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A LA JUSTICIA EL ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA

AL DÍA:

1) Llevarán espionaje en democracia a la Justicia

2) Intendente Martínez mantiene «sistema Bengoa» y Tribunal de Cuentas observa pagos millonarios

3) Nicolás Scarón: “la ley que regula las radios comunitarias no tiene ningún tipo de seguimiento ni control”

4) Firmaron acuerdo marco laboral entre gobierno, Pit-Cnt, empresarios y UPM

5) Clausura del Frigorífico Durazno: deudas con empleados y carencias en condiciones de seguridad


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2143 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de septiembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Llevarán espionaje en democracia a la Justicia
(Montevideo Portal)

Diputados aprobó por unanimidad declaración de rechazo a actitud de militares que se niegan a declarar ante la Comisión Investigadora.

Los militares retirados Juan A. Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, ex directores de inteligencia miliar en democracia se negaron a declarar ante la Comisión Investigadora creada especialmente a partir de los archivos Berrutti, que revelan espionaje sistemático a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

Ante esa situación, el Partido Por la Victoria propuso que el tema sea tratado como asunto político, lo que culminó en una declaración conjunta y aprobada por unanimidad en la que se reafirma el trabajo de la comisión: “El Parlamento no se detendrá en sus labores hasta llegar a la verdad. Las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la Comisión Investigadora sobre espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, seguimiento de personas, infiltraciones y persecución a militantes, son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las Leyes, coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de Inteligencia Militar”.

“La Cámara de Representantes continuará con las tareas en el marco de la Constitución y las leyes para romper con el silencio y las violaciones a la ley, fortaleciendo la democracia y la libertad de los uruguayos”, señala la declaración que fue enviada al Ministerio de Defensa.

En conversación con Montevideo Portal, el diputado Luis Puig explicó que los militares al haber pasado más de cuatro años de su retiro no tienen obligación con el Ministerio, pero señaló que, en lo personal, tiene disposición de enviar el tema a la Justicia cuando termine el trabajo de la Comisión. ”Acá hubo violación a la ley, claramente existen delitos que van a quedar comprobados”, agregó.

Consultado sobre las declaraciones de los ex ministros de Defensa e Interior que pasaron por la Comisión que negaron conocer la existencia de inteligencia, Puig dijo que no puede afirmar que sí sabían, pero señaló que tienen la responsabilidad de controlar los dineros públicos, que fueron utilizados para realizar las tareas de inteligencia.

“Esto no fue tarea de lobos solitarios, sino un plan de espionaje sistemático con asignación de rubros que les votaban los ministros de la democracia”, añadió .

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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2) Intendente Martínez mantiene «sistema Bengoa» y Tribunal de Cuentas observa pagos millonarios
Pablo Alfano (Sudestada)

El mecanismo ideado por el jerarca condenado por la Justicia en 2007 sigue vigente. ICM SA es un legado de aquellos días: aún le alquila 100 tragamonedas al Casino Parque Hotel y cobra millones.

El intendente Daniel Martínez renovó, desde junio de 2017 a mayo de 2018, una vieja contratación con la empresa ICM SA a la que le alquila 100 máquinas tragamonedas para el casino del Parque Hotel, por un total de 29.280.000 de pesos, IVA incluido.

Esta decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TC) y forma parte de una larga lista de señalamientos que la comuna ha recibido en su contrato con ICM SA. Desde 2013 y sumando el dinero que percibirá hasta 2018 la empresa cobrará a la Intendencia de Montevideo un total de 127.856.868 pesos (aproximadamente 4,4 millones de dólares) a pesar de las sucesivas observaciones del organismo de contralor.

Esta empresa, presidida por Juan Pedro Crisci, hace negocios con la Intendencia desde principios de los 2000, cuando comenzó a integrar la nómina de empresas que el entonces director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, incluyó en su sistema de arrendamiento de slots.

La política de arrendamiento, en lugar de la compra de las máquinas tragamonedas, culminó con pérdidas multimillonarias en las salas municipales y el procesamiento con prisión de Bengoa (quien ocupaba la Dirección General de Casinos desde 2005) y de sus ex asesores Orestes González Braida (entonces Director Nacional de Loterías y Quinielas), José Luis Antúnez, y Gustavo Dalmonte, y el empresario Felipe Ruiz.

