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Uruguay: Rumbo al 8M: Mujeres y disidencias convocan a manifestarse las calles de todo el país – COMCOSUR MUJER No. 710 – 07.03.2022 – COMCOSUR MUJER No. 710 – 07.03.2022

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Uruguay: Rumbo al 8M: Mujeres y disidencias convocan a manifestarse las calles de todo el país – COMCOSUR MUJER No. 710 – 07.03.2022 – COMCOSUR MUJER No. 710 – 07.03.2022 COMCOSUR MUJER / AÑO 28 /No. 710 /lunes 07.03.2022 – Hoy:

1) Argentina: El 8M renueva la indignación por hechos como la violación grupal en Palermo
2) Argentina: 8M: una guía de actividades culturales en el Día de la Mujer
3) Chile: “Para la guerra nada y para la vida todo”: las consignas con las que las organizaciones feministas y disidencias desbordarán este 8m
4) Uruguay: Femicidios en 2021: los casos suben y se repite la cifra de 2019
5) Uruguay: Rumbo al 8M: mujeres y disidencias convocan a manifestarse en las calles de todo el país
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 28 / No 710  – Lunes 7 de marzo 2022 / Producción: Beatriz Alonso y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: EL 8M RENUEVA LA INDIGNACIÓN POR HECHOS COMO LA VIOLACIÓN GRUPAL EN PALERMO

Después de tantos años de lucha y de salir a las calles a gritar «¡Paren de matarnos! ¡Paren de violarnos!», parece mentira que cada vez que se acerca el #8M, esta fecha tan simbólica e importante, suceda algún hecho aberrante que reafirma las violencias que venimos denunciando y la necesidad de políticas públicas y de un Estado presente.

El año pasado fue el caso de Úrsula, una nena de 17 años asesinada de 13 puñaladas por su novio policía. Este año, una violación grupal en el barrio de Palermo realizada por seis hombres a plena luz del día. Toda la semana escuchamos y vimos una sociedad horrorizada con este episodio, porque no pasó en un pueblo perdido del interior del país, sino en uno de los barrios más top y concurridos de la Ciudad de Buenos Aires y a la vista de todo el mundo.

Es decir, sorprende porque sucedió en Palermo. Hace casi dos años que escribo esta columna semanalmente. ¿Saben sobre cuántos femicidios, transfemicidos y violaciones tuve que escribir? La sola mención ni siquiera representa la realidad, ya que según los diferentes observatorios para la mujer, el número de crímenes que no se denuncian es mucho más alto que el de los que salen a la luz.

Sentí mucha vergüenza al ver diferentes referentes de partidos políticos que, tratando de sacar alguna ventaja, se horrorizaban con los tuits de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, dando clases sobre lo correcto y sobre la violencia, cuando todxs sabemos por sus conductas y declaraciones públicas que desprecian los derechos humanos. ¿Con qué cara lo hacen? ¿Por qué callan cuando su compañero de banca, el diputado Fernando Iglesias, es violento y ofensivo con las mujeres? ¿O esa violencia no cuenta?

Esto no es algo reciente: hace siglos las mujeres somos violadas y asesinadas. ¿Saben por qué? Porque no tiene consecuencia, son pocas las condenas y además esta «Justicia» parece hacerle honor a la sociedad injusta y patriarcal que enseña a los varones sobre cuál es el lugar o cuál es el derecho que tienen sobre nosotras. Esta estructura tan bien madurada y ejecutada durante siglos les hizo la idea a unos cuantos de que les pertenecemos, que somos de ellos. Incluso desde algo tan ingenuo como llevar un apellido: era una práctica totalmente aceptada y no cuestionada que las mujeres fueran nombradas con el apellido de su marido junto con la preposición «de». Ese «de» posesivo que la ponía en la misma situación que el resto del patrimonio del hombre. Nosotras les pertenecíamos.

El costo que tiene este aprendizaje lo vemos en situaciones como la reciente: no son enfermos, son varones socializados en esta sociedad y esto implica que todxs tenemos que comprometernos. Por supuesto que hay hombres que no tienen estas conductas y que son una minoría quienes llegan a este extremo. Las generalizaciones siempre son complejas, pero hasta que logremos ese cambio cultural profundo, nosotras vamos a tener que seguir aprendiendo o incorporando estrategias de supervivencia, que es lo que hacemos desde que somos muy chicas. Es lo que nos enseñaron nuestras madres, abuelas, hermanas mayores, tías o las amigas para cuidarnos mutuamente.

Es un momento histórico a nivel mundial, ¡es ahora! Es muy importante pensar de qué manera podemos entre todas acelerar esta transformación y la deconstrucción masculina y patriarcal. Hasta que todos los estudiantes del país tengan verdadero acceso a la ESI, hasta que se implemente efectivamente la ley que la regula y, lo que es más importante, sus contenidos no formen parte de la educación que se transmite en los hogares, en los modelos parentales que ven nuestras niñas y niños, no parece un objetivo tan cercano.

Hace años nos venimos organizando, salimos a las calles y pedimos ser escuchadas. Que esta violación que conmovió tanto a la opinión pública no sea una más, que este debate no se tape con otra noticia y la semana que viene nos olvidemos.

La pregunta la formulo para todas y todos: ¿qué pensamos hacer como sociedad para cambiar las cosas?

A las mujeres y disidencias les digo: durante siglos nos hicieron creer que no valía nuestra palabra, no valía nuestra integridad física, no valía nuestra vida. Es hora de cambiar la historia para siempre por nuestras hijas y por las que vendrán.

¡Que arda todo!

Pagina12 / COMCOSUR MUJER Nº 710- 07/03/2022
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2) ARGENTINA: 8M: UNA GUÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DÍA DE LA MUJER

Hay obras de teatro, películas, recitales, poesía, talleres y muestras de fotos

La oferta es variada y multidisciplinaria. Se extiende a todo el mes e incluso a abril. Y, a diferencia del año pasado, predomina la presencialidad.

Obras de teatro, películas, recitales, poesía, talleres y muestras de fotos conforman la variada y multidisciplinaria propuesta que gira alrededor del 8M. Este año la expectativa es «recuperar las calles», como lo consignaron desde el colectivo Ni Una Menos. En materia cultural, la perspectiva de género vuelve a plasmarse fuertemente como ha ocurrido en otros años, esta vez recuperando la presencialidad. Del jueves al domingo se desplegaron más de 100 actividades en el CCK, Tecnópolis y la sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En CABA hay varias para este martes; también para lo que queda del mes e incluso abril.

En centros culturales

El Centro Cultural Haroldo Conti rendirá homenaje a Juana Bignozzi.
En el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la exEsma (Avenida del Libertador 8151), habrá un homenaje a Juana Bignozzi (1937-2015), poeta, militante, traductora y periodista, titulado «La libertad que aún defendemos». El sábado a las 17 se realizará la proyección de «Las poetas visitan a Juana Bignozzi», dirigida por Laura Citarella y Mercedes Halfon, con la presencia de ambas directoras. Dos horas más tarde, habrá lecturas y quedará inaugurada la Terraza Juana Bignozzi, con presencia de Diana Bellessi, Halfon, Vanina Colagiavani, Betina González y Milagros Losa. Además, el domingo a las 19 se pondrán ver cortometrajes de Alice Guy-Blaché (1873-1968), intervenidos con música de Guillermina Etkin y textos de Martha Mega.

Durante todo marzo y abril, el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) presenta «8M», una «nueva agenda de actividades que invitan a repensar cómo nos vinculamos con lxs otrxs, con el planeta y con nosotrxs mismxs, desde las enseñanzas de los ecofeminismos». Incluye charlas, talleres, conversaciones, sesiones musicales, recitales, clubes, presentaciones de libros, ferias, beatbox, cine, visitas guiadas, muestras y lecturas performáticas.

Los clubes propondrán el encuentro, la participación y el cruce de experiencias a lo largo de cuatro encuentros. Participará Flavia Broffoni con ”Pensamiento en clave ecofeminista”. “Círculo de Tejido Tramar en Tribu”, con Julia Mackeprang, plantea un encuentro colectivo en torno al tejido. “Alimentación basada en plantas, consciente y saludable”, a cargo de la nutricionista Marcela Manuzza y la cocinera especialista en comida sana Laura Buss, invitará a reflexionar sobre lo que comemos y las posibilidades de nutrirnos mejor.

También habrá charlas, como “Luchas ambientales y feminismos ecoterritoriales en América Latina”, con la investigadora, socióloga y escritora Maristella Svampa, o la de la antropóloga Florencia Tola, “Cuerpo, género y naturaleza. La perspectiva de los qom del Chaco argentino”. La bioquímica y epistemóloga Denise Najmanovich hablará sobre “Ecofeminismo y Cuidadanía: otra mirada de la vida”, intervención que promueve una existencia cuidadosa y respetuosa con el entorno. Paula Gabriela Núñez encabezará la charla “Entre la pachamama, la esclava y la princesa: ¿qué es la naturaleza en las fronteras?”, reflexión sobre cómo los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente abordada desde la filosofía.

Los viernes a las 20 la música será protagonista con un ciclo de recitales en la terraza, de mujeres que escriben sus propias rimas y canciones con los sonidos del indie rock, pop, soul y el trap. Los jueves a las 20 habrá sesiones musicales con el ciclo “Esencia Folk”. Y los fines de semana, talleres de pintura, bordado, manga, periodismo con perspectiva de género, juegos que contemplan las problemáticas ambientales, huerta y astrología.

La grilla incluye dos presentaciones de libros vinculadas al feminismo y a la vida sustentable. La artista visual, activista, poeta y abogada Lala Pasquinelli, dará a conocer #NosTenemos. Historias de sororidad, primer libro publicado por el colectivo Mujeres que no fueron tapa. María Natalia Mazzei, abogada, activista ambiental va a presentar Una vida sustentable. El sábado 30 de abril habrá una jornada de conversatorios ecofeministas en todo el centro, coordinada por Pasquinelli.

Alanis, de Anahí Berneri, una de las películas de la maratón del Cultural San Martín.
Por otro lado, el Cultural San Martín (Sarmiento 1551) ofrecerá una «Maratón de mujeres» con cuatro películas argentinas que se podrán ver con entrada gratuita, todas el martes desde las 15. Son Mi amiga del parque (Ana Katz, 2015), Los que vuelven (Laura Casabé, 2019), Instrucciones para Adela (Laura Huberman, 2020), Alanis (Anahí Berneri, 2017) y Las hijas del fuego (Albertina Carri, 2018). La oferta incluye además artes visuales, con Desde el gesto, que inaugura el miércoles a las 19. Es una muestra fotográfica que invita a reflexionar acerca del trabajo de mujeres y feminidades como motor del movimiento del mundo. Las autoras son Florencia Ferioli, Cristina Sille, Camila Godoy, Daniela Morán, Daniela Yechúa, Melisa Molina, Deborah Valado, Sofía Genovese, Camila Alonso Suarez y Noelia Marcia Guevara. El mismo día a la misma hora quedará inaugurada In Illo Tempore, de Mónica Souza, exposición de esculturas.

Teatro

Hay varias obras en cartelera con temática de género, así como también funciones específicas para la ocasión. Ejemplo de esto último es el unipersonal de Carolina Papaleo, quien hará el martes a las 20 una única función de S.O.S. nací mujer en Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037).

Rota, con actuación de Raquel Ameri, pone en escena a la madre de un femicida que se suicida. «Su inmenso dolor no la torna indulgente sino reflexiva ante preguntas clave y de muy difícil respuesta: ¿qué pasó? ¿cómo pasó?», dice la sinopsis. La dramaturga es Natalia Villamil, quien despliega un «alegato-denuncia que deviene en un llamado de atención a instituciones». Dirige Mariano Stolkiner y se puede ver los sábados a las 20 en El Extranjero, Valentín Gómez 3380.

De la misma autora y dirigida por ella, con actuación de Laura Nevole, está en cartel Como vaca mirando un tren, sobre una mujer que transita su vida envuelta en sus «costumbres naturales». «Un día, en el que el acostumbramiento emerge como aquello que se repite sin parar, puede ver que la violencia también se ha hecho costumbre. Decide entonces dejar la inercia que la amarra a la luz del sol y enfrentar la noche, que a modo de escapatoria, le sirve para transformarse en un animal plagado de venganzas», se plantea en la sinopsis. Está los domingos a las 19 en Teatro del Pueblo, Lavalle 3636.

Cuerpo de baile, con Carolina Guevara, la historia de una mujer de pueblo que sólo quiere bailar.

Después de la destacada Los golpes de Clara, la dupla conformada por Carolina Guevara (actriz) y Leandro Rosati (director) cuenta la historia de una mujer oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires que huye a la gran ciudad a cumplir su deseo: bailar. A partir de esa premisa la obra narra las desventuras y los conflictos que ha padecido a lo largo de su vida. La actriz presta cuerpo y voz a una galería de personajes: madre, tías, maestra, monja, cura, doctor, celadora, amigas. Corral (una comedia del deseo) está los sábados a las 20 en La Carpintería, Jean Jaures 858.

Cuando una mujer se queda sola, en Moscú Teatro

Cuando una mujer se queda sola, inspirado en el universo de Tobias Wolff, es el tercer capítulo del proyecto «Mentir para decir la verdad. Ciclo de relatos escenificados», que establece un cruce entre literatura y teatro. Lo coordina Lisandro Penelas en Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535). Las funciones son los sábados a las 20. Cuando una mujer… es la historia de Virginia, quien acaba de separarse. Su marido la dejó de un día para el otro. Tiene un chico a cargo. Alicia, su mejor amiga, intenta acompañarla en el proceso y le propone salir con Rober, un primo de ella.

Ella amasa, de Judit Gutiérrez, retrata situaciones de opresión y maltrato machista.
Ella amasa, de Judit Gutiérrez, hara una única función en el mes de la mujer el domingo 13 a las 18 en el Teatro La Mueca (José A. Cabrera 4255). Con actuación de Marina Dousdebes y dirección de Emilio Firpo, aborda «un sinfín de situaciones de opresión y maltrato machista que sufren las mujeres cotidianamente». «La figura del cura y su papel en la historia de la obra es la muestra de la presencia de muchas de las instituciones en este sistema y su sostenimiento», plantea la sinopsis.

Las nuevas formas de la maternidad son el eje de Maternika, de Sandra Franzen, sobre una idea original de Andrea Villamayor. A través de la metáfora de tres mujeres pescando en un río seco, toca temas como los prejuicios personales y sociales, los miedos, la soledad de la búsqueda, el deseo, el mandato y la amistad. Reestrena este sábado en Teatro Anfitrión (Venezuela 3340), a las 22.

Ana Padilla dirige Juana la Loca, de Pepe Cibrián Campoy, con actuación de María Seghini. En palabras del autor: «Juana la Loca es una épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia. Su prisión durante más de 40 años fue su paraíso, pues allí voló un alma pura rodeada por la crueldad y la ambición de los hombres. Juana la Loca no es un unipersonal. Se trata de una magnética obra en donde esta convive con su madre Isabel La Católica, su nieto Felipe II, su incondicional Luisa y, fundamentalmente, con el causante de su supuesta locura: Felipe el Hermoso». Se presenta los viernes a las 20.30 en Patio de Actores, Lerma 568.

¿Una y mil?, dirigida por Jimena del Pozo Peñalva, oscila entre el ensayo y el teatro, la ficción y la vida de las personas que ponen el cuerpo para contar la historia. Toma como punto de partida la noche inicial de Las mil y una noches, en que Sherezade se entrega al sultán, y el relato oral como herramienta que utiliza para salvar la vida de miles de mujeres musulmanas. «En escena hay gordas, travas, viejas, villeras, putas y, claro, algunas actrices. Todas rotuladas y etiquetadas según los cánones de la heteronorma y de la mayoría. ¿Una y mil? es un espejo que deforma la realidad hasta darla vuelta por completo, donde el reverso es más interesante que el frente y el humor es herramienta fundamental para trastocar el sentido de cómo nos enseñaron a ver las cosas”, dice la directora. Estrenada en el marco del FIBA, sigue en cartel los miércoles y viernes a las 20.30 en el Cultural San Martín.

Florencia Cibeira, Mailen Dastoli, Antonella Fontana, Patricia Gayoso, Pilar Rodriguez Rey actúan en 3 latidos de pulmón artificial, con dirección de Nicolás Blandi. «Somos cinco mujeres en escena, en un mundo que evidencia patrones artificiales producto de vivir en una cultura patriarcal y marcada por el consumo», comenta Cibeira. Se presenta los viernes de marzo y dos viernes de abril a las 21 en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556.

Micaela Fariña y Marina Ortega presentan el melodrama queer musical Chaco arde, que cuenta la historia de dos compañeras inseparables torturadas por sus compañeros del secundario. Una reunión de reencuentro de la promoción enciende la posibilidad de la venganza. Se la puede ver los domingos a las 20.30 únicamente durante este mes, en El Método Kairós (El Salvador 4530).

Un material bien particular es Jardín sonoro-estaciones. Una aplicación móvil conecta el espacio público con el teatro, permitiendo recorrer un jardín y escuchar cuatro obras breves vinculadas con la naturaleza. Ya hubo dos ediciones de este ciclo, y en esta, que es la tercera, de nuevo los textos son escritos, dirigidos e interpretados por mujeres. Cada obra está atravesada por una estación del año. Se presenta en el Jardín Botánico Carlos Thays (Avenida Santa Fe 3951), desde el sábado hasta el martes 22. Las dramaturgas son María Marull, Consuelo Iturraspe, Beatriz Catani y Sol Rodríguez Seoane.

Cine

Gilda, de Lorena Muñoz, será proyectada al aire libre en la Biblioteca Nacional.
El INCAA diseñó una programación especial para marzo con transmisiones en sus pantallas, streamings y proyecciones presenciales en distintos puntos de la Ciudad. Las actividades se enmarcan en una agenda conjunta con los ministerios de Cultura y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

En el Complejo Gaumont (Avenida Rivadavia 1635), del 3 al 9 de marzo, se podrán ver Yo nena, yo princesa, de Federico Palazzo (13.30); Línea 137, de Lucía Vassallo (16); Las cercanas, de María Álvarez (18.30); y Las siamesas, de Paula Hernández (21). A su vez, se proyectará en 35 milímetros Camila, de María Luisa Bemberg (lunes 21 a las 21.30).

Habrá «Cine bajo las estrellas» en la Manzana de las Luces (Perú 222), todos los miércoles y viernes de marzo a las 20. Los títulos programados son Una casa lejos, de Mayra Bottero; Malamadre, de Amparo Aguilar; Una escuela en Cerro Hueso, de Betania Cappato; Madre Baile, de Carolina Rojo; La casa de Argüello, de Valentina Llorens; Línea 137; Husek, de Daniela Seggiaro. En la Biblioteca Nacional se proyectará Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, el 8 a las 21. Estará presente la directora.

El martes a las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo (Triunvirato 4444) el Programa Gafas Violetas del INCAA realizará una proyección especial de cinco cortometrajes dirigidos por mujeres, de diferentes géneros: animación, documental, ficción, ensayo y experimental. Luego de la proyección se realizará una charla con las directoras. Ellas son Tamara Ajzensztat, Leticia Bobbioni, Elena Jayat, Malena Chabrol, María Soledad Laici, Giuliana Nocelli y Paloma Orlandini Castro. La propuesta del INCAA incluye films tanto en Cine.ar TV como en Cine.ar Play, un conversatorio sobre las mujeres en la industria audiovisual y un homenaje a egresadas de la ENERC.

Otras propuestas

Una de las fotos de Imágenes de un Infinito Movimiento, con la autoría de Gisela Volá.
Desde el miércoles al domingo 13 de marzo se presentará Imágenes de un Infinito Movimiento en las pantallas del Teatro Alvear (Avenida Corrientes 1659). Abarca trabajos fotográficos autorales que retratan realidades de mujeres y diversidades, en el foco de 15 fotógrafxs: Gisela Volá, Belén Grosso, Erica Canepa, Analía Cid, Anita Pouchard Serra, Flor Guzzetti, Colectiva Ruedafotos, Marina Carniglia, Lucía Merle, Oriana Eliçabe, Jessica Pons, Natalia Favre, María Eugenia Cerutti, Luján Agusti, Sarah Pabst. “Cada uno de estos ensayos trae la fuerza de la memoria feminista. Son historias que se cuentan y emergen para hacerse visibles. Las imágenes se enhebran para contarnos demandas y conquistas, logros y deudas, violencias y abrazos. Y, sobre todo, para hacer valer la profundidad de las luchas históricas que le otorgan sentido político a nuestras vidas», escribió la periodista Laura Rosso sobre la actividad. El conversatorio La mirada política. Visibilizar desde una perspectiva de género realizado el viernes podrá verse en las redes del teatro el 8M.

El colectivo Mujeres de Artes Tomar propone, el martes a las 16, la acción artivista «ReEncontrándoNOS», en Diagonal Norte 943 como punto de encuentro. Se trata de un recorrido para la recuperación de la calle y una acción fotográfica sobre puntos emblemáticos del 8M. Aparte, el sábado a las 16 realizará un homenaje a Elsa Bornemann susurrando su poesía feminista, en la Biblioteca del Puente (Ambrosetti entre Yerbal y Araiza Alfaro). Y el martes 15 a las 18, la organización estará a cargo de la apertura de los Premios Dignidad, en el CCC, en los que la APDH distinguirá a mujeres por su compromiso social: Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, Mirtha Argañaraz de Clérici, Valeria Ochoa, Liliana Daunes y Norma Ríos.

El Centro Cultural Rojas invita a compartir videos en los que quienes los hagan expresen qué cambios esperan sobre el lugar de la mujer y la niña en la sociedad (a nivel laboral, cultural, social, judicial y familiar). La consigna se llama «Decilo» y propone subir el video a Instagram, etiquetando a @elrojasuba y con el tag #mujer. Desde el Rojas seleccionarán los trabajos que se compartirán en las redes de la institución y se guardarán en historias destacadas, a modo de bitácora. Hay tiempo hasta el 31 de marzo.

La coreógrafa Adriana Barenstein propone un video performance que intenta investigar y cuestionar los ejes cuerpo-género-performance, con el nombre de Políticas de género y el derecho a aparecer. Se podrá ver este jueves a las 20 en su canal de YouTube. Guevara, la actriz de Corral, brindará el curso a distancia Las mujeres de mi historia (narración oral con perspectiva de género), del 9 al 30 de marzo, en CELCIT.

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3) CHILE: “PARA LA GUERRA NADA Y PARA LA VIDA TODO”: LAS CONSIGNAS CON LAS QUE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DISIDENCIAS DESBORDARÁN ESTE 8M

Ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ahondamos en la coordenadas con las que las organizaciones feministas y disidencias afrontarán el momento histórico. Un diagnóstico para el cual consideran fundamental esgrimir una lucha transfronteriza para ampliar la cruzada contra la precarización de la vida por consecuencia del patriarcado.

Se aunaron en un frente común para ir en rechazo de la candidatura de José Antonio Kast en el marco del proceso eleccionario presidencial del 2021 y han alimentado el debate constituyente desde sus orígenes, levantando candidaturas de convencionales y materializando sus lineamientos para el nuevo ciclo político del país con el ingreso de iniciativas populares de norma en el órgano redactor. Hoy, a pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las organizaciones feministas continúan trabajando de manera infatigable, preparando el cronograma de lo que será el próximo “8M” y definiendo los énfasis que manifestarán en el contexto que envuelve a Chile y por cierto, al mundo.

