1) Cuando la elite llega al gobierno: desafíos y límites de la derecha sudamericana
3) El vergonzoso indulto a Alberto Fujimori
3) Honduras, el país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia
4) Oscar López Rivera: En Estados Unidos “el preso es una mercancía”
5) “¿Y la justicia?”, la pregunta permanente del Sáhara ocupado por Marruecos
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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 852/ Miércoles 27 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Cuando la elite llega al gobierno: desafíos y límites de la derecha sudamericana
Federico Vázquez (Le Monde Diplomatique)
Luego del ciclo progresista, América Latina está cambiando de orientación. La reforma laboral, la contracción del mercado de consumo y el ajuste estatal bajo la pauta de una supuesta modernización son las marcas de estos nuevos gobiernos.
Mauricio Macri, Michel Temer, Pedro Pablo Kuczynski, Horacio Cartes y Sebastián Piñera están cambiando abruptamente el color político de América Latina. ¿Qué tipo de gobiernos están llevando adelante? ¿Hay una nueva economía bajo el sol, un nuevo pacto social con sus electorados? ¿Se los puede pensar con una sintonía equivalente a la que alcanzaron en la década pasada Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula Da Silva, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner? ¿Tsunami, oleada o marea pasajera?
Tan distintos
En primer lugar, una anotación necesaria. En el caso de Brasil, cuyo peso específico es superior a la suma de todos los demás países de la región analizados, la derecha conquistó el gobierno sin pasar por las urnas. Fueron los diputados y senadores quienes decidieron reemplazar a Dilma Rousseff por Temer. Si se trató o no de un golpe de Estado es a esta altura menos importante que advertir que ese acceso por la ventana puede ser parte de una “excepcionalidad permanente”, la cual tendría un segundo y letal capítulo si el Poder Judicial le prohíbe a Lula competir en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.
En el resto de los países la derecha llegó al gobierno mediante elecciones limpias, legitimada por el voto popular, algo que ya había ocurrido desde mediados de los 80 en buena parte de la región y desde principios de los 90 en Chile. Lo que sí aparece como novedad son las biografías de estos nuevos líderes. El anterior ciclo neoliberal estuvo protagonizado por referentes salidos de la academia (Fernando Henrique Cardoso), de partidos populares (Carlos Menem) o aventureros improvisados (Alberto Fujimori). Pero esta vez surgen de un mismo molde. No alcanza con decir que Macri, Kuczynski, Cartes y Piñera provienen de los sectores más privilegiados de sus respectivas sociedades. Son, más específicamente, miembros de una pequeñísima elite, a la que a lo sumo pertenecen una docena de personas en cada uno de los países.
Macri lleva uno de los apellidos más emblemáticos del empresariado local. Algo parecido pasa con Piñera: según la revista Forbes, cuando inició su primera presidencia en 2010 su fortuna personal ascendía a unos 2.000 millones de dólares, incluyendo entre sus propiedades a Lan Chile, la tercera empresa privada más importante del país sin contar el sector minero.
Kuczynski no amasó grandes fortunas ni las heredó, pero su biografía no es menos elitista: hijo de un alemán y una francesa, vivió poco tiempo en Perú y se educó en distintas escuelas europeas. Además de su título como economista en Oxford, entre sus destrezas figura ser concertista de piano y flauta traversa, instrumentos que cultivó en el Royal College of Music de Londres. Cuando volvió a Perú ya llevaba años trabajando como funcionario del Banco Mundial.
Una versión menos glamorosa pero igualmente privilegiada es la de Cartes, presidente paraguayo desde agosto de 2013. Supo estudiar cuestiones ligadas a la aviación en Estados Unidos y, ya como empresario, fue acusado de estafa al Banco Central. Su fortuna lo ubica como uno de los principales millonarios de Paraguay.
Distinto es el caso de Temer, abogado de la Universidad de San Pablo que ascendió bajo el clásico formato de político de carrera brasileño. Pero Temer no es un líder emergente sino más bien el mascarón de proa de un accidente. Sin proyección política futura y totalmente desprovisto de apoyo social, parece ser el punto de unión coyuntural de los intereses de la elite brasileña antes que su representante a futuro.
