2) España: es urgente la movilización social contra la desigualdad y la corrupción /Carlos Iaquinandi
3) Uruguay obligado a informar a CIDH sobre qué hace para investigar al Comando Barneix
4) Palestina: A Gaza le queda una pregunta: ¿morir debido a una masacre o por falta de electricidad? /Haidar Eid
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1822 – jueves 29.06.2017
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) ESPAÑA: "HEMOS EMPOBRECIDO LA POBREZA"
Redacción de SERPAL 27.06.2017
"Los hogares en los que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis, es decir, hemos empobrecido la pobreza". Lo afirmó Sebastián Mora, secretario general de Cáritas España, durante la presentación del informe "Desprotección Social y Estrategias Familiares" de la Fundación FOESSA.
Según dicho informe, siete de cada diez hogares españoles no percibe los efectos de la recuperación económica que comenzó hace tres años, un porcentaje que se incrementa hasta un 90% en el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza. Los hogares en los que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis, es decir, hemos empobrecido la pobreza, los más pobres siguen empobreciéndose aunque se note una ligera mejoría en los que más posibilidades tienen", ha señalado el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, este jueves 22 de junio en rueda de prensa en Madrid. Al mismo tiempo, ha apuntado que al menos han conseguido frenar la extensión de la pobreza. El estudio, basado en una encuesta a 1.300 hogares de toda España, mide 17 indicadores para tejer la "red de seguridad" de los hogares españoles, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras y constata que la mitad de las familias (50,1 por ciento) tienen un "colchón" peor que en la situación "precrisis", mientras que en el 42,3 por ciento se mantiene igual y en un 7,6 por ciento, ha mejorado.
En concreto, el informe revela que casi el 60 por ciento de las familias vive sin nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses o sobrevivir a una nueva crisis económica.
Tres años después del inicio del nuevo ciclo económico, el 70% de los hogares no ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. En el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en estos momentos, que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida.
Esta es una de las principales constataciones que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) pone sobre la mesa en el informe “Análisis y Perspectivas 2017. Desprotección social y Estrategias familiares” que se ha presentado en la sede de Cáritas Española. El acto ha contado con las intervenciones de Sebastián Mora, secretario general, y de Francisco Lorenzo, director del Comité Técnico de FOESSA.
Encuesta a 1.300 hogares de toda España
Los datos presentados proceden de una encuesta realizada por la Fundación FOESSA en el primer trimestre de este año a más de 1.300 hogares repartidos por las 17 Comunidades Autónomas para conocer en profundidad los cambios que la gran recesión de los años 2007-2013 ha generado en los hogares españoles y en qué situación se encuentran para afrontar el período de recuperación actual.
La encuesta señala, por ejemplo, que solo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentado los efectos de la recuperación económica y que la evolución en las condiciones de vida no está siendo lo positiva que cabría esperar. Los hogares que menos están percibiendo los efectos del nuevo ciclo económico son, precisamente, aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis.
Cómo está la “red de seguridad” de las familias
A través de diecisiete indicadores se ha medido la denominada “red de seguridad” de los hogares, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras, y se ha observado la evolución de estas condiciones desde el momento precrisis hasta nuestros días. Los resultados de la encuesta constatan que la mitad de las familias (50.1%) tienen hoy en día una “red de seguridad” que es peor que en la situación precrisis, mientras que para el 42,3% se mantendría igual y habría mejorado para el 7,6%.
Los aspectos que han empeorado en más de la mitad de los hogares son las capacidades de ahorrar (el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses), de resistir una nueva crisis económica, de hacer frente a una reforma necesaria de su vivienda o de llegar a fin de mes.
En cuatro de cada diez hogares han empeorado también su capacidad para hacer frente a necesidades de salud no cubiertas por el sistema nacional de salud, para pagar refuerzos educativos a los hijos, para afrontar el pago de recibos energéticos y para garantizar una estabilidad en el empleo de los miembros del hogar y unos ingresos estables.
En ninguno de los 17 indicadores se supera el 10% de hogares que hayan experimentado una evolución positiva respecto del periodo precrisis.