El 8M ya es parte del sentido común. Para la sociedad en su conjunto es esperable que cientos de mujeres y disidencias sexuales de todas las generaciones se concentren en la vía pública no sólo en esa fecha sino que a lo largo de todo el mes para exigir una vida libre de patriarcado. No obstante ahora el desafío ha consistido en hacer ver que esta idea no solo significa interpelar la relación histórica entre el hombre y la mujer, sino que a todo lo ya diseñado y construido a partir de esta macro-cultura y en eso han insistido las mujeres feministas de la Convención Constitucional, instalando por ejemplo, la paridad y la perspectiva de género en todas las comisiones temáticas de la instancia que elabora la nueva Carta Fundamental.

Correspondientemente la conmemoración del 8M “cada vez se vuelve más inclusiva“, sostuvo Wayra Villegas, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Y es que si bien la reivindicación de la fecha tiene su origen en los derechos de las mujeres trabajadoras, “hoy por hoy se puede decir que es una lucha interseccional, intergeneracional, anticapitalista y antiextractivista porque intenta hacerle frente a todas las problemáticas y a todas las interpelaciones que hace el movimiento feminista”, ilustró.

Wayra Villegas
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En esa línea Villegas explicó que los acentos que tendrá la conmemoración de este marzo feminista nacen del “4to Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan”, en el que más de cincuenta organizaciones establecieron un “plan de lucha” para este 2022 bajo la consigna “vamos por la vida que nos deben” y cuya estrategia se centra en cuatro ejes: desbordar la institucionalidad con la fuerza feminista; exigir al gobierno que cumpla con los mínimos feministas que contiene su programa, declarándose en alerta, atentas y autónomas respecto al Estado; sostener una estrategia territorial tanto respecto a las demandas generales como en las expresiones del activismo local y generar desde ya una campaña por el apruebo para el plebiscito de salida que cierra el proceso constituyente.

En ese sentido el principio rector que caracterizará la movilización tanto de marzo como de todo el 2022, indicó Villegas es “una vida en contra del patriarcado y del fascismo” a través de una lucha transfronteriza.

“Justamente el contexto actual del mundo implica que debemos tejer y hacer vínculos con todas las organizaciones feministas a nivel internacional para decir clara y contundentemente que para la guerra nada y para la vida todo, porque es evidente que el feminismo transfronterizo, lo que hace es poder ampliar el plan de lucha no sólo a un territorio nacional o a una frontera sino a todo un mundo que hoy por hoy necesita de nuestra ayuda para poder decir cómo queremos vivir y cómo queremos habitar este mundo, que es el mundo que nos imaginamos las feministas, sin fronteras, sin xenofobia, sin patriarcado, libre de violencia para las infancias y para nosotras también y que este 8 de marzo se convierta en un pie para que este 2022 se construya hacia allá”, sostuvo al respecto.

Adicionalmente, Daniela Osorio, también portavoz de la CF8M, indicó que otra de las bajadas del encuentro fue establecer, respecto al gobierno entrante, una actitud vigilante en atención a que la crisis no vaya en perjuicio de las mujeres y de la clase trabajadora. En cuanto a la actual administración, definieron exigir al sistema de justicia que el gobierno saliente “pague por sus prácticas fascistas, las violaciones a los DD.HH, la violencia y militarización del Wallmapu, por las y los presos políticos y su responsabilidad en la crisis migratoria”. Una impugnación que por cierto se instalará con fuerza en el marco de la conmemoración del marzo feminista.

“Hay muchas situaciones que han ocurrido en la impunidad con este gobierno criminal y para nosotras la relevancia de la marcha del 8 de marzo es continuar con esa impugnación al gobierno, que al menos las feministas le pasemos la cuenta respecto a todas las vejaciones en los derechos humanos y distintas expresiones de violencia política que se han dado desde la revuelta, la continua militarización del Wallmapu entre otras cosas, entonces para nosotras cobra un aspecto súper relevante asumir esa impugnación”, indicó.

Cronograma

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinadora Feminista 8M convocó para el pasado 8 de marzo una gran huelga general feminista, con intervenciones a lo largo de todo el país. Foto: Agencia UNO.

Entre algunas de las actividades que ya están contempladas en el cronograma de marzo en la Región Metropolitana se ha organizado una cicletada para el domingo 6 de marzo, que contempla dos horas de trayecto y el arribo a la “Venda Sexy” en la comuna de Macul, que fue un centro de detención y de tortura de la DINA durante los años. “No ha sido reconocido como un sitio de memoria y las compañeras que han llevado la lucha por la memoria han intentado en varias ocasiones poner una placa que lo visibilice como un lugar donde se torturó y se cultivó violencia político- sexual”, señaló Osorio.

El lunes 7 , agregó, se considera una velatón en la cárcel de San Miguel, donde “recientemente falleció una mujer privada de libertad por falta de atención médica y nos parece que eso tampoco puede quedar impune y desde el comité de derechos humanos de la coordinadora, en coordinación con familiares de las mujeres de cárcel de San Miguel se está levantando este acto”. Ese mismo día además se planea desarrollar la performance de Las Tesis en algún punto del centro de Santiago, comentaron las portavoces de la CF8M.

El martes 8 se dará lugar a la multitudinaria marcha por la avenida Bernardo O’Higgins a partir de las 17 horas y que contará con un acto cultural a las afueras del Cine Arte Alameda. Al cierre las organizaciones darán cuenta de un relato común para efectos de sostener la protesta a lo largo del año.

Caravana desde Petorca hasta Santiago

Una marcha proveniente desde la comuna más afectada por la privatización del agua y la contaminación de los proyectos energéticos llegaría a la capital el martes 8 en la mañana, para protestar contra el extractivismo neoliberal que acentúo el gobierno. En conversación con nuestro medio, Marileu Antu, presidenta de la Confederación Campesina de Chile (Conaproch) e integrante de Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) indicó que desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo se convocaron a todas las mujeres y disidencias de las organizaciones campesinas para manifestarse en contra del saqueo del agua que “precariza la vida del campo y coarta la soberanía alimentaria”.

“No toleramos más que campesinos y campesinas mueran aterrados buscando agua como si viviéramos en el medio evo. Esto es un llamado a decir basta, un grito de dolor, de sufrimiento de toda esta vivencia que tenemos que es de hace mucho tiempo y cada vez es peor, más dramática, donde las inequidades se hacen más presentes y que no podemos seguir tolerándolo porque nuestra vida está en juego, porque nos están expulsando del campo hacia la ciudad, a condiciones de vida que no son tampoco las que quisiéramos por la usurpación de las aguas, por los poderosos de siempre, por quienes deciden nuestra vida y nuestra muerte y prefieren el lucro antes que la vida”.

A las fatales inequidades que presentan las ruralidades, se suma el hecho de que “existe una violencia particular patriarcal hacia las mujeres, disidencias e infancias que habitamos esta zona. Un ejemplo de esto los enclaves mineros en donde, en trabajos mascunilizados, existe mayor prostitución, trata de personas y abuso hacia la infancia en términos sexual y en las zonas de agronegocios, sean forestales como sucede con el pueblo mapuche, podemos recordar el asesinato de Macarena Valdés que aún sigue impune y que fue demostrado que no fue suicido y que además la mataron frente a sus hijos”, sostuvo la dirigenta territorial.

www.radio.uchile.cl /María Luisa Cisternas / COMCOSUR MUJER Nº 710 – 07/03/2022
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4) URUGUAY: FEMICIDIOS EN 2021: LOS CASOS SUBEN Y SE REPITE LA CIFRA DE 2019

SE REGISTRARON 25 CASOS Y SE INVESTIGAN OTROS TRES HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR FEMICIDIOS.

En 2018 se cometieron 35 femicidios. En 2019 fueron 25 casos, diez menos que el año anterior. La tendencia a la baja se mantuvo en 2020, cuando se registraron 19 femicidios. Por fuera del conteo quedó el caso de una mujer que murió por lesiones en el cráneo y que era víctima de violencia doméstica, pero no fue incluida en el conteo oficial porque su muerte es “dudosa” y aún se investiga. Además, están abiertos al menos tres casos más que podrían configurar femicidios, por lo que la cifra de femicidios de 2020 podría llegar a ser de 23 casos.

En 2021, los femicidios volvieron a subir y se repitió la cifra de 2019: hubo 25 casos. Se investiga además el caso de una mujer que murió incendiada. Si bien su pareja fue formalizada por violencia doméstica, al igual que pasó con el caso de 2020, no se pudo demostrar aún si el hombre la mató, por lo que no forma parte del conteo oficial. Además, se investiga el homicidio de dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados flotando en el arroyo Pantanoso. Estos hechos podrían configurar casos de femicidio.

Además del relevamiento caso a caso, desde la diaria se consultó al Ministerio del Interior, por medio de un pedido de acceso a la información, sobre los hechos registrados en 2021.

El promedio de edad de las mujeres asesinadas y de los femicidas es de 39 años: año a año se reduce levemente la edad de las personas involucradas en este tipo de delitos.

28% de los femicidios fueron en Montevideo y 72% en el resto del país. 92% de los casos fueron en viviendas y dos casos (8%) se dieron en la vía pública.

68% de las mujeres fueron asesinadas por su pareja. En 24% de los casos el femicida fue su expareja. En un caso (4%) el agresor fue el hijo adoptivo de la mujer, que tenía 20 años; el vínculo se había formado dos años antes y sin tramitación legal. En otro caso (4%) se desconoce el vínculo entre el femicida y la mujer asesinada, pudiendo ser de pareja, por trabajo doméstico o por trabajo sexual.

44% de los femicidas se suicidaron, mientras 48% fueron formalizados. Además, uno de los femicidas está prófugo (4%) y otro estuvo prófugo hasta que lo mataron en un homicidio asociado a su actividad delictiva.

En 28% de los femicidios se usaron armas de fuego. En 44% de los casos se usaron armas blancas, 16% de las mujeres fueron asesinadas mediante asfixia y 8% a golpes. En un caso (4%) no hay datos sobre el arma utilizada.

Caso a caso

1 Carolina Escudero

A Carolina Escudero dejaron de verla el 11 de enero. Dos semanas antes se había separado de su pareja, con quien tenía un hijo de tres años. Ambos tenían 27 años.

Al otro día de su “desaparición”, el hombre se presentó ante la Policía. Tras ser indagado, se mató. En la carta que dejó para su madre, dejó dicho que no tenía “nada que ver con lo que pasó” y que se mató “porque lo iban a acusar” de algo que no había hecho.

Diez días después se encontró el cuerpo de Carolina en Florida. Estaba en un campo, en un pozo en el que derrumbaron piedras para ocultarlo. Estaba semicalcinado y en avanzado estado de descomposición. Se llegó al lugar tras rastrear el teléfono de Carolina y de su femicida. El cuerpo tenía tres disparos de arma de fuego. Días después el cráneo de Carolina apareció en el basurero municipal, lo que se indicó que fue un “error” de la morgue.

2 Rosmari Fernández

Rosmari Fernández, de 23 años, fue apuñalada el 4 de febrero por su pareja, Junior Techera, también de 23 años. Después de matarla, el agresor se ahorcó. Fue en la casa que compartían en Isidoro Noblía, una localidad de Cerro Largo. El hijo de ambos, de cinco años, estaba en el lugar y fue encontrado por un familiar al otro día en la vivienda.

El femicida era militar y había sido dado de baja porque había intentado matarse en una unidad militar de Melo. Si bien no había denuncias previas, la mujer se atendía en los servicios de atención de violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

3 Nombre no publicado

Una mujer de 26 años fue atacada en la calle por su pareja, de 25 años, en la zona de la Unión.

El hombre disparó en la cabeza a la mujer y luego se disparó a sí mismo. El hecho ocurrió el 8 de febrero en Lombardini y Comercio. Él falleció en el lugar y ella fue trasladada al hospital Pasteur, donde fue intervenida quirúrgicamente y permaneció en estado grave durante varias horas y luego falleció.

No había denuncias previas por violencia doméstica y tampoco vivían en la zona donde ocurrió el ataque. La pareja, que había venido de Cuba y tenía un hijo pequeño, vivía en Ciudad Vieja. El niño estaba al cuidado de los vecinos en el momento del hecho.

4 María Eugenia

A María Eugenia la encontró muerta su hijo de siete años el 19 de febrero de 2021 en el apartamento en el que vivían junto a la pareja de ella, en la zona de Sayago.

La mujer era policía y trabajaba en la Unidad 1 de Punta de Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación. A su pareja, de 23 años, lo conoció en la cárcel, cuando él estaba preso por un delito sexual. El hombre cerró con llave la casa y se fue, dejando adentro a la mujer fallecida y al niño. El niño encontró a su madre sobre la cama y notó que no respiraba, por lo que pidió ayuda. Un vecino y la hermana de la mujer, que vivía en el mismo complejo habitacional, rompieron la puerta y entraron.

El hombre le robó el arma de reglamento y el chaleco antibalas. También se llevó la moto de ella y su tarjeta de débito, con la que sustrajo dinero.

Cinco días después fue imputado con prisión preventiva por hurto especialmente agravado, violencia doméstica y omisión de asistencia. Fue liberado unos meses después.

Casi un año después del femicidio, y luego de una exhumación, se determinó que María Eugenia fue estrangulada y se libró una requisitoria para detener al femicida. El 31 de enero lo mataron en un homicidio asociado a un conflicto criminal. Le dispararon en la calle.

5 Nombre no publicado

Una mujer de 43 años fue asesinada el 7 de marzo por su expareja, un hombre de 45 años. La atacó en la vía pública en Sauce, Canelones.

La mujer trabajaba como guardia de seguridad en el hospital Francisco Soca, en Canelones. Regresaba de su trabajo en ómnibus y cuando bajó fue interceptada por el agresor. El hombre le disparó con un arma de fuego. Luego se mató.

6 Nombre no publicado

Una mujer de 31 años fue asesinada en la madrugada del 25 de marzo por su pareja, un hombre de 40 años que unas horas después se entregó a la Policía. El femicidio ocurrió en la casa donde convivían, en la zona de Casavalle, en Montevideo.

El femicida se presentó en la seccional 17 y confesó que había estrangulado a la mujer. Cuando constató que no respiraba, el hombre intentó suicidarse con cortes en las muñecas. Al no lograrlo, se entregó a la Policía unas horas después.

7 Nombre no publicado

Un hombre de 89 años que vivía en una vivienda del Banco de Previsión Social en Tacuarembó mató a una mujer de 29 años el 20 de abril. La apuñaló varias veces y luego se suicidó. La casa estaba cerrada por dentro.

La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una trabajadora social que visitaba al hombre y que pasó días sin poder ubicarlo. Un cerrajero abrió la vivienda. La Policía encontró a la mujer asesinada en una habitación y al hombre, ahorcado, en otra. Se investiga el móvil del hecho y el vínculo que había entre ambos.

8 Mirta Correa

Mirta Correa, de 60 años, fue asesinada el 28 de abril por su pareja, Adhemar Píriz, de 66 años. Luego de apuñalarla y matarla en una habitación, Píriz se ahorcó en el patio de la casa, en Tacuarembó.

Había antecedentes de violencia doméstica; la mujer lo había denunciado el año anterior y la Justicia había intervenido.

9 Nombre no publicado

Una mujer de 37 años fue apuñalada por su pareja, de 34 años, en una vivienda en las inmediaciones de Calle 5 y Alto Perú, en el barrio Malvín Norte.

El hombre fue quien llamó a la Policía para informar sobre el hecho. Planteó que se apuñalaron mutuamente en una discusión. La mujer fue trasladada al hospital Pasteur, donde falleció. El agresor fue detenido en el lugar. También fue detenida su madre, de 54 años, quien habría tenido participación en los hechos.

10 Elizabeth Vera Tamareo

Elizabeth Vera Tamareo, de 38 años, fue asesinada el 20 de junio por su expareja, JLMT, de la misma edad, en una vivienda en Young, Río Negro.

La mujer fue apuñalada. Si bien estaban separados desde hacía algunos meses, víctima y victimario compartían vivienda. Vivían allí también sus dos hijas, de cuatro y nueve años, que estaban en el lugar cuando ocurrió el crimen. No había denuncias previas de violencia doméstica.

Al momento de ser detenido el hombre se atrincheró en el baño de la vivienda e intentó quitarse la vida. Fue trasladado a un centro de salud. Fue dado de alta y formalizado.

11 Soraya Castro

Soraya Castro, de 51 años, fue asesinada por su pareja, de 62 años, el 28 de junio en una vivienda en Ciudad de la Costa, Canelones.

Su pareja, que estaba en la escena, fue quien llamó a la Policía. Inicialmente solicitó auxilio diciendo que la mujer se había suicidado. Luego cambió la versión y dijo que no sabía qué había pasado. Tras plantear distintas hipótesis, fue detenido por la Policía. Se encontraron armas y casquillos en la vivienda. El hombre fue formalizado por el crimen.

12 Eliana Fernández

Eliana Fernández, de 18 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja en la localidad de Punta de Carretera, a 90 kilómetros de la capital de Tacuarembó. El femicidio ocurrió el 30 de junio en la casa de la mujer, donde también se encontraba una bebé de seis meses, hija de ambos.

El femicida, de 22 años, tenía una orden de restricción de acercamiento a su expareja. Luego de asesinar a la mujer, el hombre se dirigió a la estancia en donde trabajaba y los dueños alertaron a la Policía sobre lo sucedido. Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en las muñecas y el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital y luego formalizado.

13 Soledad Mancuso

Soledad Mancuso fue asesinada el 19 de julio por su expareja en una casa del barrio Cerro Ejido, en el departamento de Artigas. Tenía 38 años. Astrugildo Saldaña, de 49 años, le disparó y después se fugó.

Un mes después, Saldaña se suicidó en una persecución policial. Cuando la Policía de Artigas lo encontró y lo rodeó, se mató. El hecho ocurrió en una cantera de Cerro Ejido.

Soledad lo había denunciado y tenía custodia policial desde entonces. Pero, a pedido de ella, la custodia había sido removida seis días antes del femicidio.

14 Nombre no publicado

Una adolescente de 16 años fue asesinada por su exnovio, de 21 años, en Paysandú. El hecho ocurrió el 4 de agosto, a unos 120 kilómetros de la capital departamental.

Después de matarla, el femicida se mató. La pareja se había separado ese día. Habían estado un año y medio juntos. Tras separarse, la adolescente se iba a ir a vivir a la casa de su hermana. El femicida fue hasta la casa de su excuñada, ingresó a la vivienda y le disparó. Luego, salió y se disparó a sí mismo.

15 Nombre no publicado

Una mujer de 83 años fue asesinada el 6 de agosto en su vivienda en Minas, Lavalleja. El responsable fue su pareja, de iniciales OMCH, de 67 años. No se aportaron datos de cómo la mató. El hombre fue formalizado.

16 Verónica Bangueses

Verónica Bangueses, de 18 años, fue asesinada el 19 de agosto mientras dormía en su casa en Maroñas por su novio de 17 años. Estaban en pareja hacía poco más de un año.

En la mañana, su familia la encontró en su cuarto, herida y sin signos vitales. En paralelo, el 911 recibió una llamada de una mujer que informó que su hijo “estaba ensangrentado” y que “al preguntarle qué pasó, este le manifestó que había matado a su novia”. El adolescente se presentó con su madre en una seccional y fue privado de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

17 Natalia López

Natalia López, de 34 años, fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en el parque Artigas de la ciudad de Pando, Canelones, el 13 de setiembre. Fue asfixiada por su pareja, Gustavo Fleitas, de 39 años.

El hombre la mató en la casa que compartían y al otro día sacó el cuerpo de la mujer en bolsas y lo trasladó en su auto. Fue imputado por el femicidio.

18 Lucía Hernández

Lucía Hernández, de 19 años, fue asesinada el 18 de setiembre en su casa en San Carlos, Maldonado. Su pareja, de iniciales LMBH, de 23 años, la golpeó con un adoquín en la cabeza. La mujer era madre de un bebé de ocho meses.

El femicida huyó del lugar en moto y tuvo un accidente frente a la terminal de ómnibus carolina. Chocó contra un auto que estaba estacionado y estuvo en grave estado. Luego, fue dado de alta e imputado por el femicidio.

19 Nombre no publicado

Una mujer de 43 años fue asesinada el 2 de octubre en Malvín Norte.
El femicida, que tiene 20 años y había sido “adoptado” sin trámites legales por la mujer, llamó al 911 para informar que, al arribar a su casa, se había cruzado con “dos hombres que salían” y al entrar vio a su madre “tirada en el piso”. La mujer recibió una puñalada en el cuello y falleció en el lugar. Posteriormente se constató que el responsable fue el hijo de la mujer y fue imputado por femicidio.

20 Nombre no publicado

Una mujer de 42 años fue asesinada el 4 de octubre en una vivienda en Sauce, Canelones. El femicida, de 38 años, la apuñaló y luego se suicidó con un arma de fuego. El hecho ocurrió en la casa del padre del hombre.

La relación, que era esporádica, había empezado hacía poco más de un año. No había denuncias previas de violencia doméstica.

21 Florencia Espinosa

Florencia Espinosa, de 29 años, fue asesinada el 9 de octubre en el barrio Sayago. Fue apuñalada en su casa por su pareja, Alexander Pose, de 43 años. La hija de ambos, de ocho años, presenció los hechos. Tras ser herida, la mujer y la niña lograron salir de la casa que compartían con el femicida y acercarse a una pizzería cercana, propiedad de los cuñados de la mujer, para pedir auxilio. Mientras tanto, el hombre huyó del lugar.

Su cuñado la trasladó a un centro de salud, donde fue sometida a una cirugía de urgencia, pero falleció por las múltiples heridas que recibió en el tórax.

La Policía se dirigió al lugar del ataque y encontraron al femicida en la puerta de la casa. Cuando vio a los policías, este ingresó a la vivienda y volvió a salir con una cuchilla con la que amenazó con suicidarse; intentó clavársela en el cuello, pero apenas se autoinfligió un corte sin gravedad. Fue reducido y formalizado por el femicidio.

22 Nataly Texeira

Nataly Texeira tenía 19 años y vivía en Salto. El 12 de octubre dejaron de verla y desde ese entonces su familia la buscaba. Ocho días después, encontraron su cuerpo sepultado en el fondo de la casa que compartía con su pareja, con quien tenía dos hijas de tres y cuatro años. Su familia reclamó durante días por su búsqueda.

El femicida fue su pareja, Ariel Landa, de 25 años. Fue formalizado. Había denuncias previas y años antes se habían dispuesto medidas cautelares de restricción de acercamiento.

23 Sonia Rodríguez

Sonia Rodríguez, de 60 años, fue asesinada por su pareja, un hombre de 82 años que la apuñaló y después se mató. El hecho ocurrió el 13 de noviembre en la casa que compartían en la capital departamental de Paysandú. La mujer fue trasladada a un centro de salud, pero murió luego de ingresar.

24 Nombre no publicado

Una mujer de 31 años fue asesinada y su fue cuerpo hallado en un aserradero en Rivera.

La Policía fue al lugar porque alertaron que había una mujer muerta en una de las piezas del predio que estaba trancada por fuera con un candado.

La mujer tenía una relación sexoafectiva con un hombre de 55 años, que tiene tres antecedentes penales y trabajaba como guardia en el aserradero. El hombre está prófugo y requerido a nivel nacional. Se presume que se fugó a Brasil.

