Entradas de diciembre de 2017

DOCENTES UNIVERSITARIOS CONTRA LA LEY DE RIEGO

ALDIA2158

1) Familiares cuestionó mensaje navideño de Manini Ríos

2) El Ejército sigue sin devolver la casa de Elena Quinteros

3) Tribunal de Apelaciones rechazó prescripción de la muerte de Eduardo Mondello

4) Docentes de la UdelaR contra la Ley de Riego

5) Tren de pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos se reactivará en 2018


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2158 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 29 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Familiares cuestionó mensaje navideño de Manini Ríos
(La Diaria)

La Organización Madres y Familires de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos cuestionó duramente al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por su mensaje navideño que dio a conocer a través de las redes sociales.

Elena Zaffaroni, integrante de esta organización, dijo a radio Uruguay que las alusiones de Manini Ríos referentes a la navidad serían violatorias de la laicidad. “Las instituciones del Estado no pueden hacer alusión a religión alguno. Pero así como hace esa alusión a cristo no es capaz de entregar la información sobre los que torturaron y mataron”, declaró. En un fragmento de su video, Manini Ríos pide “que tengan presentes creyentes y no creyentes el verdadero significado de estas fiestas: el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz, y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad”.

En otra parte del mensaje, Manini Ríos sostuvo que es consciente de que se viven “tiempos difíciles”: “a los que los obstáculos naturales que normalmente se presentan en el cumplimiento de la misión, debemos sumar la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos que buscan afectar nuestro espíritu y la unidad de la institución, pero también somos conscientes de que en ese espíritu militar y en nuestra unidad radica nuestra principal fortaleza”.

Según Zaffaroni, el mensaje fue “muy grave”, aunque dijo que Familiares no se sintió aludido con estas declaraciones del comandante en Jefe. “Supongo que está dirigido a los políticos porque el mayor interés para esta oficialidad es no perder los privilegios que tienen, las llamadas misiones de paz y las jubilaciones”, interpretó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) El Ejército sigue sin devolver la casa de Elena Quinteros

El Observatorio Luz Ibarburu presentó el 26 de diciembre un pedido de acceso a la información en función de la ley 18.381, para acceder al expediente de ese Ministerio, por el cual se adjudicó a la División del Ejército I el inmueble donde vivía Elena Quinteros al momento de su secuestro, conforme el decreto- ley 14.373, que preveía incautar los bienes de “organizaciones subversivas” -luego derogado en democracia-. Surge de un informe de la Dirección General de Registro, que esa incautación fue dispuesta por un Juzgado Militar en diciembre de 1979. También se solicitaron todos los elementos que prueben la razón de esa adjudicación al Ejército y la documentación referida al destino posterior del inmueble.

Según fue dado a conocer en su momento por el Semanario Brecha, el apartamento continúa siendo propiedad del Ejército y es utilizado hasta la actualidad para alojar personal de servicio. brecha.com.uy/vivienda-de-servicio/

El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) patrocina la causa IUE 87-139/2015 del Juzgado Penal de 22º Turno, donde se investiga la desaparición forzada de Elena Quinteros, ocurrida en junio de 1976 y entiende que la información solicitada en esta petición podría aportar datos útiles para ese expediente judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en sus fallos la importancia de dar a conocer la verdad con fundamento en el derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información. También se afirmó que se debe romper con la cultura propia de los regímenes autoritarios donde prima el secreto sobre la gestión pública, para ofrecer verdaderas garantías de no repetición a una sociedad con un pasado de graves violaciones a los DDHH.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) Tribunal de Apelaciones rechazó la prescripción de la muerte de Eduardo Mondello en Laguna del Sauce en 1976
(La Diaria)

Una sentencia de setiembre de este año del Tribunal de Apelaciones de 1º Turno rechazó la apelación de los abogados defensores de nueve militares indagados por la muerte de Eduardo Mondello Techera, que argumentaba que dicho delito había prescripto. Dichos militares cumplían funciones en el Batallón de Ingenieros 4, en la zona de Laguna del Sauce, en Maldonado, y sobre ellos no pesa ningún procesamiento.

Eduardo Mondello era un fotógrafo integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, casado y con dos hijos. Había estado detenido entre 1972 y 1973, y el 6 de marzo de 1976, en la madrugada, fue nuevamente detenido en su casa y recluido en el Batallón. Tres días después de su detención fue trasladado al Hospital Marítimo de Maldonado y murió en la puerta de emergencia. El juez de turno convocó al médico Moisés Salgado Moreira para que realizara la autopsia; este llegó al hospital trasladado en un jeep del Batallón de Ingenieros Nº 4 y fue conducido a la morgue, donde además del cuerpo de Mondello estaban el médico militar José Luis Braga, un teniente y seis soldados armados. Salgado contó que cuando pidió instrumental para realizar la autopsia “el teniente quiso impedirlo, diciéndome que sólo tenía que constatar la muerte y firmar el certificado. Yo le dije que tenía una orden del juez de realizar autopsia y que eso debía hacer. El doctor Braga habló con el teniente y este accedió de mala gana, pero haciendo pasar a los soldados hacia la parte de atrás de la mesa de autopsias, y tuve que realizar la autopsia en presencia del teniente, los seis soldados y el doctor Braga. Recuerdo aún que el cadáver ya estaba quedando rígido y frío, por lo que tenía de cuatro a seis horas de muerto”. La autopsia consignó que el cuerpo de Mondello tenía más de 200 erosiones, equimosis, heridas superficiales y un gran hematoma pectoral, producto de las torturas a las que fue sometido, y que la muerte se produjo por un paro cardíaco causado por la aplicación de submarino seco o húmedo.

Argumentos

Los abogados de los militares habían solicitado la suspensión del proceso, la clausura y el archivo de las actuaciones, considerando que había operado la prescripción de los delitos por los que eran indagados, pero dichas solicitudes fueron rechazadas en febrero de 2016 por la jueza Beatriz Larrieu y en marzo de este año por Adriana de los Santos. Las defensas apelaron la decisión. La sentencia del tribunal –integrado por los jueces Sergio Torres Collazo, Alberto Reyes y Graciela Gatti–, redactada por esta última, fue aprobada por unanimidad y confirma el rechazo de la suspensión, clausura y archivo de las actuaciones.

En primer lugar el tribunal afirma que “está fuera de debate y es criterio consolidado de la materia, que para la eventual prescripción de cualquier delito que pudiere corresponder, no sería computable el período de facto”, e incluso asegura que tras la aprobación de la Ley 18.596 se entiende que no debería computarse el período previo, desde 1968. Recuerda, en segundo lugar, que los delitos o crímenes de lesa humanidad están excluidos de la prescripción penal ordinaria a partir de la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

En tercer lugar, cita sentencias anteriores que ya consideraron que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) “fue efectiva e ilegítimamente un obstáculo a la persecución criminal en casos” como el de Mondello, y reafirma que “es hecho notorio que luego de reinstalada la Democracia (1985) la Ley de Caducidad, en efecto, constituyó un impedimento (inconstitucional, ilegítimo) para la persecución de los delitos que recién (y no sin dificultades) pudieron ser investigados décadas después de la época de comisión”, y cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman. “Cuestionar que la Ley N° 15.848 obstaculizó en mayor o menor medida, por décadas, ilegítimamente, al arbitrio del Poder Ejecutivo, la averiguación judicial de los delitos cometidos durante la dictadura y su enjuiciamiento, es desconocer un antecedente necesario nacional (Sabalsagaray) e internacional (Gelman)”. “Este Colegiado no encuentra argumento alguno de peso para dejar de revalidar lo dicho ya tantas veces, al desestimar impugnaciones semejantes”, concluye el tribunal.

Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, estimó que la defensa de los militares recurrirá a casación contra esta sentencia, pero arriesga que sería rechazada, ya que esta causa fue efectivamente comprendida bajo la ley de caducidad. Los militares indagados también están involucrados en otras causas, particularmente en la que investiga la desaparición y muerte de Horacio Gelós Bonilla, también recluido en el Batallón de Ingenieros Nº 4, de Laguna del Sauce.

Una vez que se dilucide la actitud de la defensa de los militares indagados, Olivera apuntó que la causa entrará en un “agujero negro”, ya que a partir del nuevo Código del Proceso Penal, los casos vinculados a las violaciones a los derechos humanos se radicaron en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que todavía no tiene un fiscal a cargo. Olivera recordó que desde el Observatorio Luz Ibarburu cuestionan la creación de la fiscalía: “Si bien tiene una buena intención, que es centralizar las causas de derechos humanos, con una sola fiscalía a cargo vas al muere. Una sola fiscalía para todos los casos y todo el territorio es insuficiente; es un embudo nuevo que se crea”, afirmó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) Docentes de la UdelaR contra la Ley de Riego
(La República)

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) emitió una declaración donde manifiesta su «profundo malestar» ante declaraciones de autoridades del gobierno que descalificaron a investigadores de la Udelar por su preocupación sobre las consecuencias ambientales de la Ley de Riego.

Durante el proceso de discusión parlamentaria de la Ley de Riego, docentes de la Udelar hicieron pública su opinión técnica a través de dos documentos: uno firmado por docentes de la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias (que fue enviado al MGAP y MVOTMA por parte del Consejo de Facultad de Ciencias meses antes de la aprobación de las modificaciones a la Ley) y otro elaborado por un colectivo de docentes de varias disciplinas del CURE, que fue publicado en los días posteriores a la aprobación parlamentaria y que pretende aportar elementos para la discusión sobre los impactos en varios ejes (ej. salud, patrimonio cultural, legislación) de la implementación de la ley. Ambos documentos hacen señalamientos técnicos respecto al impacto que podría tener la aplicación de la nueva normativa, principalmente sobre los ecosistemas de agua dulce.

Asimismo, simultáneamente con el segundo documento se publicó una carta abierta dirigida al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Ag. Tabaré Aguerre, firmada por 28 investigadores con nivel de posgrado vinculados al CURE, Facultad de Ciencias y el IIBCE (prácticamente todos los profesionales en el área ecología acuática con los que cuenta el país), señalando serios errores técnicos en la justificación ambiental de estas modificaciones. Estas notas tuvieron gran repercusión en la prensa.

La primera reacción por parte de jerarcas de gobierno provino de la Ing. Agrónoma Mariana Hill (directora de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP), quien lejos de aportar argumentos técnicos o incluso políticos, recurrió al descrédito, acusando a los firmantes de defender una posición “muy de derecha, muy conservadora”, así como también de pertenecer a la “elite de Facultad de Ciencias”.

Han seguido diversas notas en medios de prensa escrita y radial, así como en redes sociales, por parte de integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, así como por actores relevantes vinculados al agronegocio, reforzando el cuestionamiento a la integridad profesional de los firmantes y plantando la idea de motivaciones ideológicas y no técnicas detrás de los planteos realizados.

Como académicos involucrados con la realidad del país, promovemos el debate público, abierto y franco. Sin embargo, nos preocupa fuertemente el destrato que han recibido integrantes de nuestra asociación por parte de autoridades del MGAP, de integrantes del Poder Legislativo y actores vinculados al agro-negocio, cuestionando su integridad profesional, denigrando su opinión y utilizando la descalificación como herramienta.

Con mucha preocupación notamos que cada vez es más frecuente la deslegitimación a la academia y a investigadores de la UdelaR en particular, cuando en cumplimiento del Artículo 2 de la Ley Orgánica éstos manifiestan preocupación y hacen aportes sobre aspectos de gran relevancia para el presente y futuro del país.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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5) Tren de pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos se reactivará en 2018
(180)

AFE informó que a principios de 2018 quedará reactivada la línea de tren para pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos, tras superar de forma satisfactoria un viaje de reconocimiento, según publicó el portal de Presidencia.

Los trenes que unirán a la Estación Central de Montevideo con la estación Sudriers de Empalme Olmos transportarán a 70 personas cada uno -pudiendo combinarse y llevar a 200 por viaje-, tendrán aire acondicionado, conexión a internet y baños, informó el portal de Presidencia. Cada tren tuvo un costo aproximado de 40.000 dólares. Además, están finalizando negociaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que pueda utilizarse la tarjeta STM a la hora de pagar el boleto.

“Lo veníamos preparando hace mucho tiempo, incorporando los vehículos nuevos hace unos meses. Con este viaje de reconocimiento de la vía, se vieron las infraestructuras, estaciones y paradas; y dentro de muy pocos días vamos a hacer el lanzamiento. Estamos pensando en un par de turnos en la mañana y en la tarde, que era lo que se hacía en los años anteriores a que dejara de funcionar. La gente de Sudriers lo venía esperando desde hace mucho tiempo, al igual que muchos uruguayos están enamorados del tren y lo estaban deseando”, dijo a Presidencia el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez.

El jerarca agregó que ya se lanzó una licitación para reacondicionar la línea Empalme Olmos-Minas, con una inversión de 25 millones de dólares. También están en marcha licitaciones para las líneas Rivera-Pintado y Paso de los Toros-Montevideo, mientras que ya se adjudicó el llamado para Salto-Paysandú.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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DESAFÍOS Y LÍMITES DE LA DERECHA SUDAMERICANA

MUMIA852

1) Cuando la elite llega al gobierno: desafíos y límites de la derecha sudamericana

3) El vergonzoso indulto a Alberto Fujimori

3) Honduras, el país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia

4) Oscar López Rivera: En Estados Unidos “el preso es una mercancía”

5) “¿Y la justicia?”, la pregunta permanente del Sáhara ocupado por Marruecos

COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 852/ Miércoles 27 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) Cuando la elite llega al gobierno: desafíos y límites de la derecha sudamericana
Federico Vázquez (Le Monde Diplomatique)

Luego del ciclo progresista, América Latina está cambiando de orientación. La reforma laboral, la contracción del mercado de consumo y el ajuste estatal bajo la pauta de una supuesta modernización son las marcas de estos nuevos gobiernos.

Mauricio Macri, Michel Temer, Pedro Pablo Kuczynski, Horacio Cartes y Sebastián Piñera están cambiando abruptamente el color político de América Latina. ¿Qué tipo de gobiernos están llevando adelante? ¿Hay una nueva economía bajo el sol, un nuevo pacto social con sus electorados? ¿Se los puede pensar con una sintonía equivalente a la que alcanzaron en la década pasada Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula Da Silva, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner? ¿Tsunami, oleada o marea pasajera?