Lo que en su momento se denominó el «sistema Bengoa» quedó reflejado en el auto de procesamiento, dictado por la jueza penal Fanny Canessa, el 20 de diciembre de 2007, cuando señaló que «Bengoa para lograr imponer su sistema de arrendamiento de slots al grupo de empresarios que él conocía perfectamente, dándole a cada uno un porcentaje diferente de la utilidad, sin ningún fundamento serio de sus actos como no sea beneficiarlos, aun a costa del daño efectuado al Estado cuya cuantificación exacta se determinará oportunamente, pero que sin duda existió».

El 26 de junio pasado la administración Martínez decidió volver a renovar el contrato para el alquiler de 100 máquinas tragamonedas a ICM SA entre junio de 2017 a mayo de 2018 por un monto total de 29.280.000, IVA incluido. Esta resolución fue observada por el Tribunal de Cuentas, según documentación a la que accedió Sudestada, y se debió a que el contrato anterior había vencido el 31 de diciembre de 2016.

Para subsanar esto, Martínez había firmado otra resolución el 29 de mayo donde resolvió ampliar nuevamente la contratación de ICM SA para el período comprendido entre enero y mayo de 2017 por un total de 12.319.268 de pesos, IVA incluido.

El 7 de enero de 2016 el Tribunal de Cuentas ya había señalado en que el contrato con ICM SA derivaba de «un procedimiento cuyo gasto fue observado por motivos insubsanables» y volvió a observar la decisión de la comuna.

El intendente Martínez -en diciembre de 2015, y siguiendo los pasos de su antecesora Ana Olivera- volvió a adjudicar a la empresa ICM SA el arrendamiento, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, de 100 máquinas tragamonedas por 34.257.600 pesos, IVA incluido.

En junio de 2013 la intendenta Ana Olivera había resuelto contratar en forma directa a las empresas ICM SA y Famostar SA para arrendar 150 máquinas tragamonedas por el equivalente al 26% más IVA de la utilidad bruta por mes de cada slots y por el plazo de un año, para el casino del Parque Hotel, hoy el único en manos municipales, luego de la concesión de la sala de juegos del Hotel Carrasco.

Además, decidió contratar, también a ICM SA, para el arrendamiento del sistema TITO durante un año por el equivalente al 4% más IVA de los equipos que utilizan este método que permite al apostador introducir dinero en las tragamonedas. TITO es la sigla del sistema informático Tiquet in – Tiquet out que permite que se utilicen “tokens” (monedas o billetes) hasta cierta suma de dinero y luego el apostador debe desembolsar su dinero directamente a través de esta vía.

Un mes después, en julio de 2013, el Tribunal de Cuentas observó el gasto con el argumento de que no existía «la causal de excepción invocada» para esta contratación y porque no había «disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable». De todas formas, la Intendencia de Montevideo reiteró el gasto.

En aquella época las autoridades municipales ajustaban detalles para la mudanza del casino Parque Hotel a la emblemática Casa de Andalucía, ubicada enfrente al viejo edificio que pasó a ser la sede del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La mudanza implicaba algunos cambios en la operativa de la sala de juegos y una de ellas era reducir la cantidad de máquinas tragamonedas. En setiembre de 2014 la intendenta Olivera convalidó el alquiler de 100 slots a ICM SA para el Parque Hotel. El contrato establecía que desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, la empresa cobraría 15 millones de pesos durante 2014 IVA incluido y otros 27 millones de pesos por el alquiler de slots durante el año 2015.

Una vez más, el Tribunal de Cuentas observó el gasto ya que este contrato derivaba de «un procedimiento observado por razones insubsanables» y «por falta de disponibilidad en el rubro de imputación». La administración Olivera hizo caso omiso al señalamiento del órgano de contralor y siguió adelante con el arrendamiento de las tragamonedas. Y pasadas las elecciones municipales, Martínez siguió en la misma línea de contratación.

