El jueves el coronel Carlos Silva dijo a Montevideo Portal que el acto se realizará de todas maneras, aunque no confirmó la fecha, señalando que había sido postergado por un tema de logística. Sin embargo este viernes Silva confirmó la suspensión del acto. El homenaje preveía la colocación de una placa en recuerdo de Álvarez “como se le hace a cualquier asociado fallecido”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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3) El secuestro de Universindo y Lilián en Porto Alegre en 1978
Los gobiernos del FA “han sido grandes gatopardistas” en el tema de los DDHH, según integrante de Serpaj
(La Diaria)

“Una pareja y dos niños uruguayos que viven en Porto Alegre están desaparecidos desde hace una semana. Los nombres son Lilián Celiberti de Casariego y Universindo Rodríguez Díaz, y los niños se llaman Camilo y Francisca. ¿Hola?… ¿Me escuchas?”. Sí, del otro lado del tubo estaban escuchando, y con mucha atención. Era 17 de noviembre de 1978. El periodista brasileño Luiz Cláudio Cunha –de la revista Veja– se apersonó en el lugar que le habían indicado en el llamado anónimo, junto con un fotógrafo de la revista. Allí se encontraron con los ojos nerviosos de una mujer que les abrió la puerta y con el frío de las armas de dos hombres que les apuntaron a la cara.

“Ahí empezó a crecer la idea de que había una operación muy clandestina e ilegal. Fue un escándalo nacional, porque toda la prensa fue detrás de un operativo que las autoridades no reconocían”, contó Cuhna, ayer de tarde, en el salón de actos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, donde se presentó la edición en español de su libro El secuestro de los uruguayos, “un reportaje del tiempo de la dictadura”, que aborda en profundidad la investigación que el periodista brasileño hizo después de aquella llamada de alerta que, a la postre, salvaría la vida de los cuatro uruguayos, y que muestra la cooperación de los aparatos represivos de los países del Cono Sur en el marco del tristemente célebre Plan Cóndor.

“La edición en Uruguay tiene mucho más que ver con los uruguayos que con Brasil, y era una deuda que teníamos con todos ustedes”, dijo Cuhna, y señaló que después de que el libro se editó en Brasil, en 2008, visitaron “muchas editoriales” de Uruguay para que fuera publicado, pero se encontraron con que “no había plata o no había interés”. Fue así hasta que, gracias al contacto de Jair Krischke, activista – también brasileño– de los derechos humanos, tuvo una conversación con la Fundación Rosa Luxembugo, de Berlín (Alemania), y, con el patrocinio del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Uruguay, se hizo posible la edición en español.

Cunha destacó que donó los derechos de autor a Serpaj porque no tiene interés en generar plata sino “conciencia”. El libro, por lo tanto, será distribuido en forma gratuita, y en pocos días estará disponible en internet para que “todos lo bajen”. “Tenemos que recordar, para que eso no vuelva a ocurrir nunca más”, agregó el autor.

A su vez, Madelón Aguerre, integrante de Serpaj, dijo que la edición en español de El secuestro de los uruguayos “compone una nueva pieza del rompecabezas” que relata una historia en la que hoy todavía está inmersa parte de la familia y de los sobrevivientes. Agregó que es una “prueba del nueve”, ya que hoy es “tan difícil pedir y exigir, así como trascender la historia del pasado reciente, cuando nuestro gobierno y Estado no dan las respuestas que nosotros pedimos”. “Es importante abolir esa concepción de que cuando no estén ni unos ni otros la historia terminará, porque no se termina lo que no se termina bien”, subrayó.

“Mientras miraba las fotos y escuchaba a Cláudio, me di cuenta de que lo importante para mí es decirles que la gente joven no está acá. ¿Qué pasa? Creo que andamos mal, no estamos haciendo las cosas como se deberían hacer”, señaló Krischke, que también asistió a la presentación. “Vivimos en una parte del mundo en donde la impunidad impera”, agregó. “Esto es gravísimo, porque nos pone en un permanente riesgo de que, de repente, una nueva generación tenga que enfrentar estas cosas que pasamos nosotros, hasta como farsa, como decía el viejo [Karl] Marx”, dijo Krischke, y luego subrayó: “Tenemos que buscar la creatividad para que los jóvenes sepan lo que pasó”, ya que “es la única forma de garantizar que no pase nunca más”.

“Hace poco fui a conversar con jóvenes de 14 y 16 años, y les pregunté si sabían que en Brasil hubo una dictadura. No sabían. Durante el tiempo de la dictadura nosotros no hablábamos porque el riesgo era muy grande, pero el tiempo pasó, y en la escuela no se habla de esto como se debería. En la universidad, en Brasil, menos aun; entonces, estamos en falta”, concluyó Krischke.

