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DEMANDAS, DESTITUCIONES, RENUNCIAS, E AINDA MAIS

AL DÍA:

1) Zamin Ferrous pretende demandar al Estado

2) ALUR destituyó a gerente por pagos duplicados

3) Sendic por el momento no presentará renuncia

4) Trabajo en negro alcanza a 60% de mayores de 65 años en actividad

5) Las causas de los accidentes de trabajo en Uruguay

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2136 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 28 de julio de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Zamin Ferrous pretende demandar al Estado uruguayo pero no tiene sede en RU, no apeló a la Justicia local ni firmó un contrato
Natalia Uval (La Diaria)

Las demandas de los grandes inversores contra los estados ante tribunales arbitrales han crecido exponencialmente en los últimos años. La minera Aratirí resolvió ser parte de esta tendencia y anunció la semana pasada que demandará al Estado uruguayo porque su conducta “arbitraria” afectó las posibilidades de inversión de la empresa. Pero sucede que para que esa demanda sea viable, deben cumplirse dos condiciones: Zamin Ferrous (Aratirí) debe tener sede en Reino Unido, y debería haber firmado un contrato minero de explotación con el Estado uruguayo.

Ninguna de las dos condiciones se cumple, advirtió ayer en un comunicado el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, y calificó el anuncio de Aratirí de un “nuevo acto de piratería” de la empresa. Ferrous no tiene sede en Reino Unido sino en Jersey, una isla del Canal de la Mancha que depende de la Corona Británica pero que legalmente no integra Reino Unido. Pese a esto, busca ampararse en el Tratado de protección de inversiones entre Reino Unido y Uruguay, firmado en 1991. En el gobierno no descartan que la minera pueda declarar algún domicilio de Reino Unido como filial para poder apelar al tratado.

Sin embargo, según surge del texto del acuerdo bilateral de protección de inversiones, las disputas inversor-Estado en este caso sólo podrán someterse al arbitraje internacional si ambas partes están de acuerdo en hacerlo, o si la empresa ya agotó su reclamo ante la Justicia local, o si pasaron 18 meses del reclamo y esta no se expidió. Ninguna de estas circunstancias aplica en el caso de Aratirí. Fuentes allegadas a la empresa dijeron a la diaria que la minera no presentó una demanda ante la Justicia local.

Aratirí sólo recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una multa que le impuso la Dirección Nacional de Medio Ambiente por realizar perforaciones sin contar con los permisos necesarios, y el TCA desestimó el recurso. Si se interpretara por parte de los árbitros que de este modo se agotó la vía de la Justicia local para el objeto de la demanda, de todos modos, para que fuera posible para la empresa recurrir al arbitraje internacional, el tratado bilateral establece que los árbitros deberían interpretar también que esta decisión del TCA fue “manifiestamente injusta” o que violó los términos del tratado.

El acuerdo bilateral de inversiones prevé que las partes pueden elegir el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por su sigla en inglés) como mecanismo internacional de arbitraje. Sin embargo, si las partes no están de acuerdo en acudir al CIADI, el acuerdo establece un mecanismo de solución de controversias que consiste en la instalación de un tribunal arbitral ad hoc de tres miembros. Cada parte –la empresa y el Estado– elige un miembro del tribunal, y el tercero es escogido de común acuerdo entre los otros dos. De no alcanzarse un acuerdo, la elección del tercer árbitro la hará el presidente de la Corte Internacional de Justicia.

Por otra parte, el Movimiento Uruguay Libre señala que Aratirí no firmó un contrato minero de explotación con el Estado uruguayo. Remarca que los gastos en los que incurrió la minera en las etapas de exploración corren por cuenta de la empresa, como es habitual en estos casos. Recuerdan que la Ley de Minería de Gran Porte establece que para otorgar la concesión para explotar un proyecto debe firmarse un contrato, que no fue suscrito en este caso. “Aratirí no obtuvo la autorización ambiental y no presentó nunca las garantías financieras exigidas por la Ley 19.126 para obtener la concesión para explotar”, recuerda el movimiento. Al no haber contrato, el proyecto de Aratirí no tiene “ninguna existencia legal”, sostienen los firmantes del comunicado, los activistas Ana Filippini, Raúl Viñas y Víctor Bachetta.