Según el informe, este empeoramiento ha llevado a las familias a tomar una serie de decisiones durante los últimos años que las ubican en un diferente escenario a la hora de poder afrontar las contingencias actuales. FOESSA divide en tres bloques las estrategias que han tomado las familias: reducción del consumo energético, aceptación de condiciones laborables poco deseables y reducción de gastos en el pago de la vivienda.
La solidaridad de la familia y los amigos
El informe investiga también cuáles son los componentes básicos de la red de protección con la que cuentan los hogares en la poscrisis para afrontar el futuro y asumir posibles cambios concretos en sus condiciones de vida.
Para llevar a cabo este análisis se definen tres indicadores que describen las fortalezas y debilidades de los hogares españoles a través de los recursos con los que cuentan para afrontar las consecuencias de la gran recesión: el Indicador de Recursos Propios del Hogar (IRPH), el Indicador de Apoyo de la Familia y Amigos (IAFA) y el Indicador de Apoyos Formales e Institucionales (IAFIE).
Estos tres indicadores describen los tres principales ámbitos de protección de los hogares: los recursos propios del hogar, la familia y los amigos, y las instituciones formales y la solidaridad informal en los entornos locales.
Como ha explicado Francisco Lorenzo, “de los tres círculos de seguridad, los recursos propios del hogar se encontrarían en la mayor situación de debilidad. La familia y amigos se consideran en este momento como el gran compensador de esa debilidad. El círculo de apoyos más formales se encontraría más fuerte para aquellos hogares en mejores condiciones de recursos propios y a la inversa en peor situación para los hogares más débiles”.
El riesgo de acostumbrarse a la precariedad
Durante la presentación del informe se han puesto sobre la mesa dos cuestiones estructurales que también detecta la encuesta.
La primera de ellas tiene que ver, en palabras del director técnico de FOESSA, “con el riesgo que tenemos como sociedad a acostumbrarnos a la precariedad, y así lo reflejan nuestras previsiones, pues cuando se nos pregunta por nuestras expectativas dentro de 5 años, el 47,1% cree que estará igual; y tan solo el 19,9% cree que mejorara la situación económica de su hogar. Un 26,4% de la población entrevistada cree que empeorará”.
La segunda cuestión hace referencia a la desconfianza en la participación social y política como estrategia de mejorar la realidad. “Son los sectores más vulnerables de la sociedad –alerta Lorenzo— los que, precisamente, perciben que la participación política y social no es una vía útil para mejorar sus condiciones de vida: para el 75,6% votar no sirve, para el 56,9% no sirve asociarse y para 61,2% no sirve la movilización”.
“Un ejercicio de memoria y de crítica social”
Para el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “este informe quiere ser un ejercicio de memoria frente al olvido e invisibilidad, una acción de crítica social frente a la realidad que nos muestra el informe y un llamamiento a la colaboración en la lucha contra la pobreza, porque no podemos resignarnos a aceptar lo intolerable”.
“Se está produciendo –añadió– un `empobrecimiento de la pobreza´. Dijimos durante estos años atrás que la pobreza se había hecho más extensa, intensa y crónica. Hemos conseguido estabilizar en cierta medida la extensión. Pero sin embargo, vemos como la intensidad y la cronicidad no se debilita. Pero nosotros estamos convencidos de que se puede cambiar la realidad, que podemos transformarla. No podemos resignarnos a la pobreza como algo natural”.
A ese respecto, recordó que “en Cáritas, ayer, hoy y siempre, en la precrisis, la crisis y postcrisis, hemos estado y estaremos con las personas empobrecidas, porque queremos ser parte de la solución contra la pobreza”, e invitó “a todas las personas a ser parte de la solución contra la pobreza”.
Otros aspectos que aborda el informe
El informe profundiza además en la reflexión sobre dos aspectos clave a la hora de abordar la pobreza y exclusión social en la poscrisis.
Uno de ellos se refiere a si nuestras políticas deben continuar considerando como extranjeros a las personas migrantes que viven entre nosotros o, como se propone, que más allá de su cédula de identificación, los inmigrantes en España que han pasado con nosotros la crisis, que han decidido quedarse entre nosotros y que constituyen una parte relevante de la riqueza de nuestra sociedad, son ya parte de nuestra estructura social.
