1) Madres y Familiares desmintió dichos de antropólogo español
2) El Estado uruguayo no se presentó en audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
3) Ex presidentes serían llamados a declarar por espionaje en democracia
4) Un tercio de los alimentos en base a soja y maíz deberían estar etiquetados por contener transgénicos
5) Ambientalistas y académico finlandés reclamaron “transparencia” sobre impactos de UPM y compromisos que asumirá Uruguay
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2127 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 26 de mayo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Madres y Familiares desmintió dichos de antropólogo español
(Caras y Caretas)
La organización cuestionó las afirmaciones de Carlos Martín Suárez sobre la búsqueda de restos de desaparecidos en Uruguay; Marín Suárez cuestionó a un integrante del EAAF.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos consideró que los dichos del antropólogo español Carlos Marín Suárez -que integrara el Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), de la Udelar- durante una charla “manchan en forma por demás grosera” a un integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que efectuó un intenso trabajo de apoyo a la búsqueda de detenidos desaparecidos.
Marín Suárez participó de una charla organizada por la Fundación Vivián Trías sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay. Allí efectuó diversas críticas al trabajo de búsqueda de restos. Las expresiones de Marín Suárez fueron publicadas por el semanario Búsqueda, en el artículo “La búsqueda de los restos de desaparecidos en Uruguay padece ‘burocratización’ y un ‘funcionamiento esclerotizado’”. Entre otras cosas, el antropólogo cuestionó que el GIAF haya pasado a depender administrativamente del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
En este marco, la crítica de Madres y Familiares se focaliza en las expresiones sobre el antropólogo argentino Miguel Nievas, integrante de la EAAF. Marín Suárez dijo que fue este quien desaconsejó romper el piso de algunos galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) para proceder a la búsqueda de restos -como en su momento planteó José María López Mazz-, señaló que varios de sus informes fueron cuestionados por la Justicia de Rosario (Argentina) y que incluso fue expulsado del EAAF tras las quejas de un juez por la mala calidad de estos informes.
Sin embargo, la organización no compartió estas afirmaciones. “En dicho artículo se vuelcan a la opinión pública falsedades que -sin el menor ánimo de polemizar con dicho señor- no podemos pasar por alto, pues ellas manchan en forma por demás grosera la trayectoria de un integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense y cuestionan, asimismo, las tareas realizadas por estos”.
La organización recuerda la estrecha y fecunda relación que mantiene hace más de 25 años con el EAAF y afirma que desde su formación “el EAAF ha ofrecido y puesto a disposición de la causa por la Verdad y la Justicia, todos los recursos por ellos disponibles para la búsqueda que los familiares de las víctimas han mantenido incansablemente”.
En este sentido, Madres y Familiares adjunto una carta enviada por el presidente del EAAF, Luis Fondebrider, al coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, en qué se afirma que los informes periciales de Nievas “nunca sufrieron cuestionamientos en cuanto a su profesionalidad y competencia por parte de autoridades argentinas” y que Nievas “no ha sido expulsado del EAAF”.
“Lamentablemente no es la primera vez que versiones falaces, cuya intencionalidad ni amerita indagar, tratan de generar dudas y confusión en torno a la búsqueda, cuestionando a quienes legítimamente buscan a sus seres queridos y a quienes colaboran día a día con ellos, sembrando versiones irresponsables y sin fundamentos”, expresó Madres y Familiares.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE MAYO DE 2017
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2) El Estado uruguayo no se presentó en audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Montevideo Portal)
La CIDH consideró “penosa” la ausencia del Estado, que debía presentarse por denuncias radicadas por organizaciones civiles. Esta semana se está desarrollando en Buenos Aires una sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y este jueves se realizaban las audiencias que correspondían a denuncias presentadas por organizaciones civiles uruguayas contra el Estado de nuestro país.
Las audiencias de este jueves eran dos, una que se refería a la independencia del Poder Judicial (en cuanto a la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia) y otra presentada por varias organizaciones en cuanto al Observatorio Luz Ibarburu, que realiza un seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
El Observatorio iba a presentar, en su descargo, el estancamiento de 300 causas judiciales y su preocupación por el llamado «Comando Barneix». El Estado uruguayo recibió varias observaciones y recomendaciones que no cumplió y esto también iba a estar arriba de la mesa.
