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AL FIN EL TISA ARRIBA DE LA MESA

1) Negociadora uruguaya en el TISA: “El país no va a comprometer nada hasta que no haya la voluntad política” de hacerlo.-
2) Uruguay no presentó aún oferta de acceso a mercados ni lista de excepciones en negociaciones del TISA.-
3) Los más alejados de Vázquez buscan espacio en el PIT-CNT.-
4) Astori reiteró que no está previsto aumentar mínimo no imponible del IRPF.-
5) Citan a Rossi al Parlamento por Aratirí y megapuerto en Rocha.-
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2017 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 24 de Abril de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Negociadora uruguaya en el TISA: “El país no va a comprometer nada hasta que no haya la voluntad política” de hacerlo.
(La Diaria)

El Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República logró ponerle un rostro a las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). Brígida Scaffo, directora de Organismos Internacionales Económicos de la cancillería y cabeza de la delegación uruguaya en las negociaciones de ese acuerdo, compartió la misma mesa ayer en el Paraninfo de la Universidad con el docente agregado especializado en Economía Institucional Antonio Elías; con Javier Pena, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios; y con el sindicalista Marcelo Abdala.

Scaffo aclaró que asistía en nombre del canciller Rodolfo Nin Novoa y dijo que la transparencia “es muy buena para todos”. Aclaró que el acuerdo, si se llega a firmar, deberá pasar por el Parlamento. Dijo que Uruguay ingresó a las negociaciones del TISA ante el estancamiento de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Mencionó que la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (Ciacex), que actualmente no está funcionando, en 2013 “analizó el tema y entendió que era importante” para el país formar parte de las negociaciones, teniendo en cuenta que el comercio de servicios representa 77% del Producto Interno Bruto de Uruguay y 79% del empleo. “Luego fue analizado a nivel político por los ministros que integraban la Ciacex. Después de aprobados en esos dos ámbitos, pasó al Consejo de Ministros, [el ex presidente José] Mujica pidió un tiempo para analizarlo, y en setiembre de 2013 solicitamos el ingreso”, indicó.

Explicó que recién en diciembre de 2014 se aprobó el ingreso al acuerdo, porque hasta ese momento Estados Unidos se oponía, ya que la solicitud de Uruguay fue casi simultánea a la de China, país que hasta hoy no fue aceptado en la ronda. “[China] solicitó ingresar y no le interesaba a los demás actores, porque el mercado de China es muy grande. Estados Unidos tiene problemas con China. […] Uruguay pidió el ingreso junto con China, por eso Estados Unidos demoró tanto”, explicó.

Scaffo señaló que desde febrero de 2015, cuando se concretó el ingreso de Uruguay al TISA, hasta la semana pasada, cuando se participó en la segunda ronda de negociaciones, la cancillería analizó semanalmente, junto con los ministerios involucrados, las posibles ofertas y sectores sensibles.

Respecto de los textos de las negociaciones, Scaffo dijo que 80% de los contenidos no están consensuados. “Por ahora, las únicas partes de los acuerdos del TISA que están consensuadas son las que reflejan exactamente los acuerdos del GATT [Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por su sigla en inglés]”. Scaffo aseguró que los temas de salud, educación, seguridad y medioambiente no forman parte del acuerdo. Sin embargo, hay países, como Turquía, que han presentado propuestas en el área de la salud.

El gobierno espera presentar su lista de excepciones (que incluirá a los sectores que busca excluir de la negociación) en la próxima ronda del TISA, en julio. La directora afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea hicieron una declaración en marzo, en la que dejaron fuera del acuerdo a todos los sectores monopólicos de su economía. “Todo lo que es monopolio no va a entrar en el TISA, y no se va a impedir al gobierno generar un monopolio si dejó a ese sector fuera [de la liberalización]”, aseguró. “Un acuerdo nunca nos puede atar para futuros cambios, porque los mercados cambian y nos pueden interesar unas u otras cosas. El compromiso del negociador es que el gobierno tenga las manos libres para legislar”, agregó. Informó que al gobierno le interesa “generar oportunidades en áreas nuevas como logística, turismo y tecnología digital”, y enfatizó que “el país no va a comprometer nada hasta que no haya la voluntad política de comprometerse”.

