AL DÍA:
1) Estos raros militares que hablan demasiado –
2) TLC con China: ni conviene ni lo permitirían Argentina y Brasil, dice Gerardo Caetano –
3) Vázquez destacó “comunes valores y principios” con China –
4) Nueva ley de riego: en debate la mercantilización del agua –
5) Uruguay, la mafia de los Balcanes y el atentado a la AMIA
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2101 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 21 de Octubre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Estos raros militares que hablan demasiado
Isabel Prieto Fernández (Caras y Caretas)
El lunes 17, unos dos mil militares se reunieron para debatir el rumbo a seguir en relación a los impuestos que gravarán sus pasividades. A más de uno se le fue la lengua. Y eso es grave.
La reunión de los militares tuvo lugar en el Club de la Fuerza Aérea y el motivo fue buscar un rumbo a seguir para evitar la reestructura en las pasividades militares, que se verán gravadas con un nuevo impuesto, sumado al IASS, para financiar parte del Servicio de Retiros y Pensiones Militares que, en el 2015, debió ser asistido por el Estado con la friolera de US$ 400 millones.
La crónica del diario El País, dice que la asamblea contó con unos dos mil asistentes y que ese número “desbordó los cálculos de los organizadores”. Organizadores que -justo es decir- se tienen muy poca fe. Si tomamos por válida la cifra que da el mismo matutino el 12 de marzo de 2016, en la nota ‘La reforma incómoda’, hay 53.193 jubilados militares (34.895 retirados, 14.663 pensionistas y 3.639 beneficiarios por retención judicial). Por lo tanto, hay por lo menos 51.193 personas que no acudieron a la cita.
Claro, ni siquiera fueron invitados porque estas asambleas no son para “el milicaje”, como dicen los oficiales de los subalternos, sino para la flor y nata de las Fuerzas Armadas uruguayas. El mínimo porcentaje de militares a los que el impuesto hace mella. Y acá viene otro dato grave: según pudo saber Caras y Caretas Portal, se cursaron unas cinco mil invitaciones, por lo tanto -y a juzgar por lo que se dijo-, aquí se concentró el núcleo duro de los pasivos militares y algunos en actividad (horror).
Me quedo más tranquila cuando leo que optaron por “pelear contra el impuesto en dos frentes, uno político en el Parlamento, y otro jurídico con la presentación de recursos de inconstitucionalidad”. Menos mal, porque entre el título de la nota: ‘Militares en pie de guerra’, y la pelea en dos frentes, una ya no sabía por dónde iba a venir la ráfaga.
Son piedras nada más
Digamos que las pedradas (porque no es más que eso) vinieron de la boca de algunos oradores. Al menos de los que citó El País: “El general retirado Heber Fígoli, la cara visible del movimiento de retirados, cuestionó los anuncios electorales del presidente Tabaré Vázquez al sostener que con este impuesto ‘se quiebra un compromiso público’ del actual mandatario hecho en la campaña de 2014, lo cual es ‘una amenaza no sólo a las pasividades militares’, sino ‘el primer paso para avanzar sobre otros sistemas’ previsionales”. Don Fígoli olvidó -o no se enteró- que la Caja Bancaria y la Policial, hace años que fueron reformadas, generando un conflicto entre AEBU y el gobierno que, casualmente, también estaba presidido por Tabaré Vázquez, pero en su versión anterior.
Fígoli siguió hablando y yo continúo transcribiendo a El País: “’El daño es a los integrantes de las Fuerzas Armadas que no tienen posibilidad de regular su propia existencia’, alertó Fígoli, para agregar que ellos tienen ‘limitaciones constitucionales’ para defenderse y que por eso ‘los decisores de políticas económicas prefirieron ir por nosotros primero, pero no duden que luego irán por los demás jubilados’”. Por lo visto, la victimización se les da bien a los militares, pero fallan en eso de “las limitaciones constitucionales”.
Y si no veamos: “El coordinador del grupo de retirados, general Hebert Fígoli recordó la ‘crisis de gestión’ del gobierno del Frente Amplio. Habló de ‘sueldos exorbitantemente altos en los organismos públicos, menos en las Fuerzas Armadas’, subrayó que al ministro Danilo Astori ‘solo se le ocurre sacar dinero de los bolsillos de los retirados’, y le apuntó a Ancap y Pluna al decir que ‘los problemas estructurales persisten’ pese a los años de bonanza económica”.
