Entradas de diciembre de 2017

EL GRAL. ROCA CABALGA DE NUEVO

MUMIA850

1) ¿Por qué el Estado argentino reprime al pueblo mapuche?

2) Honduras: Donald Trump toma partido

3) Trump en Jerusalén: una declaración de guerra

4) "La intervención de Arabia Saudí en Yemen es un desastre y una catástrofe"

5) Zimbabue sin Mugabe pero con China


COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 850/ Miércoles 13 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) ¿Por qué el Estado argentino reprime al pueblo mapuche?
Hernán Horacio Schiaffini (DemocraciaAbierta)

"Nos dejaron viviendo en las piedras" -me dijo una vez un amigo mapuche. "Pero ahora descubrieron que las piedras tienen valor".

Los recientes acontecimientos en el territorio Mapuche en Argentina sugieren una creciente espiral de represión y violencia hacia los pueblos indígenas del país. El pasado sábado 25 de noviembre de 2017 fue asesinado Rafael Nahuel, de 22 años, oriundo de la ciudad Bariloche, en Río Negro, en el marco de un conflicto territorial entre el Estado argentino y organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche. Lo mató una bala de 9 mm. que le entró por un glúteo y se le alojó en un pulmón.

Mientras se investigan las circunstancias, las denuncias apuntan al Grupo Albatros, un comando especial de la Prefectura Naval Argentina, quienes armados con subfusiles automáticos Heckler& Koch MP5 (que usan munición calibre 9 mm.) habrían abierto fuego contra "15 o 20 personas que los atacaron con lanzas y boleadoras".

Los mapuche habían recuperado el territorio, que se ubica dentro de un parque nacional, hace unos dos meses. Lo hicieron público el pasado 11 de noviembre y fueron desalojados el jueves 23. Dos días después se produjo el evento en el que falleció Nahuel y dejó también otros dos heridos.

Desde marzo de 2015, cuando un grupo de mapuches recuperó el territorio de Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen de manos de la transnacional Benetton, el accionar estatal relativo a los conflictos territoriales en la cordillera de Río Negro y Chubut ha producido un desaparecido (Santiago Maldonado, que luego se reveló como difunto), un muerto (Rafael Nahuel), al menos veinte heridos y un número similar de detenidos y procesados.

La historia larga
El territorio histórico del pueblo mapuche (mapu, tierra; che, gente. Son la gente de la tierra) se ubica en el sur de América, en las zonas conocidas como "Araucanía" por los chilenos y nombrada como "Patagonia" por los argentinos. Los mapuche resistieron dos invasiones previas a la constitución de los Estados nacionales modernos: la de los Incas, que nunca pudieron avanzar más allá del Río Bío-Bío, en el actual Chile; y la de los conquistadores españoles, quienes se vieron forzados a reconocer la autonomía mapuche en el siglo XVII, mediante los tratados de Quilín.

A fines del siglo XIX, sin embargo, los Estados de Argentina y Chile avanzaron sobre el territorio mapuche de manera sistemática. A la intervención militar de ejércitos modernos le siguieron la ocupación del territorio, la extensión del latifundio y la consolidación de las fronteras de los países, que partieron la tierra mapuche al medio, dividiendo a este pueblo en dos porciones. Una quedó bajo soberanía chilena. La otra bajo bandera argentina.

El genocidio atravesado por la población mapuche no se limitó a la violencia militar. Implicó también un intento de desarticulación política, económica y social. Y la expropiación de sus recursos, tierras e instituciones bajo la forma del destierro, los trabajos forzados (como en la zafra cañera en Tucumán o el servicio militar en la Armada), la separación de familias o la apropiación de mujeres y niños para el servicio doméstico. Incluso la lengua mapuche, el mapuzungun (la "lengua de la tierra") sufrió diversas prohibiciones en el marco de instituciones como la escuela.

En la Argentina, durante la mayor parte del siglo XX, la situación de la población mapuche fue no sólo de marginalidad y pobreza -con un destino signado por la migración rural-urbana- sino de negación e invisibilización. Sobre un imaginario nacional construido en torno de una población "importada", de origen italiano o español, y de que ya no quedaban "indios" en el territorio, se elaboró la idea de que los mapuche eran una población extranjera, proveniente de Chile, y que incluso serían responsables de la supuesta desaparición de otro grupo étnico local, los "tehuelches".

Estigmatizados, invisibilizados, culpabilizados. Además de las precarias condiciones de vida en el campo y la ciudad, los mapuche se convirtieron progresivamente en uno de los chivos expiatorios de conflictos regionales y locales. La invención del "enemigo interno" tiene décadas de elaboración.

Del dicho al hecho

De un tiempo a esta parte, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) un pequeño grupo que reivindica la acción directa, el sabotaje y el enfrentamiento ha sido señalado como la fuente de todos los males en la zona. Se sabe poco de la RAM. Otras organizaciones mapuche la desconocen y rechazan sus métodos. Hay quien le atribuye ser una creación de los servicios de inteligencia estatales. En otros sectores ha generado simpatías por su supuesta vocación por el enfrentamiento.

A pocas horas de la muerte de Rafael Nahuel el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, hizo las siguientes declaraciones a una radio de Buenos Aires: "La RAM es un grupo violento. No hay ningún tipo de negociación posible, el diálogo no les interesa". Además, se encargó de delinear la supuesta actitud del grupo frente al Estado: "Una cosa es la comunidad del pueblo mapuche, reconocida por el Consejo de Desarrollo Indígena, que tiene voz en el presupuesto de la provincia, escuelas bilingües. Y otra cosa es este grupo que no le interesa el diálogo, que pone en discusión al Estado argentino y al sentido de la propiedad y utiliza la violencia".

Y de señalar el origen de su ideología: "[Es] una concepción ideológica de la Patagonia chilena que se ha trasladado a parte de la Argentina […] pone en discusión el Estado argentino, no reconoce leyes, ni Constitución, ni autoridades". Desde su perspectiva era claro que para ser un "verdadero" mapuche hay que dejar de lado los reclamos: Pero Weretilnek no es el único ni fue el primero. El difunto gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ya había dicho de la RAM: "Son delincuentes que de mapuches no tienen nada". Porque desde su perspectiva era claro que para ser un "verdadero" mapuche hay que dejar de lado los reclamos: "Miren quiénes son y vean los que están en contra de la ley, de los mapuches, porque la comunidad mapuche está integrada, trabaja y es parte de nuestra comunidad". Y la peligrosidad de la RAM es lo que justifica que se la trate con dureza:"Lo que han hecho es una salvajada, un atropello. Pusieron en peligro a un montón de gente".

Nos preocupa porque aparecen y desaparecen. Aparecen en las rutas y rompen coches, queman camiones, entran a las estancias y queman maquinarias, estaquean, les pegan y les roban a los propios mapuches. Y así llegamos, finalmente, a los simpatizantes. La peligrosidad de la RAM comienza a extenderse a otros sectores sociales, no necesariamente mapuche: "¿Qué es lo que están defendiendo? ¿Una patria en base a sangre, la violación de la Constitución, darle carta libre para que hagan lo que quieran? ¿Qué es lo que defienden estos que viven a 1500 kilómetros y hay algunos de acá también? Hay profesores de la Universidad Nacional de la Patagonia que están involucrados".

Y finalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos hizo las siguientes afirmaciones: "Estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación. Grupos que no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, el Estado, la Constitución, los símbolos y se consideran como un poder fáctico, que pueden resolver con una ley distinta a la de todos los argentinos".

Para concluir en torno del principio de inocencia y carga de la prueba: "El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno ha definido que esto [la represión que le costó la vida a Rafael Nahuel] se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial". Entonces, mientras le imputa a los demás la "peligrosidad" y la "delincuencia", es el propio Estado quien se aleja de la Constitución y las leyes.

La historia corta

En los últimos treinta años la legislación relativa a los pueblos originarios dio grandes pasos en la Argentina. La ley nacional 23.302 dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La reforma constitucional de 1994 incluyó el artículo 75° inc. 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los "pueblos indígenas argentinos". Se refrendó y ratificó el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre "Pueblos indígenas y Tribales".

Sin embargo, ninguna de estas herramientas proveyó soluciones concretas para las problemáticas de las poblaciones originarias. Ni siquiera el Relevamiento Territorial encarado por el INAI entre 2006 y 2016 (y prorrogado ahora por cuatro años más) llevó alivio alguno: sólo se concretó en un pequeño porcentaje, no contemplaba la entrega de títulos de propiedad comunitarios (reclamo ampliamente difundido entre las poblaciones indígenas de todo el país) y falló también para suspender los desalojos, cosa que ordenaba la ley de su creación, la 26.160.

Las comunidades indígenas de la Argentina continúan asentadas sobre lo que los Estados consideran "tierras fiscales", en zonas periféricas de las que también son repetidamente expulsados de acuerdo a la lógica del petróleo, la soja o la minería. "Nos dejaron viviendo en las piedras" -me dijo una vez un amigo mapuche. "Pero ahora descubrieron que las piedras tienen valor".Por eso las organizaciones mapuche no "toman" ni "ocupan" tierras, sino que, desde su perspectiva, recuperan territorios. Retornan a lugares de los que fueron original y violentamente desplazados.

Pero en un país como la Argentina, de neto perfil primario agroexportador, con una poderosa clase dominante vinculada al campo, poner en discusión la tierra y el territorio -demandas centrales de la población mapuche y de todos los pueblos originarios- se hace casi imposible. La historia reciente en este punto se nos presenta con la dinámica de una caldera: una acumulación de tensiones que se tratan con poca política, pero con todo el Código Penal. Y mucho más.

El cheque en blanco de la represión

Los actuales acontecimientos en la región hacen pensar en el crecimiento de una espiral de violencia con pocas posibilidades de ser detenida. La gravedad de la situación no responde solamente al empleo de la represión, sino al aval incondicional que el Estado ha brindado a las respuestas desproporcionadas que las fuerzas de seguridad han tenido contra la protesta mapuche. Hostigamiento, balas de goma, balas de plomo, persecuciones, arrestos injustificados, la lista es larga.

Para el Estado, extender la supuesta peligrosidad de la RAM al conjunto del pueblo mapuche es un paso que se puede dar muy fácilmente. Luego, de allí a los simpatizantes. O a los opositores. El clima es propicio para que una represión selectiva se ejerza sobre el conjunto de la sociedad.

Y a ello se suma el recrudecimiento de otras tensiones, anteriores, más antiguas que las recuperaciones actuales. Terratenientes particulares, en disputas con pobladores dispersos, hoy sienten que tienen un cheque en blanco para emplear impunemente los medios que emplean desde siempre: la amenaza, el hostigamiento, la agresión. Son conflictos en sierras lejanas que nunca llegarán a las primeras planas de los diarios. El aval gubernamental al uso de todos los medios de violencia impune les ha abierto un gran paraguas. Así, pueden hacer suya la máxima de Luis XIV: en este desolado paraje, el Estado soy yo.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) Honduras: Donald Trump toma partido
Javier Suazo (Alai)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), conocido como la “Puercada” por el pueblo hondureño, decidió en pleno, cotejar 4,753 actas que no fueron trasmitidas desde las mesas electorales al Centro del Cómputo, con lo cual se completan las 5,174 pedidas por la Alianza Opositora y la OEA, en tanto ya se habían escrutado el resto de actas por inconsistencias. Este conteo se realiza sin la participación de representantes de los partidos políticos en contienda, pero con la asistencia de representantes de la OEA y UE, aunque su participación no es con el propósito de legitimar el proceso ya que todavía persisten irregularidades. Igual, se involucraron, ciertas organizaciones de sociedad civil, como el COHEP, patronatos, iglesias evangélicas y cooperativas como garantes del proceso, pero no las centrales obreras, grupos de interés como los colegios magisteriales, asociaciones y organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos, entre otras.

El procedimiento seguido, e inventado sobre la marcha por el TSE, es que se cotejen y revisen las actas, y si presentan inconsistencias se proceda a abrir las urnas y contar los votos. Un procedimiento distinto al propuesto por la Alianza Opositora, donde de entrada proponen que se cuenten los votos de las 18, 128 urnas, cotejas con cuadernillos (en poder del tribunal) y actas en poder de los partidos y del TSE.

Es poco probable que este cotejo y revisión de actas, y conteo de votos en ciertas urnas, tenga el impacto buscado de recobrar la credibilidad del TSE, ya que nadie confía en dicha institución que, prácticamente, a decir de Manuel Zelaya Rosales, Coordinador General de la Alianza, colapsó. Se trata de una institución de tipo extractiva, para parafrasear a Acemoglu y Robinson ( 2012), destacados economistas de la corriente neo institucionalista que atribuyen las causas de la pobreza a la existencia de instituciones políticas y económicas extractivas, o sea antidemocráticas que buscan beneficios para grupos o gobiernos corruptos y excluyentes, menos para la población.

Mientras esto sucede, el Grupo de Convergencia frente al Continuismo ha fijado su posición frente a la crisis política que enfrenta el país, referido a ratificar la inconstitucionalidad de la candidatura de JOH, urgencia de repetir las elecciones con apoyo internacional ya que el TSE perdió toda credibilidad frente al pueblo hondureño y parte de la comunidad internacional, igual recomiendan eliminar el toque de queda y deducir responsabilidades por las 15 muertes registradas. Esta demanda es compartida parcialmente por los lideres de la Alianza, ya que una nueva elección sería como desconocer el triunfo de Salvador Nasralla y el fraude, por lo que hay que agotar primero el conteo de votos por urna, cuadernillo, actas y firmas, antes de tomar esa decisión de nueva elección.

La Embajada Americana se ha mantenido al margen de este conflicto entre partidos políticos (Nacional, Alianza y Partido Liberal), apoyando las acciones de la Misión de Observadores de la OEA. Sin embargo, en este último conteo por el TSE, la encargada de negocios de dicha Embajada, Heide Fultón, manifestó su satisfacción por el trabajo del TSE al aceptar las recomendaciones de la OEA en cuanto al contento de las 4,753 actas y transparentar el proceso, para garantizar que la voluntad de pueblo expresada en las urnas se respete. Recomienda se den todas las garantías a los partidos para que se hagan las impugnaciones en el marco de la ley y se respeten, igual se cumpla con el calendario establecido en la Ley y dar la declaración de elecciones y ganador de la contienda, lo cual, de acuerdo a la Ley, sucederá antes del 26 de diciembre de 2017.

Dirigentes de la Alianza de Oposición son del criterio que estas declaraciones no contribuyen en nada a solucionar la crisis política, más bien sirven para legitimar el fraude y profundizarla. Para Manuel Zelaya, Donald Trump no debería avalar un fraude electoral en Honduras, ya que perdería credibilidad en Latinoamérica y sus acciones al exigir garantía de procesos democráticos en países como Venezuela y Bolivia. Otros países como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay, avalan el conteo de actas del TSE y esperan que se concluya el proceso electoral, sin manifestaciones ni toma de calles. Según dirigentes de la Alianza, estos gobiernos no tienen toda la información sobre el fraude electoral cometido contra Salvador Nasralla, por lo que han pedido una reunión con el Consejo Permanente de la OEA. Además, estos gobiernos tienen una característica, son de derecha y adoran las políticas neoliberales.

El espaldarazo más fuerte del gobierno norteamericano a JOH, vino del Departamento de Estado, cuando su Secretario, Rex Tillerson, certificó a Honduras para recibir asistencia técnica y financiera por los logros alcanzados por el gobierno en la lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos. Esta certificación vino en un momento crucial, el día 28 de diciembre de 2017, dos (2) días después de celebrarse las elecciones. Aunque congresistas y asesores legislativos cuestionaron esta decisión, lo cierto es que parte de los 644 millones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos y que se destinarían a Centroamérica, ya fueron autorizados para ser ejecutados por Honduras.

Es de esperar que en los próximos días un mayor respaldo de EEUU al gobierno de JOH, aunque el fraude electoral siga documentándose por la Oposición. El problema es que todavía no se ha visualizado las consecuencias para la economía y sociedad del rechazo de los partidos de oposición y mayoría del pueblo a la reelección de JOH avalada por un TSE altamente politizado, ineficiente y falto de transparencia; incluso, estas consecuencias podrían afectar también las relaciones de cooperación con los organismos y agencias internacionales, y en el caso particular del FMI, el pago puntual del servicio de la deuda publica externa.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Trump en Jerusalén: una declaración de guerra
Santiago Alba Rico (Cuarto Poder)

Sobre la incendiaria declaración de Donald Trump, en la que reconoce Jerusalén como capital del Estado de Israel, se me ocurren tres reflexiones rápidas.

La primera tiene que ver con la irrelevancia –y nulidad histórica– de las reclamaciones de justicia. No hay probablemente ninguna otra causa en el mundo que concite un apoyo tan mayoritario a escala planetaria como la palestina. No sólo en el mundo árabe y musulmán, donde se discrepa ásperamente sobre Siria o Bahrein y, desde luego, sobre los malhadados y silenciados saharauis, pero nunca sobre Palestina; no sólo en las regiones que sufrieron la colonización y sufren ahora los rigores de la economía global capitalista. También las poblaciones de Europa sienten en general simpatía por los palestinos y horror por los desmanes de la ocupación israelí. Es una simpatía transversal, no ideológica, que en España, más que en ningún otro país de la UE, engloba a una mayoría abrumadora.

Más allá de las razones concretas en cada caso –religiosas, nacionalistas, culturales u otras– esta cuasi unanimidad ilumina la desigualdad del mal llamado “conflicto” y su vicio de raíz, así como la inclinación natural de los seres humanos a defender siempre a los más débiles. El relato bíblico de David y Goliat forja para siempre la estructura narrativa de esta natural “alineación con el bien” de los humanos normales. La relación de fuerzas entre Israel y Palestina es tan desigual, el desprecio israelí por la vida de los palestinos –su bravuconería goliatesca– es tan ofensiva para la sensibilidad que todos percibimos como una incoherencia narrativa su dolorosa duración en el tiempo, sin que una honda reparadora venga a poner fin a la injusticia.

Porque esta es la excepcionalidad del caso palestino. No es sin duda el pueblo que más ha sufrido en la historia ni el que más tiempo ha sufrido. Lo que no tiene quizás precedentes es la simpatía mayoritaria que genera entre los pueblos del mundo y el hecho escandaloso de que esta simpatía general sea directamente proporcional a la indiferencia u hostilidad de la mayor parte de los gobiernos del mundo, incluidos los gobiernos árabes y musulmanes que dicen defender su causa. Hay un acuerdo popular que reclama justicia para Palestina y un acuerdo interestatal que se la niega, discordancia visiblemente ignominiosa en un orden mundial que se pretende fundado en la carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional.

Ningún atropello histórico ha hecho más daño a la ONU y su credibilidad que la ocupación israelí de Palestina; ninguno ha contribuido tanto a la desesperanza democrática de los pueblos que luchan contra dictaduras o contra invasiones extranjeras. En su pequeñez paciente y heroica, Palestina cobija esta gigantesca y dolorosa potencia simbólica: revela el fracaso estrepitoso, siempre actual, del orden jurídico internacional y la desamparada desnudez potencial de todos los pueblos del planeta.

En este sentido la decisión de Trump, tras meses de silenciosa erosión en los que los “palestinos” visibles parecían vivir en otros países, nos recuerda la existencia de Palestina como dolor “universal” y como eje de un acuerdo interestatal contra la justicia. Ese acuerdo interestatal en favor de Israel, sin el cual el presidente estadounidense no habría podido hacer su declaración, implica a los EEUU como vanguardia desde 1967, pero también a Europa desde mucho antes, al menos desde 1916, como promotor histórico del sionismo y sus consecuencias: un orden colonial aún vigente en el que Israel es el gemelo conflictivo de los regímenes que Occidente ayudó a establecer o protegió en la región: Arabia Saudí desde su nacimiento o Egipto desde 1973 –piezas centrales– son tan “israelíes” como “palestinos” son las víctimas de sus desmanes.