ANTONIO ELÍAS

A su turno, Elías destacó que la sociedad se enteró por la prensa y por páginas en internet de gobiernos extranjeros sobre el ingreso de Uruguay al TISA. Hizo notar que Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil, “aliados” de Uruguay, no están en el acuerdo, y que el país con esta decisión toma “un camino político distinto” a ellos. Puntualizó que si bien los servicios son centrales en la economía uruguaya, sólo 6% de las exportaciones son servicios globales, y 2% (la informática) tiene un interés estratégico para el país. Se preguntó cuál es la necesidad de adoptar compromisos importantes para el país con miras a promover “una mínima parte de nuestras exportaciones”.

Señaló que el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, no es monopólico. “Si vamos a defender los monopolios defendemos casi nada”, advirtió. Remarcó la “contradicción permanente” que existe “entre la desregulación y la autonomía de los gobiernos para fijar sus políticas”. “El TISA no encuadra en los objetivos del programa del partido de gobierno, que niega terminantemente firmar estos acuerdos, y lo fundamenta”, porque “pone en riesgo las empresas públicas” e “impide proteger sectores relevantes”, sostuvo el docente.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015
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2) Uruguay no presentó aún oferta de acceso a mercados ni lista de excepciones en negociaciones del TISA.
Natalia Uval, Cecilia Álvarez (La Diaria)

En la ronda de negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), realizada la semana pasada en Ginebra, Uruguay no presentó su lista de excepciones ni ofertas de acceso a mercados, confirmó a la diaria una fuente de la cancillería. El TISA se negocia mediante un formato por el que cada país debe explicitar los servicios que no desea incluir en la negociación, y todo lo no explicitado es pasible de liberalización. Según informa la página en internet de la Comisión Europea, Uruguay, junto con Paraguay y Pakistán, son los únicos tres países -de las 24 partes que integran el acuerdo- que aún no han presentado sus ofertas, aunque todavía está a tiempo de hacerlo. El canciller Rodolfo Nin Novoa aclaró en más de una oportunidad que Uruguay pretende incluir como excepción a los monopolios estatales.

En la última ronda de negociaciones, la 12ª, se discutió sobre servicios financieros, telecomunicaciones, políticas internas, transporte marítimo y movimiento de personas. La ronda fue presidida por la Unión Europea, y en la página de la Comisión Europea se explicita que el objetivo de ese bloque es “elevar el nivel de ambición de todos los participantes, actuales y futuros, para que el nivel de compromiso que adopten respecto al acceso a mercados y el trato nacional sea similar para todos”. La Unión Europea también pretende “terminar con los límites a la propiedad extranjera en sectores como las telecomunicaciones”. Al mismo tiempo, el bloque señala que no pretende comprometerse en sectores como el de los servicios públicos de salud.

Las negociaciones del TISA se desarrollan en secreto; esto significa que las propuestas de liberalización de los países y los borradores de acuerdo no son públicos. Lo poco que se conoce es por medio de filtraciones. La más grande se produjo en abril de 2014, cuando Wikileaks publicó un documento sobre servicios financieros que resumía las propuestas de las partes en la materia, con acuerdos y desacuerdos. En ese mismo documento se señala que el texto sólo podrá desclasificarse “cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo” o, en caso de que el acuerdo no se concrete, cinco años después del cierre de las negociaciones. “Este documento debe ser guardado en un lugar cerrado y seguro”, es la recomendación que figura en el texto filtrado.

Allí se explicita que las políticas monetarias y cambiarias de los bancos centrales de los países miembro quedan dentro del alcance del acuerdo, y que éste incluye a los servicios bancarios y financieros y al mercado de los seguros. “Las partes deben detallar los ámbitos en los que existen monopolios y deben comprometerse a eliminarlos o a reducir su alcance”, proponen la UE y Estados Unidos. También sugieren que, ante la aparición de un nuevo servicio financiero, los países parte se comprometen a no adoptar “ninguna ley ni a modificar las existentes” para impedir que ese servicio se establezca. Agregan que la autorización para que el nuevo servicio se instale sólo podrá denegarse por “razones justificadas”.

Un punto en el que existe acuerdo entre todas las partes es en el compromiso de no adoptar “medidas que limiten la expansión de las actividades de los proveedores de servicios financieros” extranjeros en su territorio. Además, la Unión Europea propone que todos los países parte deban comunicar por adelantado a “todas las personas (físicas o jurídicas) interesadas” cualquier medida de aplicación general que se propongan adoptar en materia de regulación de los servicios financieros, para dar una oportunidad a dichas personas de opinar sobre la medida. Deberán especificar por escrito el propósito de la regulación y estarán obligados a dar una respuesta a los comentarios que realicen las partes interesadas sobre la regulación.