25 Nombre no publicado

Una mujer de 59 años fue asesinada el 23 de noviembre en Pinamar Norte, en Canelones, tras recibir un disparo de arma de fuego. Su pareja, un hombre de 60 años, se suicidó. A su lado se encontró una escopeta. Estaban en pareja desde hacía 13 años y no tenían hijos.

Por fuera del conteo

Por fuera del conteo quedaron al menos tres casos. Uno es el de Liliana Rodríguez, de 42 años, que falleció tras prenderse fuego en Tacuarembó. Si bien su pareja fue formalizada por violencia doméstica, tras el testimonio del hijo adolescente que acusó al hombre de someter a su madre a violencia no se pudo comprobar aún que él la haya matado, por lo que su muerte es “dudosa”.

Por otra parte, dos mujeres fueron asesinadas y arrojadas al arroyo Pantanoso. Una fue Claudia, de 35 años. La encontraron el 6 de setiembre y su caso se investiga. Otra fue Betina Araujo, a quien encontraron asesinada dentro de una tarrina el 29 de diciembre y cuyo homicidio es investigado.

La Diaria / Denisse Legrand /  COMCOSUR MUJER Nº 710 – 07/03/2022
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5) URUGUAY: RUMBO AL 8M: MUJERES Y DISIDENCIAS CONVOCAN A MANIFESTARSE EN LAS CALLES DE TODO EL PAÍS

En Montevideo, habrá movilizaciones en el centro de la capital y manifestaciones descentralizadas en diferentes barrios.

Colectivos y organizaciones feministas en estas horas pintan carteles, arman banderas y coordinan los últimos detalles para lo que será la jornada del 8 de marzo, en la que están previstas distintas actividades en todo el territorio nacional. Un año más, el Día Internacional de la Mujer llega en un contexto de pandemia pero distinto al panorama de hace un año, en el que la situación sanitaria del país impactó en la organización de las actividades de conmemoración y lucha. Después de casi dos años de convivir con el coronavirus, la apuesta este año es volver al encuentro con otras en las calles, ya sea a escala masiva o en forma de movidas más chicas en barrios.  

En Montevideo, el Tejido Feminista –un espacio de articulación de varios colectivos, organizaciones, mujeres y disidencias feministas autoconvocadas– llama a concentrarse en la plaza Libertad y en la plaza de los Treinta y Tres (más conocida como plaza de los bomberos) a partir de las 18.00, bajo la consigna general “Somos agua cuando la realidad es piedra”. Luego de una intervención artística en cada uno de los puntos, las manifestantes marcharán por la avenida 18 de Julio hasta confluir en Ejido y Santiago de Chile. Desde allí caminarán por esas calles hacia la rambla, explicó a la diaria Valentina Machado, vocera del espacio. Al finalizar, habrá una lectura de proclama.

Los colectivos y organizaciones que integran el Tejido Feminista entienden que el movimiento feminista no es “centralista” ni “unitario”, señaló Machado, y por eso cada grupo tiene autonomía de plantear su propia movilización. En esa línea, la Coordinadora de Feminismos presentó su convocatoria “Nos mueve el deseo, encendemos memoria, hacemos historia”, que concentrará a las 18.00 en la plaza Libertad.

También en este caso, marcharán por la avenida 18 de Julio hasta la intersección de Ejido y Santiago de Chile, donde pararán para permitir el desvío de mujeres y disidencias que quieran caminar hacia la rambla. Luego continuarán hasta la plaza de los bomberos, donde realizarán una intervención artística y entonarán juntas una canción.

En tanto, la Intersocial Feminista mantendrá el formato propuesto para la marcha de 2021 con movilizaciones descentralizadas en diferentes barrios bajo la consigna “Juntas en todos los espacios contra todas las opresiones”. Este año, el propósito de la estrategia no es evitar aglomeraciones debido a la pandemia, sino expandir el movimiento feminista y habilitar que las mujeres y disidencias que no puedan trasladarse al Centro o quieran manifestarse en sus territorios puedan hacerlo.

La “movilización central” de la Intersocial Feminista en Montevideo está pautada a las 18.00 en avenida 18 de Julio y Paraguay, señaló a la diaria Valeria Caggiano, una de las voceras. Luego, cada participante podrá decidir a cuál de las convocatorias previstas en el Centro unirse.

Paro general

Durante este 8 de marzo, el PIT-CNT desarrollará un paro general nacional de 24 horas. La medida se había resuelto en diciembre y la Mesa Representativa ampliada de la central sindical ratificó la decisión el 25 de febrero, luego de que algunos sindicatos (entre ellos la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, la Federación Ancap, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo) presentaran reparos frente a la medida y solicitaran que el paro fuera sólo de mujeres.

Además, la central sindical definió organizar “desde la mañana” una entrega de volantes con información sobre los derechos de las mujeres trabajadoras en las sedes de distintos sindicatos, adelantó a la diaria la titular de la Secretaría de Género del PIT-CNT, Flor de Liz Feijoo. En la tarde, la central sindical brindará una conferencia de prensa.

A raíz de la decisión de la Mesa Representativa, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) definió adherir a la medida pero “sin parar” las actividades, “para asegurar la mayor participación en la marcha y en las diferentes actividades que se van a hacer durante el día”, tal como sostiene un comunicado difundido el 27 de febrero.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 710 – 07/03/2022
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años.
Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Melchora Cuenca 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/ Blog: nuevo.comcosur.org/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 4.091 MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN 2020 – comcosu r mujer 709 – 06.12.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 709 /lunes 06.12.2021 – Hoy:

1) América Latina y el Caribe: 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020
2) Chile: Movilizaciones por el día internacional contra la violencia hacia las mujeres
3) Uruguay: Investigación identificó distintas experiencias y tipos de violencia que viven mujeres lesbianas en Montevideo
4) Uruguay: Más de 30 organizaciones denuncian exclusión de la sociedad civil del acto del 25N encabezado por Inmujeres
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 709 – Lunes 6 de diciembre de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 4.091 MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN 2020

El feminicidio o femicidio como forma extrema y letal de la violencia de género continúa afectando a miles de mujeres y niñas cada año en América Latina y el Caribe, a pesar de que ha aumentado su visibilidad, la respuesta estatal y la presión ejercida masivamente por los movimientos de mujeres que han expresado su rechazo a la violencia de género en toda la región, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar un nuevo reporte.

Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y 9 del Caribe) en el año 2020, una disminución de 10,6% con respecto a 2019, cuando se reportaron 4.576 casos, de acuerdo con los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión, que cada año consolida y actualiza las cifras de femicidios/feminicidios y muertes violentas de mujeres por razones de género proporcionadas por los Gobiernos.

Es importante señalar que el indicador regional es una aproximación porque aún no hay una metodología común para generar estadísticas estandarizadas sobre este delito, explica la CEPAL.

En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras (4,7 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4 por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,1 por cada 100.000 mujeres), aunque estos tres países registraron una disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

Honduras pasó de 6,1 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2019 a 4,7 por cada 100.000 mujeres en 2020, mientras que en República Dominicana la tasa bajó de 2,7 a 2,4 y en El Salvador de 3,3 a 2,1.

Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior. De ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, indica la CEPAL.

En el Caribe anglófono, cuatro de nueve países y territorios con datos disponibles sobre muertes violentas por razones de género registraron un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2020. En Granada subió de 1,9 a 5,5 por cada 100.000 mujeres; en San Vicente y las Granadinas de 0 a 5,5; en Suriname de 1,1 a 2,8; y en Trinidad y Tabago de 2,9 a 3,1. Cabe destacar que ningún país o territorio de esta subregión tiene tipificación del delito de feminicidio o femicidio.

“No nos cansaremos de visibilizar la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas de nuestra región a diario y que repercute en la sociedad en su conjunto, pues constituye un obstáculo para el logro de la igualdad y de un desarrollo y una paz sostenibles”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

En 2021, el llamado se ha hecho todavía más urgente con la ampliación de la campaña “ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”, mediante la cual se busca movilizar a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Unidas para abordar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas.

La violencia feminicida está presente durante todo el ciclo de vida de las mujeres, aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas, apunta la Comisión.

En términos absolutos, en 18 de los 26 países que informan a la CEPAL, el número más alto de casos de feminicidio en 2020 correspondió al tramo de edad de entre 30 y 44 años (344 mujeres). Las adolescentes y mujeres adultas jóvenes de entre 15 y 29 años representaron el segundo rango con mayor incidencia de feminicidio, con 335 víctimas en 2020. También genera alerta, según la CEPAL, la situación de las niñas y adolescentes de la región: al menos 40 niñas menores de 15 años fueron víctimas de feminicidio.

El feminicidio no afecta solamente a las víctimas directas, sino también a todo su entorno y, en particular, a sus dependientes más cercanos, subraya la Comisión. Al menos 357 niños, niñas y adolescentes, así como otros dependientes, se encontraban bajo el cuidado de las víctimas de feminicidio que se contabilizaron en 2020 en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Si bien los países de la región han avanzado en la última década en la producción de estadísticas sobre feminicidio, falta fortalecer los sistemas de registro a nivel nacional y estandarizar la información, de manera de contar con mejores datos para el análisis de las características del delito a nivel nacional, así como para mejorar la comparabilidad regional e internacional, sostiene la CEPAL.

La tolerancia social e institucional, la impunidad y la dificultad para acceder a servicios de salud y de justicia oportuna y de calidad, entre otros factores, contribuyen a que todas las formas de violencia contra las mujeres ocurran y se perpetúen, recalca la Comisión.

En este sentido, resulta necesario ampliar la medición y visibilización de otras formas de violencia que forman parte del continuum de la violencia feminicida; en particular, la violencia sexual, que esta muy vinculada al feminicidio, pues son habituales los asesinatos de mujeres y niñas que han sido precedidos por actos de violencia sexual ejercidos por perpetradores que no necesariamente tienen o han tenido una relación sentimental o familiar con las víctimas.

El fortalecimiento del marco normativo debe ir acompañado de otros pasos, como la elaboración de planes y programas públicos basados en la evidencia, que incorporen estrategias de prevención y reparación y el fortalecimiento y financiamiento de los servicios esenciales de calidad, además de mejorar el acceso a la justicia.

“Desde la CEPAL destacamos la importancia de que las mediciones sobre violencia contra las mujeres y niñas se constituyan como centrales en el marco de los sistemas de información y las estadísticas oficiales de los países. Hoy, prevenir y hacer realidad el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es un horizonte impostergable y urgente en la región”, concluyó Bárcena.

Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 709- 06/12/2021
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2) CHILE: MOVILIZACIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

La Red Chile Contra la Violencia hacia las Mujeres, junto a otras organizaciones de mujeres, convocó el pasado 25 de noviembre a una nueva manifestación en Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. “Las feministas reafirmamos nuestro compromiso por continuar luchando contra el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y el racismo. En el contexto actual, no daremos ningún paso atrás ante la amenaza de la ultraderecha y el fascismo, que atenta contra la autonomía y libertad de las mujeres y disidencias sexo genéricas”.

La organización hizo un llamado a participar de las acciones ya confirmadas en más de 65 territorios del país, y a organizarlas en calles y plazas públicas si no las hubiera, para manifestar la decisión intransable de vivir vidas libres de violencia.
Asimismo, respaldan el trabajo realizado por la Convención Constitucional que termine con la herencia de la dictadura cívico-militar y prefigure una nueva compresión del país, que represente la pluralidad de personas y pueblos que habitamos este territorio. En especial se valoró la acción de las feministas que la integran y su empeño por posicionar asuntos claves para las mujeres.

ONU Mujeres en Chile invitó también a sumarse a la campaña mundial ÚNETE, que tiene como principal objetivo poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.

Al 21 de noviembre de 2021, en Chile se registran 35 femicidios consumados y 143 femicidios frustrados según información entregada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En el ámbito digital, el estudio “Violencia digital: experiencias de niñas y adolescentes en Chile” reveló que el 73,8% de las mujeres ha recibido algún tipo de violencia digital. El 32% de las niñas entre 12 a 14 años recibió algún tipo de petición sexual o de fotografías íntimas sin que quisiera hacerlo, cifra que sólo fue 1% para los niños y que aumenta a 47% en las adolescentes entre 15 y 18 años.

Lo anterior, indica que los niveles de violencia contra mujeres y niñas se han mantenido perpetuando este flagelo social. Es importante considerar que estas cifras no reflejan el total impacto de la COVID-19, ya que sería aún mayor si incluyeran todos los tipos de violencia, como es la violencia económica, psicológica, distribución inequitativa trabajos de cuidado no remunerados y violencia simbólica, entre otras.

El Clarin.cl/ COMCOSUR MUJER Nº 709- 06/12/2021
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3) URUGUAY: INVESTIGACIÓN IDENTIFICÓ DISTINTAS EXPERIENCIAS Y TIPOS DE VIOLENCIA QUE VIVEN MUJERES LESBIANAS EN MONTEVIDEO

La ciudad es un territorio que habilita la pluralidad y la expresión de la diversidad. Sin embargo, la “exclusión” y la “discriminación” también son parte del paisaje urbano. Las mujeres lesbianas están expuestas “constantemente” a situaciones específicas de discriminación y violencia en las calles, los espacios públicos y los medios de transporte. Son víctimas de miradas, gestos ofensivos, acoso verbal e incluso agresiones físicas que vulneran su derecho a la ciudad y restringen sus expresiones de afectividad en los espacios que transitan y habitan.

Así lo determinó el estudio Derecho a la ciudad: una mirada a las experiencias de mujeres que se vinculan sexoafectivamente con otras mujeres en Montevideo, presentado este martes. La investigación fue encomendada por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM) a un grupo de investigadoras e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, coordinado por Marcela Schenck, magíster en Ciencia Política y especializada en temas de diversidad y género.

Entre junio y setiembre de este año, 21 mujeres cis mayores de 18 años, residentes en Montevideo y que tuvieran o hubieran tenido relaciones con otras mujeres, fueron entrevistadas con el objetivo de conocer sus vivencias en el espacio urbano y adquirir insumos para la elaboración de acciones o políticas públicas departamentales específicas. Las mujeres participantes se identificaron como lesbianas, bisexuales, pansexuales, algunas manifestaron preferir “no identificarse con ninguna etiqueta” o sentirse primariamente como “lesbianas” antes que como mujeres.

Schenck señaló que en la conformación de la muestra se buscó “heterogeneidad” en relación a los “barrios de residencia, nivel educativo formal, nivel socioeconómico, edad, situación migratoria, origen étnico racial y situación de discapacidad”, algo que en “algunos casos se logró y en otros no”, y que deberán ser más contemplados en futuras investigaciones, así como la visión de mujeres trans.

Violencia permanente

De los relatos de las mujeres se desprende la “mirada de la otredad” como un elemento permanente en el tránsito por la ciudad y con “diferentes grados de problematización”, dijo la coordinadora del estudio. Este tipo de discriminación se manifiesta en “expresiones de odio”, “censuradoras” y “lascivas”.

Schenck señaló que estas formas de violencia son las más extendidas y más naturalizadas entre las entrevistadas. “Prácticamente no encontramos relatos donde no se mencionara esto de las miradas por la calle”, señaló la investigadora, y agregó que las mujeres lesbianas tienen “asumido” que si salen a la calle de la mano con su pareja la “mirada juzgadora” estará presente. Una de las entrevistadas expresó: “Eso de juzgar, sí, siempre. Eso de dar miradas juzgadoras, siempre. Sentir que me miran mal o que miran a mi pareja de arriba abajo”, cita el estudio.

Otro tipo de violencia mencionado en reiteradas oportunidades es el acoso verbal, sobre todo de parte de varones que hacen comentarios con connotaciones sexuales. De acuerdo al documento, la alta frecuencia de este tipo de acoso está en consonancia con lo registrado en las dos encuestas nacionales realizadas en nuestro país para medir la prevalencia de la violencia basada en género y generaciones, que se hicieron en 2013 y 2019.

A su vez, estas situaciones aumentan la percepción de riesgo, afirmó la experta. “No sólo por la incomodidad vinculada a ese acto de violencia, sino por un sentimiento de amenaza mayor”, dijo. Según las entrevistadas, este tipo de violencias se registra en todos los espacios públicos: calles, lugares bailables, teatros y medios de transporte, entre otros.

Las situaciones de violencia llegan incluso a la agresión física, aunque estos actos se registraron en menor medida. Sólo en estos casos las entrevistadas afirmaron que presentan denuncias ante la Policía. Frente al resto de las violencias vividas, no se toma ninguna medida; incluso el estudio registró un desconocimiento entre las mujeres de los lugares o personas a las que pueden recurrir para plantear estas situaciones y recibir apoyo.

“Una vez una amiga estaba con su pareja besándose, normal, como cualquier persona puede hacer. En ese momento, un par de hombres adultos les empezaron a gritar de todo, las amenazaron con tirarles piedras y, efectivamente, les tiraron. Tuvieron que irse porque ese tipo de agresión puede ser el comienzo de una violencia mayor, no sabés qué puede pasar; si ya te están tirando piedras e insultando, puede pasar de todo a una mayor escala. Lo mejor es huir, por más triste que sea”, expresó una de las consultadas.

Restricciones de la afectividad

Estas situaciones generan que las mujeres lesbianas limiten sus expresiones de afecto en el espacio público. Las parejas de mujeres se limitan a tomarse de la mano o darse un abrazo para “evitar reacciones negativas del entorno”, dijo Schenck. En el informe, las y los autores explican que esta actitud responde a que la mayoría ha atravesado situaciones de lesbofobia o bifobia. “Todas mis amigas lesbianas o bisexuales han sufrido en algún punto alguna discriminación, algunas más y otras menos. Pero a todas, siempre, algo por la calle nos ha pasado”, dijo una entrevistada.

Otra participante comentó: “Tratamos de reservarnos. Si tenés ganas de estar con una mujer, de repente te vas a un lugar que no es tan público. Mis amigas y yo en eso nos cuidamos un poco, es tipo ‘no voy a hacer esto’, que es una manera de cuidarse y otra manera de que no, porque te estás privando de otras posibilidades, pero es así”.

En relación a las expresiones de afecto en la ciudad, las mujeres que se identificaron como bisexuales narraron una experiencia muy diferente entre sus vivencias en el espacio público con una pareja heterosexual y sus vivencias con otra mujer. “Estuve mucho tiempo en pareja con hombres y es como abismal la diferencia entre el lugar que ocupás como pareja homosexual y pareja heterosexual en la sociedad”, señaló una de ellas.

Zonas de riesgo

Las mujeres que participaron en la investigación identifican la zona céntrica como el espacio urbano con menor percepción de riesgo en comparación con el resto de los barrios en Montevideo. Entre las zonas identificadas como menos hostiles se encuentran los barrios Centro, Cordón, Palermo, Barrio Sur y Parque Rodó. “Estos se caracterizan por ofrecer espacios abiertos (plazas públicas, parques, rambla), una gran oferta gastronómica y recreativa (bares, pubs, cervecerías, bares gay-friendly, restaurantes), también son puntos turísticos y concentran muchas personas jóvenes, sobre todo en la noche”, señala el informe.

Sin embargo, las y los autores también apuntan que algunas de las experiencias de discriminación más significativas vivenciadas por las entrevistadas se registraron en estos espacios. Shenck subrayó que las mujeres no ubicaron ningún espacio totalmente “libre de riesgo”, que dé garantías a las mujeres de una correcta interacción social, libre de discriminación y violencia. El escenario más temido e identificado como momento de mayor riesgo para las mujeres es la noche.

El transporte público es otro espacio donde se evidencia incomodidad y situaciones de riesgo. “La diversidad de público que viaja en el transporte capitalino y la situación de encierro, en muchas ocasiones superpoblado, es proclive a que se generen situaciones de abuso y violencias físicas, verbales, psicológicas, simbólicas y sexuales”, sostiene el estudio.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 709- 06/12/2021
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4) URUGUAY: MÁS DE 30 ORGANIZACIONES DENUNCIAN EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ACTO DEL 25N ENCABEZADO POR INMUJERES

Recuerdan que su participación está prevista en la Ley 19.580 y aseguran que la situación constituye un “golpe a la democracia”

En un comunicado difundido en las últimas horas, 37 organizaciones sociales, colectivos y plataformas feministas denunciaron que la sociedad civil fue excluida del acto central de conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizado por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, que encabeza el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Esta decisión “cercenó la voz de la sociedad civil organizada en un espacio que tiene garantizado de acuerdo a la normativa nacional”, asegura el texto, que recuerda que la Ley 19.580 establece en su artículo 13 que el consejo incluye la participación de tres representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
“Desde 2002, en el marco de la Ley 17.514 [de erradicación de la violencia doméstica] y el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, la sociedad civil organizada ha aportado en la elaboración de la política pública y ningún gobierno excluyó la voz de la sociedad civil de esta forma”, advirtieron las organizaciones firmantes, y agregaron que esta situación “constituye un atropello a la ciudadanía organizada, a la ley, y un golpe a la democracia”.

Ante esto, exigieron “el cumplimiento de todos los aspectos de la Ley 19.580”, “que el Estado garantice el espacio cívico para la participación ciudadana” y el “respeto” y “reconocimiento” a “las mujeres que vienen luchando, desde hace mucho tiempo, por erradicar las violencias”. “Sin participación ciudadana garantizada no hay democracia plena; con abuso de poder por parte de las autoridades se fragiliza el Estado de derecho”, concluyeron.

Durante la marcha que convocó la Colectiva por el 25N el 25 de noviembre, representantes habían manifestado a la diaria el malestar por esta situación y adelantaron que presentarían una queja. Al día siguiente, hicieron pública la preocupación durante una conferencia de prensa que realizaron en el espacio Las Pioneras. Las firmas de muchos de los colectivos que integran la colectiva aparecen en el comunicado.

El documento está firmado por la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo, el Área Vejez y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Comité de los Derechos del Niño, la Cooperativa Chalouá, Cotidiano Mujer, el Colectivo Expresas Políticas por el Memorial, el Colectivo Feminista y Disidente del Cerrito de la Victoria, el Colectivo Salvavidas, Diálogo Político de Mujeres Afrouruguayas, El Abrojo, El Paso, Encuentro de Feministas Diversas, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Gozarte, el Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento Uruguay, el Instituto Mujer y Sociedad, la Intersocial Feminista, La Melaza Candombe, Las Caprenses, Luna Nueva, Mizangas Mujeres Afrodescendientes, Mujer y Salud en Uruguay, el Movimiento Social de Mujeres y Disidencias, Mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, Mujeres de Negro Uruguay, la Organización de Trabajadoras Sexuales, el Plenario de Mujeres del Uruguay, la Red Pro Cuidados, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Relacachupan Uruguay, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, la Secretaría de Género y Equidad de AFP, el Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gómez, Uafro, y UKAY Mujeres y Disidencias Indígenas.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 709- 06/12/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Melchora Cuenca 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la
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URUGUAY: ONU ADVIERTE QUE PROYECTO DE CABILDO ABIERTO SOBRE PRISIÓN DOMICILIARIA ES “CO NTRARIO AL DERECHO INTERNACIONAL» – Comcosur informa 2026 – 19.11.2021

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021 – Hoy:

1) Chile: Campaña audiovisual denuncia los impactos del modelo forestal y celulosa
2) Uruguay: Hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía designadas en este período de gobierno
3) Uruguay: ONU advierte que proyecto de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria es “contrario al derecho internacional”

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021

1) Chile: Campaña audiovisual denuncia los impactos del modelo forestal y celulosa
Tomate Rojo/ Juan Ortega

Colectivo Viento Sur y Equis Lab Comunicación están al frente de esta iniciativa que busca visibilizar los impactos del modelo forestal en los territorios.

