COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2014 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes
27 de Marzo de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación:
Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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HOY:
1) Radios uruguayas para uruguayos
2) Intendencia de Montevideo aplazó etiquetado de transgénicos a pedido
de multinacionales
3) Vázquez recibió a representantes políticos y sociales para abordar
temática del alcohol
4) Ministerios de Defensa de España y Uruguay firman acuerdo
5) FA sin “información oficial” sobre integración de Uruguay al TISA,
que podría eliminar los monopolios de las empresas públicas.
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si
asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para
cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir
para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Radios uruguayas para uruguayos
Gustavo Gómez (La Diaria)
¿Redundante el título? ¿Obvio? Tal vez. Pero expresa un reclamo de los
colonienses y, desde esta semana, de ciudadanos que han denunciado ante la
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), la situación
ilegal de Radio Colonia y FM Mágica de Colonia del Sacramento.
En la denuncia presentada por Daniel Lema (Asociación de la Prensa
Uruguaya) y José Imaz (Centro de Archivos y Acceso a la Información
Pública, Cainfo) se detalla un conjunto de irregularidades de larguísima
data que se han agudizado en estas últimas semanas por las decisiones de
una persona que maneja las emisoras sin que medie autorización previa del
Poder Ejecutivo. Es decir, alguien no autorizado está usufructuando unas
frecuencias que son patrimonio de todos los uruguayos, sin que medie una
concesión del Estado. La Ursec ya estaba investigando el caso de oficio.
El Eco de Carmelo y La Nación de Argentina dieron la noticia. Daniel
Hadad, empresario argentino que había vendido un conjunto de importantes
medios de comunicación en Argentina hace unos años, habría decidido
volver al mercado radial de su país. Y lo intenta con la compra de dos
emisoras ubicadas en territorio de Uruguay que, por su ubicación y
potencia, le permiten llegar sin inconvenientes a los hogares de Buenos
Aires.
La denuncia no es contra el señor Hadad. Tal vez sea una excelente persona
y tenga las mejores intenciones del mundo. Por supuesto, tendría que
demostrar que es ciudadano uruguayo y que reside permanentemente en
Uruguay, como requiere nuestra legislación a cualquier persona que quiera
tener una radio. Pero eso es otra historia.
La programación está dirigida desde hace años al público argentino, y
quienes figuran ante la Ursec como los titulares tampoco son los dueños
reales. Argentinos, ellos. Pero Hadad llegó como elefante en un bazar,
cortando contratos con programas y periodistas locales y reconociendo
públicamente que es el nuevo dueño. Incluso fundamentando por qué hizo
esos cambios en la programación. A confesión de parte, relevo de pruebas.
La constatada ilegalidad de los actuales titulares es muy obvia y grave, y
aun más grave porque es antigua y reiterada. Dice nuestra legislación:
“La comprobación de la realización de cualquier acto que permita que
directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la
administración del servicio de comunicación audiovisual estén a cargo de
persona no autorizada habilitará la revocación de la autorización o
licencia otorgada para prestar el servicio”. Es el artículo 109 de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Más claro, échele
agua.
Este caso tiene que hacernos ver que, desde la aprobación de esa ley (si
es que no debería haber estado claro desde antes), quienes tienen el
privilegio de acceder a una autorización para utilizar una frecuencia no
la pueden ceder, alquilar, vender o transferir de cualquier manera. Como si
fuera de su propiedad, tal como un auto o un mueble. Son dueños de las
instalaciones de la radio, pero no de la frecuencia, pues ésta nos
pertenece a nosotros, los uruguayos, y el Estado la administra en nuestro
nombre.
La autorización para que una persona o empresa la utilice es previa a
cualquier uso. Se trata de la concesión de un bien público, otorgada para
que se utilice en determinadas condiciones técnicas, por determinadas
personas y por un plazo determinado. También, volviendo a las obviedades
del principio, para que sea utilizada en servicio de la población
uruguaya.