Lo mismo puede decirse de todas esas dictaduras –de Siria a Bahrein– que han seguido tratando a sus ciudadanos como Israel trata a los palestinos –si no peor– mientras abandonan de hecho Palestina a su suerte. La Liga Árabe ha sido, y sigue siendo tras la derrotada sacudida revolucionaria de 2011, la sucursal colonial de este acuerdo interestatal contra todos los “palestinos” –palestinos o no– de la región.

La segunda reflexión tiene que ver con las variables históricas de este acuerdo contra la justicia. De la misma manera que no hay que olvidar que EEUU se convirtió tarde en el máximo aliado de Israel, hay que recordar que –al contrario de lo que pretende cierto antiimperialismo sumario– sí importa quién gobierna en Washington. Ni la posición de EEUU en Oriente Próximo es hoy la misma que hace veinte años ni Obama y Trump son iguales.

La declaración sobre Jerusalén del presidente tuitero se inscribe en una impugnación total de la política de Obama, quien entendió con realismo trágico –y aceleró– la decadencia imperial de EEUU, sobre todo en Próximo Oriente, y trató de aminorar los daños con una combinación de omisiones y concesiones: es en ese marco donde se inscriben las negociaciones nucleares con Irán y el consecuente alejamiento de Arabia Saudí e Israel, que acusaron el golpe.

El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no es una chifladura. Más allá de que Trump sea –por desgracia– el único gobernante del mundo que cumple sus promesas electorales, hay que insistir en que ese gesto es coherente con el restablecimiento intensificado, en un contexto inadecuado, de la política estadounidense neocón de la época Bush. La intensidad se la da la personalidad de Trump; la tragedia adicional el contexto. Tras las revoluciones derrotadas de 2011, con varias guerras civiles en activo (Libia, Siria, Yemen) y en un bastidor geopolítico volátil y fluctuante dominado por Irán y Rusia, EEUU trata de “regresar” a Oriente Próximo realineándose con Arabia Saudí e Israel; es decir, alimentando ocupaciones, invasiones, guerras y conflictos que no podrá controlar y cuyas víctimas, como siempre, serán mayoritariamente “palestinas” plebeyas (y de paso algunos plebeyos estadounidenses y europeos que sufrirán las consecuencias del terrorismo renovado). Obama fue una maldición para Siria, porque se la entregó, junto con Iraq, a los rusos y los iraníes, pero evitó o retardó otros males; Trump es una maldición para los sirios y además para toda la región y para el mundo entero, incluidos los propios EEUU.

La tercera reflexión tiene que ver con las “líneas rojas” que Trump, al parecer, ha cruzado. Algunos dicen que, después de todo, la Jerusalén ocupada era de hecho la capital de Israel, que sobre el terreno no cambia nada, que su declaración es puramente “simbólica”. Eso es verdad, a condición de que tengamos en cuenta lo que quiere decir “simbólico” en este caso (o en todos los casos: ¿podemos representarnos lo que hubiera significado un reconocimiento estadounidense de la “república catalana”?). No olvidemos que los palestinos, privados de todo su territorio por la ocupación y colonización israelí (como prefiere llamarla Ilan Pappé), no pueden ya disputar otro territorio que los “símbolos”. Y no me refiero a los símbolos religiosos, frágil nitroglicerina que Trump y Netanyahu quieren hacer estallar, sino a los nombres de las cosas; a la “formalidad”; a las leyes internacionales como último suelo patrio al que aferrarse.

Es muy importante. No se trata de que el reconocimiento de Jerusalén como capital sea ilegal. Todo es ilegal en Palestina desde hace 70 años. Es ilegal la ocupación de territorio no incluido en el injusto reparto original; son ilegales las colonias; es ilegal el muro; es ilegal el bloqueo de Gaza; es ilegal la prohibición de retorno de los refugiados. Todas estas ilegalidades han sido tácitamente consentidas, cuando no promovidas bajo cuerda, por esa alianza interestatal contra la justicia encabezada desde 1967 por EEUU. Por lo demás, también lo sabemos, no había ningún “proceso de paz” en curso o ninguno digno de ese nombre; y la solución de los dos Estados estaba muerta desde Oslo. No se trata de esto.

Decíamos más arriba que la potencia “simbólica” de Palestina residía en su poder para revelar el fracaso, siempre actual, del orden jurídico internacional, pretendidamente pacífico, democrático y de derecho, surgido de la segunda guerra mundial. Trump, asumiendo públicamente –formalmente, simbólicamente– la ilegalidad que hasta ahora EEUU se había limitado a consentir, asume como un hecho ese fracaso, declara en Palestina el fin material de ese orden y el establecimiento de un “estado de naturaleza” o “de guerra” en el que el Estado de Israel se yergue, incluso formalmente, como el único Estado posible, pasado, presente y futuro, en la tierra de Palestina. Todos sus predecesores sabían muy bien lo que estaba en juego y evitaron con prudencia este paso; y no es una exageración hablar de una nueva Nakba para los palestinos. Trump ha robado a los palestinos su última tierra: el nombre de Al-Quds, la legalidad nombrada y siempre escamoteada. Trump ha matado el nombre mismo de la paz y todos pagaremos las consecuencias.

Un medio satírico francés escribía: “Trump apoya la solución de dos Estados: uno judío y otro americano”. Por desgracia la región crepita de estados: estados fallidos, estados a punto de fallar, estados demasiado exitosos, estados armados hasta los dientes por Europa y EEUU. No sé si podemos medir lo que significa que Palestina vuelva de pronto al centro de la atención de este modo y en este contexto. Decía al principio que casi todo el mundo apoya a o simpatiza con Palestina. Esto quiere decir que en Oriente Próximo gente muy distinta, con proyectos muy diferentes, están de acuerdo contra Israel y su empresa colonial en pleno siglo XXI.

Los yihadistas tienen razón en Palestina, Hamas tiene razón en Palestina, los nacionalistas árabes tienen razón en Palestina, Irán y Hizbullah –ocupantes de Siria y asesinos de “palestinos” sirios– tienen razón en Palestina; como la tiene la gente normal que quiere un poco de justicia social y democracia en Palestina y en toda la región. Que una Palestina ya sin esperanza, en el nuevo avispero regional, se convierta otra vez en el campo de batalla donde se combaten asesinos que tienen razón y asesinos que no la tienen deja fuera de juego definitivamente las aspiraciones de paz, democracia real y justicia social expresadas hace siete años. Ese es el verdadero acuerdo interestatal que Israel y Arabia Saudí, mientras les hacen la guerra, han firmado con sus enemigos.

¿Quien gana? Únicamente Israel, al que sólo le preocupa el tiempo, y –a corto plazo– las otras “dictaduras árabes”, incluidas la rusa y la iraní, enconadas en la nueva “geopolítica del desastre”. ¿Quién pierde? Por supuesto los palestinos, expuestos de nuevo a las balas y bombardeos israelíes y alejados como nunca de su sueño de liberación, pero también –pues Palestina es el símbolo y la matriz de todo orden, existente o futuro– la posibilidad de un nuevo acuerdo interestatal fundado en el respeto a los Derechos Humanos y, por lo tanto, en la descolonización completa de Oriente Próximo. No sirve de nada decirlo, salvo porque las palabras son también reales: Europa, responsable original de este desastre y que pagará caras las consecuencias, no hará nada en esta dirección.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) "La intervención de Arabia Saudí en Yemen es un desastre y una catástrofe"
Entrevista con Mariela Cuadro, Licenciada en Sociología y Doctora en Relaciones Internacionales
Leandro Albani (Resumen de Medio Oriente)

Si algo faltaba para que la espiral de violencia, crisis humanitaria y desgobierno se profundice en Yemen, era que se produjera una muerte impactante. Y esa muerte ocurrió el lunes pasado, cuando los medios de comunicación informaron que Ali Abdulah Saleh, ex presidente del país, había sido alcanzado por un bombardeo que terminó con su vida.

Saleh dirigió Yemen con mano de hierro desde la reunificación del país, en 1990, hasta que en 2011 las masivas protestas que cruzaban a Medio Oriente llegaron a Saná, capital del país. Saleh, un dirigente hábil y pragmático, siempre se mantuvo cerca a Arabia Saudí, con la cual Yemen comparte una extensa frontera.

El ex mandatario, frente a las protestas del 2011, dejó el poder apañado por la Casa de Saud, y accedió al Ejecutivo su entonces vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur Al Hadi. Al mismo tiempo, la tribu houthi y su brazo político-militar, el movimiento Ansarolá, desencadenó una fuerte lucha por el poder. En marzo de 2015, la monarquía saudí decidió la invasión militar de Yemen para detener el avance de Ansarolá. La operación militar saudí, que dura hasta estos días, convirtió a Yemen en un infierno: más de 12 mil muertos, 20 mil heridos, un país sumido en una epidemia de cólera incontrolable y la infraestructura de la nación, que siempre fue la más pobre de Medio Oriente, totalmente destruida.

Para desentrañar las incógnitas de la situación en Yemen dialogamos con Mariela Cuadro, Licenciada en Sociología y Doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad de San Martín y coordinadora del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“La política interna yemení es complicada –afirma Cuadro-, y a eso se agrega, por supuesto, la continua intervención de distintas potencias regionales e internacionales. Básicamente, estamos hablando de los países del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y por el otro lado está Irán”. Para la investigadora, comprender la política interna yemení no es tarea fácil, “porque tienen ciertas relaciones internas muy ligadas a relaciones de poder entre tribus, que hacen difícil para nosotros, que estamos más acostumbrados a otro tipo de identidades, poder entender del todo lo que sucede”.

-¿Cómo analizas lo que sucedió con el ex presidente Saleh?
-En primer lugar hay que tratar de explicar quién era Ali Abdulah Saleh, que fue presidente de Yemen desde 1991 hasta el 2011. Yemen antes estaba dividido en el sur y el norte, y en 1991 se unificó y, desde ese momento, Saleh fue presidente. En 2011, en toda la región que se denomina como mundo árabe, hubo una serie de revueltas populares, incluido Yemen. Saleh es invitado a retirarse de la presidencia. Me parece que acá es donde empiezan un poco las complicaciones. Se tiende a escuchar que la Primavera Árabe fue una suerte de grito de los pueblos por la democracia y un grito popular espontáneo, pero no fue tan así, sobre todo en Yemen. Lo que hubo fue mucha incentivación de estas revueltas populares por parte de un grupo que se llama Alianza de las Tribus Yemeníes (ATY). Esta alianza estaba liderada por una de las tribus, que lo que querían era enfrentarse a Saleh para sacarle el control sobre la producción de petróleo y los medios de comunicación. Hubo mucha participación de grupos económicos concentrados, que intentaron sacar del medio a Saleh, de manera tal de quedarse con el negocio. La ATY se vincula con los Hermanos Musulmanes de Yemen, que se llaman Islah. Y estos dos grupos fueron los que más alentaron las revueltas populares en el país. Cuando se ve que esta situación se va de las manos, Arabia Saudí reúne al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y arman una salida negociada para Saleh. Le dicen que se iba a ir de la presidencia y en su lugar iba a asumir su vicepresidente. Desde ese momento, Hadi es el nuevo presidente, sin embargo nunca pudo gobernar, porque inmediatamente a esta alianza de tribus y el Islah, que pusieron a Hadi en el poder, se le opusieron los houthis, que es una tribu del norte, y el propio ex presidente Saleh, que no quedó para nada contento con lo que había sucedido. Sintió que lo habían traicionado y, por lo tanto, se alió con los houthis. Esta alianza fue muy importante y exitosa, porque Saleh tenía el apoyo del ejército yemení. Esta alianza empezó a tomar poder y de hecho tomaron Saná.

-En medio de esta situación, Arabia Saudí decide bombardear Yemen.
-Una vez que los houthis y Saleh toman Saná, Arabia Saudí afirma que los houthis están apoyados por Irán. Además hay que imaginarse el mapa de Yemen: Arabia Saudí tiene toda la frontera sur, que es muy grande, con Yemen. Históricamente, Arabia Saudí ha tenido un papel muy fuerte en la política de Yemen. De hecho, Saleh fue apoyado por los saudíes durante los 30 años de su gobierno. En el marco de que los houthis empiezan a tomar poder, porque Saleh y el ejército yemení se unen a ellos, Arabia Saudí interviene. Esta intervención es un desastre y lo único que ha llevado es a una catástrofe y al gasto por parte de Arabia Saudí. Es importante pensar que esta intervención no es solo liderada por Arabia Saudí, sino por quien es el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman, un personaje muy relevante y que está marcando profundos cambios en las políticas del reino, una política que se ha mantenido sin cambios desde el año 1932. Pero viene este muchacho y trata de imponer un montón de cambios. Esta intervención militar es la guerra de Mohamed Bin Salman. Si Mohamed Bin Salman quiere hacerse con el trono en Arabia Saudí tiene que ganar esta guerra, porque sería un golpe muy fuerte si no lo hace. Y la verdad es que no la está ganando. Por lo menos, se puede decir que están en un empate técnico, pero lo único que generó es gasto y más gasto, más allá de la terrible situación humanitaria en Yemen.

-¿El gasto de la invasión a Yemen repercute dentro de Arabia Saudí?
-Cualquier país del mundo que tenga que sostener una guerra durante dos años y medio tiene repercusiones. Es la primera intervención militar saudí abierta, que dirige y lidera. Y es importante en términos simbólicos, no solamente económicos. Cualquier intervención que dure este tiempo conlleva un gasto gigante. Hay que recordar que esta intervención comenzó en el marco de un precio del barril de petróleo muy bajo para Arabia Saudí, por lo cual todavía tiene que remontar un déficit que le quedó desde ese momento. Además, tiene otra pata problemática en término económicos: el príncipe heredero está con todo un plan de reformas muy profundas, que nosotros podríamos entender como una neoliberalización de la economía. Uno de los pilares de este plan radica en disminuir el gasto del Estado, lo que nosotros llamamos ajuste. Quieren retirar al Estado y que deje de tener un peso tan fuerte, y empezar a privatizar, que tengan un rol mayor las empresas privadas. Con lo cual, todo este gasto gigante del Estado en la intervención a Yemen es absolutamente contradictorio con el objetivo de Mohamed Bin Salman. Por otro lado, el plan tiene como otros de los pilares las inversiones extranjeras. Pero en un marco en el que el país está rodeado por guerras e intervenciones militares, es más complicado que lleguen las inversiones extranjeras. Por parte de Mohamed Bin Salman existe, tanto en términos simbólicos como políticos y económicos, cierta urgencia de ponerle punto final a esta guerra, que no le ha traído más que dolores de cabeza, porque no obtuvo la victoria que esperaba lograr en muy poco tiempo. Eso no sucedió y ahora están estancados en Yemen.

-Frente a la situación interna en Yemen, ¿se puede pensar en una resolución a mediano plazo?
-Creo que no. Como todos los conflictos en Medio Oriente, lo único que está sucediendo es una profundización de ellos. Y cuanto más intervienen las potencias extranjeras es peor. Lo que vamos a ver es una suerte de desorden, porque hasta ahora existían un montón de grupos, pero había un cierto orden. Estaban los houthis y Saleh por un lado, supuestamente apoyados por Irán; por el otro lado estaba el presidente Hadi, apoyado por Arabia Saudí y EAU. Emiratos Árabes Unidos es un país al que no se le presta la suficiente atención, pero es un jugador fundamental en las relaciones de poder en Medio Oriente. EAU no está contento con Hadi y fue uno de los grandes artífices de que Saleh rompiera su alianza con los houthis, que es lo que llevó a su asesinato. Arabia Saudí está con mucha urgencia de salir, pero el tema es en quién se apoya a nivel interno. Hay que ver si el rol que ocupaba Saleh es posible que lo ocupe algún seguidor. En esta ecuación, Hadi está quedando bastante afuera y no va a cumplir un rol importante, por lo menos en Yemen. Habrá que ver quién va a tomar la posta que dejó Saleh. Suenan algunos nombres, entre ellos el hijo de Saleh (Ahmed Alí), pero que no tiene la misma relación personal que tenía su padre con los miembros del ejército. Por ahora va a haber un momento de transición hasta que se vuelvan a acomodar un poco las fichas. En este momento de transición la catástrofe humanitaria se va a profundizar. A mediano plazo no veo un buen futuro para Yemen y para la pobre gente que vive en el país. Desde una lectura muy política, académica y despojada, pienso que el único que podía destrabar esta situación era Saleh aliándose con Arabia Saudí y EAU. Si esa alianza se recompone con algún sucesor de Saleh me parece que se puede esperar que vuelva a existir un control central y una posible derrota de los houthis. Pero por ahora, los houthis están en mejor posición, porque son la única fuerza interna bien ordenada.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) Zimbabue sin Mugabe pero con China
Rubén Montedónico (Telesur)

Un golpe de Estado incruento (se lo califica de pronunciamiento aunque se trató de un estado deliberativo militar) del 14 de noviembre en Harare, derivado del cual se puso fin al gobierno de Robert Mugabe -presidente por 37 años consecutivos- obligó a las cadenas noticiosas a destacar a la República de Zimbabue, país del sureste de África de mayoría negra (98,8%), sin salida al mar, encerrado entre Botsuana, Zambia, Sudáfrica y Mozambique, conocido en el pasado como el área colonial británica de Rhodesia del Sur.

A partir de 1980 este territorio se independizó y adoptó el nombre de República de Zimbabue y siempre sus comicios fueron ganados por la Zanu (Unión Nacional Africana de Zimbabue); a partir de diciembre de 1987 Robert Mugabe fue el primer presidente ejecutivo del país, reelecto repetidamente hasta la última votación de 2013. Las repetidas renovaciones fueron objetadas -acusadas de fraudulentas- a partir de 1996.

Harare –capital, asiento de los poderes y antigua ciudad colonial rhodesiana de Salisbury – consideró que las presiones que se ejercieron sobre el gobierno de Mugabe procedían de Occidente y resultaron ser consecuencia del relacionamiento privilegiado que mantiene el país con China y las tensiones que se generan en el campo internacional con Estados Unidos (EE.UU.). En el caso de esta nación se sostiene que el contencioso sino-occidental es por el acceso a las riquezas minerales del subsuelo.

Aunque desde 1991 la Zanu abandonó oficialmente las ideas socialistas, realizó una reforma agraria sobre la base de expropiar al uno por ciento de la población blanca poseedora del 70% de las tierras de cultivo, que el estado distribuyó y adjudicó, lo que generó polémica y amplias críticas internacionales e internas que objetaron la transparencia de los actos.

El golpe de estado repuso a quien había sido vicepresidente -destituido poco antes del 14 por Mugabe- como presidente interino. Emmerson Mnangagwa, que regresó de Sudáfrica -donde se refugió en su huida de unos días-, fue puesto al frente del gobierno por el movimiento castrense que él auspició, convalidando la acción al indicar que la "intervención se debió a que la Zanu estaba copada por contrarrevolucionarios que le estaban haciendo mal al pueblo”. En resumidas cuentas, Mugabe renunció primero como líder del oficialismo el 19 y el 21 como presidente. Mnangagwa, de 75 años, aliado y compañero de armas de Mugabe, nuevo líder del Zanu, ya ocupó varias carteras -Seguridad, Inteligencia y Justicia-, ha sido considerado el sucesor de Mugabe y se lo caracteriza por su extrema crueldad con los opositores, de ahí que lo apoden Cocodrilo.

El mundo político africano y en particular el zimbabuense, apuntan que Gucci Grace -como le dicen a la “ex primera dama” y esposa de Mugabe- hizo nacer el movimiento castrense, promoviendo la lealtad de éstos hacia Mnangagwa para cerrarle el paso a que ella se hiciera con el gobierno en sustitución del anciano mandatario, su marido. Mientras el más alto jefe militar del país, Constantino Chiwenga, declaraba que la tropa emprendería la labor de terminar con las purgas en el aparato gubernamental ordenadas por Mugabe y su esposa, se desconoce la suerte corrida por Gucci y los tres hijos que procreó con Mugabe, 41 años mayor que su consorte. Se dice que la señora posee, entre otros muchos negocios, una gran explotación agraria en las afueras de Harare.