La crónica no cuenta si algún militar en actividad o con menos de cinco años de retiro, se paró para irse al grito de “¡Viva la Pepa!”, en adhesión a la Constitución digo, pero sí dice que Fígoli los despidió con un “’alerten a quienes no son militares que esto hoy es contra nosotros, pero mañana irán por sus ahorros de toda la vida’”. Alguien le tiene que avisar a Fígoli que ahí sí que van a tener problemas, no es fácil encontrar de dónde sacar en la mayoría del resto de las jubilaciones.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016
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2) TLC con China: ni conviene ni lo permitirían Argentina y Brasil, dice Gerardo Caetano
Natalia Uval (La Diaria)
En un nuevo escenario regional, y ante el cambio de signo político de algunos países del Mercosur, el gobierno uruguayo profundiza su retórica favorable a la firma de acuerdos de libre comercio. Sobre este contexto, sus consecuencias y el modelo de desarrollo de Uruguay conversó la diaria con el historiador y director académico del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), Gerardo Caetano.
¿Cómo puede afectar el cambio de situación política en el Mercosur a la estrategia de inserción internacional de Uruguay?
-Hay mucha irresponsabilidad y desinformación en muchos de los juicios que uno ve diariamente. La peor hipótesis para Uruguay es que Brasil se desate de la región y comience a negociar en clave bilateral, solo. No creo que se dé esa hipótesis, no porque no le guste a [el canciller brasileño José] Serra, sino porque Brasil todavía necesita mucho a Argentina. El bilateralismo privilegiado argentino-brasileño no se va a romper. El Mercosur no va a dejar de existir, a pesar de que cada vez esté más vacío de contenido: la zona de libre comercio va a seguir siendo imperfecta; la unión aduanera, abandonada definitivamente; la cláusula 32 (que dispone la obligatoriedad para los países de negociar en conjunto), en vías de extinción; hay problemas de financiamiento para la institucionalidad del Mercosur porque los países no están dando sus contribuciones. La participación de Venezuela es ya de ciencia ficción. Venezuela no puede hacer nada, está en una situación de colapso. La presidencia pro témpore de Venezuela, más allá de la legalidad, era una presidencia pro témpore de ficción. Y entonces uno escucha, un día sí y otro también, que “nos espera el mundo”, que “vamos a hacer acuerdos comerciales con Vietnam, con China, con la Inglaterra del brexit”, que “vamos a afirmarnos en la Alianza del Pacífico para dar el salto hacia el TPP [Acuerdo Transpacífico]. ¿Esta gente no está viendo lo que está pasando? El TPP está en grave riesgo. No sólo por la campaña electoral norteamericana, en la que los dos candidatos disputan a ver quién es más proteccionista, sino porque muchos de los países que firmaron, hoy, frente a los nuevos contextos y frente a los movimientos de China, han variado. En Europa, todos los analistas coinciden en que las negociaciones por el TTIP [Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, por su sigla en inglés] están muertas, mucho más después del brexit. Y Francia está exigiendo el cese de las negociaciones. Por otra parte, creo que no hay ningún problema en hacer acuerdos con la Alianza del Pacífico, el tema es qué acuerdos. Hay poco que acordar, porque los niveles de desgravación arancelaria son de 90%. El comercio que tiene el Mercosur con la Alianza del Pacífico es superior al comercio intrazona que tienen los países de la Alianza del Pacífico entre sí. Uruguay tiene un Tratado de Libre Comercio [TLC] con México que no termina de utilizar.
-¿Qué piensa de la posibilidad de que Uruguay suscriba un TLC con China?
-El anuncio de la posibilidad de que Uruguay firme un TLC con China no resiste el menor análisis. ¿Cómo se hace un acuerdo de libre comercio entre un país de 1.400 millones de habitantes y un país de tres millones? Es obvio que ese acuerdo no está hecho para captar el mercado de los tres millones. ¿Para qué se hace ese acuerdo? Para entrar en Brasil y en Argentina. ¿Y qué es lo último que querrían y aceptarían Brasil y Argentina? Justamente, un TLC que habilite a China a inundar, en momentos económicos muy graves, de productos chinos a sus países. Entonces, no hay posibilidades de que Uruguay firme un TLC con China.