Un paciente, un consumidor

En el marco de las negociaciones de setiembre del año pasado, Turquía presentó una propuesta para fomentar el comercio de los servicios de salud entre los países que integren el TISA. El documento tomó estado público el 4 de febrero de este año, cuando el sitio de medios españoles filtrala.org, de la red Associated Whistleblowing Press, lo difundió. Según aclararon luego voceros de la Comisión Europea, las medidas que se incluyeron en la propuesta de Turquía no han recogido “apoyo de las partes en la negociación”, y enfatizaron que la Unión Europea “nunca ha negociado sobre servicios públicos en el ámbito sanitario, ni sobre la portabilidad de los seguros médicos en cualquiera de sus acuerdos de libre comercio, y no tiene intención de cambiar esto en el futuro”, publicó eldiario.es.

El documento presentado señala que “hasta el momento el sector de los servicios de salud solamente ha desempeñado un papel muy secundario en el comercio internacional de servicios”, y que esto se debe “a que los servicios de atención a la salud son financiados y proporcionados por el Estado o por organizaciones de bienestar social y no tienen prácticamente ningún interés para los competidores extranjeros debido a la ausencia de un objetivo de orientación hacia el mercado para la actividad”. De ahí concluye: “Existe un enorme potencial sin explotar para la globalización de los servicios de asistencia médica”.

La propuesta consiste en facilitar la movilidad de los pacientes (a quienes por momentos nombra como consumidores). Para eso, los profesionales de la salud permitirían, con previa autorización, que sus pacientes fueran tratados en otros países integrantes del TISA, con motivos que pueden ir desde “el largo tiempo de espera en el país de origen, los conocimientos insuficientes sobre un problema médico específico”, hasta “la preferencia personal del paciente”. Luego de recibir tratamiento en el extranjero, los pacientes tendrían derecho a ser reembolsados por el costo de ese tratamiento en su país de origen. El documento concluye: “Reconocemos que la salud no es una mercancía o servicio típico, sino un bien público. Los objetivos comerciales en el sector de la salud deberían ser compatibles con otros objetivos sociales legítimos tales como el acceso universal”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015
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3) Los más alejados de Vázquez buscan espacio en el PIT-CNT
(El Observador)

La central obrera le da visibilidad a planteos que naufragan a la interna del Frente Amplio

Pese a que la cúpula del PIT-CNT se identifica con la izquierda, la correlación de fuerzas interna del movimiento sindical es distinta a la existente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El sector que tiene más peso en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y en toda la estructura sindical, el Partido Comunista de Uruguay (PCU), es una de las agrupaciones que tiene menos representantes en el gabinete y en la bancada parlamentaria oficialista.Mientras tres de los 13 integrantes de la cúpula sindical son comunistas y uno de ellos es coordinador (Marcelo Abdala), el sector tiene una ministra (Marina Arismendi, muy cercana a Vázquez), uno de los 16 senadores frenteamplistas (aunque no es comunista sino un aliado) y uno de los 50 diputados.

También está alineado a esa corriente otro integrante del Secretariado Ejecutivo, Edgardo Oyenart (PVP), encargado de un tema clave para la central como los derechos humanos.Sin embargo, las movidas comunistas a nivel sindical deberán contemplar que el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, también es uno de los suyos. En ese sentido, deberán administrar los reclamos sin perjudicar la gestión de su camarada.Una corriente distinta está compuesta por los denominados moderados. Ese grupo es liderado por otro de los coordinadores de la central, Fernando Pereira, y por los representantes en el secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de los trabajadores del transporte, José Fazio, y de los bancarios, Fernando Gambera.

El referente del sindicato del comercio y servicios, Ismael Fuentes, es próximo a esta corriente.En el escenario actual del movimiento obrero toman relevancia otros actores, como el sindicato de estatales (COFE) y el líder del sindicato de la bebida, Richard Read, quien busca perfilarse para el congreso de la central obrera como líder de una corriente alternativa a la de comunistas y moderados. Los dirigentes de COFE (30 mil afiliados) con José Lorenzo López a la cabeza, considerados radicales por fuera del FA, en más de una ocasión pusieron en aprietos al gobierno y prometen dar otra vez la batalla en el Presupuesto.

