1) Amodio involucrado en asesinato de Ariosa –
2) Guianze dijo que hubo jueces y fiscales que “reafirmaron la impunidad” y jueza Mota criticó lentitud en el trámite de las causas” –
3) Oscar Bottinelli: «El FA no tiene línea con los descreídos y desilusionados» –
4) ADUR Medicina propone “viabilizar” reforma del Hospital de Clínicas mediante un contrato de PPP. –
5) Uruguay respalda propuesta de Macri para TLC con el Pacífico
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2079 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 1º de Julio de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Amodio involucrado en asesinato de Ariosa
(Sudestada)
Expediente judicial confirma que el ahora procesado se hacía llamar “Sargento G” y participaba de detenciones e interrogatorios bajo tortura. Marcó al “pajarito” y lo mataron.
La jueza Julia Staricco sostiene en su fallo que “se ha reunido la semiplena prueba para entender que el indagado Héctor Amodio Pérez participó en diversas detenciones de civiles, los cuales eran llevados al Batallón Florida, siendo sometidos a interrogatorios con la finalidad de obtener información, lo que implicaba apremios físicos, como submarino seco o el tacho, la picana, plantones. Incluso hasta llegar a la muerte como fue el caso de Eduardo Ariosa, alias “el pajarito”, a quien presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener”.
La magistrada aclaró que “a esta conclusión no se llegó solo con la declaración de aquellos compañeros del MLN que tuvieran cierto ánimo de venganza, como argumenta la defensa, sino también por los militares que declararon”, así como “otros que no eran” tupamaros.
Las detenciones efectuadas en ese periodo en el que Amodio actuó como delator e interrogador oculto, “no fueron amparadas bajo ninguna norma. Porque dichas privaciones de libertad implicaban el ser detenido sin ninguna causa, sin pasar en muchos casos por algún juzgado, y todavía ser víctimas de distintos apremios físicos. Y cuando se lograba ir a un juzgado era para cumplir un simple formulismo”, remarca la resolución.
Staricco entiende que estas detenciones en las que participó Amodio “fueron totalmente arbitrarias e ilegales” por cuanto se configuró el delito de privación de libertad, especialmente agravado, que se pena con hasta nueve años de penitenciaría de acuerdo al artículo 281 del Código Penal.
Sin embargo, rechaza la postura de la Fiscalía al considerar que no se trata de un crimen de lesa humanidad, como sostuvo el Ministerio Público. Pero la jueza no brinda argumentos al respecto.
El Sargento G
Para la magistrada Amodio “tuvo un trato especial en el Batallón Florida y luego en el Noveno de Caballería. Y ese trato especial consistió en que no fue víctima de torturas, estando en un lugar separado al resto de los detenidos; se le permitió llevar a su pareja (Alicia Rey Morales) con él y además se le dio la libertad para él y su pareja permitiéndoles salir del país con una documentación que no era la de ellos». A cambio, «trabajó para los militares individualizando compañeros cuando salía en las patrullas o trabajando para la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas)”, precisó.
La jueza señala que Amodio no se encontraba en un “estado de necesidad” que justificara su conducta: “No surge probado” en el expediente que el indagado “si no salía a identificar compañeros del MLN se les quitaran los privilegios que tenía”.
El indagado no se encontraba “en una situación o estado de peligro inminente o inevitable que lo obligara a violar el bien jurídico de otras personas, como lo fueron las personas que resultaron detenidas como consecuencia del accionar de Amodio”, indica la resolución.
“Durante su detención, Amodio colaboró con los militares, logrando que su pareja Alicia Rey, fuera llevada donde él estaba alojado, dado que ella estaba detenida en el barracón del Batallón Florida junto a las demás mujeres”, explicó.
“En efecto –sostiene la magistrada–, según manifestó el trato que él hizo fue que ordenaría los papeles de la OCOA, teniendo que descifrar los seudónimos o apodos. Pero como eso no podía hacerlo solo, pidió que trajeran a su pareja”. De esta manera, Amodio compromete judicialmente la situación de Alicia Rey Morales, cuyo paradero es hoy desconocido.
Staricco añadió que la tarea de Amodio “no solo fue esa, sino que también en reiteradas oportunidades vestido de militar, salió a patrullar junto a militares, entre ellos con Orosmán Pereyra, y ‘marcar gente’, incluso lo llamaban “Sargento G.”, lo que surge probado mas allá de la negativa del indagado”.