-¿Brasil se opondría, incluso en el escenario actual?
-Absolutamente. Serra es el político más anti Mercosur que ha tenido Brasil desde el arranque del Mercosur. Pero luego hay que hacer cuentas, y hay que hacerlas bien. ¿Y qué ocurre? Primero, que Brasil no puede prescindir de Argentina, porque Argentina le vende mucha producción con valor agregado, y por otra parte Brasil ha primarizado enormemente sus exportaciones, con lo cual si abre su mercado a una introducción expansiva de productos chinos, ¿qué sucedería con el nivel de desempleo, con el empresismo paulista, con el proyecto industrial del país más industrializado de Sudamérica? Lo mismo ocurre con Argentina. En Argentina ha continuado la fuga de capitales bajo el gobierno de Macri. 2.500 millones de dólares se han ido. Aquella idea de que Macri ganaba y volvían todos no solamente no ocurrió, sino que se siguen yendo. Entonces, la situación está muy volátil como para permitir grandes movimientos. ¿Cuál es el escenario más razonable? Que exista un Mercosur de mínima, con amplia flexibilidad, muy comercialista, en el que no haya obligación de negociar en bloque, pero que sobre todo cuide que Brasil no se vaya, porque eso sería una catástrofe para otros países. Y Brasil va a cuidar el vínculo con Argentina. Uruguay y Paraguay no le interesan en absoluto. Esto va a generar un Mercosur que formalmente va a seguir existiendo, obviamente sin Venezuela. Venezuela no va a poder cumplir lo exigido para el 1º de diciembre y va a quedar suspendido.
-Más allá de que no estarían dadas las condiciones a nivel regional, ¿un TLC con China sería favorable para los intereses de Uruguay?
-Lo que pasa es que cuando uno discute inserción internacional está discutiendo un proyecto de desarrollo. Si yo opto por la vía de los TLC, opto por servicios globales, captación de inversión extranjera directa a cualquier precio y venta de commodities. ¿Uruguay quiere ese proyecto de desarrollo, ese es el proyecto de desarrollo para el cual fue votado el Frente Amplio? ¿Ese proyecto le da viabilidad a un Uruguay que crezca con equidad, con empleo calificado, con cohesión social? Creo que no. ¿Que Uruguay necesita ampliar mercados? Esa es la historia de Uruguay. Uruguay no puede vivir hacia adentro, tiene que vivir hacia afuera. Lo que pasa es que el TLC no es el único acuerdo que se puede lograr. Se dice que si Uruguay no firma un TLC, no van a venir inversiones. La realidad está demostrando que eso no fue así. Brasil no ha firmado nunca un TLC, y durante las épocas de bonanza captó inversiones extraordinarias. Uruguay firmó algunos acuerdos de inversiones pero no firmó ningún TLC, y tuvo su auge en términos de captación de inversiones. Va por otro lado. Uruguay llegó a tener una cartera de 140 países a los cuales les vendía productos agropecuarios. Claro, estamos en un contexto de desaceleración económica y el país tiene que salir a buscar mercados. Y en muchas ocasiones va a tener que buscar acuerdos, pero se pueden hacer acuerdos de otro tipo, parciales. Primero, porque los acuerdos tipo TLC generan condicionamientos muy fuertes en áreas que son estratégicas para Uruguay, como la propiedad intelectual.
-Este es un punto que se cuestiona en el TLC que se firmó con Chile.