El video ya se encuentra disponible para libre reproducción y difusión en el siguiente link: youtu.be/16hhlpX6xMo

El jueves 4 de noviembre se lanzó el primer audiovisual informativo de la campaña “Visibilización de los impactos de la industria forestal y celulosa”. Una acción que surge tras la primera experiencia del Taller de Comunicación Comunitaria para la Defensa del Territorio.

Cabe destacar que este lanzamiento ocurre en el transcurso de dos profundos acontecimientos. En primer lugar, el actual contexto de militarización en el territorio Wallmapu, que ha sido declarado bajo estado de excepción por el gobierno chileno, específicamente en las regiones del Bio Bio y La Araucanía, donde las empresas forestales tienen un rol principal en la represión, violencia hacia el pueblo Mapuche, incluído el asesinato de activistas.

“La implementación de la industria forestal a gran escala sobre Wallmapu (el territorio ancestral mapuche) fue impulsada a la fuerza mediante el Decreto Ley 701 a comienzos de la dictadura del ’73 en Chile y reforzada durante los gobiernos de transición gracias a la privatización y concesión de carreteras eléctricas y proyectos de generación hidroeléctrica u otras ERNC. Hoy, los gobiernos desarrollistas de países hermanos como Paraguay y Brasil comienzan a implementar las mismas leyes forjadas durante la dictadura chilena para invadir nuevos territorios buscando la producción de energía barata, y activando otras formas de industria extractivista”. –Diego Oyarzo, Colectivo Viento Sur, Chile.

Al mismo tiempo, la realización de la Conferencia Mundial del Clima COP26 en Glasgow, donde los países del mundo se reúnen del 1 al 12 de noviembre para generar acuerdos en materia ambiental y definir las agendas referidas al Cambio Climático para los próximos años.

“Entendemos que las intenciones de real avance frente a la Emergencia Climática y la protección de los ecosistemas no son el centro en la COP26, la prioridad está puesta en lo económico como ya ocurrió en la Cumbre de París en 2015. En la situación actual, más tibieza traería consecuencias irrecuperables para la humanidad” declaró Camila Romero del Colectivo Viento Sur, en referencia al momento en que se lanza la campaña audiovisual mencionada, y a la necesidad urgente de hacer efectivos los derechos de las poblaciones por sobre intereses económicos puntuales.

La campaña es también un primer paso para la conformación de una Red de Corresponsales Comunitarios, cuyo objetivo será colaborar para identificar y denunciar las consecuencias de los proyectos extractivistas, iniciativa que continuará con la publicación semanal de material informativo que espera ser difundido a través de medios de comunicación libres y comunitarios en Wallmapu, Chile y Latinoamérica.

Próximos contenidos de esta campaña estarán disponibles en la plataforma Web del Colectivo Viento Sur y en el perfil de Youtube “Impactos de la industria celulosa y forestal”

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021
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Uruguay: Hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía designadas en este período de gobierno
La Diaria / Denisse Legrand

La Policía está estructurada en 19 jefaturas y 18 direcciones nacionales. En cada departamento hay una jefatura, que tiene una cúpula compuesta por jefe, subjefe y coordinador.

El artículo 173 de la Constitución establece cuáles son los requisitos para ser jefe de Policía y cómo se realizan los nombramientos. Para ser jefe de Policía no es requisito excluyente ser policía: la Constitución establece que serán designados por el Poder Ejecutivo “ciudadanos que tengan las calidades exigidas para ser senador”. Es decir, tener 30 años cumplidos y contar con ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio. La Constitución establece también que el Poder Ejecutivo podrá separarlo o removerlo cuando lo estime conveniente. El subjefe y el coordinador son designados por el Ministerio del Interior (MI).

El 30 de enero de 2020, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el exministro del Interior Jorge Larrañaga presentaron la nómina de personas que iban a asumir las distintas jefaturas de todo el país. Todos los jefes nombrados fueron policías y hubo solo una mujer designada. Al momento de las designaciones, 14 de los 19 eran retirados; luego, pasaron todos a retiro.

En lo que va de este período de gobierno, a 20 meses de iniciada la gestión, hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía. Las razones: “no dar con el perfil” tras una evaluación; un pedido de procesamiento por entorpecer la investigación de un homicidio; no actuar frente a una aglomeración; reunirse con un exjerarca; motivos personales; fallecimiento; incumplir medidas obligatorias dispuestas por el MI; y por la investigación de delitos asociados a la corrupción policial.

Alberto González, exjefe de Policía de Artigas, fue el primer cesado, a 100 días del comienzo de la gestión, el 17 de junio de 2020. Tras una evaluación de todos los mandos policiales, se definió cesarlo. Desde el MI se explicó que no daba con el perfil adecuado y fue sustituido por Adolfo Cuello, quien en ese momento era subjefe de Policía de Salto.

Flores: Juan Ángel Fontes y Walter Porcile
Juan Ángel Fontes renunció a su cargo como jefe de Policía de Flores el 20 de setiembre de 2020, luego de que pidieran su procesamiento con prisión por entorpecer la investigación del homicidio de un adolescente que ocurrió en 2008.

La fiscal Alicia Abreu pidió el procesamiento con prisión de cuatro policías, entre ellos Fontes, por el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley y para uno de ellos también el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de un documento o certificado. En cuanto a la participación de los policías en el hecho, Abreu señaló que no se les puede atribuir un vínculo con el homicidio, sino el entorpecimiento de su investigación.

Larrañaga consideró que no fue un error la designación de Fontes. “No sabíamos que podía terminar en una imputación fiscal, que no significa condena, es una acusación fiscal”, argumentó en ese entonces. En agosto de este año, la Justicia archivó por prescripción el caso que provocó la renuncia de Fontes.

Fontes fue sustituido por el comisario general Walter Porcile, quien también fue cesado, el 26 de octubre (35 días después de asumir su cargo), por haber permitido una aglomeración de personas sin que se cumplieran las medidas sanitarias asociadas a la emergencia sanitaria a raíz de la covid-19 en la plaza principal de Trinidad.

En su lugar asumió Gonzalo Larrosa. El actual jefe de Policía de Flores ascendió a comisario general en este período y estuvo involucrado en un video que se viralizó, en el cual se ve a su hijo menor de edad junto a otro niño y otro adolescente practicando con armas de fuego en el polígono de la Guardia Republicana. Si bien esto es ilegal, pues la normativa no lo permite, el MI no inició ninguna investigación por el hecho.

Larrosa fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación ​(INR) ​en la anterior gestión. Fue cesado tras comprobarse que aportó información falsa respecto a un homicidio en el Penal de Libertad. Había informado al MI que el hombre había fallecido “en una riña” entre personas privadas de libertad, pero luego se comprobó que fue asesinado por un impacto de bala de munición menos que letal disparada por un policía que actuó fuera de la norma, a corta distancia y directo al cuerpo. El MI decidió cesar al entonces director del INR, quien fue trasladado a cumplir funciones en el departamento de Salto.​ ​En marzo de 2020 asumió como director del Centro de Comando Unificado, cargo en el que estuvo ocho meses.

Montevideo: Erode Ruiz
Erode Ruiz también fue cesado como jefe de Policía de Montevideo el 26 de octubre, luego de reunirse con Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La reunión fue por varios casos de desalojos por parte de organizaciones criminales que fueron denunciados. Este vínculo generó molestia en la cúpula del MI, en particular en quien sucedió a Leal en su cargo, Santiago González, que según fuentes ministeriales y policiales no tenía buena relación con Ruiz.

La salida de Ruiz tuvo diversas repercusiones políticas. Leal la catalogó como “insólita” y dijo que respondía “al rencor”.

Ruiz fue sustituido por el comisario general Mario D’Elia, quien fue designado inicialmente encargado porque no estaba retirado, y tras pasar a retiro asumió como jefe.

Lavalleja: Blanca Olivera
Blanca Olivera renunció a su cargo como jefa de Policía de Lavalleja el 20 de junio de 2021, alegando “motivos estrictamente personales”. Era la única mujer a cargo de una jefatura de Policía. El comisario general retirado Jorge Khazzaka asumió su lugar y con su nombramiento todas las jefaturas de Policía pasaron a estar dirigidas por varones.

Florida: Ruben Saavedra
El 5 de agosto de 2021 falleció en un accidente de tránsito Ruben Saavedra, quien era jefe de Policía de Florida. El 23 de agosto, el comisario general retirado José Manuel Azambuya asumió ​al frente de la Jefatura de Policía de Florida. Azambuya había sido director nacional de Policía Científica hasta noviembre de 2020,​ cuando dejó el cargo por ​“una decisión estrictamente personal” y expresó su “absoluto agradecimiento con las autoridades” que lo habían designado en 2016.​ ​“Después de más de 32 años y medio de servicio, la biología marcó el fin de mi actividad al servicio de mi patria, aunque intrínsecamente estaremos al servicio de ella y siempre seremos Policía de alma”, escribió en su mensaje de retiro​.

Río Negro: Martín Botto
Martín Botto renunció a su cargo como jefe de Policía de Río Negro el 18 de octubre de 2021, tras incumplir con las medidas obligatorias que prevé el Ministerio del Interior ante el caso de un policía de su dependencia que fue denunciado por abuso sexual.

El encargado de la Brigada de Seguridad Rural de Río Negro fue denunciado por su sobrina porque abusaba sexualmente de ella de forma asidua cuando era una niña. Cuando un policía es denunciado por violencia doméstica y de género se debe aplicar el Decreto 111/015, que plantea medidas preventivas en todos los casos, sin excepción. El policía fue formalizado por reiterados delitos de atentado violento al pudor, tras lo cual fue sumariado con separación del cargo. Sin embargo, durante 14 meses no se llevaron adelante ninguna de las acciones obligatorias que tendría que haber tomado el MI. En ese período, además, Botto otorgó al policía formalizado el premio “Jefe de Policía”, en el marco del 191 aniversario de la institución.

El comisario mayor retirado Omar Agrasar asumió como jefe de Policía de Río Negro tras el cese de Botto.

Cerro Largo: José Adán Olivera
José Adán Olivera renunció a su cargo como jefe de Policía de Cerro Largo este miércoles para “no involucrar al Ministerio del Interior” en irregularidades y delitos. Se investiga el involucramiento policial en el caso de contrabando para el Estadio Municipal Mario Ubilla, administrado por la Intendencia de Cerro Largo.

Varias personas fueron detenidas, entre ellas un policía de investigaciones de la jefatura departamental. El policía fue imputado por reiterados delitos de hurto, uno de contrabando especialmente agravado y otro de utilización de información privilegiada de forma indebida. A través de las escuchas telefónicas, se descubrió que prometía avisar en caso de que cayera una orden de allanamiento, tanto desde jefatura de Policía de Cerro Largo como desde otras dependencias policiales.

Este caso podría ser el puntapié de otras investigaciones, en las que no se descarta el involucramiento de Olivera. La jefatura de Policía de Cerro Largo le fue encargada de manera interina al subjefe departamental, el comisario general Ignacio González. Olivera ya había sido cesado previamente del mismo cargo en marzo de 2018.

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021
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Uruguay: ONU advierte que proyecto de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria es “contrario al derecho internacional”
La Diaria /

Cinco relatores del organismo señalan al gobierno que la iniciativa es “incompatible” con “las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos”

Cinco relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculados a asuntos de derechos humanos enviaron una carta al gobierno uruguayo manifestando su “profunda preocupación” respecto del proyecto de ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a los privados de libertad mayores de 65 años, por considerar que es “incompatible” con “las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos”.

Fundamentan esta incompatibilidad en que beneficiaría especialmente a decenas de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar, que cumplen pena en la cárcel de Domingo Arena.

La carta está firmada por el relator de ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En la misiva, expresan su “profunda preocupación” por la iniciativa, que argumenta su razón de ser en la pandemia de la covid-19 “sin mediar una evaluación de cada caso particular y permitiendo la continuación de dicho régimen con posterioridad a la finalización de la situación de emergencia, según surge del texto del proyecto”. En particular, destacan que “permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.

“Nos preocupa que el anteproyecto fundamenta la modificación de sustitución por régimen domiciliario por razones humanitarias que se ven agravadas por la pandemia, pero no establece que esos beneficios quedarán sin efecto una vez finalizada la emergencia referida. Por el contrario, establece expresamente que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena”, añaden los relatores.

Si bien coinciden en la necesidad de que los gobiernos “tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas” en el marco de la emergencia sanitaria, subrayan que las medidas de prevención en este sentido “deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto”.

Dichos estándares, señalan, “prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones serias a los derechos humanos y graves del derecho internacional humanitario, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad”.

Por lo anterior, explican que las medidas de arresto domiciliario por razones humanitarias para dichas personas, por principio, “sólo pueden otorgarse en caso de enfermedad terminal de resolución inminente”, y como último recurso. Asimismo, reconocen que a partir de la situación particular de reclusión de los presos por delitos de la dictadura, “quienes por su condición son sometidos a dispositivos específicos de seguridad que evitan el hacinamiento o contacto masivo con otras personas reclusas,(como sería aparentemente el caso en la Unidad 8 Domingo Arena), no existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total”.

“Con el fin de evitar privilegios o medidas análogas a las amnistías generales prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en ningún caso debe otorgarse el beneficio de arresto domiciliario de forma generalizada e indefinida para reclusos que han sido condenados por violaciones serias a los derechos humanos y graves del derecho internacional humanitario, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad”, insisten los relatores de ONU, que hacen mención a distintas resoluciones del organismo referidas a las obligaciones de los estados de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.

También resaltan que “no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos”, y que “la impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”.

Finalmente, expresan su “disponibilidad para proveer la asistencia técnica que pueda ser necesaria” y solicitan al gobierno uruguayo que informe “cómo el proyecto de ley” en cuestión “es compatible” con “el derecho internacional de los derechos humanos”. También piden que informe del estado del debate parlamentario sobre dicho proyecto “y si se ha garantizado la participación durante el proceso de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad”.

La carta será incluida en el informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de ONU.

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años – Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Melchora Cuenca 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/ Blog: nuevo.comcosur.org/ comcosur@comcosur.com.uy / Comcosur también en Facebook

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HONDURAS: COPINH EXIGESENTENCIA POR ASESINATO DE DEFENSORA BERTA CÁCERES – COMCOSUR MUJER No. 7 06 – 01.11.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 706 /lunes 01.11.2021 – Hoy:

1) Argentina: Soberanía alimentaria, agroecología y encuentro feminista de la UTT

2) Chile: Comenzaron los debates sobre los contenidos de la nueva Constitución chilena

3) Ecuador: Galápagos, un paraíso violento con las mujeres

4) Honduras: COPINH exige sentencia inmediata por asesinato de defensora Berta Cáceres

5) México: Baja California se convierte en el quinto estado en despenalizar el aborto

6) Uruguay: Colectivo Mizangas organiza ciclo de talleres sobre violencia de género y racial para mujeres y disidencias en el interior del país

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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 706 – Lunes 1ero de noviembre de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano

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1) ARGENTINA: SOBERANÍA ALIMENTARIA, AGROECOLOGÍA Y ENCUENTRO FEMINISTA DE LA UTT

Este 23 y 24 de octubre, en la sede de la UTT (Unión de Trabajadores/as por la tierra) en Olmos, La Plata, las trabajadoras de la tierra de todo el país se reunieron para compartir las problemáticas que atraviesan como mujeres campesinas y productoras de alimento en cada territorio. Lo que las une: la necesidad de la Ley de Acceso a la Tierra, pero además talleres de plantas medicinales, de sexualidad, teatro, alimentación sana, tejidos, fiesta y agite son parte de lo que las encontró. Compartimos con ellas ambos días de encuentro y entrevistamos a productoras de Misiones, Mar del Plata, Olmos y la secretaria de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Rosalía Pellegrini en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres trabajadoras de la tierra.

Es el primer día del Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras de la Tierra. El sol y el viento pegan fuerte sobre el campo de Olmos, en 197 y 36 donde la UTT tiene una de las sedes. “Han venido más de 200 promotoras rurales de género de más de quince 15 provincias, mujeres rurales campesinas productoras de alimentos que organizadas en la Secretaría de Género estamos no solo combatiendo, concientizando acerca del machismo en nuestros territorios sino también desarrollando distintas iniciativas que tienen que ver con agroecología, perspectiva de género, con la construcción de una soberanía alimentaria que incluya a las mujeres» dice Rosalía Pellegrini, secretaria de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

La primera vez que las mujeres trabajadoras de la tierra hicieron su encuentro fue durante el 34° Encuentro Plurinacional de MTTBNb, en La Plata. «También desarrollamos ideas que tiene que ver con el protocolo contra la violencia de género dentro de la organización que se aplica a lo largo del territorio nacional. Porque decimos, si la justicia es patriarcal desarrollemos nuestra propia justicia feminista y nos hacemos cargo dentro de la propia organización” dice Rosalía antes de agarrar el megáfono para organizar la primera parte de los talleres: «Olé olé, olé olá, es por la tierra pa trabajar, soberanía alimentaria popular». Las mujeres de Tucumán, Misiones, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Corrientes, Jujuy, Salta y otras seis provincias se suman a cantar y los talleres comienzan.

Estela Miranda, pequeña productora de la zona de Olmos impulsa la formación en Alimentación Sana, Segura y Soberana. Buscamos un lugar al reparo del viento y la entrevistamos sentada en el frente del Refugio para Mujeres que construyó la UTT. Antes que nada, Estela sostiene: «Estar en la Unión de los Trabajadores de la Tierra es la lucha por el acceso a la tierra» y explica: «No queremos que nos regalen la tierra, sino poder tener un crédito blando para poder ir pagando de a poco la propia tierra que plantamos, en vez de pagar un alquiler a Cattoni o Matioli (inmobiliarias de la zona), queremos acceder a un pedazo de tierra y el día de mañana construir una casa digna para nosotras y nuestros hijos».

En La Plata son 5000 pequeños productores que sólo se llevan el 30% del precio final del producto en la góndola. «La mayoría alquila, luchamos por tener una vivienda digna, esa es la lucha también, porque las quintas que alquilamos tienen casillas de madera en malas condiciones, no podemos hacer casa de material y se sufre mucho por el tiempo, el temporal te hace caer todo, o se prende fuego la casilla, quedas con lo puesto; por eso luchamos por acceso a la tierra y vivienda digna«.

¿Cómo afecta no tener tierra propia a las mujeres en particular? «Si yo alquilo una quinta el contrato está a nombre de un hombre, no puedo decidir qué plantar, si yo no quiero usar químicos el patrón viene y me lo da y lo tengo que poner, y ¿por qué? porque no soy dueña de la tierra, entonces cuesta que la mujer sea visibilizada», dice Estela.

¿Qué sucede en los Encuentros de Mujeres Trabajadoras de la Tierra? «Para mí es una alegría; crecimos muchísimo, podemos decir las cosas, antes no se podía; podemos decir no a algunas cosas, hoy en el encuentro de mujeres ver a tantas compañeras que pasan por cosas duras, que a la vez nos fortalece, el día de mañana si alguien viene y me quiere humillar ya no le dejamos hacerlo, por eso la importancia de saber dónde acudir, tener compañeras que sepamos apoyarnos. Yo antes era una mujer callada, sumisa, era una mujer de casa, siempre atendiendo al marido, a mis hijos, tuve que pasar muchas cosas, tener que salir a trabajar, y hoy en día pasó ya tiempo, tengo mis compañeras de género que estuvieron ayudando y pude salir y me siento fortalecida, por más que venga un hombre y me diga no vas a ser capaz me entraría por un oído y me saldría por el otro, es bueno que se hagan estos encuentros para poder ayudarse» rescata Estela. Hoy en día impulsa la capacitación en alimentación sana en el Mercado Central a través de una diplomatura y «salimos por el conurbano a enseñar a compañeros de la organización cómo comer nuestra propia verdura que plantamos».

Desde marzo del 2020, la UTT preside el centro comercializador de frutas y hortalizas que abastece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, donde viven 12,8 millones de personas; con el objetivo de permitir el acceso de pequeños productores y cooperativas a los grandes mercados.

Otra de las luchas que impulsa la UTT es la Ley de Etiquetado Frontal porque apuntan que son las mujeres y sus familias quien más sufre las reglas de etiquetado de productos, y las que van al frente en las tareas de cuidados, las cuales no son reconocidas. «Trabajo en la quinta pero aprendí a variar de verdura, que se pueden mezclar colores y a implementar legumbres, no solamente comiendo carne, a veces no es necesario. El cambio es difícil pero se puede cambiar a una alimentación sana, porque hay mucho sobrepeso por la comida rápida, y también saber lo que estamos comiendo, aprender a leer como está compuesto un producto comprado, es algo que antes no lo hacía y lo aprendí, no dejarme llevar por un dibujito. A veces también el tiempo: somos mujeres que trabajamos en la quinta, y es volver a la casa, cocinar rápido, estamos al cuidado de los hijos. Necesitamos que la mujer sea visibilizada porque está al frente de todo: la casa, los niños, el trabajo, lo económico, no nos tienen en cuenta, somos las que trabajamos a la par del hombre y más que ellos», dice Estela. Le preguntamos si le podemos hacer un retrato fotográfico pero con una sonrisa nos dice que no quiere.

ANRed/ Manuela Wilhelm / COMCOSUR MUJER Nº 706- 01/11/2021

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2) CHILE: COMENZARON LOS DEBATES SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN CHILENA

“Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mamas, dueña [ama] de casa, mujer manifestante”, dijo la convencional Alejandra Pérez, y habló sobre las di cultades de acceso a la salud, en la sede de la Convención Constitucional, en Santiago, el 22 de octubre.

Las iniciativas presentadas hasta ahora apuntan a un Estado plurinacional, con un Congreso de una sola cámara, y a la protección de nuevos derechos.

Una vez que definió sus reglas de funcionamiento, la Convención Constitucional instalada en julio abrió el lunes su debate de fondo, acerca de los contenidos que debe incorporar la nueva Constitución de Chile. Salud, educación, derechos, pueblos indígenas y nuevo sistema de gobierno son algunos de los temas sobre los que empiezan a tomar posición los 155 convencionales.

“Por primera vez, los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa plural y en condiciones de igualdad y horizontalidad a discutir y pensar un país donde la dignidad se haga costumbre”, dijo la presidenta de la convención, Elisa Loncon, al inaugurar esta etapa. Ese día, el lunes 18, se cumplían dos años del comienzo de las movilizaciones masivas que condujeron a este proceso político.

El contenido de los artículos que se aprueben debe contar con el voto de dos tercios de los constituyentes, pero antes de llegar a su tratamiento en el plenario, en esta etapa se trabajará en los temas mediante siete comisiones. Cada una será coordinada por dos presidentes, que organizarán el trabajo y guiarán la discusión.

A lo largo de esta semana los convencionales eligieron a los 14 coordinadores, ocho mujeres y seis hombres. El partido con más representantes resultó el Frente Amplio, con cinco presidentes. Otros dos presidentes de comisión pertenecen al Partido Socialista, dos representan al pueblo mapuche y dos integran la articulación llamada Movimientos Sociales. También tienen un representante el Partido Comunista y las listas Pueblo Constituyente e Independientes no Neutrales. Según informaron los diarios El Mostrador y La Tercera, la derecha no sumó votos suficientes ni para tener representantes ni para colocar a convencionales centristas a los que dio su apoyo.