“El propio Pereyra expresó que en los patrullajes se salía de la unidad, saliendo oficiales, personal subalterno y Amodio Pérez; que las personas que eran detenidas se las interrogaba. Y quien interrogaba era Amodio Pérez en el propio Batallón”, subraya el fallo.
Pereyra dice desconocer cómo Amodio hacia los interrogatorios, pero declaró que “la información se la daba al capitán Camacho”, y agregó que también escuchaba los interrogatorios y “reformulaba las preguntas”.
El militar admitió que “incluso llevó al “Sargento G.” vestido de militar a patrullar y marcar gente”, la que luego era detenida y torturada. Uno de esos casos fue el de Eduardo Ariosa Amilivia, detenido el 27 de julio de 1972, y asesinado en ese momento por los militares.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE JULIO DE 2016
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2) Guianze dijo que hubo jueces y fiscales que “reafirmaron la impunidad” y jueza Mota criticó lentitud en el trámite de las causas”
(La Diaria)
Luego del reciente fallo de condena en Argentina por la coordinación represiva regional del Plan Cóndor, el Observatorio Luz Ibarburu del PIT-CNT y la Universidad de Oxford organizaron en la Facultad de Derecho las jornadas “La Operación Cóndor 40 años después: Las experiencias regionales en el Cono Sur y Brasil”. Ayer hubo un panel centrado en la situación en Argentina, otro que abordó la situación de Brasil y un tercero que se centró en los casos de Uruguay.
Los expositores coincidieron en la falta de una acción unificada y coherente del Estado para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura.
El fiscal Gilberto Rodríguez ocupa la Fiscalía Penal de 2° Turno, que tiene a su cargo cerca de 30 causas vinculadas a la dictadura, y forma parte de la unidad especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público. Consideró que hace falta “unidad de acción” en las fiscalías, que se definan “protocolos de actuación” y “tratar de unificar la información disgregada”, para de esa forma trazar “una línea de persecución unificada del Estado”.
Tanto Rodríguez como la jueza Mariana Mota, otra de los exponentes, coincidieron en que es necesario evitar la revictimización que a veces se da en este tipo de causas. “Tratar las causas disgregadamente revictimiza”, consideró Rodríguez. Mota señaló que es necesario permitir el acceso libre a los archivos en los diversos países y definir un protocolo de búsqueda y método común de archivo.
El fiscal se refirió a la visión “conservadora y clásica” de algunos jueces que entienden que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, y sostuvo que estos acuerdos son parte del orden constitucional o incluso supraconstitucional. “Lo ideal sería poder entender que cuando el país ratifica un tratado internacional y reconoce la eficacia de sus resoluciones en el orden interno, hay que tratar de respetarlo” y que eso “sea una política general de Uruguay”, afirmó.
A su turno, la ex fiscal y actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Mirtha Guianze cuestionó el “secretismo” del proceso judicial en Uruguay, y también la cobertura de los medios de comunicación sobre estos casos, que “en general se queda en la superficie, en la imagen de gente que entra y sale del juzgado”. “No se conoce el contenido de los hechos por los cuales fueron condenadas esas personas”, señaló.
Guianze consideró que no se ha sabido transmitir lo sucedido y que no se ha encontrado “la manera de llegar a la gente y de que los hechos que dieron mérito a las condenas sean conocidos, porque si no, las condenas no cumplen una función reparatoria”. La ex fiscal también cuestionó la actitud de algunos jueces y fiscales, que “respaldaron y reafirmaron esa impunidad”. Se lamentó de que a pesar de haberse logrado el procesamiento de mandos “no llegamos a los autores materiales”.
Mariana Mota coincidió en que el trabajo en esta materia “no ha sido fácil”, porque debieron actuar “en una sociedad que todavía no tiene conciencia del gravísimo daño que la dictadura hizo en el tejido social”. Cuestionó que se ponga la carga probatoria en la víctima, además de la “improcedente revictimización continua” y la “lentitud inconcebible en la tramitación de causas”. Dijo que no le parece válido esgrimir como excusa para la lentitud de los procesos el hecho de que los militares presentaron muchos recursos, y remarcó que cuando se presentan “recursos improcedentes”, deben “desestimarse sin más trámite”. “Y yo no asisto a esas actitudes en mis colegas”, agregó.