La intendencia de Montevideo registró en el último año un descenso de las ganancias en su sala de juego y el director del área Hugo Gandoglia atribuyó el hecho al «azar» que determinó el aumento de la suerte de los apostadores.

Según explicó Gandoglia, el casino del Parque Hotel tuvo en 2015 una ganancia de 87 millones de pesos mientras que en 2016 bajó a poco más de 57 millones. «Con respecto a la reducción en el resultado de la actividad de los slots voy a decir que efectivamente es inferior a la de 2015, pero sin embargo el monto de lo apostado no es inferior al del 2015, sino por el contrario, es superior. Estas cifras no las registra el presupuesto. Estamos hablando de una actividad en la que el azar también existe. Lo que no ingresó a las arcas de la Intendencia está en poder del público», explicó Gandoglia, citado por el diario El País.

Al igual que en los tiempos de Bengoa, la estrategia de la Intendencia para superar el momento difícil de la sala de juego es el arrendamiento de nuevas máquinas tragamonedas. El director de Desarrollo Económico Óscar Curutchet dijo que en 2018 se invertirán 15 millones de pesos en slots.

ICM y «el sistema Bengoa»

En el año 2002 y con variados argumentos el entonces director de Casinos de la Intendencia de Montevideo, Juan Carlos Bengoa, comenzó a contratar a varias empresas, en muchas de las cuales figuraban familiares de asesores municipales, según estableció la justicia penal al procesar a varios jerarcas que ocuparon altos cargos de gobierno del Frente Amplio y empresarios. Luego de reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas la comuna convocó a mediados de 2003 a la licitación número 108.986/1, mediante la cual se contrataron 12 empresas, la mayoría de las cuales ya tenía vínculos comerciales con la IMM.

En aquella oportunidad fueron seleccionadas 12 empresas: Tecnostar SA, ICM SA , Borelco SA, Borlex SA ,Vallasey SA, Flipper’s Andes Ltda, Famostar SA , Folway SA , Metal Finish SA , Macale SA , Raft SA y Tisaro SA. Luego se sumarían Folway SA, Timelur SA, Sabid SA y Libretol SA, entre otras. En el caso de ICM SA la comuna le compró 50 slots y le arrendó otras 50 máquinas.

Macale SA firmó un contrato con la IMM para arrendarle 10 máquinas tragamonedas sin que existieran antecedentes de relación con la administración municipal o de actividad alguna en el rubro slots. La empresa fue fundada el 3 de diciembre de 2001, y hasta el 9 de noviembre de 2003 tenía como presidenta (luego continuó siendo su representante legal) a Rose Marie Sosa Delgado, quien era la esposa de Eduardo Mario Bernis Braida, primo hermano del entonces asesor de Bengoa, Orestes González Braida, quien fuera luego director nacional de Loterías y Quinielas.

Otra firma, Libretol SA, fue fundada el 2 de enero de 2002, y hasta el 7 de diciembre de 2003 su presidente era Eduardo Bernis Braida, el primo de González Braida, asesor de Bengoa. Era su firma, con la correspondiente aclaración, la que figuraba al pie de la oferta que la empresa presentó, y que su primó analizó. Dejó constancia escrita de haber puesto dinero en una célebre «colecta» que tenía como objetivo la remodelación de la sala del casino del Parque Hotel.

En el caso de Folway SA primero presentó como dirección Ramón Anador 3856, apartamento 301, pero luego pasó a funcionar en Gonzalo de Orgaz 528, apartamento 202, en la zona de Villa Biarritz. Arrendó 20 máquinas, la mitad conseguidas a través de un acuerdo con Famostar SA (empresa con la que compartía domicilio) y el resto con Otor SA.

Folway fue una empresa emblemática de todo el esquema de tráfico de influencias que había montado Bengoa en la Intendencia. En primer lugar, esa SA compartió domicilio en aquel apartamento de Villa Biarritz con Famostar SA y con Timelur SA cuyo presidente fue Orestes González Braida, entonces asesor de Bengoa -quien también fue procesado con prisión. En esa empresa que «alquilaba» slots para la Intendencia de Montevideo trabajaban tres de hijos de González Braida y un hijo de José Luis Antúnez, otro de los asesores de Bengoa. Pero además, Folway tenía en su nómina de empleados al cuñado de Bengoa, hermano de su pareja, Javier Dibitonto.