Según informaron a Montevideo Portal desde Buenos Aires, la CIDH no sale del «asombro» ante la ausencia del Estado que, según informó Radio Uruguay, envió una nota informando que no iba a asistir a las audiencias de este jueves, pero sí a la del viernes, que tratará la puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En las audiencias, los representantes denunciantes exponen durante 20 minutos su postura; luego se le da paso al Estado y después la CIDH realiza preguntas para ambas partes. Se trata de un «intercambio», informaron.
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3) Ex presidentes serían llamados a declarar por espionaje en democracia
Nicolás Silva (La República)
Convenio con UDELAR para análisis técnico de un millón de documentosEx presidentes serían llamados a declarar por espionaje en democracia
La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje una vez terminada la dictadura, evaluará llamar a declarar a los presidentes que asumieron a partir de 1985. Así lo propondrá el diputado frenteamplista, Gerardo Núñez a la Comisión investigadora que preside. Además se llegó a un acuerdo con la Universidad de la República para el análisis técnico del “Archivo Berrutti”.
La formación de la Comisión Investigadora fue en noviembre de 2016 a consecuencia de la divulgación del llamado “archivo Castiglioni” que dejó en evidencia la impunidad con la que militares continuaron realizando espionaje después de la dictadura. El archivo en cuestión tiene documentos oficiales, notas de Elmar Castiglioni (coronel fallecido) y registros de seguimiento y espionaje a dirigentes, partidos políticos y organizaciones, el cual está en manos del Poder Judicial y no así de la Comisión. Lo que si ese encuentra en poder de la Comisión son los archivos Berrutti, que constan de documentos encontrados por la exministra de Defensa y están en análisis, siendo de los cuales creen los diputados que Castiglioni rescataba datos para el archivo que armó.
La semana anterior fueron llamados a declarar por parte de la Comisión los ex ministros Raúl Iturria y Antonio Marchesano, de Defensa e Interior respectivamente, quienes señalaron desconocer el espionaje de los servicios de inteligencia. Continuarán las convocatorias a exministros de ambos entes, donde Yamandú Fau y Juan Andrés Ramírez serían los próximos en declarar. Gerardo Núñez, diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Investigadora, confirmó a La República que le planteará a sus pares que, además de los exministros, sean convocados a declarar los presidentes por el archivo Berrutti. Si bien aún no definió si serán llamados los máximos gobernantes desde el final de la dictadura a la fecha, esto será lo más probable, buscándose si ellos estaban enterados del espionaje en cuestión.
Convenio con Universidad
La cantidad de documentos que fueron microfilmados ronda el “millón”, por lo que tal volumen requiere de un análisis técnico que la Comisiónde forma independiente no puede cubrir. “La Cámara de Diputados, a pedido de la Comisión, generó un convenio con la Universidad de la República para que se haga un análisis en profundidad y se pueda facilitar la interpretación de los documentos”, dijo a La República Luis Puig, diputado freteamplista. Si bien las declaraciones que han realizado los exministros sacar a relucir la autonomía con la que se habrían manejado los servicios de inteligencia, “lo que más me llama la atención es la falta de control de quienes ejercían los ministerios. En la medida que nos decían que desconocían esa situación”, comentó el integrante del PVP.
Al respecto del espionaje a la sede del Frente Amplio, si bien los primeros documentos analizados hablan de 1998, Puig estima que “hubo un largo periodo de tiempo” donde el espionaje a la sede del FA fue llevado a cabo, así como a políticos, partidos y organizaciones. Especto al archivo Castiglioni, que posee el Poder Judicial, el mismo fue solicitado y aún no lo tiene la Comisión Investigadora. De igual forma se solicitó al menos los temas en cuestión para investigar, pero tampoco se han facilitado.
Reserva
Hubo un compromiso de reserva entre la Comisión y la Cámara de Representantes con el fin de que no trascienda información respecto a las víctimas de espionaje por parte de los servicios de inteligencia. “Tenemos que mantener en reserva a quienes los sufrieron”, dijo Puig, asegurando que esas personas “fueron avasalladas, hay que cuidar su intimidad y demás por el acto de espionaje”. “Nosotros queremos plantear la investigación sobre los que expiaron, no sobre los que fueron víctimas. Tenemos mucho camino por delante, pero creemos que estomas ante un hecho de mucha gravedad”, comentó.