Durante el ciclo de gobiernos progresistas circulaba la idea de que aquellos presidentes se parecían a las sociedades que gobernaban. El metalúrgico Lula, el militar de origen humilde Chávez Frías, el cura Fernando Lugo, el indígena y cultivador de coca Evo Morales… hasta los millonarios Kirchner tenían una biografía emparentada con la de las amplias clases medias argentinas, ajena a los símbolos culturales de la elite.
En contraste, los presidentes actuales muestran un pedigree homogéneo que los aleja de la experiencia cotidiana de sus compatriotas y votantes. Si esto resultará un problema para vincularse con sus gobernados se verá con el tiempo. Por ahora puede decirse que no fue un obstáculo para que fueran elegidos.
Las agendas
Si hay un hilo conductor entre las agendas de estos gobiernos es el intento por llevar adelante reformas vinculadas a la modernización, expresiones que aparecen repetidas en los discursos presidenciales y a la hora de justificar ciertas políticas, aunque detrás del arbusto conceptual se escondan deseos más bien primarios como la reforma laboral, el recorte del gasto o la tendencia a tomar deuda como un yonki.
Por su profundidad y regresión histórica, la reforma laboral brasilera es la expresión más dura de ese afán reformista. Prácticamente todos los artículos de la ley van en la dirección de aumentar el margen de negociación empresaria y disminuir el de los trabajadores y sindicatos: acuerdos a nivel de empresa por debajo de lo que estipula la ley, doce horas de trabajo continuo, posibilidad de fraccionar las vacaciones en tres períodos y hasta reducir el almuerzo a 30 minutos. Pero además la ley afecta directamente el poder de los gremios: la contribución sindical, un descuento anual automático sobre el salario del trabajador, se convierte en optativa.
El caso argentino –todavía en fase legislativa– es más críptico. Las organizaciones sindicales parecen haber logrado morigerar los artículos más ofensivos al derecho laboral, aunque la dirección del proyecto mantiene sus rasgos flexibilizadores: permite renunciar a derechos adquiridos, las pasantías pasan a ser “prácticas formativas” y propicia un blanqueo sin costo para las empresas.
Kuczynski, aunque presionado por un Congreso dominado por el fujimorismo y enfrentado a las centrales sindicales, promueve un proyecto para facilitar la contratación de empleados jóvenes por el cual el Estado se hace cargo del seguro social de salud, equivalente al 9% del salario. Piñera, aunque Chile cuenta ya con una débil legislación obrera y una presencia sindical mínima, propone flexibilizar todavía más las condiciones: se podrá trabajar hasta 45 horas en cuatro días de la semana, a razón de 11 horas y 15 minutos por jornada.
En agosto de este año, el ministro de Trabajo de Paraguay, Guillermo Sosa, dejó en claro por qué su país no necesita una reforma laboral: “Nosotros lo que tenemos es un mayor grado de competitividad porque les facilitamos la vida a las empresas con una estructura muy simplificada en lo que hace a las cuestiones empresariales y en lo que apunta a las cuestiones laborales” (1). Algo que confirma un estudio elaborado por Naciones Unidas con título medieval, “Trabajo forzoso y servidumbre por deudas”, que, entre otros datos, sostiene que la informalidad laboral en Paraguay asciende al 70% a pesar de una tasa de desempleo relativamente baja (7%).
Los gobiernos y proyectos de derecha en la región tienen una matriz excluyente en términos sociales. Salvo una mirada complaciente, es muy difícil ver algún atisbo de ampliación de derechos o una mejora social. Las agendas presidenciales expresan retrocesos en leyes laborales y recortes en salud, jubilaciones, investigación científica y educación superior. Lo que sorprende es que tampoco se advierte hacia dónde va la economía. ¿Cuál es el horizonte productivo que vendría después de los “ajustes necesarios”? ¿Qué fuerzas económicas se desplegarán una vez liberadas de los yugos impositivos, sindicales y legales?