-Por supuesto. No es casual que los laboratorios se hayan quejado. ¿Qué pasa en un país tan sobremedicado y tan envejecido como Uruguay, cuando todos sabemos que una de las primeras consecuencias de los TLC es que los medicamentos aumentan, porque los genéricos pasan a ser cuestionados? Hay que hacer las cuentas, cuánto se gana y cuánto se pierde. La Cámara de Industrias también ha manifestado reparos [sobre el TLC con China]. ¿Qué industrialización puede ser viable para un país como Uruguay con un TLC con China, en un país que tiene grandes problemas de desindustrialización? Entonces, ya ni siquiera es una cuestión de izquierda y derecha, es una cuestión de hacer las cuentas y evaluar qué le rinde al interés nacional. No puede haber dos opiniones respecto de que Uruguay necesita ampliar mercados, y hoy más que nunca. Pero lo tiene que hacer con información correcta. Los megaacuerdos comerciales, de los cuales se decía que si quedábamos afuera íbamos a quedar aislados, están en entredicho. Es más, lo más seguro es que ninguno se concrete, por lo menos en su versión acordada. Y el que avanza es China. ¿Y quién es nuestro principal socio comercial? China. ¿Nosotros estamos en condiciones de incorporarnos en un TPP que nos ponga en contra de China? Cuando entramos al Mercosur, entramos por una razón de realismo. Si no entrábamos, las preferencias del PEC [Protocolo de Expansión Comercial] y del CAUCE [Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica] caían. Entonces, Uruguay entraba sí o sí. Debemos tener el mismo realismo ahora. Por supuesto que hay que buscar mercados, y a veces para eso hay que lograr acuerdos, pero el TLC no es el único tipo de acuerdo. Por eso, mi pronóstico es que Uruguay va a tener un acuerdo con China, pero no va a ser un TLC. El acuerdo de Uruguay con Estados Unidos en 2006 terminó en el TIFA, que le permitió a Uruguay hacer cosas. Hay acuerdos parciales que Uruguay tiene que explorar.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016
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3) Vázquez destacó “comunes valores y principios” con China
(180.com)
El presidente Tabaré Vázquez dijo que compartimos valores y principios con China cuando pidió que Uruguay pase a formar parte de la Ruta de la Seda del Siglo XXI.
La propuesta de Vázquez fue realizada al secretario general del Partido Comunista de la provincia china de Guangdong, Hu Chunhua, y al gobernador de la provincia, Zhu Xiaodan, con quienes se reunió este domingo. “Queremos que Uruguay integre la Ruta de la Seda del Siglo XXI y demostrar que cuando hay comunes valores y principios, las distancias desaparecen”, dijo el mandatario uruguayo.
Por ahora esto no es más que un planteo de Uruguay. La Ruta de la Seda del Siglo XXI es una ruta comercial entre los países de América Latina y China a través del Océano Pacífico. Durante la madrugada uruguaya, el presidente se reunió con empresarios chinos, hubo una presentación del gobierno uruguayo y se firmaron acuerdos de cooperación.
El fin de semana Vázquez también habló del plan de infraestructura y de las oportunidades para que participen los chinos. El presidente dijo que instalará en el Plan Ceibal programas de aprendizaje del mandarín y encomendó al canciller, Rodolfo Nin Novoa, instalar también un consulado en la ciudad de Guangzhou (capital de la provincia de Guangdong). “Voy a encomendar al señor canciller en este momento, y sé que lo tomo de sorpresa, que también comencemos a trabajar para incluir una plataforma de enseñanza del mandarín”, dijo el presidente.
Además anunció que se van a liberar las visas para los chinos. “Liberar las visas para los estudiantes chinos que quieran ir a Uruguay a estudiar no solo las carreras típicas de este momento sino también, y los invitamos, para aquellos que quieran hacer una pasantía para jugar junto con nuestros jugadores de los clubes más prestigiosos”, afirmó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016
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4) Nueva ley de riego: en debate la mercantilización del agua
Leticia Castro (SdRJC)
Un proyecto que modifica la ley de riego impulsado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recibió diversos cuestionamientos de parte de ambientalistas y expertos de las ciencias que dialogaron con SdR acerca de su contenido y consecuencias. Las fallas en la redacción hicieron que la iniciativa que tiene por objetivo “el fomento del desarrollo del riego en el Uruguay” esté varada en el Parlamento desde marzo.
Pese al poco apoyo que recibe el proyecto, el titular del MGAP y principal defensor de los cambios en la ley de riego, Tabaré Aguerre, confía que se apruebe a la brevedad. Hace unos días tras visitar la Expo Prado, manifestó que espera regresar el próximo año “con una ley de riego votada y si no, no voy a ir, por lo menos no voy a ir como ministro”.
El proyecto modifica la Ley de Riego con Destino Agrario (N° 16.858) aprobada en 1997. Según consta en la exposición de motivos hecha por el gobierno, se busca fomentar el riego porque se necesita “aumentar la producción y competitividad del sector agrícola y ganadero”, además de mejorar la adaptación al cambio climático y “contribuir al desarrollo de sistemas multiprediales que permitan la inclusión de productores sin acceso al riego”.