Radio Colonia es una emisora uruguaya que de uruguaya tiene poco. Los
protagonistas, la publicidad, las entrevistas y los hechos de los que habla
son argentinos y suceden en Argentina. Pruebe en las mañanas. Esta misma
mañana. Sintonice los 550 MHz de AM. Hay varios servicios online donde
también se puede escuchar. Por ejemplo, en
http://www.comcosur.org/envios/lt.php?id=YkxUVAQZCAtSTAdRCAQ o
http://www.comcosur.org/envios/lt.php?id=YkxUVAUZCAtSTAdRCAQ
Es una excelente oportunidad para que se tome una clara y ejemplarizante
decisión. Nada más ni nada menos que en defensa del marco legal vigente y
de la soberanía de nuestro país sobre un espectro radioeléctrico que es
un patrimonio que nos corresponde proteger.
De paso, el departamento de Colonia podrá recuperar una importante
emisora. Luego de concursos transparentes y públicos que la LSCA también
exige, se debería otorgar a empresarios uruguayos que honren, como tantos
otros, la autorización recibida. Y volver así al origen de todo esto: que
los colonienses tengan acceso a radios que pasen música e información
local, donde sean ellos mismos los protagonistas y se reconozcan en las
noticias de las que la radio habla.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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2) Intendencia de Montevideo aplazó etiquetado de transgénicos a pedido
de multinacionales
(Portal 180)
La Intendencia de Montevideo flexibilizó los plazos para la
implementación de etiquetado transgénico a pedido de varias empresas de
alimentos, entre ellas las internacionales Nestlé y Pepsico.
Según dijo a No toquen nada el director de Salud de la Intendencia de
Montevideo, Pablo Anzalone, Nestlé y Pepsico presentaron notas pidiendo
estos nuevos plazos para implementar el etiquetado. Desde el 1º de enero
los alimentos que contienen más de 1% de ingredientes transgénicos deben
lucir una etiqueta de una “T” sobre un triángulo amarillo para
informar al consumidor del contenido transgénico del alimento. Muchas
empresas argumentaron problemas para la implementación por falta de
capacidad para hacer análisis y dificultades operativas.
“Les respondimos lo mismo a todos: esta norma no es específica para los
alimentos que se elaboran en Uruguay sino para todos los alimentos que se
comercializan en Montevideo. La respuesta fue: cuando los argumentos sean
razonables se van a conceder los tiempos que se solicitan; si no lo son
tendrán que adecuarse al cumplimiento de lo que exige el decreto”, dijo
Anzalone.
Luego de escuchar a las empresas, Anzalone explicó que la Intendencia
resolvió flexibilizar la implementación para aquellas empresas que tengan
razones justificables. El director de salud de la Intendencia dijo que más
allá de las dificultades operativas algunas empresas se oponen
conceptualmente.
“Hay algunas empresas que nos han presentado por nota su discrepancia
conceptual con el rotulado, con afirmaciones que no están dentro del texto
del decreto”, explicó Anzalone. Estas empresas dicen que “la
Intendencia está señalando a los productos transgénicos como peligrosos,
tóxicos, riesgosos y ninguno de esos términos aparece en el decreto, pero
hay algunas empresas que lo fundamental por ese lado”, agregó.
Con Uruguay son 65 países los que obligan a informar a los consumidores
sobre el contenido transgénico de los alimentos. El etiquetado es
obligatorio en todos los países europeos, varios asiáticos y Oceanía. En
América latina obligan a etiquetar Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, y
ahora Uruguay. Los cultivos transgénicos se permiten en 28 países. En
Uruguay están autorizados 11 eventos de maíz y siete de soja.
Claudio Martínez, investigador del Laboratorio de Trazabilidad Molecular
Alimentaria de la Facultad de Ciencias, dijo que no se conoce en el país
la cantidad de alimentos que son fabricados a partir de transgénicos.
“Todo aquel alimento que ha sido elaborado a partir de soja y/o maíz va
a ser analizado y la enorme mayoría del maíz uruguayo es transgénico y
casi totalidad de la soja es transgénica, entonces vamos a poner especial
énfasis en aquellos productos elaborados a partir de soja y maíz”,
señaló.