Mercado grande / mercado chico
El mayor quiebre que produjeron los gobiernos progresistas en la década del 2000 fue hacer funcionar al mercado. Economías deprimidas o en crisis se volvieron dinámicas. El crecimiento vino acompañado de un aumento del empleo y la capacidad de consumo. En los casos de Brasil y Argentina, ese cambio se hizo sin nacionalizaciones masivas ni reformas constitucionales. Es decir, dentro de una lógica no sólo capitalista sino de libre mercado y moderación política. Las gestiones progresistas incluyeron en la ecuación económica a nuevos trabajadores-consumidores, formales e informales, e incluso a desocupados estructurales, como parte de una expansión que también fortaleció a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Las batallas culturales y un discurso más estatista fueron secundarios; no sólo en importancia sino en términos cronológicos. Los gobiernos progresistas, antes que nada, hicieron arrancar un oxidado motor productivo que durante las décadas anteriores parecía condenado a la “inviabilidad”. Sorpresivamente, los actuales gobiernos parecen dispuestos a ejercer el poder estatal para reducir la capacidad de expansión de esos mercados. En Brasil, por ejemplo, Temer sancionó una ley que congela el gasto público por 20 años (se prevé un ajuste sólo por la inflación del año anterior), lo que condena a la economía a funcionar con la misma inversión pública en un país con una tasa de crecimiento vegetativo en torno al 1% anual, sin margen para intentar políticas contracíclicas de inversión o gasto frente a circunstancias coyunturales (un aumento de la desocupación que necesite una asistencia rápida, por ejemplo). En Argentina, el aumento sistemático de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles también contrae el consumo a la vez que mantiene tasas altas de la inflación, que alimentan la contracción.
¿Hay una economía más allá de estos ajustes? Recordemos que en los años 90 la estabilidad monetaria y el acceso a nuevas pautas de consumo en el marco de una creciente inserción en los procesos de globalización funcionaron como dinamizadores de la economía a pesar de los ajustes al Estado. ¿Cuál es el 1 a 1, el nuevo shopping de la derecha?
Tal vez sea esa carencia la que les imprime a los actuales gobiernos una impronta tan ideológica. Los cambios y transformaciones que llevan adelante se basan más en un supuesto “deber ser” que en explicaciones fácticas que se desprendan de necesidades palpables. El aumento de los servicios públicos se justifica en la necesidad de que “se pague lo que vale”, como suele decir el ministro de Energía argentino Juan José Aranguren. Lo mismo plantea Piñera cuando dice que piensa volver atrás con la reforma educativa de Bachelet, que había prohibido el cobro de los copagos (aranceles) en las escuelas, con el argumento moral de que “cuando un padre hace un aporte a la educación de sus hijos, aunque sea muy modesto, ese padre tiene una actitud de mayor involucramiento” (2). Otro tanto pasa en el gobierno de Temer, que invirtió buena parte de sus energías en pasar el pente fino (peine fino) sobre el seguro de salud, los programas de asistencia social o el Bolsa Familia en busca de micro-estafas.
El gradualismo excede las fronteras argentinas. Pero suele resaltarse el aspecto moderado del término y no el sentido de algo que continúa y se desarrolla en el tiempo, ad infinitum, lo que puede convertirlo en un objetivo en sí mismo. Una moral. Volvemos a lo mismo: ¿cuál es la economía de estos gobiernos?
El fantasma
Los gobiernos de derecha están optando por la toma compulsiva de deuda, recurso al que pueden recurrir en la medida en que el ciclo anterior no tuvo como política central contraer préstamos externos como mecanismo de financiamiento. En el caso de Brasil, la deuda pública podría llegar al 80% del PIB durante 2018: un salto brusco, de más de 20%, en sólo tres años. Argentina, aunque gracias a los bajísimos niveles heredados todavía está lejos de esa marca, bate el récord mundial de ritmo de colocación de deuda para un país emergente. Un cambio de política de la Reserva Federal que aumente la tasa de interés podría poner patas para arriba estos esquemas de endeudamiento, en un escenario no sólo de deudas imposibles sino de mercados internos deprimidos y con Estados sin capacidad de respuesta.
Un auge exportador tampoco es esperable porque ni siquiera se lo busca. Brasil canceló las líneas que Lula había construido con nuevos mercados, como el africano, en tanto que Argentina, cuyas exportaciones se mantienen en los mismos niveles a pesar de la devaluación, perdió interés en los vínculos no occidentales, como advirtió Macri en su primera gira internacional. En una mirada general, el gesto geopolítico frente a Estados Unidos que indujo un coma profundo en la Unasur y la Celac y un regreso de la centralidad de la OEA no redundó, en tiempos de Trump, en una mayor coordinación económica o comercial.