Esto implica incentivar los sistemas de riego, es decir que una fuente de agua sirva para regar muchos predios. Para eso se necesita acumular mucha agua en una sola fuente, y la forma de hacerlo que propone el MGAP es a través de represas en las cercanías de las plantaciones gestionadas por privados.
Según Aguerre, que ya intentó impulsar una normativa similar en 2013, se si aprueba la nueva ley de riego “va a haber un antes y un después en el desarrollo de la agricultura del Uruguay”. Pese a las grandilocuentes frases del ministro, el colectivo ambientalista Redes-Amigos de la Tierra realizó un análisis del proyecto donde señala los problemas legales y ambientales que generarían los cambios en la ley de riego.
Según el informe hay tres elementos “inconstitucionales” del proyecto que llevan a la creación de un mercado de agua. Ellos son la instrumentación de agentes privados de gestión del agua con potestades para la comercialización, los operadores de sistemas de riego y la articulación con las sociedades agrarias de riego (SAR) que pese a ser legales aún no se han afirmado como figura legal.
En diálogo con SdR, Daniel González, que fuera director nacional de Agua del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) entre 2011 y 2015, indicó que el proyecto alienta la conformación de un mercado: “esta ley promueve la inversión privada para aumentar la capacidad de reservas a partir de la especulación con el agua. Esto es contrario al espíritu de la Constitución y al planteo que tenemos como fuerza política (en el Frente Amplio)”.
El ingeniero hidráulico Rodrigo Gorriarán, que trabaja en el sector agrícola, dijo a SdR que la nueva ley “es una forma de organizar el recurso, no está ni bien ni mal; vender el agua es una forma de ordenarlo al igual que como se hace con la tierra”. Sin embargo, González cree que “es diferente porque el agua no tiene una historia de apropiación como la tierra, aún se está a tiempo de preservar el agua como bien público”:
En el proyecto de ley se prevé que la figura de la SAR actúe “como agente de percepción para el cobro del canon”. El colectivo Redes-Amigos de la Tierra sostiene que esto significa construir un mercado de agua, cuando la Constitución establece se trata de un recurso natural de dominio público estatal, y allí se centra la inconstitucionalidad.
El profesor titular del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Marcel Ackar, opina en la misma línea: “el proyecto, así como está, mercantiliza el agua porque genera operadores privados de riego que van a cobrar un canon por integrar las sociedades de riego, y así están yendo en contra de la reforma constitucional de 2004”.
Para el abogado especialista en Derecho Agrario Enrique Guerra, las SAR pasarían a ser agentes de percepción no beneficiarios del canon. Como tales“serían las responsables del cobro del agua que usan los regantes y luego responsable directos del pago al Estado”, por lo que no se quedarían con el dinero del canon.
Además el catedrático señaló que el mercado del agua para riego agrícola entre particulares, existe en el país desde hace más de 20 años y que la posibilidad del Estado de cobrar el agua está en el Código de Aguas desde 1979. “Nunca escuché que fuera violatorio de la Carta. Son usos privativos no usos comunes, no veo dónde está la inconstitucionalidad”, indicó.
En su análisis Redes-Amigos de la Tierra señala que “la figura de los operadores de riego, constituyen una amenaza a los productores agrarios del país, en especial a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Productores que necesitan nuevos sistemas de riego pero que quedan excluidos en esta propuesta claramente orientada hacia el agronegocio”.
En el proyecto se establece la voluntad de “permitir la inclusión de productores que hoy no tienen ni tendrán en forma individual acceso al riego”. En el informe del colectivo ambiental se denuncia que “los artículos de la ley propuesta se preocupan por los operadores y la integración de inversores -no agrícolas- y en ningún artículo se menciona cómo se pretende incluir a los productores familiares que no puedan acceder al riego”.
El abogado Guerra tampoco está de acuerdo con la figura del operador de riego. Estos “no requieren de ley para existir. Cualquier agricultor o cualquier sociedad puede contratar uno como empleado que asesora en el manejo del agua o directamente la maneja para racionalizar su uso adecuado entre varios agricultores”, afirmó el catedrático. Aseguró que “ese señalamiento ya se lo hice al ministro en persona, no sé si lo va a tener en cuenta”.
