1) Vaticano liberará archivos sobre dictadura uruguaya –
2) Los medios comunitarios después de la legalización: el desafío de profesionalizarse y ser sustentables –
3) Aratirí: 90 trabajadores por cobrar los despidos; la empresa no descarta hacerle un juicio al Estado –
4) Caso Conmebok: Gorka Villar deberá declarar en Uruguay
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2065 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 25 de Marzo de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Vaticano liberará archivos sobre dictadura uruguaya
Juan Pablo Correa (El País)
El papa Francisco le transmitió al embajador uruguayo en el Vaticano, Francisco Ottonelli, que la Santa Sede abrirá sus archivos vinculados a la dictadura (1973-1985). Ottonelli ya le dio esa información a Mario Cayota, coordinador alterno de la Comisión por la Verdad y la Justicia que creó el presidente Tabaré Vázquez. Cayota, a su vez, informó a la comisión, que ahora estudiará de qué manera proceder. Es difícil establecer cuándo la información podrá estar disponible, dijo Cayota a El País, pero aseguró que se quiere avanzar sin dilaciones.
Cayota, que fue embajador uruguayo en el Vaticano en el período 2006-2011, señaló que le consta que allí hay información sobre la dictadura uruguaya pero no tiene certeza de que sea mucha. Al igual que Ottonelli, Cayota ha sido dirigente del Partido Demócrata Cristiano y es además historiador. Cayota asegura que durante la dictadura hubo familiares de desaparecidos que concurrieron a la Nunciatura Apostólica en Uruguay (la embajada del Vaticano ante el país) y que el entonces arzobispo de Montevideo, Carlos Parteli (1910-1999), también los recibió de «manera informal». De todas formas, aclaró que «la comisión no quiere generar expectativas desmedidas». «El Papa le transmitió a Ottonelli su mayor voluntad para abordar esta temática. No falta voluntad», señaló Cayota.
En el caso de la documentación vinculada a Argentina, en buena medida consiste en cartas que enviaban familiares de desaparecidos solicitando información a la Nunciatura, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Malfa, y es de suponer que en el caso uruguayo la mayor parte del material sea de la misma naturaleza. En Uruguay ahora se buscará determinar los pasos formales a dar y si los trámites se harán a través de la Nunciatura o si de alguna forma participará la Conferencia Episcopal Uruguaya. «Es algo que estamos abordando», agregó Cayota.
El diario argentino La Nación publicó que el pontífice le dijo a Ottonelli que «los archivos sobre las dictaduras se van a abrir; hable con Laterza». Hacía referencia a Giuseppe Laterza, funcionario de la Secretaría de Estado vaticana que el año pasado prometió a la presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Argentina, Angela Boitano, la apertura y puesta a disposición de todos los archivos vaticanos sobre la dictadura en Argentina.
La comisión que nombró Vázquez está integrada por la diputada oficialista Macarena Gelman, el exdiputado frentista Felipe Michelini, la representante de la colectividad de afrodescendiente Susana Andrade, el de la Iglesia Metodista Ademar Olivera, Emilia Carlevaro como representante de la organización de familiares de desaparecidos, Pedro Sclofsky por la comunidad judía, y Cayota. Está en permanente contacto con las organizaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura.
Cambio
Según Óscar López Goldaracena, abogado que ha llevado adelante denuncias vinculadas con la dictadura militar, si el Vaticano comenzara a aportar información sería un cambio respecto a lo ocurrido en el pasado. López Goldaracena dijo a El País que hace varios años se presentó en la Nunciatura en busca de información sobre el secuestro en 1977 en Argentina del sacerdote salesiano uruguayo Kleber Silva. «No me recibieron», aseguró el abogado. Tras tres años de secuestro, Silva fue arrojado desde un auto en 1980 y falleció poco después en un hospital de Buenos Aires. El papa Pablo VI se había interesado por su situación
El anuncio de que el Vaticano facilitará la información de sus archivos sobre la dictadura se produce luego de que el gobierno de Estados Unidos confirmase que desclasificará la información que tiene sobre la dictadura argentina. El activista paraguayo por los derechos humanos, Martín Almada, pidió al gobierno de Estados Unidos, que extienda la medida a todos los documentos que tiene sobre el resto de países que fueron afectados por el Plan Cóndor. Con el nombre de Plan Cóndor se conoce al operativo de coordinación represiva de las dictaduras en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Almada sostiene que la coordinación estuvo a cargo de Estados Unidos en base a documentos que descubrió en una comisaría de Asunción en 1992.