Pero ocurre que Europa tampoco está pasando por una situación económica y política pujante. En este marco, si finalmente se firma el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, impulsado por los gobiernos de Macri y Temer, se corre el riesgo de que los países del bloque se conviertan en un depósito al que arrojar una producción industrial europea de calidad pero a la que hoy nadie le abre las puertas, a lo que se suman cláusulas desventajosas en materia de inversión, patentes y compras estatales. Una arquitectura asimétrica con una región que supo ser el centro del capitalismo mundial… en el siglo XIX.
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1. “Paraguay facilita la vida a empresas en cuestiones laborales”, 30-8-17, Agencia Sputnik.
2. Sebastián Piñera, 12-11-17 en el programa de televisión “Tolerancia Cero”.
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) El vergonzoso indulto a Alberto Fujimori
Oscar Ugarteche (Alai)
El espejo peruano ha terminado por reflejar que la corrupción política y desintegración nacional ha llegado a su máxima expresión. Después de hacer un esfuerzo por no vacar a un presidente que ganó “por un pelo”, y haberlo rescatado por “otro pelo” con el retiro de 10 votos de la izquierda, se ha sabido que en realidad había una maquina en marcha al menos desde octubre del 2017 para liberar a Fujimori. Es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa maquinaria. Pedro Francke ha circulado un texto dando precisiones procesales y el Ministerio de Justicia, donde el Ministro es el Fujimorista Enrique Mendoza, negó el 22 de diciembre la existencia del informe de la junta médica que estaba circulando en las redes.
Mientras Mercedes Araoz salió a la prensa a decir, el mismo 21 de diciembre, que en el gobierno de PPK “los indultos no se negocian”. Lo cierto es que bajo el premierato de Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo. Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el congreso, y el cambio de gabinete se entendió que iba en esa dirección.
El ministro de Justicia Enrique Mendoza, asumió el cargo el 11 de setiembre y entonces se dijo que eso era para liberar a Fujimori. Se escribió entonces que “Una de las razones por las que la designación de Enrique Mendoza ha sido cuestionada es porque algunos especulan que el reemplazo de Marisol Pérez Tello se debe a la oposición de la ex ministra de Justicia a un eventual indulto a Alberto Fujimori.
Según Pérez Tello, al expresidente peruano no le correspondería un indulto común ya que fue condenado por crímenes considerados de lesa humanidad. La única posibilidad para que Fujimori salga de prisión, de acuerdo a la exministra, sería otorgarle un indulto humanitario si es que se comprueba que tiene una enfermedad que lo amerite.” altavoz.pe/2017/09/18/27551/perfil-quien-es-enrique-mendoza-el-nu...
Con el Ministro de Justicia adecuado para la liberación de Fujimori, éste cambió la Comisión de Gracias Presidenciales un mes después de llegado al cargo. La Comisión de Gracias Presidenciales fue cambiada el 12 de octubre del 2017 cuando se nombraron nuevos presidente y miembros liderado por Orlando Franchini Orsi de 92 años. Franchini renunció seis días después y fue sustituido por el vice ministro de Justicia Juan Falconi Gálvez el 7 de noviembre. El Ministerio de Justicia estaba listo para firmar el indulto.
En paralelo, el 11 de setiembre asumió el ministerio de Salud el Vice Almirante (r) Fernando D’Alessio. Igualmente el 11 de octubre, en simultáneo con el Ministerio de Justicia, cambiaron al Director de redes integrales de salud Lima Este. Lima Este es la zona donde se encuentra el penal donde estaba Fujimori. Puso en el cargo a Luis Champin Loli, un ex – marino que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro para tener un informe favorable al indulto por razones humanitarias sin consultar al Colegio Médico o a alguna de las sociedades de especialistas médicos en los temas que afligen a Fujimori.
El Ministro D’Alessio tuvo un recorrido como director de Centrum de la Católica donde dejó un reguero de juicios y de problemas con numerosos profesores por arbitrariedad. Así, con la misma arbitrariedad la junta médica penitenciaria estuvo conformada por el médico de Alberto Fujimori. La Junta Médica Penitenciara dijo en el 2013 que Fujimori no tenía cáncer terminal. Ahora el informe dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente por más o menos todo lo que se le controla a la gente mayor. Ese es el argumento humanitario. Liberado por viejo.