En una nación -que como otras del continente- fue objeto del dominio colonial, el saqueo de sus riquezas y la población diezmada y sometida a esclavitud por los mercaderes de las potencias europeas; que recién obtuvo la independencia en la segunda postguerra del siglo XX, a pesar de ser el país más alfabetizado de África (91%), de sus poco más de 10 millones y cuarto de habitantes, unos 6,5 millones sólo han tenido un presidente: Mugabe. Ellos conocen -en el mejor de los casos- únicamente antiguas referencias acerca del hijo del carpintero ebanista, del docente, del preso de la época colonial -condenado en su tercera prisión a 10 años de reclusión, la que cumplió totalmente, tiempo en el cual obtuvo, por correspondencia, el título de abogado. Se consignó de su carta de dimisión que “renuncié para permitir una transferencia de poder tranquila”, que al ser leída en el Congreso la acogieron con aplausos.

“Mugabe ya es historia. Por desgracia, destruyó cualquier legado que hubiera podido dejar hace 20 años”, opinó el legislador opositor blanco Eddie Cross. “Ahora lo recordarán como el hombre que destruyó nuestra agricultura, llevó el hambre a la mayoría de los hogares y permitió que colapsara la economía más diversificada de África”.

Las exportaciones agrícolas, minerales y el turismo constituyen la principal vía de ingreso de divisas. Zimbabue es -por otra parte- el país con mayor dinámica comercial con Sudáfrica en el continente. La actual crisis de su economía nacional se atribuye, principalmente, a mala gestión y a corrupción gubernamental. La descripción precedente no olvida tampoco que en materia de derechos humanos tanto Mugabe como el actual presidente interino desconocieron, atropellaron y vulneraron cuanto pudieron, con cárcel y torturas, a los opositores al régimen.

Al gobierno de Zimbabue se le achaca que en los últimos años los ingresos de la mayoría de los trabajadores cayeron 66%; la producción agrícola se redujo en idéntico porcentaje: la industria disminuyó 80% y sólo uno de cada diez entre la población económicamente activa tiene empleo formal. Lo anterior no contabiliza que de acuerdo con algunas fuentes millones de operarios calificados emigraron buscando mejores horizontes.

David Coltart, también de la minoría blanca, formado en Sudáfrica, perteneciente a la derecha y opositor al gobierno, agradeció a las fuerzas armadas por el golpe y tras la eliminación del presidente y su pareja, les dijo: “Nuestro mensaje a los militares debería ser `gracias por arreglar el desastre que crearon, pero ahora deben regresar a los cuarteles lo antes posible y no involucrarse nunca más en un proceso electoral’ ”. Y añade: “Nosotros y la comunidad internacional, debemos dejarle bien claro al ejército de que no tienen que cumplir ningún papel en las elecciones, más que asistir a la policía en el mantenimiento de la paz”.

Sin embargo, aunque más no sea como apunte inicial, no hay que olvidar a un actor emergente pero poderoso que modifica la correlación de fuerzas en África y al que ya mencionamos: China. La cuestión del “nuevo colonialismo” -de que se habla- si lo es, se tiene de él una percepción distinta al del pasado practicado por las potencias europeas, que se dedicaron a explotar el continente africano y masacrar a la población. La forma en que emprende el intercambio comercial China se fundamenta en que siendo el país más poderoso del mundo comercialmente, pudiendo efectuar negocios a su gusto, en cambio prové y financia infraestructuras e invierte en países subdesarrollados.

La disputa sino-estadunidense por África se puede sintetizar de la siguiente forma: en 2008, EE.UU. invirtió en el mencionado continente 104 mil millones de dólares y bajó a 94 mil 300 en 2011; China en 2000 realizó intercambios por 9 mil millones y en 2011 por 127 mil millones de dólares.

Como se señala, el matrimonio de China con África da pie para la admiración y, asimismo, para la crítica, por partes iguales, habiendo muchos desconfiados acerca de esas uniones. Está claro que los tiempos cambian y ciertas formas también; no debe extrañar que los dirigidos por Xi Jinping tengan en África comportamientos diferentes a los habidos antes, pero lo invariable es que la resultante tiene principios similares.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA

ESPECIAL3
1) Sebastian Valdomir: "Cualquier replanteo ante el agotamiento y la desilusión tiene que partir de lo que hoy habita, vive y lucha en la izquierda uruguaya."

2) Estudio de Catalejo y Ciencias Sociales señala que, a pesar de que los varones perciben el acoso callejero como un problema, no se identifican como acosadores

3) Los conflictos de interés y los anuncios fracasados en la búsqueda de petróleo en Uruguay

4) Marcha contra la OMC en el inicio de la reunión en Buenos Aires


COMCOSUR ESPECIAL / MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017

1) Sebastian Valdomir: "Cualquier replanteo ante el agotamiento y la desilusión tiene que partir de lo que hoy habita, vive y lucha en la izquierda uruguaya."
(Hemisferio izquierdo)

Hemisferio Izquierdo (HI): En este número de HI, la izquierda al diván, queremos repensarnos como sujetos políticos. Nos interesa hacer un recorrido por el mundo de las izquierdas y que no se salve nadie de la crítica y la autocrítica. ¿Qué crítica/autocrítica se puede hacer sobre las diferentes tradiciones/espacios de izquierda que existen en Uruguay?

Sebastián Valdomir (SV): Tomando un marco temporal arbitrario, ubicado en el entorno de la última década y media, entiendo que una autocrítica posible es que las tradiciones y corrientes de la izquierda uruguaya han discutido relativamente poco entre ellas, acerca de temas no estrictamente coyunturales. Sin duda que existen pujas y debates, procesos de discusión en espacios políticos, sindicales, estudiantiles, territoriales y culturales, pero no me estoy refiriendo a este tipo de discusiones. Apunto más a ese tipo de discusión ideológica y estratégica que se enriquece necesariamente a partir de las diferentes perspectivas que se definen de izquierda. Y esa ausencia de discusión entre las corrientes de las izquierdas de este período, lo veo en relación a etapas anteriores, en las cuales creo que esto existía más nítidamente. Un período rico en ese sentido fue el previo a la Dictadura, y más hacia acá en el tiempo, también la década de los ´90 supo tener momentos de discusión ideológica muy importantes.

Tener menos discusión entre las perspectivas y corrientes dentro de la izquierda me parece que afecta no solo a las diferentes “tribus” sino fundamentalmente al conjunto del movimiento popular uruguayo y sus posibilidades de liberación. El nivel se achata porque se termina discutiendo dentro del micro-clima de cada espacio, y ello en definitiva afecta la profundidad y solidez de los enfoques. Se pierde filo por ausencia de fricción. La pregunta hacía referencia a pensar desde la idea de sujetos políticos, y esto creo que remite a ámbitos y procesos de socialización política, donde van madurándose los planteos para cada etapa. En Uruguay tuvimos esos espacios de socialización política, de durísimas discusiones pero con códigos. Hoy creo que esos espacios ni abundan ni funcionan, tal vez por desinterés o quizás porque se están priorizando otras formas y otros mecanismos. Me estoy refiriendo a los debates que históricamente se procesaron en diferentes contextos políticos e históricos en la región y Europa, y que en nuestro país colaboraron en el trabajo de parto de muchos avances y muchas resistencias; libertarios, comunistas, maoístas, social-cristianos, corrientes de izquierda nacional, socialistas, anarquistas, troskos, etc.

HI: Parece que actualmente la izquierda uruguaya en sus orgánicas políticas, o bien es la pata subalterna de una alianza policlasista (el Frente Amplio) que empieza a tensionarse con el fin de la bonanza económica de la última década, o bien ocupa un espacio marginal del tablero político (la llamada “izquierda radical”), configurando un escenario nada prometedor. ¿Comparte este diagnóstico? ¿De qué forma se puede destrabar esta situación?

SV: El repliegue de la acción de masas por parte del campo popular no es algo que solo se viva aquí en Uruguay sino que es algo más general. Esto tiene que ver tanto para lo que en la pregunta se plantea como el Frente Amplio por un lado y la “izquierda radical” por otro. Asumiendo como válido ese enfoque por un momento, díria entonces que la “subalternidad” del primero como la “marginalidad” de la segunda tienen un rasgo común que es el reflujo político de la acción de masas.

Pero la crisis de representación política no abarca solo a la izquierda. La lectura del momento histórico que estamos viviendo aquí no tendría que cerrarse a observar lo que está sucediendo en la región. Ahora, dicho esto, el pueblo uruguayo, la clase trabajadora, necesita construir un nuevo proyecto político para disputar la hegemonía en la sociedad. Decir esto no va en la línea de que el Frente Amplio ya no sirve para nada o que se agotó lo que podría provocar en términos de transformaciones sociales. Y decir esto tampoco equivale a decir que un nuevo proyecto político va a instalar necesariamente una sociedad socialista.

Una situación como la actual no se destraba teniendo dirigentes más o menos audaces, élites más o menos inteligentes, un ministro de aquellos por acá, un subsecretario allá o dos intendentes más allá. El tema no creo que pase por ahí. Para lo máximo que el proyecto político de izquierda actual alcanzó fue para tener a Pepe Mujica de presidente, y cuando hablo de “proyecto político” lo digo en un sentido amplio, que no solo incluye a aquellas sensibilidades de izquierda que se identifican dentro del Frente Amplio sino también aquellas que no están dentro de ese marco. Mujica es resultado histórico de ambas patas.

Y creo que fue lo más avanzado que pudo generar por la roncha que despertó, -no ya dentro de la derecha o los sectores conservadores- sino dentro mismo del Frente Amplio. De las ideas o proyectos más desarrollistas de Pepe, en la “intelligentsia” gubernativa o política no se quiere hablar mucho. Esto me parece llamativo porque en vez de enterrar una determinada propuesta o conjunto de ideas, lo que queda más en evidencia es la característica de pensamiento único con la cual se intenta conducir la economía.

Independientemente de los aditamentos con los que se suele acompañar la política económica de los gobiernos del Frente Amplio (referidos a aspectos como la gestión responsable e informada, que procura evitar voluntarismos, sostenerse en la solidez de los diagnósticos técnicos, visiones y aplicar mecanismos de política derivados de todo lo anterior), no se puede hacer como que no existe una lógica de “coto privado” que determinadas visiones dentro del FA tienen sobre la economía. En primer lugar, aquellos aditamentos antes mencionados, son aspectos de forma más que de contenido.

Lo que se ha logrado por parte de la conducción económica es hacer pasar estos elementos de forma como parte del contenido y de los objetivos de la orientación económica, y esa es una primera discusión ideológica y política sobre la cual estas visiones hegemónicas anotan un primer poroto. Luego viene el resto, las decisiones concretas que se adoptan; ahí se van el resto de los porotos y el juego se acabó. En segundo lugar, es bravo no problematizarse aunque sea un poquito el hecho de que se dejan otras visiones de la economía totalmente por fuera, excluyendo y marginando visiones alternativas, y cerrando el debate. Por ese barrio no pasó la autocrítica de la cual hablábamos en la pregunta anterior. Esto me parece que dice más de la lógica con la cual se conducen las visiones hegemónicas que de las excluídas, porque las excluyentes son las primeras.

Por otro lado, los atisbos de un debate sobre “post-frentismo” como proyecto político no son representativos ni maduros, tanto dentro del Frente como fuera de el, así que para eso parece que todavía falta bastante.

HI: ¿Visualiza un proceso de agotamiento en la actual configuración política en las izquierdas? De la mano de esto, ¿comienzan a haber actores emergentes y nuevos espacios de politización?

SV: Bueno, pero si partís de conceptualizar a la izquierda en torno a la noción de fragilidad y del esfuerzo permanente por la amenaza de la derrota de los sectores subalternos, en realidad siempre estas enfrentando al agotamiento y con la necesidad de repensarte. Porque el poder lo tienen otros.

No veo actores emergentes ni tampoco espacios nuevos de politización. Esto es parte del problema, pero no todo el problema. Por suerte muchos en la izquierda saben que una cosa es acertar en el diagnóstico y otra distinta formular la táctica adecuada para el momento que te toca vivir. Son menos los que reparan que tener el diagnóstico acertado no significa que la táctica que se está aplicando también lo sea. Y por eso cualquier replanteo ante el agotamiento y la desilusión tiene que partir de lo que hoy habita, vive y lucha en la izquierda uruguaya.

El análisis concreto de la realidad concreta que nos toca es este marco histórico y político de avances, tropezones, caídas y vuelta a levantarse del pueblo uruguayo y particularmente de las organizaciones de izquierda. Por esto a veces me parece simpático y bien intencionado el análisis que se hacen de otras experiencias de movilización y radicalidad política en marcos históricos y territoriales distintos al nuestro, pero que en definitiva no aplican para enfrentar a los sectores dominantes de aquí y ahora.

Pero en los términos planteados en la pregunta, hay una rutinización bastante evidente en las izquierdas. Más o menos se siguen haciendo las mismas cosas siguiendo los mismos procesos y llegando a lugares básicamente ya conocidos. Por ejemplo, uniendo esto con la otra cuestión relacionada a actores emergentes o nuevos espacios, no creo que la manifestación social y política del No a la Baja haya sido una novedad absoluta respecto a otras grandes manifestaciones juveniles anteriores. Por ejemplo, la movilización estudiantil de los años 96 a 98 contra la Reforma Educativa del segundo gobierno de Sanguinetti. Obviamente que en el No a la Baja jugaron elementos propios de la época política y de comunicación de masas que 15 o 20 años atrás no existían. Además un proceso se dio en el marco de un gobierno neoliberal de derecha y el otro en el marco de un gobierno del Frente Amplio. Pero los fundamentos de ambas movilizaciones me parecen bastante próximos uno del otro.

Así que, rutinización por un lado, y permanencia de actores sociales y políticos por otro. El desgaste viene de dentro, y puede llegar a ser estimulado desde fuera; es decir, el desgaste se manifiesta dentro de la propia izquierda, y en segundo término, puede ser agudizado por la reacción de la derecha.

En el primer punto, entiendo que todavía no se ha hecho un análisis profundo de los cambios en la sociedad que provocó el proceso del Frente Amplio en el gobierno. Las condiciones de reproducción social se modificaron, al igual que las expectativas de consumo, las demandas sociales, las luchas por derechos. Hasta tanto este análisis no sea realizado en términos ideológicos y estratégicos, vamos a seguir interactuando con un pueblo que cambió, en algunas cosas para bien, en otras para peor, pero que cambió. Por ende, tiene que cambiar también nuestra estrategia de acumulación, para disputar la hegemonía en la sociedad.

En relación al segundo tema, las expresiones políticas de los sectores conservadores, los partidos de derecha, pueden aprovechar que la izquierda se continue dividiendo, que esta se descanse en supuestos mejores estándares alcanzados, y de repente ganen una elección. Un contexto así provoca mayor desgaste, necesariamente, porque la realidad te golpea la puerta. Un ejemplo de ello fue la elección presidencial argentina en la que ganó Macri.

Para terminar, creo que a veces se reitera un tipo de análisis que subraya que el poder te desgasta: “al Frente lo desgastó tener el gobierno”. Pienso que no es así, para nada. Lo que te desgasta es no tener el poder. Y la izquierda uruguaya, una parte importante de ella, gobierna, pero no tiene el poder. Así que el desgaste es compañero permanente del camino.

COMCOSUR ESPECIAL / MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017

2) Estudio de Catalejo y Ciencias Sociales señala que, a pesar de que los varones perciben el acoso callejero como un problema, no se identifican como acosadores
(La Diaria)

El colectivo Catalejo y el Espacio de Formación Integral (EFI), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, presentaron ayer los resultados preliminares de un estudio sobre el acoso callejero en Uruguay. Fernanda Berrueta, integrante de Catalejo, dijo a la diaria que, en los cuatro focus group en los que se trabajó (mujeres jóvenes, hasta 26 años; mujeres adultas, de 27 años en adelante; hombres jóvenes, hasta 25 años; y hombres adultos, de 26 años en adelante), apareció el acoso callejero como un problema “que tiene distintas manifestaciones”, aunque se vieron matices entre los grupos. “En el caso de las mujeres más jóvenes la problemática está más trabajada y pensada, mientras que en el grupo de los varones adultos se cuestionó la línea entre el acoso y el piropo”. Berrueta aclaró que uno de los puntos en los que Catalejo hace énfasis es la desnaturalización del concepto de piropo: “Creemos que es algo que legitima el acoso como expresión de la violencia machista; para nosotros es claro que el piropo es acoso”.

Otro aspecto que surgió del estudio es la existencia de un código intragénero: “La presencia de un varón con una mujer en la vía pública disminuye la posibilidad de que esa mujer sea acosada”. El código intragénero refleja la cosificación del cuerpo femenino, porque “se muestra respeto hacia el otro varón y no hacia la mujer, lo que reafirma la idea de que el espacio público es del varón y el privado, de la mujer”. Berrueta destacó la importancia del espacio público como el lugar en el que “habitamos y donde se expresa la ciudadanía”.

Una estrategia contra el acoso que surgió en el grupo de hombres jóvenes fue “cortar el chiste y no seguir la joda a los amigos”; no obstante, “no es un discurso que esté muy incorporado”. En tanto, las mujeres manifestaron sentimientos de impotencia, malestar y miedo ante el acoso, dijeron tener falta de información para enfrentar las situaciones, destacaron “la apatía y pasividad de los testigos” y “la falta de herramientas institucionales”. A pesar de que los hombres ven el acoso como un problema, no se reconocen a sí mismos ni a los varones de su entorno como acosadores: “Es una cuestión lejana; el acosador siempre es otro”.

El colectivo Catalejo está trabajando en el proyecto Libre de Acoso, una iniciativa que tiene tres ejes: información y conceptualización del acoso callejero; estrategias de acción contra el acoso; e investigación. “La idea es que, además de generar acciones e intervenciones en el espacio público, se pueden formar alianzas con la academia”, sostienen. Para los primeros dos ejes se está haciendo una campaña gráfica y audiovisual enfocada en “la desnaturalización del piropo con estrategias posibles de intervención”.

En pocas palabras
Belén Riguetti

–El Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC) promovió en Chile una ley contra el acoso callejero. En la actualidad, ¿en qué instancia parlamentaria está?
–Pasó el primer trámite, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero en el Senado se estancó. Actualmente lleva más de dos años en la Comisión de Derechos Humanos; fue bien complicado hacerla avanzar.

–¿Cuáles son las mayores dificultades al momento de legislar sobre el acoso callejero?
–La falta de antecedentes y de problematización. Se trata de un problema social que empezó a visibilizarse hace poco en América Latina; sólo hace cuatro años que se empezó a abrir un poco más el debate y la discusión partiendo del acoso callejero. En los últimos años se abrió el tema, por ejemplo, al acoso en las instituciones educativas. Tampoco hay estadísticas ni investigación, falta conceptualización. Tenemos una tradición y una cultura súper machista instalada en la política, por lo que cuesta mucho posicionar los temas de igualdad de género sin un debate constante. Cuando abordamos estas cuestiones estamos frente a una cultura machista muy hegemónica, por lo que la pelea y la reflexión hay que hacerlas con cuidado, para tener una buena legislación. Muchas de las leyes que se sacan en pos de las mujeres no son las mejores.

–¿Le parece que las nuevas generaciones son menos machistas?
–El machismo es transversal a todas las generaciones. No hay que pensar que las nuevas generaciones, por ser nuevas, no son machistas: lo son. Sin embargo, hay grupos que están más sensibilizados a problematizar las desigualdades, y a verlas. En general, tienden a ser grupos universitarios muy elitizados. Sí se está dando una reflexión en la que están participando más jóvenes, pero eso no significa que todo el resto sea no machista, incluso las personas que están involucradas en estos temas. Hay que entender que el machismo es una pandemia mundial.