“No podemos dejar de salir a la calle a reclamar, no podemos admitir un ‘me gusta’ en Facebook pensando que eso es una forma de imponerse. Hay que seguir demostrándole a la gente que, aunque estamos grandes, seguimos pidiendo lo mismo”, dijo Aguerre al final de la presentación. Agregó que los tres gobiernos del Frente Amplio “han tenido gestos” sobre los casos de violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, “pero han sido grandes gatopardistas, han dado vuelta todo para que todo quede como está”. “Es imposible pensar que la cantidad de causas que hoy se llevan adelante se vuelvan a trancar, y no se avanza. Tenemos archivos y gente, ¿vamos a apostar a que se mueran todos los testigos?”, se preguntó la integrante de Serpaj.

Al final, visiblemente emocionada, Aguerre dijo: “Fuimos víctimas del Cóndor, pero no queremos más hijos del Cóndor. Tiene que haber otras generaciones con otro tipo de pájaro”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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4) Los embarazos, “daños colaterales” de la MINUSTAH
Luciano Costabel (sDr)

Diez mujeres procedentes de Haití que tuvieron hijos con soldados de las misiones humanitarias de la ONU, presentarán demandas contra los hombres que las abandonaron y exigirán a las fuerzas de paz contribuir económicamente con la crianza de sus hijos. De los diez casos presentados, cuatro involucran a soldados uruguayos. Entre el grupo de madres hay una mujer que tenía 16 años en el momento del embarazo, dos años por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual en Haití.

Los casos evidencian la falta de rendición de cuentas, ya que muchas de las demandas de paternidad nunca se confirman, y cuando se demuestra, rara vez se brinda apoyo financiero a las madres. Las relaciones sexuales entre los cascos azules y los residentes de los países que reciben una misión, son desalentadas en el marco de “política de tolerancia cero” que emplea Naciones Unidas contra la explotación y el abuso sexual. A pesar de ello, el organismo no se hace cargo de la asistencia financiera a los niños nacidos por una relación con efectivos durante una misión. Considera además que los países que participan, o los propios padres, son los responsables por el apoyo económico.

Por su parte, cuatro de las diez mujeres que exigen manutención, indicaron que funcionarios de la ONU solicitaron en 2014 que aquellas que decían haber dado a luz a “bebés de la MINUSTAH” (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) viajaran a la capital, Puerto Príncipe, para realizarse las pruebas de ADN. Ismini Palla, portavoz de misiones de mantenimiento de la paz en Nueva York, confirmó que cuatro muestras fueron enviadas a Uruguay, donde las autoridades fueron encargadas de localizar a los hombres y realizar sus propias pruebas de ADN.

Las pruebas demostraron que de los cuatro casos, dos confirmaron la paternidad por parte de cascos azules uruguayos. Sin embargo, los otros no pudieron confirmarse porque los militares uruguayos no lograron localizar a los presuntos padres, explicó la portavoz. Las cuatro mujeres afirmaron que Naciones Unidas nunca les comunicó los resultados de las pruebas, informó Reuters.

El portavoz de la Marina uruguaya, capitán Gastón Jaunsolo, dijo a SdR desconocer esas acciones a tomar por parte de las mujeres involucradas en Haití.;aunque aseguró que las responsabilidades económicas que se exigen son particulares a cada uno y no corresponden a la Armada. Además defendió los pasos realizados en ese período; “desde acá lo que se hizo fue hacer el seguimiento y ver que las personas asumieran las responsabilidades que tenían que asumir, eso fue desde el punto de vista de la Armada“, dijo. Sostuvo además que son hechos particulares y que si bien son personas que pertenecen a la fuerza, no es un tema que a la Armada competa, dado que se realizó fuera del ámbito de servicio (¡!).

Afirmó que la Armada en su momento tomó las medidas correspondientes con los involucrados, “porque evidentemente cualquier tripulante nuestro, ya sea en nuestro país o en el exterior, debe mantener una conducta con el reglamento y los valores que aquí se llevan adelante“. Aunque prefirió no detallar que clase de sanciones se aplicaron.

Por último, Jaunsolo comentó que actualmente Uruguay no supera los 150 soldados en misiones de paz, y que no hay denuncias de paternidad hacia cascos azules uruguayos en otras misiones. Sin embargo, desconoce si en estos 25 años en los que la Armada participa en misiones de paz, haya habido alguna denuncia de esa índole.