Esta trama que involucra dos ministros y dos cargos de tercer nivel cambiados en la misma fecha y que colocó al médico de Fujimori dentro de la Junta Médica Penitenciaria, invalidándola, fue algo coordinado. Ocurrió bajo dos ministros del gabinete Araoz, así es que cuando ella dijo que este gobierno no negocia indultos, es posible que ya supiera como iba este indulto desde antes. En todo caso ella es la responsable política directa y ya renunció debido a eso. Los operadores de Salud y Justicia deberían irse de una vez y el fallo debe ser rectificado y Fujimori regresado a la cárcel. ¿Quién coordinó la trama?
PPK, si tuviera sangre en la cara, renunciaría, pero ya se sabe que su única motivación es el dinero y el poder. Los que votamos por él en la segunda vuelta fuimos engañados. De qué importa un buen profesional que nunca dice la verdad. De qué importa un Presidente (otro más) que solo miente para tener más poder. Dijo que siempre fue honesto. Esta acción lo ha confirmado como mentiroso y tramposo, arrogante y vano. Es una basura.
– Oscar Ugarteche, economista peruano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM (México), SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto Obela www.obela.org.
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Honduras, el país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia
Berenice Bengtsson (Asuntos del Sur)
Tras las elecciones del 26 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TES) – con un retraso nunca visto de 10 horas y bajo la presión de los observadores internacionales – anunciaba que el candidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla aventajaba en un 5% al actual presidente Juan Orlando Hernández, la ciudadanía celebró el triunfo en las redes sociales, si bien aún sospechando la posibilidad de fraude y complicidad institucional e el conteo final. Cabe recordar que el candidato-presidente no debería haber sido candidato a la presidencia, porque la Constitución prohíbe la reelección mediante un artículo pétreo – es decir, en términos jurídicos, imposible de modificar, interpretar o reformar.
Ante la ventaja y la tendencia, que parecía irreversible, a favor de la oposición, el presidente del TSE, dándole razón a las sospechas, se negó a reconocer oficialmente la victoria de Nasralla y anunció que debía esperarse el conteo final. En declaraciones posteriores al periódico digital salvadoreño El Faro, Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE, aseguraba que el presidente “no quería divulgar los resultados porque su partido, el Partido Nacional, iba perdiendo”.
Según él, el sistema de recuento, aunque lento, funcionó como se esperaba en las primeras horas y los días posteriores, en los que “Nasralla tenía una ventaja que ya marcaba tendencia. Pero cuando el sistema se cayó, al volver, ya la tendencia se había revertido y no volvió a cambiar”. Tras el colapso aparente y posterior recuperación del sistema, los resultados divulgados por el TSE mostraban una clara ventaja del candidato oficialista sobre el candidato de la oposición. Gracias a la magia del colapso, se revertía una tendencia que parecía irreversible.
Las protestas y bloqueos de carreteras no se hicieron esperar y, con ello, la represión policial y militar. Volvían, como un déjà vu, los fantasmas de la crisis que generó el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, la ciudadanía hondureña, muy decidida, se mantuvo en las calles. Entre saqueos al sector privado y bajo acusaciones políticas de unos y otros de ser los causantes del caos, el 1 de diciembre el gobierno decretó el Estado de Sitio durante 10 días, a fin de mantener a la población silenciada en arresto domiciliario. Pero como en épocas anteriores en Argentina, un inédito cacerolazo cobró vida en diferentes ciudades de Honduras, desobedeciendo el toque de queda y retando al poder político.
Lamentablemente, los desafíos costaron vidas. Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del 30 de noviembre al 4 de diciembre se registraron 12 asesinatos a manos de la Policía Militar en todo el país. El día en que se produjeron más hechos violentos fue el 1 de diciembre, fecha en que entró en vigor la suspensión de las garantías constitucionales.
La misión de observadores de la Unión Europea manifestó que permanecería en el país “hasta que concluya el proceso electoral y cada voto emitido sea tomado en cuenta”. Marisa Matias, jefa de dicha misión, expresó asimismo su condena por los disturbios postelectorales, lamentó profundamente las muertes y las personas que resultaron heridas y pidió que se aclarasen en qué circunstancias ocurrieron.