Tan distintos

En primer lugar, una anotación necesaria. En el caso de Brasil, cuyo peso específico es superior a la suma de todos los demás países de la región analizados, la derecha conquistó el gobierno sin pasar por las urnas. Fueron los diputados y senadores quienes decidieron reemplazar a Dilma Rousseff por Temer. Si se trató o no de un golpe de Estado es a esta altura menos importante que advertir que ese acceso por la ventana puede ser parte de una “excepcionalidad permanente”, la cual tendría un segundo y letal capítulo si el Poder Judicial le prohíbe a Lula competir en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

En el resto de los países la derecha llegó al gobierno mediante elecciones limpias, legitimada por el voto popular, algo que ya había ocurrido desde mediados de los 80 en buena parte de la región y desde principios de los 90 en Chile. Lo que sí aparece como novedad son las biografías de estos nuevos líderes. El anterior ciclo neoliberal estuvo protagonizado por referentes salidos de la academia (Fernando Henrique Cardoso), de partidos populares (Carlos Menem) o aventureros improvisados (Alberto Fujimori). Pero esta vez surgen de un mismo molde. No alcanza con decir que Macri, Kuczynski, Cartes y Piñera provienen de los sectores más privilegiados de sus respectivas sociedades. Son, más específicamente, miembros de una pequeñísima elite, a la que a lo sumo pertenecen una docena de personas en cada uno de los países.

Macri lleva uno de los apellidos más emblemáticos del empresariado local. Algo parecido pasa con Piñera: según la revista Forbes, cuando inició su primera presidencia en 2010 su fortuna personal ascendía a unos 2.000 millones de dólares, incluyendo entre sus propiedades a Lan Chile, la tercera empresa privada más importante del país sin contar el sector minero.

Kuczynski no amasó grandes fortunas ni las heredó, pero su biografía no es menos elitista: hijo de un alemán y una francesa, vivió poco tiempo en Perú y se educó en distintas escuelas europeas. Además de su título como economista en Oxford, entre sus destrezas figura ser concertista de piano y flauta traversa, instrumentos que cultivó en el Royal College of Music de Londres. Cuando volvió a Perú ya llevaba años trabajando como funcionario del Banco Mundial.

Una versión menos glamorosa pero igualmente privilegiada es la de Cartes, presidente paraguayo desde agosto de 2013. Supo estudiar cuestiones ligadas a la aviación en Estados Unidos y, ya como empresario, fue acusado de estafa al Banco Central. Su fortuna lo ubica como uno de los principales millonarios de Paraguay.

Distinto es el caso de Temer, abogado de la Universidad de San Pablo que ascendió bajo el clásico formato de político de carrera brasileño. Pero Temer no es un líder emergente sino más bien el mascarón de proa de un accidente. Sin proyección política futura y totalmente desprovisto de apoyo social, parece ser el punto de unión coyuntural de los intereses de la elite brasileña antes que su representante a futuro.

Durante el ciclo de gobiernos progresistas circulaba la idea de que aquellos presidentes se parecían a las sociedades que gobernaban. El metalúrgico Lula, el militar de origen humilde Chávez Frías, el cura Fernando Lugo, el indígena y cultivador de coca Evo Morales… hasta los millonarios Kirchner tenían una biografía emparentada con la de las amplias clases medias argentinas, ajena a los símbolos culturales de la elite.

En contraste, los presidentes actuales muestran un pedigree homogéneo que los aleja de la experiencia cotidiana de sus compatriotas y votantes. Si esto resultará un problema para vincularse con sus gobernados se verá con el tiempo. Por ahora puede decirse que no fue un obstáculo para que fueran elegidos.

Las agendas

Si hay un hilo conductor entre las agendas de estos gobiernos es el intento por llevar adelante reformas vinculadas a la modernización, expresiones que aparecen repetidas en los discursos presidenciales y a la hora de justificar ciertas políticas, aunque detrás del arbusto conceptual se escondan deseos más bien primarios como la reforma laboral, el recorte del gasto o la tendencia a tomar deuda como un yonki.

Por su profundidad y regresión histórica, la reforma laboral brasilera es la expresión más dura de ese afán reformista. Prácticamente todos los artículos de la ley van en la dirección de aumentar el margen de negociación empresaria y disminuir el de los trabajadores y sindicatos: acuerdos a nivel de empresa por debajo de lo que estipula la ley, doce horas de trabajo continuo, posibilidad de fraccionar las vacaciones en tres períodos y hasta reducir el almuerzo a 30 minutos. Pero además la ley afecta directamente el poder de los gremios: la contribución sindical, un descuento anual automático sobre el salario del trabajador, se convierte en optativa.

El caso argentino –todavía en fase legislativa– es más críptico. Las organizaciones sindicales parecen haber logrado morigerar los artículos más ofensivos al derecho laboral, aunque la dirección del proyecto mantiene sus rasgos flexibilizadores: permite renunciar a derechos adquiridos, las pasantías pasan a ser “prácticas formativas” y propicia un blanqueo sin costo para las empresas.

Kuczynski, aunque presionado por un Congreso dominado por el fujimorismo y enfrentado a las centrales sindicales, promueve un proyecto para facilitar la contratación de empleados jóvenes por el cual el Estado se hace cargo del seguro social de salud, equivalente al 9% del salario. Piñera, aunque Chile cuenta ya con una débil legislación obrera y una presencia sindical mínima, propone flexibilizar todavía más las condiciones: se podrá trabajar hasta 45 horas en cuatro días de la semana, a razón de 11 horas y 15 minutos por jornada.

En agosto de este año, el ministro de Trabajo de Paraguay, Guillermo Sosa, dejó en claro por qué su país no necesita una reforma laboral: “Nosotros lo que tenemos es un mayor grado de competitividad porque les facilitamos la vida a las empresas con una estructura muy simplificada en lo que hace a las cuestiones empresariales y en lo que apunta a las cuestiones laborales” (1). Algo que confirma un estudio elaborado por Naciones Unidas con título medieval, “Trabajo forzoso y servidumbre por deudas”, que, entre otros datos, sostiene que la informalidad laboral en Paraguay asciende al 70% a pesar de una tasa de desempleo relativamente baja (7%).

Los gobiernos y proyectos de derecha en la región tienen una matriz excluyente en términos sociales. Salvo una mirada complaciente, es muy difícil ver algún atisbo de ampliación de derechos o una mejora social. Las agendas presidenciales expresan retrocesos en leyes laborales y recortes en salud, jubilaciones, investigación científica y educación superior. Lo que sorprende es que tampoco se advierte hacia dónde va la economía. ¿Cuál es el horizonte productivo que vendría después de los “ajustes necesarios”? ¿Qué fuerzas económicas se desplegarán una vez liberadas de los yugos impositivos, sindicales y legales?

Mercado grande / mercado chico

El mayor quiebre que produjeron los gobiernos progresistas en la década del 2000 fue hacer funcionar al mercado. Economías deprimidas o en crisis se volvieron dinámicas. El crecimiento vino acompañado de un aumento del empleo y la capacidad de consumo. En los casos de Brasil y Argentina, ese cambio se hizo sin nacionalizaciones masivas ni reformas constitucionales. Es decir, dentro de una lógica no sólo capitalista sino de libre mercado y moderación política. Las gestiones progresistas incluyeron en la ecuación económica a nuevos trabajadores-consumidores, formales e informales, e incluso a desocupados estructurales, como parte de una expansión que también fortaleció a pequeñas, medianas y grandes empresas.

Las batallas culturales y un discurso más estatista fueron secundarios; no sólo en importancia sino en términos cronológicos. Los gobiernos progresistas, antes que nada, hicieron arrancar un oxidado motor productivo que durante las décadas anteriores parecía condenado a la “inviabilidad”. Sorpresivamente, los actuales gobiernos parecen dispuestos a ejercer el poder estatal para reducir la capacidad de expansión de esos mercados. En Brasil, por ejemplo, Temer sancionó una ley que congela el gasto público por 20 años (se prevé un ajuste sólo por la inflación del año anterior), lo que condena a la economía a funcionar con la misma inversión pública en un país con una tasa de crecimiento vegetativo en torno al 1% anual, sin margen para intentar políticas contracíclicas de inversión o gasto frente a circunstancias coyunturales (un aumento de la desocupación que necesite una asistencia rápida, por ejemplo). En Argentina, el aumento sistemático de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles también contrae el consumo a la vez que mantiene tasas altas de la inflación, que alimentan la contracción.

¿Hay una economía más allá de estos ajustes? Recordemos que en los años 90 la estabilidad monetaria y el acceso a nuevas pautas de consumo en el marco de una creciente inserción en los procesos de globalización funcionaron como dinamizadores de la economía a pesar de los ajustes al Estado. ¿Cuál es el 1 a 1, el nuevo shopping de la derecha?

Tal vez sea esa carencia la que les imprime a los actuales gobiernos una impronta tan ideológica. Los cambios y transformaciones que llevan adelante se basan más en un supuesto “deber ser” que en explicaciones fácticas que se desprendan de necesidades palpables. El aumento de los servicios públicos se justifica en la necesidad de que “se pague lo que vale”, como suele decir el ministro de Energía argentino Juan José Aranguren. Lo mismo plantea Piñera cuando dice que piensa volver atrás con la reforma educativa de Bachelet, que había prohibido el cobro de los copagos (aranceles) en las escuelas, con el argumento moral de que “cuando un padre hace un aporte a la educación de sus hijos, aunque sea muy modesto, ese padre tiene una actitud de mayor involucramiento” (2). Otro tanto pasa en el gobierno de Temer, que invirtió buena parte de sus energías en pasar el pente fino (peine fino) sobre el seguro de salud, los programas de asistencia social o el Bolsa Familia en busca de micro-estafas.

El gradualismo excede las fronteras argentinas. Pero suele resaltarse el aspecto moderado del término y no el sentido de algo que continúa y se desarrolla en el tiempo, ad infinitum, lo que puede convertirlo en un objetivo en sí mismo. Una moral. Volvemos a lo mismo: ¿cuál es la economía de estos gobiernos?

El fantasma

Los gobiernos de derecha están optando por la toma compulsiva de deuda, recurso al que pueden recurrir en la medida en que el ciclo anterior no tuvo como política central contraer préstamos externos como mecanismo de financiamiento. En el caso de Brasil, la deuda pública podría llegar al 80% del PIB durante 2018: un salto brusco, de más de 20%, en sólo tres años. Argentina, aunque gracias a los bajísimos niveles heredados todavía está lejos de esa marca, bate el récord mundial de ritmo de colocación de deuda para un país emergente. Un cambio de política de la Reserva Federal que aumente la tasa de interés podría poner patas para arriba estos esquemas de endeudamiento, en un escenario no sólo de deudas imposibles sino de mercados internos deprimidos y con Estados sin capacidad de respuesta.

Un auge exportador tampoco es esperable porque ni siquiera se lo busca. Brasil canceló las líneas que Lula había construido con nuevos mercados, como el africano, en tanto que Argentina, cuyas exportaciones se mantienen en los mismos niveles a pesar de la devaluación, perdió interés en los vínculos no occidentales, como advirtió Macri en su primera gira internacional. En una mirada general, el gesto geopolítico frente a Estados Unidos que indujo un coma profundo en la Unasur y la Celac y un regreso de la centralidad de la OEA no redundó, en tiempos de Trump, en una mayor coordinación económica o comercial.

Pero ocurre que Europa tampoco está pasando por una situación económica y política pujante. En este marco, si finalmente se firma el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, impulsado por los gobiernos de Macri y Temer, se corre el riesgo de que los países del bloque se conviertan en un depósito al que arrojar una producción industrial europea de calidad pero a la que hoy nadie le abre las puertas, a lo que se suman cláusulas desventajosas en materia de inversión, patentes y compras estatales. Una arquitectura asimétrica con una región que supo ser el centro del capitalismo mundial… en el siglo XIX.

1. “Paraguay facilita la vida a empresas en cuestiones laborales”, 30-8-17, Agencia Sputnik.
2. Sebastián Piñera, 12-11-17 en el programa de televisión “Tolerancia Cero”.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) El vergonzoso indulto a Alberto Fujimori
Oscar Ugarteche (Alai)

El espejo peruano ha terminado por reflejar que la corrupción política y desintegración nacional ha llegado a su máxima expresión. Después de hacer un esfuerzo por no vacar a un presidente que ganó “por un pelo”, y haberlo rescatado por “otro pelo” con el retiro de 10 votos de la izquierda, se ha sabido que en realidad había una maquina en marcha al menos desde octubre del 2017 para liberar a Fujimori. Es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa maquinaria. Pedro Francke ha circulado un texto dando precisiones procesales y el Ministerio de Justicia, donde el Ministro es el Fujimorista Enrique Mendoza, negó el 22 de diciembre la existencia del informe de la junta médica que estaba circulando en las redes.

Mientras Mercedes Araoz salió a la prensa a decir, el mismo 21 de diciembre, que en el gobierno de PPK “los indultos no se negocian”. Lo cierto es que bajo el premierato de Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo. Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el congreso, y el cambio de gabinete se entendió que iba en esa dirección.

El ministro de Justicia Enrique Mendoza, asumió el cargo el 11 de setiembre y entonces se dijo que eso era para liberar a Fujimori. Se escribió entonces que “Una de las razones por las que la designación de Enrique Mendoza ha sido cuestionada es porque algunos especulan que el reemplazo de Marisol Pérez Tello se debe a la oposición de la ex ministra de Justicia a un eventual indulto a Alberto Fujimori.

Según Pérez Tello, al expresidente peruano no le correspondería un indulto común ya que fue condenado por crímenes considerados de lesa humanidad. La única posibilidad para que Fujimori salga de prisión, de acuerdo a la exministra, sería otorgarle un indulto humanitario si es que se comprueba que tiene una enfermedad que lo amerite.” altavoz.pe/2017/09/18/27551/perfil-quien-es-enrique-mendoza-el-nu...

