1) Interior no descarta ninguna hipótesis en ataque a periodista de Caras y Caretas
2) El director de Medio Ambiente recibió a las organizaciones contra el fracking
3) Gobierno impulsa puerto de Buquebus pese a oposición interna
4) Trabajadores de Meteorología piden más recursos
5) Gobierno firmó rescisión anticipada de canal de La Diaria
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2113 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 10 de febrero de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Interior no descarta ninguna hipótesis en ataque a periodista de Caras y Caretas
El Ministerio del Interior (MI) no descarta ninguna hipótesis en el caso de la periodista Isabel Prieto Fernández, aunque se inclina por la posibilidad de una rapiña. No obstante, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) cree que el móvil del hecho no fue el robo.
La periodista de Caras y Caretas y su esposo (el también periodista José López Mercao) fueron baleados el martes por la noche, cuando se dirigían a su domicilio, por dos individuos que se desplazaba en moto por la calle 20 de febrero. Un disparo efectuado por los atacantes rozó la cabeza de la periodista que logró eludir la agresión.
Durante una reunión con el ministro Eduardo Bonomi y el director nacional de Policía, Mario Layera, Prieto y dirigentes de APU fueron informados sobre el curso de la investigación. Aunque indicaron que no se descarta ninguna línea de trabajo, se inclinan por una rapiña. Sobre las características del ataque, las autoridades sostienen que puede tratarse de un caso de frustración por parte del rapiñero al constatar que sus víctimas advirtieron el ataque.
Por su parte, el dirigente de APU, Claudio Veiga, dijo que el sindicato descarta tal posibilidad dadas las características de la agresión. Veiga dijo que el gremio presentará en las próximas horas una denuncia penal por el ataque. El martes, durante la conferencia de prensa realizada en la sede del sindicato de trabajadores de la comunicación, su presidenta Victoria Alfaro señaló que hay disposición a recurrir a organismos internacionales si nos prosperan las denuncias en el país.
Prieto fue agredida un día después de presentar una denuncia de maltrato policial contra un funcionario de la seccional 19ª en la oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. El caso se registró en la madrugada del lunes cuando la periodista trabajaba en la investigación de un caso de femicidio cometido en el complejo Verdisol.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
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2) El director de Medio Ambiente recibió a las organizaciones contra el fracking
Marcelo Aguilar (La Diaria)
Tres cosas. Al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que convoque a audiencias públicas para “escuchar todas las opiniones con respecto a la conveniencia o no de autorizar un proyecto con estas características”. A los gobiernos departamentales, que emprendan “las acciones necesarias para hacer respetar las decisiones adoptadas en concordancia con el sentimiento de las poblaciones locales y con las atribuciones de las leyes y la Constitución nacionales”, es decir, las prohibiciones del uso del método del fracking que rigen en Salto y Paysandú. Y a los legisladores nacionales, “la agilización del trámite de aprobación de una ley que prohíba la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en el país”.
Estas son las demandas principales de las organizaciones contrarias al uso de la metodología de extracción petrolera de fractura hidráulica, más conocida como fracking, entre las que se encuentran movimientos como Uruguay Libre de Megaminería y Paysandú Nuestro. Tal como adelantara la diaria, estas organizaciones presentaron ayer informes críticos del proyecto y su estudio de impacto ambiental, que fue publicado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En un gesto que no esperaban y que en conferencia de prensa catalogaron como “singular” y evaluaron como “positivo”, fueron recibidos por el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario.
Según explicó Nario a la diaria, su idea fue “garantizar a las organizaciones” que “técnicamente todo lo que la empresa ha presentado es para exploración de hidrocarburos convencionales, que la resolución ambiental en el caso de otorgarse va a ser para convencionales y que se harán todas las inspecciones para que eso se haga efectivamente así”. Según agregó, que se presenten dudas y reparos “es parte del proceso, ayuda a ver si hay algo en lo que poner foco especial, y está bueno que ellos asuman esa responsabilidad con seriedad y tengan sus planteos”. Entonces, básicamente lo que hizo Nario fue garantizar, desde la institucionalidad, que el proyecto que Schuepbach Energy presentó no contempla la exploración ni explotación de hidrocarburos no convencionales ni el uso del fracking.