En otro hecho sin precedentes, el 4 de diciembre, policías de diferentes grados y los agentes Cobras anunciaron que no obedecerían las órdenes de sus superiores y que declaraban huelga de brazos caídos – es decir, que no acudirían a las calles a reprimir protestantes. A su vez, pedían al TSE que se respetase la voluntad popular y que se llevase a cabo un conteo de votos transparente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, creada por el presidente, continuaron – y continúan – activas, de modo que no puede afirmarse que la población haya quedado a salvo del abuso del ejercicio monopólico de la fuerza.
Honduras ocupa el lugar 130 en el índice de Desarrollo Humano y, según el Banco Mundial, el 60% de su población vive en situación de pobreza. El servicio de salud básico se encuentra disponible solo para un tercio de la población. Los altos índices de criminalidad y desempleo, la involucración de personajes políticos e influyentes en el narcotráfico, así como la de jóvenes pobres en pandillas y narcomenudeo, dan una idea de la crisis política, económica y social que vive Honduras. Con un salario aproximado de 232 dólares, es sencillo concluir que muchos de esos policías que se plantaron y sus familias pertenecen a esa gran mayoría hondureña que vive en la pobreza. Y que ellos también, al parecer, están hartos de la violencia – física, pero sobre todo estructural.
Mientras la comunidad internacional se mantiene impávida, en un país que vive de crisis en crisis institucional desde el golpe de Estado de 2009, el presidente se aferra al poder. La gota que colma el vaso es sin duda el saqueo y la utilización de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas políticas del partido del gobierno, cuyos principales autores y beneficiarios se mantienen impunes.
La población viene pidiendo la renuncia del presidente desde 2015, con multitudinarias marchas con antorchas. La pretensión de ser reelegido a pesar de la prohibición constitucional ha sido el detonante que explica la amplitud del rechazo y por qué el presidente perdió las elecciones. Es hora de que se retire, por el bien de Honduras, si todavía le queda algo de dignidad.
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Oscar López Rivera: En Estados Unidos “el preso es una mercancía”
Manuel Guillama Capella (Diálogo UPR)
Tras pasar 36 años encarcelado, Oscar López Rivera habló sobre el sistema penal estadounidense como parte de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El pasado domingo, en el marco de la conmemoración por el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el exprisionero político puertorriqueño ofreció una disertación sobre las injusticias que a diario se cometen en las cárceles norteamericanas. Ese sistema penal –denunció– se encuentra en gran medida en manos de grandes intereses económicos, y atenta particularmente contra los sectores más desventajados de la sociedad, al tiempo que fracasa estrepitosamente en servir de ente rehabilitador para aquellos que caen entre sus garras.
“El sistema privado de prisiones en Estados Unidos es el que verdaderamente convierte el preso en una mercancía. Esto refleja algo que muchas veces olvidamos y es que la decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que la abolición de la esclavitud se aplica solo a aquellos esclavos que no están presos, aquellos que están presos no fueron liberados. Esas pequeñas palabritas son interesantes [porque] el sistema de prisiones de Estados Unidos todavía tiene ese sistema de esclavitud. No podemos obviar eso”, advirtió López Rivera en la actividad organizada por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico.
El trabajo forzado al que son expuestos los confinados en las prisiones privadas –sistema que la administración de Barack Obama anunció en agosto de 2016 que sería eliminado gradualmente– ayuda a generar parte de los beneficios de un sector que, al 2014, superaba los $629 millones en ganancias. Un margen de ganancias del que, planteó el líder nacionalista, el preso y sus familias no ven un centavo.
Por otro lado, denunció que “las cárceles tienen un sistema en el que si un familiar le manda [por ejemplo] $100 a un preso, ese dinero no va directamente al preso”. López Rivera indicó que ese dinero va a un banco comercial, donde nunca gana intereses. “El banco sí gana mucho con ese capital adicional que tiene para invertir”, aseguró.
“Nosotros hicimos un cálculo de que por lo menos 100,000 de esos presos federales reciben como $100 al mes, así que imagínense la cantidad de dinero que tienen los bancos en sus arcas a costa de las familias de los presos”, ilustró López Rivera durante el acto celebrado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
López Rivera igualmente apuntó al discrimen que reciben por parte del sistema penal tanto las poblaciones negras como latinas en Estados Unidos. Ambas componen una cantidad desproporcionada de los cerca de 2.3 millones de encarcelados en el país norteamericano, la cifra más alta en el mundo.