La última en exponer fue Lilián Celiberti, ex militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a quien se presentó como “una sobreviviente del Plan Cóndor”. Afirmó que muchas veces “la impunidad se te enrostra”, y mencionó una recorrida de reconocimiento visual que realizó al ex centro de reclusión 300 Carlos. “Aquellas víctimas que fuimos delincuentes seguíamos siéndolo, sostuvo.
“No se resuelve con grupos ad hoc”
El abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, afirmó que es necesario que el Estado “se haga cargo de la persecución de los crímenes” y opinó que “está faltando la voluntad política”. “Esto no se resuelve con grupos ad hoc, con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, cuyo aporte a las causas tampoco lo estamos viendo”, cuestionó. Chargoñia dio algunos datos sobre las causas judiciales vinculadas al Plan Cóndor en Uruguay. La mayor cantidad de víctimas en causas penales en las que se dictó auto de procesamiento o sentencia lo son de crímenes cometidos en el contexto del Plan Cóndor, y sobre todo en Argentina: 72 víctimas de un universo de 100. Entre ellos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García de Gelman, 28 desaparecidos que estuvieron en Orletti, y 37 integrantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros sectores secuestrados en 1977 y 1978. Chargoñia hizo notar que “todas las causas fueron iniciadas por familiares u organizaciones sociales, ninguna de ellas se originó en la decisión de oficio de ningún juez”. Se condenó a 14 represores, algunos de ellos en “condiciones de reclusión peculiares”, en referencia a la cárcel especial de Domingo Arena y a beneficios otorgados por los jueces, como la prisión domiciliaria.
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3) Oscar Bottinelli: «El FA no tiene línea con los descreídos y desilusionados»
(El País)
El director de la consultora Factum, Óscar Bottinelli, dijo a El País que en «el gobierno y en el Frente Amplio hay falta de conducción»
—La última encuesta de Factum de marzo indica un nivel de insatisfacción del 70% con la gestión del gobierno. ¿Les resultó sorprendente un nivel tan alto de desaprobación?
—La Encuesta Nacional Factum lo que revela es que el 70% de los uruguayos está insatisfecho con la gestión del gobierno según las expectativas que tenían. Es decir, es un indicador de que las expectativas son colmadas o no. Y el 70% considera que están por debajo o muy por debajo de lo que esperaba. No es sorprendente a la luz de otros indicadores de opinión pública, como la baja aprobación del desempeño del presidente Vázquez, el descenso en el promedio de evaluación de los gobernantes o la fuerte caída en la intención de voto al Frente Amplio. En su primer año Vázquez confrontó mucho con Mujica e intentó, sin éxito, frenar y revertir iniciativas del gobierno anterior; inclusive incursionó por la esencialidad en la enseñanza y tuvo que dar marcha atrás. Luego todo lo relacionado con Ancap golpeó al gobierno. Y se suma —algo nuevo bajo gobierno frenteamplista— el fin del crecimiento económico, el comienzo de la recesión, el aumento de la desocupación y el alto nivel de inflación.
—¿Le parece que el nivel de insatisfacción de personas que se dicen frenteamplistas debería ser un factor de inquietud para el gobierno?
—El nivel de insatisfacción debe ser un llamado de atención, pero a esta altura, en que apenas se alcanza la cuarta parte del mandato, no debe ser alarmante. Debería servir para ver con más cuidado por dónde hay que ir para revertir la situación y quizás ir por una comunicación que asuma que la situación es difícil y que el gobierno está enfrentado a tomar medidas difíciles e impopulares. La no satisfacción de los votantes del Frente Amplio es con el presidente (39% no aprueba su gestión), con el gobierno en su conjunto (60% considera que su gestión está por debajo o muy por debajo de las expectativas) y con el Frente Amplio como tal. Este conjunto de manifestaciones de disconformidad debería ser tenido en cuenta por el presidente, por el gobierno y por los líderes frenteamplistas. Da la impresión de que la dirigencia del Frente Amplio continúa hablando a los más firmemente convencidos y no tiende líneas con los descreídos y desilusionados.
—Cabe esperar que el ajuste fiscal impacte fuerte en la aprobación de la gestión?
—El ajuste se suma a otro conjunto de insatisfacciones. Hay que esperar pero puede no aumentar la desaprobación, sino tener un efecto cualitativo de reforzar las razones por las cuales la gente desapruebe, sin mover la aguja.
—¿Cree que hay un riesgo cierto de que el Frente Amplio pueda perder las elecciones?