En Uruguay
La comisión creada por Vázquez se reúne todas las semanas con los antropólogos que están investigando en el departamento de Canelones, en las inmediaciones de la localidad de La Montañesa cerca de la ruta 34, en el predio de la Brigada de Artillería Aérea. Buscan los restos de cuatro hombres y una mujer desaparecidos. Este es el único lugar donde hoy se están buscando restos, dijo a El País el integrante de la agrupación de Familiares de Desaparecidos, Ignacio Errandonea.
En febrero comenzó el desmalezamiento del lugar y el trabajo avanza con lentitud. El Poder Judicial dispuso «no innovar» sobre un aérea de 10.000 metros cuadrados que serán estudiados. Las investigaciones son realizadas a instancias de López Goldaracena a quien una fuente anónima le entregó un croquis con la posible ubicación de restos humanos.
La dictadura quería librarse de Parteli
La dictadura uruguaya era hostil al obispo Carlos Parteli y, según Mario Cayota, promovió su remoción, algo que el papa Pablo VI no aceptó. El Papa le envió una carta a Parteli, en términos elogiosos, descartando esa posibilidad. La remoción de Parteli fue impulsada por los embajadores uruguayos del momento ante la Santa Sede. Según Cayota, en la embajada hay guardados en una caja fuerte comunicados de la Cancillería desmintiendo las denuncias de Parteli sobre la represión, atribuyéndolas a una campaña comunista.
No quiere que su visita a la región se utilice políticamente
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo a El País que es «probable» que el papa Francisco visite Uruguay el año próximo y aseguró que el anuncio de su llegada no se hará con demasiada antelación para evitar el «alboroto» en la región.
Sturla estuvo este mes en Roma y participó de un encuentro colectivo con el Papa, pero no pidió una audiencia privada porque ya la había tenido en octubre del año pasado. «¿Cuándo vendrá el Papa a Uruguay? Es lo que todos me preguntan. El Papa quiere venir, pero yo creo que no le es tan sencillo fijar en qué momento lo hará. La visita a Uruguay está ligada a su presencia en Argentina y Chile. Creo que es por eso que el Papa está esperando un momento en el que la visita tenga el carácter pastoral que debe tener, lejos de toda cuestión política, que obviamente en su país natal tiene una connotación que, seguramente, en otros países no tiene», detalló el cardenal Sturla a El País.
Agregó que esa es la razón por la que el Papa no ha fijado una fecha aún. En Argentina es muy reciente el cambio de mando y tanto el oficialismo, encarnado por el presidente Mauricio Macri, como el kirchnerismo, ahora en la oposición, se disputan el apoyo del Papa, quien pretende que su vista no sea utilizada políticamente por unos y otros. «Lo último que a mí me dijo en octubre es que seguramente venga en 2017, porque viene al aniversario de la Virgen Aparecida, en San Pablo. De allí vendría a Uruguay, pero es una aspiración. Hay quien dice que el Papa no va a avisar con mucho tiempo de antelación su visita a la región para que no se arme mucho alboroto. Debemos estar muy atentos», afirmó Sturla.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 25 DE MARZO DE 2016
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2) Los medios comunitarios después de la legalización: el desafío de profesionalizarse y ser sustentables.
Facundo Franco (La Diaria)
Después de que en enero de 2008 fuera promulgada la Ley Nº 18.232, más conocida como Ley de Radiodifusión Comunitaria (LRC), las radios comunitarias que hasta el momento eran consideradas “clandestinas” o “piratas” tuvieron la oportunidad de regularizarse y fueron reconocidas por el Estado como un actor más de la radiodifusión uruguaya, algo que fue ratificado en 2014 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sin embargo, la era de la legalidad también trajo nuevos desafíos para las emisoras comunitarias, que tuvieron que hacer frente a requisitos de equipamiento y de obligaciones impositivas. Un grupo de investigación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República investigó los desafíos que vive el sector comunitario de la radiodifusión en el país. Ese trabajo se concretó en el libro ¿Qué radios para qué comunidades?, escrito por Gabriel Kaplún (coordinador y editor), Alicia García, Óscar Orcajo, Martín Martínez y Lucía Olivari.