Un actor político clave para la gestión del gobierno

El PIT-CNT representa en la práctica un brazo político donde los dirigentes y militantes oficialistas que durante el último Congreso del Frente Amplio impulsaron el denominado giro a la izquierda en materia de política económica pueden llevar adelante distintos planteos ante el Poder Ejecutivo liderado por Tabaré Vázquez, quien se identifica con una línea de conducción moderada y pone como su principal aliado al ministro de Economía, Danilo Astori. También es una oportunidad para aquellos dirigentes radicales que, como José Lorenzo López, del sindicato de los estatales (COFE), están por fuera de la orgánica del gobierno y solo responden a los intereses de su sindicato.

De hecho COFE embretó en reiteradas ocasiones al gobierno del Frente Amplio. Sin ir más lejos, uno de los conflictos pendientes es el de los funcionarios judiciales, quienes reclaman un 26% de aumento adeudado desde 2011.El gobierno se juega una parada clave con el movimiento sindical. Aunque la estructura del Ministerio de Trabajo liderado por los exsindicalistas Ernesto Murro, Juan Castillo y Gerardo Rey coincide con la cúpula del PIT-CNT de los años 90, en los hechos la realidad del movimiento sindical cambió. En ese entonces la organización tenía 130 mil afiliados y hoy son más de 400 mil.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015
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4) Astori reiteró que no está previsto aumentar mínimo no imponible del IRPF
Valeria Gil (El País)

El Pit-Cnt quiere excluir a los «salarios gerenciales» del beneficio de liquidar por separado el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del vacacional y del aguinaldo. La propuesta para modificar la iniciativa del gobierno será entregada por escrito a la bancada oficialista. La central parte de la base que la iniciativa del gobierno tiene «escaso impacto» en la redistribución del ingreso y por eso pidió una semana para elaborar la alternativa.

El nuevo proyecto buscará formas «más sustantivas» de desvincular el salario del vacacional y el aguinaldo, dijo a El País el coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. «Ahí tal vez vayamos a hacer alguna propuesta para que determinados salarios, que podríamos considerar de las gerencias, aporten igual, porque para ellos no es tan significativo un descuento del IRPF en el aguinaldo y en el salario vacacional», explicó. De aplicarse está medida «todos los salarios de la población trabajadora podrán mejorarse», acotó el sindicalista. El economista Pablo Da Rocha, integrante del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, dijo a El País que tal como está planteado el proyecto del Ejecutivo «tiene un escaso impacto redistributivo, porque no conlleva a una mejora sustantiva en términos redistributivos».

«Hay consideraciones en el seno del Secretariado del Pit-Cnt de que no debería aplicarse la no acumulación del aguinaldo y el salario vacacional para determinados sectores más altos», aseguró. En los hechos, esto implicaría una exclusión del beneficio de las personas que tributan el IRPF en las franjas superiores. El economista puso como ejemplo a los que ganan un salario mensual superior a los $ 350.000. «Para ellos este beneficio podría significarles una mejora en términos relativos de $ 30.000», explicó. Pese a ello, aclaró que si bien podría haber una modificación referida a este aspecto, se tratan de «cuestiones políticas» y no una decisión del Instituto Cuesta Duarte, que no presentó ningún proyecto alternativo.

Por otra parte, el economista indicó que sería «deseable» que existiera una contemplación con el que está al principio o al final de una franja. «Lo que hicimos en el Cuesta Duarte fue identificar los temas que pueden ameritar una discusión», precisó. Según el gobierno, alrededor de 65.000 asalariados dejarán de ser contribuyentes del IRPF y 133.000 pagarán menos si se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo para liquidar por separado el vacacional y aguinaldo del salario.

La medida cuenta con el aval de frenteamplistas y nacionalistas, pero genera dudas en el Partido Colorado. El senador Pedro Bordaberry sostiene que los que cobran entre $ 35.000 y $ 40.000 y los que ganen entre $ 50.000 y $ 100.000 no se beneficiarán de una rebaja del IRPF. Como propuesta alternativa para mejorar la equidad del proyecto, Bordaberry planteó el incremento del mínimo no imponible del IRPF, cuya primera franja se ubica hoy en $ 21.363.

El Pit-Cnt también es partidario de aumentar el mínimo no imponible, aunque no quiere abrir esa discusión en este momento. «El aumento del mínimo va por otro carril. Nosotros hace tiempo que hablamos que la estructura tributaria tiene que mejorar, en un sentido de equidad e igualdad, y en ese sentido hemos planteado que los sectores que tienen más paguen más y ahí puede haber un planteo de cambiar los montos no imponibles de las distintas franjas; pero este tema es para otra discusión porque en este caso no influye», señaló Abdala.