“En la medida que esta línea de trabajo siga creciendo hay una línea de
investigación interesante que es ver si hay algunos otros alimentos que
serían ilegales directamente, que no sean maíz y soja, que se estén
comercializando en Uruguay y sean transgénicos”, dijo Martínez.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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3) Vázquez recibió a representantes políticos y sociales para abordar
temática del alcohol
(Montevideo Portal)
Tabaré Vázquez recibió a dirigentes políticos y de organizaciones
sociales para abordar la temática del alcohol. Tras el encuentro, todos
los actores valoraron la voluntad del Gobierno de trabajar en un proyecto
de ley “de consenso” para luchar contra el consumo problemático de
bebidas alcohólicas.
Este miércoles, el presidente Tabaré Vázquez recibió a representantes
de todos los partidos políticos y actores sociales y gremiales para
comenzar a abordar el proyecto de ley sobre el alcohol.
Al encuentro asistieron Germán Cardoso (Partido Colorado), Álvaro
Dastugue (Partido Nacional), Daniel Radío (Partido Independiente), Julio
González (Unidad Popular), Mario Menéndez (Cambadu), Richard Read
(Federación de Obreros y Empleados de la Bebida [FOEB]), y Luis Denis
(Liga Nacional contra el Alcoholismo). Además de Vázquez, estuvieron
presentes el prosecretario de la Presidencia, Andrés Roballo, el ministro
de Salud Pública, Jorge Basso, y el secretario general de la Junta
Nacional de Drogas, Milton Romani.
Luego del encuentro, los participantes destacaron la voluntad del Gobierno
de lograr un proyecto de ley «de consenso» para regular el mercado del
alcohol, y agendaron una nueva instancia de diálogo para el 29 de abril.
«Fue una muy favorable reunión donde el Gobierno ha planteado su clara
voluntad de trabajar en un proyecto de ley consensuado que involucre a
todas las partes, tanto al sistema político como a los técnicos, a las
partes afectadas al tema desde el área de comercio hasta la sociedad
civil», dijo Cardoso, que explicó que, ahora, habrá una etapa de
consultas con técnicos y especialistas.
Daniel Radío subrayó la «cabeza abierta» del Gobierno para encarar la
problemática, y aclaró que no implica un «combate fundamentalista» al
consumo. En ese sentido, señaló que la prioridad es abordar la franja que
presenta un consumo problemático.
A su turno, Julio González detalló que la preocupación de Unidad Popular
es que, pese a que rige la prohibición de vender alcohol a menores, la
media de inicio de consumo se ubica entre los 12 y 13 años. «Eso nos
preocupa y vamos a agregar insumos al subgrupo de trabajo, y el 29 de abril
estaremos presentes y colaboraremos como lo harán todos los partidos
políticos y las organizaciones sociales a través de crear una ley
consensuada que realmente se aplique».
Richard Read, por su parte, dijo que desde el sindicato hay
«identificación» con la iniciativa, y apuntó que, pese a que desde la
FOEB se trabaja desde hace tiempo con trabajadores con problemas de
alcohol, es «un tema de la sociedad en su conjunto».
«Hay un 8 % de la población que tiene un consumo problemático, pero hay
un efecto de opinión pública y de sensación térmica que es real, que
son los accidentes en el área del trabajo y en el tránsito. De muy buen
grado vimos que Presidencia tomara este tema. Con los diagnósticos todos
coincidimos, hacen faltan propuestas sobre qué hacer porque esto es un
flagelo que hay que ponerle un alto», opinó Read. Por su parte, Menéndez
destacó la «disposición» de la gremial para reunirse, «para sacar una
cosa en serio y cumplirlo después».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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4) Ministerios de Defensa de España y Uruguay firman acuerdo
(Caras y Caretas)
Los ministerios de Defensa de España y de Uruguay firmaron un acuerdo para
la formación conjunta de oficiales de las Fuerzas Armadas, el control del
ciberespacio y la colaboración en temas de Inteligencia. La actividad
oficial se realizó en Montevideo entre el ministro uruguayo Eleuterio
Fernández Huidobro y su par español, Pedro Morenés Eulate.