La investigación tomó como referencia las primeras 92 radios comunitarias habilitadas en 2010, luego de un llamado a regularizaciones al que se presentaron en total 412 radios, de las que más de 300 fueron rechazadas por tener un formato comercial o por ser emisoras de contenidos religiosos. Además, entre 2011 y 2013 fueron habilitados 16 radios y 23 grupos de personas que accedieron a frecuencias compartidas administradas por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que en total hay 131 grupos o asociaciones autorizadas a utilizar el espectro comunitario.
Para el caso de las primeras 92 radios comunitarias, 24% se encuentra en Montevideo, 25% en el área metropolitana cercana a la capital y el restante 51% pertenece al interior no metropolitano, mientras que 57% usufructúa una señal por medio de la conformación de una asociación civil y el otro 43% corresponde a grupos de personas que tienen acceso a una frecuencia compartida. Además, 75% de las emisoras no están agremiadas y 25% sí lo están (14% a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y 11% a la Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay).
La investigación confirma que en el área metropolitana existe un problema de saturación del espectro radioeléctrico, más allá de que si se realizaran ajustes a las normas técnicas se podría asignar alguna frecuencia más. Esta situación lleva a que el cumplimiento de la reserva de un tercio del espectro para el sector comunitario previsto en la LRC no sea posible en Montevideo sin desafectar alguna de las 23 radios FM asignadas al sector comercial, plantea el libro.
En comunidad
En la investigación se realizaron entrevistas y talleres con radios de distintas partes del país y en distintas situaciones (incluso se entrevistó a una radio que nunca regularizó su situación y no está autorizada para emitir). En términos de la relación con la comunidad y de la gestión, por lo general las radios mencionan la toma colectiva de decisiones, la participación de vecinos y organizaciones de la zona en los contenidos, y de la atención de las necesidades de la comunidad en la programación.
Al respecto, el grupo de investigadores plantea que la realidad de cada una de las radios y sus comunidades es distinta, pero que en cualquier caso son necesarios la reflexión y el conocimiento sobre esas realidades, algo que no siempre ocurre en este tipo de emisoras. De esa forma se podría “evitar el riesgo de quedar desfasados frente a procesos de cambio social y cultural importantes, hablándole a audiencias que tal vez ya no existen en un lenguaje que ya no se entiende, o de hablarle a muy pocos y tener aún menos oyentes”.
En relación con las distintas formas de participación de la comunidad, la investigación identifica mecanismos como el trabajo de vecinos u organizaciones que realizan programas, el involucramiento de estos en la gestión de la emisora, la participación de la radio en espacios de coordinación con otras organizaciones, pero también mediante mensajes que envía la audiencia a los programas, colaboraciones económicas directas o la necesidad de publicidad de comercios o difusión de actividades.
El equipo investigador plantea que para abordar esta dimensión es útil reflexionar sobre el modelo de comunicación y de participación que está por detrás de la radio. Por ejemplo, si es uno más de transmisión de mensajes o uno que apunta “al diálogo entre interlocutores”, en el que el comunicador sería más un “facilitador de la comunicación” o un “estimulador del diálogo”.
Otra de las áreas de análisis es la programación de las radios, que según los responsables de las emisoras se centra en la información local, que se aborda con un enfoque distinto del que ponen en juego los medios comerciales. Sin embargo, en la práctica la música ocupa un lugar mayor en las grillas que la información, que tiene costos importantes de producción, según detalla el estudio.
Agrega que, sobre todo en las radios montevideanas, el rock y el hip hop suelen tener una “fuerte presencia”, ya que les dan lugar a bandas locales que no acceden a los medios masivos, y también tiene espacio la música tropical, aunque “suele haber un rechazo” a la llamada cumbia villera, por ir en contra de los valores que promueven las radios. También se señala la búsqueda de una programación de interés para todas las edades, pero se constata una puja entre “los viejos” y “los jóvenes” por horarios y lugar.