En el programa de la coalición de izquierda se hace referencia a la necesidad de «promocionar la equidad horizontal del IRPF». Ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, descartó un aumento del mínimo no imponible del IRPF.

«No lo tenemos previsto. El cambio en el impuesto a la renta personal que habíamos anunciado en la campaña electoral, como parte del programa del Frente, ya se expresó en un proyecto de ley que enviamos al Parlamento. Esa es nuestra posición. Nosotros creemos que es lo mejor», aseguró Astori.

«Injusticias».
En la sesión de ayer de la Comisión de Hacienda del Senado, una delegación del Pit-Cnt encabezada por los sindicalistas Heber Figuerola, Luis Vespa y Alejandro Acosta cuestionó el proyecto del gobierno y reclamó «una mayor justicia tributaria relacionada específicamente con el IRPF».

«Si bien hemos reiterado y expuesto públicamente que estamos a favor de la redistribución de la riqueza y creemos que se ha dado un proceso de incremento de los salarios a partir de la reconstitución del Consejo de Salarios y demás, creemos que el IRPF, tal como está diseñado, presenta algunas injusticias», dijo Acosta, según consta en la versión taquigráfica de la comisión a la que accedió El País.

En los mismos términos, el sindicalista se refirió a la promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez y dijo que luego de escucharlo «se esperaba otro tipo de proyecto de ley o de instrumento jurídico (…) Entendemos que, como producto de estos anuncios, se ha generado una expectativa que debe ser contemplada».

En nombre del Pit-Cnt, Acosta planteó su preocupación por los salarios de entre $ 30.000 y $ 40.000, como hizo Bordaberry. «Hay miles de trabajadores con ingresos superiores a los $ 30.000 —que no es ser rico ni tener la vida solucionada, y que en el caso de los $ 40.000 más todavía—, que por el sistema de franjas de ese proyecto el beneficio es muy poco o no es», aseguró.

Desde la central se entiende que «debería hacerse un esfuerzo mayor por parte del capital para contribuir a las arcas del Estado», planteó Acosta. Además aseguró que el contenido del proyecto y la celeridad con que se lo quiso votar por parte del Frente Amplio tomó por «sorpresa» a la central.

Fondes y la cláusula «gatillo».

Los diputados frenteamplistas que hacen parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja se reunieron ayer con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, para estudiar las modificaciones al proyecto de institucionalización del Fondes.

Los legisladores oficialistas pidieron incorporar en la iniciativa una «cláusula gatillo» para que en determinadas circunstancias los proyectos de autogestión puedan recibir más del tope del 3% del total del dinero del fondo destinado a préstamos, contaron a El País participantes de la reunión.

A su vez, se solicitó que se incluya la utilización de hasta un 20% de las utilidades del Banco República para la creación del fondo destinado al apoyo de las cooperativas y empresas autogestionadas por los trabajadores, algo que no está previsto.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015
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5) Citan a Rossi al Parlamento por Aratirí y megapuerto en Rocha
J. P Correa y V. Gil (El País)

Los trabajadores de Aratirí tienen menos esperanzas en la viabilidad del proyecto de megaminería de la empresa y están comenzando a evaluar con el gobierno la posibilidad de encarar algún proyecto extractivo de menor porte, ya sea con ayuda estatal o bajo la modalidad de autogestión. Mientras tanto, la admisión del presidente Tabaré Vázquez de que el proyecto está congelado y sin perspectivas de reactivarse generó críticas mordaces de la oposición.

Francisco da Silva, dirigente del sindicato de Aratirí, dijo a El País que en junio vence el seguro de paro que están cobrando 90 trabajadores de la firma y que «no queremos más seguro de paro, queremos alguna alternativa». La posición del sindicato metalúrgico (Untmra), al que pertenecen los empleados de Aratirí, es que la explotación debe ser estatal, aseguró Manuel López, responsable del Interior en el gremio. La situación, dijo, es de «incertidumbre» por lo que el sindicato espera reunirse con la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para intentar clarificar el panorama.

Coletazos políticos.

Luego de que el presidente Vázquez dijera el lunes en Melo que el proyecto de Aratirí «está detenido» porque «no tengo ninguna información de su reactivación», y que asegurara que esto hace que el puerto de «aguas profundas» de Rocha ya no sea redituable, las reacciones no se hicieron esperar. Raúl Viñas, del movimiento «Uruguay Libre», que quiere prohibir la minería a cielo abierto, dijo a El País que «esto demuestra que el puerto era para Aratirí».