En el caso de ICM SA, siempre tuvo el domicilio en Salto 1169 y su cara más visible es su presidente Juan Pedro Crisci quien en aquella oportunidad señaló ante la Justicia penal que no participó directamente de las reuniones en las que se resolvió entregar 25 mil dólares por empresa para remodelar el Parque Hotel. Crisci señaló que en esas conversaciones estuvo presente su representante Pablo Espasandín, y que él sólo concurrió a la Intendencia de Montevideo para firmar el contrato.

El empresario argumentó que el casino del Parque Hotel estaba muy deteriorado y que “querían” hacer algo para arreglarlo, pero la comuna capitalina “no tenía” plata. Sostuvo que la idea de los 25 mil dólares por cabeza surgió de los “proveedores” y que para llevar a cabo la refacción “se habló” con Felipe Ruiz, un ex funcionario de Casinos que era el encargado del mantenimiento de las máquinas, y dueño de Sabid SA, quien también fue procesado con prisión.

Además de arrendarle máquinas tragamonedas a la Intendencia de Montevideo, Crisci ha ganado varias licitaciones en varios departamentos del país para colocar slots en salas que funcionan bajo el control de la Dirección General de Casinos.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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3) Nicolás Scarón: “la ley que regula las radios comunitarias no tiene ningún tipo de seguimiento ni control”
(La Diaria)

Ya pasaron 15 años desde aquellos convulsionados días de agosto de 2002, de crisis, bronca y hambre. Época tristemente célebre, igual que el allanamiento de la radio comunitaria Quijote FM –que en ese momento era llevada adelante por veinteañeros–, con orden judicial y la intervención del Ministerio de Defensa Nacional, que la acusaba de “instigar” a los saqueos. Tiraron la puerta abajo y les llevaron todas las cosas llevables, hasta un televisor. Nunca les devolvieron nada. A fin de cuentas, el Estado les robó. La radio nunca más pudo salir al aire con ese nombre. Hace unas semanas, se hizo una cena show en la que el equipo de la vieja Quijote FM “festejó” las 15 primaveras de aquel allanamiento, con un enfoque satírico pero también para recordar con seriedad las causas que generaron la crisis y otras trincheras de resistencia que iban más allá de las frecuencias “clandestinas”, como las huertas orgánicas, las cooperativas y los sindicatos.

En 2003 Quijote FM renació como Radioactiva, que aguanta estoica hasta la actualidad, por la frecuencia modulada 102.5, pero los tiempos cambiaron. “El fenómeno de la radio comunitaria como movimiento se murió. Es una realidad objetiva”, dijo Nicolás Scarón, fundador de Quijote, quien explicó a la diaria que una de las balas que ayudaron a matar al fenómeno fue, paradójicamente, la reglamentación de las radios comunitarias a fines de 2007, bajo la Ley 18.232, ya que las emisoras, al ser legales, “no tienen más razón de ser ni de existir”. Pero además, el comunicador denuncia que el texto no se cumple. “La ley no está operativa, no hay ningún tipo de seguimiento ni de control. Los plazos están vencidos y no se sabe ni de quiénes son las frecuencias. A esta altura, nadie sabe nada. [La regularización significó] un montón de horas de trámites, totalmente improductivos”, señaló Scarón, y agregó que, a su juicio, el gobierno no tiene ninguna política sobre las radios comunitarias y las legalizaron simplemente “para sacarse de encima el problema” de esas frecuencias que estaban en un “limbo”. “Hay otros ilusos, que eran los que estaban más ansiosos con esta ley, que siguen esperando que el gobierno les dé publicidad oficial, y se equivocaron, porque no les dieron ni 500 pesos para pagar la luz. Nosotros no esperábamos nada”, señaló.