Para empezar

El debate recién comienza, pero las propuestas que hicieron hasta el momento los convencionales permiten hacerse una idea de los asuntos que serán discutidos. El Observatorio Nueva Constitución, una organización civil integrada por académicos y expertos en políticas públicas que hace un seguimiento de este proceso, dio a conocer el jueves un documento que analiza esas iniciativas: “Las propuestas constitucionales de los 155 convencionales. La línea básica para analizar la discusión constitucional que se inicia”. En sus conclusiones, esta investigación prevé que una vez que se avance en este proceso, “estaremos en presencia de una nueva Constitución con evidentes elementos diferenciadores de la actual”.

Los investigadores concluyen que “se comienza a edificar una Constitución que abandone el hiperpresidencialismo actual, con una clara necesidad de equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, ya sea por medio de un presidencialismo atenuado con mayores atribuciones del Congreso (parlamentarizándolo) o un semipresidencialismo donde el Congreso tiene un rol en el gobierno”.

También señala el informe que se impulsan nuevas atribuciones para el Poder Legislativo, como la de controlar la constitucionalidad de las leyes, y hay propuestas que apuntan a que la integración del Congreso “sea expresión de la representación territorial, con paridad y escaños reservados [a los pueblos originarios], y que exista revocación de su mandato”. En cuanto a su estructura, los investigadores concluyen que “29 de 32 propuestas sobre unicameralismo o bicameralismo afirman la idea de un Congreso unicameral”. De acuerdo con datos recabados por el diario La Tercera, que recibió respuestas de 133 de los convencionales, 51,1% de ellos estaría a favor de pasar a un sistema unicameral.

“Sobre las atribuciones del presidente hay mayor diversidad por cuanto hay, por un lado, proposiciones sobre reforzar sus atribuciones, pero al mismo tiempo medidas para limitar su poder”, afirma el Observatorio Nueva Constitución. Por otra parte, prevé que aumente la descentralización en Chile, con “una mayor distribución de poder político, administrativo y financiero”, aunque todavía se desconoce en qué medida se avanzará en cada una de esas áreas.

Otro aspecto central es el de los derechos sociales. De acuerdo con el observatorio, aparecen en tres ejes. Uno es el de la protección del medioambiente, en el que se incluyen 176 iniciativas. Allí se contempla la justicia ambiental y la participación ciudadana. También aparecen el reconocimiento del derecho al agua y la nacionalización de recursos naturales.

Un segundo eje es el de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género, los derechos de la infancia y la igualdad en cuanto a la diversidad sexual. Un total de 162 propuestas apunta a la equidad de género, la educación sexual y los derechos reproductivos, incluido el aborto.

El tercer eje es el de los pueblos indígenas. Este último se laudará “seguramente bajo la fórmula de plurinacionalidad u otra equivalente, marcada por la representación política en los órganos del Estado, el reconocimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales y su propiedad”, así como otros derechos, entre estos los culturales. El sondeo de La Tercera señala que “al menos 96 convencionales” están dispuestos a convertir a Chile en un Estado Plurinacional con libre determinación de los pueblos.

Por otra parte, ese periódico agrega que 123 de 133 integrantes de la convención que respondieron a sus consultas estarían a favor de “incorporar mecanismos de democracia directa que complementen la representación, como la iniciativa popular de ley y plebiscitos”.

Con sus propuestas, muchos convencionales buscan consagrar los derechos de trabajadoras y trabajadores, como individuos y como colectivos, lo cual comprende la negociación colectiva y los derechos sindicales, señala el informe del Observatorio Nueva Constitución. “La lista Apruebo Dignidad [integrada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y candidatos independientes] es la que cuenta con más menciones en este tema y se enfoca principalmente en garantizar el derecho a un trabajo digno y una remuneración suficiente para las necesidades básicas. Además, plantea las necesidades de reconocer el trabajo doméstico no remunerado y fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores, específicamente en lo relativo a un fortalecimiento de los sindicatos, la negociación colectiva por rama y el derecho a la huelga efectiva en todos los sectores”, dice el documento. Por su parte, la derecha gobernante, que se presentó como Vamos por Chile, “propone la creación de un nuevo estatuto del empleo público y garantizar el derecho al emprendimiento, protegiendo la libertad de trabajo”.

También se contemplan en la convención y sus proyectos los derechos “a la educación, salud, seguridad social y pensiones, vivienda y la consagración de una cláusula general de tutela” que los garantice. Después de analizar 105 propuestas, la investigación concluye que en educación se apunta a priorizar el sistema público y la gratuidad, que también se intenta reformar el sistema público de salud, y cambiar el de la seguridad social con una reforma del modelo actual o la implementación de uno nuevo.

En esta etapa, la tarea de la Convención Constitucional no se limitará al debate. Además del trabajo en comisiones, integrantes del organismo recorren distintas zonas de Chile para dialogar con la gente y dar a conocer sus avances y contestar preguntas. A su vez, reciben aportes sobre los temas específicos en los que van a trabajar. Un grupo de convencionales participaría ayer en un encuentro virtual con el economista francés Thomas Piketty, informó La Tercera. El autor de El capital en el siglo XXI ha sido crítico con el sistema tributario chileno y su impacto en la desigualdad que sufre su población, y que en gran medida fue lo que llevó a buscar una salida en una nueva Constitución.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 706- 01/11/2021
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3) ECUADOR: GALÁPAGOS, UN PARAÍSO VIOLENTO CON LAS MUJERES

Jennifer Haz fue víctima de femicidio en mayo de 2020. A partir de su asesinato emergió un movimiento feminista en el archipiélago de Galápagos para denunciar la violencia sexual que viven las mujeres en estas islas que, desde el continente —y el resto del mundo— se piensan como encantadas.

La palabra femicidio no era parte del vocabulario de Marlene Beltrán hasta que su hija Jennifer Haz se convirtió en la víctima número 33 de este delito en 2020 en Ecuador y la primera en las Islas Galápagos. Cuando Jenny —como le decía de cariño— fue asesinada por su expareja el 11 de mayo de 2020, Beltrán empezó a investigar. Quería que la muerte de su hija no quedara en la impunidad y que la condena fuera justa.

Hoy lo tiene clarísimo. “No fue un homicidio, fue un femicidio”, dice con vehemencia, sentada en una silla plástica en su local de souvenirs en San Cristóbal, Galápagos. Sabe que el femicidio fue tipificado en 2014 en Ecuador y que su condena va de los 22 a 26 años. Sabe también que en otros países existe además la figura de feminicidio, que implica la inacción estatal frente este delito.

Es una mañana soleada de agosto de 2021, han pasado 15 meses desde la muerte de la cuarta de sus ocho hijos, “la más bonita y la más inteligente”. En las calles, los rayos del sol golpean el rostro de los pocos visitantes que hay en la isla. Adentro de la tienda, los recuerdos golpean a Marlene Beltrán. Se saca los lentes rectangulares de color vino y limpia sus lágrimas con las manos, deja los lentes a un lado: sabe que la conversación que viene no va a ser fácil. Hablar de Jenny aún duele, probablemente siempre duela.

Johanna, una de sus hijas, se hace cargo de la tienda mientras su madre conversa con nosotras, a ratos escucha con más atención la historia que tal vez ha escuchado tantas veces. De pronto se acerca y empieza a hablar: cuenta que Jennifer, quien trabajaba como profesora de primaria, los hacía estudiar a todos en casa, que nunca la vio triste y que cada vez que podía competía en las maratones de la isla. Soñaba con ir al continente —como las dos veces que viajó para estudiar una carrera universitaria— para medir sus tiempos de competencia. Su hermana le decía Bea, por su segundo nombre, Beatriz.

Johanna y Marlene recuerdan a Jennifer —Jenny, Bea— y por momentos hablan una encima de la otra, suben el tono, cuentan una historia a dos voces. Es como si sintieran la necesidad de descargarlo todo, alivio de por fin poder hablar, de ponerle nombre a eso que antes percibían, pero que no habían definido. El machismo, la violencia de género, el femicidio.

Hasta la muerte de Jennifer, la palabra femicidio tampoco era parte de las conversaciones sobre la cotidianidad de las islas encantadas. Peor de lo que se piensa de ellas. Una búsqueda en Google de la palabra Galápagos arroja en la primera página de resultados frases como: “es uno de los destinos más famosos del mundo para la observación de fauna” o “Charles Darwin lo visitó en 1835 y su observación inspiró posteriormente su teoría de la evolución”.

El archipiélago es conocido por su fauna cautivante, que incluye especies como tortugas gigantes, lobos marinos, tiburones, piqueros y pingüinos. Por su flora exótica, de cactus, mangles y el guayabillo, que con sus flores blancas y pequeñas es capaz de alcanzar hasta los 10 metros de altura. Por sus paisajes de aguas azules, celestes y verdes en sintonía con suelos rocosos de origen volcánico. Es el destino soñado, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Unesco. Un paraíso.

Un paraíso que, como recuerdan las noticias en ocasiones, sufre amenazas. Este 2021, por ejemplo, la cobertura mediática se ha enfocado en visibilizar la pesca ilegal e indiscriminada, realizada desde barcos gigantes procedentes de China, Corea y Taiwán. En julio de 2021, un estudio publicado en Science Report reveló los impactos del mayor caso de pesca ilegal reportado en las islas, ocurrido en 2017.

Otro de los temas centrales al hablar de Galápagos hoy es la reactivación turística y económica, tras la expansión del Covid-19.

Pero sobre la violencia basada en género poco se lee, se habla o se escucha, a pesar de que activistas feministas que crecieron y residen en las islas consideran que es un “secreto a voces”. A pesar de que, según un informe técnico realizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) —y remitido al Consejo del Régimen Especial de Galápagos—, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido alguna forma de violencia.

Un paraíso violento con las mujeres.

“En Galápagos siempre hemos estado hablando de conservación, de animalitos y de plantitas, pero de violencia de género jamás”, dice Isabel Iturralde, investigadora y máster en Estudios de Género. Está sentada en una banca de madera en el malecón de San Cristóbal, a pocas cuadras del local de Marlene Beltrán, y mientras habla, un grupo de lobos marinos rugen de fondo.

Esa idea es más que una percepción. Un estudio realizado por ONU Mujeres en 2019 señala que existe una “evidente tensión entre la imagen que se proyecta de Galápagos como destino (…) con énfasis en la conservación de la naturaleza y la protección de su frágil ecosistema, versus la barreras y necesidades socioeconómicas reales que viven sus habitantes, particularmente las mujeres”.

Iturralde, oriunda de Santo Domingo, reside en San Cristóbal desde hace 10 años. Aunque ha pasado algunos periodos fuera por estudio y trabajo, siempre regresa y pertenece al Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (Magma), un colectivo que busca visibilizar la violencia basada en género en las islas.

En geología se entiende el magma como una masa de rocas fundidas que se encuentra en las capas más profundas de la Tierra a muy elevada temperatura y presión, que puede fluir al exterior a través de un volcán, tras una erupción.

La erupción con la que llegó el movimiento Magma a Galápagos fue el femicidio de Jennifer Haz.

“Esas son extremistas“, opina el propietario de un hotel en Santa Cruz al escuchar el nombre de este colectivo.

Aunque se levanta de la silla, entre indignado y preocupado, cuando le preguntan sobre la violencia de género en su natal Galápagos y cree que ese tema también es duro —al igual que la pesca ilegal y la falta de servicios básicos como el agua potable—, considera que los movimientos feministas lanzan acusaciones y no dejan hablar a los acusados. “Siempre hay dos partes”, dice.

Desde su creación, Magma ha denunciado públicamente —a través de las plataformas digitales, plantones y otras acciones— los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres. Por ejemplo, en febrero de 2021, expusieron en sus redes sociales el #CasoPatricia, en el que una mujer sufrió una agresión física y sexual, pero cuyo agresor fue liberado tras dos días en prisión preventiva.

“En Galápagos se reproduce la violencia machista y los jueces no están preparados para atender y proteger a las víctimas y sancionar a los agresores”, escribieron en esa ocasión. Además de que el sistema judicial tiene trabas y le falta personal capacitado para atender este tipo de denuncias, considera que las turistas que enfrentan agresiones desisten porque esperar algún intento de justicia retrasaría sus posibilidades de irse.

“Obviamente eso crea una incomodidad en la gente. En el caso de las instituciones, se sienten señaladas”, opina Iturralde al saber que muchos las tachan de extremistas.

Pero Marlene Beltrán cree que nadie puede decirle eso a ella. “Yo le meto una cachetada, una bofetada, a la persona que me diga que protestar por la muerte de una hija es extremo. ¿Cómo es posible que pedir justicia sea considerado extremista? ¿Y si hubiera sido su hija?”, se pregunta con coraje.

El fuerte viento de agosto mueve un columpio desocupado dentro del vacío colegio Miguel Ángel Cáceres, en el sector La Alborada, en Santa Cruz. Se escucha un chirrido metálico, que resuena como una queja en el silencio de esa mañana soleada.

Las instalaciones del centro educativo están abandonadas desde marzo de 2020, tras la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país. Estaban abandonadas cuando, dos meses después, Eduardo Duque asesinó a Jennifer Haz en el terreno baldío de enfrente, apuñalándola 30 veces con un destornillador.

Una fotografía tomada por la Policía muestra el lugar acordonado por una cinta amarilla, cuando encontraron los restos de la víctima. Hoy —15 meses después de que se tomó esa foto— no hay cinta, no hay flores, ni la cruz de madera que la madre de Jennifer dejó para honrar la memoria de su hija. Los árboles han crecido y en las calles aledañas las personas transitan como si hubieran olvidado lo que ocurrió ahí.

El 11 de mayo de 2020 un vecino encontró el cuerpo y notificó a la Policía. Llamaron a su madre. Marlene Beltrán atendió el teléfono en San Cristóbal y le dieron falsas esperanzas de que su hija estuviera aún con vida. Entonces no estaban funcionando los botes que transportan pasajeros entre una isla y otra. El Covid-19 estaba en su pico en el continente y todo estaba detenido aquí y allá.

Beltrán estaba dispuesta a tomar una avioneta para transportar a su hija a un hospital en Guayaquil, de ser necesario, con tal de salvar su vida. Hoy sabe que cuando la llamaron realmente no había nada que hacer.

Se recuerda a sí misma gritando, desesperada, aturdida. Le permitieron subir a una lancha Sea Ranger de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, uno de los únicos botes que tenían autorizada la movilización en esos meses. “Me dijeron: tiene 15 minutos, señora, coja su ropa, lo que tenga a su alcance, que en 15 minutos salimos”.

Durante las dos horas de viaje, los pensamientos a los que se enfrentaba Beltrán la hicieron perder la noción del tiempo.

A Charles Darwin se le atribuye la frase: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta al cambio.

Nicolette Maquilón, Marcela Santillana, Cristina Camuendo, Verónica Prado y Graciela Cevallos son sobrevivientes. De acuerdo con el estudio colombiano De víctimas a sobrevivientes, “la víctima se convierte en ‘sobreviviente’ cuando comprende y acepta su realidad, y cuando participa en los procesos de reparación y reconstrucción de su mundo de vida”.

Estas mujeres lo son y su evolución —y reparación— fue convertirse en activistas.

Nicollette Maquilón nos cita en un bar de Santa Cruz. La música alta hace que su ímpetu se multiplique en su tono de voz. Está furiosa. En noviembre de 2020 su blog personal Mi Diario Grita evolucionó en un movimiento. Empezó a hacer encuestas sobre la violencia que hay en Galápagos. Los primeros resultados arrojaron que el 87% de los encuestados cree que Santa Cruz es un lugar machista. Pero también mostraron que existe dificultad para reconocer la violencia:

—¿Ha sufrido usted algún tipo de abuso?

—No, pero ¿es un abuso que te metan los dedos?

Maquilón mueve las manos con el histrionismo que la caracteriza como bailarina profesional, abre tanto los ojos que parece que se fueran a desorbitar y, en ocasiones, gruñe. “Perdón, es que me indigna”, dice y golpea la mesa.

Le indigna que la violencia esté tan normalizada y que los galapagueños y galapagueñas no estén hablando de eso a diario. “Ah, pero si roban 160 tortugas todo el mundo se escandaliza…”, dice.

Ella también vivió la violencia en primera persona. Hace tres años fue violada por un hombre de su círculo familiar. Sabe lo tortuoso que es el camino para conseguir justicia: su juicio tomó dos años y ocho meses.

Marcela Santillana es guayaquileña, pero vivió los últimos seis años en Santa Cruz. La pandemia, su efecto económico y una oferta de trabajo en Guayaquil la llevaron de vuelta a su ciudad natal. En el área social del conjunto habitacional donde reside ahora, revive una escena dolorosa que atravesó en su adolescencia, pero que marcó el inicio de sus cuestionamientos feministas. Cuando tenía 15 años vivió un secuestro y violación en manada al tomar un taxi por la noche, saliendo de un centro comercial.

“Fui culpabilizada y arrastré por años ese sentimiento”, cuenta. Allí empezó a preguntarse por qué la sociedad suele señalar a la víctima en lugar de al victimario.

Muchos años y un divorcio después, en 2015, llegó a Galápagos. Las islas encantadas representaban la promesa del paraíso, pero Santillana volvió a encontrarse con un agresor: vivió violencia psicológica, física y sexual. Hoy, forma parte de Magma.

La historia de Cristina Camuendo también empieza con la violencia y deviene en el activismo. Camuendo es warmi kichwa, es decir, mujer indígena. Nacida en Quito y perteneciente al pueblo kichwa Otavalo, lleva más de 25 años viviendo en Galápagos. Actualmente es miembro de Runa Warmikuna Galápagos, un colectivo que trabaja en el empoderamiento y la visibilización de las mujeres indígenas que viven allí.

Recuerda una infancia marcada por el machismo: su padre no le permitía usar pantalones. Peor aún shorts, a pesar de las altas temperaturas que se sienten en el archipiélago durante el verano. Su obligación era utilizar el anaco, una vestimenta de origen preincaico que las mujeres indígenas se ciñen a la cintura, a modo de falda.

Pero eso fue solo el principio. Cuando tenía 20 años, Camuendo vivió violencia psicológica y física por parte de su expareja. “Como mujer te enseñan a callar, a aguantar. Te meten en la cabeza que la mujer es la que sujeta el matrimonio”.

Si acceder a la justicia ya es difícil siendo mujer en Galápagos y viviendo una situación de violencia, lo es aún más siendo indígena. “Aquí no hay un solo funcionario que traduzca o entienda el kichwa”, dice.

El kichwa es uno de los idiomas oficiales de Ecuador y el segundo más hablado después del español. No es absurdo pensar en la necesidad de contar con personal capaz de receptar denuncias en este idioma, sobre todo considerando que solo en Santa Cruz viven cerca de 2.000 personas de la comunidad kichwa salasaka. Es decir, representan el 13.3% del total de 15.000 habitantes que tiene Santa Cruz. Además hay decenas de personas de otras comunidades, como Otavalo, de donde es Camuendo.

Por las dificultades que tiene su comunidad para nombrar la violencia machista y las formas en las que la tradición presiona a las mujeres a sostener su hogar bajo cualquier circunstancia, el activismo es un eje central en su vida. Quiere amplificar las voces de aquellas que no pueden ser escuchadas. Y coincide con Nicollette Maquilón e Isabel Iturralde: “aquí se han concentrado tanto en la fauna y la flora, que se han olvidado de una sociedad humana”. El estudio de ONU Mujeres apuntaba ya en 2019 a una causa para esto ocurra: “la violencia contra las mujeres es una problemática que pone en riesgo la imagen pública de hospitalidad que abandera Galápagos, lo cual contribuye a su soterramiento”.

Verónica Prado habla de la violencia que vivió por parte de su expareja. “Si a mí no me mató mi esposo fue porque me defendí con una plancha”, cuenta en una cafetería en Santa Cruz.

Prado es guayaquileña pero vive desde 2011 en Galápagos. Sueña con ser abogada para defender a las mujeres que son agredidas, como ella lo fue. Aunque ese anhelo es aún lejano, trabaja desde ya con sobrevivientes y las ayuda a salir de sus círculos de violencia. Lo hace desde el Colectivo Mujer, del que forman parte 18 mujeres. “Si yo no hubiera reaccionado sería otra Jennifer”, dice.

Reaccionar, para ella, implicó reconocer que no era normal que su esposo le gritara y la golpeara. En 2014 colocó una denuncia en su contra y el hombre estuvo dos veces detenido, pero el caso no prosperó. Incluso, él —galapagueño— llegó a amenazarla con deportarla, una palabra que para quienes llegan del continente es sinónimo de perder la vida que han hecho en su nuevo hogar, en el paraíso. Y un concepto con el que muchos nativos que forman una pareja con extranjeras utilizan para extorsionarlas.

Junto a ella está Graciela Cevallos, también guayaquileña. La mujer, de 60 años, lleva más de tres décadas viviendo en Galápagos, trabaja como guía del Parque Nacional y es también parte del Colectivo Mujer. Escucha en silencio a Prado, a veces asiente mientras su compañera habla y otras veces su mirada se pierde, como recordando su propio proceso, el que atravesó su hijo, y cómo ha sobrevivido en la isla a pesar del acoso y la violencia naturalizada.

El 15 de enero de 2021, los colectivos feministas que se armaron tras la muerte de Jennifer Haz salieron a las calles en Santa Cruz para denunciar socialmente la violencia machista. Tenían un objetivo: entregar ante el Consejo de la Judicatura un manifiesto en el que demandaban que se declare en emergencia al sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, fue el grito con el que se inició la marcha. Nicollette Maquilón iba al frente, marcando el tono para las consignas con fuertes golpes al enorme tambor que llevaba colgado de su pecho.

Algunos videos recogen lo que sucedió ese día.

“Había cerca de 500 personas”, recuerda el hotelero que tildaba de extremistas a esas mismas activistas que lograron movilizar a centenas de personas —en medio de la pandemia— para visibilizar algo que había permanecido en la esfera privada por años en las islas. “Casi tumban el Consejo de la Judicatura”, asegura.

Había mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. Algunos llevaban pancartas en las que se leían frases como “Galápagos indefenso”, “No te quedes callada”, “El machismo es pandemia”. Iban a pie y en bicicleta.

Las consignas cambiaban a medida que avanzaban por las cuadras. “El estado opresor es un macho violador” era otro de los gritos que se escuchaban. Finalmente llegaron al Consejo de la Judicatura, un edificio de ventanales de vidrio, pero se encontraron con la puerta cerrada.

“¡Que abran la puerta, que abran la puerta!”, gritaban. Esperaban que saliera Carolina Herrera, directora provincial de esta entidad, a recibir el documento.

En un lugar como Galápagos, este tipo de convocatorias son una novedad, casi un despertar, como un volcán que empieza a activarse. “En Galápagos recién estamos viviendo una revolución feminista que ya se vivió en Guayaquil y en Quito en los años 70 y 80”, dice Isabel Iturralde.

La protesta, antes tan extraña en las islas, empieza a ser parte de una nueva fuerza cotidiana. Dos meses después, los grupos a los que el Consejo de la Judicatura les cerró la puerta volvieron a las calles en la silenciosa Santa Cruz.