El cómo
El grupo de investigadores señala que la programación no siempre se plantea de la mejor forma; lo vincula al escaso tiempo que, en la mayoría de los casos, se puede destinar a la producción, ya que, excepto en el caso de los operadores, suele ser una tarea honoraria o “militante”. Este aspecto se une directamente con otra de las tensiones actuales: la profesionalización del trabajo. Uno de los riesgos que podría traer aparejado ese proceso, y que, se sostiene en el libro, muchas veces se debe a la falta de capacitación, es el de repetir esquemas o formas de comunicación de emisoras o programas radiales comerciales. El estudio concluye que es necesario “romper el círculo vicioso de falta de tiempo, capacidades y recursos”.
El libro plantea que la sustentabilidad y profesionalización de la labor constituyen uno de los mayores desafíos para la radiodifusión comunitaria después de su legalización. Señala que, si bien las radios ya no tienen que enfrentarse al riesgo de que las cierren, tienen que solventar los gastos de funcionamiento y la posibilidad de enfrentar imprevistos, como la rotura de equipos.
Según se sostiene, para solucionar este tipo de situaciones muchas veces se acude a la venta de rifas o a la realización de espectáculos, y las formas de financiamiento mensuales suelen pasar por el aporte fijo de oyentes o de la “organización madre” de la radio. Respecto de la publicidad que se consigue, se señala que suele ser la de pequeños comercios, “reducida en montos y frecuencia”, y al mismo tiempo el informe dice que el acceso a fondos concursables suele ser difícil debido a los requisitos de presentación requeridos.
En suma, en las radios no suele haber una persona dedicada a conseguir publicidades o socios, aunque algunas emisoras se dedican específicamente a ello y obtienen buenos resultados. La investigación indica: “Parecería que una parte del problema tiene que ver con una indecisión y hasta con un temor: si empieza a haber dinero habrá que enfrentar decisiones difíciles” como “la de quiénes cobrarán y quiénes no, o cuánto cobrará cada quien”.
Respecto de la profesionalización, el estudio plantea una discusión “necesaria” por una tensión planteada entre lo “amateur-militante” y lo “organizado-profesional”, ya que para algunos “el sentido mismo de la radio comunitaria está en su carácter militante”, que en lo radiofónico se traduce en “una defensa de la espontaneidad”. Los autores plantean que esto es una “falsa oposición” que no permite a los comunicadores pensarse como profesionales, y señalan la necesidad de buscar alternativas que “salgan de esta disyuntiva”, sin llegar al extremo del lucro y de modelos de comunicación comerciales.
Para adelante
De acuerdo con el libro, las radios comunitarias ven en la legalización de su tarea la ventaja de que ya no se enfrentan a una posible clausura y que no tienen que preocuparse por la interferencia en la señal con las radios comerciales. Pero, al mismo tiempo, se quejan de que las radios comunitarias que no regularizaron su situación son las que interfieren con las que sí lo han hecho, y también de que estas y las comerciales tienen ventaja para acceder a la publicidad. Además, a raíz de la LRC muchas radios tuvieron que adaptar sus equipos y la programación a las seis o 12 horas de emisión diaria mínima, según si se trata de grupos de personas que administran frecuencias compartidas o de asociaciones civiles que poseen una frecuencia para uso propio.
El estudio agrega que muchas radios se quejan de falta de información desde los organismos del Estado o de trámites lentos, y señalan que les es difícil cumplir con la grabación de todas las emisiones, con las obligaciones impositivas y de seguridad social, y con el aporte a la Asociación General de Autores del Uruguay. Al respecto se agrega que varias de estas situaciones son las que llevaron a algunas emisoras a seguir en la ilegalidad.
El equipo de investigadores sostiene que los nuevos desafíos para las radios comunitarias, que reclaman, entre otras cosas, subsidios directos al sector, acceso a la publicidad oficial, capacitación, equipamiento y asesoramiento, deberían ser de recibo de la política pública. Por ejemplo, sugiere la potenciación y fortalecimiento de los fondos concursables existentes para las radios, pero indica que parece “más difícil” que se concreten subsidios permanentes cuando “desde el Estado no hay convicción suficiente de que el sector lo justifique en términos comunicacionales y sociales”.