Con el Ministro de Justicia adecuado para la liberación de Fujimori, éste cambió la Comisión de Gracias Presidenciales un mes después de llegado al cargo. La Comisión de Gracias Presidenciales fue cambiada el 12 de octubre del 2017 cuando se nombraron nuevos presidente y miembros liderado por Orlando Franchini Orsi de 92 años. Franchini renunció seis días después y fue sustituido por el vice ministro de Justicia Juan Falconi Gálvez el 7 de noviembre. El Ministerio de Justicia estaba listo para firmar el indulto.

En paralelo, el 11 de setiembre asumió el ministerio de Salud el Vice Almirante (r) Fernando D’Alessio. Igualmente el 11 de octubre, en simultáneo con el Ministerio de Justicia, cambiaron al Director de redes integrales de salud Lima Este. Lima Este es la zona donde se encuentra el penal donde estaba Fujimori. Puso en el cargo a Luis Champin Loli, un ex – marino que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro para tener un informe favorable al indulto por razones humanitarias sin consultar al Colegio Médico o a alguna de las sociedades de especialistas médicos en los temas que afligen a Fujimori.

El Ministro D’Alessio tuvo un recorrido como director de Centrum de la Católica donde dejó un reguero de juicios y de problemas con numerosos profesores por arbitrariedad. Así, con la misma arbitrariedad la junta médica penitenciaria estuvo conformada por el médico de Alberto Fujimori. La Junta Médica Penitenciara dijo en el 2013 que Fujimori no tenía cáncer terminal. Ahora el informe dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente por más o menos todo lo que se le controla a la gente mayor. Ese es el argumento humanitario. Liberado por viejo.

Esta trama que involucra dos ministros y dos cargos de tercer nivel cambiados en la misma fecha y que colocó al médico de Fujimori dentro de la Junta Médica Penitenciaria, invalidándola, fue algo coordinado. Ocurrió bajo dos ministros del gabinete Araoz, así es que cuando ella dijo que este gobierno no negocia indultos, es posible que ya supiera como iba este indulto desde antes. En todo caso ella es la responsable política directa y ya renunció debido a eso. Los operadores de Salud y Justicia deberían irse de una vez y el fallo debe ser rectificado y Fujimori regresado a la cárcel. ¿Quién coordinó la trama?

PPK, si tuviera sangre en la cara, renunciaría, pero ya se sabe que su única motivación es el dinero y el poder. Los que votamos por él en la segunda vuelta fuimos engañados. De qué importa un buen profesional que nunca dice la verdad. De qué importa un Presidente (otro más) que solo miente para tener más poder. Dijo que siempre fue honesto. Esta acción lo ha confirmado como mentiroso y tramposo, arrogante y vano. Es una basura.

– Oscar Ugarteche, economista peruano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM (México), SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto Obela www.obela.org.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Honduras, el país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia
Berenice Bengtsson (Asuntos del Sur)

Tras las elecciones del 26 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TES) – con un retraso nunca visto de 10 horas y bajo la presión de los observadores internacionales – anunciaba que el candidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla aventajaba en un 5% al actual presidente Juan Orlando Hernández, la ciudadanía celebró el triunfo en las redes sociales, si bien aún sospechando la posibilidad de fraude y complicidad institucional e el conteo final. Cabe recordar que el candidato-presidente no debería haber sido candidato a la presidencia, porque la Constitución prohíbe la reelección mediante un artículo pétreo – es decir, en términos jurídicos, imposible de modificar, interpretar o reformar.

Ante la ventaja y la tendencia, que parecía irreversible, a favor de la oposición, el presidente del TSE, dándole razón a las sospechas, se negó a reconocer oficialmente la victoria de Nasralla y anunció que debía esperarse el conteo final. En declaraciones posteriores al periódico digital salvadoreño El Faro, Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE, aseguraba que el presidente “no quería divulgar los resultados porque su partido, el Partido Nacional, iba perdiendo”.

Según él, el sistema de recuento, aunque lento, funcionó como se esperaba en las primeras horas y los días posteriores, en los que “Nasralla tenía una ventaja que ya marcaba tendencia. Pero cuando el sistema se cayó, al volver, ya la tendencia se había revertido y no volvió a cambiar”. Tras el colapso aparente y posterior recuperación del sistema, los resultados divulgados por el TSE mostraban una clara ventaja del candidato oficialista sobre el candidato de la oposición. Gracias a la magia del colapso, se revertía una tendencia que parecía irreversible.

Las protestas y bloqueos de carreteras no se hicieron esperar y, con ello, la represión policial y militar. Volvían, como un déjà vu, los fantasmas de la crisis que generó el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, la ciudadanía hondureña, muy decidida, se mantuvo en las calles. Entre saqueos al sector privado y bajo acusaciones políticas de unos y otros de ser los causantes del caos, el 1 de diciembre el gobierno decretó el Estado de Sitio durante 10 días, a fin de mantener a la población silenciada en arresto domiciliario. Pero como en épocas anteriores en Argentina, un inédito cacerolazo cobró vida en diferentes ciudades de Honduras, desobedeciendo el toque de queda y retando al poder político.

Lamentablemente, los desafíos costaron vidas. Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del 30 de noviembre al 4 de diciembre se registraron 12 asesinatos a manos de la Policía Militar en todo el país. El día en que se produjeron más hechos violentos fue el 1 de diciembre, fecha en que entró en vigor la suspensión de las garantías constitucionales.

La misión de observadores de la Unión Europea manifestó que permanecería en el país “hasta que concluya el proceso electoral y cada voto emitido sea tomado en cuenta”. Marisa Matias, jefa de dicha misión, expresó asimismo su condena por los disturbios postelectorales, lamentó profundamente las muertes y las personas que resultaron heridas y pidió que se aclarasen en qué circunstancias ocurrieron.

En otro hecho sin precedentes, el 4 de diciembre, policías de diferentes grados y los agentes Cobras anunciaron que no obedecerían las órdenes de sus superiores y que declaraban huelga de brazos caídos – es decir, que no acudirían a las calles a reprimir protestantes. A su vez, pedían al TSE que se respetase la voluntad popular y que se llevase a cabo un conteo de votos transparente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, creada por el presidente, continuaron – y continúan – activas, de modo que no puede afirmarse que la población haya quedado a salvo del abuso del ejercicio monopólico de la fuerza.

Honduras ocupa el lugar 130 en el índice de Desarrollo Humano y, según el Banco Mundial, el 60% de su población vive en situación de pobreza. El servicio de salud básico se encuentra disponible solo para un tercio de la población. Los altos índices de criminalidad y desempleo, la involucración de personajes políticos e influyentes en el narcotráfico, así como la de jóvenes pobres en pandillas y narcomenudeo, dan una idea de la crisis política, económica y social que vive Honduras. Con un salario aproximado de 232 dólares, es sencillo concluir que muchos de esos policías que se plantaron y sus familias pertenecen a esa gran mayoría hondureña que vive en la pobreza. Y que ellos también, al parecer, están hartos de la violencia – física, pero sobre todo estructural.

Mientras la comunidad internacional se mantiene impávida, en un país que vive de crisis en crisis institucional desde el golpe de Estado de 2009, el presidente se aferra al poder. La gota que colma el vaso es sin duda el saqueo y la utilización de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas políticas del partido del gobierno, cuyos principales autores y beneficiarios se mantienen impunes.

La población viene pidiendo la renuncia del presidente desde 2015, con multitudinarias marchas con antorchas. La pretensión de ser reelegido a pesar de la prohibición constitucional ha sido el detonante que explica la amplitud del rechazo y por qué el presidente perdió las elecciones. Es hora de que se retire, por el bien de Honduras, si todavía le queda algo de dignidad.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Oscar López Rivera: En Estados Unidos “el preso es una mercancía”
Manuel Guillama Capella (Diálogo UPR)

Tras pasar 36 años encarcelado, Oscar López Rivera habló sobre el sistema penal estadounidense como parte de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El pasado domingo, en el marco de la conmemoración por el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el exprisionero político puertorriqueño ofreció una disertación sobre las injusticias que a diario se cometen en las cárceles norteamericanas. Ese sistema penal –denunció– se encuentra en gran medida en manos de grandes intereses económicos, y atenta particularmente contra los sectores más desventajados de la sociedad, al tiempo que fracasa estrepitosamente en servir de ente rehabilitador para aquellos que caen entre sus garras.

“El sistema privado de prisiones en Estados Unidos es el que verdaderamente convierte el preso en una mercancía. Esto refleja algo que muchas veces olvidamos y es que la decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que la abolición de la esclavitud se aplica solo a aquellos esclavos que no están presos, aquellos que están presos no fueron liberados. Esas pequeñas palabritas son interesantes [porque] el sistema de prisiones de Estados Unidos todavía tiene ese sistema de esclavitud. No podemos obviar eso”, advirtió López Rivera en la actividad organizada por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico.

El trabajo forzado al que son expuestos los confinados en las prisiones privadas –sistema que la administración de Barack Obama anunció en agosto de 2016 que sería eliminado gradualmente– ayuda a generar parte de los beneficios de un sector que, al 2014, superaba los $629 millones en ganancias. Un margen de ganancias del que, planteó el líder nacionalista, el preso y sus familias no ven un centavo.

Por otro lado, denunció que “las cárceles tienen un sistema en el que si un familiar le manda [por ejemplo] $100 a un preso, ese dinero no va directamente al preso”. López Rivera indicó que ese dinero va a un banco comercial, donde nunca gana intereses. “El banco sí gana mucho con ese capital adicional que tiene para invertir”, aseguró.

“Nosotros hicimos un cálculo de que por lo menos 100,000 de esos presos federales reciben como $100 al mes, así que imagínense la cantidad de dinero que tienen los bancos en sus arcas a costa de las familias de los presos”, ilustró López Rivera durante el acto celebrado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

López Rivera igualmente apuntó al discrimen que reciben por parte del sistema penal tanto las poblaciones negras como latinas en Estados Unidos. Ambas componen una cantidad desproporcionada de los cerca de 2.3 millones de encarcelados en el país norteamericano, la cifra más alta en el mundo.

A juicio de López Rivera, la transformación de la estructura penal en Estados Unidos comenzó durante la administración de Richard Nixon en la década de 1970, pero se recrudeció bajo Ronald Reagan en los 80. El inicio de la llamada “guerra contra las drogas” se combinó con una creciente inmigración hispana, que era vista como “peligrosa” en el país, para aumentar exponencialmente la población carcelaria.

“El modelo de California [donde Reagan fue gobernador entre 1967-1975] era el que más presos per cápita tenía en Estados Unidos. Y fue con esa mentalidad que ese señor llegó a Washington como presidente e hizo posible la privatización de prisiones y la inmensa cantidad de prisiones que se construyeron”, subrayó.

“Cuando yo entré a la cárcel [en 1981] había 25.000 presos federales. Ahora hay más de 200.000”, agregó el independentista, cuya sentencia fue conmutada en enero por el presidente Obama. Asimismo, censuró lo que calificó como la actitud “hipócrita” de Estados Unidos hacia los latinos desde hace décadas, al presentarse hacia ellos como la “meca” del mundo.

“Muchos se lo creyeron, incluyendo muchos puertorriqueños. Ofrecían una mentira, pues cuando los latinoamericanos inmigraban se daban cuanta que no era ninguna meca y terminaban en esas prisiones”, expuso al añadir que por lo general son “los más vulnerables”, y no los “verdaderos traficantes”, quienes sufren las consecuencias del esquema penal estadounidense.

López Rivera igualmente alertó sobre las deplorables condiciones en que las cárceles norteamericanas mantienen a los confinados. Indicó que, en gran medida, esto se debe a las mínimas garantías a las que tienen derecho los presos, lo que limita sus posibilidades de acceso a tratamientos médicos, comunicación con su familia o recreación.

“Un preso tiene derecho a tres comidas al día y una cama, el resto son privilegios. Cuando a los carceleros se les antoja, esos privilegios se van. La mayoría de los presos tiene enfermedades y se pone la salud en peligro. Lo más triste que puede haber es un preso enfermo, porque jamás va a recibir el tratamiento que necesita”, dijo López Rivera, quien resaltó que la situación para los indocumentados se agrava al carecer de los recursos para defenderse en el marco jurídico, en parte por el miedo que provoca el riesgo de deportación propia o de familiares.

Pero por sobre todas las cosas, argumentó López Rivera, las cárceles estadounidenses fracasan en el deber de rehabilitar a los presos, al no ofrecer alternativas que les permitan reintegrarse positivamente al escenario social. “Todo preso puede rehabilitarse. Todo preso puede trascender lo que fue anteriormente, pero necesita ayuda. Aunque las cárceles [en Estados Unidos] nunca fueron creadas para eso, hubo momentos en que había menos presos y se tenían algunos servicios y programas”, manifestó López Rivera.

Sin embargo, el sistema penal es “uno que deshumaniza; que verdaderamente no tiene nada de interés en el preso”, lamentó López Rivera, quien pasó 12 años de su sentencia federal en confinamiento solitario.

López Rivera aprovechó la charla para hacer un llamado por las liberaciones de la puertorriqueña Ana Belén Montes, sentenciada en 2002 a 25 años de prisión tras ser convicta por realizar labores de espionaje a favor del gobierno cubano; y de Nina Droz, recluida desde que fue arrestada en hechos relacionados al paro nacional el pasado 1 de mayo y por los que se declaró culpable en el foro federal de un cargo de conspiración.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) “¿Y la justicia?”, la pregunta permanente del Sáhara ocupado por Marruecos
Beatriz Asuar Gallego (Público)

El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que especialistas y activistas han denunciado las vulneraciones de derechos humanos durante el desalojo del campamento Gdeim Izik, así como los 20 “presos políticos” aún encarcelados tras el desmantelamiento.

El pasado 8 de noviembre se cumplieron siete años de una de las noches más largas y represivas para el pueblo saharaui: el desmantelamiento del campamento político y social del Gdeim Izik. Fuerzas marroquíes entraron a sangre y fuego en el también conocido como campamento de la Dignidad, a 14 kilómetros de El Aaiún, una de las formas de resistencia frente a la ocupación marroquí. Cientos de saharauis fueron detenidos, maltratados y torturados durante el desalojo. En las semanas posteriores continuó la violencia con detenciones selectivas y arbitrarias. Todavía, a día de hoy, siguen 20 activistas saharauis en prisión con condenas de más de 25 años.