Luego de la firma del acuerdo sobre formación conjunta de oficiales,
control de ciberespacio y colaboración en Inteligencia, los ministros
Fernández Huidobro y Morenés Eulate brindaron una conferencia de prensa.
Morenés Eulate explicó que el pacto permite la continuación de la
formación de oficiales y militares uruguayos que se lleva a cabo desde el
año 1988 y dijo que Uruguay “tiene una enorme capacidad de mediación en
los conflictos, un conocimiento profundo de solucionar los problemas por
medio del diálogo y la comprensión. Creo que esa es una lección que el
mundo debe agradecer a este país”. También aclaró que si bien ya se
han formado 117 oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que se busca es
“establecer jurídicamente esa relación”.
España tiene acuerdos similares con otros países de sudamérica. “La
idea fundamental es que no nos sentimos ajenos a la comunidad
latinoamericana. Somos parte desde el punto de vista histórico y presente.
Compartimos muchas cosas”, afirmó.
Por su parte, Fernández Huidobro expresó: “Estamos en el comienzo de
las reformas de las FFAA, a partir de la ley marco de defensa que se
aprobara en enero de 2010 y que determinó la creación del Estado Mayor de
la Defensa y la doctrina del empleo conjunto de las FFAA”. Recordó que
“España realizó esa reforma a fines de la década de los 90”, y
agregó que esa experiencia “nos puede servir para conocer los
inconvenientes y los caminos mejores para avanzar en esa
transformación”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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5) FA sin “información oficial” sobre integración de Uruguay al TISA,
que podría eliminar los monopolios de las empresas públicas.
Natalia Uval (La Diaria)
“Esto viene complicado. Por el bien del país, hay que tratar de
pararlo”. La frase, pronunciada por un parlamentario del Frente Amplio,
sintetiza la sensación que tienen en estos momentos varios legisladores de
la coalición de izquierda respecto del Tratado de Comercio de Servicios
(TISA, por su sigla en inglés).
El nombre del tratado no le suena a nadie, y ésa es la primera
complicación para abrir el tema a la discusión pública. La segunda es
que las negociaciones transcurren en absoluto secreto. La primera ronda de
conversaciones del TISA se produjo en marzo de 2013, convocada por Estados
Unidos y la Unión Europea en el marco del grupo “Verdaderos amigos de
los servicios”, con un fuerte impulso de la Coalición de Industrias de
Servicios de Estados Unidos. La negociación se realiza al margen de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) e incorpora sectores como servicios
profesionales, transporte aéreo y marítimo, comercio electrónico,
telecomunicaciones, servicios financieros, servicios postales, compras
públicas, medioambiente, energía y salud. En junio del año pasado,
WikiLeaks difundió algunos contenidos de las discusiones de un acuerdo que
procura liberalizar el comercio de servicios para las partes que lo
suscriban; hasta el momento 24 participan de las negociaciones, entre ellos
Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, la Unión
Europea y Uruguay. Nuestro país pidió ingreso al acuerdo en setiembre de
2013, y participó por primera vez en la ronda de negociaciones en febrero
de este año. Hasta el momento se han realizado diez rondas en Ginebra y se
planificaron cuatro para 2015.
Según supo la diaria en base a fuentes del gobierno anterior, en las
próximas negociaciones, que se realizarán entre el 11 y el 15 de abril,
Uruguay deberá presentar sus ofertas, que tendrán que incluir compromisos
específicos de acceso a mercados en los distintos sectores e incorporar la
lista de excepciones de los sectores que el país busca preservar. Según
un documento elaborado por un ex jerarca del gobierno de José Mujica, en
el TISA se liberaliza el comercio en tres sectores sensibles para Uruguay:
telecomunicaciones, compras públicas y servicios públicos. Respecto del
primer sector, un borrador en discusión elaborado por Chile, Colombia y
Japón establece que cada país “deberá esforzarse por permitir la
participación total de extranjeros en los servicios electrónicos y de
telecomunicaciones”. Otro presentado por Estados Unidos y Noruega dispone
que ningún país “deberá imponer requerimientos a los joint ventures o
limitar la participación del capital extranjero”, por ejemplo
estableciendo límites respecto del porcentaje máximo de participación
del capital extranjero en empresas que brinden servicios de
telecomunicaciones.