Era 8 de marzo de 2021, el Día Internacional de la Mujer. Llovía en la isla de Santa Cruz y llovía en Guayaquil. En la isla, los manifestantes llevaban pancartas en las que aparecía la foto de Jennifer. Nicollette Maquilón dirigía la batucada una vez más y gritaba “abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer”, mientras el resto coreaba con ella.

Ese mismo 8 de marzo, en Guayaquil —a 1.238 kilómetros— la abogada Alexandra Arízaga miraba cómo Marlene Beltrán respiraba de otro modo, más tranquila. Eduardo Duque Pasquel, el femicida de su hija, fue sentenciado a 34 años y seis meses de prisión.

En Ecuador, el femicidio se castiga con prisión de entre 22 y 26 años, según el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Hay, en total, 41 agravantes que pueden aumentar esa condena. “Existiendo agravantes generales de la infracción penal, esta pena se incrementa en un tercio, esto es ocho años y seis meses, dando como resultado una pena privativa de libertad de 34 años y seis meses”, se explica en el documento Femicidio: Análisis Penológico, de la Fiscalía. En la condena de Duque se agregaron seis agravantes.

Ese día, cuando terminó el juicio, Alexandra Arízaga envió un mensaje de texto con la noticia a los colectivos que marchaban en Galápagos. “Ellos lo celebraron”, cuenta en una llamada por la plataforma Zoom, desde Cuenca, en la provincia del Azuay.

En el proceso, Beltrán le había dicho a su abogada que la justicia que llega tarde no es justicia. El femicida de Jennifer fue sentenciado antes de que se cumpliera un año de su muerte. Y a pesar de las trabas judiciales, de que tuvieron que enviar pruebas para examinar en Quito, de que Beltrán tuvo que viajar entre una isla y otra a pesar de que no resiste estar cerca de la casa en la que vivió su hija los últimos días, de que tomó dos vuelos para llegar a Guayaquil y de todas las personas que tuvieron que llevar a las islas a hacer las pericias necesarias, la sentencia se sintió como una forma de cerrar un capítulo. Como una forma de justicia.

Beltrán dio con Arízaga mientras buscaba juicios similares en Ecuador y encontró el caso ‘El Mangajo’, donde la abogada aparece como defensora de ocho de las víctimas de violación y pornografía infantil y procesos que se abrieron en su contra. Hasta inicios de octubre, seis han recibido condena. La cuencana además lleva adelante el juicio conocido como #CasoSuperNiñas, de tres menores de edad galapagueñas contra su padrastro. Las tres fueron abusadas sexualmente por el hombre y una de ellas fue, además, violada.

En Galápagos la justicia no tiene psicólogos ni un trabajador social enfocado en género, no hay gente en criminalística y la mayor parte de análisis médicos de pruebas se envían a Guayaquil.

La abogada cuenta que la desprotección existe desde el momento en el que no se cuenta con funcionarios capacitados para tratar a las víctimas de violencia de género. “Es una desventaja increíble. Una menor abusada sexualmente es cuestionada como si ella fuera la que tuviera que dar respuestas, en lugar de protegerla”.

Pero además de los cuestionamientos, está la ausencia de personal técnico como los peritos. “Llega una niña violada con el miedo que suelen sentir las víctimas de violencia sexual —que no le crean— y cuenta que fue abusada por su padrastro y al ir donde el médico para practicarse una valoración, este la examina y se da cuenta de que tiene la menstruación y dice que no le hará la valoración porque está enferma”, cuenta la abogada.

La víctima, menor de edad, tiene que volver a hacerse la valoración porque, como dice Arízaga, “al final del día el juicio penal se gana con pruebas y lamentablemente tenemos que conseguir esta valoración”.

Cristian Farez, fiscal de San Cristóbal, reconoce algunas de estas trabas y asegura que ha enviado varios oficios a la Fiscalía General del Estado solicitando no solo la ampliación de competencias, sino también un equipo técnico con el fin de que se practique el peritaje integral. “El problema de Galápagos tiene que ver con la falta de recursos y esto nos complica de manera profunda”.

El #CasoSuperNiñas está en llamamiento a juicio, instancia a la que han llegado gracias a la persistencia de la madre, a pesar de que las víctimas y la fiscal del caso han sido denunciadas por su agresor por supuesto fraude procesal. Según él, la víctima miente en las declaraciones y ha presentado acciones en su contra en juzgados de Quito, Guayaquil y Cuenca.

La justicia tampoco ha llegado para una adolescente de 15 años que fue víctima de violación en un barco el 8 de noviembre de 2020. Según consta en el expediente, un adolescente la invitó a un barco de turismo. Al sitio también llegaron el primo y un amigo, también menores de edad. En la embarcación, le quitaron su teléfono celular y abusaron de ella. Sin embargo —cuenta Graciela Cevallos— uno de los presuntos culpables pasea libremente por la isla con guardaespaldas. El caso es conocido en redes sociales como #CasoEndémico.

En epidemiología el término endemia hace referencia a un proceso patológico que se mantiene en una población o espacio determinado durante períodos prolongados. En Galápagos, pareciera que la violencia contra las mujeres es endémica.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía, entre 2018 y lo que va de 2021, se registran en Galápagos un total de 531 denuncias de delitos de violencia basada en género: abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia física y violencia psicológica.

Sin embargo, las organizaciones civiles del archipiélago aseguran que se trata de un subregistro. “El dato real es lo que vives en la calle”, dice Verónica Prado. Nicolette Maquilón se atreve a lanzar un estimado: 9 de cada 10 mujeres en Galápagos han sido víctimas de alguna forma de violencia de género. El cálculo de Marcela Santillana es el mismo.

El territorio galapagueño tiene 33.042 habitantes, de acuerdo con la última proyección demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Están distribuidos en las cuatro islas pobladas del total de las siete islas mayores y 14 menores que conforman el archipiélago: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.

Sin embargo, la Fiscalía de Galápagos no funciona de manera independiente y a pesar de que es una provincia-región, no tiene una unidad provincial. Según explica el fiscal Cristian Farez, está adscrita a la Fiscalía del Guayas.

En el archipiélago hay oficinas de la Fiscalía únicamente en San Cristóbal y en Santa Cruz. La primera recibe y procesa además las denuncias de Floreana y la segunda, las de Isabela. ¿Pero qué pasa si una persona no puede hacer el viaje en bote entre islas para llegar a colocar la denuncia?

Farez contesta como repitiendo una respuesta prearmada que ha memorizado: “con la administración de la Fiscal General, Diana Salazar, se han creado las ventanillas virtuales”. Sin embargo, la conexión de Internet en casi todas las islas habitadas es lenta y costosa. Además, ¿de qué le sirve a una mujer colocar una denuncia a distancia si esa noche debe volver a casa con su agresor?

Isabel Iturralde considera que eso es una barrera para denunciar. Verónica Prado va más allá: cree que hay muchas mujeres que ni siquiera llaman al 911, porque lo ven como una pérdida de tiempo.

ONU Mujeres, en su informe, identifica algunos factores de riesgo o desencadenantes de violencia basada en género en las islas, que tienen que ver justamente con eso a lo que apuntan las activistas. Entre ellos: la falta de institucionalidad y presencia del estado en territorio, los altos niveles de impunidad de las personas agresoras, la inefectividad de la ley, la corrupción y la baja confianza en el sistema de justicia.

Una noche de abril de 2020, Jennifer Haz soñó que un cuervo negro la perseguía. Había empezado a recibir amenazas de su expareja, detenido por infringir el toque de queda dispuesto por la pandemia. Desde su encierro en una celda de la Policía de Santa Cruz le enviaba mensajes, le decía cómo la iba a matar. El 17 de abril de 2020 ella colocó una denuncia en la Junta de protección de la niñez y adolescencia, y la entidad le entregó una orden de alejamiento para su agresor.

En el sueño —tal como se lo narró a una amiga y como se grabó en la memoria de su madre tras leerlo en el expediente de su muerte— corría, corría, corría, hasta encontrarse con su hermano, quien le dijo “Jenny, huye”, siguió corriendo y saltó por una ventana hacia el otro lado. Despertó.

En Galápagos hay pinzones de Darwin, albatros ondulados, piqueros patas azules y patas rojas, fragatas, flamingos, pingüinos, pájaros tropicales de pico rojo. En total, 174 especies de aves únicas, 26 de ellas endémicas. Pero no hay cuervos negros. El cuervo en su sueño representaba a su agresor y el miedo que le tenía.

Treinta días después fue asesinada por el padre de sus tres hijos.

“Jenny ya sabía que la iban a matar”, asegura su madre. Lo sabía porque había blindado la casa en la que vivía con sus tres hijos: había protegido las ventanas con barrotes. “Parecía una cárcel”, dice Beltrán.

A pesar de que Duque tenía la orden de alejamiento, cuando Jennifer llamó a la Policía para denunciar que estaba intentando acceder a su casa, le dijeron que si el hombre estaba golpeando la puerta, no podía entrar. Y le aconsejaron que la próxima vez intentara grabarlo, para tener pruebas. Ese día, él no entró, pero el miedo de Jennifer crecía.

El 5 de mayo intentó agredirla nuevamente, esta vez en el restaurante en el que había conseguido trabajo para tener un ingreso extra a su sueldo de maestra. Lo llevaron detenido y el fiscal de turno le preguntó a Jennifer si él le había hecho daño.

—No, no me pegó.

—Bueno, entonces no hay nada.

El hombre quedó libre: el fiscal decidió no acusar porque no había sido notificado. “Eso fue una falla de la Junta, que debía remitir al proceso judicial que él fue notificado, sin embargo a mi criterio el titular de la acción penal es el fiscal y le correspondía hacer una llamada a la Policía para preguntar si estaba notificado o no. Y si se le acercó, él debía haber sido procesado por el incumplimiento”, dice Arízaga, la abogada que llevó el caso de Jennifer.

Cristian Farez dice que ese 5 de mayo él estaba en San Cristóbal. Era el pico de la pandemia y en esa época no había un fiscal permanente en Santa cruz, “un problema recurrente en las islas en estos años”. Por ello, él estaba a cargo de toda la provincia. Ese día, recibió el parte informativo de la detención de Duque, al que se había adjuntado una boleta de la Junta Cantonal de Santa Cruz. “El problema es que la orden no era específica, la Junta emitió mal la boleta”.

Por otro lado, Farez debía asegurarse de que Duque había sido notificado. Por ello, solicitó a un funcionario que se acerque a la Junta y saque copia del expediente. “Si él no sabía de la orden, no se podían formular cargos”, explica. Pero cuando el funcionario llegó a la Junta, se encontró con las instalaciones cerradas, por lo que no pudo acceder al expediente. Sin ese documento —alega— era imposible verificar el proceso administrativo y mucho menos si él fue notificado. Duque fue dejado en libertad y seis días después cumplió su promesa: asesinó a Jennifer Haz.

“Temo no por mí, sino por mis hijos, que se van a quedar solos”, le dijo Jennifer a su mamá después del sueño del cuervo.

En Ecuador, 1.095 niños y niñas han quedado en la orfandad desde 2014 —año en el que se tipificó este delito en el COIP— como consecuencia de los femicidios. Desde la muerte de su madre y la condena de su padre, los hijos de Jennifer Haz, de 11, 9 y 6 años de edad, están bajo la tutela de Angélica, la mayor de sus hermanas.

Marlene Beltrán espera que Angélica reciba un traslado de trabajo de Santa Cruz a San Cristóbal y que el Estado entregue a los menores de edad la compensación económica que estableció para los hijos e hijas de las víctimas de femicidio en el decreto 696 el 8 de marzo de 2019. Pero también espera que las autoridades hagan que la justicia deje de ser “oscura”, que ninguna mujer vuelva a ser víctima de femicidio y que ninguna madre —como ella— tenga que enterrar a su hija asesinada.

Cada vez que Marlene Beltrán ve al fiscal Cristian Farez caminar por el malecón de San Cristóbal le grita: “sobre tus hombros pesa la muerte de mi hija. No deberías pasearte por aquí”. Él solo agacha la cabeza y sigue su paso.

El 16 de marzo de 2021, ocho días después de que se dictara la sentencia en contra del femicida de Jennifer Haz, se aprobó la Ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia en la provincia de Galápagos. Casi un año después de la muerte de una “querida maestra” —como anunció uno de los medios locales el asesinato de Haz— y de que las mujeres salieran a protestar en Santa Cruz por primera vez.

La Ordenanza parte de tres estudios que se hicieron en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Se trata de los documentos de ONU Mujeres y de la USFQ, citados previamente en este texto, y un tercero, titulado Análisis FODA de la situación actual de los sistemas de protección y acceso a la justicia.

Esos estudios, realizados en 2019, arrojan datos claves para entender la violencia en la isla, como que más del 80 % de personas han escuchado casos de violencia física hacia las mujeres. Los datos también indican que en 2020, durante la pandemia, los llamados de auxilio se intensificaron: Del 12 de marzo al 31 de diciembre, el ECU-911 recibió 150 llamadas reportando casos de violencia intrafamiliar, contra las mujeres o miembros del grupo familiar. Adicionalmente, la Policía reporta 916 casos en los que tuvo que presentarse en un lugar por llamadas vinculadas a violencia.

Una de las propuestas de esta normativa es conformar la Mesa Interinstitucional de Protección Integral Social. Esta deberá garantizar que dentro de su presupuesto anual se establezcan acciones y montos específicos para la aplicación de este instrumento jurídico que, de alguna manera, pretende erradicar la violencia; porque como señala Farez, uno de los problemas de la isla es la falta de recursos asignados para llegar a soluciones concretas.
Los colectivos que para muchos son considerados extremistas han tenido que negociar para estar dentro de la Mesa Interinstitucional. Han tenido que gritar para hacerse escuchar y para que cuando se hable de Galápagos —desde el continente y el mundo entero— no solo se mencionen sus plantas y animales, sino también las mujeres que luchan día a día por sobrevivir en esa tierra.

“La muerte de Jenny pudo ser evitada, pero el sistema le falló”, dice Cristina Camuendo.

Marlene, Isabel, Nicolette, Cristina, Verónica, Marcela, Graciela y otras decenas de mujeres y activistas que viven en Galápagos no le van a fallar a Jennifer como lo hizo el Estado. En su nombre han iniciado una revolución y nunca más volverán a guardar silencio. Para ellas, las islas serán realmente ese paraíso que son para el resto del mundo cuando haya justicia y cuando ninguna otra mujer viva lo que ellas han vivido.

Revista Late / COMCOSUR MUJER Nº 706- 01/11/2021
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4) HONDURAS: COPINH EXIGE SENTENCIA INMEDIATA POR ASESINATO DE DEFENSORA BERTA CÁCERES

A casi cuatro meses del fallo condenatorio contra el exmilitar Roberto David Castillo Mejía como coautor del delito de asesinato en contra de la defensora hondureña, Berta Isabel Cáceres Flores, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Honduras, que se emita de manera inmediata la sentencia en el caso y así se dé acceso a la justicia a la familia de la víctima.

Cabe recordar que en julio de 2021, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal de Honduras declaró culpable, por unanimidad de votos, a David Castillo Mejía como coautor del asesinato contra la reconocida defensora, Bertha Cáceres (quien dedicó su vida a la lucha de los Derechos Humanos) cometido el 2 de marzo de 2016 cuando un grupo de atacantes entraron a su casa y le dispararon en varias ocasiones. Delito por el cual ya hay detenidas 7 personas más.

En un comunicado, integrantes del Copinh explicaron que la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal de Honduras ha incumplido con el plazo de tres meses para dar lectura a la sentencia para David Castillo por ser coautor en el asesinato de Berta Cáceres, lo que pone en riesgo el proceso de justicia y retrasa que los autores intelectuales del crimen, es decir Daniel Atala, José Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, sigan sin ser procesados.

En el juicio contra David Castillo, detallaron, las pruebas presentadas, entre ellas mensajes de texto, las sábanas de los celulares de los implicados, transferencias de dinero, entre otras, comprobaron que los autores intelectuales fueron quienes determinaron que la defensora hondureña debía ser asesinada para que su empresa hidroeléctrica “Desarrollo Energéticos S.A”.,conocida como DESA, pudiera explotar los recursos naturales del pueblo Lenca a través de su proyecto de “Agua Zarca”. Durante años, Cáceres y el Copinh lucharon contra DESA.

Al respecto, durante la última audiencia contra David Castillo, las y los jueces de este Tribunal aclararon que las pruebas presentadas también corroboraron que el exdirector de DESA, David Castillo había planificado y organizado junto con Daouglas Bustillo el asesinato de la defensora. Desde 2015 estas dos personas mantuvieron constante comunicación y Bustillo vigiló la casa de la Cáceres, registró sus actividades y contrató a un grupo de sicarios que realizaron un intento de asesinato fallido en 2015 y concretaron el crimen en 2016.

Lo anterior, determinaron las y los jueces, comprobó que David Castillo se valió de información proporcionada por una red de informantes manejados por Douglas Bustillo y el exgerente soocioambientalista de la empresa DESA, Sergio Rodríguez para llevar a cabo el asesinato de Cáceres. Además, las y los jueces llamaron a las partes procesales a asistir la Audiencia de Determinación de la Pena el 3 de agosto de 2021 en el Tribunal, sin embargo, fue retrasada y aún no se ha dado lectura ni definido una sentencia para Castillo hasta la fecha.

“Aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas. Seguiremos haciendo nuestra justicia de no quedarnos callados ni calladas y de disputar ante la espuria institucional hondureña cada milímetro de justicia que debamos arrebatar y exigir”, enfatizaron.

Frente a este panorama, exigieron que el Tribunal dé la pena máxima a David Castillo y deje de retrasar la lectura de ésta; que el gobierno hondureño brinde apoyo a la comunidad Lenca para que la empresa DESA no pueda explotar los recursos naturales de su territorio; que los autores intelectuales del crimen sean procesados y sentenciados; y que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva los recursos pendiente y reafirme la condena a los 7 autores que ya han sido juzgados por el asesinato.

Es necesario decir que en 2018 fueron juzgados por el asesinato de Berta Cáceres: el exmilitar, Henry Hernández; el exresponsable de seguridad de DESA, Douglas Bustillo; Sergio Rodríguez y el exmilitar, Marino Díaz, además de 4 personas que fueron identificadas como sicarios. Todos ellos participaron de distintas formas para que el crimen se llevara a cabo de manera eficaz en 2016.

Por su parte, Berta Zúñiga expresó en conferencia de prensa que el actuar del Tribunal deja a la “incertidumbre” de si ella, su hermana y el Copinh podrán acceder a la justicia, demandó que la familia Atala Zablah sean detenidos “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo” y solicitó que la sentencia sea la máxima para todos los implicados.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 706- 01/11/2021

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5) MÉXICO: BAJA CALIFORNIA SE CONVIERTE EN EL QUINTO ESTADO EN DESPENALIZAR EL ABORTO

El estado de Baja California, en el noroeste de México, se convirtió en la quinta entidad del país en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo, luego de que el Congreso local aprobó una reforma al código penal estatal.

El parlamento estatal avaló modificar, entre otros, el artículo 136 del reglamento que ahora establece que al aborto no se perseguirá cuando haya sido efectuado “por libre decisión de la mujer o persona gestante” dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, según un video de la sesión difundido por las redes sociales del Congreso.

La asamblea, sin embargo, no alcanzó la votación requerida para modificar el artículo séptimo de la constitución política de Baja California que especifica la tutela del derecho a la vida desde la concepción.

La reforma estatal ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de México declaró en septiembre inconstitucional castigar el aborto, en un fallo histórico que abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder a este procedimiento.

La sentencia del máximo tribunal, aprobada por unanimidad por los 10 magistrados presentes, fue dirigida contra artículos del código penal del estado de Coahuila (norte), pero sirvió para sentar jurisprudencia, es decir, que los jueces de todo el país deberán aplicar el criterio establecido por este fallo.

México, donde el 77% de la población es católica, es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, pero estas quedan invalidadas, a través de los amparos, cuando contravienen fallos de la Suprema Corte que sientan jurisprudencia.

Mediante un recurso de amparo mujeres que residen en otros estados mexicanos donde está penalizado el aborto pueden acceder al mismo por orden de un juez.

Otras cuatro entidades mexicanas ya han despenalizado este procedimiento.

Ciudad de México lo aprobó, hasta las 12 semanas, en 2007 y se realiza de manera gratuita en las clínicas de la alcaldía sin importar si las mujeres viven en otros distritos.

Oaxaca (sur), Veracruz (este) e Hidalgo (centro) son otros estados que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas.

El economista/ COMCOSUR MUJER Nº 706- 01/11/2021

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6) URUGUAY: COLECTIVO MIZANGAS ORGANIZA CICLO DE TALLERES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y RACIAL PARA MUJERES Y DISIDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Los encuentros serán virtuales y presenciales, y se desarrollarán durante un mes en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo.

De cara a un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el colectivo Mizangas Mujeres Afrodescendientes organiza el ciclo de talleres Ominira: por una vida libre de violencia de género y racial, que se realizará en tres departamentos: Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. La propuesta, que se desarrollará bajo modalidad virtual y presencial entre el 3 de noviembre y el 8 de diciembre, está dirigida a mujeres y disidencias que tengan interés en formarse en violencia basada en género y racial.

“Ominira significa libertad y viene de la lengua africana yoruba”, explicó a la diaria Nira Pose, integrante del colectivo y coordinadora del proyecto. Por eso, el concepto titula el ciclo, que tendrá como foco principal fomentar el “autocuidado y fortalecimiento” de mujeres y disidencias, manifestó Pose.

La idea de organizar estos encuentros surgió a partir de espacios de formación en los que participaron las integrantes de Mizangas en el marco de la elaboración del Manual de autocuidado afrofeminista para contextos difíciles, que aún no se ha publicado, según comentó la integrante del colectivo. La intención era elaborar una propuesta para compartir los conocimientos adquiridos. Una vez diseñado el proyecto, lo presentaron ante el Fondo de Mujeres del Sur y obtuvieron el financiamiento para poder desarrollarlo fuera de la capital del país.

“Desde el activismo y la militancia no se generan muchos recursos para poder trasladarse a otros departamentos y realizar allí actividades de impacto”, sostuvo Pose, y explicó que para la selección de los departamentos se consideró “la situación social” de cada uno. “En el interior no sólo está presente la violencia de género y la discriminación racial, también están las particularidades de las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres rurales. La opresión es diferente y hay que abordarla desde otro lugar”, expresó en ese sentido.

Los encuentros

Los objetivos de los talleres son “abordar las diferentes formas que toma la violencia política hacia las mujeres y disidencias defensoras de derechos”, “generar espacios y redes de autocuidado, contención y seguridad para mujeres que han pasado por situaciones de violencia de género racial” y “brindar herramientas para un acompañamiento cuidado”, describe Mizangas en una publicación en las redes sociales.

El lanzamiento, el 3 de noviembre, será en formato virtual. En este conversatorio, se abordarán los conceptos de violencia de género y racial, y se hablará sobre cómo estas violencias afectan la vida de mujeres y disidencias.

El segundo taller será presencial, en Tacuarembó, el 13 de noviembre. La consigna es el “autocuidado y protección espiritual”. El objetivo es que “cada una conecte con su niña interior, sane su akasha [palabra del sánscrito que significa éter, espacio, cielo], su árbol genealógico y memorias ancestrales”, dice el cronograma publicado.