«Esto nos hace tomar más fuerza para seguir juntando firmas para el referéndum (para prohibir la minería a cielo abierto) y para que nunca más venga una empresa de estas», señaló Viñas.

«Uruguay libre» asegura que cuenta ya con más de 80.000 firmas recogidas. De todas formas, el expresidente José Mujica insistió ayer en que el puerto es viable. «Es posible que se difiera en el tiempo, pero esto va a continuar. El puerto tiene dos escolleras fundamentales, el proyecto de Aratirí financiaba una, que era la mitad del puerto, pero el puerto nunca fue concebido para el Uruguay solo», dijo a El País el expresidente y actual senador.

Por su parte, el vicepresidente Raúl Sendic dijo a El País que el de Aratirí «es un proyecto que requiere un enorme financiamiento, estamos hablando de varios miles de millones de dólares. «Tengo la impresión que esa es la dificultad. El proyecto está detenido, pero no descartado», agregó.

Ayer, en Cerro Chato, la localidad más cercana junto con Valentines a la zona donde Aratirí planeaba extraer hierro, se preguntaban qué ocurrirá ahora. El productor Gustavo Sclavo, en cuyo establecimiento se explotaría una de las cinco minas que conforman el proyecto Aratirí, dijo a El País que la empresa no ha pagado sus obligaciones contractuales con los productores propietarios de predios donde hay hierro. «No han pagado, no hay ningún tipo de contacto y no hay con quien hablar», aseguró el productor.

En el ámbito político, el senador blanco Luis Lacalle Pou fue durísimo con la forma en que el gobierno manejó todo lo vinculado al puerto de aguas profundas y Aratirí. Lacalle Pou convocará al Parlamento al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, para que explique la actitud del gobierno de Vázquez de poner en el congelador el puerto de aguas profundas a raíz de la ausencia de noticias sobre la actividad de la empresa Zamin Ferrous (impulsora del proyecto Aratirí).

Lacalle Pou recordó que hace tres años había advertido sobre la «dificultad» de ambos emprendimientos y que no le inspiraba confianza la empresa Zamin Ferrous y el constante cambio del lugar elegido para la construcción del puerto (su ubicación fue modificada cuatro veces durante la anterior administración).

«Se ha actuado con negligencia, con falta de visión a futuro. Estas acciones del gobierno generan el freno de las inversiones turísticas, incertidumbre en la costa atlántica. Acá hay responsabilidades y queremos saber qué ha pasado con la expropiación de entre 2.500 y 4.000 hectáreas en la costa para la instalación del puerto, con una erogación de US$ 90 millones. Queremos saber si se expropió, yo creo que sí, y por cuánto dinero», dijo el líder nacionalista.

El Frente Amplio «ha tenido un seguimiento de este tema desde el primer gobierno de Vázquez. Y ahí hay responsabilidades políticas», agregó. «Esto queda en un gran signo de interrogación, hay incertidumbre, desconfianza. Hay imprudencia o negligencia de este gobierno», sostuvo. «De las cuatro rutas que llevarían mercadería, tres son intransitables, la batimetría no está, se hizo a ojo, el lugar cambió cuatro veces, y el Estado ya hizo erogaciones. Pero lo más importante es que un puerto de aguas profundas necesita entre 58 y 62 millones de toneladas por año para ser viable, para que haya inversores interesados en su construcción. Y hoy no se puede asegurar nada», denunció.

La postura asumida este domingo por Vázquez sorprendió a los representantes de los otros partidos de la oposición. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, lo consideró «una noticia negativa». Y el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió en Twitter: «tanto tiempo perdido con Aratirí, si el FA escuchara algunas de las advertencias que se le hacen…».

El proyecto original de Aratirí era exportar 18 millones de toneladas anuales pero sobre el final del gobierno de José Mujica reformuló su iniciativa y planteó exportar entre 1,5 millones y 2 millones anuales, ya no por las costas de Rocha sino por Montevideo. Pero luego no surgieron novedades.

La evolución del precio internacional del hierro (que se utiliza para fabricar acero) no ayuda. Está por debajo de los US$ 50 la tonelada y Aratirí calculaba que necesitaba un precio de alrededor de US$ 90 para que sus proyectos fueran rentables. La principal razón de esta situación es la desaceleración del crecimiento chino. China explica el 70% de la demanda de hierro a nivel mundial.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015
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