Problemas en el medio ambiente
“La construcción de represamientos de agua constituye una amenaza a la calidad del agua superficial y al funcionamiento de los sistemas hídricos”, señaló Ackar. Para el experto en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, las represas contradicen el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo natural del agua. “Si el agua se acumula en la mitad de su curso y luego se libera en cantidades no naturales se rompe con todo el equilibrio propio del sistema”, explicó. Además, sostuvo “que el río no es una cinta transportadora de agua, en él hay vida y modificarla sin tenerlo en cuenta es un problema”. Ackar agregó que otra consecuencia de aumentar los represamientos de agua es que se favorece el desarrollo de algas, lo que repercute en el tratamiento que debe hacer OSE para la potabilización del agua.
El proyecto de ley plantea como un beneficio el uso del riego sustentable porque producirá mayor carbono orgánico en el suelo. Ackar remarcó que esto no es cierto porque “hay investigaciones que demuestran que el aumento en la productividad en cultivos aumenta la presión sobre los recursos naturales, disminuyendo su productividad, reduciendo el contenido de nutrientes del suelo, lo que provoca más fertilizantes y con eso el aumento en los agrotóxicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas), exponenciando el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua”.
El docente de la Facultad de Ciencias opinó que “se debería apostar hacia un reordenamiento del uso del agua a nivel nacional más que a la creación de represas privadas”.
Las aguas políticas
En línea similar a Ackar opinó el senador frenteamplista (Lista 711) Leonardo de León, quién explicó a SdR que su sector está a favor de primero definir un Plan Nacional de Aguas para luego trabajar en un Plan de Cuencas Nacionales y recién con esos datos ya sistematizados, empezar a desarrollar el proyecto de ley de riego. Afirmó que esta propuesta será planteada en el Parlamento cuando el proyecto del MGAP se empiece a discutir a fines de setiembre.
Pese a que el proyecto todavía no entró en discusión en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, los senadores han tenido la oportunidad de leerlo y analizarlo en la interna partidaria, y no hubo señalamientos de inconstitucional hasta el momento. Desde el Partido Nacional, el senador Álvaro Delgado dijo que “no se ha trabajado el tema aún, por lo que no hay una posición definida al respecto”.
Mientras que el Frente Amplio ha tratado el tema en la interna de cada sector. De León manifestó que “no es inconstitucional la participación de privados, lo que no debería haber son capitales extranjeros que controlen algo tan importante como el agua, vamos a hacer énfasis en que quede explícita su exclusión”. El ministro Aguerre es un arduo defensor de los cambios en la ley de riego. En la reciente Expo Prado defendió el valor del riego como aspecto clave de la producción uruguaya y remarcó que en el siglo XXI “el mundo va a comerciar más agua que petróleo”.
El actual jerarca y ex empresario arrocero, propuso un proyecto de riego similar en 2013 que fue rechazado por la Dirección Nacional de Agua (Dinagua) encabezada por Daniel González. Por estas discrepancias con Aguerre, el ex director contó que “apenas asumió (Tabaré) Vázquez y Aguerre siguió en su puesto supe que me iba”. González no cree que “solo con las protestas sociales se frene” el proyecto de ley. Consultado sobre por qué la nueva dirección de la Dinagua brindó su aprobación al proyecto, si no hubo cambios sustanciales respecto al anterior, respondió que “algo debe de pasar ahí”.
Guerra como especialista en Derecho Agrario participó en la redacción de la primera ley de riego en 1997 y asesoró a Aguerre respecto a “algunos problemas de redacción” que presentaba el proyecto enviado al Parlamento. De hecho, el 16 de junio estaba previsto que Aguerre y la titular del MVOTMA, Eneida De León, comparecieran en la Cámara de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado y no lo hicieron.
El abogado informó que una semana antes le señaló al ministro una serie de errores que encontró al leer el proyecto de ley. Detalló que lo principal era la insistencia en hablar de sociedades agrarias en vez de asociaciones: “la diferencia es que las sociedades no aceptan más de tres socios porque la estructura de este tipo es de intuito persona, es para vínculos personales. El riego multipredial no iba a funcionar porque el vínculo jurídico lo iba a impedir”.