No obstante, el fundador de Quijote cree que tampoco vale “echarle la culpa al gobierno ni al Estado” por la muerte del movimiento de las radios comunitarias, y expone muchos factores. Por ejemplo, que hoy hay otras expresiones que cumplen un rol similar al de los medios comunitarios en 2002, como las redes sociales, que generan otro tipo de soporte de comunicación. “Otra es que los jóvenes ya no ven algo que es legal como una opción interesante para ir a tirarle mierda al Estado o al gobierno de turno”, agregó Scarón, quien insiste con el tema de la legalidad como fenómeno que le quita fuerza al movimiento, ya que antes había “una guerra muy fuerte con la presión que hacían Andebu [Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos] y las radios comerciales”, que llevaba a que las emisoras comunitarias se tuvieran que juntar para resistir. Hoy, en cambio, ya no tienen que defenderse.

“Además, hay otro factor que no es menor: la destrucción de las redes sociales de los barrios. Las radios comunitarias difundían y articulaban organizaciones barriales que ya no existen. Si no existe esa articulación, ¿qué mierda vas a difundir y promover? En 2002 teníamos programas de 20 organizaciones sociales de la vuelta: desde el club de baby fútbol hasta la cooperativa de vivienda. Eso se está perdiendo y repercute”, señaló Scarón.

Si bien ya no es un movimiento como el de hace 15 años, Radioactiva la sigue peleando. Tiene cerca de 20 integrantes, que son socios y aportan una modesta cuota por mes para solventar los gastos operativos mínimos. La emisora está ubicada en Peñarol pero tienen perspectiva de mudarse al Centro el año que viene. Lejos de quedarse en la radio, hoy también apuestan a la producción audiovisual, con una cooperativa para ese fin, que estuvo a cargo, por ejemplo, de la campaña oficial de la Marcha de Silencio de 2017.

En la época de Quijote, sus integrantes no se habían planteado objetivos políticos concretos. Querían ser “la radio de la gente que no tenía voz” en los medios y querían decir cosas. Hoy Radioactiva se define como un grupo de comunicadores que se manejan de forma cooperativa y tienen un mensaje político “claramente de izquierda” para difundir. “Queremos articular con todas las personas que luchan dentro de la izquierda para incidir y disputar poder. En un mundo que tiene una lucha ideológica profunda, nos ponemos de un lado de la barricada y damos pelea desde la comunicación”, señaló Scarón, y agregó que hoy en día en los medios de comunicación se disputa “mucho”, y por eso en ese campo tiene lugar “una de las batallas más importantes que hay que dar”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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4) Firmaron acuerdo marco laboral entre gobierno, Pit-Cnt, empresarios y UPM
(Caras y Caretas)

Representantes del Poder Ejecutivo, el Pit-Cnt y empresarios firmaron un acuerdo marco laboral que establece una hoja de ruta para la etapa de construcción y montaje de la tercera planta de celulosa en el país. El acuerdo establece, entre otras cosas, un protocolo de prevención de conflictos, acordando las partes mecanismos de diálogo previos.

Se destacan entre los objetivos del acuerdo: generar condiciones que permitan una vez decidida la inversión comenzar a operar y producir dentro de los plazos previstos; impulsar y promover la seguridad y salud laboral y contribuir a la capacitación y consolidación de mano de obra calificada uruguaya. Los términos del mismo surgen del intercambio a lo largo de una año de necesidades, visiones y de experiencias nacionales e internacionales de todos los actores involucrados.

Refleja el documento el compromiso e involucramiento de las partes y define que una vez alcanzado un acuerdo de inversión se crearán grupos de trabajo técnicos alrededor de tres áreas temáticas: Seguridad y salud ocupacional, Servicios generales y Capacitación y mano de obra.

Para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, “este acuerdo es un paso trascendente e inédito en el país: por un lado, porque para la posible mayor inversión de la historia se prioriza la negociación colectiva previa entre el gobierno, la empresa, las cámaras empresariales y el Pit-Cnt. Y por otro, porque se establecen mecanismos de condiciones de trabajo y de seguridad y salud laboral, formación de los trabajadores, convocatoria de trabajadores a través de registros públicos, elaboración conjunta de protocolos de actuación y prevención, coordinación con otros organismos e impactos multidimensionales en la zona, compromiso por el Trabajo Decente y los principios y derechos fundamentales de trabajadores y empleadores, comprendiendo empresas contratistas y subcontratistas, así como para generar condiciones para operar y producir en los plazos previstos”.