Y una segunda reflexión es sobre la presencia en nuestro acervo comunicativo del concepto nuevas pobrezas. ¿Qué significa? ¿Cuál es su sentido? En “Análisis y Perspectivas 2017” se plantean los pros y los contras de su utilización, y se propone un cambio de mirada en el enfoque de su utilización.
El informe se cierra con un capítulo final donde debates tres ámbitos que guardan relación directa con la pobreza, la exclusión social y el bienestar, como es el desafío demográfico provocado por la brecha entre fecundidad real y deseada, y algunos de los obstáculos que impiden su superación relacionados con la precariedad social y el escaso desarrollo de políticas públicas de apoyo a los individuos y familias.
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas Española por la necesidad de conocer, ante las iniciadas políticas de desarrollo, la situación social de España del modo más objetivo y continuado posible. Desde su origen, los Informes sobre la situación y el cambio social de España (1967, 1970, 1975, 1980-83,1994 y 2008) han señalado la importancia de conocer la situación social de España a través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución social, así como las estructuras y tendencias que se corresponden con esos procesos.
Fuente: www.SinPermiso.info /SERPAL
COMCOSUR INFORMA Nº 1822 – 29/06/2017
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2) ESPAÑA: ES URGENTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LA DESIGUALDAD Y LA CORRUPCIÓN
Por Carlos Iaquinandi /Redacción de SERPAL – 27.06.2017
El informe de “Cáritas”, se suma al que hace poco tiempo publicó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En “El Estado Social de la Nación”, aportaban datos sobre el carácter estructural de la pobreza, por su extensión y persistencia. Allí se menciona -por ejemplo – que la renta media de los hogares españoles se ha reducido un 13% desde el 2009 al 2015 y que casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas), no tienen ningún ingreso.
Contraponiendo cifras a los cánticos gubernamentales que exponen mejoras de la Economía, establecen que la característica más persistente de la realidad española es la desigualdad. “Los mecanismos de movilidad social – afirman – son cada vez más intransitables para la mayoría de la población.”
En los últimos años, el 30 % de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que el del 10 % más rico, se disparaba un 56%.
El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%) mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%.
La fortuna de las 3 personas más ricas en España, equivale a la del 30% más pobre.
Precariedad laboral
El gobierno alardea que se incrementan los puestos laborales, pero oculta la precariedad del nuevo empleo, su carácter temporal y los sueldos reducidos entre un 75 a un 50% de lo que se pagaba antes de la “crisis” que el propio sistema originó. Eso explica que las cotizaciones sigan siendo insuficientes para poder cubrir el pago de las pensiones de las cuales dependen 9 millones de ciudadanos que hicieron regularmente sus aportes.
El incierto futuro del sistema previsional
El gobierno del PP que en 5 años vació prácticamente el Fondo de Reserva que en el 2011 disponía de 68.500 millones de euros, siguen sin adoptar medidas que garanticen las pensiones futuras. Y cuando prometen, dicen que “si es necesario se emitirá deuda”, olvidando que la deuda española llega ya al ciento por ciento del PIB, y que toda deuda comporta la devolución del capital más los intereses.
O sea, más cadenas para la economía española, sometida a los dictados de Bruselas gracias al artículo 135 introducido en el 2011 en la Constitución con nocturnidad y alevosía por los dos principales partidos, el PP y el PSOE.
Esa modificación no consultada al pueblo español, establece el concepto de “estabilidad presupuestaria” precisando que el pago de la deuda pública es lo primero frente a cualquier otro gasto del Estado. La reforma constitucional española de 2011 modificó el texto vigente e introdujo el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública se antepusiera a cualquier otro gasto, incluyendo los sociales, educativos y sanitarios. Ellos siguen endeudando al país y a la vez, desarrollando una corrupción estructural que significa la pérdida de millones de euros que terminan en Suiza o en paraísos fiscales o…en “el ático de los suegros” como el grotesco caso de Ignacio González, ex presidente de la comunidad de Madrid.