A juicio de López Rivera, la transformación de la estructura penal en Estados Unidos comenzó durante la administración de Richard Nixon en la década de 1970, pero se recrudeció bajo Ronald Reagan en los 80. El inicio de la llamada “guerra contra las drogas” se combinó con una creciente inmigración hispana, que era vista como “peligrosa” en el país, para aumentar exponencialmente la población carcelaria.
“El modelo de California [donde Reagan fue gobernador entre 1967-1975] era el que más presos per cápita tenía en Estados Unidos. Y fue con esa mentalidad que ese señor llegó a Washington como presidente e hizo posible la privatización de prisiones y la inmensa cantidad de prisiones que se construyeron”, subrayó.
“Cuando yo entré a la cárcel [en 1981] había 25.000 presos federales. Ahora hay más de 200.000”, agregó el independentista, cuya sentencia fue conmutada en enero por el presidente Obama. Asimismo, censuró lo que calificó como la actitud “hipócrita” de Estados Unidos hacia los latinos desde hace décadas, al presentarse hacia ellos como la “meca” del mundo.
“Muchos se lo creyeron, incluyendo muchos puertorriqueños. Ofrecían una mentira, pues cuando los latinoamericanos inmigraban se daban cuanta que no era ninguna meca y terminaban en esas prisiones”, expuso al añadir que por lo general son “los más vulnerables”, y no los “verdaderos traficantes”, quienes sufren las consecuencias del esquema penal estadounidense.
López Rivera igualmente alertó sobre las deplorables condiciones en que las cárceles norteamericanas mantienen a los confinados. Indicó que, en gran medida, esto se debe a las mínimas garantías a las que tienen derecho los presos, lo que limita sus posibilidades de acceso a tratamientos médicos, comunicación con su familia o recreación.
“Un preso tiene derecho a tres comidas al día y una cama, el resto son privilegios. Cuando a los carceleros se les antoja, esos privilegios se van. La mayoría de los presos tiene enfermedades y se pone la salud en peligro. Lo más triste que puede haber es un preso enfermo, porque jamás va a recibir el tratamiento que necesita”, dijo López Rivera, quien resaltó que la situación para los indocumentados se agrava al carecer de los recursos para defenderse en el marco jurídico, en parte por el miedo que provoca el riesgo de deportación propia o de familiares.
Pero por sobre todas las cosas, argumentó López Rivera, las cárceles estadounidenses fracasan en el deber de rehabilitar a los presos, al no ofrecer alternativas que les permitan reintegrarse positivamente al escenario social. “Todo preso puede rehabilitarse. Todo preso puede trascender lo que fue anteriormente, pero necesita ayuda. Aunque las cárceles [en Estados Unidos] nunca fueron creadas para eso, hubo momentos en que había menos presos y se tenían algunos servicios y programas”, manifestó López Rivera.
Sin embargo, el sistema penal es “uno que deshumaniza; que verdaderamente no tiene nada de interés en el preso”, lamentó López Rivera, quien pasó 12 años de su sentencia federal en confinamiento solitario.
López Rivera aprovechó la charla para hacer un llamado por las liberaciones de la puertorriqueña Ana Belén Montes, sentenciada en 2002 a 25 años de prisión tras ser convicta por realizar labores de espionaje a favor del gobierno cubano; y de Nina Droz, recluida desde que fue arrestada en hechos relacionados al paro nacional el pasado 1 de mayo y por los que se declaró culpable en el foro federal de un cargo de conspiración.
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) “¿Y la justicia?”, la pregunta permanente del Sáhara ocupado por Marruecos
Beatriz Asuar Gallego (Público)
El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que especialistas y activistas han denunciado las vulneraciones de derechos humanos durante el desalojo del campamento Gdeim Izik, así como los 20 “presos políticos” aún encarcelados tras el desmantelamiento.