COMCOSUR ESPECIAL / MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017

3) Los conflictos de interés y los anuncios fracasados en la búsqueda de petróleo en Uruguay
Sthepanie Galliazzi (SdR)

Pionero en llevar al país hacia la incansable búsqueda de petróleo, Héctor de Santa Ana trabaja hace 38 años en Ancap y hace diez que ejerce como gerente de Exploración y Explotación de la empresa pública. El jerarca es reconocido por su amplio conocimiento en el área de la geología, así como por las fuertes críticas que despierta su labor en el ente.

Según un geólogo y exfuncionario de Ancap, que prefirió el anonimato, cuando De Santa Ana asumió la gerencia del área de petróleo se produjo un cambio radical en el sistema de trabajo. Como ejemplo, mencionó que antes de su llegada el ente contaba con maquinaria propia para realizar las perforaciones y solo se llamaba a licitación para hacer estudios sísmicos. Con De Santa Ana al mando, toda esa maquinaria se vendió y Ancap comenzó a abrir licitaciones para llevar adelante esas tareas y a realizar parcelas para venderlas hacia el exterior.

“En el primer gobierno de Tabaré Vázquez estaban contentísimos con él porque se decía que Uruguay era un país potencialmente petrolero. Esto es porque De Santa Ana tiene una capacidad de convencer muy grande que hace que todo pareciera más de lo que es”, argumentó la fuente.

Los cuestionamientos a su labor también alcanzan un conflicto de interés público y privado. De Santa Ana “está asociado a la empresa perforadora de Mario Torterolo (ver “Viejos conocidos”), que es la que le ha dado problemas a Ancap, y es el tío de Gerardo Veroslavsky, quien figura como asesor técnico de Schuepbach Energy (empresa encargada de la exploración de hidrocarburos). Entonces, ahí hay un negocio donde se mezcla la función pública con la privada para obtener dinero”, explicó a SdR Víctor Bacchetta, periodista especializado en medioambiente e integrante de la organización Uruguay Libre.

Una situación que ejemplifica esta extraña relación se dio en el año 2013 cuando Ancap contrató a Ermal SA, una empresa de Torterolo, por 450.000 dólares para realizar perforaciones en Salto. Además, como dicha empresa no contaba con el equipo adecuado para llevar adelante dicha tarea, la empresa estatal terminó financiando una máquina perforadora por 650.000 dólares.

Este vínculo también fue confirmado por Bacchetta. El periodista recordó la solidaria actitud de Torterolo al asumir la total responsabilidad en la denuncia penal por plagio del trabajo científico de la geóloga Leda Sánchez donde él, De Santa Ana y Veroslavsky, eran acusados. Casualmente, Torterolo era el único de los inculpados que no ocupaba un cargo público. Esta valiosa actitud fue recompensada posteriormente por De Santa Ana con el otorgamiento de varias licitaciones abiertas por Ancap, a pesar de que recayera sobre Torterolo una causal penal con procesamiento.

La lista de irregularidades cometidas por el jerarca se amplía con la creación de la empresa Explotaciones Mineras SRL, en 1987, mientras ocupaba un cargo público en la División de Planificación y Desarrollo de Ancap, pese a que está prohibido por el artículo N°20 de la Ley 15.242 del Código de Minería, que establece que “los funcionarios públicos pertenecientes a organismos o servicios que tengan participación en la actividad minera no podrán ser titulares de derechos ni ejercer actividad referida a dicha materia”.

Al repertorio se le agrega un fuerte rumor de miedo a las represalias por contradecir las políticas del gerente. “Entre De Santa Ana y Veroslavsky tienen el feudo de la geología. Es un manejo mafioso, la gente tiene terror a pronunciarse públicamente en contra porque sencillamente les serruchan las patas”, afirmó Bacchetta.

Este rumor se materializó, por ejemplo, cuando una investigación en su contra, pedida por quien era presidente de Ancap, José Coya, a raíz de denuncias difundidas por el periodista Carlos Peláez en la radio El Espectador, fue archivada por falta de un técnico especializado que pudiera opinar en la materia. Es decir, nadie del ámbito de la geología quiso meterse en el asunto.

Recapitulando

Los anuncios de hallazgo de petróleo en suelo nacional tienen larga data, así como los resultados negativos que los acompañan. Se puede llegar hasta el año 2005 para encontrar la noticia de presencia de hidratos de gas en la plataforma continental uruguaya, novedad que luego de su fracaso se repitió en 2008 con las mismas consecuencias.

Avanzando en el tiempo, en 2010 se gestó la primera ilusión de encontrar esquistos bituminosos (rocas que en sus poros pueden llegar a producir gas o petróleo) en Cerro Largo, pero las “buenas noticias” no prosperaron. Un año después, la promesa de oro negro, que estaba puesta en el pozo Achar en Tacuarembó, no tuvo grandes resultados.

Más adelante, en 2013, cuando ya estaba la empresa Schuepbach Energy invirtiendo en Uruguay, se anunciaron yacimientos de petróleo en la localidad de Pepe Núñez, Salto. Dos años más tarde, las exploraciones finalizaron ante la falta de avances.

El presidente Tabaré Vázquez reunió en 2016 a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y José Mujica con el fin de acercar posturas en cuanto a políticas de Estado para la explotación del hidrocarburo. Durante ese año la petrolera francesa Total se encargó de la búsqueda, y las expectativas de encontrar rastros del oro negro incrementaron pero sin dar los resultados esperados.

Entre manifestaciones, reclamos por falta de control desde la Dirección Nacional de Minería y Geología y reparos por la contaminación ambiental que la extracción generaría, se llegó a perforar en junio de este año el primero de cuatro pozos en la Cuenca Norte del país, producto de los contratos entre Ancap y Schuepbach Energy Uruguay.

Con estos frustrados anuncios a cuestas, Presidencia informó el 20 de octubre que se había descubierto la presencia de hidrocarburos, pero la novedad fue rápidamente difuminada por geólogos calificados que restaron importancia al hallazgo. “Se trata de una estrategia de propaganda y desinformación, y no tiene que ver con la realidad de lo que pasa. A la exploración petrolífera en Uruguay esto le hace mucho mal, porque se pierde totalmente la credibilidad”, dijo a SdR el presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología, Claudio Gaucher.

COMCOSUR ESPECIAL / MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017

4) Marcha contra la OMC en el inicio de la reunión en Buenos Aires
(Prensa CTA A)

Este domingo 10 desde las 16 hs, organizaciones sindicales, sociales y políticas manifestaron su repudio a la llegada de la OMC en el inicio de la reunión ministerial en la ciudad de Buenos Aires. La CTA Autónoma, junto a la organización miembro de la CLATE, la ATE de Argentina, y otras organizaciones sociales se congregaron en el Obelisco de la ciudad y marcharon hacia el lugar donde se realizaba la reunión de apertura de la OMC, bajo un impresionante operativo de seguridad. Julio Fuentes, presidente de la CLATE, estuvo presente en la marcha junto a una delegación de uruguayos y brasileros, encabezadas por Martín Pereira de la COFE y Sergio Arnoud de la CSPB. Mientras tanto, en la Plaza del Congreso de la Nación, se realizó un festival “Fuera OMC” que reunió a artistas populares, entre ellos Daniel Devita, quien cantó el tema oficial de la campaña CLATE No OMC.

La multitud marchó bajo 35 grados de calor por una de las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires, la 9 de Julio. Un dato destacado y que concuerda con el clima de militarización que se vive en la Ciudad de Buenos Aires es que la marcha fue escoltada por un desproporcionado operativo de seguridad, con policías y Gendarmería con armas largas, perros y equipo antimotines en clara actitud amenazante y provocadora. Horas previas a la apertura se dieron a conocer denuncias de periodistas y militantes internacionalistas, a quienes se les impidió el ingresó al país, llegando incluso a su deportación.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, y Vicepresidente de la CSA, Fito Aguirre abrió el acto presentando la actividad y a las organizaciones presentes. Tomaron la palabra entre otros, el Secretario General Adjunto de CTA-A Nacional, Ricardo Peidro, y expresó: “estamos en la calle como se está haciendo en toda la región para resistir a las supuestas “reformas” laborales, de salud, educación y previsional, que no son más que adaptar la legislación a los intereses de los poderosos a nivel global. La OMC está reunida para intentar decidir cuál va a ser el futuro de nuestros pueblos. Nosotros venimos a plantear que el futuro lo decide nuestro pueblo, lo decide los trabajadores”. Peidró convocó a la unidad e hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos: “tenemos que construir la fuerza ofensiva que los derrote e imponer las leyes que defiendan a toda la clase”.

En representación de la CLATE, hablaron Julio Fuentes y Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Fuentes rescató a través del ejemplo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, la resistencia histórica a la prepotencia imperialista: “aquel hecho tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy. Entonces querían imponernos el destino maldito de ser sólo proveedores de materias primas y ellos manufacturar los productos. De eso se trata hoy otra vez esta cumbre de la OMC. Quieren sacrificar todo, cueste lo que cueste, en nuestro territorio, con la megaminería, con la soja transgénica, el glifosato y mano de obra barata. Hace 150 años vinieron con buques de guerra para que elimináramos nuestras aduanas y hoy vienen estos funcionarios. La gran diferencia es que entonces teníamos a Juan Manuel de Rosas gobernando y hoy tenemos a éstos que entregan todo”. Pereira por su parte, saludó a la marcha y habló de la importancia de la lucha y de la unidad que se requiere para enfrentar a este gran enemigo común.

“Es bueno ver marchar banderas de todos los colores en unidad”. Y agregó que “no vengan los yanquis a decirnos qué tenemos que hacer”. En la delegación de CLATE estuvieron presentes los secretarios de Organización Alterna, Terezinha Castro; de Administrativa y Finanzas, Matilde Abin; de Investigación, Estadísticas y Estadios, Horacio Fernández; y de Formación Alterna, María Teresa Romero. Y un importante número de compañeros y compañeras de la COFE uruguaya.

Entre otro de los oradores, Myriam Liempe, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de CTA-A, aseguró: “Venimos a decir que este territorio que hoy se llama Argentina tiene mucho de sacrificio y mucho de poner el cuerpo y la sangre de los pueblos originarios y más recientemente de los 30 mil desaparecidos. Parece que al capitalismo le encanta chorrear sangre, ya que últimamente una vez más hemos tenido muertos en nuestros territorios. Tenemos que responder a este paradigma de hambre y muerte con organización y continuar la lucha con un nuevo paradigma de respeto a la vida”.

Por último, Aguirre expresó el repudio al nuevo ataque al pueblo palestino por parte de EEUU e Israel en el marco de la provocación llevada adelante por el presidente Trump de trasladar la embajada norteamericana a la ciudad de Jerusalem en abierto desafío a acuerdos internacionales. “Queremos una Palestina Libre y vamos a seguir luchando”, afirmó Aguirre. Además contó que se hizo llegar a la reunión de la OMC una declaración que resume los planteamientos de la movilización.

La ministerial

Para la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), llegaron a Buenos Aires altos funcionarios de las 164 naciones miembros de la organización. El intento de la cumbre es cerrar acuerdos para llevar a un mayor nivel de liberalización las políticas arancelarias y aduaneras. Se buscarán compromisos para anular la capacidad de los Estados de regular la economía e imponer así un orden de prelación en donde los intereses de las corporaciones estén por encima de cualquier nación.

En relación a la Argentina, el gobierno a mostrado interés en lograr un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto ha generado tensiones y abierta oposición de algunos países ya que afirman que ésto contradice los acuerdos regionales. El contexto internacional complejiza la discusión dado el evidente intento de Donald Trump de romper todas las instancias multilaterales de acuerdos. Además, la economía mundial en baja ha determinado que el comercio global ha perdido su dinámica de crecimiento.

Un tema destacado en la agenda de la reunión es el comercio electrónico en donde empresas transnacionales como Amazon, Google, Microsoft y las locales OLX, Mercadolibre, entre otras, pretenden asegurarse bajas cargas arancelarias y libertad de acceso a la información de los usuarios que navegan por Internet.

COMCOSUR ESPECIAL / MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017

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ENTRE LAS LUCHAS FEMINISTAS Y LAS RESPUESTAS CONSERVADORAS

MUJER544

1) Argentina: Las mujeres: insertas, pero en la precariedad laboral

2) Chile: Cuatro universidades chilenas reconocen nombre social de estudiantes trans

3) España: El otro lado de la cadena de cuidados

4) Violencia simbólica: cinco ejemplos

5) Entre las luchas feministas y las respuestas conservadoras

COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 544 / Lunes 11 de diciembre de 2017 / Producción: Beatriz Alonso

Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo

1) Argentina: Las mujeres: insertas, pero en la precariedad laboral
Latfem

"Toda la precarización de la vida se sostiene gracias a un mayor trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres" aseguran Corina Rodríguez Enríquez , Patricia Laterra y Flora Partenio. En esta nota analizan la reforma laboral que el gobierno argentino pretenden llevar adelante y aportan los datos duros de la desigualdad: empleos peor pagados, menor nivel de protección social y menos horas que los varones en trabajos remunerados.

La flexibilización laboral es un tema sensible, de gran impacto en nuestras sociedades y contraproducente si deseamos achicar las brechas de género. La anunciada reforma laboral esconde y contiene un peligroso sesgo de género que amplifica las asimetrías que venimos arrastrando de un sistema ya desigual.

¿Por qué la experiencia de veinte años de tratados de “libre” comercio en Latinoamérica es nefasta? A grandes rasgos: en la balanza pesan más los privilegios corporativos que los derechos de los pueblos y territorios. Visto con mayor atención: el fortalecimiento de la economía del mercado compite con el desarrollo de una economía del cuidado. Entonces, es necesario que el reconocimiento de los impactos negativos no solo se fije en la dimensión mercantil sino en los efectos sobre los trabajos no remunerados: toda la precarización de la vida se sostiene gracias a un mayor trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres.

Una reforma laboral como la que se propone en la Argentina, que desregula el empleo para incrementar las variables de ganancia de las empresas, debilita los mecanismos de protección de los derechos laborales y aqueja más a quienes están en condición de vulnerabilidad. Lo que la evidencia nos muestra es que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo es más precaria, ya que ocupan puestos más informales, menos protegidos y peor remunerados, por lo cual la reforma laboral les afecta más a pesar de todo el avance que ha habido en materia de participación laboral desde la década del ´90 a esta parte.

Si bien las mujeres aumentaron su participación en el mercado laboral –hoy en un 48,1%–, la misma tasa de actividad para los varones es de un 72,4% para el primer trimestre de 2017 a nivel nacional según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). Al mismo tiempo, las mujeres aumentaron sistemáticamente su nivel educativo, tienen capacidad para ocupar mejores empleos y suelen estar sobrecalificadas para los puestos que ocupan. Este progreso notable, sin embargo, no redundó en achicar las brechas de género.

Los fenómenos de segregación vertical mantienen a las mujeres concentradas en puestos de menor jerarquía, donde les cuesta llegar a cargos de mayor poder de decisión (también conocido como piso pegajoso y techo de cristal), y de segregación horizontal, donde se amontonan en tareas que se estereotipan como feminizadas y, por ende, son menos jerarquizadas y valoradas.

La brecha salarial en promedio según el Sistema Previsional Argentina (SIPA) para el cuarto cuatrimestre de 2016 es del 23,5%, aunque las mediciones internacionales la ubican en un 27% en el mercado formal. Para el mercado informal, donde se encuentra más de un tercio del total de las trabajadoras, la brecha trepa a un 35%.

Las tasas de desempleo son mayores para las mujeres y alcanza un 10,2% para el segundo trimestre de 2017 (EPH-INDEC). En las grandes ciudades como La Plata, Mar del Plata y Rosario se encuentran picos de 14,1%, 13,9%, 10,9%, respectivamente. El dato más alarmante son las jóvenes menores a 29 años, con una tasa del 20,1% (esto significa que 1 de cada 5 mujeres en la población económicamente activa quiere trabajar y no puede conseguir hacerlo) cuando el promedio nacional de la tasa de desempleo es del 9.2%.

Esta realidad acuciante para las más jóvenes en algunas provincias como Catamarca asciende al 28%, en Tucumán al 24%, en Gran Buenos Aires al 21% y en La Plata se encuentra el pico más alto, un 31,4% en una vasta diferencia con los varones de su misma edad que toca el 15,6%. El embarazo adolescente y las mayores cargas de cuidado que impiden que las más jóvenes puedan continuar con estudios son uno de los principales factores que limitan la posibilidad de ingreso, por eso políticas como la Ley de Educación Sexual Integral, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, mayores causales y garantías de cumplimiento de la interrupción legal del embarazo, entre otras propuestas integrales de políticas de cuidados, son centrales para no perpetuar estas desigualdades.

A pesar de haber progresado en los niveles de actividad en el mercado laboral, las mujeres se encuentran en empleos peor pagados, con menor nivel de protección social y trabajando en promedio menos horas que los varones en trabajos remunerados. Este escenario responde a que la mayor participación en el mercado laboral no se ve compensada con la mayor participación de los varones en las tareas de cuidado. Esta dinámica entonces limita de manera sustantiva su participación y el acceso a mejores opciones. La última Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del Tiempo para el total nacional urbano en el año 2013 según EPH-INDEC muestra que las mujeres se involucran en un 88,9% en las tareas no remuneradas mientras que los varones se involucran en un 57,9%. Ahora bien, estos porcentajes significan diferencias en el uso del tiempo: las mujeres destinan en promedio 6,4 horas a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, mientras que los varones dedican casi la mitad, 3,4 horas.

La flexibilización laboral es un tema sensible, de gran impacto en nuestras sociedades y contraproducente si deseamos achicar las brechas de género. La anunciada reforma laboral esconde y contiene un peligroso sesgo de género que amplifica las asimetrías que venimos arrastrando de un sistema ya desigual.

COMCOSUR MUJER Nº 544 – 11.12.17
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2) Chile: Cuatro universidades chilenas reconocen nombre social de estudiantes trans
Agencia Presentes

Frente a la falta de Ley de Identidad de Género, cuatro universidades en Chile han trabajado en políticas para reconocer el nombre social en sus establecimientos, permitiéndole a estudiantes trans desarrollar libremente sus actividades académicas. Son la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad Diego Portales y la Universidad Académica de Humanismo Cristiano.

En el caso de la Universidad de Chile se creó el “Decreto Mara Rita”, nombre de una activista trans que murió mientras era Estudiante de Literatura y Pedagogía en la Facultad de Filosofía. Esto, debido a que con ella se buscaba la manera de reconocer por nombre social y no por nombre legal a estudiantes, funcionarixs y académicxs.

De acuerdo a Guillermo Sagredo, estudiante de Administración Pública e integrante de la organización Diversinap: “Quién lo solicite contaría con una cobertura intrauniversitaria de manera rápida y administrativa como hoy lo demanda la población trans en Chile.”, dijo Guillermo Sagredo, estudiante de Administración Pública e integrante de la organización Diversinap.

Que las experiencias cuenten

Stefano Buscaglia, vocal de Género y Sexualidades de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, se influenció en el Decreto Mara Rita y en las recientes medidas a través del Protocolo de Acoso Sexual y Discriminación para presentarla ante las autoridades de la institución.

“Para hacer esto, tomamos la información de iniciativas ya realizadas y se hizo una reunión con las estudiantes trans a través de sus delegadas de género. De ello nos comentaron sus historias y experiencias vividas en la universidad, y a partir de ello lo adaptamos a la realidad exigiendo el cambio a nombre social en listados, exámenes académicos, plataformas web, entre otros”. Esta iniciativa no quedó hasta ahí, puesto que la misma Vocalía solicitó iniciar un trabajo de acceso y mantención ante los programas de la institución.