Para UPM esto es un paso importante para establecer el marco general de relaciones laborales para la construcción de la planta, al tiempo que sienta las bases fundamentales de relacionamiento futuro que respalden una decisión de inversión.

Participaron de la firma del acuerdo Ernesto Murro por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Álvaro García por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Marcelo Abdala, Oscar Andrade, Julio Burgueño y Fernando Pereira por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (Pit-Cnt), Ignacio Otegui por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Andrés Castiglioni y Flavio Pérez por la Cámara Metalúrgica del Uruguay (CMU) y Javier Solari y Gonzalo Giambruno por la empresa finlandesa UPM.

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5) Clausura del Frigorífico Durazno: deudas con empleados y carencias en condiciones de seguridad
Rodrigo Guerra (SdR)

Desde el 31 de agosto el frigorífico Frigocerro SA (también conocido como Frigorífico Durazno) estuvo clausurado por seis días mediante una resolución firmada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro. Según la disposición, la clausura se centra en dos razones: por un lado, las deudas que se mantiene con los empleados, y por el otro, las carencias en las “condiciones de salud y seguridad de sus trabajadores”.

Se plantea que desde el 1º de marzo de 2015, fecha en que Gerardo Rey asumió la dirección de la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), se hicieron al menos 15 intervenciones en el frigorífico, de las cuales resultaron varias multas. En diálogo con la diaria, Rey planteó que el frigorífico “pagó algunas multas y mantiene pendientes de abonar un total de 527 Unidades Reajustables [unos 500.000 pesos] por diez expedientes”. En la resolución ministerial se intima a que la empresa “abone a su personal la totalidad de las obligaciones emergentes de la relación de trabajo por dicho lapso” .

Cabe destacar que en diciembre de 2015 el sindicato del Frigorífico Durazno había denunciado irregularidades en la empresa respecto a temas salariales. En ese momento, los más de 80 trabajadores del establecimiento denunciaron persecución sindical, el no pago de licencias y aguinaldos, y fallas en la seguridad laboral. Dentro de ese requerimiento, también se denunciaba que los directivos del lugar no respetaban las normas de seguridad y salud necesarias para trabajar.

En la resolución del ministerio se citan expedientes de anteriores inspecciones al recinto, llevada a cabo por IGTSS, de las cuales se constataron “irregularidades en sala de máquinas y autoelevador ubicado en el patio exterior”, junto con el “incumplimiento sostenido en el tiempo de la intimación referida al riesgo de exposición a amoníaco debido al estado de la instalación y la falta de un informe técnico que avale su buen funcionamiento”.

Dicho expediente también menciona distintas inspecciones realizadas en 2015, donde se encontró “un generador no habilitado”, que causó que el Friogrífico fuera clausurado preventivamente. Sin embargo, en la siguiente inspección, realizada un mes más tarde, se constató que la clausura “no fue respetada por la empresa”. Por otra parte, se encontraron “irregularidades referidas a ropa de trabajo, elementos de protección personal, equipos, herramientas e implementos necesarios para la tarea, niveles de ruido, ausencia de protecciones con barandas, riesgo eléctrico y la falta de un plan de gestión y prevención de riesgos en los sectores visitados”.

En la presentación del sitio web del Frigorífico Durazno se asegura que la planta industrial “posee las habilitaciones para exportar a los principales mercados -EEUU, UE, Israel, Canadá, Chile, MERCOSUR, etc.-” y que la forma de lograrlo fue “incorporando las más modernas tecnologías y rigurosos controles de calidad”. Sin embargo, en el expediente se citan “múltiples irregularidades” en los sectores de “faena, menudencias, ex grasería, mondonguería, taller de mantenimiento y vestuarios”. Por último, un expediente registrado el 30 de noviembre de 2015 en la planta de faena de bovinos describe un accidente laboral en el que el trabajador involucrado sufrió “lesiones varias”.

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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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