Pero además, en la reunión, y a título personal, Nario se dijo contrario a la explotación mediante esta técnica. La posición de Nario se condice con lo anunciado por el presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros realizado en Paysandú en enero de 2016. En esa ocasión, y en referencia a un cartel que portaban asistentes que se encontraban entre el público, Vázquez dio la palabra a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, que dijo: “El fracking no está en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno”. Y el presidente afirmó enseguida: “¿Quedó claro? No va a haber fracking en Uruguay”.
Sin embargo, pese a la fuerza de esa declaración, la definición sigue siendo una cuestión de gobierno y no de Estado, a pesar de que hay tres proyectos de ley a estudio en la Comisión de Industria, Energía y Minería del Parlamento: dos de 2015 y uno de 2016. El comunicado de Paysandú Nuestro cuestiona este aspecto: “Si bien es cierto que desde el Poder Ejecutivo nacional se afirma que no va a haber fracking en Uruguay, vemos con preocupación cómo la fuerza política en el gobierno no acompaña con la voluntad política necesaria los proyectos de ley presentados que prohibirían esta tecnología”.
Respecto de la solicitud de que se realicen las audiencias públicas, que no son obligatorias para proyectos con categoría B -como este- pero están contempladas, Nario dijo que no fue planteado en la reunión de ayer. Pero el comunicado pide que se realicen en Tambores, Piedra Sola y en la ciudad de Paysandú. Nario dice: “En principio no vemos razones para hacer audiencia pública. Si la discusión es si va a haber fracking o no, no tiene sentido. Porque no va a haber fracking. Nadie ha presentado un proyecto sobre fracking en el país”. Y agrega que “un comunicado de la empresa no afecta para nada el análisis”. Las organizaciones dicen, palabras más, palabras menos, que luego de la confusión generada, aunque sea extracción convencional, deberían hacerse las audiencias, para darles garantías a las comunidades.
A pesar de las declaraciones del gobierno, las organizaciones siguen dudando. Y es entendible si se tiene en cuenta lo que suele ocurrir en el mundo cuando aparecen las pretensiones de las grandes empresas petroleras, y si se consideran las declaraciones de las empresas vinculadas a este tema, que han dicho en reiteradas ocasiones, tanto a nivel público como a sus accionistas e inversores, que buscan petróleo convencional y no convencional. En el comunicado, Paysandú Nuestro dice: “En los años en que venimos ocupándonos de este tema, hemos aprendido a confiar en el poder de la sociedad civil organizada y a valorar los caminos que nos ofrece nuestra democracia para oponernos a estos emprendimientos. Pero también aprendimos a leer entre líneas, a desconfiar del doble discurso de la industria petrolera, que, por un lado, para sus inversores promociona los yacimientos no convencionales, y en lo local niega en forma categórica que se pueda usar el fracking”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
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3) Gobierno impulsa puerto de Buquebus pese a oposición interna
Andrés López Reilly (El País)
Envió proyecto de ley al Parlamento buscando los votos que el FA le negó.
El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, firmó el lunes un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los inmuebles de la rambla junto al dique Mauá, donde el empresario Juan Carlos López Mena pretende construir el nuevo puerto de Buquebus, a un costo que podría superar los US$ 200 millones, lo que constituiría la inversión más importante en la capital del país en lo que va del siglo XXI.
El proyecto de ley será puesto a consideración del Poder Legislativo, donde representantes del Frente Amplio ya le negaron sus respaldos en una primera etapa de discusión. Si bien la iniciativa cuenta con el visto bueno de la Presidencia y de la Intendencia, deberá sortear el debate interno en la fuerza política de gobierno.
Como informara El País, el artículo de la Rendición de Cuentas que autorizaba al Poder Ejecutivo a enajenar el «predio Mauá», en la rambla a la altura de la calle Andes, debió ser retirado por la falta de acuerdos entre parlamentarios del FA. El artículo 72 de la Rendición autorizaba al Ejecutivo a enajenar el predio «a quien resulte adjudicatario en el llamado a licitación», en el que Buquebus correrá con ventaja por haber presentado la iniciativa. El diputado Felipe Carballo (Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic), dijo a El País luego que se retiró el artículo, que dentro de la bancada se llegó a un acuerdo para hacer una modificación en el texto, aclarando que «las obras marítimas y terrestres quedaban en manos del Estado una vez que estuvieran culminadas».