Una justicia “amiga”
En los últimos meses el gobierno ha colocado en puestos claves del Poder Judicial, a personajes que han sido recusados por su más que dudosa imparcialidad, incluyendo nada menos que al fiscal anticorrupción Manuel Moix, quien finalmente tuvo que dimitir. Pero dias después se produjeron nuevas designaciones cuestionadas. Quieren disponer de una justicia “amiga”.
La impunidad prevalece sobre los centenares de cargos políticos, la mayoría de ellos del Partido Popular, imputados por diversos delitos. Muchos de ellos, han ocupado cargos ministeriales o de relevancia en la función pública, o en el propio partido. Disfrutan de un amplio margen de impunidad, ya que muchos de ellos a pesar de los cargos que se les imputan y la certeza de que disponen de sumas millonarias en el exterior, están procesados, pero en libertad.
Cuando pasan por los juzgados, sufren amnesia y no recuerdan nada. “No lo sé”, “no me acuerdo”, “no me consta” son sus frases constantes. Una forma más de burlarse de los jueces y de los ciudadanos. Los hechos de corrupción y la financiación ilegal del partido de gobierno, representan una pérdida cuantiosa de dinero público. Es difícil estimar la cifra, pero algunos de los casos conocidos suman millones de euros en cuentas en Suiza y en paraísos fiscales.
Salvando a los bancos privados con dinero público
Los escándalos bancarios han representado otro drenaje para el dinero público. El Banco de España anunció hace pocos dias que da por perdidos nada menos que 60.600 millones de euros, sea casi el 80% del dinero entregado para el rescate de los bancos privados. Eso a pesar de que en su dia, tanto Rajoy como Montoro, su ministro de Hacienda afirmaron contundentes que “ese rescate no costaría un solo euro a los españoles”.
Mientras tanto el presidente Rajoy sigue imperturbable como si nada ocurriera y como si los escándalos fueran ajenos a su partido y a su responsabilidad. Elude también las demandas del gobierno de Catalunya y ha esquivado sistemáticamente la posibilidad de un diálogo que evite un mayor distanciamiento. Eso sí, su ministro del interior tuvo que marcharse cuando aparecieron grabaciones que ponían en evidencia acciones y tramas de su gobierno contra dirigentes políticos catalanes.
La pérdida de derechos sociales, económicos y laborales ha sido progresiva. Muchos sectores padecen las consecuencias de un sistema que les ignora. Los grandes medios de comunicación, como ocurre en casi todo el mundo, están en manos de corporaciones que representan intereses privados. Muchos de ellos tienen como principales accionistas a grupos bancarios o financieros. El control social que se ejerce desde el gobierno con una legislación que incluye graves sanciones contra manifestantes o expresiones de protesta, ( Ley Mordaza ) se refuerza con la manipulación informativa desde esos medios, en particular, los canales de TV y el manejo partidista de la televisión pública.
¿Qué hacer?
La acción parlamentaria no parece estar a la altura de las necesidades de millones de ciudadanos. La oposición, fragmentada, no ha logrado poner freno a leyes y medidas que castigan a las mayorías. Y lo que puede prosperar en diputados, encuentra una valla en la mayoría absoluta que dispone el partido de gobierno en el senado.
Es imprescindible que los partidos que tienen intención de revertir el rumbo ruinoso que lleva el PP asuman que deben unir y coordinar esfuerzos. El “nuevo” PSOE, dispone de un flamante mandato de sus bases que claramente han rechazado la opción conciliadora y pactista con el gobierno en temas claves. Pedro Sánchez y su equipo deberían aprovechar ese impulso para articular un espacio de coincidencias que previsiblemente tiene con Podemos.
Para eso, ambos grupos políticos tendrían que abandonar la pugna por “liderazgos” y centrarse en lo que es la demanda de una mayoría social: frenar cuanto antes las políticas del Partido Popular y acumular apoyos y propuestas para desalojarlo del poder. En esta nueva etapa, quienes se definieron hace menos de un año como “las fuerzas del cambio”, tendrán que actuar en consecuencia. En los hechos, más que en las palabras.
Si lo hacen, Albert Rivera y su partido quedarán a la intemperie. Tendrán más limitado su espacio para oscilar entre actitudes “regeneracionistas” y ejercer de muleta del PP. Si en votaciones trascendentes ( como ocurrió con los presupuestos) se ven obligados a abstenerse o apoyar explícitamente al PP para “salvarlo” de una derrota, quedarán definitivamente “pegados” a Mariano Rajoy.