El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que se han expuesto los casos de los 20 presos así como las diferentes violaciones de derechos humanos durante sus procesos judiciales y en sus estancias en las cárceles marroquíes. Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, ha presentado las jornadas que han contado con especialistas de diferentes campos y que han explicado, de primera mano, qué ocurrió en el Gdeim Izik.

"No hay más alternativa que la autodeterminación”, gritaban las familias saharauis en el campamento reclamando la lucha por la liberación del pueblo y contra la violencia de Marruecos. Sin embargo, aunque se lleva años denunciando la represión y la violación de derechos parece que nada, o muy poco, ha cambiado. Uno de los motivos quizás sea el que explica Hassanna Aalia: “El bloqueo informativo que Marruecos ejerce hace que no se pueda documentar lo que ocurre en la zona ocupada”. Ante esto, 69 observadores internacionales de nueve nacionalidades distintas han visitado Marruecos para conocer la realidad.

¿Por qué presos políticos?

Rosario García Díaz, directora de la Fundación Sáhara Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los especialistas y observadores. El principal reclamo está bien claro: la liberación de los presos políticos del Gdeim Izik.

Según los observadores los 20 detenidos deben ser liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos políticos: "Si dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldrían. Las detenciones ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron detenidos antes del desalojo. No están ahí al azar. No son criminales, son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la organización del campamento”, explica la directora. Y no solo las detenciones lo demuestran, también los procesos judiciales por los que fueron finalmente condenados el pasado julio.

Juicios civiles y militares

Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados, Ashmad Farik, desde hace más de tres años. Desde entonces solo se ha podido reunir una vez con él, entre la policía marroquí. “Los juicios han sido una completa farsa”, denuncia la abogada. Explica que durante el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia cierta el número de supuestos policías asesinados por los que son acusados, de hecho, no se sabe ni donde están esos cuerpos. Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberían contar para juicio.

Ana Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policías militares que dicen que fueron asesinados. Meses después, aparecieron nueve informes de “mal-autopsias” señala la forense: “No hicieron primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografías para documentar. No existen datos del levantamiento de cadáveres por lo que no hay indicios ni pruebas. Hay muchas incongruencias: firma de médicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la muerte, la causa de ella o la fecha”.

Estas son sólo algunas de las denuncias de las expertas, algunas de las que también se recogen en el informe de los observadores y en el que coinciden en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional durante todos los juicios.

Torturas y detenciones incomunicadas

Mientras no llega la liberación, tienen claro el otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las cárceles marroquíes. Los detenidos han estado en huelga de hambre en varias ocasiones como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos están en estado de salud gravísimos por el largo tiempo que llevan en esta condición, explica el abogado y miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria. Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera reciben los medicamentos necesarios.

Respecto a las cárceles, los detenidos están dispersos por siete prisiones distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilómetros de distancia de sus casas. Y las condiciones en la que viven son ‘infrahumanas’: celdas sucias entre cucarachas, alimentación muy escasa y casi sin tiempo para salir de sus celdas.

Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detención de Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no supieron nada de él durante cinco días, en los que ni siquiera los abogados consiguieron hablar con él. Cuando lo encontraron, estaba lleno de moretones y había sido brutalmente torturado.

"Presenté y denuncie ante el comité de la tortura. Este denunció a Marruecos, pero Marruecos no lo aceptó.” A partir de aquí, prohibieron a Magin la entrada no sólo a prisión, también a Marruecos, prohibiendo así al preso Asfari ver a su mujer. “Mi lucha no es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo saharaui”, señala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen haber probado lo mismo: la represión y las detenciones a estos presos viene por la lucha de liberación del Sáhara frente a la ocupación marroquí. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos políticos y en que no se han dado condiciones mínimas para que los juicios se consideren válidos.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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UNIDAD POPULAR APOYA REFERÉNDUM CONTRA LEY DE RIEGO

INFORMA1868

1) Unidad Popular apoya referéndum contra Ley de Riego
2) Con aval de Inacoop, siete ex trabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce lanzan emprendimiento metalúrgico
3) Siguen las agresiones a peones rurales /Belén Riguetti
4) Si alguna vez me muero…/Kintto Lucas
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1868 – martes 26.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) UNIDAD POPULAR APOYA REFERÉNDUM CONTRA LEY DE RIEGO

La Diaria, 26.12.2017

Unidad Popular (UP), el partido político que tiene representación únicamente en la Cámara de Diputados, en la persona del legislador Eduardo Rubio, anunció que apoyará el referéndum contra la Ley de Riego que el 18 de diciembre lanzó la Federación de Funcionarios de OSE.

Mediante un comunicado, este partido político recuerda que fue el único que votó en contra de la ley, “y siendo coherente con esta posición”, declara su “apoyo incondicional a la iniciativa y compromete su esfuerzo desde sus filas y desde los frentes que la integran a incorporarse a la recolección de firmas, en defensa de la producción nacional y en defensa del agua como bien común y derecho humano fundamental”.

El comunicado recuerda que la ley fue votada “siguiendo los lineamientos del Banco Mundial” y “profundiza el modelo productivo agroexportador, basado en el monocultivo forestal y sojero (fundamentalmente de eucaliptus y soja transgénica), que ha impactado negativamente sobre las fuentes de aguas superficiales y subterráneas”, que ha “expulsado a medianos y pequeños productores del campo”, lo que aumentó la concentración y extranjerización de la tierra”.

“La Ley de Riego […] no sólo contamina, privatiza la gestión y mercantiliza el agua, sino que habilita la generación de energía eléctrica para su comercialización”, sostiene UP, que a la vez denuncia que bajo la Ley de Protección de Inversiones se “exonera de tributos a los inversores (operadores de riego), haciendo de ello un gran negocio, para el gran capital”.

En el Frente Amplio existe un sector político que también está apoyando el referéndum. Se trata del Espacio 567, que el 3 de diciembre argumentó en una declaración que lo hacía porque apoyaba la “participación de la sociedad en las decisiones”, y que el referéndum era “un proceso más democrático de decisión”. El sector, no obstante, admitía en esa oportunidad que seguiría estudiando la norma “para lograr una definición sobre el tema de fondo debidamente fundamentada y acordada colectivamente”.

La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

2) CON AVAL DE INACOOP, SIETE EX TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA TEXTIL PUERTO SAUCE LANZAN EMPRENDIMIENTO METALÚRGICO

La Diaria, 26.12.2017 en Nacional

Después del fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce de Juan Lacaze, siete trabajadores –seis del taller mecánico y una administrativa– se proponen no tirar la toalla. Con ánimo novelero ante una oportunidad, ya fundaron una nueva cooperativa y están buscando apoyos para llevar adelante el proyecto metalúrgico. Por el momento, aún dentro de la estructura de la cooperativa en cierre, están “saliendo a conseguir clientes” y haciendo reparaciones, para no dejar caer en inactividad la maquinaria. Por otro lado, esperan que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) les preste en modalidad de comodato los equipos imprescindibles para llevar a cabo el emprendimiento. Desde el gobierno se han comprometido en varias oportunidades a ayudar a este pueblo coloniense tan golpeado, pero los locales aún se encuentran a la espera.

El 31 de enero cerrará la famosa textil de Juan Lacaze, después de haber estado más de un siglo abasteciendo al mercado local y al exterior con productos de lana de calidad. Sus últimos años fueron en modo cooperativo, como Cooperativa Textil Puerto Sauce, pero se conservaba la historia de otros sistemas de gestión que intentaron mantener el rubro vivo con los nombres Campomar y Agolan.

Una de las decisiones de los cooperativistas que aquel martes de noviembre decidieron cerrar las cortinas de la industria textil fue buscar la salida por medio de una reconversión. “Cada sector iba a ver si de alguna manera podía ser viable”, contó Mateo Rey, uno de los que trabajan en el taller mecánico de la fábrica. Junto con cinco compañeros del taller y una administrativa, la encontraron: fundaron una nueva cooperativa para dar comienzo a un emprendimiento metalúrgico. “Mecánica y tornería, lo que sea, intentamos hacer de todo”, resumió Rey con confianza. Su plan es “trabajar en el mantenimiento de otras fábricas”; saben que las de Colonia y “otras de afuera” cuentan con ellos. “Tenemos la maquinaria y tenemos experiencia”, afirmó.

“El taller tiene una viabilidad muy buena, porque es el único de Colonia con este tipo de maquinaria”, contó Rey, alimentando su esperanza, en referencia a las grandes máquinas de Agolan, propiedad de la CND. Los trabajadores solicitaron al organismo estatal que, al menos durante el primer año, cediera la maquinaria en forma de comodato. “La estamos custodiando y, a su vez, estamos haciendo algunos trabajos, porque si la dejás parada se rompe sola. Es una máquina que lleva mantenimiento”, explicó. Aseguró que el comodato sería, “en principio, por un año”. “Después de ese año nos proponemos pagar por su uso”, agregó.

Pero desde la CND les transmitieron que habría otros planes. “La semana pasada la diputada [frenteamplista del Movimiento de Participación Popular] Mercedes Santalla tuvo una reunión con nosotros y después consultó a la CND. Le dijeron que iban a rematar las máquinas. No sabemos si quieren la plata o cuál es la razón detrás”, sostuvo Rey.

Mientras esperan por la respuesta oficial de la CND, los siete trabajadores nucleados en este nuevo emprendimiento metalúrgico ya están “saliendo a buscar clientes”, porque tienen la ambición de crecer, para “generar más puestos de trabajo y poder encontrarle salida a alguna familia más”. Las cosas en Juan Lacaze no están fáciles. Primero, con el cierre de la fábrica papelera Fanapel y, ahora, con el de la Cooperativa Textil Puerto Sauce –que deja a 70 personas en la incertidumbre–, los lacazinos enfrentan un gran desafío. “Tabaré [Vázquez] nos dijo que era una zona prioritaria [ver recuadro], pero, la verdad, no están ayudando mucho”, afirmó. Por otro lado, reconoce el “apoyo” del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), que les dijo que el proyecto metalúrgico “es viable”.

El cierre de la ex Agolan es el 31 de enero; los trabajadores apelan a “tener todo en orden antes, para ya el 1º de febrero empezar a trabajar” en el nuevo proyecto.

En la lana

“Lo que no funcionó fue el mercado. Hoy en día, con una manta polar china por 100 pesos en cada supermercado, no tenemos chance”, responde Rey cuando se le pregunta por el fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce. Sobre el modelo cooperativo no tiene dudas: “Para mí, es lo único que ha funcionado”.

Las industrias del papel y de la lana dieron origen al pueblo de Juan Lacaze hace 100 años. Campomar y Soulas, el primer intento en el rubro textil, se fundó en 1906 y cerró en 1993, y dejó a 1.000 personas en la calle. De ahí surgió, en 1994, la paraestatal Agolan, administrada por la CND, que resistió hasta 2013.

En octubre de 2014, 100 ex empleados de Agolan, en una apuesta por la autogestión bajo el formato de cooperativa de producción, fundaron la Cooperativa Textil Puerto Sauce, concentrados en la elaboración de bufandas, frazadas, hilados y telas cardadas para el mercado interno y para la exportación, principalmente a Brasil y Estados Unidos.

Pero el camino era empinado. En febrero de 2015, la cooperativa recibió un apoyo de 960.000 dólares del Fondo para el Desarrollo (Fondes), que devolvió a medias a la CND –administradora de Agolan y, por ende, dueña de todo el equipamiento técnico y el stock–. La cooperativa funcionó entonces sin capital de giro durante más de un año.

En marzo de 2016, la nueva estructura del Fondes, en alianza con el Inacoop, le brindó un nuevo préstamo al emprendimiento: esta vez, por 1,6 millones de dólares. Pero la carga sobre la espalda del proyecto era insoportable. El funcionar sin capital de giro entorpeció la gestión, y las dificultades intrínsecas del sector hicieron caer la estructura, que funcionó durante más de 80 años y luego se intentó emparchar de diferentes maneras.

El 31 de enero la cooperativa cerrará las cortinas del negocio definitivamente. La decisión fue tomada a mediados de noviembre en una asamblea en la que los cooperativistas aprobaron el proceso de “cierre ordenado” del emprendimiento, que aún conservaba el nombre fantasía Agolan por una estrategia comercial.

No hubo sorpresa; los números en rojo se acumularon durante varios años y las proyecciones para 2017 no eran alentadoras. Además, en julio, un estudio de técnicos del MIEM determinó que la Cooperativa Textil Puerto Sauce era inviable como proyecto industrial y que a partir de esa fecha cesaría todo tipo de ayuda económica. No quedaba otra. Los 70 textiles, cuyo promedio de edad ronda los 50 años, aceptaron entonces participar en los procesos de reconversión laboral que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) por medio de cursos de capacitación. “La idea era armar y organizar pequeños proyectos productivos entre los compañeros, pero deben ser viables, como el taller mecánico o la tejeduría”, cuenta Rey.

Mientras le buscan la vuelta, el gobierno se comprometió a otorgar a estos trabajadores una cobertura de seguro de paro durante 12 meses.

Nora final /Diez meses después

En marzo de este año, un comité del Ejecutivo, encabezado por el presidente Vázquez, aterrizó en Juan Lacaze con un paquete de propuestas. “Queremos ser cada vez más gobierno de cercanía” y “tenemos la mejor disposición para trabajar en conjunto”, dijo el mandatario, sin dejar de reconocer que “hay limitaciones”, pero asegurando que con “voluntad” se pueden resolver. Además de una partida de 4,2 millones de pesos para que el Inefop capacite a los trabajadores de Fanapel, el gobierno ofreció la extensión del seguro de paro para los ex papeleros y la inclusión en el seguro de los trabajadores afectados por las empresas tercerizadas vinculadas a Fanapel. El Ejecutivo también afirmó que estaba trabajando en la instalación de una fábrica de producción de aceite y otra de bolsas de papel que recompusiera la estabilidad laboral, y en la declaración de puerto libre, que serviría a la localidad para instalar parques industriales.