Los firmantes concluyen que la demanda de Aratirí es “un chantaje para lograr resarcirse e incluso obtener una ganancia”, y la califican de “otro acto de piratería especulativa, similar al proyecto minero que pretendió imponer en Uruguay”.

Los argumentos de la minera

“Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines. Pero el Gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva”, indicaba el comunicado de la empresa que se dio a conocer la semana pasada.

Allegados a la empresa indicaron a este medio que en términos de documentos, Zamin Ferrous sólo cuenta con los permisos de exploración y con una carta firmada por el ex secretario de Presidencia, Alberto Breccia –ya fallecido– en la que el Ejecutivo se compromete a otorgarle a la empresa un terreno en La Angostura para la instalación de un puerto. El comunicado de la empresa señala que desde el gobierno se instó a la minería a “ubicar uno de los elementos claves de su proyecto [el puerto] en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa”, pero luego se le negó la ocupación del terreno.

La minera sostiene que el proyecto se volvió inviable por “la conducta del gobierno, que no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones”, lo que causó “muy importantes pérdidas a los inversores”, que estiman en 250 millones de dólares. Concluyen que la conducta del gobierno fue “arbitraria y no transparente”, y “contraria a las legítimas expectativas de los inversores", por lo que viola el tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Reino Unido. Desde el Poder Ejecutivo, fuentes del gobierno aseguran que Uruguay tiene argumentos “muy sólidos” para enfrentar esta demanda.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE JULIO DE 2017
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2) ALUR destituyó a gerente por pagos duplicados
Ancap recuperó el dinero pero constató una “falta grave”.
(El País)

Alcoholes del Uruguay (Alur), integrante del grupo Ancap, destituyó el 19 de noviembre pasado al gerente de Administración y Finanzas, al jefe de la División Finanzas y al asistente de Finanzas de la empresa por la realización de pagos duplicados a una treintena de empresas. La situación no generó un perjuicio a Ancap porque la empresa se contactó, una vez detectada la situación, con los proveedores que en todos los casos restituyeron los fondos. Los pagos habían sido realizados tanto en dólares como en pesos en Montevideo

De todas formas, Alur señaló al diputado blanco Juan José Olaizola, que había hecho un pedido de informes al respecto, que se decidió la remoción de los funcionarios. Los pagos fueron hechos los días 12 y 13 de octubre pero el directorio se enteró de la situación recién el 23 de ese mes por informaciones de prensa "dado que los encargados de realizar los pagos omitieron reportar el incidente a sus superiores jerárquicos", se reconoce en la respuesta a Olaizola.

Ancap contrató al estudio Brum-Costa para que realizase una investigación de tipo administrativo y como resultado de ella "se identificó la ocurrencia de una serie de acciones y omisiones consideradas falta grave, en mérito a lo cual el Directorio de Alur decidió el 19 de noviembre de 2016 desvincular al gerente de Administración de Finanzas, al jefe de División Finanzas y al asistente de Finanzas", señala la respuesta a Olaizola, que fue entregada en esta semana.

Como consecuencia, Alur tomó la decisión de "reforzar los mecanismos de control interno de la empresa", agrega.

Este episodio se agregó al verificado en la planta de etanol de Paysandú donde Alur detectó pagos irregulares que también derivaron en destituciones y en una denuncia penal. El diputado blanco de ese departamento Nicolás Olivera había denunciado en marzo de este año que un pago que debió haber sido de $ 100.000 fue de US$ 100.000.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE JULIO DE 2017
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3) Sendic por el momento no presentará renuncia
(La República)

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo que no presentará renuncia a su cargo hasta que se expidan tanto la Justicia como el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA).

Consultado por periodistas este jueves al finalizar una actividad relacionada con el Inefop, Sendic expresó: “Brevemente, sobre las versiones que han circulado sobre una posible renuncia, lo que tengo para decir es que tengo una muy importante responsabilidad en el gobierno, al frente del Poder Legislativo, y no voy a tomar ninguna decisión sobre la base de versiones de prensa, sobre la base de supuestas filtraciones o sobre el análisis de determinados periodistas”.