Respetar los nombres al pasar lista

La Universidad Diego Portales ya adoptó la medida en tanto coloca el nombre social en 24 tipo de campos o registros que son modificados, desde el correo institucional, el expediente, datos maestros y reportes de matricula.

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano pondrá en curso un reglamento de reconocimiento que se enmarca en la circular Nº 0768 sobre “Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación” de la Superintendencia de Educación.

El impulsor del proyecto y decano de la Facultad de Artes, Marcelo Nilo, dijo que esta es una más de las iniciativas impulsadas por la universidad y que “sólo faltaba formalizar estas prácticas. Actualmente, los profesores, por ejemplo, ocupan el nombre social del alumno según sea el caso, al pasar la lista o en otras actividades. Son acciones de hecho que requerían una normativa”.

COMCOSUR MUJER Nº 544 – 11.12.17
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3) España: El otro lado de la cadena de cuidados
Pikaramagazine

Nueve de cada diez personas que desarrollan tareas como trabajadoras del hogar en España son mujeres. La mayoría de ellas vienen de otros lugares del mundo. En muchas ocasiones no tienen papeles y eso las deja aún más indefensas. Ellas son parte de una cadena de cuidados, invisible para la mayoría, que tiene eslabones aún más ocultos al otro lado del mundo: las mujeres que se quedan. Mientras unas cuidan a las personas dependientes, los niños, las niñas y los hogares en Europa, otras cuidan a los hijos e hijas que se quedan allí. A veces es una hermana, la madre, una prima o una buena amiga.

Son vidas ‘En tránsito’ que la asociación Bidez Bide ha contado en un documental que recoge la complejidad de un fenómeno que hunde sus raíces en la desigualdad de género y de clase.

En España más de 630.000 personas están ocupadas en empleo del hogar. Un 30% de ellas trabaja en negro, según las estimaciones de la OIT. La ley exige que estén dadas de alta, pero no reconoce su derecho al paro. Desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar-Etxeko Langileen Elkartea (ATH-ELE), una asociación que opera en el País Vasco, subrayan que la salud laboral es otro de los temas principales porque se dan casos de “agotamiento físico y mental” entre estas trabajadoras que a menudo sufren estrés y ansiedad. A todo esto se une la distancia a la que muchas de ellas viven de su gente.

Ángeles de la guarda y compañeras de viaje
Soraya Ronquillo es trabajadora social y responsable de los proyectos de sensibilización de la asociación vasca Bidez Bide, que apoya a las mujeres migrantes en la homologación de estudios, ofrece un banco de datos y les asesora en temas legales y laborales. Se esfuerzan, con pocos medios, para que las mujeres migradas tomen conciencia de su papel en la sociedad y también para que la sociedad deje esa mirada cargada de prejuicios racistas, xenófobos, machistas, etnocentristas y coloniales. Tienen mucho contacto con mujeres que trabajan en el servicio doméstico. “Conocemos sus historias y llegó un momento en el que pensamos que teníamos que poner en imágenes estas realidades que traspasan fronteras”.

En ese punto surgió el reportaje fotográfico ‘Ángeles de la guarda’, realizado por la fotógrafa peruana Rosa Villafuerte: una forma de describir el trabajo de aquellas mujeres que se quedan en los países de origen de las trabajadoras del hogar; las que cuidan de los hijos e hijas de las que se van. ‘Compañeras de viaje’ llegó después. Este documental, parido por Bidez Bide y dirigido por Oskar Tejedor, muestra a las mujeres que vienen a trabajar al País Vasco en una dimensión profunda y empática. Soraya explica que las fotografías se quedaron cortas para su trabajo de sensibilización en los talleres y aulas de trabajo: “Entendíamos que una herramienta audiovisual sería mucho más efectiva a la hora de transmitir las vivencias de estas mujeres”.

El camino a casa
En un momento dado, desde Bidez Bide quisieron contar el viaje de vuelta: el reencuentro entre madres y sus hijos e hijas tras años sin verse. Así comenzó el maratón para conseguir fondos y acompañarlas en ese viaje de vuelta. Decidieron que el rodaje sería en Nicaragua. El documental ‘En Tránsito’ recoge en imágenes reagrupaciones familiares después de años de ausencias, de mucho echar de menos, de muchos “¿dónde está mamá?”. Nos asoma a realidades tan incómodas como invisibles: después de 10 años sin verse sus hijos son desconocidos y tienen que reconstruir el vínculo.

Katya Reimberg, responsable de proyectos de asesoría a mujeres de Bidez Bide, explica que plantearon el documental como un proyecto coral. “Nuestro trabajo consiste en crear conocimientos desde lo colectivo”, dice. Por eso, este proyecto se llevó a cabo de forma interdisciplinar para que cada persona pudiera aportar su conocimiento. ‘En tránsito’ nació como una herramienta pedagógica para la formación en talleres y ya ha sido proyectado y premiado en distintos festivales. “Queríamos abarcar a un público amplio: alumnado de institutos, de FP, asociaciones y universidades”, explica Soraya.

Después de una odisea para conseguir la financiación y tras desarrollar toda la narrativa del documental, se hizo realidad con el trabajo en dirección de Oskar Tejedor. Soraya lideró el proyecto y viajó a Nicaragua para ver a las mujeres y a sus familias. De esta forma preparó tanto el recibimiento como la identificación de todo aquello que se iba a grabar. Ha sido un camino muy largo. “Hemos tardado cuatro años en terminarlo”, explica.

Allí, entre los lagos y volcanes del país centroamericano, grabaron a niños, niñas y adolescentes y a sus madres cuando iban de visita tras años de ausencia y de conversaciones por Skype. El peso de las imágenes se puso en las emociones que se generaban en esos encuentros: el reproche, la culpa, la distancia, el amor…

Katya denuncia que la sociedad no se ponga en la piel de estas mujeres ni de sus familias. “La gente cuestiona por qué vienen dejando a sus hijos pero no se para a pensar en sus razones”, apunta.

“¿Por qué vienen?”
A la pregunta que subyace en muchas conversaciones con estas mujeres hay respuestas muy diversas. “¿Por qué has venido?”. “He sentido mucho dolor, pero aún así me vine”, es la respuesta de una de las protagonistas del documental.

Las razones para marcharse de sus países de origen son muchas. “Se van porque no existen leyes ni políticas que protejan a las familias en sus países y las mujeres son las únicas proveedoras de cuidado, de economía, y muchas veces también de afecto en las familias”, expone Soraya.

Katya apunta que detrás del discurso hegemónico de lo económico hay otras razones que les empujan a dejar atrás sus países: “Huyen de relaciones de violencia de género, buscan un mejor futuro para sus hijos e hijas y una mejor vida también como mujeres… Esta realidad es perversa y atrapa las emociones y afectos de muchas mujeres”, reflexiona.

Desde Bidez Bide quieren terminar con la visión equivocada y culpabilizadora que existe sobre estas mujeres: esos lugares comunes que hablan sobre malas madres y madres “desnaturalizadas”. Soraya insiste en la idea de que las mujeres tienen derecho a venir y derecho a no hacerlo. “Para eso hacen falta gobiernos que hagan políticas pensando en nosotras a nivel global… Es necesario pensar cuál es el bienestar que queremos y cómo podemos cambiar las dinámicas que genera la economía capitalista”, dice.

COMCOSUR MUJER Nº 544 – 11.12.17
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4) Cinco ejemplos de violencia simbólica
Afroféminas

La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de 70 y se utiliza para describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los “dominados”, los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que están sometidos” (Bourdieu, 1994).
Esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de que creemos que las cosas “siempre fueron así” y por lo tanto, nuestros valores y lugares dentro de la sociedad serían no solo incuestionables, sino también inmutables.

En los medios de comunicación, es violencia simbólica todo lo que refuerza los estereotipos, pues están poniendo a cada uno “en su sitio”, todo el que es capaz de estigmatizar es responsable del pensamiento segregacionista, todos los segregados son “distintos a mi” y vistos como menos personas en el inconsciente. Cuanto menos persona se es, menos derechos y más susceptible se vuelve uno a los abusos en todas las esferas.

Pincelemos unos ejemplos de la violencia simbólica patriarcal como ejercicio de reflexión:

1) Enseñando a la mujer en situaciones de subalternancia y/o violencia

No basta que un porcentaje tan significativo de las pelis no pasen el test de sexismo, la última fue una campaña de divulgación en vallas publicitarias de la nueva película de X Men: Apocalipsis. El cartel de estas vallas, divulgado en junio de 2016 en Los Ángeles y Nueva York, circuló por las redes sociales y recibió diversas críticas feministas por promover la violencia contra la mujer. La campaña fue acusada de estar fuera de contexto al enseñar a Mística siendo estrangulada por su antagonista Apocalipsis. La frase de cartel reza: “Solo los fuertes sobrevivirán.”

La 20th Century Fox, responsable de la película se vio obligada a disculparse. Retiraron la escena de la película en que Mística era estrangulada y justificó el cartel diciendo: “En nuestro entusiasmo en enseñar la villanía del personaje Apocalipsis, no reconocimos inmediatamente la connotación perturbadora de esta imagen en la forma impresa”. Nótese que solo hubo preocupación por la imagen de Apocalipsis, nada se habló sobre la de Mística.

La 20th Century Fox, responsable de la película se vio obligada a disculparse. Retiraron la escena de la película en que Mística era estrangulada y justificó el cartel diciendo: “En nuestro entusiasmo en enseñar la villanía del personaje Apocalipsis, no reconocimos inmediatamente la connotación perturbadora de esta imagen en la forma impresa”. Nótese que solo hubo preocupación por la imagen de Apocalipsis, nada se habló sobre la de Mística.

2) Diciendo a las mujeres que sus cuerpos no son suficiente buenos y que necesitan ser moldeados/camuflados

Sujetadores push-up que nos sugieren que nuestros senos deberían ser a prueba de la gravedad. Cremas para arrugas y tintes de pelo que insinúan que la edad es algo a ser disimulado a todo coste. Tacones, porqué siempre podemos parecer más larguiruchas y elegantes. Maquillajes que borran pecas, nos cambian el tamaño de los ojos, afinan nuestros rasgos. La “operación biquini” que no significa otra cosa sino que una mujer que no parece perfecta no es digna de enseñar su cuerpo con orgullo.

La gran novedad en este campo son los dilatadores de labios por succión. Estas ventosas se llevan comercializando varios años, pero alcanzaron la popularidad este año gracias a un reto planteado en las redes sociales.

3) Restringiendo la movilidad de las mujeres

Otra manera de hacer de las mujeres prisioneras de sus propios cuerpos (y de la propia condición de mujer) es limitando sus movimientos. El burka es el ejemplo gráfico más sencillo, entretanto, la ropa femenina occidental está creada y sirve más bien para realzar nuestra figura, e identificar quienes somos dentro de nuestra sociedad, que para vestirnos.

Así, se habla nuevamente de los tacones, de la ropa ajustada, de las faldas desproporcionadas que se les ponen a la niñas diciendo “estate al caso, cierra las piernas, pórtate como niña”. Las bragas hechas de material pobre y desechable, que en conjunto con los pantalones ajustados contribuyen a una mala salud vaginal porque no están pensadas para nuestro bien estar, y si, para que seamos deseables para ellos.

Otra manera de restringir la movilidad de las mujeres es determinando qué sitios deberían ocupar y “sugiriéndolas” a cuales pertenecer, y como dice Irantzu Varela, “nosotras queremos la mitad de todo. Siempre que no seamos la mitad, se debería preguntar el por qué”.

La mujer también tiene su movilidad restringida cuando se cuestiona si va a viajar sola, cuando las jóvenes son advertidas de lo que hacer y no hacer para no “ganarse” mala fama, cuando en la denuncia de una violación, se pregunta a la víctima que ropa llevaba, y así en tantos otros ejemplos.

4) Por un lenguaje tradicionalmente machista y racista

Doy por hecho que vosotras que leéis Afroféminas conocéis la fuerte representación del patriarcado través del lenguaje castellano. ¿Pero, ya os fijáis en las palabrotas?

Hablando de palabrotas, os invito a pensar como la palabra “coño” tiene su significado degenerado cuando es utilizada como expresión de insatisfacción cotidiana, y cuanto exprime una violencia simbólica hacia las mujeres, naturalizando el “coño” como una cosa vulgar, banal y despreciativa. Las palabrotas y tacos que descalifican a las mujeres con connotaciones sexuales tienen una gran representación, vale la pena cuestionar por qué las seguimos repitiendo si comprendemos ya su origen ideológico.

Las bromas que utilizan los estereotipos como muleta para hacer reír, sin considerar que estos chistes están anclados en determinados valores y prejuicios solidificados en la sociedad, son tan desagradables como las expresiones racistas estilo “moro”, “sudaca”, “negrata”, “trabajar como un negro”, “trabajo de chinos”, “ir hecho un gitano”, “feliz como un enano”, etc. que aunque no sea la intención de quien las usa, exprime igualmente un discurso ideológico. Hacerse consciente de lo que se dice también es empoderamiento.

5) Por la manipulación de la historia e invisibilidad de las minorías

La hegemonía patriarcal blanca desde siempre necesita reafirmarse. Nuestra sociedad se sustenta tal y como la conocemos también por enseñar al hombre blanco como el gran pionero, así como a sus elementos biológicos, culturales e incluso morales, justificando de esa manera no solo su posición y privilegios, sino también el dominio social y político.

Ejemplos clásicos serian la representación de un Jesús rubio de ojos azules y también la representación cinematográfica de los egipcios como a una cultura blanca en medio del desierto africano. En el propio sentido ideológico de lo que es civilización y en lo que entendemos como salvajismo, donde queda implícito quienes son los “buenos” y quiénes son los “malos”.

Así, el patriarcado blanco determina lo que es deseable dentro de una cadena de valores y todas las demás personas ajenas a él, se vuelven un poco menos personas, ya que son recreadas a través de la mirada de éste para que asuman papeles y posiciones sociales que les son otorgados.

No ser consciente de que se vive en una sociedad que actúa con un sistema de privilegios permite que ellos sigan existiendo, ya que los privilegios siempre se obtienen a costa de los derechos de alguien.

COMCOSUR MUJER Nº 544 – 11.12.17
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5) Entre las luchas feministas y las respuestas conservadoras
Rebelion
Mariano Schuster
nuso.org/

Entrevista a Maxine Molyneux

La nueva oleada de movimientos feministas sacude al mundo entero. Los reclamos y las luchas de las mujeres generan, sin embargo, una respuesta retrógrada de sectores que critican lo que llaman “ideología de género”. En esta entrevista, la socióloga Maxine Molyneux explica en qué consisten las demandas del feminismo contemporáneo, repasa su relación con las corrientes políticas de izquierda, desmenuza las críticas realizadas por sectores religiosos y conservadores, y analiza el papel asumido por los varones en este momento histórico de luchas por la igualdad.
-¿Cuál es su perspectiva sobre esta nueva ola de feminismo que ha llevado a las mujeres a las calles a reclamar por sus derechos y a plantear cuestiones de género en la agenda pública tal como lo expresan movimientos como “Ni una menos” o “Million Women Rise”?.

El feminismo ha adquirido una nueva dinámica con una revitalización de los movimientos de protesta en todo el mundo. Una nueva generación de activistas sale a la calle para pedir el fin de la discriminación social y la violencia contra las mujeres. Además de las grandes manifestaciones contra la violencia de género en América Latina con la campaña Ni Una Menos, la Marcha de las Mujeres en enero de este año y la actual campaña mundial Million Women Rise (Millones de Mujeres se Ponen de Pie), hemos visto protestas callejeras similares en otros lugares, por ejemplo en la India e incluso en Afganistán, después de brutales asesinatos de mujeres. Hace muy poco estuvo la campaña viral Me Too (Yo también), notable por la fuerte reacción de los medios a las acusaciones de abuso sexual y violación contra figuras prominentes, incluidos algunos parlamentarios británicos, actores y el magnate del cine Harvey Weinstein. Sin embargo, no ha pasado inadvertido que Weinstein ha sido despojado de sus honores, mientras que Donald Trump, que se jactaba de agredir sexualmente a las mujeres, no solo ganó la presidencia de los Estados Unidos, sino que, por ahora, ha eludido la censura. Este momento es significativo por varias razones.

Marca una nueva fase en el feminismo, en el que las mujeres jóvenes se enfrentan a los límites de los diversos cambios sociales y legales de las últimas décadas que pensaron que les brindarían iguales oportunidades. Las niñas tienen a menudo un mejor rendimiento que los niños en la escuela y las mujeres se destacan en la universidad; esperan tener sus propios ingresos y ser tratadas con respeto. Pero ven que muchas de las viejas estructuras y actitudes discriminatorias todavía están vigentes, con amplias brechas salariales de género, peores perspectivas de promoción y, en sus casas, todavía realizan la mayor parte del trabajo de cuidado. En la vida cotidiana prevalece el doble estándar en las costumbres sexuales, la cultura popular todavía menosprecia la igualdad femenina, los hombres ocupan los puestos clave de poder y autoridad y sufren pocas sanciones por acoso sexual, incluso por abuso sexual y violencia. No es para sorprenderse que las mujeres estén enojadas. Para las jóvenes feministas, estas protestas son significativas como expresiones de una nueva solidaridad que colectiviza las experiencias negativas que frecuentemente soportan solas y en silencio: una vez que estas cuestiones se identifican como problemas sociales, requieren atención y acción.

-En el marco de estas manifestaciones, también se han conseguido nuevos derechos para el movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer e Intersexuales (LGBTQI) cuya presencia en las calles ha sido importante. ¿Existe una relación directa entre el feminismo y este movimiento?

Se trata, claramente, de dos movimientos separados, pero desde el comienzo del feminismo de la segunda ola, ha habido algunos puntos de conexión y solidaridad entre feministas y homosexuales, luego activismo LGBTQI. Comparten una oposición común a las normas, leyes y prácticas prescriptivas que derivan de una concepción inmutable de la sexualidad y los roles / relaciones de género a menudo vistos como ordenados por la biología y / o la religión. En cambio, las y los activistas LGBTQI y feministas tienden a ver estas relaciones como influidas poderosamente por las instituciones, las normas y las prácticas sociales, a través, por ejemplo, de las políticas estatales, las leyes, la cultura y la religión. Comparten una crítica de los aspectos discriminatorios y perjudiciales de estas normas, y apoyan las luchas por reformas legales que extienden los principios de los derechos humanos de igualdad y respeto por la diferencia. Esto ha implicado luchas compartidas por el cambio cultural, así como por el cambio legal para eliminar leyes discriminatorias y opresivas, y para proporcionar protecciones adecuadas a quienes las necesitan.

-Frente a la nueva ola de batallas feministas, ha aparecido un sector muy crítico que ha condenado lo que denomina como “ideología de género”.

Se trata de sectores de derecha, muchos de ellos vinculados a los elementos más reaccionarios de la Iglesia Católica y a otros credos, que afirma que el feminismo intenta borrar lo que ellos denominan “características naturales y biológicas” de los seres humanos. ¿Cómo puede el movimiento feminista enfrentar estas reacciones de la derecha que avanza cada vez más en algunos países? No hay una entidad coherente que se describa como “ideología de género”. El término es una amalgama de lo que los opositores a las ideas feministas no aprueban, que abarca los derechos LGBTI (especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo), la igualdad y la autonomía de las mujeres (especialmente sobre sus propios cuerpos / sexualidad). La oposición al término “género” fue inicialmente propagada por el Vaticano, y desplegada como parte de su rechazo a los grandes avances logrados por el feminismo de la segunda ola y el movimiento global de mujeres en el derecho internacional. La aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 y la Plataforma de Beijing después de la Conferencia de Mujeres de Beijing de 1995 fueron hitos en la legislación de la igualdad de la mujer y muchos países de América Latina incorporaron estos marcos en su legislación nacional.