Articular un plan de trabajo que parta de mínimos, que debata y busque consenso sobre los pasos siguientes, puede conseguir mejoras en la situación social y económica de los ciudadanos. Por ejemplo y entre otras, recuperando derechos laborales, atendiendo la situación de las pensiones públicas como un derecho adquirido, y con el estudio de una posible reforma de la Constitución del 78. Esto último permitiría abrir la puerta a una negociación razonada que permita desencallar lo que algunos llaman “la cuestión catalana”, olvidando que el tema tiene causas y razones que hay que dialogar para poder alcanzar acuerdos.
Todo eso depende de que las dirigencias del PSOE y de Podemos actúen con lucidez y antepongan el bien común a cualquier otra consideración partidaria.
No será fácil, pero allí es donde debe entrar a jugar el protagonismo de los ciudadanos, hasta ahora en gran medida pasivos espectadores de los retrocesos en derechos sociales, económicos y laborales. La indignación y el hartazgo deben romper silencios y conformismos. Es indispensable que eso suceda para que los cambios sean posibles.
El pueblo, actor y protagonista
Ante este panorama, deben crecer las expresiones de movimientos sociales diversos, de las llamadas “mareas” que agrupan a sectores específicos (sanidad, educación, desahuciados, pensionistas, etc.) y que demandan medidas que corrijan la deriva hacia un estado injusto que promueve la desigualdad y abandona a los sectores más desprotegidos.
En la convergencia de estas corrientes populares y en su movilización, están los principales recursos para exigir e impulsar los cambios que permitan mejorar la situación de las mayorías. La experiencia demuestra que este camino no es para recorrerlo en solitario, que exige unidad más allá de siglas partidarias. Y que no se circunscribe a fronteras. Las experiencias de los pueblos, como el caso de Grecia, indican que la dominación de los poderes económico- financieros se ejerce a través de los títeres políticos que se reúnen en Bruselas.
Ellos son los que dictan las reglas de juego que benefician a pocos y hunden a muchos.
Ellos son los que abandonaron los principios fundacionales de la Europa de post-guerra, y que hoy cierran fronteras a los millones de refugiados causados por las guerras y las injusticias promovidas por los propios países "desarrollados" y sus políticas neocoloniales.
Son los pueblos, con sus propias organizaciones los que deben construir su futuro.
Carlos Iaquinandi /Redacción de SERPAL
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3) URUGUAY OBLIGADO A INFORMAR A CIDH SOBRE QUÉ HACE PARA INVESTIGAR AL COMANDO BARNEIX
La Comisión Interamericana exige que el Estado proteja la vida del activista Jair Krischke, uno de los amenazados por el “grupo ilegal” que respalda a criminales de lesa humanidad
Sudestada, 23/06/2017
El 3 de junio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió un solicitud de medidas cautelares presentada por el activista brasileño, Jair Krischke, quien figura en la lista de amenazados por el denominado Comando Barneix.
Este investigador y defensor de los derechos humanos instó a la Comisión que requiera al Estado uruguayo la “adopción de medidas de protección a su favor”.
El solicitante indicó que su situación de riesgo está relacionada con “su actuar en el rescate de la verdad histórica y en la determinación de responsabilidades de los involucrados en la Operación Cóndor, en los años 1970, en la que militares de los países del Cono Sur se articularon de manera supraestatal para capturar, torturar, matar y ocultar los restos mortales de los militantes de la izquierda”.
Krischke relató ante la CIDH que las amenazas “provienen de parte del autodenominado ‘Comando General Pedro Barneix’, que sería un grupo ilegal”.
“El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista…”, señala la amenaza.
Además de Krischke, en la lista figuran el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Federico Álvarez Petraglia, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el jurista francés Louis Joinet, y la politóloga italiana Francesca Lessa, quienes investigan aspectos del terrorismo de Estado uruguayo.