—El problema más importante hacia las elecciones es qué pasa con ese segmento tan importante de gente desilusionada con todos los partidos. Y para el Frente Amplio lo importante es qué hacen sus propios desilusionados, que por ahora no atraviesan ese «muro invisible» que los separa de los partidos tradicionales. El Frente Amplio cae pero esa caída no es recogida ni por el Partido Nacional, ni por el Partido Colorado ni por el proyecto Novick.
—¿La gente percibe falta de liderazgo del presidente o problemas de gestión ministerial o ambas cosas?
—Son muchas las causas de la insatisfacción. Sin duda hay una percepción dominante de una falta de conducción en el gobierno y también en el Frente Amplio.
—¿La insatisfacción tiene que ver básicamente con la situación económica o hay otros factores que están incidiendo mucho, como, por ejemplo, la inseguridad?
—La inseguridad parece hoy no tener efectos. Hay una disconformidad generalizada y una cierta resignación. El crecimiento de la inseguridad es un fenómeno de tres décadas. La gente no culpabiliza a ningún sector político en particular. La situación económica afecta mucho, pero también la no resolución de otros problemas estratégicos, como la educación.
—Usted mencionó que los desilusionados frenteamplistas no pasan el «muro invisible» que los separa de los partidos tradicionales. ¿Puede el Partido Independiente beneficiarse de esa situación? ¿Por qué los partidos tradicionales no capitalizan la situación? ¿No «ilusionan»?
—El Partido Independiente en principio se está beneficiando de su situación de «por encima del muro». En la medición del primer trimestre del año crece del 3% al 5%, al captar 1% del Frente Amplio y 1% del Partido Nacional. También se beneficia Unidad Popular que capa otro 1% del Frente Amplio. El tema es que la gran mayoría de los desilusionados ya se han acostumbrado a votar «partidos de gobierno» y en ese sentido les parece el voto al Partido Independiente como un «voto testimonial». El PI necesita cambiar esa percepción. El problema de los partidos tradicionales no es que «no ilusionen», sino que su proyecto, o su dimensión ideológica es diferente y eventualmente opuesta a la visión de izquierda.
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4) ADUR Medicina propone “viabilizar” reforma del Hospital de Clínicas mediante un contrato de PPP.
Cecilia Álvarez (La Diaria)
Esta mañana se presentará el proyecto de reconversión y la propuesta de financiamiento del Hospital de Clínicas elaborada por la Universidad de la República (Udelar) en el propio hospital, en el piso 19. De tarde habrá un nuevo debate sobre el hospital universitario, esta vez en la Facultad de Odontología. La Udelar presentó públicamente su propuesta para remodelar el edificio del Parque Batlle y apunta a que la obra, que costaría cerca de 120 millones de dólares, sea financiada mediante la exoneración de 50% de los aportes patronales que actualmente paga la universidad, por un período de entre diez y 15 años. Pero el Poder Ejecutivo, en una reunión con el rector de la Udelar, Roberto Markarian, y el Comité por el Hospital de Clínicas, ya adelantó que, a su entender, la propuesta no contempla uno de los requisitos que se habían planteado: que no aumente el déficit fiscal (ver la diaria del 22/06/2016). Según afirmó el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas Martín Vallcorba, el camino posible para avanzar en la reforma del hospital es concretar un proyecto de participación público-privada (PPP).
En ese contexto de debate, el lunes una asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) de la Facultad de Medicina, realizada en el Hospital de Clínicas, resolvió encomendar a los consejeros docentes, delegados de ADUR y autoridades de la Facultad de Medicina ante el Consejo Directivo Central (CDC) “viabilizar el proyecto mediante PPP”. Es el primer pronunciamiento gremial de este tipo, después de que el tema fuera muy discutido en el Consejo de la Facultad de Medicina y en el CDC de la Udelar. La resolución de ADUR Medicina toma en cuenta dos aspectos: “La situación actual en el escenario planteado por el Poder Ejecutivo ante el trabajo realizado por la Udelar y la Facultad de Medicina para concretar una propuesta alternativa de financiación” y “la crítica situación del Hospital de Clínicas”.
La decisión de los docentes de Medicina va contra la resolución del Consejo de esa facultad, que en diciembre expresó su rechazo a la utilización de la PPP “en las áreas de la salud y educación públicas, y por lo tanto como forma de financiación de la refuncionalización del Hospital de Clínicas”. Aquella resolución de la facultad se debatió también en el CDC, y generó una discusión entre organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, que están en contra de la PPP para el hospital, y Markarian, que se negó a aprobar una resolución en contra de ese mecanismo sin un estudio de la ley que lo regula. Finalmente, en aquella sesión de diciembre se llegó a un acuerdo en torno a una resolución que afirma que la modalidad de PPP “no genera en este momento el consenso suficiente para llevar adelante un emprendimiento de semejante porte”.