«Hasta ahí estábamos dispuestos a acompañar la propuesta. Retiramos la palabra enajenar y pusimos ceder, que es mucho más amplia y le daba la potestad al gobierno de avanzar en materia de concesiones, haciéndolo por PPP (Participación Público-Privada) o por el propio Estado. Pero hubo un conjunto de sectores dentro de la bancada del FA que entendió que eso no era suficiente, que había que limitar directamente la concesión. No querían darle directamente la potestad al Poder Ejecutivo para que dispusiera de esos terrenos», indicó. Según el diputado Carballo, estos sectores son el MPP, el Partido Socialista, el PVP y la Liga Federal.
Si bien el proyecto sigue hablando de «enajenar» y no de «ceder», Carballo dijo ayer a El País que está dispuesto «estudiar el proyecto». «Estamos a favor de la inversión privada y de la generación de trabajo», puntualizó el legislador.
Avales
En su exposición de motivos, el nuevo proyecto de ley señala que la idea presentada por Buquebus fue analizada técnicamente por el Área de Servicios Jurídicos, la Dirección Nacional de Topografía, un equipo de arquitectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y la Intendencia de Montevideo, «emitiendo tales organismos y servicios informes favorables respecto de la referida iniciativa».
La iniciativa señala que «quedarán excluidas de la enajenación las áreas destinadas a las obras portuarias terrestres y marítimas objeto del llamado», que deberá construir el adjudicatario de acuerdo a las condiciones y gravámenes que determine el pliego. «Las obras referidas —muelles y escolleras— pasarán a ser parte del sistema portuario de Montevideo de propiedad estatal y constituyen la contrapartida de la enajenación que se autoriza», señala el proyecto.
También se aclara que la enajenación no podrá afectar la usina de la Compañía del Gas y el Dique Seco Barón de Mauá (Patrimonio Histórico Nacional desde 1975), y que «los espacios baldíos resultantes con posterioridad a la construcción de los edificios serán librados al uso público como plazas o parques, de acuerdo a lo que se determine en el pliego».
Prórrogas
En octubre del año pasado, el presidente Tabaré Vázquez prorrogó el plazo al empresario Juan Carlos López Mena para la presentación del proyecto definitivo para construir el nuevo puerto en el límite de la Ciudad Vieja y la «ciudad nueva». Por resolución del Poder Ejecutivo del 11 de abril del año pasado, la iniciativa para «construir, administrar y explotar» la nueva terminal marítima fue declarada «de interés», estableciéndose que la misma debía cumplir con la presentación en 120 días de los estudios de factibilidad técnica, prefactibilidad ambiental, análisis paisajísticos y anteproyecto de obras, entre otros requerimientos.
No obstante, la firma Los Cipreses S.A. solicitó una ampliación del plazo otorgado para la presentación de los requerimientos, de 180 días contados a partir del pasado 13 de agosto. Entre los argumentos esgrimidos por López Mena se encuentran las «dificultades propias de los estudios a realizar en el álveo» (cauce del río), así como «la dificultad para acordar el proyecto con arquitectos de renombre internacional y el debido cumplimiento de las demás exigencias de normativa local».
Museo del tiempo
La propuesta de López Mena incluye el rezagado Museo del Tiempo. Sin embargo, este sería mucho más pequeño de lo previsto originalmente, situación que causa malestar en sectores políticos, académicos y sociales.
En 2015, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue contundente al señalar que el proyecto no forma parte de las urgencias del gobierno de Tabaré Vázquez: «Se va a hacer si se consigue financiamiento, no se va a hacer con el presupuesto y tampoco hay apuro. No está entre las prioridades para nada», señaló la secretaria de Estado. La propuesta original incluía la instalación en el antiguo «edificio del reloj» del Museo Nacional de Historia Natural, el cual carece de local propio desde hace 18 años.