Prórroga
La Comisión Investigadora le solicitó a la Cámara prorrogar su actividad hasta el 8 de diciembre de este año debido a la gran cantidad de documentos que cuenta el archivo Berruti. “En la medida que no se logre abordar la situación habría una nueva prorroga”, comentó Luis Puig.
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4) Un tercio de los alimentos en base a soja y maíz deberían estar etiquetados por contener transgénicos
Anaclara Trengone (SdR)
Los análisis técnicos para determinar si los alimentos deben estar etiquetados, porque contienen más de un 1 por ciento de componentes genéticamente modificados (OGMs), no han parado. Estos análisis se realizan en el Laboratorio de Bromatología de la IM en conjunto con la Facultad de Ciencias. Claudio Martínez Debat, doctor en Biología y químico farmacéutico, es uno de los profesionales que realiza esta labor y afirmó a Sala de Redacción que “de 200 muestras analizadas entre 2015 y 2016, 32 por ciento de los alimentos en base a soja y/o maíz deberían ser etiquetados”. Los datos fueron presentados el sábado 13 de mayo en el Congreso Nacional de Biociencias.
Sin embargo, a dos años de su implementación, el decreto 34.901 para el etiquetado de productos transgénicos sigue aún suspendido y los alimentos siguen sin ser señalados. Las empresas son avisadas de los resultados de los análisis de sus alimentos, pero no son obligadas a identificar sus productos y por lo tanto, tampoco son multadas. Marcelo Amado, responsable del área de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo (IM), afirmó a SdR que el listado de los alimentos que contienen más de 1 por ciento de OGMs sí se suben a la página web de la IM, no obstante, la última actualización es de diciembre de 2016. Está compuesto por 29 productos y se señala también a la empresa que corresponden. La Panificadora Bimbo del Uruguay, Ottonello Hermanos, Supermercados Disco del Uruguay, Papas Chips, Rapenor y Antilur son recurrentes dentro de esta lista.
Amado explicó que “se está elaborando una resolución para modificar la rotulación” porque esta no reflejaba “el espíritu” del decreto. Según Martínez Debat, el decreto no hace una valoración positiva ni negativa sobre los transgénicos, pero sí establece que no son equivalentes. Amado explicó que el logo daba una “sensación de alarma”, y además “no era identificado por parte de los consumidores”. Actualmente se está esperando que Jurídica de la IM redacte ese cambio.
El nuevo logo será redondo, monocromático, tendrá una T y dirá que ese alimento contiene OGMs. Surgió del trabajo conjunto de la sociedad civil, tanto de consumidores como técnicos de la industria y del comercio durante el año pasado. En la resolución se establecerá el tamaño relativo del logo de acuerdo a las dimensiones del paquete del alimento, mientras que antes era de un tamaño único, sin importar las medidas del envase, manifestó Amado. El responsable del área de Regulación Alimentaria estimó que la resolución estará lista a la brevedad, en menos de un mes. “Nosotros somos los más interesados en que salga porque así ya podemos empezar a aplicarla”, aseguró.
El decreto de la IM que obliga a etiquetar los alimentos que contengan transgénicos había sido aprobado durante la administración de Ana Olivera y se comenzó a fiscalizar en enero de 2015. Sin embargo, a partir de la asunción de Daniel Martínez, el etiquetado despareció. Martínez Debat advirtió que es posible que, si el tema se sigue aplazando por parte de las autoridades, “se pueda tomar algún tipo de acción jurídica por parte de la población civil, es una posibilidad que se está manejando a nivel de ciertos colectivos sociales”.
Según Laura Rosano, una de las impulsoras de la iniciativa del etiquetado, “la Intendencia de Montevideo está violando el derecho al consumidor, porque pasó por encima de un decreto aprobado, y el consumidor tiene derecho a saber qué tipo de ingredientes tienen los alimentos”. Para Rosano, esta decisión obedece a “una voluntad política”, porque desde el gobierno hay un fomento muy grande al agronegocio.