La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

3) SIGUEN LAS AGRESIONES A PEONES RURALES

Manuela Mutti: la diputada oficialista que denuncia al MTSS las agresiones a peones rurales y apoyó una ocupación del sindicato de Caputto

Belén Riguetti /La Diaria, 26.12.2017

El lunes 18 de setiembre, Paolo Rodríguez, capataz de la estancia Flor del Ceibo, en Salto, golpeó con un rebenque al peón Hugo Leites; tres meses después, a principios de diciembre, el juez Wilson Borsani procesó sin prisión al agresor por el delito de lesiones personales, ya que Leites terminó con una costilla fisurada. Cuando se conoció la noticia del fallo judicial, la diputada del Frente Amplio por el departamento de Salto, Manuela Mutti, publicó en las redes sociales que el mensaje del juez era claro: “Pegue patrón que no pasa nada”. El 16 de diciembre la representante nacional reiteró el mensaje, pero esta vez agregó: “Ahora le tocó a Juan Díaz. Su patrón creyó que, al igual que sus caballos, también el peón era de su propiedad y lo fajó. Ya alertamos al MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] y el PIT-CNT está trabajando en el tema, la Justicia tendrá que dejar de lado su benevolencia”.

Mutti dijo a la diaria que ya van cuatro casos de agresiones a trabajadores rurales de Salto después de la denuncia de Leites. “Nos llegan denuncias de todo tipo, pero la de Hugo [Leites] fue emblemática. Cuando nos enteramos [de la agresión] la denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, llamamos a Ernesto Murro, y avisamos a los medios para que haya una condena social”. “Hay personas que piensan que son dueños de los campos, de las vacas y de la gente. Tienen que enterarse de que estamos ante un cambio social, cultural y legislativo en el que los trabajadores tienen derechos y estos no se terminan cuando se cruza la portera de la estancia”, expresó. La diputada afirmó que Leites quedó “expuesto a la posibilidad de que no consiguiera trabajo”, y, a pesar de que el movimiento sindical lo ayudó, “los empresarios rurales se cuidan mucho las espaldas y hoy Leites está sin trabajo”.

Díaz, el trabajador de stud de caballos que denunció una agresión a principios de diciembre, está internado con parálisis facial del lado derecho de la cara, relató la diputada. “Es algo que a todos nos debería doler en el alma”, expresó. Según Mutti, Díaz trabajaba por casa y comida, por lo que se tenía que escapar para hacer changas y conseguir dinero para mandarle a su familia, que vive en Tacuarembó. Cuando el patrón se enteró de una de esas salidas, le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Luego una mujer lo encontró tirado en la calle y lo convenció de que hiciera la denuncia. Mutti se enteró del caso por el PIT-CNT y de inmediato se comunicó con el ministro Murro. “La Mesa Representantiva del PIT-CNT está jugando un rol muy importante en la contención de los trabajadores”, afirmó.

El mercado laboral en Salto es una de las líneas de trabajo de la diputada: “Desde que asumimos la legislatura es una de nuestras prioridades, por el aumento del índice de desempleo y porque [en la zona] es zafral”. Mutti aseguró que en muchos casos se trata de empleos que tienden “a establecer relaciones muy precarias”. Por ejemplo, el cambio varietal, para poder ingresar en nuevos mercados del exterior, hizo que se acortara la zafra de la naranja. “El citrus es uno de los sectores con mayor grado de precariedad laboral. Desde la diputación, junto con el MTSS y los trabajadores, logramos que se forme la coordinadora del citrus del litoral, que ya va a cumplir dos años”, relató. Además, Mutti fue una de las impulsoras de la extensión del seguro de paro de este sector, implementado por segunda vez en 2017. “Hoy el derrotero que tenemos por delante es transformar ese proyecto en una ley nacional, para que no sea necesario pedir el seguro desde el Parlamento todos los años”.

Una de las empresas que más trabajo dan en Salto es la citrícola Caputto. “En el litoral llega a emplear a 5.000 trabajadores cuando no está en momento de zafra, y en zafra emplea a cerca de 15.000 personas. Es una empresa que tiene 80% de la producción citrícola del país”, describió la legisladora. Caputto, sin embargo, ha tenido situaciones de alta conflictividad. “El martes estuvimos ocupando los portones de la empresa junto con los trabajadores, porque en la negociación con el MTSS habían acordado la liquidación de las licencias de 2016 y el pago de la zafra de octubre, pero después desde la empresa se dijo que la plata no estaba y que no iban a pagar”, explicó la diputada. “El año pasado y el anterior pasó lo mismo en estas fechas. Después de la ocupación de los portones, la empresa convocó al diálogo y se acordó un pago de manera progresiva”, explicó. Mutti aseguró que Caputto es una empresa que ha recibido múltiples apoyos por parte del Estado. “Incluso logramos financiar deudas importantes que tenía con algunos entes”, describió.

Por la conchilla

La figura de Mutti se hizo más conocida este año tras la sesión de la Cámara de Diputados del viernes 6 de octubre. Ese día, la diputada daba un discurso por un proyecto de ley enviado por la Comisión de Educación y Cultura para darle el nombre del ingeniero civil Pedro Benito Solari a la Escuela 105 de Salto. Cuando la legisladora confundió la palabra “cochinilla” con “conchilla”, empezó a reír y no pudo seguir hablando.

“En los tres años que estoy en el Parlamento se ha tentado mucha gente. La primera vez que me pasa a mí es la primera vez que se viraliza, y eso me llama la atención”, dijo la legisladora a la diaria. Considera que eso se debió a un tema político. La diputada recordó: “En el medio de la discusión por el Presupuesto Nacional, [Jorge] Gandini [Partido Nacional] cantó la quiniela. Hizo un chiste ex profeso, todos nos reímos, yo también, me pareció festejable después de muchas horas de debate. En mi caso me pareció una exageración el nivel de agresión, y tenía un claro corte de género. Recuerdo patente un mensaje que decía: ‘La diputada que baila de noche en un cabaret de biquini. No saben lo que es, deberíamos ir todos a verla’. No se metieron ni con mi risa ni con mi trabajo”. A su entender, el episodio terminó beneficiándola: “Nuestro trabajo era conocido por los salteños y por las personas que están muy metidas en la política, pero el video nos benefició porque hizo más visible nuestro trabajo”.

Nota final / Un revés

El jueves, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, dijo, en conferencia de prensa, que la ley integral contra violencia basada en género, aprobada el 13 de diciembre en el Parlamento, no se podrá implementar “de inmediato” porque el Poder Judicial no tiene presupuesto ni recursos humanos calificados. Mutti aseguró que se trata de un “un revés” y una “aberración” que la SCJ diga que no puede aplicar una normativa por falta de recursos. “Lo que se debe hacer es estudiar la ley y sentarse a pensar cómo implementarla de la mejor manera con los recursos que tenemos, y transitar un camino de diálogo para que sea viable”, expresó. “Esta ley fue muy trabajada y no era desconocida, y, ante la problemática social, hay cosas que sin duda se deben implementar”, agregó.

Belén Riguetti /La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

4) SI ALGUNA VEZ ME MUERO…

Por Kintto Lucas

Si alguna vez me muero, no será en París con aguacero, será de tristeza. De tristeza por no haber hecho lo que debía, por no haber puesto la mira en un blanco certero. Si alguna vez me muero será de tristeza enamorada, de tristeza globalizada, de tristeza por tantas derrotas y alguna victoria, de tristeza por los que huyen de su tierra y por los que no tienen tierra; de tristeza por los niños que crecen en lugar de seguir siendo niños; de tristeza por quienes creen que un dios los sacará de la tristeza. De tristeza por los farsantes que hacen política y los políticos que hacen farsa; de tristeza sola y acompañada, de tristeza emborrachada por la noche y por el día, de tristeza esperando abril frente a la playa, o tal vez el viento de septiembre. Si alguna vez me muero no será con dolor de España, si no con dolor de América Latina, y del mundo también. Si alguna vez me muero será de tristeza, por no haber visto cantar a los ruiseñores, mientras hacían el amor con sus ruiseñoras. De tristeza por los tristes, por los solos, por los muertos y los vivos, por no haber cambiado el mundo y no haber llorado lo necesario. De tristeza por mi padre, por sus versos de despedida, por los ingenuos que todavía creen en utopías. De tristeza por el naufragio y por los niños en el Mediterráneo. Si alguna vez me muero no será por miedo, ni por dejar de luchar, ni por dejar de plantar algún árbol, ni por dejar de amar, ni por dejar de escribir, ni por dejar de caminar. Si alguna vez me muero será por el rifle, por la mira, por el blanco y la mirada. Si alguna vez me muero será de alegría, por haber sobrevivido a tanta tristeza.

Kintto Lucas (Ecuador)
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

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LA LLAMADA INDISCRETA

ALDÍA2157

1) Advierten sobre la designación de Ernesto Kreimerman al frente de TNU

2) La llamada telefónica clave en la causa de Lorenzo y Calloia

3) Gobierno aprobó la liberación comercial de cuatro nuevos eventos transgénicos

4) Otro peón rural de Salto fue agredıdo por su ex patrón, tras reclamar haberes ımpagos

5) Diputados aprobó la creación de una comisión por el voto en el exterior; la oposición se fue de sala por entender que es inconstitucional

6) IMM dio OK a nueva torre de zona franca del WTC


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2157 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 22 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Advierten que la designación de Ernesto Kreimerman al frente de TNU supone una violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(La Diaria)

La Coalición por una Comunicación Democrática expresó su “preocupación” por el anuncio de que Ernesto Kreimerman será nombrado director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, dado que “podría configurar una violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

En un comunicado de esta organización se observa que en los registros de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Kreimerman “es el único accionista de Vallemiel SA, la empresa titular de Latina FM de Montevideo y de Veltesur SA, autorizada a operar Latina FM de Punta del Este. A su vez, según la web de la emisora, también tiene una relación indirecta con la 97.9 FM de Colonia, que figura a nombre de Pradomill SA, cuyo accionista formal es el Sr. Pedro Gari Irureta Goyena”.

Por tanto, la organización sostiene que la designación de Kreimerman al frente de TNU “sería claramente violatoria de la LSCA, atento a lo dispuesto en su artículo 159”, que define las incopamtibilidades del cargo: “Los miembros del Directorio del SPRTN y los Directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión. Son de aplicación para los integrantes del Directorio del SPRTN las inhibiciones dispuestas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República”, expresa dicho artículo.

El comunicado finaliza llamando al Poder Ejecutivo y demás organismos con responsabilidad en el asunto a “respetar la ley votada por el Parlamento y darle cumplimiento estricto”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) La llamada telefónica clave en la causa de Lorenzo y Calloia
El expresidente del Banco República fue condenado por la justicia uruguaya y el exministro de Economía y Finanzas fue absuelto de la acusación de abuso de funciones.
(180.com)

Una llamada telefónica entre el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, y el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fue central en la causa que terminó con la condena de uno y la absolución del otro.

En el juicio, la defensa de Calloia argumentó que el ex presidente del Banco República tenía el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas cuando otorgó el aval a Cosmo para participar del remate de los aviones de Pluna. Ese respaldo habría sido por una llamada telefónica que le hizo Lorenzo.

Calloia relató que primero recibió una comunicación telefónica del ministro de Economía y Finanzas. Después, recabó la opinión de los otros dos directores del banco, que le dieron su consentimiento, y cuando se cumplió la operación, el directorio aprobó lo realizado. “Se juzga como conducta individual una decisión que constituye un acto orgánico, un acto administrativo”, aseguró su defensa.

Por su parte, la defensa de Lorenzo sostuvo que la llamada telefónica fue para comunicarle que el empresario Juan Carlos López Mena iba a acercar a la institución una empresa interesada en participar en la subasta y si ello ocurría, le solicitaba que “hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”.

Lorenzo explicó que se trató de un pedido y no de una orden, por la que se solicitó a Calloia que sea “flexible” en la exigencia de los requisitos habituales para el manejo de riesgos inherentes en estas operaciones. Cuando explicó el término “flexible”, el exministro sostuvo que se refirió a que la emisión de avales en presencia de actores que no tienen historia crediticia local ni respaldos locales, como era el caso de Cosmo, podía implicar que hubiera problemas de documentación pendientes y que ellos estaban trabajando para asegurar la concurrencia del mayor número de oferentes.

“Yo le digo al Presidente del Banco República que el Sr. López Mena me dijo en presencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que una empresa se acercaría a tramitar un aval al banco. Quiero aclarar que esta información que le transmití a Calloia estaba también afectada por esta desconfianza y prudencia que tenía con respecto a todo lo que se me decía, yo no tenía la seguridad de que eso fuera a ocurrir. Si eso ocurría fue solicité que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”, declaró Lorenzo. Además, el ex ministro aclaró que “no tenía la autoridad para inmiscuirse en la toma de decisiones en materia de una operación de crédito contra garantía y que el Presidente del Banco República jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta solo porque él se lo hubiera solicitado”.

La defensa de Lorenzo consideró que el ministro no tenía ninguna facultad legal ni autoridad directa sobre el director o cualquier funcionario del banco. El “factor decisivo” para conceder el aval no fue solo la llamada telefónica, sino “la directa intervención en su trámite del Sr. Juan Carlos López Mena y que fue a él a quien el Banco finalmente le otorgó el aval. Esto es indiscutible si se tiene en cuenta que quien asumió el pago de la garantía del aval concedido a la empresa Cosmo, ante el incumplimiento por la Aseguradora Boston, fue el nombrado empresario”.