El campo actual y el que se pretende
La ley que aún está vigente plantea la posibilidad de formar Sociedades Agrarias de Riego (SAR) entre productores rurales interesados. En la exposición de motivos del nuevo proyecto, el MGAP señala su preocupación por el poco uso que han tenido las SAR desde su creación en 1997 y agrega “en ese modelo (de represas individuales) el país no optimiza los recursos y muchos productores quedan excluidos del riego”. El gobierno sostiene que con los cambios que propone al riego se podría aumentar 250% la producción de maíz y 100% la de soja.
Gorriarán confirma que “las SAR, no han tenido uso, últimamente algunos servicios de riego se han acogido a esa figura, sobre todo plantaciones de arroz, pero no muchas”. Explicó que “el modelo tipo es un estanciero que hace su represa y riega sus cultivos, no es como el arroz que tienen molinos y suministran de agua a los productores”.
El abogado Guerra también ratifica que “en el campo profesional muy poca gente sabe qué son las SAR, han tenido un muy bajo incentivo, por eso fracasaron desde 1997”. Mientras que González entiende que las SAR “hubieran funcionado si eso le hubiera dado alguna ventaja (a los productos), no fue así porque se podía hacer lo mismo en sociedades anónimas”. Gigena como productor de arroz tiene su propio sistema de riego en sus campos del departamento de Treinta y Tres, y no encuentra “ningún motivo por el que formaría parte de una SAR. Tengo mi represa, riego mis plantas, unirme a otros no me generaría ningún beneficio”.
La nueva ley busca incentivar el riego multipredial a través de las SAR. Para eso, propone habilitar a inversores privados “de otro giro” que no sea el rural a participar de estas sociedades con el objetivo de hacerlas “más atractiva para aquellos que quieran invertir y/o desarrollar proyectos de riego”, explica el texto presentado al Parlamento.
Además aquellos que participen de las SAR podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la ley de promoción de inversiones. Según el Ejecutivo, este tipo de obras no tienen uso alternativo por lo que es necesario un largo plazo de amortización para hacer “atractiva” la propuesta de inversión. Para el colectivo ambientalista Redes-Amigos de la Tierra “una de las debilidades del proyecto es pensar en la construcción de represas para un solo uso, en lugar de avanzar hacia sistemas integrados e integrales de los recursos hídricos”.
Gigena no ve “ningún problema en que inversores de otros giros hagan represas, siempre y cuando se estudien bien y se asegure la utilidad”. Sin embargo, el productor arrocero no cree que sea un buen negocio para otros rubros que no sea el suyo “porque los otros productores no riegan, no es económico hacer sistemas de riego que no sean de uso permanente y menos en cultivos que tienen poca respuesta a esto como la soja”.
Gorriarán tampoco considera que haya muchos interesados porque es “una inversión muy delicada, al hacer una fuente de agua siempre estás atado a los campos de abajo que son tus potenciales compradores. Es difícil que alguien invierta en un mercado tan reducido”. La posibilidad del “ingreso de inversores no agrarios puede generar situaciones oligopólicas de control del agua para riego”, advierte Redes-Amigos de la Tierra,
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016
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5) Uruguay, la mafia de los Balcanes y el atentado a la AMIA
(Caras y Caretas)
Anastazije Martincic, croata condenado en Uruguay por delitos de narcotráfico, solicitó a la Justicia de Eslovenia declarar como “testigo protegido” en la indagatoria contra un grupo criminal de ese país. Dijo tener información que puede involucrar a sus integrantes con tráfico de armas, homicidios e incluso el atentado contra la AMIA en Argentina.
14 de octubre de 2009. El fuerte viento que arreció sobre las aguas del Río de la Plata hizo que la Prefectura Naval debiera proceder al rescate del “Maui”, un yate deportivo, que, pese a las inclemencias del clima, se había lanzado al mar. La embarcación debió ser remolcada a tierra y amarrada en el Yacht Club de Santiago Vázquez, sin que pudiera completar su “misión”. El aviso del rescate hizo sonar las alarmas de los servicios de seguridad. El yate era el epicentro de una importante investigación antinarcóticos. Sus tripulantes desaparecieron en la noche.