El miércoles 21 la Comisión adoptó la decisión de pedir al Estado uruguayo que proteja la vida de Krischke, que le brinde garantías para desarrollar su trabajo en Uruguay, y que informe periódicamente a la CIDH sobre el avance de las investigaciones para determinar responsabilidades sobre el accionar del Comando Barneix, un caso en el que no se ha avanzado más allá de conocer la amenaza y los nombres de los amenazados.
La Comisión consideró que “el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento”, según la resolución a la que accedió Sudestada.
En consecuencia, solicita al Estado de Uruguay que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de Krischke y para que el activista “pueda desarrollar sus labores como defensor de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el marco de sus funciones”.
Le pide también al Estado Uruguayo que “informe” a la CIDH “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar” a la medida cautelar “y así evitar su repetición”.
“La Comisión también solicita al Gobierno de Uruguay que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”, subraya la resolución.
La CIDH aclara que el otorgamiento de esta medida cautelar y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.
La decisión fue aprobado el 21 de junio, y está firmada por: Francisco José Eguiguren Praeli (presidente); Margarette May Macaulay (primera vicepresidenta); José de Jesús Orozco Henríquez; James Cavallaro; Luis Ernesto Vargas Silva (miembros de la Comisión).
Sudestada, periodismo y transparencia
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4) PALESTINA: A GAZA LE QUEDA UNA PREGUNTA: ¿MORIR DEBIDO A UNA MASACRE O POR FALTA DE ELECTRICIDAD?
Por Haidar Eid * /Resumen Latinoamericano /23 de junio 2017
El bloqueo a Gaza es peor que nunca con cada vez más cortes de electricidad, su principal donante sometido a presiones y rumores de una inminente ofensiva israelí
Como en cualquier otra parte del mundo la electricidad en Gaza nos da acceso al agua potable y a la atención médica. Con ella podemos refrigerar nuestra comida en el cálido verano y proporcionarnos calor en el frío invierno, además de conectarnos con el mundo exterior y entre nosotros.
Puede parecer anodino, se ha cortado la electricidad en Gaza, pero eso supone una sentencia de muerte para los casi dos millones de gazíes que como yo viven en Gaza bajo un bloqueo impuesto por Israel. De hecho, cortar la electricidad a Gaza es una declaración de guerra de facto contra la población civil y una forma ilegal de castigo colectivo.
Para quienes no lo sepan, el debate actual entre los gazíes es si un ataque militar directo (esto es, el uso de bombas y armas por parte del Israel del apartheid) es una manera mejor de morir que por medio de un genocidio progresivo, la intensificación del bloqueo que se impone desde hace diez años a nuestra diminuta franja.
Piénsenlo un momento: ¿hay cuidadnos en alguna otra parte del mundo que debatan acerca de cuál es para ellos la mejor manera de morir? Gideon Levy, el valiente periodista israelí, tiene una respuesta: “Lo que está en juego ahora es el peligro de otra masacre en la Franja de Gaza. Controlada, medida, no demasiado masiva, pero aun así una masacre. Cuando los altos cargos, políticos y comentaristas israelíes hablan de “la siguiente serie” están hablando de la siguiente masacre”.
Los medios y los fines de la Autoridad Palestina
El Israel del apartheid mantiene un bloqueo mortal sobre Gaza desde 2007, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas se hizo con el control de la pequeña franja después de ganar legítimamente las elecciones al Consejo Legislativo de 2006.
Este bloqueo se impuso porque casi todas las principales potencias de la región, incluida la Autoridad Palestina (AP) dirigida por Fatah, rechazaron rotundamente lo que los palestinos habían elegido democráticamente.
El bloqueo se volvió incluso peor recientemente, cuando en abril el presidente de la AP, Mahmoud Abbas, pidió a Israel que cortara el suministro de electricidad a la Franja de Gaza para presionar a Hamas. Esto ocurría después de que también en abril Abbas tomara la decisión de reducir un 30 % los salarios de los funcionarios de Gaza. Para cualquier lector debería ser evidente que los ocupantes de Gaza no son solo los dirigentes de Hamas sino también palestinos ordinarios.
Nosotros somos quienes estamos padeciendo estos cortes de electricidad y estos recortes de salarios.