El 16 de noviembre se realizará el siguiente, en formato virtual, dirigido principalmente a activistas y organizaciones sociales. El tema elegido para esta instancia es el “cuidado” en la comunicación virtual y herramientas “para hacerlo de forma sencilla”, de acuerdo a la planificación de actividades difundida.

En Rivera, las participantes se encontrarán el 20 de noviembre para el taller de “autocuidado y defensa personal”. “En clave feminista, trataremos de indagar en una herramienta política de acción y reflexión, leyéndonos como cuerpos construidos en constante relación con lo público y lo privado y entendiéndonos en nuestras tres órbitas: lo físico, lo psicológico y lo social”, sostiene el texto.

El último encuentro presencial se llevará adelante en Cerro Largo el 27 de noviembre, por medio de un taller de “danza saludable”, anuncia la publicación en Instagram.

Las consignas que se abordarán en cada departamento se definieron en consulta con referentes locales del colectivo y en virtud de características y necesidades de cada departamento. Por ejemplo, en Rivera se decidió sumar la defensa personal a los temas de autocuidado por el “mayor contexto de opresión”, dijo Pose. En cambio, en Cerro Largo, se eligió la danza porque las mujeres afro –“las privilegiadas”– suelen integrar comparsas y escolas, sostuvo la activista.

El cierre se realizará de forma virtual el 8 de diciembre, fecha en la que se presentará una “guía de recursos”. El documento se elaborará a lo largo de los encuentros, en los que se recopilarán herramientas e información para que las mujeres y disidencias de cada uno de los departamentos sepan a qué organizaciones e instituciones pueden recurrir de acuerdo a sus necesidades, señaló Pose.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de noviembre, día previo al inicio de las actividades. Al final del ciclo, se otorgará un certificado de participación a quienes hayan asistido al menos a cuatro jornadas –las tres virtuales y una presencial–.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 706- 01/11/2021

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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”

Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.

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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Melchora Cuenca 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/ Blog: nuevo.comcosur.org/ comcosur@comcosur.com.uy /Comcosur también en Facebook

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URUGUAY: VULNERABILIDAD SOCIOPENAL: 78% DE LAS MUJERES QUE ESTÁN PRESAS CON SUS HIJAS E HIJOS E N CÁRCELES, ESTÁN POR DELITOS DE DROGAS – COMCOSUR MUJER No. 707 – 8.11.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 707 /lunes 08.11.2021 – Hoy:

1) Bolivia: La CIDH exige al Estado proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo forzado
2) Colombia: Francia Márquez, precandidata presidencial: ‘Vivimos en una nación patriarcal, racista y clasista’
3) Colombia: Despenalización del aborto se agita el debate en la Corte Constitucional
4) México: Organizaciones medirán impacto de leyes en la vida de las mexicanas
5) Uruguay: Vulnerabilidad sociopenal: 78% de las mujeres que están presas con sus hijas e hijos en cárceles están por delitos de drogas
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 707 – Lunes 8 de noviembre de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) Bolivia: La CIDH exige al Estado proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo forzado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia a proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida. La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral.

En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad. En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos. El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.

Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años; y según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil se reportaron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto.

Ante el escenario del incremento de la violencia de género contra niñas y adolescentes, la CIDH considera fundamental que los Estados desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, garantizando su participación y el acceso a la información. En particular, insta al Estado de Bolivia a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

CIDH / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
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2) Colombia: Francia Márquez, precandidata presidencial: ‘Vivimos en una nación patriarcal, racista y clasista’

La escena ocurrió un día de agosto del 2019 en un salón del hotel Inter, en el centro de Bogotá. Acababa de terminar una reunión entre líderes de organizaciones sociales del departamento del Cauca y funcionarios del Ministerio del Interior. Hubo palabras incómodas, acusaciones, reclamos. El funcionario a cargo, un viceministro furioso, se acercó a Francia Márquez. La llamó resentida. “Usted necesita ir a terapia”, le dijo.

“La vaina era que estábamos discutiendo y él empezó a usar ese lenguaje de ‘pobrecitos’, de gente que necesita atención, como si fuéramos menores de edad. Cuando le dije que su actitud y la forma como estaba planteando las cosas era racista, me mandó a terapia. A mi compañero Víctor Hugo Moreno, que le habló de la misma forma, le respondió distinto. Es que, siendo mujer, y negra, hay más soberbia y más desprecio. Fue muy fuerte”, recuerda Francia.

No era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. Sofía Garzón, una amiga que la conoce bien, cuenta que en un evento sobre la diáspora negra en Irán un traductor la regañó porque no permanecía “en su lugar”. Cuando propuso su nombre para la Cámara de Representantes por la Circunscripción Afro, en las elecciones pasadas, sus propios compañeros –hombres– la desmoralizaron con una larga lista de razones por las que no debía presentarse.

“Pero es que yo no he venido a pedirles permiso”, les contestó Francia. “Ahí fue muy brava y muy berraca”, relata su amiga.

Francia Elena Márquez Mina (vereda de Yolombó, corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, Cauca, 1982), dice que siempre le ha tocado empujar la puerta, ponerse al frente, decir “aquí estoy yo”. Ante el mundo y ante el gran público en Colombia se dio a conocer en el 2018, cuando le fue concedido el Premio Goldman, considerado como el Nobel ambiental, pero desde los 15 años es una activista que lucha por la defensa de su territorio frente a los desmanes de la minería.

Carlos Rosero, un histórico líder del movimiento Proceso de Comunidades Negras (PCN), que la conoce desde esa época, la recuerda como una niña, al principio, muy tímida: “Iba a las reuniones, pero no hablaba. Yo creo que era como una esponja que lo iba asimilando todo. Pasaron los años, y tras un proceso de formación empezó a soltarse y a hablar en público. Un día explotó con una fuerza impresionante”.

Francia Márquez es hija de Gloria María Mina López y de Alfredo Márquez Trujillo. Si suma los hijos de sus padres, son once hermanos. Es madre de dos hombres. Estudia escritura creativa. A veces envía mensajes a las cuatro de la mañana porque sufre de insomnio. Cuando habla, es precisa en sus palabras. No dice pobres, dice empobrecidos. No dice esclavos, dice esclavizados.

En el 2014 impulsó una movilización que se conoció como la Marcha de los Turbantes, un recorrido de casi un centenar de mujeres que salieron desde La Toma hasta Bogotá, para exigirle al Gobierno que retirara los títulos mineros que se habían concedido después de una violenta incursión paramilitar y que prácticamente expulsaban a los habitantes de ese corregimiento de su propio territorio.

Francia y otros líderes de su comunidad presentaron acciones de tutela, lograron parar las órdenes de desalojo, defendieron el derecho a la consulta previa y consiguieron que la Corte Constitucional reconociera en una sentencia que La Toma es un territorio ancestral, por lo que se suspendieron –pero no se anularon– los títulos que habían convertido al corregimiento en una inmensa mina donde Francia y su gente no cabían.

Francia Márquez tiene actitud de guerrera, de rebelde. Es capaz de contar sus tragedias entre carcajadas, pero se necesita mucho tiempo para establecer una verdadera cercanía con ella. De entrada, parece desconfiada, un poco a la defensiva, aunque sus amigos dicen que depende del contexto. La definen más bien como cauta. Y leal. Y frentera. Y terca.

En el 2015 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. La BBC la incluyó en el 2019 en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. En agosto del 2020, un tuit suyo levantó una polvareda en el escenario político nacional: “Quiero ser presidenta de este país”, decía. Y así comenzó una andadura que la tiene recogiendo firmas para medirse en la consulta del Pacto Histórico con Gustavo Petro y haciendo una Vaki para recoger fondos para la campaña. Su movimiento se llama ‘Soy porque somos’ y se cimenta en la llamada filosofía Ubuntu, una palabra africana que habla de la conexión entre seres humanos, de colectivo, de solidaridad, del otro.

Sus propuestas giran en torno a la redistribución de la riqueza, la dignidad, la justicia, los derechos; quiere parar la guerra y promover otro modelo económico donde prevalezca la vida. No lo tiene fácil (sus adversarios le reclaman la falta de experiencia en cargos públicos), pero dice que ocurra lo que ocurra, este ejercicio habrá servido para mostrarle al país que el cambio es posible.

¿Colombia está preparada para una mujer presidenta? ¿Para una presidenta negra?
Creo que este país nunca va a estar preparado para que una mujer negra como yo lo lidere. Nunca. Y no va a estarlo porque el proyecto de Nación fue pensado en términos raciales. Desde la Constitución de 1821, la gente esclavizada no era considerada colombiana. Se decía que los negros y los indígenas eran menores de edad, gente bárbara. Asistimos a un Estado nación racista, clasista y patriarcal que, por supuesto, no está dispuesto a que una mujer antirracista, antipatriarcal y antisistémica como yo logre gobernar. Pero uno no se puede quedar ahí, hay que disputarse el poder.

Recuerdo una conversación en la que usted me decía que no había manera de cambiar el sistema porque te acababa tragando. ¿Qué le garantiza que esto no va a pasarle a usted?
El sistema nos está tragando ya. Entonces, sabiendo eso toca intentar un cambio, construir un juego propio desde abajo. Pero no estoy dispuesta a venderle mi alma al diablo para llegar a una presidencia. Lo que propicio es que la gente se sienta con la capacidad de creer que un nuevo poder está en el pueblo, en los sectores marginados, a los que les han hecho creer que no tienen poder.

Y en esa narrativa creció usted, una narrativa que los despojaba de su poder, que incluso los hacía querer ser blancos, casarse con blancos porque había que mejorar la raza. Tremendo.
Había debates públicos en aquellos años del siglo XX en los que participaban políticos, médicos, abogados, maestros, científicos. Toda esa gente justificando que la raza estaba desmejorando por los negros y los indígenas. Y claro, la gente negra terminó diciendo sí, nuestra raza es un problema y hay que mejorarla. Yo le escuché eso a mi familia, escuché decir eso en mi casa. Cuando era pequeña y mi mamá me peinaba, que me dolía, recuerdo a mis tías diciéndole que ella había empezado bien –porque su primera hija había sido con un mestizo–, pero que se había devuelto en el camino, en referencia a mí. Por eso yo quería tener un novio blanco y tener hijos con un blanco, claro. Yo quería mejorar la raza para que a mis hijos no les doliera cuando los peinaran.

Por eso desde niña alisaba tanto su pelo…
Si Epa Colombia [la influencer] hubiera aparecido en aquel tiempo, seguramente yo habría contribuido a enriquecerle el bolsillo. Pero ahora no. Es una mujer que admiro, que valoro, pero la bendita keratina para las niñas me ha dolido. Cuando estamos aceptando nuestro cabello como es, cuando ya mis sobrinas les dicen a sus mamás que quieren llevar el pelo como la tía Francia, viene ella con esto. ¡No! Es una locura.

Entiendo que hubo muchas cosas que tuvo que desaprender. Incluso ha contado que sentía vergüenza de ser negra. ¿Cómo era eso?
No quería tener el cabello que tenía, ni la nariz ñata [risas]. No aceptaba mi cuerpo. Es que la televisión también juega su papel y cuando uno está pequeño y ve solo mujeres mestizas con ojos azules, entonces ese es el prototipo de belleza que quiere. Uno quiere blanquearse. Pero ese blanqueamiento acaba siendo mental. Uno no quiere asumirse como una mujer negra, sino que acaba pensando que lo negro es inferior y lo blanco superior. Son estereotipos raciales que nos dañan no solo a nosotros como afrodescendientes, sino a todos como humanidad.

La escuché decir que los grandes desafíos para su gente pasan por reconocer quiénes son, de dónde vienen y por qué los enseñaron a negarse a sí mismos.
Yo, por ejemplo, me descubrí negra. Tenía unos catorce o quince años cuando llegué al Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones que lucharon por el reconocimiento de la población afrodescendiente en este país. Ahí me descubrí negra.

¿Cómo llega al PCN?
Porque había una intención de desviar el río Ovejas –el río con el que nosotros habíamos convivido– a la represa Salvajina. Entonces hubo todo un proceso participativo al que me invitaron. Al principio no me gustaba porque las reuniones me parecían muy aburridas. La política no me interesaba, ni nada que tuviera que ver con estar reunidos hablando de problemas. A mí lo que me interesaba era bailar danzas, cantar, hacer teatro.

Porque lo que usted soñaba era ser artista. Actriz, cantante, bailarina…
Pertenecí a un grupo de danza que se llamaba Tambores de Salvajina, en Suárez. Bailábamos mapalé, cumbia, currulao, de todo. Hasta fuimos a un festival en Ecuador. No desarrollé mucho la vena artística, pero si tuviera que escoger otra cosa en la vida, más allá del activismo social, sería la actuación.

Si las reuniones del PCN le parecían aburridas, si no le gustaba la política, ¿de dónde surge como lideresa?
Cuando empecé a participar en el PCN hacíamos encuentros de jóvenes en Buenaventura, en Tumaco, en Cali, en Chocó. Empecé a involucrarme con activistas urbanos del distrito de Aguablanca (Cali) y los veía tan comprometidos, veía a esos ‘pelaiticos’ ejerciendo su liderazgo con tanta propiedad que eso me fue motivando. Y lo otro era que después de las reuniones y de los talleres hacíamos coplas, tocábamos la marimba y había jolgorio. Eso me gustaba. El arte me fue llevando.

El activismo coincidió con una precoz maternidad. ¿Cómo es ser madre a los 16 años?
Es que era muy alborotada [risas]. En realidad es que no tenía ninguna madurez en términos de sexualidad. Creía que cuando uno se metía con alguien tenía que estar muchas veces con esa persona para quedarse embarazada.

No se hablaba de sexualidad ni en la casa, ni en el colegio…
Eso era tabú, eso no se enseñaba. Cuando llegó mi primera menstruación tenía doce años y estudiaba en Suárez. Estaba en el colegio y llevaba el uniforme blanco de educación física. Imagínese, un uniforme blanco manchado de sangre. Me mandaron para la casa sin explicarme y las ‘pelaítas’ me decían “gas, cochina”. Mi mamá tampoco me explicaba nada y mis hermanos se burlaban. Para mí, la menstruación era algo malo, algo que no era normal. Creo que viví con esa vergüenza muchos años.

¿Qué pasó cuando se enteró de que estaba embarazada?
Ni siquiera lo sabía. Fueron otras personas las que me vieron y me lo dijeron. Yo había tenido una relación con un hombre de Medellín que estaba en Suárez trabajando en las minas. Era mayor que yo; no fui capaz de decirle que estaba embarazada, así que le escribí una carta. Al otro día se fue.

En esa época usted todavía esperaba a ese hombre blanco que llegaría para sacarla de su mundo negro…
Ahí todavía tenía esa ilusión. Todavía estaba esperando al príncipe azul que iba a salvarme. Este era blanco, con ojos verdes. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Y hasta el día de hoy.

¿Qué hizo?
Cuando terminé la primaria, mi mamá me dijo que no tenía cómo pagar mis estudios y me tocó irme a la mina a trabajar para juntar orito. Trabajaba con mis tías y así fue como pude costearme el bachillerato. Estaba en noveno grado cuando me quedé embarazada. Eso fue muy doloroso porque sentí que hasta ahí había llegado mi sueño de estudiar. El mundo se me vino encima cuando ese hombre se desapareció. Afortunadamente mi mamá me apoyó, pero me tocó trabajar en la mina durante todo el embarazo.

¿Cómo era el trabajo en la mina?
Uno se iba con su batea, con su almocafre y con su pala a donde hacían las vetas. Un domingo nos tocó ir a lavar el mineral que habíamos sacado de toda la semana y al llegar a mi casa empecé a sentir un dolor en la cintura. Se me vino el parto. Me atendió mi mamá, que es partera. Ni siquiera alcancé a hacer la dieta de los cuarenta días. Rápido tuve que volver a trabajar a la mina para no dejarnos morir de hambre. Mi mamá, que siempre quiso ser modista y nunca pudo, le hacía ropita al niño a punta de hilo y aguja.

¿Cómo hizo para terminar el bachillerato?
No volví. El colegio lo terminé en Puerto Tejada en un programa de bachillerato para adultos. Estudiaba los sábados. Antes hice un curso de técnico agropecuario en el Sena. Había que ser bachiller, pero yo hablé para que me dejaran entrar. Al final me dieron una mención de honor, me fue muy bien.

¿Por qué quiso ser abogada?
Porque quería ayudar a mi comunidad. En el 2009, yo ya era una lideresa y se había iniciado un proceso de desalojo porque habían entregado unos títulos mineros en La Toma. En el 2010, me dije a mí misma que tenía que ser abogada porque nosotros no sabíamos ni hacer un derecho de petición. Y ahí fue cuando me metí a la Universidad Santiago de Cali. Pero tuve que bregar mucho tiempo para terminar.

¿Por qué?
Porque no tenía los recursos y me tocaba parar. Como pagaba después de terminado el semestre, me cobraban intereses. Ya ve, la gente empobrecida es la que más paga. Eso era duro. A veces me sacaban del salón porque no tenía cómo presentar los parciales porque no había pagado. Otras veces tenía que rogarles a los profesores que me guardaran las notas. El PCN me financió varios semestres y el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, también. Fue así como pude terminar. Pero estaba muy cansada. Una vez, se me perdió el recibo de un semestre que me habían pagado y ese pago no aparecía ni en el banco, ni en la universidad.

Imagino su frustración.
En ese momento dije: “no voy a estudiar más, no voy a joder más con esto”. Y lloraba y lloraba. Estaba desesperada. Imagínese todo lo que había tenido que hacer para estudiar. A veces me tocaba caminar desde Manuela Beltrán, en el oriente, hasta la universidad porque no tenía para el transporte. Me iba sin comer, aguantando hambre. Los compañeros me veían así y me gastaban. Era muy difícil. Para mí siempre fue muy duro estudiar. Siempre.

Pero no se rindió…
Llegué a pensar ‘esto no es para mí’. Pero la gente me decía, “Francia, usted ya hizo tanto esfuerzo, ¿cómo va a dejar eso tirado?” Y me motivé. Pero ocurrió que, a una hermana menor, hija de mi papá, le mataron a su hija aquí en Cali. La niña había salido a la calle, hubo disparos y una de esas balas se le metió en el cuello. Tenía ocho años. Ese semestre tampoco estudié. Yo tenía la plata para pagar la universidad, pero mi hermana no tenía para los gastos fúnebres y me tocó cubrirlos. La verdad es que fue muy difícil terminar mi carrera, pero lo logré.

Antes de ir a la universidad ya había sido madre por segunda vez.
Mi segundo hijo nació cuando yo tenía 20 años. Yo pensaba que estaba mal ser madre soltera y quería conseguirle un papá a mi hijo mayor. Me vine a Cali a trabajar en casas de familia y dejé al niño con mi mamá. Estando aquí conocí a un muchacho y me enamoré otra vez. Cuando supo que estaba embarazada, dudó. Y cuando el niño nació dijo que si yo quería estar con él tenía que aceptar que él ya estaba en otra relación. Le dije: “si puedo criar a uno, puedo con dos”. Y me quedé sola.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar como empleada doméstica?
Debía tener 18 o 19 años. No fue una buena experiencia. Me sentía como una esclava. En una de las casas peleaba mucho porque la hija de la pareja no lavaba su ropa interior; quería que yo lo hiciera y yo le decía que no, que eso era humillante. Una vez me tocó de interna. Yo me había ganado una beca para estudiar técnica vocal en el conservatorio. En un primer momento la señora aceptó y dejó que asistiera a las clases, pero después quería obligarme a irme con ellos a su finca los viernes. Les dije que no y renuncié.

Entiendo que un personaje trascendental fue su abuelo Andrés Mina, un hombre sabio.
Mi abuelo era un maestro. Un maestro de esos que no se llaman maestros, pero lo son. Un líder innato que velaba por todos. Trabajó en el ferrocarril y allí se pensionó. Después se dedicó a trabajar en la mina y en fincas. Cuando él estaba, la comida no faltaba. Pero cuando murió, las cosas cambiaron porque ya mi abuela no podía sostenernos y le entregó los hijos a cada mamá. Yo tenía doce años cuando me llevaron a vivir con mi mamá. Mi papá no estuvo presente en mi infancia.

Hay un elemento fundamental en esa relación con su abuelo Andrés y es el río Ovejas. ¿Qué recuerdos tiene?
Cuando me iba a comer barbacoa al río. La barbacoa es una especie de cama, un tendido de caña brava que se coloca a contracorriente. Ahí se quedan los pescados atrapados. A la orilla de cada lugar del río donde había corriente se instalaban lo que llamaban hilos. Estaba el hilo de los Balanta, de los Márquez, de los Lucumí. En cada playa las familias colocaban su rancho y uno se quedaba allá toda la noche y subía de madrugada con su bulto de pescado, que se compartía con la gente. Tengo la memoria de una noche de luna con mi abuelo metiéndose en la barbacoa y nosotros haciendo una fogata que ardía bien lindo. Mi abuelo envolvía los pescaos en hojas de bijao, los ponía en la fogata y nos los comíamos con plátano asado. Tengo ese recuerdo: mi abuelo, la luna, la fogata, el río.

Pero la minería ilegal llegó arrasando con todo. ¿Cuándo entró?
Minería ilegal hubo desde finales de los noventa, desde 1998. Esa gente se iba y volvía. Al principio, nosotros no éramos conscientes del daño. Creíamos, como comunidad, que era una oportunidad para trabajar. Pero después, cuando vimos que se dañaron los hilos donde poníamos las barbacoas –que ya nunca más las pudimos colocar–; cuando vimos que los peces estaban muriendo, cuando vimos los huecos, fuimos tomando conciencia de que eso no era bueno y que solo iba a traer perjuicios.

El impacto fue brutal.
La primera vez no se sintió tanto. Pero allá había un sistema productivo en el que se iba tres días a la finca y tres días a la mina para completar con el oro lo que la finca no nos daba. Cuando llegaron las máquinas la gente dejó las fincas abandonadas. Y después no había ni finca, ni oro. A muchas mujeres les tocó venirse a trabajar de empleadas de familia a Cali y dejar a sus hijos. Y llegó el consumo de droga entre los jóvenes. Eso sí generó un gran impacto.

Su liderazgo entonces se hizo más fuerte y visible.
Nos hicimos más conscientes y nos opusimos. Eso generó también un fraccionamiento en las familias y en la comunidad. En las casas había miembros de una misma familia que querían que se hiciera la minería ilegal y otros que se oponían. Había discusiones y peleas. Entonces creamos el Consejo Comunitario y la gente se fue dando cuenta de que les otorgaron títulos mineros a esas personas; entendimos que no querían ningún desarrollo, sino desalojarnos del territorio.

Y la amenazaron por su batalla en defensa del río y del territorio…
A mi casa llegó gente armada a buscarme para matarme porque yo había hecho quemar unas retroexcavadoras que estaban en el río.

Tuvo que ser terrible salir desplazada de su tierra.
Muy duro. Fue en el año 2014 y no tengo palabras para describir cuando a uno le toca salir así con sus hijos. Uno siente que es responsable por hacer que dejen su casa, sus estudios. Me tocó salir de madrugada. Llegando a un puente nos encontramos con la camioneta de los señores que nos habían ido a buscar. Pensé, ‘nos mataron’. Luego nos siguió una camioneta blanca, como las que usaban los paramilitares en esa zona. Agarré a mis dos hijos de las manos y volví a pensar que ya nos iban a matar, pero la camioneta pasó derecho. Como que andaban en otra cosa, no lo sé.