La jueza le dio la razón al planteo de la defensa de Lorenzo en su sentencia y le cuestionó a Calloia que no exigió la presentación de contragarantías, a pesar que la empresa Cosmo no era cliente del banco y no era conocida en el mercado regional. “Si bien el referente era cliente del banco, el Sr. López Mena, la empresa no lo era y sin embargo, no se le exigió la documentación mínima necesaria y no se obtuvo información siquiera de carácter primario, respecto de la solvencia de la Empresa. Y aún a la fecha de aprobación del otorgamiento del aval, días después de la subasta, la información y documentación con que se contaba también era insuficiente (…) El Gerente Ejecutivo de División Empresas del BROU, Sr. Raúl García, le informó al Ec. Calloia las condiciones planteadas por el solicitante del aval y que al ser una firma extranjera sin antecedentes en el Banco, de la que se contaba con muy poca información y sin ofrecer garantía alguna, no podía ser considerada. Sin embargo, el imputado le indicó que era de interés nacional y que además de su consentimiento, contaba con el de los Directores necesarios para el otorgamiento del aval. Así fue que Calvo Sánchez se presentó a la subasta con el documento que le otorgaba un aval por más de trece millones de dólares, pese a no cumplir con los requisitos mínimos para que se le otorgara esa garantía”, explica Mainard en su sentencia.

El aval que pagó López Mena

El aval otorgado por el Banco República por 13.500.000 de dólares a la empresa Cosmo fue para que participe de la subasta de los aviones de Pluna el 1 de octubre de 2012. En ese remate, Hernán Calvo Sánchez levantó la mano y se llevó los aviones por 137 millones de dólares como representante de Cosmo.

Al caerse la subasta, en marzo de 2013, López Mena aceptó pagar el aval y el ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a "no tener nada más que reclamar" al Banco de la República, ni a ninguna otra persona física o jurídica, por ningún concepto, directa o indirectamente vinculado con el otorgamiento del aval, una vez que el banco efectivice su pago al Fideicomiso. El convenio contemplaba un pago inicial de 888.516 dólares y el saldo en ocho cuotas iguales y consecutivas de 1.600.000 dólares.

El delito de abuso de funciones

Este delito está previsto por el articulo 162 del Código Penal, el cual se establece que “el funcionario público que con abuso de cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de diez a 3.000 UR”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) Gobierno aprobó la liberación comercial de cuatro nuevos eventos transgénicos de maíz y soja con el voto en contra de los ministerios de Salud y Ambiente
Amanda Muñoz (La Diaria)

El Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB) aprobó el viernes las solicitudes para usar ocho eventos transgénicos; la noticia se conoció públicamente ayer, por una nota publicada por Montevideo Portal. Se trata, en realidad, de 14 solicitudes que el gabinete tenía pendientes: algunas para uso comercial, otras para ensayo a campo, para ensayo del Instituto Nacional de Semillas (Inase), o de laboratorio.

En diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, secretaría que preside el GNB) catalogó de muy importante la aprobación: “Veníamos con cierto atraso y hoy quedamos al día con las solicitudes que teníamos en la cartera”, saludó, subrayando que algunas habían sido presentadas en 2010. “Es importante respetar el marco regulatorio”, resaltó. Entre esas ocho variedades hay una de papa transgénica, que está siendo estudiada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Los más polémicos son los cuatro eventos que se liberaron para uso comercial, que contaron con el voto en contra de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); sí contaron con el aval de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Industria, Energía y Minería, Economía y Finanzas, y Relaciones Exteriores.

Uno de ellos es el maíz MON89034X- MON88017, de la empresa Monsanto, cuya liberación a nivel comercial había sido solicitada en 2010; apila dos eventos mediante los cuales la planta tiene resistencia a insectos lepidópteros (la Diabrotica speciosa, llamada comúnmente “vaquita de San Antonio”) y tolerancia al glifosato. La otra variedad de maíz es la llamada TC1507XMON810XNK603, solicitada en 2014, resistente a lepidópteros y a dos herbicidas (glifosato y glufosinato). Las variedades de soja son DAS44406- 6, de Dow AgroSciences, cuya liberación comercial había sido solicitada en 2012 y que tiene tolerancia a tres herbicidas: glifosato, glufosinato y 2,4D. El evento de soja MON89788XMON87708, de Monsanto, solicitado para liberar comercialmente en 2013, tiene tolerancia a dos herbicidas: glifosato y dicamba.

Alejandro Nario, responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, MVOTMA), explicó a la diaria que la aprobación de eventos para investigación no provoca mayores problemas, porque su uso está limitado (se permite sólo en chacras de experimentación), pero dijo que otra cosa ocurre con los que se liberan comercialmente y pueden plantarse en todo el país. Comentó que era necesario estudiar las condiciones de coexistencia de estos nuevos eventos de maíz con el maíz criollo, por el gran riesgo de cruzamiento, que ya ocurre y que provoca la pérdida de semillas de variedades nativas y criollas. Reprobó, además, que las variedades sean resistentes a Diabrotica speciosa, porque se trata de una especie que no es plaga en Uruguay. “No nos parecía bien asumir el riesgo por algo que no es plaga”, comentó.

En cuanto a los eventos de soja, lo que más preocupa a la Dinama es la dispersión masiva de dicamba y 2,4D, que se suma a la amplia dispersión que ya tiene el glifosato. “La ministra [Eneida de León] planteó que no estamos en contra de los transgénicos, pero nos parece que tenemos una responsabilidad ambiental; antes de estudiar no se puede hacer ese tipo de liberación. Pero se votó, y tanto Salud como Ambiente quedaron en minoría”, lamentó. “Nos parece que no hay suficiente estudio, en esas condiciones no estamos para aprobar eso”, afirmó, y dijo que “no hay un monitoreo posterior” y tampoco una solución duradera, puesto que las malezas que hoy son resistentes al glifosato luego generarán resistencia contra el dicamba y el 2,4D. La evaluación que hace el GNB no toma en cuenta el paquete tecnológico asociado, y con eso discrepan el MSP, el MVOTMA, y organizaciones ambientales.

El MGAP no lo ve así. “Las recomendaciones de la CGR [Comisión para la Gestión del Riesgo] es que no se podía evaluar aspectos perjudiciales sobre el ambiente ni sobre la salud humana y animal, y tampoco sobre los aspectos de negocio”, aseguró el subsecretario Enzo Benech. En cuanto a la evaluación de la dispersión de plaguicidas, explicó que “eso no se evalúa, no es parte del Decreto 353”, que regula la aprobación de vegetales transgénicos. Subrayó que los plaguicidas “son una responsabilidad de nuestro MGAP, a través de Dirección General de Servicios Agrícolas; es ahí donde se registra y se indican las formas de uso de los agroquímicos, no es en este gabinete donde se evalúa. […]el marco legal que tenemos no nos habilita a eso”.

En cuanto al riesgo de perder variedades de maíz criollo, Benech reconoció que el cruzamiento de variedades es un problema y que “hay que regular eso de alguna forma”. Para eso, los productores de maíces criollos tienen que registrar en el Inase las variedades que quieren proteger. En cuanto a la Diabrotica, reconoció que no es plaga en Uruguay y que no hay datos sobre si provoca, o no, un daño económico.

Desde el punto de vista sanitario, las principales objeciones contra los eventos de maíz tienen que ver con el aumento de la exposición a proteínas Cry del biopesticida (detectado ya en sangre de mujeres embarazadas y sus fetos), el aumento de reacciones inmunoalergénicas y la falta de información de lo que ocurre al apilar tres eventos transgénicos, como ocurre con el TC1507XMON810XNK603. Benech refutó las objeciones, diciendo que él suspendió por un año el tratamiento de uno de esos eventos luego de que el MSP dijera que era “potencialmente alergénico”, pero lo avaló al cabo de un año “cuando el MSP volvió a presentar la misma información”.

¿A qué precio?

Una declaración de Casa Grande (Frente Amplio), impulsada por Círculo Verde, manifiesta la posición contraria de ese sector a la resolución del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB) por la cual fueron aprobados 14 nuevos eventos transgénicos. El texto divulgado por Casa Grande hace un repaso histórico de los cambios introducidos por la biotecnología desde que en 1996 un grupo de científicos anunciaba, en Escocia, la clonación exitosa de una oveja, y recuerda que tres meses después en Uruguay se autorizaba el uso de soja genéticamente modificada para resistir al glifosato. “Desde entonces, a ese primer evento transgénico [el GTS 40-3-2] se le sumaron cuatro eventos más de soja y diez eventos de maíz. Además, la superficie plantada de soja pasó de unas 14.000 hectáreas en la zafra 1999-2000 a más de un millón de hectáreas en la 2016-2017”, afirma.

La declaración cuestiona que se prioricen “los beneficios económicos a corto plazo, por sobre la salud de la población y los derechos a saber y decidir sobre las maneras de producir nuestra comida”, y admite que, tal como denunciaba la Asociación Rural del Uruguay en setiembre de este año, ese posicionamiento crítico obedece a “motivos ideológicos”. Finalmente, Casa Grande declara su apoyo a las carteras de Medio Ambiente y Salud Pública, rechaza la resolución del GNB (y, en particular, “la actuación de las carteras que impulsaron la liberación de los eventos”), solicita al gobierno que suspenda la aplicación de la resolución y promueva “el más amplio debate” sobre los riesgos implícitos, considera beneficiosa “la aprobación de una ley nacional de etiquetado transgénico”, llama a la reflexión pública sobre bioseguridad, con el objetivo de legislar al respecto, y afirma la necesidad de contar con una “estrategia integrada de ambiente y salud”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) Otro peón rural de Salto fue agredıdo por su ex patrón, tras reclamar haberes ımpagos
(Montevideo Portal)

Un trabajador rural de 26 años, denuncıó la agresıón de su ex patrón, a quıen fue a vısıtar para que le pagara adeudos salarıales. Los incidentes tuvieron lugar en la Colonia 18 de Julio, departamento de Salto. Según supo Montevideo Portal, el peón trabajó en el establecimiento hasta mayo. El ex patrón le dijo a su empleado que como “estaba la cosa difícil”, a fin de año le iba a pagar la liquidación correspondiente. El hombre fue a reclamar sus haberes, y allí tuvieron lugar los incidentes.

La denuncia policial a la que accedió Montevideo Portal, da cuenta que hasta Entre Ríos y Gran Bretaña, concurrió un móvil policial. Allí los uniformados se entrevistaron con el denunciante, el que señaló que minutos antes, había sido “agredido físicamente por su ex patrón, propinándole un golpe con una trama (trozo de madera) en la cabeza, tirándolo al piso y dándole golpes de puño”. “El denunciante fue trasladado al Hospital Regional Salto, lugar donde el médico de guardia expidió certificado ilegible, dándole de alta” señala el parte policial.

“Averiguado primariamente el denunciado, coincide casi en su totalidad con los dichos del denunciante, salvo en que fue este último quien comenzó la agresión, por lo que debió defenderse”, dijo el ex patrón del peón. El abogado del peón, Gabriel Cartagena confirmó a Montevideo Portal que mañana presentarán la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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5) Diputados aprobó la creación de una comisión por el voto en el exterior; la oposición se fue de sala por entender que es inconstitucional
(La Diaria)

La última sesión del año de la Cámara de Diputados transcurría con bastante tranquilidad hasta que llegó la hora de debatir el último proyecto de ley, presentado por la bancada oficialista, sobre el voto en el exterior. El primer artículo del texto dice: “Declárase, con carácter interpretativo, de los artículos 77, párrafo 1, y 81 de la Constitución de la República, que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. Además, en su segundo artículo establece que se crea una “Comisión Honoraria” con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo en el que se analicen “las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remitido al Poder Legislativo para su consideración”.

Mientras tanto, en los pasillos de la cámara algunos diputados de la oposición empezaron a señalar que el artículo 77 numeral séptimo de la Constitución de la República establece que “toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara”. Por lo tanto, antes de empezar a debatir el proyecto, el diputado blanco Pablo Abdala solicitó a la Mesa de la Cámara de Representantes que definiera cuál era la mayoría que a su criterio se requeriría para aprobar el proyecto de ley. Acto seguido, José Carlos Mahía, presidente de la cámara, contestó que se necesitaba una mayoría simple.

A continuación Abdala cuestionó a la mesa, porque, dada la importancia del asunto a tratar, esto implicaba “un atropello”. Agregó que su partido no se cierra a analizar alternativas sobre el voto en el exterior pero no está dispuesto a que se les venga “a imponer soluciones”, ya que el proyecto no representa a los partidos de la oposición, que además no tuvieron “la oportunidad” de dialogar sobre el tema. Por último, subrayó que la actitud de Mahía terminaba “siendo funcional” al “designio” de quienes propusieron el proyecto de ley.

En tanto, el colorado Ope Pasquet aseguró que el proyecto de ley es inconstitucional y señaló que su partido también acompañaba “el cuestionamiento a la mesa”. Agregó que el intento de “imponer por mayoría simple” lo que “sólo podría hacerse por la reforma de la Constitución o los dos tercios conspira contra la República y socava las bases de la paz entre los uruguayos”. “Es muy grave lo que se está haciendo, y no conozco precedentes en ese sentido desde 1985 hasta acá, por lo menos. No se puede desconocer la Constitución y un pronunciamiento del pueblo, que fue llamado a votar para habilitar el voto desde el exterior, y lo rechazó”, señaló Pasquet.

Por su parte, Daniel Radío, del Partido Independiente (PI), dijo que “es falso” que la Constitución establezca que para el ejercicio de los derechos y las obligaciones “sea indiferente que uno resida en Uruguay o no”. “La Constitución reclama el avecinamiento. A nadie se le ocurre que cuando la Constitución consagra el derecho a la vivienda esto quiere decir que le tenemos que hacer una vivienda al ciudadano uruguayo que vive en Sri Lanka o en Alto Volta”, señaló el legislador, y remató diciendo que no se iban a quedar en un debate “que pretende pasar por delante” a la Constitución.

“Esta Constitución no es la bicha, es la suprema norma magna de nuestro país, que regula la convivencia democrática. Por la vigencia de las normas corrieron ríos de sangre en nuestro país a través de mucho tiempo”, decía el diputado blanco Pablo Iturralde mientras levantaba el mencionado texto. Agregó que si el proyecto de ley sigue su camino, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia, “que va a decir que es inconstitucional”.