Aquellos que hacen campaña contra la llamada “ideología de género” recurren al pensamiento fundamentalista, evocando a menudo la autoridad de las Escrituras para apoyar sus campañas, y buscando promover pánicos morales sobre los supuestos efectos de la igualdad y autonomía de las mujeres, alegando que trae nada menos que descomposición social y decadencia moral. Esta extraña visión del poder destructivo femenino está acompañada por los reclamos de los fundamentalistas de ser los guardianes de la estabilidad social, expresada a través de su apoyo a la familia patriarcal, firmemente basada en el lugar de las mujeres en el hogar como cuidadoras de hombres y niños. Pero esto no es solo una cuestión de puntos de vista opuestos.

El campo de batalla es bien concreto: es el dominio de los derechos humanos. Usted pregunta cuál es la forma de lidiar con esta reacción negativa: mi respuesta es defender los derechos humanos que ya están codificados en la legislación nacional, o hacer campaña para que se instalen y observen. Cuando los evangélicos en Brasil piden que se sancionen leyes para que los psicólogos “traten” a los homosexuales o los gobiernos nieguen la anticoncepción y el aborto a las mujeres, deben ser desafiados como violadores de los principios de los derechos humanos. No digo que la ley sea el único instrumento que se use para resistir estos ataques contra los derechos de las mujeres y de otras personas, pero puede ser muy poderoso. Recuerde que la Corte Suprema de Colombia anuló en 2006 sus severas penas por aborto con el argumento de que violaban los derechos humanos de las mujeres. Este fue el resultado de una exitosa campaña de los defensores de los derechos de las mujeres y sus aliados.

-Más allá de estos sectores que combaten las luchas feministas, también hay varones que se posicionan en favor. ¿Qué lugar tienen estos varones en el feminismo contemporáneo y que rol juegan las llamadas “nuevas masculinidades”?

Hay una imagen mixta que debe ser reconocida. Por un lado, vemos a hombres jóvenes en manifestaciones que apoyan activamente las demandas de las mujeres y que son bienvenidos por hacerlo. Hoy hay más hombres que entienden que existen formas de masculinidad, así como de feminidad, que son autolimitantes, incluso dañinas y disfuncionales, también las formas de hiper-masculinidad brutal asociadas con las pandillas de narcotraficantes, que son una reinscripción de algunas manifestaciones particularmente negativas de la masculinidad.

Durante unas cuatro décadas ha habido grupos de hombres aquí y allá que se han reunido y han debatido las características opresivas y los efectos de los privilegios patriarcales o masculinos: una recuerda el brillante tratamiento que hace Hegel de la relación Maestro-Esclavo, en la que el opresor también es de alguna manera dañado por el poder que ejerce sobre el oprimido. Este cuestionamiento de la masculinidad por parte de los hombres es completamente positivo porque el género es relacional, tratarlo solo como un problema de mujeres es como aplaudir con una mano. Sin embargo, aunque algunos hombres pueden estar más conscientes de esto y están cambiando de manera positiva, otros lo ven solo como un viaje personal en la autorrealización en lugar de un problema social que los obliga a intentar cambiar las estructuras y los comportamientos y las actitudes que oprimen tanto a hombres como a mujeres y perpetúan el privilegio masculino.

Como colectivo, los hombres han sido notoriamente pasivos en este aspecto: han dejado solas a las mujeres en sus luchas. Siempre me sorprende la falta de hombres en las reuniones que discuten los derechos de las mujeres, y como académica veo que pocos hombres leen el trabajo de académicos feministas o los citan, están interesados en la historia feminista o se comprometen seriamente con ideas feministas. Sus lectores pueden pensar que es duro y todos conocemos y apreciamos las muchas excepciones loables, los verdaderos aliados indispensables de las luchas de las mujeres, pero los hombres podrían hacer mucho más de lo que hacen cambiando comportamientos cotidianos como el acoso sexual y la discriminación, impulsando la igualdad de género en sus lugares de trabajo, compartiendo el trabajo doméstico y los cuidados y desafiando la “charla de vestuario”.

-Otros grupos, no necesariamente vinculados a sectores religiosos, manifiestan que el nuevo feminismo tiene características que denominan “fundamentalistas”.

Sus posturas se fundamentan en el supuesto de que el feminismo no llega para concretar mayores niveles de igualdad sino para ampliar las “diferencias culturales”. ¿De dónde provienen este tipo de ideas? ¿Cómo pueden los mismos sectores del feminismo para trabajar en la modificación de los patrones culturales que llevan a ellas? Ningún movimiento social, cualquiera sea su gravitación, es una entidad unificada y homogénea; en su mayoría están formados por diferentes tendencias que acuerdan un conjunto de demandas o principios comunes; más allá de eso, cada uno tendrá sus propias prioridades y formas de activismo. No sé exactamente a qué tendencia te refieres con “fundamentalista”, pero si te refieres a movimientos separatistas que celebran las virtudes de la feminidad y la diferencia sobre la igualdad, entonces sí, hay algunas corrientes feministas radicales que son críticas de otros feminismos por trabajar con hombres en algunos temas, y prefieren trabajar y vivir solo en espacios de mujeres.

Estas son elecciones que los individuos hacen por varias razones y una diversidad de puntos de vista y prioridades puede ser positiva, pero si se convierte en una fuente de fricción y división donde una tendencia busca imponer sus creencias y denigra a otra, eso no es útil para ningún movimiento de base amplia. Dentro de un movimiento debe haber respeto por las diferentes tendencias dentro de un conjunto de principios acordados, y una discusión guiada por la razón, no dogma y división. Usted está trabajando sobre los diversos feminismos que se desarrollan en América Latina, en particular los casos de Uruguay, Chile y Argentina, teniendo en cuenta las diversas luchas encaradas por las mujeres desde fines del siglo XIX y enroladas en movimientos de izquierda como el anarquismo, el socialismo y el comunismo. ¿Qué diferencias y que puntos convergentes encuentra en las trayectorias feministas de estos países en los que hoy también se vive un nuevo marco de luchas?.

Estamos viendo estos tres países primero porque fueron los casos pioneros de América Latina en lo que respecta a los derechos de las mujeres y el activismo, ya que todos ellos tenían movimientos feministas desde fines del siglo XIX. Sus historias, divergentes a partir de la década de 1930, tuvieron consecuencias para los derechos de las mujeres y el activismo que actuó como un legado. En Chile y Uruguay, el feminismo se alió más estrechamente con el socialismo, mientras que en la Argentina, el peronismo tomó un camino diferente, con una relación forjada entre un llamamiento populista a las “virtudes femeninas” y el feminismo socialista / liberal.

Nuestra investigación se centra en algunas campañas específicas que continuaron en el ciclo del feminismo de la segunda ola, aproximadamente desde finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, para ver qué condiciones, factores institucionales y políticos, qué aliados y formas de activismo pueden explicar las diferencias en los resultados. Uruguay se destaca por haber logrado avances notables en algunos aspectos, en parte debido a la naturaleza del sistema de partidos, el carácter de la coalición gobernante y las alianzas que se forjaron entre un movimiento feminista muy activo y los legisladores. La ausencia de una fuerte influencia institucional religiosa también fue significativa.

Los casos argentino y chileno, con sus relaciones más cercanas con la iglesia católica, han visto un progreso lento en los derechos reproductivos, pero han extendido algunos derechos LGBT. Argentina logró movilizar a las mujeres en torno a ciertos derechos sociales y políticos, y el ’feminismo institucional’ de Chile logró avanzar bajo la administración de la Concertación, particularmente bajo el gobierno de Bachelet, en temas clave tales como permitir una amplia difusión de la píldora del día después y hacer más laxa la ley sobre el aborto.

-En muchos países de América Latina, todavía no se ha conseguido la despenalización del aborto a pesar de que diversas fuerzas progresistas gobernaron en la región durante los últimos años. ¿A qué se puede atribuir esa situación?

Un aborto es un tema sensible, y lo es aún más en contextos donde ha sido politizado por movimientos y gobiernos de derecha y donde los valores religiosos conservadores y las instituciones son influyentes. Hoy en día, algunas de las leyes más duras persisten en América Latina, por ejemplo en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, a pesar de la evidencia de que tales leyes hacen poco para disminuir la incidencia del aborto; de hecho, al hacerlo ilegal e inseguro aumentan en gran medida la mortalidad y la morbilidad maternas y pueden dar lugar a grandes injusticias, como en los casos de violación infantil, que conduce al embarazo no deseado de la víctima, sin que se ofrezca ningún remedio; y el encarcelamiento de mujeres jóvenes simplemente por sospechas de haberse practicado un aborto cuando pueden haber sufrido un aborto espontáneo, como en El Salvador.

Sin embargo, hay algunas razones para abrigar esperanzas: la despenalización ha avanzado en la agenda internacional, en parte debido a un cambio de actitud, y en América Latina ha habido una publicidad bastante generalizada por algunos casos graves de abuso de estas leyes. La disponibilidad de la píldora de emergencia segura y autoadministrada es un avance, pero también debemos enfocarnos en la prevención de embarazos no deseados, por lo que poner anticonceptivos a disposición de los jóvenes por pedido, como recomienda UNICEF, es un paso importante que están dando algunos países.

Ahora hay una mayor aceptación de la necesidad de una educación sexual de buena calidad, eso significa no solo ayudar a los jóvenes a desarrollar una comprensión de la sexualidad sino también de las relaciones basadas en el respeto mutuo. América Latina ha progresado en educación sexual, pero la implementación sigue siendo un problema donde los lobbies conservadores promueven la idea de que la educación sexual fomenta el sexo irresponsable cuando, de hecho, los buenos programas educativos indican lo contrario.

* Maxine Molyneux es catedrática de sociología en el University College London (UCL). Fue directora del Instituto de las Américas de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres desde 2008. En 2012 fundó el Instituto de las Américas en UCL.

COMCOSUR MUJER Nº 544 – 11.12.17
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NADIE TOCA AL OLIGOPOLIO DE LOS MEDIOS

ALDIA2155

1) Revelan espionaje en plebiscito de 1989

2) Ex jefe de inteligencia de la Policía confirmó que en 2005 José Díaz ordenó cesar el espionaje

3) UPM comprará y manejará sus propios ferrocarriles

4) El 18 de diciembre se lanzará la campaña de recolección de firmas contra la ley de riego

5) Informe sobre concentración en Uruguay detalla otras actividades empresariales de grandes grupos mediáticos


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2155 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 8 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Revelan espionaje en plebiscito de 1989
Oficial de Inteligencia policial dijo haber recibido órdenes.
(El País)

Un oficial de inteligencia policial que actuó en el primer gobierno del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990) confirmó que recibió órdenes superiores de practicar actos de inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones sociales que tomaron parte de la campaña para el plebiscito del 16 de abril de 1989, cuando se sometió a consulta popular por primera vez la ley de Caducidad.

Así lo reveló el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, presidente de la comisión investigadora del Parlamento sobre el espionaje militar y policial en los años de democracia. Entre 1986 y 1989 el ministro del Interior, del cual depende la Policía, fue Antonio Marchesano, quien fue uno de los primeros en comparecer ante esta comisión legislativa de investigación.

A mediados de mayo de este año, Marchesano compareció ante la comisión y negó que existieran posibilidades tecnológicas en la cartera para hacer espionaje o seguimiento a partidos o personas. Marchesano confirmó, de todos modos, que el departamento de Investigación e Inteligencia policial funcionaba en esos años. Pero advirtió que el equipamiento era "flojo", según dijo entonces al salir de la comisión a los periodistas. "El régimen cívico militar no se había empeñado en dar equipamientos especiales para la Policía, y por esa razón no había manera de hacer esas cosas", precisó.

Sin embargo, su director de Inteligencia reveló lo contrario en la comisión. "Se reconoció una orden específica del gobierno de turno de cara al plebiscito del voto verde", subrayó el diputado Núñez, que agregó que "este dato figura en documentos que tiene la comisión y que una vez que fue puesto sobre la mesa para confrontar, el jerarca lo admitió".

El espionaje se hizo "porque aparentemente era de interés para el gobierno, según los documentos que tiene la comisión", añadió Núñez. Esta situación hizo que los legisladores ya estén pensando en convocar a la comisión al entonces presidente Julio María Sanguinetti, adelantó el diputado oficialista.

Además, los invitados, que eran todos oficiales jerarcas de Inteligencia policial en retiro, dijeron que había "rumores" en el departamento de Inteligencia, que aseguraban que hubo épocas en que la embajada de Estados Unidos entregaba dinero a personas que trabajaban en la oficina para que dieran datos al gobierno de ese país.

Otros jerarcas de Inteligencia policial que actuaron en otros gobiernos dijeron desconocer que ocurrieran hechos de este tipo. La mayor cantidad de documentos oficiales que maneja la comisión es de entre 1985 y 2003.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) Ex jefe de inteligencia de la Policía confirmó que en 2005 José Díaz ordenó cesar el espionaje
(La Diaria)

Uno de los ex jefes de la Dirección General de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior confirmó ayer que cuando José Díaz asumió como ministro del Interior, en marzo de 2005, dio expresa orden de que se terminara con los seguimientos a los partidos políticos, los sindicatos y las personalidades. El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez dijo que “si la orden fue expresada de esta manera, es porque se tenía la convicción de que previo a estos años se habían hecho estas tareas”. “Estaba planteado el rumor en inteligencia policial de que estas prácticas se hacían previo a 2005 y que se recibían pagos para informantes por parte de la embajada de Estados Unidos”, aseguró.

Los ex jerarcas que aún están vivos son Sidney Ribeiro, Altamir Hoyo, José Enrique Chavat, Humberto Fraga Pintos y Máximo Costa Rocha. Ayer comparecieron todos ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar de 1985 a la fecha.

Costa Rocha, por su parte, confirmó que durante el primer período de gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) la Policía recolectó información sobre el plebiscito de 1989 en el que se puso a consideración de la ciudadanía una reforma jubilatoria, información que salió a la luz cuando se encontró el “archivo Berrutti”. “Este es un hecho grave; si el gobierno mandó investigar una instancia democrática por la Policía, habría que preguntarles a los responsables del gobierno de ese momento por qué era un aspecto de interés conocer cómo se estaba desarrollando el proceso de recolección de firmas de quienes estaban organizando la consulta popular”, dijo Núñez.

Cabe recordar que esta comisión investigadora comenzó a funcionar el 20 de febrero, y que recientemente solicitó extender su trabajo seis meses más, debido a las dificultades que enfrentan para analizar los casi tres millones de documentos que integran el archivo. La extensión fue votada favorablemente por la cámara, por lo que seguirán trabajando hasta el 30 de junio de 2018.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) UPM comprará y manejará sus propios ferrocarriles
Ministerio de Transporte lanzó ayer los pliegos de la licitación internacional
Pablo S. Fernández (El País)

Las rutas nacionales eran el gran desafío para el Ministerio de Transporte en el actual gobierno. El mal estado hacía intransitable varios de los grandes ramales nacionales. La refacción de gran parte de los tramos fue planeada en la campaña electoral. Pero el tren para UPM no. Este desafío para el gobierno de Tabaré Vázquez apareció en 2016 cuando se confirmó el real interés de UPM de instalar una segunda planta de celulosa. Por eso la gestión del Ministerio de Transporte pasó a ser clave: si no se reconstruye el ferrocarril central que une Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo, no hay inversión de los finlandeses.

Ayer el ministro de Transporte, Víctor Rossi, informó que ambos desafíos están bien encaminados. La inversión vial alcanzará récords históricos; por otro lado, los pliegos de la licitación para el tren que utilizará UPM fueron presentados en la tarde. El jerarca explicó a El País que hay una larga lista de empresas extranjeras que oficializaron su interés de participar. El plan del ministerio es adjudicar la reconstrucción del ramal antes del 1° de noviembre de 2018. A partir de allí la empresa adjudicataria tendrá 40 meses para realizar las obras.

Luego UPM, si termina de confirmar su inversión como se espera que ocurra, comprará sus locomotoras y vagones para transportar la producción de celulosa. Ese ferrocarril será operado por una empresa privada contratada por la multinacional finlandesa. No estará a cargo de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). El ministro Rossi volvió a insistir que la obra se hará "con o sin UPM", una frase que ya se convirtió en casi un eslogan del oficialismo. Sin embargo ninguno de los integrantes del gobierno frenteamplista tiene dudas de que UPM confirme la construcción de la segunda planta de celulosa antes de febrero de 2020.

"Es un proceso que está en marcha, que va a ser un camino de permanentes dificultades, no es un camino sencillo. Pero que nada indica que no se vaya a concretar al contrario. Hay muchas cosas que indican que la opción que tomó la empresa está sostenida en factores claros", dijo el ministro de Transporte ayer en un desayuno de trabajo con medios de comunicación.

Para utilizar la nueva vía ferroviaria la empresa UPM pagará un canon al Estado por concepto de peaje. Pero a su vez antes de poder operar sus propios trenes deberá someterse a un estudio y autorización de la Dirección de Transporte Ferroviario. Algo parecido con lo que ocurre en la aviación comercial, cuando llega una nueva aerolínea y requiere su aprobación para poder utilizar el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el nuevo ramal también podrán operar otras empresas, incluso Rossi no descartó que algunas de las máquinas de AFE puedan utilizar el nuevo sistema.

Uno de los puntos clave en la inversión del ferrocarril está en la garantía que los empresarios demandan al Estado. Para esto, el ministro de Economía, Danilo Astori, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con quien analizó una línea de crédito como forma de garantía para el inversor. A su vez la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, transmitió a las empresas chinas interesadas en la licitación que financiarán parte del proyecto, si así lo requieren.

El nuevo trazado del ferrocarril abarca 273 kilómetros, un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una decena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y algo más de 40 puentes. Este proyecto será realizado bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP). Una encuesta de opinión de la consultora Cifra determinó que 97% de los habitantes de la zona que comprende el proyecto ferroviario entendió que será positivo para el país.

El nuevo sistema ferroviario permitirá aumentar la velocidad en que transitan los trenes a un promedio de 80 kilómetros por hora. Actualmente la velocidad de los mismos en el país no supera los 30 kilómetros por hora. Incluso para facilitar el recorrido y reducir las curvas del entramado, está previsto expropiar una serie de terrenos: alrededor de 200 padrones.

Rossi dijo en la reunión con los periodistas que se viene trabajando "muy fuerte" en su ministerio para hacer posible este proyecto. Incluso explicó que se ha analizado todo el mapa del país para estudiar el impacto del nuevo sistema ferroviario en la producción local. Es que una vez puesto en marcha el ferrocarril central permitirá bajar los costos de transporte para producciones significantes, como los cereales, granos, madera en general y ganado. Además de evitar afectar las carreteras nacionales por el paso de los habituales camiones.

Durante la charla Rossi dijo que otro de los trabajos que planean para el próximo año está vinculado al Puerto de Montevideo. Allí conformarán un nuevo Plan Maestro para el principal puerto del Uruguay. Entonces se deberá definir una terminal especializada en celulosa por la gran demanda que implicará el desembarco de UPM en el puerto. Además deberán reorganizar la terminal pesquera y trabajan en conformar una terminal de pasajeros para los cruceros que llegan al país.

El objetivo es ofrecer un espacio para destinarlo a comercios destinados a los turistas que llegan al país. A su vez el Ministerio de Turismo, instalado en el Puerto de Montevideo, frente al Mercado, cambiará su sede, permitiendo que esa locación sea reutilizada. Por otro lado Rossi informó que en abril citarán a todos los actores involucrados en la aviación civil y comercial con el fin de buscar potenciar la aviación a nivel nacional. El jerarca había adelantado que el país tiene varios aeropuertos que no están pudiendo ser utilizados en su plenitud por carencias en infraestructura y de operarios.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) El 18 de diciembre se lanzará la campaña de recolección de firmas contra la ley de riego
Natalia Uval (La Diaria)

Sindicatos y organizaciones estudiantiles y ambientales iniciarán formalmente el lunes 18 de diciembre la campaña de recolección de 750.000 firmas para habilitar un referéndum que permita derogar la ley de riego, aprobada en octubre por el Parlamento y aún pendiente de reglamentación. Impulsan la convocatoria la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Redes-Amigos de la Tierra, aunque en los próximos días pueden sumarse más organizaciones y sindicatos. “La idea es invitar a todos los que se hayan expresado públicamente contra la ley”, explicó a la diaria Gustavo Ricci, presidente de FFOSE.