“Considero que no puedo basar ninguna decisión sobre esos elementos y coincido absolutamente con el planteo que hizo ayer el señor presidente de la República, hemos conversado en más de una oportunidad sobre esto. Después que se pronuncien la Justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio tomaremos con serenidad, si fuera necesario, las decisiones que haya que tomar”, expresó.

“Estamos al frente de nuestras responsabilidades; vamos a seguir al frente de nuestras responsabilidades y en el momento que haya que tomar decisiones, si fuera necesario, las vamos a tomar, pero como bien dijo el Presidente va a ser después que estos organismos se pronuncien”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE JULIO DE 2017
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4) Trabajo en negro alcanza a 60% de mayores de 65 años en actividad
Camila Bello (El Observador)

Uruguay es el segundo país más envejecido de América Latina. Esa característica determina que deba encontrar herramientas para mitigar el impacto en el sistema de seguridad social, ya que la presión va a ser mayor a medida que pasen los años. Según la publicación que recabó datos a nivel regional “Personas mayores: hacia una agenda regional de derechos”, y que fue presentada este martes en la Universidad de la República, seis de cada 10 personas de 65 años o más que trabajan lo hacen en la informalidad. El promedio nacional de trabajadores en negro es de 25%.

Consultado por El Observador, el demógrafo Juan José Calvo dijo que las personas que todavía trabajan cuando están en edad de jubilación lo hacen porque gran parte de su vida estuvieron en la informalidad, por lo que tienen jubilaciones o pensiones muy bajas cuando quieren abandonar el mercado laboral. Por ese motivo, compensan lo que reciben por mes con otros trabajos en negro y de esa forma obtienen mejores ingresos.

"El sistema de seguridad social se fue ampliando de a poco en Uruguay. Cuando las personas que hoy son mayores trabajaban, era mucho más común hacerlo en la informalidad", agregó. El 21% de los ancianos que pertenecen al quintil de menores ingresos todavía trabaja. De ese porcentaje, más de la mitad lo hacen sin registros.

8% de los hombres mayores de 65 años cobraba una pensión en 2015. Por el contrario, más de la mitad de las mujeres tenía una pensión ese mismo año. La jubilación es más común en los hombres que en las mujeres.

La falta de controles en la inscripción de los trabajadores determinó también una mayor presión en el sistema de seguridad social. La ecuación es simple: cuantos más aporten, entre más se repartirán los gastos de los pasivos. De todos modos, Calvo fue alentador y consideró que el sistema de seguridad social en Uruguay ya fue auditado por consultoras internacionales, que le dieron el visto bueno. "La situación acá no es grave, no es para nada grave. Mientras las personas que están en edad laboral estén registradas, los aportes a los pasivos no van a desestabilizar el sistema", sostuvo.

Además, la publicación afirma que los niveles de cobertura de la seguridad social al momento del retiro son altos. El porcentaje de personas de 65 años o más que cobraba jubilaciones o pensiones en 2014 era de 87,4%. De hecho, el 83,8% de los hombres y el 62,2% de las mujeres cobraban una jubilación. En el caso de las pensiones la situación varía, ya que más de la mitad de las mujeres reciben una y solo 8% de los varones tiene una pensión.

45,7% de las mujeres mayores de 65 años son viudas. El 12,7% de los hombres de la misma edad quedaron viudos.

Según el informe, el elevado número de mujeres mayores que cobran pensiones se puede relacionar con que, entre las causales para su obtención, la viudez o el divorcio con dependencia económica son condiciones que principalmente se dan entre las mujeres. De hecho, ellas son más longevas y tienen ingresos –en la mayoría de los casos– muy bajos o inexistentes al momento de separarse.

La demografía

En Uruguay hay 420.446 personas que tienen entre 65 y 84 años. También hay 63.961 adultos mayores que tienen 85 o más años. De todos modos, a medida que envejecen, las mujeres son más longevas, ya que en la franja de más de 85 años hay siete mujeres por cada tres varones.