En tanto, Roberto Chiazzaro, uno de los firmantes del proyecto, subrayó que el texto que se iba a tratar no consagra “en absoluto” el voto en el exterior, y que tampoco violenta la Constitución. Agregó que respalda al presidente de la cámara, que leyó “correctamente, sin intencionalidad política”, que el proyecto apunta a conciliar, algo que “gran cantidad” de diputados de los diferentes partidos han comentado: que les interesaba debatir el voto en el exterior. Además, señaló que en la actualidad “sólo vota el que tenga dinero y se pueda pagar el pasaje”, y que el primer artículo del proyecto dice algo “obvio”, porque en todas las elecciones hay ciudadanos que vienen y votan. Por último, dijo que en los demás artículos del proyecto se busca generar consenso con todo el sistema político, y subrayó que lo que hizo la oposición en sala fue “politiquería”, “circo político” y “terrorismo”. Al final, los representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el PI se fueron de sala, y el proyecto se aprobó. Ahora pasará al Senado.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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6) IMM dio OK a nueva torre de zona franca del WTC
(El País)

Cuando el empresario le planteó al gobierno en 2005 hacer una zona franca, había 15.000 metros cuadrados en el país dedicados a la actividad. Hoy, hay casi 10 veces más dedicados a ese propósito.

La Intendencia de Montevideo aprobó esta semana el estudio de impacto territorial para levantar la segunda torre en el área del World Trade Center que se destinará a una zona franca de servicios. Por permitirle construir por encima de lo permitido por la ordenanza municipal, el inversor deberá pagarle a la comuna US$ 2 millones, por concepto de "mayor aprovechamiento".

El edificio tendrá una fachada elíptica diferente a la de las torres ya construidas, con paneles con control solar, de 3 metros de altura, soportados por una estructura de aluminio con perfiles ornamentales horizontales que le otorgarán un ritmo de sombras de día y de reflejos durante la noche. Se integrará con la Torre 1 de Free Zone mediante una plaza central de 3.200 metros cuadrados, que contará con áreas verdes y de esparcimiento.

En la actualidad, la primera torre de WTC Montevideo Free Zone alberga —en sus 24 pisos de oficinas— a más de 130 empresas que generan empleo para 1.350 personas, casi en su totalidad de alta calificación profesional, que trabajan básicamente "para el mundo" y que en un 80% son menores de 40 años.

"Obtuvimos una autorización inicial para empezar a excavar y ahora, con esta aprobación del estudio de impacto, vamos a obtener el permiso de construcción, por lo que en enero comienza la obra, que durará dos años y dos meses. Es una torre de 22 pisos, que costará entre US$ 35.000.000 y US$ 40.000.000", informó a El País el presidente del directorio de WTC Free Zone, Carlos Alberto Lecueder.

La torre estará sobre la esquina de Galarza y Bustamante, pero la ley de zonas francas exige que exista un único acceso controlado. "Esta torre funcionará en equipo con la número 1, que ya está construida, por lo que el acceso se mantiene y será por la calle Bonavita", anotó el empresario.

Las unidades del nuevo edificio se van a alquilar y el plazo estándar suele ser de cinco años, pero se repetirá la experiencia del Innovation Center, que es la opción de arrendar oficinas terminadas más pequeñas con contratos a menor plazo. "Ya tenemos firmadas dos reservas", dijo Lecueder a El País. Según una resolución firmada por el intendente Daniel Martínez, "la propuesta es viable, en la medida que se inscribe dentro de los usos previstos, los aspectos voluméctricos (de) tránsito y ambientales".

El documento señala también que "se valora positivamente los puestos de trabajo que se generarán a partir del desarrollo, sumado al comercio exterior en crecimiento, sobre todo en el sector servicios". Y aclara que "los solicitantes deberán realizar los trámites tendientes a la obtención del Permiso de Construcción ante el Servicio Contralor de la Edificación" de la IMM.

Puestos de trabajo.

La obra va a ocupar a unas 200 personas (serán menos al principio y más al final). Se estima que una vez que esté terminada, más de 1.000 personas trabajarán en la torre. El edificio dispondrá de oficinas flexibles de hasta 780 m2 de superficie, con posibilidad de subdividir los espacios para adaptarse a los distintos requerimientos. Adicionalmente, contará con cuatro subsuelos con más de 350 plazas de estacionamiento, un punto sensible en la zona en las que, además de las torres de negocios, se encuentra el Montevideo Shopping. También incluirá 60 plazas techadas para bicicletas y un vestuario para quienes desean salir a correr por la rambla.

Una torre más

En el lugar existe un espacio más entre la torre 4 y la zona franca, en el que se proyecta un edificio más con una altura superior a los 20 pisos. "Esa tierra no es nuestra, pero tenemos un acuerdo para hacerla. Y habrá que decidir si se hace la quinta torre del World Trade Center o la tercera del WTC Free Zone. Eso el tiempo y el mercado lo dirán", anticipó Lecueder. Cuando el empresario le planteó al gobierno en 2005 hacer una zona franca, había 15.000 metros cuadrados en el país dedicados a la actividad. Hoy, hay casi 10 veces más dedicados a ese propósito.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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ELECCIONES EN CATALUÑA

INFORMA1867

1) Elecciones en Cataluña /Claudi Pérez
2) ERC se queda a 12.000 votos de superar a Puigdemont /Camilo S. Baquero
3) Con Piñera el Cono Sur queda en manos de la derecha empresarial /Emilio Marín
4) Uruguay incluyó a la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos
5) Festival de Cine Documental Social y Político
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1867 – jueves 21.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) ELECCIONES EN CATALUÑA

Puigdemont: “Hay mayoría en votos y escaños para un referéndum”
El expresidente sugiere que podría volver a Barcelona y exige a Rajoy que retire la aplicación del artículo 155 después de la "rotunda victoria" del independentismo

Claudi Pérez /El País, Bruselas 22 DIC 2017

Las elecciones catalanas tenían que servir para dar claridad a la situación política después del referéndum ilegal y un par de meses de aúpa que han acabado con la mitad del Gobierno autonómico con sus huesos en la cárcel y la otra mitad en Bruselas. Pero los resultados de la noche electoral dejan las cosas tal y como estaban: el independentismo gana en escaños, los partidos constitucionalistas ganan en votos y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, sigue desatado desde su exilio en Bruselas. Rodeado de un par de cientos de seguidores y en torno a un centenar de medios, Puigdemont ha declarado en la capital belga la "rotunda victoria" del bloque independentista y justo después ha lanzado un duro mensaje: “Rajoy, el Ibex, el entorno mediático y Europa deben tomar nota" de los resultados.

Puigdemont: “Hay mayoría en votos y escaños para un referéndum” El Supremo cerca a Puigdemont: fuga indefinida o detención

“La república catalana ha derrotado a la monarquía del 155", ha recalcado en uno de esos eslóganes destinados al aplauso de sus fieles en el Brussels Square Centre, junto a la Grand Place. "La independencia gana de manera rotunda en condiciones de Estado de excepción, con candidatos en la cárcel, un Gobierno en el exilio y con una criminalización permanente; hay mayoría absoluta en votos y en escaños [sumando los de En Comú Podem] a favor de un referéndum”, ha subrayado en un acto al que han asistido varios diputados de la N-VA, el partido nacionalistas flamenco.

Puigdemont sugiere que podría volver a Barcelona en los próximos días, como ya ha dicho otras veces. “No acatamos el [artículo] 155: a partir de mañana el 155 tiene que quedar en suspenso, hay que liberar a los presos, tenemos que volver, y la política debe retornar; el señor Rajoy tiene que volver a hacer política”, ha asegurado. El expresidente ha dejado también un recado para Bruselas: “Europa debe tomar nota. Si Rajoy sigue aplicando la misma receta obtendrá los mismos resultados: o cambia de receta o cambiaremos de país más rápido de lo que nos habíamos propuesto”.

En un discurso a ratos sosegados y a ratos arrebatado, ha afirmado que la situación actual "urge una rectificación de mucha gente, empezando por el presidente del Gobierno. Hay mucha gente a la que se hizo daño el 1 de octubre y aún no hemos oído una sola disculpa. El Ejecutivo debe proceder a la restitución del Gobierno legítimo, y los presos deben salir de la cárcel cuanto antes", ha concluido.

Claudi Pérez /El País
COMCOSUR INFORMA Nº 1867 – 21/12/2017 _______________________________________

2) ERC SE QUEDA A 12.000 VOTOS DE SUPERAR A PUIGDEMONT

El partido de Oriol Junqueras no logra liderar la victoria del bloque independentista

Camilo S. Baquero /El País. Barcelona 22 DIC 2017

Ni con el mejor resultado electoral de su historia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha conseguido hacerse con la hegemonía política del independentismo catalán. La formación de Oriol Junqueras ha rozado los 920.000 votos, el 21,4% del total, pero Junts per Catalunya ha logrado superarla. Después de que los sondeos la pusieran como la favorita de estas elecciones, ERC ha visto cómo la victoria se le escapaba entre los dedos y ha tenido que contentarse con una tercera posición. Sin embargo, junto con Junts Per Catalunya y la CUP, las tres fuerzas separatistas suman mayoría en escaños y votos.

“Hoy la república le ha ganado al artículo 155 de Mariano Rajoy”, ha asegurado este jueves la número dos del partido, Marta Rovira. La también candidata se ha refugiado en la victoria del bloque independentista en escaños y votos y por “volver a recuperar el mandato del referéndum del 1 de octubre y del 27-S del 2015”. “Los ciudadanos han votado que pueda volver el Govern del exilio”, agregó Rovira entre gritos pidiendo la libertad de Junqueras y el resto de los que denominan “presos políticos”.

ERC se queda a 12.000 votos de superar a Puigdemont Junqueras ya ha votado desde la cárcel de Estremera

Los republicanos se han reunido en la Estación del Norte de Barcelona para seguir la noche electoral y desde muy pronto han empezado a verse caras largas. Para el 21-D ERC se había puesto dos metas. Por un lado, hacerse con la victoria que dibujaban las encuestas e iniciar así una nueva etapa en la política catalana como viga maestra de la centralidad política. Por el otro, liderar la victoria del bloque independentista. Esto, defendían los republicanos, obligará al Ejecutivo de Mariano Rajoy a sentarse a dialogar el encaje entre Cataluña y el resto de España. Anoche Rovira pidió al presidente del Gobierno que “levante el 155, libere los presos políticos y se siente a negociar”.

En el primer objetivo autoimpuesto se ha fracasado por unos 12.000 votos. Los republicanos no han logrado poner freno a la lista encabezada por el expresident Carles Puigdemont. Respecto a la segunda meta, pese a los 70 escaños que ha logrado el independentismo el triunfo de la candidatura de Ciudadanos en votos es un duro golpe psicológico para los secesionistas, que ven en la fuerza naranja la formación más corrosiva para temas con tanto consenso político dentro del catalanismo como la inmersión lingüística.

El pulso con la llamada “lista del president” comenzó pronto para Esquerra. Fue el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, quien alertó pocas horas después de salir de prisión preventiva de la imposibilidad jurídica de que Puigdemont pueda ser investido. Una vez ponga un pie en España, explicó, sería detenido. Esta argumentación llena de motivos a ERC para aupar a Junqueras como president pese a su tercera posición. Una de sus principales promesas electorales es “la libertad de los presos políticos”, algo sobre lo que no tienen ninguna potestad.

ERC soñaba con el sorpasso a Junts per Catalunya, la marca bajo la que concurrió la formación heredera de Convergència, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT). Tanto es así que la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, aseguró en el cierre de campaña que Junqueras era ya el contrincante a la sociovergencia burguesa que ha dominado la política catalana tras la restitución de la democracia.

El último resultado de ERC en solitario es de 2003, cuando obtuvo 544.300 votos, el 16% del total. Los republicanos han sido la formación más beneficiada por el crecimiento del independentismo. Para mantener el pulso al Gobierno central, los republicanos tendrán que pactar con un Junts per Catalunya que le supera por solo dos escaños y 12.000 votos pero que, a fin de cuentas, es la lista secesionista más votada. También habrá que ver cómo quiere jugar la CUP. Una abstención suya sería suficiente en segunda vuelta. Y no hay tripartito de izquierdas posible.

El partido de Junqueras sobrevivió a una campaña con su líder en prisión preventiva y condicionado por la posibilidad de que algunos otros de sus dirigentes, como Rovira, también puedan acabar en la cárcel. Los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret, están refugiados en Bruselas.

La ausencia de al menos tres diputados republicanos en una sesión de investidura puede ser clave y la cúpula de la dirección del partido tendrá que evaluar ahora cuál será su estrategia. Mundó reivindicó en varios mítines la larga historia e implantación de ERC en el territorio (tiene alrededor de 300 alcaldías) pero esto no fue suficiente para la victoria. ERC quiso evitar el cuerpo a cuerpo con Junts per Catalunya para evitar polémicas dentro del independentismo –coqueteó con el tema de la corrupción— y eso terminó por pasarle factura.

Esquerra ni de lejos ha abandonado uno de sus objetivos fundacionales, la independencia de Cataluña. Tras el fracaso de la ruta secesionista, los republicanos ahora han modulado el discurso. Aceptan la necesidad de ensanchar el apoyo ciudadano a esa apuesta. Según su programa, buscarán “una negociación bilateral” con el Gobierno que permita la independencia de Cataluña. Sin embargo, Rovira aseguró durante la campaña que la negativa de Rajoy a dialogar reactivaría la vía unilateral.

Camilo S. Baquero /El País
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3) CON PIÑERA EL CONO SUR QUEDA EN MANOS DE LA DERECHA EMPRESARIAL

El derechista Sebastián Piñera ganó el balotaje en Chile. Gobernará por segunda vez, porque estuvo entre 2010 y 2014. Fue precursor de Mauricio Macri y ahora empalma con su colega empresario y ajustador serial de este lado de los Andes.

Emilio Marín /ALAI 21/12/2017

El 17 de diciembre hubo una segunda vuelta para elegir presidente en Chile por un mandato de cuatro años. Ganó Sebastián Piñera, de la derechista “Chile Vamos”, con el 54,62 por ciento de los votos, sobre el centrista Alejandro Guillier, de “Nueva Mayoría” (oficialismo, ex Concertación), quien obtuvo el 45,38 por ciento.