En cualquier caso, se sostiene que para preservar su autonomía las radios comunitarias no pueden pasar a depender de los aportes estatales. Además, se sugiere una posible alianza entre el sector comunitario y el público, o con medios privados del interior o cooperativos. “En la articulación de potencialidades de los actores sociales y el diseño y aplicación de políticas públicas se juega buena parte de las posibilidades de desarrollo del sector comunitario, un desafío clave para un desarrollo equilibrado del sistema de medios de comunicación y de la vida democrática del país”, concluye el estudio.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 25 DE MARZO DE 2016
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3) Aratirí: 90 trabajadores por cobrar los despidos; la empresa no descarta hacerle un juicio al Estado.
(La Diaria)
Ayer venció el plazo legal del que disponía la minera Aratirí para presentar un nuevo interesado en obtener la concesión para explotar los yacimientos de hierro que se extienden en los departamentos de Treinta y Tres, Durazno y Florida. Aquella propuesta que pretendía convertir a Uruguay en “un gran exportador mundial de hierro para la producción de acero” nunca llegó a concretar su ambición, y más de 90 trabajadores que están en seguro de desempleo desde hace cuatro años le iniciaron un juicio a la empresa en enero, por no pagar los despidos en el plazo pautado.
En noviembre, tras ocupar durante una semana la sede de Valentines, los trabajadores y la minera habían acordado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que cobrarían el despido en cuatro pagos: 45% el 3 de diciembre, 20% el 23 de diciembre, 20% el 29 de enero y 15% en febrero. Aratirí cumplió con el primer pago, pero el 24 de diciembre los trabajadores no recibieron la segunda cuota. En aquel momento ocuparon las oficinas de la empresa en Montevideo y lograron el compromiso de que cuatro trabajadores que cumplían tareas de mantenimiento y no habían sido enviados al seguro de desempleo cobraran el salario vacacional, la licencia y el aguinaldo adeudados (esto se concretó en febrero), y la promesa de que el 31 de marzo cobrarán 18 días adeudados.
Los otros 94 trabajadores interpusieron “recursos en función del incumplimiento del convenio”, explicó a la diaria Manuel López, secretario del interior de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y ante el MTSS no aceptaron firmar un acuerdo, propuesto por la empresa, de pagar en ocho cuotas 55% de los despidos adeudados. “No estuvimos de acuerdo, por eso iniciamos un juicio. De todos modos, la empresa dejó constancia en el ministerio de que iba a pagar en ocho cuotas”, dijo López. En febrero recibieron la primera de las ocho cuotas.
El 4 de enero el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto de ley para extender por 90 días el seguro de desempleo de los cerca de 90 trabajadores de Aratirí. López informó que el proyecto del seguro de desempleo “quedó trabado y está para votarse en la Cámara de Senadores”. Desde enero de 2012 los trabajadores estaban amparados por ese subsidio.
Como saldo de este proceso, López lamentó el impacto en Cerro Chato y Valentines: “Cuando estaba en funcionamiento la empresa, reactivó la zona, llegaron trabajadores de otros lados, empezaron a funcionar comercios e iniciativas privadas”, pero “ahora, sabiendo que se cerró el proyecto, hay desmotivación de la gente y empezó a verse el pueblo que conocimos antes de que comenzara el tema de la minera: algunos trabajadores en el medio del campo ganando salarios por debajo de lo que marcan los salarios mínimos, en una situación bastante precaria”.
López dijo que el proceder de Aratirí es acorde a la manera en que “se mueven los capitales: garantizan empleo, pero cuando [el negocio] no está dentro de los parámetros que quieren manejar, desaparecen; son casi capitales golondrina en ese sentido”.
Tanto el PIT-CNT como la UNTMRA son partidarios de que la minería sea desarrollada por el Estado uruguayo, “por lo menos, de buscar algún tipo de participación con empresas que vengan a invertir, pero que haya una importante participación del Estado, que garantice los proyectos y las fuentes de trabajo”. Los precios de los minerales a nivel mundial depreciaron la industria metalífera. “La situación es bastante crítica: tenemos desocupación plena en el sector del hierro; en cuanto al oro, tenemos más de 50% de los trabajadores desempleados; en piedras preciosas, 59% de los compañeros están desocupados y otros se encuentran trabajando como empresas unipersonales, a destajo”, lamentó López.