El Museo del Tiempo propiamente dicho se instalaría en las antiguas carboneras, frente a las cuales, en un espacio junto al río, se construiría un paseo abierto al público. El proyecto global también incorporaba una «torre observatorio». Salvo el «edificio del reloj», que cuenta con protección patrimonial, la iniciativa de Buquebus descarta las otras construcciones planificadas por los proyectistas que trabajaron para el gobierno. Y elimina las carboneras, si bien gana un considerable espacio al río.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
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4) Trabajadores de Meteorología piden más recursos
(La Diaria)
La Agrupación de Trabajadores de la Meteorología Nacional (ATMN) está en conflicto por las “sucesivas negociaciones infructuosas con los representantes del Poder Ejecutivo” y los “sucesivos directorios” del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) y la ex Dirección Nacional de Meteorología, nombre que tenía antes de 2013, cuando todavía pertenecía al Ministerio de Defensa Nacional (desde entonces está en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).
La negociación tiene tres ejes: equidad salarial (único valor hora); estructura, carrera y carga salarial (reconocimiento y pago de la función) y presupuesto. La asamblea general de ATMN se reunió el lunes y emitió un comunicado en el que se detallan las idas y vueltas que ha habido en los últimos siete años para corregir las inequidades salariales, que están todavía sin resolver.
“Meteorología estuvo ocho años sin tener asignado un nuevo presupuesto; en consecuencia, su estructura, ya en ese entonces vetusta, devino en paupérrima, por atraso en tecnología, falta de reposición y actualización de equipos, con instrumentos que tenían décadas sin ser calibrados y con estructuras edilicias desmoronadas y en condiciones de total abandono, lo que repercutió en que las condiciones laborales eran deplorables, llegando a situaciones como que la observadora meteorológica de la estación de Trinidad llegara a juntar el agua contaminada del baño y la estación para poder cumplir con su función, porque tuvo durante mucho tiempo las cloacas tapadas”, expresa el comunicado.
Pero eso no es todo; denuncian las inundaciones que padecían y padecen todavía varias estaciones meteorológicas, que no cuentan con servicio de limpieza y mantenimiento ni con agua potable, por lo que los observadores tienen que acarrear bidones desde sus domicilios, aunque algunos viven a 50 o 100 kilómetros. Debido a eso, tienen que ir “varios kilómetros a campo traviesa, de madrugada y en situaciones de riesgo como la que se produjo en la estación de Colonia, donde compañeros fueron atacados por jaurías de perros; todo esto ha sido denunciado oportunamente y nunca obtuvimos respuesta”, explican.
La Ley de Presupuesto Quinquenal 2015-2020 les dio esperanzas: el rubro Remuneraciones incorporaría 20 millones de pesos en 2016 y 35 millones a partir de 2017; el de Funcionamiento, cinco millones de pesos el primer año y 15 millones en los siguientes; para Inversiones se daría un aumento de diez millones de pesos en 2016 y 15 millones a partir de 2017. Los trabajadores lamentan que en diciembre de 2015 se devolvieron a Rentas Generales por concepto de Remuneraciones 35 millones de pesos y que en diciembre de 2016 volvieron a devolverse 65 millones de pesos.
Por eso concluyen que el presupuesto de la Inumet fijado en la Ley de Presupuesto “es algo así como ‘una caja de ahorro’ del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], que en los sucesivos períodos de no cumplir con los compromisos con los funcionarios, pago de la función, reparación de inequidades (único valor/hora por escalafón y por grado), partida por alimentación, partidas de compromiso de gestión, reestructura, carrera y su carga salarial, el Estado ahorra, mientras se les quita salario a los trabajadores”, y denuncian además que “el salario sólo tuvo las modificaciones de los ajustes de enero 2016-2017”.