El pasado 8 de noviembre se cumplieron siete años de una de las noches más largas y represivas para el pueblo saharaui: el desmantelamiento del campamento político y social del Gdeim Izik. Fuerzas marroquíes entraron a sangre y fuego en el también conocido como campamento de la Dignidad, a 14 kilómetros de El Aaiún, una de las formas de resistencia frente a la ocupación marroquí. Cientos de saharauis fueron detenidos, maltratados y torturados durante el desalojo. En las semanas posteriores continuó la violencia con detenciones selectivas y arbitrarias. Todavía, a día de hoy, siguen 20 activistas saharauis en prisión con condenas de más de 25 años.
El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que se han expuesto los casos de los 20 presos así como las diferentes violaciones de derechos humanos durante sus procesos judiciales y en sus estancias en las cárceles marroquíes. Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, ha presentado las jornadas que han contado con especialistas de diferentes campos y que han explicado, de primera mano, qué ocurrió en el Gdeim Izik.
"No hay más alternativa que la autodeterminación”, gritaban las familias saharauis en el campamento reclamando la lucha por la liberación del pueblo y contra la violencia de Marruecos. Sin embargo, aunque se lleva años denunciando la represión y la violación de derechos parece que nada, o muy poco, ha cambiado. Uno de los motivos quizás sea el que explica Hassanna Aalia: “El bloqueo informativo que Marruecos ejerce hace que no se pueda documentar lo que ocurre en la zona ocupada”. Ante esto, 69 observadores internacionales de nueve nacionalidades distintas han visitado Marruecos para conocer la realidad.
¿Por qué presos políticos?
Rosario García Díaz, directora de la Fundación Sáhara Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los especialistas y observadores. El principal reclamo está bien claro: la liberación de los presos políticos del Gdeim Izik.
Según los observadores los 20 detenidos deben ser liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos políticos: "Si dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldrían. Las detenciones ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron detenidos antes del desalojo. No están ahí al azar. No son criminales, son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la organización del campamento”, explica la directora. Y no solo las detenciones lo demuestran, también los procesos judiciales por los que fueron finalmente condenados el pasado julio.
Juicios civiles y militares
Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados, Ashmad Farik, desde hace más de tres años. Desde entonces solo se ha podido reunir una vez con él, entre la policía marroquí. “Los juicios han sido una completa farsa”, denuncia la abogada. Explica que durante el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia cierta el número de supuestos policías asesinados por los que son acusados, de hecho, no se sabe ni donde están esos cuerpos. Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberían contar para juicio.
Ana Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policías militares que dicen que fueron asesinados. Meses después, aparecieron nueve informes de “mal-autopsias” señala la forense: “No hicieron primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografías para documentar. No existen datos del levantamiento de cadáveres por lo que no hay indicios ni pruebas. Hay muchas incongruencias: firma de médicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la muerte, la causa de ella o la fecha”.
Estas son sólo algunas de las denuncias de las expertas, algunas de las que también se recogen en el informe de los observadores y en el que coinciden en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional durante todos los juicios.
Torturas y detenciones incomunicadas
Mientras no llega la liberación, tienen claro el otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las cárceles marroquíes. Los detenidos han estado en huelga de hambre en varias ocasiones como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos están en estado de salud gravísimos por el largo tiempo que llevan en esta condición, explica el abogado y miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria. Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera reciben los medicamentos necesarios.
Respecto a las cárceles, los detenidos están dispersos por siete prisiones distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilómetros de distancia de sus casas. Y las condiciones en la que viven son ‘infrahumanas’: celdas sucias entre cucarachas, alimentación muy escasa y casi sin tiempo para salir de sus celdas.
Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detención de Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no supieron nada de él durante cinco días, en los que ni siquiera los abogados consiguieron hablar con él. Cuando lo encontraron, estaba lleno de moretones y había sido brutalmente torturado.
"Presenté y denuncie ante el comité de la tortura. Este denunció a Marruecos, pero Marruecos no lo aceptó.” A partir de aquí, prohibieron a Magin la entrada no sólo a prisión, también a Marruecos, prohibiendo así al preso Asfari ver a su mujer. “Mi lucha no es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo saharaui”, señala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen haber probado lo mismo: la represión y las detenciones a estos presos viene por la lucha de liberación del Sáhara frente a la ocupación marroquí. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos políticos y en que no se han dado condiciones mínimas para que los juicios se consideren válidos.
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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