La semana pasada, la FFOSE planteó en la Mesa Representativa del PIT-CNT la posibilidad de que la central sindical se sume a la campaña. El tema se está discutiendo en todos los gremios, y la semana próxima se definirá si todo el PIT-CNT impulsa la recolección de firmas. En el encuentro de la semana pasada, se evaluó la conveniencia de esta opción en términos estratégicos. Algunos dirigentes sindicales valoraron que es “una meta complicada conseguir esa cantidad de firmas” antes del 27 de octubre de 2018, dijo Ricci. “La discusión que mantuvimos era si es factible o no conseguir 750.000 firmas, pero no sobre el fondo de la cuestión. Yo creo que a medida que se instale el tema la posición va a ser favorable [a impulsar el referéndum]”, agregó.

El 21 de noviembre, un grupo de legisladores frenteamplistas encabezado por la vicepresidenta Lucía Topolansky se reunió con representantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y de la FFOSE. En el encuentro, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, propuso crear un grupo de trabajo entre legisladores oficialistas y sindicalistas para intercambiar visiones sobre la ley de riego. El 24 de noviembre, la FFOSE decidió en asamblea participar en ese grupo y así se lo transmitió a Pereira. “Pero dejamos en claro que nosotros seguíamos con la iniciativa del referéndum, que eso no era negociable. No nos negamos a hablar con nadie, pero no es negociable lo del referéndum”, remarcó Ricci. Hasta ahora, el grupo no se ha reunido.

Por su parte, la FEUU emitió el 14 de noviembre un comunicado en rechazo a la ley de riego. Considera que la norma es inconstitucional porque viola el artículo 47 de la Constitución, incorporado tras la reforma del agua de 2004. “Con esta reforma de la ley de riego se impulsa y dinamiza la privatización del agua, alentando la inversión privada mediante exoneraciones para crear mercados de aguas a partir del represamiento y embalse”, advierten los estudiantes. Agregan que se trata de una medida “ecológicamente irresponsable” que fomenta las floraciones de cianobacterias. Sostienen que no hay información como para definir los caudales mínimos a preservar para otros usos del agua, que la posición de los científicos de la Universidad de la República fue “desoída” y que en algunos casos se les respondió “de muy irrespetuoso modo desde actores del gobierno”. Concluyen que la ley está “al servicio de los grandes actores del agro [e inversores externos convidados] que podrán acaparar y comercializar las aguas”.

Apoyos políticos

La campaña para impulsar un referéndum contra la ley de riego tendrá también respaldo político-partidario. El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), dijo a la diaria que no hay una resolución formal del partido, pero remarcó que “sin dudas” la UP “va a acompañar todo esfuerzo para derogar esa ley”. “Estamos en contra, y por eso vamos a respaldar la iniciativa” del referéndum, remarcó Rubio.

Además, este fin de semana el Espacio 567, integrado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el grupo Arerunguá de Salto e independientes, resolvió apoyar la convocatoria al referéndum. En su declaración, el espacio plantea que es “favorable a la participación de la sociedad en las decisiones” y que este referéndum contra la ley de riego es “un proceso más democrático de decisión”. “Asimismo esta ley tiene la particularidad de tener relación con el plebiscito del agua, que contó con el respaldo de una amplia mayoría de la población en 2004, cuando se aprobó que el agua es un derecho humano y un bien público”, señala la declaración, y agrega que el Espacio 567 “definió seguir profundizando en el estudio de la ley, para lograr una definición sobre el tema de fondo debidamente fundamentada y acordada colectivamente”. En la Cámara de Diputados, el PVP argumentó en contra de la ley, pero votó a favor.

Jannet Suárez, del Espacio 567 en Canelones, dijo a la diaria que en el encuentro del fin de semana quedó de manifiesto “el desconocimiento casi en forma masiva de nuestra militancia” respecto de la ley, por lo que se acordó la necesidad de profundizar su estudio. Además, se estuvo comentando el reciente pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que advirtió que la aplicación de la nueva ley de riego “podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”. En su informe, la INDDHH advierte que “las precauciones ambientales para el otorgamiento de concesiones para el uso de agua con fines de riego resultan insuficientemente definidas en la nueva ley, dada la magnitud de los proyectos que se pretenden impulsar”, y que “es necesario asegurar un sistema de evaluación ambiental y de monitoreo en base al principio precautorio”. “En la medida en que el agua utilizada para riego se trata de agua dulce, al igual que el agua para consumo humano, si no se realizan restricciones en cuanto a reservas de agua potable y protección de los recursos hídricos, se podría estar incumpliendo a mediano plazo el carácter prioritario del abastecimiento de agua potable a la población, establecido por la normativa internacional y plasmado en el Art. 47 de la Constitución de la República”, advierte la institución.

En tanto, el sector frenteamplista Casa Grande no tiene todavía una postura, pero no descarta apoyar el referéndum. “Vamos a escuchar con muchísima atención lo que tengan que decir las organizaciones sociales y sindicales, y a evaluar sus argumentos”, explicó a la diaria Andrés Carbajales, del Círculo Verde del sector. Consideró que los últimos pronunciamientos contrarios a la ley dejan de manifiesto que el proceso de discusión de la norma “no fue de calidad”. El Círculo Verde formuló el 24 de noviembre recomendaciones para la reglamentación de la ley, que está siendo elaborada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Proponen, entre otras cosas, que la reglamentación incluya una cláusula por la que se exija que los proyectos de riego sean presentados ante la comisión de cuenca correspondiente, de modo que la sociedad civil pueda participar “en las instancias de planificación, gestión y control” de estas iniciativas.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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5) Informe sobre concentración en Uruguay detalla otras actividades empresariales de grandes grupos mediáticos
(La Diaria)

Que el mercado de los medios de comunicación en Uruguay está concentrado no es una novedad. Estudios anteriores, como el realizado por Edison Lanza y Gustavo Buquet en 2011, daban cuenta de esta circunstancia. La novedad del informe elaborado recientemente por Gustavo Gómez, Facundo Franco, Fernando Gelves y Nicolás Thevenet, y publicado por la fundación alemana Friedrich Ebert, es que da cuenta de los cambios más recientes en la titularidad de los tres grandes grupos mediáticos, así como de sus vínculos con otros sectores empresariales.

El libro, denominado En pocas manos, contiene información que fue parcialmente publicada por el semanario Brecha. Se centra en los tres principales grupos mediáticos: los grupos Villar-De Feo, Romay-Salvo y Cardoso -Scheck.

En cuanto al primero, el informe indica que este multimedio presenta nuevos rasgos: “venta de los medios menos rentables, dispersión de la propiedad entre numerosos accionistas, apuesta a la tevé paga y abandono del tradicional liderazgo patriarcal”. Jorge de Feo ya no es la cabeza del grupo empresarial, según el informe, y acciones en distintos medios fueron vendidas al hijo del ex gerente general de Canal 10, el empresario Martín Villar. “La tradición familiar ha continuado parcialmente en manos de alguien considerado por allegados a los De Feo como ‘de la casa’ y como la persona con la capacidad suficiente para una conducción en tiempos de tantos desafíos para el sector audiovisual”, indica el informe. Villar compró 32,5% de las acciones de Canal 10 a las tres hijas de De Feo. “Si bien la cantidad de acciones no le otorga a Villar, por sí solo, el control de la televisora, un acuerdo con ellas le permite superar la cantidad de acciones de la minoría mayor formada por Pablo Fontaina Minelli y los Fontaina Ballantyne (casi el 40 por ciento del total) y tomar las decisiones para conducir la emisora”, señala el documento.

Los Fontaina-De Feo se desprendieron de las radios Carve y Nuevo Tiempo y vendieron los canales de televisión abierta del interior (Canal 7 de Pan de Azúcar y Canal 9 de Rocha), así como la Red Televisora Color (Rutsa), en la que eran socios. Las acciones de Canal 7 de Pan de Azúcar y Canal 9 de Rocha fueron compradas por David Daniel, un empresario vinculado a la venta de hierro y socio en Punta Shopping, y Francis Cecilia Bobre.

En tanto, las radios Carve y Nuevo Tiempo están en proceso de transferencia, y las fuentes consultadas para el informe indican que Martín Villar “está actualmente relacionado directa o indirectamente con ambas emisoras”. Rutsa fue vendida a principios del año pasado a Bernardo Juanicó.

Concentradísimos

El grupo Romay-Salvo es, de los tres mencionados, el que tiene mayor cantidad de licencias y supera el límite de tres licencias establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene cinco televisoras y cuatro radios –entre ellas, Canal 4, radio Monte Carlo y Radiocero–, así como acciones en cuatro empresas de televisión para abonados, ubicadas en Montevideo, Colonia, Maldonado y Soriano. Controla también la red de cables de Equital, en alianza con los otros dos grandes grupos. “Una rama familiar vinculada con el grupo (los Romay Eccher y Romay Buero, descendientes del tempranamente fallecido Carlos Romay Salvo) posee un canal de televisión abierta y dos de cable en Río Negro y Canelones”, agrega el documento.

El grupo Romay deberá desprenderse de licencias para cumplir con la ley de medios. Para ello tiene plazo hasta enero de 2019, y según informaron a la diaria desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, ya inició procedimientos a tales efectos. “Además de colorados, conservadores y católicos, los Romay-Salvo siempre fueron muy ricos y siempre tuvieron intereses en otros sectores de la economía, más allá de su fuerte presencia en los medios de comunicación. Se trata de un grupo económico diversificado. Sus inversiones agropecuarias son de las más importantes (las estancias Nueva Melhem en Río Negro son un ejemplo), pero también son propietarios de algunas otras empresas de menor envergadura, particularmente en el sector comercial importador”, señala el informe.

Grandes cadenas

El grupo Cardoso-Scheck, al igual que el Fontaina-De Feo, ha experimentado cambios importantes en los últimos años. El informe indica que los tres medios que actualmente son de exclusiva propiedad del grupo son Canal 12 de Montevideo (y su repetidora de televisión digital en el canal 28), la empresa de televisión para abonados Nuevo Siglo, de Montevideo, y el semanario Búsqueda. En alianza con los otros dos grandes grupos también tienen la propiedad del servicio de televisión paga PuntaCable, en Punta del Este y Maldonado, y Multiseñal, en Montevideo, así como la de la empresa Equital, “lo cual les permite ampliar su dominio en programación, audiencia e ingresos en todo el país, a través de cables asociados o propios”, advierte el documento.

El grupo Cardoso, por intermedio de Adolfo Cardoso, ex ministro de Industria y Energía de la dictadura, en 2006 tenía 38% de las acciones de Canal 12. En 2010, Adolfo Cardoso falleció y asumieron el control del grupo dos de sus hijos. Uno de ellos, Adolfo, concentra su actividad en Canal 12, y el otro, Luis Eduardo, en el semanario Búsqueda. Los Cardoso controlan Búsqueda por medio de la editorial Ágora SA, junto con la familia Pombo. Luis Eduardo Cardoso y Cecilia Pombo de Arrillaga integran el consejo editorial del semanario junto con Atanasio Aguirre, socio de los Scheck en el diario El País. Los Scheck mantienen la propiedad de ese diario y tienen la mayoría accionaria de Nuevo Siglo.

El grupo Cardoso es también propietario de Grupo Disco Uruguay, que controla la cadena de supermercados Disco, Devoto y Géant. En tanto, Nuevo Siglo es propiedad de Riselco SA, controlada por varios integrantes de las familias Cardoso y Scheck, pero también de las familias Pombo, Vivo, Beltrán, Aguirre, Lalanne, Restano y Campomar, entre otras. “Algunos de estos apellidos también aparecen en la conformación societaria de la mencionada cadena de supermercados”, agrega el informe.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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LA DESAPARICIÓN DE LUIS ALMAGRO

ESPECIAL2
1) La desaparición de Almagro

2) La creación de fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y la prolongación de los procesos

3) Amnistía pide que se investigue a Shell como supuesto cómplice de asesinatos y torturas en Nigeria

4) Seis razones por las cuales la protesta es tan importante para la democracia
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1) La desaparición de Almagro
Enrique Ortega Salinas (Caras y Caretas)

La no aparición de Almagro desde el día de las elecciones en Honduras preocupa tanto como la desaparición del ARA San Juan no se descarta que Maduro esté detrás de este misterio.

La no aparición del Secretario General de la OEA preocupa tanto como la no aparición del submarino argentino, al cual ya se ha dejado de buscar. La posibilidad de que al mercenario uruguayo le haya sucedido algo en perjuicio de su integridad física no nos deja conciliar el sueño desde el 26 de noviembre, día en que se realizaron elecciones presidenciales en Honduras.

Honduras fue el país donde la derecha destituyó en 2009 al Presidente Manuel Zelaya mediante un golpe parlamentario y militar por haber convocado a una consulta popular no vinculante con respecto a la reelección, la cual es prohibida por la rígida Constitución hondureña. Sin embargo, el actual Presidente, Juan Orlando Hernández, de 49 años, líder del derechista Partido Nacional, se postuló a un segundo mandato tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremaque lo habilitó. Nadie entiende como esto ha sido posible si la Constitución es clara al respecto… Nadie que no sepa que Hernández fue quien nombró a los magistrados que integran dicha sala. En resumen, la reelección es mala si la busca un líder de izquierda y es buena si lo hace uno de derecha afín a las directivas de Washington.

Tras las elecciones del 26 de noviembre la oposición denunció fraude a favor de Hernández y el expresidente Manuel Zelaya, actual líder de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, ha exigido al Tribunal Supremo Electoral la revisión de 5.187 actas sobre las cuales surgieron dudas tras inexplicables y sospechosas interrupciones en el sistema de transmisión de resultados del escrutinio. El TSE, siguiendo directivas del Presidente Hernández, sólo acepta la revisión de 1.006 actas con inconsistencias en el número de votos o ausencia de firmas de los delegados de las mesas de votación.

El origen de las dudas

Las mismas estaban planteadas desde meses atrás por los dirigentes de la Alianza, los cuales denunciaron al TSE de estar al servicio del Presidente. Lo mismo que la MUD critica en Venezuela con el respaldo de Luis Almagro. Con el 57 % de las actas escrutadas, Salvador Nasralla, un presentador de televisión de 64 años que lidera la Alianza Opositora, aventajaba al Presidente por cinco puntos. Marco Ramiro Lobo, suplente del TSE, advirtió entonces que dicha diferencia era “irreversible”, considerando la cantidad de actas escrutadas, pero entonces ocurrió el milagro.

La Divina Providencia vino en auxilio de la derecha hondureña y el sistema informático comenzó a detenerse una y otra vez; en uno de los casos, por más de cinco horas. ¿Y qué creen? A medida que el sistema se restablecía comenzaron a aparecer votos para el bienamado Hernández. Ya con el 94,31 % de las actas escrutadas, el Presidente va ganando con 42,92 % contra 41,42 % de Nasralla. No sé si fue fraude o no, pero hablamos de una derecha que siempre logra lo que quiere, por las buenas o por las otras.

¿Dónde estás, Luis?

Ahora Honduras está que arde y la lentitud del escrutinio aviva el fuego. El gobierno decretó el viernes un toque de queda por 10 días que obliga a los manifestantes a replegarse. Saqueos, barricadas, incendios y enfrentamientos con la Policía… Corre sangre. Fuentes oficiales hablan de siete muertos; pero al parecer serían muchos más. Una de las últimas víctimas fue Kimberly Dayana Foseca, adolescente asesinada por policías militares que atacaron sorpresivamente a un grupo de manifestantes en la colonia capitalina Villanueva. Según su padre, la joven buscaba a su tío en la zona y quedó en medio del conflicto. “Salieron de un arbusto unos de la Policía Militar disparando a lo loco y la mataron a ella de un tiro en la cabeza”, contó Luisa, hermana de Kimberly. En Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, hay centenares de detenidos y heridos.

Mientras tanto, Almagro que no aparece ni envía una carta, un twitter o un video al Presidente y al mundo. No hay que descartar que Nicolás Maduro esté detrás de esta misteriosa desaparición que impide que nuestro compatriota se exprese a favor de la democracia, en contra del fraude y la represión y reclame la liberación de los presos políticos.

Elevamos nuestras plegarias para que aparezca vivo y sano y exigimos al gobierno de Venezuela que lo libere de inmediato con las disculpas del caso.
Nicolás: Tendría que darte vergüenza

COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

2) La creación de fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y la prolongación de los procesos
Ariel Collazo (sDr)

La Justicia acumula más de trescientos procesos por denuncias referidas a delitos de terrorismo de Estado ocurridos entre 1969 y 1985. La primera causa judicial con registro fue iniciada en 1975, en el juzgado penal de 2º Turno de Montevideo, por la muerte de Rodolfo Fernández Cúneo, en el penal de Libertad. El conjunto no ha cesado de crecer hasta el corriente año. Una cuarta parte de las causas ha sido archivada o tiene pedido el archivo y nada menos que un 60 por ciento se encuentra en estado de presumario, es decir, apenas iniciadas, en construcción de las pruebas. Apenas nueve causas, un 3 por ciento, dieron lugar a una sentencia definitiva.

En cuanto a su distribución en el tiempo, una quinta parte se inició antes de 1990 —mayormente, antes de 1987, cuando entró en vigencia la ley de Caducidad que confinó la iniciativa procesal al Poder Ejecutivo y puso en marcha la máquina política de archivar denuncias— y tres quintas partes, a partir de denuncias originales o renovadas entre 2010 y 2011. Los datos surgen de los registros que actualiza regularmente el Observatorio Luz Ibarburu (OLI), creado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en 2012 para supervisar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman, por la cual Uruguay debió reconocer los delitos de terrorismo de Estado durante la dictadura y, en particular, la desaparición forzada de María Claudia García. La sentencia disponía que el Estado uruguayo debía facilitar formación a los operadores judiciales y facilitar a la justicia los medios para la eficacia de las investigaciones.

La situación actual, a tres décadas de la ley de Caducidad, es que las causas se encuentran en virtual parálisis y que el cumplimiento de la sentencia del CIDH es, por lo menos, menguante, según el informe del OLI.

Fiscalía nueva para procesos viejos

La medida propuesta por el Poder Ejecutivo para cumplir con estos requerimientos es la creación de una fiscalía exclusiva para todas las causas relacionadas con el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura, con competencia nacional y especialización en delitos de lesa humanidad, de manera que permita a la Fiscalía de Corte “llevar a cabo su función en esta materia con la especialidad necesaria” y “diseñar una estrategia a medida (en) estas causas para contemplar sus particularidades y complejidades”, según la fundamentación en el proyecto de ley. El 19 de octubre, un año después de su ingreso al Parlamento, se aprobó. La nueva fiscalía aguarda a que se normalice el andamiento del nuevo sistema procesal penal, vigente desde el comienzo de noviembre.

Fuentes de la Fiscalía de Corte entendieron, en diálogo con SdR, que la posibilidad de especializar una fiscalía para un conjunto de causas de alta complejidad, con jurisdicción nacional, otorgará una gran diferencia para la agilidad procesal. Si bien no se ha establecido con qué estructura profesional contará la nueva fiscalía, estiman que es razonable que opere como es habitual con un fiscal adscripto y otro adjunto al fiscal letrado.