En veremos
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería emitió un comunicado en el que sostuvo que “la realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008”. Saludó que “Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías” y que Zamin Ferrous enfrenta juicios en Brasil y Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales e incumplimiento de contratos. “El Estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las empresas exploratorias de Aratirí”, expresa Uruguay Libre, con base en la Ley de Minería de Gran Porte.
En un informe de ayer en Suena tremendo, de El Espectador, Raúl Viñas, de Uruguay Libre, dijo que no se sabe si la información de Aratirí le sirve al país. La empresa dice que invirtió 250 millones de dólares, y, según el Estado, la cifra no pasó de los 80 o 90 millones de dólares. Fuentes de Aratirí declararon a la radio que la empresa analiza hacerle un juicio al Estado uruguayo, porque la Ley de Minería de Gran Porte, aprobada en 2013, cambió la ecuación económica del negocio, algo que entienden como una “expropiación”. Aunque nunca llegó a firmarse un contrato de inversión, la empresa podría ampararse en el Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-India, en el artículo referente a las expropiaciones, estimaron fuentes del gobierno que, de todos modos, consideraron que se trata de un argumento débil.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 25 DE MARZO DE 2016
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4) Caso Conmebok: Gorka Villar deberá declarar en Uruguay
(Caras y Caretas)
El director general de Conmebol, Gorka Villar, fue notificado en Paraguay sobre la citación librada por la Justicia uruguaya, para declarar en relación a los hechos de corrupción en Conmebol.
Un fiscal paraguayo notificó al director general de Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Gorka Villar, que en los próximos días deberá comparecer ante la Justicia uruguaya, para declarar en torno a la investigación por presuntos ilícitos en la gestión del máximo organismo del fútbol continental.
En efecto, el pasado 14 de marzo el Fiscal Especializado de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano Bogado, notificó a Villar que debía comparecer en un plazo de diez días hábiles “acompañado de su defensor de confianza”, ante la jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana De los Santos, según informó el sitio Diario.com de Paraguay. El plazo vence sobre fines de la próxima semana, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
La citación de Villar fue pedida por entonces fiscal Especializado Juan Gómez (hoy al frente de la Fiscalía Penal de 1º Turno), en virtud de los testimonios vertidos por los dirigentes de los clubes uruguayo y el ex presidente de la AUF, Eugenio Figueredo (hoy procesado), en relación a las presiones ejercidas por el abogado español, para que los clubes retiraran la denuncia penal contra la Conmebol.
“Es dable señalar, cuando utilizamos el término de impunidad que la misma se evidenció, en las presiones admitidas que el Comité Ejecutivo de la Commebol realizó a los Clubes uruguayos firmantes de la denuncia, con verdaderos comportamientos extorsivos, señalando como autor de tal proceder a Gorka Villar, amparado por su relación con su padre (Ángel María Villar), miembro de FIFA, quien lograba el respaldo de ésta a las medidas extorsivas que el indagado (Figueredo) pone de manifiesto en su relato de los hechos […]. Naturalmente tales comportamientos meritan sean investigados”, expresó Gómez. Villar fue citado como indagado.
Al declarar ante la Justicia, el día que fue procesado, Figueredo declaró que Gorka Villar “utilizaba la influencia de su padre para que la FIFA respaldara mediante notas coactivas a la Asociación Uruguaya de Fútbol” en la cual amenazaba con la suspensión de los equipos denunciantes en caso de no retirar la denuncia. “Venía una nota de la Confederación y una ratificatoria de la FIFA diciendo que podían ser suspendidos los equipos y hasta la AUF”, expresó Figueredo.
La citación de Villar es uno de los primeros pasos que se producen en el expediente, tras la salida de Gómez de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Pero no el único. La fiscal María de los Ángeles Camiño, hoy al frente de la investigación en representación del Ministerio Público, dispuso la citación de Hugo y Mariano Jinkis -propietarios de Full Play Group SA-, del abogado argentino Fabián Rinaldi (representante de Full Play en Uruguay) y de Alejandro Burzaco (ex titular de Torneos & Competencias SA, quien firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia de Estados Unidos) de forma de ampliar la indagatoria sobre eventuales pago de sobornos a los principales dirigentes de Conmebol, según informó el semanario Búsqueda.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 25 DE MARZO DE 2016
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