El perdedor dijo que la victoria de su rival había sido maciza, visitándolo en su bunker de un hotel exclusivo en Santiago. La mandataria, Michelle Bachelet, llamó por teléfono a Piñera para felicitarlo y convenir una reunión donde comenzarían a arreglar el traspaso del gobierno.

El ganador invitó a la presidenta a su mansión, en la mañana siguiente, para desayunar y hablar de todo eso. Esos detalles fueron realzados por la prensa monopólica argentina para demostrar la supuesta superioridad de Chile sobre Argentina, donde los traspasos se hacen a los ponchazos o no se hacen, como el 10 de diciembre de 2015.

Siendo cierto ese dato, hay que decir que la democracia burguesa imperante en Chile no por eso es adelantada. Aquel es un detalle. Mejor es el sistema donde hay casi 800 genocidas condenados, como en Argentina, mientras allá la abrumadora mayoría de los represores está impune por disposiciones del pinochetismo y la democracia pusilánime que lo sucedió, incluyendo los gobiernos de Piñera (2010-2014) y Bachelet.

Que la política trasandina no goza del masivo apoyo ciudadano se mostró en estos comicios. En la primera vuelta del 19 de noviembre, Piñera obtuvo 36.6 % de los sufragios y Guillier 22.7 %, con una abstención del 54 %: de 14.350.000 personas habilitadas para sufragar, no lo hicieron 7.700.000.

En el balotaje se repitió esa alta abstención: más del 50 por ciento no fue a votar. Los medios de allá y de acá titularon “Amplia victoria de Piñera”. Una verdad menos que a medias. Si votó el 50 por ciento del padrón, y “Chile Vamos” obtuvo el 50 por ciento de los votos, quiere decir que fue apoyado por el 25 por ciento de los chilenos en condiciones de votar. Ese es un voto minoritario, no una “amplia victoria. Chile es el segundo país del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde la participación electoral es más baja, sólo superado por Madagascar.

País desigual

La ola de abstenciones debe leerse en clave de disconformidad social con las gestiones gubernamentales de variado signo político. Esto incluye al arco derechista pues Piñera estuvo en la presidencia hace pocos años y a la mandataria de origen socialista, que gobernó antes que aquél y el 11 de marzo próximo le devuelve el sillón presidencial.

En el mandato anterior del millonario, una de las crisis políticas más recordadas fue el de la educación. Los Carabineros no podían contener tantas movilizaciones a favor de la educación pública, de estudiantes universitarios y secundarios.

Por cosas como esa le llegó otra vez el turno a Bachelet, que –aleccionada por fracasos de su mandato previo- prometió profundizar reformas. Sin embargo no superó los límites de la tibieza, sin hundir el bisturí (ella es médica) en el hueso del neoliberalismo y el capitalismo salvaje vigente en Chile desde tiempos pinochetistas.

Siguieron gozando de buena salud las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), empresas de la jubilación privada, tristemente célebres en la Argentina del menemo-cavallismo y eliminadas en 2009 a favor de la Anses. Hoy Macri intenta con la “reforma previsional” empezar el regreso a la ominosa privatización, cuando Chile, el líder negativo de las AFP, tiene planteado el camino inverso.

Los logros de Bachelet fueron bien módicos. Sólo logró que 260.000 universitarios tengan enseñanza gratuita, pero la mayoría sigue sin gozar de un acceso universal. También consiguió legalizar uniones de personas del mismo sexo, pero sin una ley de matrimonio igualitario, cajoneado en el Congreso. Otro tanto con el derecho a interrumpir el embarazo no deseado: sólo se permite por violación, riesgo de vida para la mujer o embrión con nulas posibilidades de sobrevida. De derecho al aborto legal, público y seguro, ni hablar, igual que en Argentina donde se lo sigue considerando “un pecado mortal”, como bien ironiza Callejeros en su tema “Imposible”.

En suma, los hermanos trasandinos sufren en un modelo muy desigual. El 5 por ciento de la población más rica se queda con el 51 por ciento de los ingresos, otro récord para el podio de los países más desiguales del mundo. Eso fue así con Pinochet, los gobiernos civiles de la Concertación (la Democracia Cristiana y el “Socialismo”), la derecha de la Renovación Nacional y la UDI pinochetista, etc.

En eso hubo apenas matices de mejoría o no, según fuera la alternancia. El Chile igualitario del socialismo de Salvador Allende y la Unidad Popular murió con los bombardeos del golpe del 11 de septiembre de 1973.

Juego de parecidos

Piñera y Macri se parecen en muchas cosas, comenzando por las alianzas que los llevaron al gobierno. El primero la bautizó “Chile Vamos”, nutrida por la derecha de origen pinochetista: Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, UDI, más socios menores. El segundo se basó en el derechista PRO y luego amplió a Cambiemos, con la venida a menos UCR, en la pendiente desde el derechista Fernando de la Rúa, y el ARI-CC de la impresentable Elisa Carrió.

Ambos presidentes abrevan en el neoliberalismo y la derecha, en el terreno político y frentes importantes como los derechos humanos. El trasandino estuvo en su momento en contra de la detención y juicio contra Augusto Pinochet que promovía el juez Baltasar Garzón.

Y de este lado de la Cordillera Macri habló del “curro” de los derechos humanos. En los últimos meses hay duras represiones de policía, Gendarmería, Albatros, Prefectura y policías provinciales contra diversos reclamos populares. El cronista se entristece hoy por la represión policial en Jujuy ordenada por el gobernador Gerardo Morales contra los trabajadores del ingenio La Esperanza, que no abonó los últimos dos sueldos y despidió a 400 trabajadores. La policía dejó 12 heridos y 50 detenidos, en una continuidad de la represión de Gendarmería en Chubut en agosto y Río Negro en noviembre. El libreto es el mismo empleado por fuerzas policiales y de inseguridad para blindar el Congreso, reprimir y lograr la aprobación del ajuste previsional.

Los dos son empresarios: uno fue dueño de LAN Chile y otras firmas al llegar a La Moneda en 2010. Según la estadounidense Forbes su patrimonio llegaría a 2.700 millones de dólares, entrando en el ranking de los multimillonarios latinoamericanos. Macri fue parte del monopolio Socma, con empresas de construcción como Iecsa y de servicios como Manliba y Correo Argentino, industriales como Sevel, agropecuarias, etc. Supuestamente hubo ventas en esas compañías, sobre todo a partir de 2007, cuando el personaje fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos fueron favorecidos por las dictaduras militares. El niño bien de Tandil lo hizo en gran forma, como se documenta en dos fuentes muy diferentes: Luis Majul en su libro “Los dueños de la Argentina” y Horacio Verbitsky en sus notas de Página/12. El último afirmó que al cabo del terrorismo de Estado, Socma había pasado de 7 empresas a 43, además de haber estatizado su deuda de 170 millones de dólares, gracias al Banco Central de Domingo Cavallo en 1982.

Tal para cual

Los dos políticos de raigambre empresaria tuvieron muchos procesos judiciales por evasión de impuestos, contrabando, fraudes, coimas, espionaje y firmas en guaridas fiscales. Piñera se adelantó a su colega en eso de inventar un “fideicomiso ciego” luego de conflictos de intereses entre sus compañías y su presidencia. Macri dijo haber hecho lo mismo, pero la eficacia de esos recursos legales está en duda, toda vez que con posterioridad saltó el escándalo del Correo Argentino, donde su gobierno le condonaba deudas a Socma por 70.000 millones de pesos.

La prensa argentina hegemónica califica a Piñera de “centroderecha”, cuando es un claro espécimen de derecha. A Macri lo llama cariñosamente el presidente de los argentinos, sin connotación ideológica, pero también le cabe la calificación de “derecha”. Ambos son parte de la grey obediente del FMI, Banco Mundial, Foro de Davos, Ocde, Alianza del Pacífico y demás colaterales del capital financiero internacional.

Ambos consideran que el pueblo mapuche es el gran enemigo. Piñera quiere aplicarles su “ley antiterrorista” y Macri ya usa los fusiles de Gendarmería y Albatros.

Uno era fanático de Universidad Católica, pero por conveniencia política compró el Colo Colo, más popular. El otro siempre fue bostero y desde Boca hizo su carrera política inicial, aunque no logró convertir al club en una empresa privada, como Piñera.

En 2017 los personajes se reunieron tres veces y antes del balotaje Macri grabó un video donde decía: “hace muchos años que soy amigo de Sebastián, lo admiro, creo que es un gran dirigente”. ¿Se verán una cuarta vez o ya entraron en modo avión, léase en repetidas e inmerecidas vacaciones?

Emilio Marín /ALAI
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4) URUGUAY INCLUYÓ A LA EVASIÓN FISCAL COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS

El parlamento sancionó este miércoles la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018. También se amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas

Sudestada /21/12/2017

La cámara de Diputados dio sanción definitiva este miércoles a la ley que actualiza la legislación contra el blanqueo de capitales y que incluye a los delitos fiscales como precedentes del lavado de activos. La norma se aprobó un año después de su envío al parlamento por parte del Poder Ejecutivo.

Además de incluir la evasión fiscal la nueva ley también agrega otros crímenes comunes como precedentes, por ejemplo la rapiña, el sicariato, el copamiento, el abigeato o el hurto en aquellos casos en que el monto de dinero “blanqueado” supere los diez mil dólares. En total la lista de actividades delictivas precedentes se amplió a 33.

También se amplió la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Ahora también estarán sujetos a la obligatoriedad los contadores, los abogados y los escribanos, además de los estudios jurídicos que se dediquen a la creación de sociedades, los rematadores, las inmobiliarias o los usuarios de zonas francas, entre otros.

La inclusión de abogados, contadores y escribanos había sido objeto de críticas de los colegios profesionales por considerar que se afectaba su derecho de ejercer la defensa de sus clientes, aunque en la ley se aclara expresamente que este aspecto queda especialmente apartado de la obligatoriedad.

La nueva ley permitirá responsabilizar a aquellos directores nominales de las empresas creadas como fachada para el lavado de activos, así como a los estudios profesionales que venden este servicio y que gestionan este tipo de negocios ilícitos.

Sudestada, periodismo y transparencia
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5) FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL SOCIAL Y POLÍTICO

Convocatoria 2018 a la presentación de documentales

www.festivalglobale.org

En septiembre de 2018 se realizará en Uruguay, por décimo año consecutivo, el Festival de cine documental social y político Globale.

Globale Uruguay es un colectivo que propone a través de la difusión del cine documental, espacios de información y debate de distintas plataformas de ideas e iniciativas sociales. Estos encuentros tienen el propósito de visualizar y compartir opiniones sobre temas relacionados con los procesos de globalización capitalista.

Hacemos un llamado nacional e internacional a quienes dispongan de documentales y a toda persona o colectivo social que desee compartir sus trabajos.

El material enviado deberá abordar temas actuales, tanto a nivel local como regional o mundial, que refieran a los siguientes ejes:

Tierra, problemáticas asociadas a la tenencia de la tierra, modos de producción, agua, tierra para vivir, contaminación y políticas extractivistas. Conflictos territoriales, pueblos originarios, resistencias campesinas, proyectos autónomos auto gestionados y autonomías territoriales.
Educación, a 50 años de mayo del 68 ¿qué tipo de educación, para qué modelo de sociedad?, privatización y escuelas comunitarias auto gestionadas, reivindicación de los movimientos estudiantiles.

COSIPLAN – IIRSA (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento), militarización del continente, desplazamiento de comunidades y pueblos, devastación de bienes naturales.
Patriarcado, violencia machista, feminicidios.

Arte, el arte como herramienta de emancipación, arte y activismo político.

Migraciones, desplazamiento de poblaciones por conflictos bélicos, defensa de la independencia y autonomía de los pueblos, luchas por territorios, pobreza.

Las obras postuladas no deben exceder los 90 minutos, aquellas que no sean en español, deberán estar subtituladas al español.

Postulación

El material podrá ser enviado en formato DVD a: Mario Cassinoni 1239, Apartamento 2. C.P.: 11200, Montevideo, Uruguay. O a través de un vínculo de descarga y/o visualización on line al correo globalemontevideo@gmail.com

En el envío será necesario incluir la carta de autorización completa y escaneada, o en su versión original por correo postal, y la ficha de postulación.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2018 y el colectivo Globale Uruguay definirá las obras definitivas para la edición 2018 del Festival, contemplando los siguientes criterios:
– Que los documentales cumplan con los ejes temáticos y duración propuesta.

– Que la producción cuide aspectos relativos a una buena calidad de imagen y sonido.
– Que el abordaje contemple la temática de forma amplia y propositiva.

La selección se comunicará vía correo electrónico y se dará difusión pública a través del sitio web de Globale y sus redes sociales, previo al Festival.

El Festival Globale Uruguay 2018 se desarrollará en septiembre, con fecha a confirmar en distintos espacios de la ciudad de Montevideo y otras ciudades y pueblos del interior del país, como cines barriales, centros sociales, culturales y deportivos, cooperativas, sindicatos y centros educativos.
Globale no es un festival competitivo, por lo cual no se otorgan premios ni menciones y el acceso a todas las proyecciones es libre y gratuito.

Sobre Globale

Globale es un colectivo social autónomo, comprometido con el presente, que a su vez es parte de un amplio movimiento social con diferentes luchas que persiguen un horizonte emancipatorio. Nos proponemos estrechar vínculos con otras organizaciones sociales desde el documental y el foro debate, compartiendo materiales y experiencias acumuladas en años anteriores.

Deseamos así participar en la construcción de un pensamiento crítico desde lo social, que visualice los efectos de la globalización capitalista en nuestro país y forme parte de las reflexiones y luchas de los movimientos que en todas partes resisten los embates de este sistema.

Más allá del Festival…

Habrá exhibiciones en otras localidades fuera de Montevideo; y fuera de las fechas previstas por el Festival. Llamamos a esta modalidad Globale Itinerante y su programación se organiza a partir de las demandas que el colectivo reciba.

Globalito 2018

Es una propuesta dentro de la modalidad Globale Itinerante; el colectivo propone pequeños cortos sobre distintas temáticas sociales, adaptados para niños y niñas.

Festival Globale Uruguay 2018/ Enviado por Henry Flores
COMCOSUR INFORMA Nº 1867 – 21/12/2017 _______________________________________

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

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