Incluso después un bloqueo que dura ya una década la situación aquí en Gaza es peor que nunca debido a estos últimos cambios. Los hospitales, incluido el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, han dejado de hacer operaciones, incluso las urgentes. A consecuencia de los cortes de electricidad el 90 % del suministro de agua no es potable ahora, lo que aumenta el riesgo de que se extiendan las enfermedades producidas por el agua sucia. La AP ha reducido un 30 % sus pagos mensuales para electricidad, con lo que Israel ha permitido que solo se suministren 40 vatios de potencia a la Franja sabiendo perfectamente que Gaza necesita 400 vatios para satisfacer las necesidades estrictamente mínimas de supervivencia.
Repetidas advertencias
No es que no se haya advertido al mundo en repetidas ocasiones.
A mediados de mayo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió del colapso inminente de la Franja de Gaza al afirmar en una sombría declaración: “La falta de energía y la grave escasez de carburante han dañado todos los aspectos de la vida en la Franja”. La declaración advertía de una “crisis inminente” en la salud pública y en los sectores medioambientales debido a la falta de energía.
Y en septiembre de 2015 la ONU advertía que Gaza sería “inhabitable” para 2020. En aquel momento el informe dejaba claro que el Producto Interior Bruto de Gaza había disminuido un 15 % en 2014 y que el paro había llegado a una cifra récord del 44 %, con un 72 % de hogares que padecían inseguridad alimentaria. El informe concluía afirmando que el ataque israelí a Gaza de 2014 había acelerado el retroceso en el desarrollo de Gaza.
Este mes [junio de 2017] la ONU reconoció que si no se actuaba inmediatamente la crisis de electricidad provocaría el “colapso de los servicios vitales de salud, agua, instalaciones sanitarias y municipales”. Pero, extrañamente, la ONU no parece conocer el derecho internacional ya que culpa de la crisis a los palestinos que están bajo una ocupación y no al ocupante israelí.
Por otra parte, el anterior Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados Richard Falk habló sin ambages al afirmar que consideraba el bloqueo a Gaza una “violación flagrante y generalizada del derecho humanitario internacional” y un “crimen contra la humanidad”. El escritor israelí Ilan Pappe también los denomina un “genocidio progresivo”.
Lo que se ha vuelto rutinario
Lo terrible es que los gazíes mueren cada día, pero mueren de enfermedades provocadas por el agua sucia o la falta de una operación que habría salvado una vida, de hambre debido a que las cosechas que no crecen al no estar lo suficientemente irrigadas o mueren bebés porque no se les puede mantener calientes en sus primeros días de vida, pero estas formas de morir no figuran en los titulares.
Las muertes de gazíes no figuran en los titulares porque han sido una rutina diaria durante una década. Solo Israel se beneficia de este silencio y solo los gazíes pagan el precio de este silencio.
Cito de nuevo a Gideon Levy: “Para los israelíes Gaza es un nido de terroristas […] todas las personas que residen ahí son asesinos. Construyen túneles terroristas en vez de inaugurar fábricas de alta tecnología. No, de verdad, ¿cómo es que Hamas no ha desarrollado Gaza? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo no han creado industria bajo el bloqueo, agricultura en la cárcel y alta tecnología en una jaula?”.
El mundo exterior tiene que entender que quienes vivimos aquí en Gaza no podemos hacer mucho contra este bloqueo medieval excepto pedir a quienes nos apoyan que intensifiquen su llamamiento al boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel. Todas y cada una de las victorias del movimiento de BDS contribuye a la supervivencia de Gaza.
La comunidad internacional nos ha fallado totalmente. PUNTO. Las palabras y la retórica vacía no mantienen vivo a un niño que llora porque no tiene leche ni proporciona un tratamiento a una persona que padece una enfermedad terminal.
Solo tenemos un rayo de esperanza, el mismo que vieron antes que nosotros las personas negras sudafricanas: una campaña constante de boicot, desinversión y sanciones contra el Israel del apartheid Israel hasta que acate totalmente el derecho internacional
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* Dr. Haidar Eid es profesor asociado del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad Al-Aqsa de la Franja de, Gaza, Palestina. /Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos./Enviado por Luis Eduardo Sabini
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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