Uno de los casos de jóvenes haitianas con hijos de soldados uruguayos es el de Rosa Mina Joseph, que se encontró con el soldado Julio César Posse, mientras este descansaba vestido de civil en la playa, en una localidad delsur de Haití, donde estaba destinado como miembro de la MINUSTAH. Según contó, en cuestión de poco tiempo el marine uruguayo comenzó a aparecer cada fin de semana en la casa de su familia, prometiéndole su amor. Casi un año después, cuando terminó su rotación, el soldado regresó a Uruguay. En Haití quedó la joven, que en ese entonces tenía 17 años, con un bebé y sin recursos para mantenerlo, más allá de la ayuda de su modesta familia. Rosa Mina dijo que recibió un sobre con 300 dólares en efectivo de Naciones Unidas, cuando se estableció la paternidad del niño, nacido en 2011. Posse le envió una vez 100 dólares, algo que nunca más se repitió, según explicó. La joven pidió que asuma su responsabilidad y se ocupe de su hijo, ya que ella no puede hacerlo sola, según informó la agencia AP en julio de 2016.

En ese momento, el ejército uruguayo emitió un comunicado diciendo que desde 2011 Uruguay ha enviado casi 3.000 soldados a Haití y en este tiempo recibió cuatro demandas de paternidad. Según se indicó, el soldado cuya paternidad se confirmó fue sancionado pero no expulsado del cuerpo. El capitán Gastón Jaunsolo apuntó que “los soldados hallados culpables y sancionados no pueden participar en misiones de paz”. Confirmó que Posse sigue en la Marina y señaló que los militares tienen prohibido hablar con la prensa sin autorización.

El abogado haitiano, Mario Joseph, que representa a las diez mujeres reclamantes, sostuvo en una entrevista que hay muchas más mujeres, alrededor de 500, que están en la misma situación y no quieren emprender ninguna acción porque tienen miedo de ser discriminadas por la gente mayor; “ellas son negras, pero sus hijos son más blancos que ellas, muchos con el pelo lacio. Algunas se han marchado de sus vecindarios para establecerse donde no las conozcan“, declaró. Y añadió que para denunciar, además de un abogado, se necesita el apoyo de la gente cercana. “Muchas de estas mujeres sienten además que estos trece años de impunidad de la ONU muestran que no tiene sentido denunciar estos abusos porque no obtendrán justicia“, aseveró.

En otro sentido, Ghandi Shukry, jefe de la Unidad de Conducta y Disciplina de la ONU, dijo que se recibieron 29 demandas de paternidad sobre Haití. Pero aseguró que “no estamos ante una oleada de demandas recientes de paternidad, son casos antiguos”. Y destacó que las relaciones sexuales de cualquier tipo, entre cascos azules y residentes, están prohibidas. “Las normas de la misión cambiaron en los últimos años para impedir cualquier fraternización; no solo las relaciones sexuales están prohibidas, incluso mantener relaciones normales con la población local está prohibido”, apuntó Shukry, según AP.

A nivel global, las misiones para mantener la paz han enfrentado 111 denuncias de paternidad, según datos del organismo, siendo sólo 17 confirmadas. En los últimos años fueron confirmados siete niños haitianos como hijos legítimos de efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz, según cifras publicadas en el sitio web de la Dependencia de Conducta y Disciplina de Naciones Unidas. En tanto, más de dos docenas de mujeres haitianas continúan luchando por ratificar la paternidad de sus hijos.

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, realizó un informe en 2015 donde reconoció que hay “numerosos obstáculos para hacer que se reconozca la paternidad y obtener ayudas para los hijos del personal de Naciones Unidas, hayan nacido como resultado de explotación o abusos sexuales o no”. Por su parte, Madeleine Ress, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, señaló que hay que abogar por que haya tribunales en los países donde hay misiones de mantenimiento de la paz, “no solo para los casos de explotación sexual, sino para otras cosas que siguen ocurriendo“, dijo a eldiario.es.

Los hijos sin padre y la lucha de las madres por la manutención de los nacidos en relaciones con uniformados, forman parte del amargo legado de la MINUSTAH, misión que lleva más de 13 años, y que finalizará en octubre (actualmente tiene unos cinco mil efectivos -entre militares y policías- de más de una docena de países) después de haber sido enviada para estabilizar un país destrozado por la agitación política en 2004.

Sin embargo, la retirada es parcial, ya que se realizará un operativo con menos efectivos, al que se ha llamado MINUJUSTH, Misión de Naciones Unidas para el apoyo de la justicia en Haití (resolución 2250 del Consejo de Seguridad del 13 de abril), que busca “garantizar la seguridad de Haití, en un momento en el que el país puede alegrarse de un progreso notable en su estabilización y la consolidación democrática”, según declaró la enviada para la Estabilización de Haití, Sandra Honoré. Cabe esperar que la misión no se quede sólo en su nombre y que aquellos designados en apoyar la justicia, sean los primeros en cumplirla.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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