Monsanto, multinacional estadounidense de agroquímicos y biotecnología aplicada a la agricultura, no ve con buenos ojos el etiquetado en Uruguay, analizó Rosano. Además, recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una carta de la Cámara de Industria de Argentina y otra de la Cámara de Industria de Costa Rica pidiendo explicaciones. Rosano explicó que la mayoría de los alimentos industrializados vienen del exterior y gran parte de ellos contienen organismos genéticamente modificados. Como consecuencia, las industrias siempre van a presionar y “si el gobierno no tiene fuerza y no le interesa, va a ceder”, concluyó.
En Uruguay, cada año se siembran más de un millón de hectáreas de cultivos transgénicos de soja y maíz. Por el momento, hay cinco eventos aprobados para el cultivo de soja (el primero, de la multinacional Monsanto, fue habilitado en 1996) y diez eventos transgénicos aprobados para maíz. “Actualmente, la soja es el principal cultivo agrícola de Uruguay, cubriendo más del 85 por ciento del área de cultivos agrícolas de verano”, según el informe “Cultivos transgénicos en Uruguay. Aportes para la comprensión de un tema complejo desde un abordaje multidisciplinario”, de 2016.
El etiquetado de transgénicos no es una medida que se haya tomado solamente en la capital. En Paysandú y Lavalleja también hay decretos. Además, en Canelones hay organizaciones sociales que están planteando este tema, pero la diferencia es que en ese departamento se quiere incluir también a las raciones para animales, mientras que en el resto se aplica solamente a alimentos humanos, explicó Rosano. Sin embargo, es la IM “la que está trancando todo”, ya que es muy difícil que se concrete en el resto de los departamentos si no se aplica en la capital, que tiene mayor cantidad de consumidores. Paradójicamente, a los únicos productos que se le exige etiquetado es a la producción orgánica, que “es la más limpia y la más sana”. Rosano concluyó: “esto es el mundo del revés”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE MAYO DE 2017
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5) Ambientalistas y académico finlandés reclamaron “transparencia” sobre impactos de UPM y compromisos que asumirá Uruguay
(La Diaria)
El gobierno y la empresa finlandesa UPM están en proceso de redacción de un acuerdo de inversión que implicará compromisos económicos para Uruguay en materia de infraestructura. El propio presidente Tabaré Vázquez anunció este mes que se está redactando “un acuerdo de inversión”, y la misma versión dan las autoridades de UPM, según lo manifestado ayer por el académico finlandés Teivo Teivainen. El investigador de la Universidad de Helsinki estudia actualmente el vínculo entre las inversiones y la soberanía de los países; en ese marco se reunió con dirigentes sindicales de UPM y con autoridades de la empresa en Uruguay. Ayer participó en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional en un debate denominado “¿Colonialismo de papel? Una aproximación a las relaciones entre Uruguay y Finlandia a través de la industria papelera”, organizado por Cotidiano Mujer y la fundación alemana Friedrich Ebert.
Teivainen comentó que el gobierno uruguayo y la empresa difieren en cuanto a los plazos de construcción de la pastera. En un documento que UPM distribuye a sus accionistas y a personas vinculadas al negocio prevé que, una vez alcanzado un acuerdo con el gobierno, habrá una segunda fase que implica el desarrollo de infraestructura y la obtención de autorizaciones. La empresa prevé que esta etapa lleve entre un año y medio y dos años. Luego habría una tercera fase consistente en el “desarrollo de la estructura”, que llevaría dos años y medio, según las estimaciones de la empresa. Si se cumplen estas previsiones, la planta estaría funcionando como fecha más temprana en 2021. En cambio, el gobierno maneja un “calendario más electoral”, comentó Teivainen. En julio de 2016, cuando anunció la inversión, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que la planta estaría en funcionamiento en 2020.
Tanto el investigador finlandés como las dos comentaristas del debate, Viviana Barreto, de la organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra, y Lizzie Díaz, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, remarcaron que es central la transparencia sobre los compromisos que asume el país para garantizar la inversión de la pastera y sobre los impactos estimados que tendrá una segunda planta de UPM a nivel económico, social y ambiental. Teivainen advirtió que hay “muy poca información”, y Díaz remarcó que es necesario “un debate informado, con información accesible, con transparencia” y con mecanismos de participación pública.