El asistente académico del rector, Álvaro Danza, dijo a la diaria que el CDC analizará la respuesta del Poder Ejecutivo en la sesión del 19 de julio. El decano de Medicina, Fernando Tomasina, había dicho a este medio que si bien sigue siendo crítico de la aplicación del modelo PPP en la salud y enseñanza, “desde una postura práctica y si es la última alternativa” la consideraría, ya que la “peor situación para el hospital es la de estancamiento y no poder invertir”. La directora del Hospital de Clínicas, Raquel Ballesté, dijo a la diaria que resta recibir la respuesta oficial, por escrito, del Poder Ejecutivo, que todavía no había llegado. Si se concreta la respuesta negativa sobre la propuesta universitaria, y de no existir otra alternativa que la PPP, consideró que “hay que evaluar y estudiar el camino. Las características y condiciones las pondremos nosotros en la PPP; pero hay que evaluarlo. Si planteamos aspectos que no se pueden llevar adelante en una PPP, no sería viable, pero el intento lo tenemos que hacer”. “Plantearse invertir o realizar un mantenimiento con 40 millones de pesos en el año, que es lo que tenemos para inversión, es inviable”, aseguró, si bien reconoció que “para un hospital universitario, cogobernado y autónomo, la propuesta de PPP tiene muchas debilidades”.
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5) Uruguay respalda propuesta de Macri para TLC con el Pacífico
(El País)
El canciller Nin Novoa dijo que las negociaciones deben comenzar inmediatamente.
El canciller Rodolfo Nin Novoa ratificó ayer en Chile el propósito de Uruguay de llegar rápidamente a un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, coincidiendo con la posición que tiene el presidente argentino Mauricio Macri. Este es un tema que no gusta en buena parte de los sectores del Frente Amplio, que han cuestionado la política exterior del presidente Tabaré Vázquez.
La sintonía entre los nuevos gobiernos de los vecinos del Plata quedó de manifiesto esta semana, cuando la canciller argentina, Susana Malcorra, y Nin Novoa expusieron en la Unión de Exportadores. Allí coincidieron en flexibilizar la rígida estructura del Mercosur para habilitar acuerdos comerciales con otros bloques o países.
Y ayer este punto fue el centro del discurso de Macri en un evento empresarial en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico, el bloque regional que integran Colombia, Chile, México y Perú, y que desde su fundación hace cinco años ha demostrado mejor armonía que el Mercosur. Macri aseguró en Chile que el Mercosur debe «finalizarse y salir del congelamiento» para converger en un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico.
Según el diario argentino La Nación, el que se mostró más entusiasmado con avanzar cuanto antes en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico fue Nin Novoa, presente en la cumbre. «Queremos que se avance en negociaciones comerciales del Mercosur con la Alianza del Pacífico inmediatamente para romper de una vez por todas con ese imaginario segundo Tratado de Tordesillas que nos separaba hasta ahora», dijo Nin Novoa, en referencia al acuerdo de 1494 entre los reinos de Castilla y Aragón y de Portugal sobre esta parte América.
Nin Novoa adelantó que el presidente Vázquez ya le pidió a Paraguay que se constituya en el país «coordinador» de las eventuales negociaciones con la Alianza del Pacífico. No obstante, fuentes de la cancillería argentina relativizaron el ánimo optimista de Uruguay y aclararon que «nada se podrá hacer desde el Mercosur sin un acuerdo previo con Brasil», dijo La Nación.
Pero Brasil no está en condiciones de acelerar el proceso, al menos mientras se mantenga el gobierno interino de Michel Temer y no se defina qué pasará con la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Su situación se definirá luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se realizarán en agosto. «Sería de mal gusto avanzar con la Alianza del Pacífico ante un Brasil en crisis», dijo un funcionario argentino.
Uruguay ingresó como observador a la Alianza del Pacífico en 2013. Este bloque nunca fue bien visto por los sectores del Frente Amplio afines al régimen chavista en Venezuela, en particular porque sus cuatro fundadores tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), la presión de esos sectores del Frente Amplio frenó un TLC con Estados Unidos. Entonces, el Partido Comunista, el MPP y el Partido Socialista encabezaron la ofensiva en contra del acuerdo con Estados Unidos.