En las negociaciones, el Ejecutivo propone que reciban por única vez una partida de 15% de lo que se devuelve a Rentas Generales, pero ATMN pide además 12% para corregir los salarios mínimos, con lo que se devolverían 47 millones y no 65. Denuncian que de las partidas para 2017 se recortaron diez millones de pesos de remuneraciones, 15 millones de funcionamiento y otros 15 millones de inversiones. Por todo esto, consideran que hay un “doble discurso del gobierno entre lo que dice y las políticas que aplica, que reafirman su desinterés por el desarrollo de la Meteorología en nuestro país; a modo de ejemplo, somos los únicos en América Latina que no contamos con radar meteorológico para nuestro territorio”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
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5) Gobierno firmó rescisión anticipada de canal de La Diaria
(El Observador)
La administración de Mujica había elegido al proyecto Giro, pero nunca logró salir al aire
A pedido de los interesados, el Ministerio de Industria firmó una resolución que rescinde de forma anticipada el contrato celebrado con el consorcio Giro, conformado por las cooperativas La Diaria y Demos, a quien se le había adjudicado un canal de televisión digital por aire en Montevideo. La administración de José Mujica (2010-2015) resolvió por decreto en octubre de 2013 dar canales a las tres empresas que usan las ondas públicas desde hace décadas (4, 10 y 12) y agregar dos privados más: el canal de cable VTV y el consorcio Giro. Antes de empezar a funcionar los nuevos, corrió un plazo de un año que fue extendido. Vencidas las fechas señaladas, ninguno de los dos empezó con las emisiones y descartó seguir adelante.
En diciembre de 2016, Giro solicitó que le devuelvan la póliza de mantenimiento de contrato, de aproximadamente US$ 70 mil (correspondiente al Banco de Seguros del Estado), que le exigió el pliego de bases y condiciones del llamado de 2012. Ese fue uno de los últimos pasos antes de la resolución publicada por Presidencia este martes y que lleva fecha del lunes 6 de febrero de 2017.
Informes iniciales de la Unidad Reguladora de Servicios Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) había advertido de «carencias» en la «solvencia patrimonial» y respaldo económico de Giro, algo que posteriormente fue negado por los empresarios y no pesó en la consideración del gobierno a la hora de elegir a postulantes. Las cooperativas tenían pensado apelar al Fondo de Desarrollo (Fondes) con la intención de financiar parte del proyecto.
En este tiempo el consorcio recibió algunas consultas de posibles inversores. Uno de los cuales fue el poderoso empresario del agro Juan Sartori, interesado en invertir en un medio de comunicación. Sartori es presidente de Unión Agriculture Group (UAG), una firma que tiene más de 105 mil hectáreas de campo en Uruguay y que desarrolla actividad en todos los rubros agropecuarios.
En primera instancia, y en un episodio confuso y desprolijo por parte del presidente Mujica, el gobierno había otorgado un canal digital a PopTV, un proyecto de la productora OZ Media. Pero a los pocos días, y a pesar de haber sido notificados por escrito, el Poder Ejecutivo anuló esa decisión y dio el canal a Giro.
Los que compitieron por los canales privados de aire en el llamado de 2012 fueron, además de Giro, VTV y PopTV, uno de los propietarios de la radio Océano FM, el empresario periodístico Federico Fasano y socios del diario El País. De todos ellos, el único que siguió adelante con el proyecto es PopTV, que emite sus contenidos por Internet (en Vera de ANTEL) y en señales de cable del interior.
El director de OZ Media, Pablo Arriola, dijo este martes a El Observador que, «dados los hechos», le gustaría que el gobierno le asignara el canal descartado por Giro. Para empezar a emitir, dijo el empresario, simplemente se debería enviar la señal desde ANTEL a una antena que envíe su contenido a los receptores en hogares. De forma paralela, PopTV lleva adelante una demanda civil por la resolución anulada del gobierno anterior, de la cual esperan novedades entre marzo y mayo de este año.
Además de Giro, el gobierno de Mujica asignó un canal de televisión digital en Montevideo a la empresa propietaria de la señal de televisión por cable VTV, vinculada con Tenfield. Esa empresa anunció meses atrás que no va a emitir la frecuencia asignada y que está dispuesta a perder la garantía económica depositada para el caso.
Desde el gobierno hubo varias marchas y contramarchas vinculadas con el inicio del llamado apagón analógico y, al mismo tiempo, al encendido digital, momento en el cual los hogares deberían actualizar sus receptores para poder ver televisión. Pero como no todos los uruguayos tienen esa tecnología y como tampoco los nuevos canales terminaron de asentar sus proyectos, incorporar tecnología y decidirse a iniciar las emisiones, el gobierno postergó más de una vez la fecha de la modificación. Lo último conocido fue un decreto que dejó en suspenso el cambio de tecnología.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
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