Algunos especialistas y profesionales judiciales son escépticos respecto del efecto de esta medida para acelerar las causas abiertas. Los denunciantes se han creado expectativas, pero perciben que el destino de su vindicación ante los estrados dependerá de que los jueces asuman la naturaleza específica de los crímenes de Estado que se cometieron. Pero, mucho antes de que los magistrados se pronuncien, los denunciantes luchan contra la dificultad para establecer la prueba debido a la rotación de jueces y fiscales e, incluso, contra una dificultad superior: que los operadores judiciales reconozcan como posibles los hechos denunciados.

Mirtha Guianze, que desarrolló su carrera como fiscal y se ocupó de causas relacionadas con los delitos cometidos en dictadura, entiende que la creación de una fiscalía única “no será una solución en los términos planteados: que un fiscal concentre todos los elementos probatorios de las causas, radicadas ya en Monte­video, ya en Bella Unión”, y en cambio puede llegar a ser “un entorpecimiento, al menos si no se constituye una fiscalía superespecial, con un equipo que pueda desplegar presencia en juzgados que de por sí van a estar recargados y con la tarea de diligenciar toda la prueba de estos juicios”. Por otra parte, si bien quizás se podría, con los medios informáticos y los funcionarios capacitados suficientes, desplegar presencia del ministerio público en cada sesión judicial de cada juzgado del país donde se radique una causa, difícilmente se aceleren los procesos porque el “fiscal no asumiría las nuevas funciones (del nuevo Código del Proceso Penal) sino que continuaría con las actuales: no investiga, no diligencia la prueba, sino que le solicita a un juez que lo haga”. “El fiscal puede pedir muchas pruebas, pero que se las diligencien es una cosa diferente; es solo uno de los actores en el expediente, muy poco trascendente si no tiene un juez que lo respalde y que trabaje a la par. Y eso no se va a dar porque no habrá jueces especializados”, sostiene la ex fiscal.

Lucía Arzuaga, militante política desde muy joven, fue detenida bajo la dictadura militar a los 23 años y sufrió la mayor parte de su prisión en la cárcel de Punta de Rieles. Denunció a sus carceleros por torturas y vejaciones en 1985, recuperada la democracia, y su causa fue archivada a partir de la aplicación de la ley de Caducidad. En 2011, al cabo de un doloroso proceso de exhumación colectiva de aquellas experiencias vividas por expresas de muy diversas edades y trayectorias, denunció nuevamente, ahora junto con otras 27 mujeres, a más de cien responsables directos de la violencia sufrida, militares y civiles, impunes la mayor parte de ellos, más de un cuarto de siglo después del término de la dictadura. Las denunciantes que iniciaron así una larga peregrinación hacia la dignidad por estrados judiciales y forenses, y soportaron revisitar su cautiverio y a sus torturadores, han visto reducido su contingente por la implacable biología al cabo de los años. El juicio se encuentra todavía en etapa de presumario para la mayor parte de las denuncias. Dio lugar a un solo procesamiento.

Arzuaga integra el colectivo “Denunciantes penales por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, que se ha manifestado estos días en la calle y a través de un corto testimonial en televisión bajo la consigna “Justicia que tarda no es justicia”. Guarda razonable expectativa acerca de que se comiencen a instrumentar cambios en los procedimientos judiciales, pero no llega a anticipar cómo los facilitarían los jueces. Estas denunciantes conocen bien, al cabo de seis años, las dificultades para constituir la prueba, la sostenida estrategia de las defensas de los imputables, la diversidad de interpretación de la calidad de los delitos.

“La prolongación de todos los procesos es un problema. A veces no sabés si realmente te escuchan o si sirve todo lo que informás. Nosotras les llevamos información, les llevamos material, les llevamos dónde estuvo cada uno (de los indagados) en su carrera, arma por arma. Hicimos un trabajo de investigación nosotras, ¿viste?”. El trabajo de lectura y comprensión de tantos quilos de información no necesariamente se convierte en conocimiento para tomar decisiones.“Durante todo este tiempo nos cambiaron de juez y de fiscal, dos veces. ¡Otra que revictimizarte! Una cosa es que veas a un juez y el hombre te escuche, se banque tu llanto y, otra, que después venga uno nuevo, y otro, y traten de enterarse por lo que quedó escrito, cuando lo que explicás es algo complejo, que debe ser escuchado”. La circunstancia histórica de los hechos denunciados es poco conocida por los jueces y el propio método documental no es eficiente para recoger descripciones complejas, no solo por la inevitable pérdida en la transcripción a lenguaje escrito sino porque en cierta medida el registro de las declaraciones es resumido o abreviado. “‘No, mire, yo demoré treinta años en poder llegar a decir todo lo que dije. No resuma nada. Quiero que conste todo lo que dije’. Y yo, una de las pocas que me bancaba releer todo, me ponía a escribir lo que faltaba en los márgenes. ¿Te das cuenta? El juez siguiente, el nuevo que viene, a lo que tiene acceso, es a una narración abreviada”, plantea Arzuaga.

Por otra parte, las defensas de los indagados trabajan apelando a un eventual criterio de prescripción de los delitos que pueda ser adoptado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante denuncias de inconstitucionalidad, entre otros recursos. “Los abogados defensores trabajan en equipo. Y la fiscalía, muchas veces, no acude a las audiencias. Si ahora se unifica en una sola, no sé cómo pueden hacer. Debería contar con algo así como un equipo de diez fiscales. La defensa, de lo contrario, se maneja con ventaja. El fiscal debe estar sentado allí, si es necesario, dos días, en una audiencia, preguntando”, señala Guianze. La ausencia abona a que la otra parte ocupe su turno para preguntar.

Los delitos ocurridos bajo la dictadura parecen ser una complicación para los magistrados. En Uruguay no se han constituido, como en Argentina, juzgados especializados para delitos de terrorismo de Estado, y estas causas ceden prioridad a otras en apariencia más urgentes. “Estoy asombrada de la cantidad de causas detenidas, el tiempo que llevan, las audiencias suspendidas, la aceptación por los jueces de las chicanas de las defensas, los jueces que no entran a las audiencias —audiencias sin más asistente que un abogado del OLI y un receptor—. Una vergüenza. Y los abogados de los militares no fallan, siempre hay dos o tres”, sostiene Guianze. La diferente priorización también es significativa para las denunciantes, que perciben que sus denunciados rara vez comparecen en el juzgado y, en otras causas, como la de la estafa de Fonasa, se procesa en el mismo juzgado a decenas de imputados en cuestión de semanas.

Más allá de lo procesal, el mayor problema con estos delitos es su definición penal. Las defensas, desde el comienzo y antes de que se constituya el sumario, oponen recursos de variado tipo, desde cuestionamientos a la calidad de las declaraciones y los declarantes hasta certificaciones médicas para que el indagado no concurra, pero lo más reiterado son las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la SCJ, laudadas por la Corte con voto dividido a lo largo de los años, en función de la composición del tribunal. Hace pocas semanas, la SCJ falló, para un caso, a favor de la inconstitucionalidad del artículo 2 y 3 de la ley de Caducidad. El fallo produjo reacciones de rechazo, entre ellas, la del Fiscal de Corte, Jorge Díaz y, a título personal, la de Wilder Tayler, actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INNDDH), reacciones que ponen sustancialmente el foco sobre la naturaleza de los hechos denunciados, sobre las obligaciones internacionales del sistema jurídico uruguayo desde los juicios de Nüremberg al final de la Segunda Guerra y sobre el problema del acceso a la justicia de un conjunto importante de víctimas, desde la dictadura hasta ahora, o al menos durante tres décadas.

Esa ambivalencia del órgano máximo del poder judicial no parece invitar a la constancia en la labor de los jueces, y en todo caso las interpretaciones de la ley van apareciendo disímiles. Ha sido frecuente que los jueces no computen para la prescripción de delitos, en efecto, el período de 25 años de suspensión de la pretensión punitiva que se arrogaron los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el poder Judicial en 1986. De hecho, algunos fallos de la SCJ avalan esa interpretación. Pero la lectura de sentencias parece sugerir criterios más diversos en cuanto a la punibilidad de algunos hechos.

En la causa de las 28 mujeres contra un centenar largo de militares policías y civiles, de 2011, solo ha sido procesado, el año pasado, el capitán Asencio Lucero, responsable de inteligencia en el regimiento de Caballería Nº 9, hoy fallecido, una vez que reconoció en su declaración los crímenes. El fiscal lo había imputado, luego de su confesión y de un recurso de inconstitucionalidad al que la SCJ no hizo lugar en esa oportunidad, por torturas y reiterados delitos de privación de libertad, posiblemente en el entendido de que los delitos de violencia sexual quedarían comprendidos en “torturas”. Pero la jueza penal de 16º turno, doctora Julia Staricco, una vez recogida expresamente la evidencia de torturas directas de Lucero sobre al menos siete detenidas, en su fallo, no incluyó el delito de torturas en la condena porque esta figura no estuvo incluida en la normativa penal en el momento de los hechos denunciados.

El capitán Lucero manifestó que su proceder estaba amparado por una política, por una estructura organizativa, que no hacía falta recibir órdenes específicas, y reconoció “ablandamientos”. “Le llegó el procesamiento porque dijo que era verdad”, manifiesta Lucía Arzuaga. “Y al cabo de todo este viaje terrible para nosotras, que (los denunciados) no vayan, que no los conduzcan a declarar… eso te mata. Y bueno, nosotras teníamos que hacer algo con todo eso. No sé si en algún momento se va a resolver alguna cosa o si tendremos que seguirla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

3) Amnistía pide que se investigue a Shell como supuesto cómplice de asesinatos y torturas en Nigeria
Hannah Summers (The Guardian)*

La ONG ha publicado un informe con evidencia completa, incluyendo declaraciones de que Shell manejó una unidad de policía secreta en los años 90, después de cerrar sus operaciones en la tierra de los ogoni

Amnistía Internacional pide una investigación penal de la petrolera Shell tras acusarla de ser cómplice de abusos a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas nigerianas. El martes, la ONG publicó un informe en el que revelan miles de documentos internos en la empresa y declaraciones de testigos que probarían la participación de la petrolera anglo-holandesa en la brutal campaña para silenciar activistas que se llevó a cabo en la región de los ogoni en los años 90.

Amnistía reclama al Reino Unido, Nigeria y los Países Bajos que evalúen un juicio penal contra Shell en vista de las pruebas que supuestamente la harían "cómplice de asesinatos, violaciones y torturas", acusaciones que Shell rechaza rotundamente. Si bien el conjunto de los documentos incluidos en el informe contiene material que Shell se vio obligada a sacar a la luz durante un juicio civil contra la empresa, y muchas de las acusaciones son de hace mucho tiempo, el informe también revela pruebas que no se conocían hasta ahora.

Se incluyen testimonios que ha visto the Guardian que aseguran que Shell manejaba una unidad de policía secreta, con agentes entrenados por los servicios de seguridad del estado nigeriano, para realizar tareas de vigilancia después de que la empresa anunciara públicamente que se retiraba de la región. Shell se retiró de Nigeria a principios de 1993, citando razones de seguridad, pero luego "buscó formas de reingresar en la región y ponerle fin a las protestas llevadas a cabo por el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop)", según Amnistía.

El grupo se había conformado bajo el liderazgo del autor y activista nigeriano Ken Saro-Wiwa y luchaba por conseguir una carta de derechos para obtener autonomía política y económica para la población indígena y proteger su región de un "desastre ecológico". En 1993 la potente campaña logró que la petrolera se retirara de la región. Pero siguieron las protestas masivas cuando Shell continuó con sus planes de construir un oleoducto en la zona.

El 30 de abril de ese mismo año, las tropas que custodiaban a los trabajadores de Shell le dispararon a los manifestantes, hiriendo a 11 personas, y unos días más tarde un hombre fue asesinado de un tiro en el pueblo de Nonwa, en otro incidente. Todo esto desató una brutal represión a cargo de las fuerzas armadas nigerianas, que asesinaron a unas 1.000 personas y destruyeron poblados, dejando a 30.000 personas sin hogar.

Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía, afirmó: "Las pruebas demuestran que Shell alentó repetidamente a las fuerzas armadas nigerianas a reprimir las protestas populares, incluso a sabiendas de los horrores que se llevarían a cabo: asesinatos, violaciones, torturas, destrucción de poblados". "Es indiscutible que Shell jugó un papel esencial en los eventos devastadores que sucedieron en tierras de los Ogoni en los años 90, pero ahora creemos que hay fundamentos para realizar una investigación judicial penal".

"Restablecer el orden en la región"

Añadió: "El primer paso fue reunir todas las pruebas. Ahora estamos preparando una presentación penal para entregarle a las autoridades pertinentes en vistas de una acusación formal". La ONG asegura que Shell le brindó "apoyo logístico" a las fuerzas armadas, incluyendo transporte y, al menos en una ocasión, le pagó a un comandante militar conocido por sus violaciones a los Derechos Humanos.

Amnistía señala que los documentos, que compartieron con the Guardian, revelan que en marzo de 1994 la empresa le pagó más de 750 euros a una unidad especial del gobierno creada para "restablecer el orden" en la región de los ogoni. Esto fue sólo diez días después de que el comandante de la unidad ordenara disparar contra activistas desarmados que protestaban frente a las oficinas centrales de Shell en la región, en Port Harcourt. Otras pruebas recopiladas apuntan a los vínculos aparentes entre Shell y la agencia de seguridad interior de Nigeria, la SSS.

Shell ha declarado públicamente que la fuerza policial que custodiaba a la empresa se encargó "solamente de proteger" al personal y las propiedades, pero testimonios obtenidos a partir de denuncias contra la empresa presuntamente demuestran que esa unidad tenía estrechos vínculos con la SSS.

George Ukpong, exdirector de seguridad de Shell para la región oriental, que supervisó la fuerza bajo instrucciones de la empresa, indicó: "Cada día que vengo a trabajar, llamo al director de seguridad estatal. Intercambiamos información". Una de sus principales fuentes era una unidad de la fuerza que custodiaba a Shell, que recogía información ingresando de civil a regiones sensibles. "En lo que a mí respecta, son informantes", dijo.

En su declaración como testigo, Ukpong explicó cómo la SSS entrenaba a la unidad. Dijo: "Invitamos a la unidad de entrenamiento a que vengan y elijan a algunos de nuestros agentes de inteligencia. Tenemos una sección en la policía que se supone que se encarga de estas cosas. Entonces, los sentamos y les enseñamos lo básico sobre vigilancia y recopilación de información".

Mark Dummett, investigador de Amnistía, aseguró: "El hecho de que Shell manejara una turbia unidad secreta y luego le pasaba información a la agencia de seguridad del estado es realmente inquietante. En esa época, Nigeria reprimía violentamente a los protestantes pacíficos y existe la posibilidad de que la información que recogía la unidad espía secreta de Shell haya contribuido a graves violaciones de los Derechos Humanos".

Y añadió: "Las pruebas demuestran cuán cercana y cuán insidiosa era la relación entre la empresa petrolera y el estado nigeriano, y Shell tiene que responder preguntas muy serias". La campaña del gobierno nigeriano contra los ogoni culminó hace 22 años con la ejecución de nueve hombres ogoni, incluyendo a Saro-Wiwa, líder de las protestas. Estas muertes generaron indignación en todo el mundo ya que todo indicaba que no habían tenido un juicio justo.

¿Una empresa criminal?

En junio de este año, las viudas de cuatro de los hombres ejecutados presentaron un escrito contra Shell en los Países Bajos, acusando a la empresa de ser cómplice de la muerte de sus maridos. Tanto una persona como una empresa pueden considerarse responsables penales si alientan, posibilitan, agravan o facilitan un delito. El nuevo informe de Amnistía Internacional, ¿Una empresa criminal?, alega que Shell estuvo involucrada de esta forma en los crímenes contra los ogoni.

En su declaración final al tribunal que lo condenó, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell algún día tendría que responder por sus acciones ante un juez. Ahora Amnistía dice: "Estamos decididos a llevar esta acción a cabo. Debe hacerse justicia por Ken Saro-Wiwa y las miles de vidas arruinadas por la destrucción de las tierras de los ogoni en manos de Shell".

Un portavoz de las oficinas de Shell en Nigeria dijo que la empresa siempre ha rechazado estas acusaciones de la forma más rotunda posible. Señaló: "Las ejecuciones de Ken Saro-Wiwa y otros ogonis en 1995 fueron eventos trágicos llevados a cabo por las fuerzas armadas, por orden del gobierno que estaba en ese momento en el poder. Nos entristecimos y escandalizamos con las noticias. Shell le pidió al gobierno nigeriano que tuviera misericordia. Lamentablemente, esa petición –que realizaron muchas otras personas más– no fue escuchado".

Añadió: "El apoyo a los Derechos Humanos, en línea con un legítimo papel empresarial, es uno de los valores fundamentales de Shell, junto con la honestidad, la integridad y el respeto por las personas. Las acusaciones de Amnistía Internacional contra Shell son falsas y no tienen fundamentos. Shell no conspiró con las autoridades para reprimir protestas y de ninguna forma alentó ni justificó ningún acto de violencia en Nigeria. Creemos que las pruebas demostrarán claramente que Shell no es responsable por estos trágicos acontecimientos".

* Traducido por Lucía Balducci para El Diario

COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

4) Seis razones por las cuales la protesta es tan importante para la democracia
Richard Norman (Democracia Abierta)

¿Por qué la protesta es tan fundamental para los derechos humanos y la sociedad democrática? Aquí hay seis razones básicas por las cuales necesitamos proteger y ejercer el derecho a protestar. Esta lista forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

1. Las personas se da cuenta de que no están solas
Una forma a través de la cual el establecimiento mantiene su poder es creando un discurso dominante desde el cual se excluyen los puntos de vista de los disidentes. Si las personas piensan de manera diferente, pueden sentirse aisladas, marginadas e impotentes. Las manifestaciones y marchas públicas empoderan a las personas mostrándoles que hay miles de personas que piensan lo mismo.

2. Al protestar, modificamos la agenda y comenzamos un debate
Los que están en el poder pueden tratar de ignorarnos, pero si hay suficientes manifestantes, entonces sentirán la necesidad de encontrar razones por las cuales todos los manifestantes están equivocados. Ahí es cuando comienza el debate y la discusión se hace posible.

3. En una democracia electoral, la protesta proporciona una voz esencial para los grupos minoritarios
Los teóricos clásicos del gobierno representativo reconocieron que el sufragio universal y el voto mayoritario amenazan con imponer la "tiranía de la mayoría" y anular los derechos de las minorías. Las protestas son un correctivo vital para el gobierno de la mayoría.

4. ¡A veces ganamos!
Si hay suficientes manifestantes, las políticas de quienes están en el poder pueden hacerse impracticables. Cuando el gobierno del Reino Unido introdujo el poll-tax en 1990, un gran número de personas protestaron y se negaron a pagar el impuesto. Se hizo evidente que perseguir a todos los que se negaron sería imposible, una ameneza de caos, y el gobierno abolió el impuesto.

5. A veces ganamos de una forma que no habíamos planteado o planeado
Los eventos políticos son impredecibles. Las protestas contra los misiles nucleares de Greenham Common en el Reino Unido en la década de 1980 parecían haber fallado cuando se instalaron los misiles, pero las protestas obligaron a los gobiernos de los EE.UU. y del Reino Unido a admitir que tenían que desplegar los misiles porque la Unión Soviética estaba haciendo lo mismo. Cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética y dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para retirar todos los misiles, los gobiernos occidentales no pudieron volver a lo que habían dicho. Los misiles fueron retirados, y Greenham Common es ahora un parque público.

6. A veces ganamos pero tarda una generación o más
En el momento, puede surgir la sensación de que las demandas públicas no van a llevar a ninguna parte; que aquellos en el poder están atrapados en una cierta mentalidad y no pueden cambiar su forma de pensar. Pero luego puede aparecer una nueva generación, libre del pensamiento del pasado, y ver que las opiniones de los manifestantes tenían sentido. Un ejemplo es el enorme cambio de actitud hacia las personas homosexuales en solo un par de generaciones.

COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

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