Se cuestionó durante el debate cuáles serán los impactos reales de la pastera que se instalaría a orillas del río Negro. Teivainen apuntó que la actual planta en Fray Bentos paga una “ridiculez” de canon (700.000 dólares), que “contribuye bastante poco al fisco” y que los efectos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la inversión son “hasta cierto punto ficticios”, porque se diluyen en el mediano plazo. Opinó que no suena “muy convincente” el argumento de que se precisa inversión para hacer políticas sociales, cuando en este caso se está hablando de una inversión de 1.000 millones de dólares que debería hacer el Estado en infraestructura. “¿Por qué no usan la plata del ferrocarril para el gasto social?”, señaló.
“Vamos a un camino de más deuda para el país, sin valorar los impactos reales que esto implica. Es una forma de colonialismo, sin duda”, coincidió Lizzie Díaz. Sostuvo que la empresa “exige un acuerdo que proteja la inversión en Uruguay, que asegure beneficios”. “Uruguay debe hacerse cargo de antemano de obras de infraestructura, de una inversión millonaria en función de esta empresa. Es algo totalmente descabellado”, sentenció la activista. Consideró, por otra parte, que la aceptación de esta segunda planta de UPM consolida un modelo de “monocultivo a gran escala” y de “economía de enclave”, con consecuencias para el país en términos de dependencia.
Regalados
Teivainen cuestionó la estrategia negociadora del gobierno uruguayo, porque, según evaluó, lo deja en una posición débil frente a la empresa. “El gobierno parece muy necesitado, dice que la inversión la necesita sí o sí, con una firmeza que me sorprende. Mientras la empresa dice ‘ni hemos empezado a negociar’, el gobierno dice ‘ya está’”, comentó el investigador, y evaluó que es una “ventaja” para la empresa “si el otro está tan desesperado”.
Dijo también que para un gobierno “de centroizquierda es más fácil llevar adelante un proceso de desarrollo capitalista”, porque cuenta, en este caso, con el respaldo del PIT-CNT. Comentó que si el presidente del PIT-CNT dice “UPM OK”, es difícil que los movimientos sindicales de Finlandia consideren que se trata de una acción colonialista.
Tanto Barreto como Teivainen mencionaron que el escenario actual es distinto al que se presentó cuando se instaló la primera pastera de UPM en Fray Bentos, en parte porque “las protestas en Argentina ayudaron a fortalecer la posición de la empresa en Uruguay, vacunando a gran parte de los medios de comunicación y de la población contra una crítica ambiental”, según mencionó el académico. Barreto coincidió en que el conflicto con Argentina fue un factor que “hizo difícil dar una discusión con profundidad”, porque a “quienes tenían la intención de colocar una voz crítica”, “rápidamente la causa nacional los colocaba como enemigos de la patria”. En cambio, ahora es un momento “totalmente distinto, y deberíamos tener condiciones para dar una discusión liberada de esos factores contaminantes”, consideró la integrante de Redes. “El problema es que los hechos políticos parece que se desencadenan de una manera que no dan mucho lugar a la discusión. No pasa sólo con una planta de celulosa, sino con los proyectos de inversión en Uruguay”, agregó.
Barreto consideró que hay “una contradicción entre una mirada de cortísimo plazo”, preocupada exclusivamente por “los números de la macroeconomía y tener las cuentas en orden” -que nadie está diciendo que no sea algo importante, acotó- y la medición de costos y beneficios de los proyectos. “Hay que romper el sentido común instalado de que la inversión es buena y de que lo que hay que hacer es salir a decir por qué no es buena, y al mismo tiempo no se nos explica a cabalidad por qué tenemos que aceptar la inversión”, afirmó.
Afinidades
Teivainen aseguró que en Finlandia se considera que Uruguay es un país con el que tienen “afinidades”, especialmente tras la visita del presidente Tabaré Vázquez. “Se dan cuentan de que hay un país ahí en el sur donde Finlandia es una potencia. Ese sentimiento es algo especial para un país chico”, comentó el académico. Recordó que en Finlandia nunca fueron “vikingos”, sino “esclavos de vikingos”, y que por eso lo de ser un “país colonizador” es una “gran novedad”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE MAYO DE 2017
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