El «relanzado» Mercosur del siglo XXI debe potenciar su acercamiento a la Alianza del Pacífico, enfatizó ayer Macri, en su primer encuentro oficial con los socios de este bloque comercial, al que Argentina se ha incorporado recientemente como observador. «Hay que dinamizar el Mercosur, que viene congelado desde hace mucho tiempo. Tenemos una visión de convergencia con la Alianza del Pacífico, es el mejor camino para todos», señaló Macri al intervenir en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, que se celebra en la ciudad de Frutillar, sur de Chile.
Macri recalcó que una de las prioridades de su gobierno es trabajar para una integración «ordenada», que abarque tanto a los países del Mercosur como a los de la Alianza del Pacífico. «Debemos integrar nuestras infraestructuras, mejorar la logística de la región y pensar en una matriz energética única», propuso Macri. De hecho, en un reciente encuentro con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, coincidieron en la necesidad de integrar una red regional de energías renovables no convencionales junto con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La intervención de Macri ante los ministros de Finanzas, Relaciones Exteriores y Comercio de la Alianza del Pacífico, y representantes del sector privado había generado una gran expectación en los días previos a este encuentro. El principal motivo es que el presidente argentino, a diferencia de sus antecesores Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es partidario de acelerar el acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Macri subrayó que desde que asumió la Presidencia, seis meses atrás, ha trabajado para lograr un «cambio político total» y levantar una economía que, según dijo, llevaba cinco años estancada.
«En Argentina había mucha inflación y severos problemas de infraestructura, y (por eso) tuvimos que arrancar el gobierno con un enorme aumento de tarifas, para sincerar la economía», justificó. Macri abogó por una unión entre los sectores público y privado, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la región y fortalecer la institucionalidad de las naciones. «Creemos en el emprendimiento, en la estructura privada respetuosa de las leyes y en las reglas claras», subrayó.
La Alianza del Pacífico, que en apenas cinco años logró liberalizar el 92% del comercio entre sus miembros, atrae la atención en este momento de una cincuentena de países, por su pragmatismo y flexibilidad para alcanzar acuerdos comerciales. En cambio, el Mercosur ha intentado por años sin éxito concretar alianzas comerciales con otros bloques, como la Unión Europea, debido principalmente a sus restrictivas políticas arancelarias.
El invitado.
Con el telón de fondo del lago Llanquihue y del majestuoso volcán Osorno, Mauricio Macri se convirtió en el invitado estelar de la tercera cumbre de empresarios de la Alianza del Pacífico, que reunió a unos 700 hombres de negocios de la región, a los que el mandatario argentino les dijo: «son muy, pero muy bienvenidos en la Argentina».
Mercosur, vecindario a conservar.
Los países que están más avanzados para incorporarse a la Alianza del Pacífico son Panamá y Costa Rica, mientras que Argentina mira con mucho interés un mayor acercamiento al bloque, pero sin abandonar el Mercosur. «Me parece que los pasos los vamos a ir dando en la medida y velocidad que nos parezca. Nosotros tenemos un vecindario al que pertenecemos y que queremos seguir perteneciendo que es el Mercosur. Así que cualquier movimiento es con el Mercosur», dijo el ministro de Hacienda argentino Alfonso Prat-Gay.
El Camino opuesto al Reino Unido.
La Alianza del Pacífico debe reforzar su integración para superar los vaivenes mundiales, con una agenda que apunte en el camino opuesto a la del Reino Unido de salir de la Unión Europea, dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz. El Reino Unido es miembro observador de la Alianza del Pacífico, lo que ha generado expectativas de que se interese por negociar algún pacto comercial con el grupo. No obstante, la Alianza del Pacífico puso paños fríos a esa posibilidad. «Poco a poco», dijo la canciller peruana Ana María Sánchez.
Paraguay no quiere a Venezuela.
Paraguay confía en que tanto Uruguay como Argentina reconsideren su posición respecto a la transferencia de la presidencia temporal del Mercosur a Venezuela, y reiteró que el país que presida el bloque regional tiene que respetar los derechos humanos, dijo ayer jueves el canciller, Eladio Loizaga. El lunes el canciller Rodolfo Nin Novoa confirmó, junto a su colega argentina Susana Malcorra, que Uruguay le pasará a mediados de julio la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela, pese a la situación en ese país.
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