En cuanto a las compras públicas, según el documento mencionado, el TISA
propone el “acceso no discriminatorio”, y en servicios públicos, se
incorporan cláusulas que “instalan dinámicas de mayor apertura al
mercado, no más estatización”. Se establece por ejemplo que, una vez
que un mercado se ha liberalizado, no se puede volver a nacionalizar.
“TISA se dirige a compromisos más ambiciosos que los generalmente
vigentes en formato TLC”, concluye el documento.
Esperando información
El PIT-CNT fue el primero en plantear públicamente su preocupación sobre
el tema. Hoy pondrá sobre la mesa el asunto en la reunión que mantendrá
con el presidente Tabaré Vázquez, y una semana atrás solicitó una
reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa, y rechazó mediante un
comunicado las negociaciones en el marco del TISA. Un mes y medio antes, el
6 de febrero, junto a la organización Redes Amigos de la Tierra, la
central obrera había enviado una carta al entonces canciller Luis Almagro
expresándole su preocupación. Allí sostenían que el acuerdo “afecta
en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales
diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y
fortalecer a nuestras empresas estatales de servicios (ya que se le
tendría que dar el mismo trato a las empresas transnacionales que podrían
operar en el país)”. Además, en el TISA se asumen compromisos de
liberalización en todos los sectores de servicios existentes y por
crearse, y se impide crear nuevas regulaciones, por ejemplo en materia
financiera.
“Comparto totalmente la preocupación del PIT-CNT. Es la peor versión
del TLC (Tratado de Libre Comercio) que Estados Unidos quería firmar en
materia de servicios”, evaluó el diputado socialista Roberto Chiazzaro,
en diálogo con la diaria. Exigió “transparentar la información” para
saber “qué se está negociando”, y sostuvo que harán un pedido de
informes a las actuales autoridades. “Abrir el país a una negociación
sobre servicios sin tomar las precauciones del caso puede ser muy
perjudicial para la economía del país. Nos preocupa también en la medida
en que pueda afectar nuestro relacionamiento con el Mercosur”, indicó
Chiazzaro.
El diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular)
advirtió que la bancada no tiene “información oficial de los avances en
el tratamiento del tratado”, y que su sector está esperando que Almagro
vuelva a Uruguay para reunirse con él por este tema. “Vamos a observar
con mucho detenimiento los pasos a seguir. Es un tema muy importante que
incumbe a la industria y a la soberanía nacional”, señaló.
El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que por
el momento no hará declaraciones. “Pero después voy a hablar”,
prometió.
En tanto, no está claro para los legisladores oficialistas hasta dónde
Uruguay está comprometido a firmar el TISA. En julio de 2014, el entonces
canciller Luis Almagro declaró a la diaria que una vez que se aceptara el
ingreso de Uruguay a las negociaciones, se tomaría conocimiento “del
material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas
ofertas”, y se estaría “en condiciones de evaluar la conveniencia de
entrar”. Sostuvo que Uruguay podrá incluir sectores que quiera proteger
“en listas de excepción” y siempre tendrá la posibilidad de no
aceptar “el paquete final” y no ratificar el acuerdo. Según se
recordó en una columna publicada ayer en el semanario Voces y firmada por
Antonio Elías, una nota de la agencia Efe publicada en mayo de 2014
consignaba declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht,
en las que el jerarca sostenía que Almagro garantizó que Uruguay
“comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y se
comprometió a “respetar los resultados de la negociación logrados por
otros participantes” hasta ese momento.
La carta elaborada por el PIT-CNT y Redes sostiene que “es ilusorio
pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA,
menos aún cuando se le exige como condición de ingreso a las
negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y
evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales” del acuerdo.
Y advierte que esto consta en “innumerables comunicaciones de la misión
permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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