¿Quién la recibió en Cali?
Afortunadamente yo no salí a vivir debajo de un puente, algo que les pasa a tantos. Hubo personas que me tendieron la mano. Llegué a casa de amigos. Fue impresionante la solidaridad, pero sé que muchas personas no tienen ese privilegio.

Si nos ubicamos en el hipotético escenario de su triunfo como presidenta, ¿cuál sería su primer acto de gobierno?
Parar la guerra, que también ha sido una decisión política. Creo que ha faltado disposición y voluntad política, porque quienes nos han gobernado no les ha tocado padecer la guerra en carne propia, no saben lo que es estar en medio del conflicto armado, en medio del bombardeo. Por supuesto que la paz con hambre no se logra, y eso implica cerrar brechas de inequidad y de desigualdad.

Ha luchado contra la minería ilegal, pero también contra la gran minería. ¿Cómo va a lidiar con este renglón de la economía?
Es una responsabilidad que tenemos como humanidad porque el planeta está muriendo. Tenemos que ser conscientes que, si queremos seguir existiendo, sí o sí hay que hacer un tránsito de esas energías extractivistas hacia unas más sustentables, limpias. No se trata de que los empresarios ricos no sigan produciendo, sino lograr que su producción se haga de manera justa. El único sector que no perdió en medio de la pandemia fue el financiero. Eso no es equitativo, no es democrático. Toca hacer cambios donde todos ganen, donde ellos no pierdan, pero que gane también el país.

Si no recoge las firmas que necesita, ¿hay un plan B?
Estoy angustiada. Pero bueno; si no pasa, hicimos el esfuerzo. Conseguiríamos un aval para la consulta del Pacto Histórico. Y si no, para la próxima

El Tiempo / Tatiana Escárraga / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
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3) Colombia: Despenalización del aborto se agita el debate en la Corte Constitucional

El álgido debate sobre el aborto parece ser un tema de nunca terminar. Una vez más la discusión que prometía estar zanjada vuelve al ruedo de la Corte Constitucional con dos ponencias diferentes, pero que en el fondo proponen lo mismo: despenalizar el delito completamente y hacer más flexibles las reglas para acceder a este procedimiento médico. Los nueve magistrados ya tienen ambas ponencias en sus escritorios y esta semana se incluyeron los dos expedientes en el orden del día del alto tribunal para iniciar un debate jurídico que podría cambiar la jurisprudencia de manera radical.

Los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo son los ponentes. El primero tuvo lista su ponencia hace un par de semanas, mientras que el segundo tardó un poco más en terminarla. Ambos estudiaron dos demandas diferentes, pero que buscan eliminar el aborto como delito en el Código Penal. Una idea que no resulta descabellada para los dos juristas que así lo plantearon en sus proyectos de fallo y que, por tener argumentos y fuentes similares, estuvieron de acuerdo en que debe existir una métrica definida en ambos expedientes para procurar que el debate vaya acompasado al mismo ritmo.

Varias fuentes del alto tribunal le confirmaron a este diario que Rojas Ríos y Lizarazo pactaron un acuerdo para lograr ir al mismo compás. Aunque el primero ya tenía todo listo para presentar su plan de trabajo la semana pasada, aceptó demorarla unos días para que Lizarazo tuviera tiempo de acabar su ponencia “y no quedar en desventaja en la Sala Plena”. Y así fue. Ambos expedientes quedaron en el orden del día de esta semana. Aunque el cronograma se atrasó el pasado miércoles y la jornada de hoy quedó aplazada por un conversatorio nacional de género al que asisten todos los juristas de las corporaciones de justicia, la Corte está lista para iniciar el debate.

Funcionarios de ambos despachos agregaron que la idea de ponerse de acuerdo en cómo iniciar la discusión en la Sala Plena podría tener una incidencia aun mayor, pues ni Rojas ni Lizarazo han descartado la idea de unirse en una sola ponencia. En otras palabras, que ambos sean cooponentes y puedan unir ideas y argumentos de ambos proyectos de fallo en uno solo. El aborto, que es un tema de gran magnitud y ha recibido negativas sobre el posible cambio en Colombia, promete sacar callo en algunos sectores por la decisión que se avizora.

Los ánimos están caldeados. Hay conservadores que consideran que la vida existe desde su concepción; liberales que piensan más en los derechos y la libertad de las mujeres; y quienes se apegan al derecho aduciendo que existe cosa juzgada desde 2006, cuando quedó despenalizado en tres circunstancias: malformación del feto, peligro de vida de la madre o abuso sexual a la mujer. Las cartas ya están barajadas, los argumentos de los ponentes están expuestos y el plan de trabajo está listo. Rojas es el único que trabaja a contrarreloj, pues su período en la Corte acaba en febrero próximo y una reñida votación podría definir lo que sería la decisión más grande del año.

Por el momento, y sin ánimo de cambios, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz pretenden que la jurisprudencia sentada en 2006 se mantenga igual. Es decir, que no haya modificaciones en las causales para acceder al aborto. Los primeros tres juristas, por sus posturas conservadoras en debates sobre el tema, han considerado que hay vida desde la concepción. Mientras que la última estima que existe cosa juzgada. Es decir, que el tema ya fue abordado por la Corte y no debe haber un nuevo estudio.

En la otra orilla están los magistrados Alejandro Linares, José Reyes, Lizarazo, Rojas e incluso Diana Fajardo, quien está indecisa, pero se inclinaría a darles el voto a los liberales. La discusión se concentra en tres puntos: la vulneración de los derechos de las mujeres, la omisión legislativa para regular la intervención médica y el debilitamiento de la cosa juzgada. Así, las cuentas de la votación estarían cuatro en contra de las ponencias de Rojas y Lizarazo, y cinco a su favor (el voto de Fajardo sería decisivo). Pese a que el debate hasta ahora está madurando, la Corte no descarta que la decisión de fondo se conozca al finalizar noviembre.

El Espectador / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
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4) México: Organizaciones medirán impacto de leyes en la vida de las mexicanas

El colectivo Desde Mujeres, el Observatorio Legislativo del ITESO y Transparencia Mexicana anunciaron que revisarán el impacto de las propuestas legislativas presentadas y aprobadas en la Cámara de Diputados, el Senado y los 32 congresos locales con el objetivo de evaluar el efecto de las políticas públicas y las leyes en la vida de mujeres y hombres.

Las organizaciones aseguraron que es necesario hacer esta evaluación ya que desde 2018 México cuenta con el primer Congreso de la Unión que se acerca a la paridad de género. Como muestra, en 2018 la Cámara de Diputados estaba compuesta por 241 son mujeres, es decir, 48 por ciento, y el Senado por 63 mujeres, equivalente a 49 por ciento. Además, desde septiembre de 2021 la Cámara baja se integra de forma paritaria con 250 mujeres y 250 hombres.

Significa que desde hace tres años las mujeres han conseguido más presencia en las legislaturas, a nivel federal y local, y aunque el objetivo de este proyecto no es medir el rendimiento de las legisladoras sino el desempeño de los Congresos en materia de género, las agrupaciones consideraron que es hora de evaluar el impacto de las leyes en la vida de mujeres y hombres.

La coordinadora del colectivo Desde Mujeres, Claudia Ramírez Ramos, expuso en entrevista que revisarán si, a la hora de legislar, los congresos hacen un análisis para ver las necesidades de las y los mexicanos y responder a la disminución de las brechas de desigualdad. A su vez, la integrante de Transparencia Mexicana, Lucía Petersen, destacó que la paridad de género en los congresos es un avance, pero no es suficiente para reducir las brechas y desigualdades entre mujeres y hombres.

En México, a partir de 2006, comenzaron a proliferar las legislaciones enfocadas en garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras, a las que se han sumado diversas reformas legislativas.

Sin embargo, hay otras normas que impactan particularmente en la vida de las mujeres, mencionó Ramírez Ramos. Entre ellas, la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual, aprobada en octubre en el Congreso de la Unión, una reforma que hará que las mujeres gasten menos dinero al comprar algunos de estos productos, por tanto es una reforma de justicia fiscal.

Otra ley que también tiene un efecto para las mexicanas es la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017, ya que hay que considerar que las mujeres son las principales buscadoras de sus familiares desaparecidas y son quienes hacen las denuncias, por ello -dijo la experta- las instituciones deben tomar en cuenta estas diferencias de género.

En algunas ocasiones agrupaciones de la sociedad civil han señalado que México cuenta con una legislación de avanzada en diversos rubros como toma de decisiones o prevención de la violencia y la discriminación, pero también han criticado que la expedición de normas no es la única vía para mejorar la vida de las mujeres. Al respecto, Ramírez Ramos detalló: “el papel no lo dice todo, pero sin papel no puedes hacer nada”.

“Si bien es importante ir desarrollando una implementación correcta de las políticas públicas y concientizando al sector y al servicio público (sobre la importancia de la perspectiva de género), sin leyes no puedes avanzar, no puedes desarrollar un inicio que obligue o genere el impacto verdadero en estas políticas públicas”, destacó.

En tanto, Lucía Petersen destacó que a las organizaciones les interesa el impacto que tienen las leyes y no sólo las que presentan legisladoras o las que atienden reclamos justos de las mujeres en la vida del 51 por ciento de la población del país.

Como parte de esta evaluación, las tres organizaciones desarrollarán metodologías e instrumentos de evaluación para identificar si los congresos están avanzando en la adopción y cumplimiento de políticas de género, y evaluarán el impacto jurídico, social y económico de las iniciativas y leyes aprobadas.

Las expertas indicaron que las metodologías y los indicadores se han enfocado en analizar la existencia o inexistencia de políticas y programas, pero muy pocas evaluaciones se refieren a su cumplimiento e impacto. “Es necesario un cambio de paradigma en la evaluación de los congresos y este es un paso en ese sentido”, destacaron.

En un comunicado reiteraron que aunque México ha avanzado en la aprobación de cambios legales y la adopción de políticas de género para los congresos, “es fundamental evaluar su aplicación práctica y no sólo la existencia de dichas políticas en el papel”.

CimacNoticias / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
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5) Uruguay: Vulnerabilidad sociopenal: 78% de las mujeres que están presas con sus hijas e hijos en cárceles están por delitos de drogas

Informe parlamentario señala que mujeres con hijos son candidatas a pasar a régimen de prisión domiciliaria asistida: 93% tiene riesgo bajo y medio de reincidencia.

Sonia tiene 18 años y fue formalizada cuando su hijo tenía un mes y medio; además, es madre de un niño de tres años. Le dieron tres años de prisión por suministro de estupefacientes. Terminó la escuela. Intentó ir a juicio para lograr otro tipo de medida, pero su defensa le dijo que por su delito no había otra opción que ir la cárcel. Ahora su bebé tiene cuatro meses y está hospitalizado por problemas respiratorios. Por eso pide que le den prisión domiciliaria.

Valeria cayó con 31 años. Primera vez en una cárcel. Estando presa, se enteró de que estaba embarazada de su cuarto hijo. Sus otros tres hijos tienen 15, 12 y dos años. Dice que cuando la detuvieron estaba “secuestrada” en una boca de pasta base desde hacía un mes, porque tenía deudas por su consumo problemático de drogas. Le imputaron un delito de suministro de estupefacientes en grado de tentativa y le dieron tres años y medio de prisión. La visitan su pareja, padre del bebé que vive con ella en la cárcel, y sus dos hijos mayores. Con su hija de dos años, que está a cargo de alguien afuera, intenta restablecer el vínculo. Desde la cárcel proyecta vivir con su familia si le dan prisión domiciliaria.

Melisa tiene 32 años y es primaria. Trabaja desde los 14 años. Hacía un año que se había quedado sin trabajo. Puso un quiosco y se fundió. Le dieron 15 meses por negociación de estupefacientes. Está embarazada y tiene una hija de nueve años, a quien ve cada 15 días en las visitas. Espera vivir con ella y la bebé si le dan prisión domiciliaria.

Esther tiene 28 años. Es la primera vez que está presa. Cayó por intentar ingresar droga a una cárcel. Dice haber sido coaccionada para cometer este delito. En la cárcel, convive con su hija. Tiene otros dos hijos; uno de ellos tiene trastorno del espectro autista y ambos están al cuidado de su madre. Está cursando primero de liceo y quiere acceder a cursos de capacitación laboral para prepararse para su egreso de la cárcel.

La historia de estas mujeres son algunas de las 15 trayectorias que relata el informe especial del comisionado parlamentario penitenciario titulado Prisión domiciliaria asistida para madres con hijos a su cargo en el proceso penal. Para la oficina liderada por Juan Miguel Petit, esta es una “inquietud” prioritaria.

A partir del monitoreo de las cárceles en las que hay mujeres, señalan que “es necesario avanzar hacia otro modelo de atención, asistencia y rehabilitación para las mujeres”, en el que se profundice la perspectiva de género y de derechos humanos.

Destacan las señales positivas: “En su momento la apertura de ‘El Molino’ como unidad especializada, la creación luego de la Unidad 9 para madres con hijos, la creación en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Programa de Atención a Madres con Hijos (PAMHI), y la sensibilidad y los aportes que han llegado desde la sociedad civil”. Sin embargo, creen que “se requieren con urgencia nuevas acciones”.

La prisión para mujeres “no debe ser masculinizada”, sino que “debe diseñarse y gestionarse desde la especificidad de su población y tiene particulares desafíos”. Según sugieren, esto es necesario para la “inserción social” de personas que “han atravesado múltiples adversidades vinculadas a diversas formas de sometimiento, pobreza, violencia sexual y explotación, trata y abandono familiar temprano”. Por eso, destacan la “importante acumulación de normas internacionales” que sugieren que “este debe ser territorio de políticas penitenciarias, sociales y de integración social particularmente afinadas”.

Según el informe, “las mujeres en prisión son un colectivo que, en general, ha vivido, y más allá del delito cometido, situaciones extremas de exclusión” y que reciben “una sanción reforzada culturalmente –con sutiles formas de discriminación y exclusión– por el hecho de ser mujeres”. “Todas las vulnerabilidades señaladas sobre las mujeres privadas de libertad adquieren todavía mayor magnitud entre aquellas que tienen hijos a su cargo”, aseguran.

Para Petit y su equipo, “suele haber una desproporción entre la sanción penal y social frente a las características del delito cometido y las características de vida de las autoras”. Y aportan como dato “llamativo” que en el estudio criminológico que se les aplica en la cárcel, llamado Oasys [offender assessment system] para medir los riesgos de reincidencia, “la amplia mayoría de los resultados señalan una baja o media probabilidad de reincidencia o violencia”. “En palabras comunes y coloquiales: la gran mayoría son de baja o nula peligrosidad”, explican. 93% tiene riesgo bajo (45%) y medio (48%) de reincidencia. Sólo en tres casos (7%) se detectó “riesgo alto” de reincidencia.

El informe sugiere que estamos ante un tema que demanda “una nueva dimensión de las políticas sociales” y en especial “acciones dirigidas a la población vulnerable que encuentra en el micronarcomenudeo una forma de supervivencia que termina a veces bloquéandole del todo su futuro”.

Entonces, “el tema convoca a impulsar una nueva modalidad de ejecución penal, más apropiada para el tipo de delitos que la origina y adecuada a la población a la que se dirige, con contenidos y modalidades programáticas diferentes que la simple, pura y dura privación de libertad”.

Para el comisionado, es preciso “dar nuevos pasos hacia un modelo de ejecución penal de prisión domiciliaria asistida para buena parte de la población femenina de las cárceles”. Y dentro de esta población, “es muy clara la urgencia que la innovación tiene para las madres con hijos a su cargo”.

Para el informe observaron la trayectoria de mujeres que están con sus hijos en la cárcel. Explican que ampliaron el encuadre “poniendo el lente en el impacto de la reclusión en sus hijas e hijos viendo que, paradojalmente, se vuelve un factor reproductor de nuevos delitos y violencias”.

Los relevamientos se hicieron en las cárceles del INR en las que están casi la totalidad de las mujeres con hijas e hijos a su cargo: Unidad 9 Madres con Hijos, Unidad 16 Paysandú, Unidad 20 Salto y Unidad 24 Pense (Soriano).

Más mujeres privadas de libertad
En el último año, de setiembre 2020 a setiembre 2021, mientras la población privada de libertad creció 9%, la población de mujeres privadas de libertad creció 26%.

En un año y medio hubo un aumento de 43% de las mujeres que están presas. En marzo de 2020, al comienzo de esta gestión de gobierno, estaban recluidas 649 mujeres, número que aumentó a 930 en setiembre de este año. Esta cifra continúa creciendo, ya que tras cerrar setiembre había 1.038 mujeres en cárceles, por lo que el aumento ha sido de 60%.

Para el comisionado, este crecimiento demanda “una necesidad de explicación y de comprensión para la elaboración o ajuste de las políticas públicas asociadas a este fenómeno”. Para esto “se necesitan buenas bases de información y recursos humanos y técnicos” de forma de producir conocimiento para la toma de decisiones de política pública. Pero, según el informe, “un primer obstáculo” es la “carencia de información sistemática sobre la población privada de libertad”. “El INR aún no construye ni publica información estadística regular sobre la población que tiene a su cargo”, afirman.

Mujeres con hijas e hijos en cárceles y vulnerabilidad sociopenal
A principios de setiembre de 2021 había 45 mujeres con sus hijas e hijos en cárceles y cinco mujeres embarazadas. En la Unidad 9 Madres con Hijos de Montevideo había 27 mujeres con sus hijos y dos embarazadas. Cuatro mujeres con sus hijos estaban en la Unidad 16 Paysandú, ocho en la Unidad 20 de Salto y en la Unidad 24 Pense había cuatro mujeres con sus hijos y una embarazada. Se lograron relevar 46 de los 50 casos del total de mujeres con hijos a cargo o embarazadas en todo el país.

74% de las mujeres que están presas con sus hijos tienen a su pareja actual o al padre de sus hijos privado de libertad.

El promedio de edad de las mujeres es de 28 años. Son casi todas uruguayas, menos una que es brasileña. Tienen en común infancias en contextos críticos, con dificultades de inserción, abandono temprano del sistema educativo y precariedad laboral. El uso problemático de drogas aparece como un problema y un riesgo central claramente sólo en seis casos.

La vulnerabilidad sociopenal está muy presente. 74% de las mujeres que están presas con sus hijos tienen a su pareja actual o al padre de sus hijos privado de libertad. 52% de las mujeres atravesaron situaciones de violencia de género.

54% de las mujeres (25 casos) que están con sus hijos en cárceles son primarias, es decir, es la primera vez que están presas. 21 son reincidentes (46%). Sólo en tres casos se vio un aumento de la gravedad del delito que cometieron respecto de su procesamiento anterior. En el resto, fueron delitos similares, sin mediación de uso de violencia.

78% de las mujeres que están con sus hijos en cárceles están presas por delitos de drogas. En 30% de los casos el delito tuvo lugar en una cárcel, es decir, entraron o intentaron entrar droga a una cárcel para otra persona. Al analizar el riesgo de reincidencia para los casos vinculados a estupefacientes, en 75% de los casos el riesgo detectado fue bajo.

Además, de las 34 mujeres que están presas por delitos de estupefacientes, hay cinco por asociación para delinquir o tráfico de armas, tres por hurto, dos por homicidio, una por rapiña y una por estafa. El promedio general de las penas aplicadas es de tres años y ocho meses.

Respecto del nivel de riesgo de conflictividad, en 57% de los casos es bajo, en 38% es medio, en 3% es alto (un caso) y en otro caso no hay datos. Sugieren que “estos valores podrían explicarse por la naturaleza de la mayoría de los delitos en donde generalmente no media la violencia”. Específicamente en lo que respecta a delitos de drogas, en 88% de los casos no se observa riesgo de daño hacia los demás o conflictividad.

Fue una dificultad relevar la cantidad total de hijas e hijos de estas mujeres. “A pesar de la relevancia que la maternidad tiene para estas mujeres” no hay relevamientos oficiales acerca de la cantidad de hijos. Tampoco se recopila este dato en el caso de los varones privados de libertad. Según la Plataforma Regional por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, en Uruguay hay 15.000 niñas, niños y adolescentes con madres o padres privados de libertad.

Para el equipo de Petit, “la carencia de este indicador es una señal de la necesidad de realizar mejoras en el estudio de cada caso para poder implementar políticas”. Otro dato que escasea es la composición familiar de cada mujer. En lo relevado, “se puede deducir que muchas estaban a cargo de hogares monoparentales, lo que influye decisivamente en el destino de los hijos al momento del encarcelamiento”.

El impacto en las infancias y la supervivencia
La privación de libertad de mujeres tiene impacto en las infancias. El encarcelamiento de las mujer “tiene consecuencias muy diferentes y notorias” del de los varones: “Debido al rol de cuidado que tradicionalmente tiene la mujer en la sociedad, su prisión impacta directamente en el desarrollo de vida de sus hijas e hijos” y de los adultos o personas en situación de discapacidad que estaban a su cargo.

Según el comisionado parlamentario penitenciario, el delito de las mujeres aparece como una “estrategia de supervivencia”: “El tipo de delito cometido por mujeres en su mayoría es de menor gravedad y en muchos casos se comete en el marco de la búsqueda de medios de sobrevivencia relacionados con ausencia de otras figuras de apoyo familiar o en el marco de relaciones de violencia o abuso con esas mismas figuras”. “La observación de sus historias de vida así lo indica”, aseguran.

Prisión domiciliaria y recomendaciones
Las Reglas Bangkok recomiendan evitar la prisión para las mujeres que tienen hijos a cargo “y fomentar, en los casos en los que sea viable, otro tipo de medidas alternativas a la privación de libertad”. “Las normas internacionales ratificadas por Uruguay para la protección de la infancia recomiendan que el interés superior del niño sea tenido en cuenta a la hora de juzgar la conducta de sus referentes adultos, observando el impacto que cualquier medida pueda tener sobre la vida y el desarrollo de estas niñas y niños”.

Petit y su equipo aseguran que las normas procesales actuales, y una amplia normativa internacional, “amparan el uso de la prisión domiciliaria cuando existen condiciones especiales de vulnerabilidad de las personas que determinan que es incompatible la dignidad humana de esa persona con su internación en una cárcel, muy especialmente si se trata de mujeres y de mujeres con hijos a su cargo, dada la particular fragilidad social que tienen y las tareas de sostén y cuidado que suelen tener”.

Por eso recomiendan que los operadores del sistema de justicia “eviten la pena privativa de libertad para la mujeres cuando su vulnerabilidad sociopenal y la entidad del delito cometido lo ameriten y procedan a aplicar un régimen de prisión domiciliaria asistida por los organismos competentes para la rehabilitación y reintegración social”.

También sugiere que el INR y los organismos que sostienen las políticas sociales públicas (Ministerio de Desarrollo Social, sistema educativo y sistema de salud) coordinen las acciones necesarias para permitir un sistema eficaz de prisión domiciliaria para mujeres, que permita la rehabilitación y que atienda las necesidades de los niños y personas en situación de discapacidad a cargo de estas mujeres.

Enfatizan también en la necesidad de encarar políticas que aborden a niñas, niños y adolescentes “afectados por la cultura del narcomenudeo como mecanismo de supervivencia y ascenso social”.

Al Parlamento le sugieren que avance en la concreción de acuerdos que permitan la modernización del sistema penitenciario y la consolidación del derecho al tratamiento y la rehabilitación.

La Diaria/ COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
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