La situación conyugal más frecuente entre los ancianos es la de estar casado (45,2%). La viudez sigue en segundo puesto con 32% de los casos. Además, las mujeres viudas son mucho más frecuentes que los hombres: 45,7% de las mujeres son viudas frente a 12,7% de los varones.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE JULIO DE 2017
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5) Las causas de los accidentes de trabajo en Uruguay:
por esfuerzo físico excesivo, movimientos en falso y caídas
Giselle De Los Santos (SdRJC)

En Uruguay, los accidentes laborales están regulados bajo la ley Nº 16.074, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. El Banco de Seguros del Estado (BSE) cuenta con un pormenorizado detalle de los accidentes de trabajo transcurridos desde 2014 a la fecha, a través del Monitor de accidentes laborales de su página web. Allí se publican y actualizan mensualmente los datos brindados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre el tema.

En el período comprendido entre enero y octubre de 2016, se registraron entre 500 y 650 accidentes mensuales cuya causa fue el esfuerzo físico excesivo o movimientos en falso, mientras que la segunda causa más frecuente de accidentes en dicho período fueron las caídas, con una cantidad de casos que fue de los 470 a 540 por mes. En dicho período, los accidentes graves o fatales se debieron a las condiciones precarias de trabajo en las que no se cumple con la normativa referente a mecanismos de prevención y seguridad.

Los datos revelan una alta masculinización de los grupos de trabajo con más accidentes, que son la construcción y el agro. En tanto, las mujeres sufren mayor accidentalidad en los grupos de comercio en general, en particular en supermercados; servicios profesionales, mayormente en empresas de limpieza; y la salud, en lugares como hospitales, mutualistas y casas de salud. Algo similar ocurre entre los menores de 34 años con bajos niveles de instrucción académica, ya que 70% de los accidentados en ese grupo social son hombres y 30% mujeres.

Montevideo es el departamento con mayor accidentalidad. Entre enero y octubre de 2016 se contabilizaron 1.353 casos, mientras que en ese lapso en Canelones los casos fueron 344, en Colonia 142, en Paysandú 121 y en el resto del país no se superan los 80 casos por departamento.

De los datos del monitor surge además que verano e invierno son las estaciones del año más propensas a un aumento del guarismo. La información para el período de diciembre de 2015 y noviembre de 2016 muestra 33.560 siniestros laborales en el país, 19.605 de ellos en Montevideo y 13.955 en el resto del país. 72% de esos casos está amparado por la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que corresponde a un promedio de 93 casos de los 130 que se denuncian diariamente. Los casos que no entran en la legislación quedan excluidos por múltiples motivos, que van desde accidentes que no se catalogan dentro de los grupos de trabajo descritos, hasta personas que sufren accidentes fuera del horario y del ámbito de trabajo, o no se adjudican como producto de una actividad laboral específica.

Entre enero de 2014 y julio de 2015, los casos que no fueron amparados por la ley oscilaban entre 900 y 1.000, mientras que entre agosto de 2015 y octubre 2016 descendieron a valores de entre 700 y 900. Además, hay 47 urgencias por día y 45% de ellas terminan en internación, mientras que el promedio de estadía en las instalaciones del BSE es de 5 días.

El sector comercio es el que tiene el mayor índice de accidentes de trabajo, con 396, seguido por la industria de la construcción, con 293, el grupo de ganadería y agricultura, con 247, los servicios profesionales y técnicos, con 237, y el de la industria frigorífica, con 216 siniestros. La salud y anexos presenta 212 casos pero hasta el momento los accidentes no revisten siniestralidad grave.

Las lesiones en manos, piernas, dedos, brazos y en las lumbares son las que más se repiten en los sectores del comercio, la construcción, el agro, los servicios profesionales, los frigoríficos y la salud. Mientras tanto, en la construcción y la industria de productos metálicos son más frecuentes las lesiones oculares.

Actualmente, el BSE trabaja en la creación de un nuevo hospital que sustituirá al actual y pretende ser un referente en la región, no sólo para atender a los siniestrados por accidentes laborales, sino también a las personas adultas que requieran rehabilitación por traumatismos y lesiones complejas. Desde el BSE se espera que el cambio implique la optimización del trabajo de los profesionales de las áreas de traumatología y cirugía del nosocomio, que se prevé comiencen a funcionar en abril de 2018.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE JULIO DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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