Horas más tarde, un allanamiento ordenado por la Justicia permitió incautar unos 2.170 kilogramos de cocaína de máxima pureza, prolijamente acopiados en el interior del yate. Se trató del mayor golpe contra el tráfico de drogas en la historia de Uruguay. El procedimiento formó parte de una operación internacional –“Guerrero de los Balcanes” o “Balkan Warrior”– con participación de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), la Drug Enforcement Administration (DEA), el servicio de inteligencia de Serbia y los servicios policiales de Argentina, Holanda, Italia, España y Bélgica, que implicó allanamientos y detenciones en varios países.
La investigación determinó que el grupo desarticulado había montado un esquema para el tráfico de cocaína desde América del Sur hacia Europa, según afirmó el director de la Dgrtid, inspector Julio Guarteche (hoy fallecido). El grupo tenía su base operativa en Serbia y ramificaciones en Italia, Eslovenia, Colombia y Argentina. En este caso, la droga fue preparada y acopiada en Argentina y tenía como destino Europa del Este, con escalas previas en Sudáfrica e Italia.
La droga sería trasportada hasta alta mar y transferida a una “nave nodriza” –el buque Pirgos–, que sería la encargada de cruzar el Océano Atlántico. Pero la “misión” no pudo completarse. El fuerte viento hizo imposible que el “Maui” pudiera transferir la carga al buque y terminó en un puerto deportivo, a 20 kilómetros de Montevideo. La DEA monitoreaba la situación y notificó a las autoridades uruguayas.
Los operativos realizados en las horas posteriores permitieron la detención de Anastazije Martincic, un ciudadano croata que figuraba como propietario del yate y que estaba alojado en un hotel en pleno centro de Montevideo. Otras cuatro personas lograron fugarse. La jueza Graciela Gatti (hoy ministra del Tribunal de Apelaciones) dispuso –a pedido de la fiscal Mónica Ferrero– su procesamiento con prisión por delitos de importación, exportación y transporte de estupefacientes (ley 14.294); Martincic fue recluido en un sector de máxima seguridad en el Penal de Libertad.
Durante el proceso penal en su contra, Martincic insistió en su inocencia y afirmó que la droga le fue “plantada” en la embarcación. La misma versión brindó en una entrevista con el periodista Aureliano Folle, en Subrayado. Pero la Justicia desestimó su versión. No era creíble que se plantaran 2.000 kilogramos de cocaína de máxima pureza, cuyo costo en el mercado ascendía a los 108 millones de dólares. Finalmente fue condenado a 13 años y seis meses de penitenciaría.
Martincic fue el único imputado en Uruguay. Pero el desarrollo de la indagatoria en otros países derivó –con el paso de los meses– en el procesamiento de decenas de personas. Por ejemplo, la Justicia de Eslovenia dispuso la detención y el inicio de un juicio penal contra trece personas –entre ellos, Dragan Tosic– por sus vínculos con el cargamento incautado en el yate “Maui”, que aún está en trámite.
En este contexto, la jueza de Ljubljana (Eslovenia) Andreja Sedej Grcar solicitó cooperación a la Justicia uruguaya para interrogar a Martincic. La audiencia se concretó el miércoles 5 de octubre mediante el sistema de videoconferencia. En esa instancia, Martincic insistió que era inocente y que no existían pruebas en su contra, y se presentó como agente del UDBA –nombre del servicio secreto de la ex-Yugoslavia, con el que se conoce comúnmente al servicio secreto de Serbia–.
También afirmó que los enjuiciados eran parte de una organización “narcoterrorista” responsable de crímenes de guerra y vinculada al atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Argentina y el tráfico de armas hacia Uruguay, pero se negó a brindar mayores detalles porque la vida de su familia corría peligro. Solicitó que se le otorgue la calidad de “testigo protegido” mediante la firma de un “acuerdo de colaboración”. “Sin esta protección internacional no voy a declarar”, dijo Martincic según el acta a la que accedió Caras y Caretas.
Indagatoria internacional
Diez días después de la histórica incautación en Uruguay, la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina incautó un alijo de 500 kilogramos de cocaína oculto en el hueco de un ascensor de un edificio ubicado en la zona de Núñez, en Capital Federal. Se trataba del remanente del cargamento de dos toneladas decomisado en Uruguay. La investigación determinó que la droga tenía su origen en Colombia y que fue embarcada al “Maui” en el puerto de Ensenada (Provincia de Buenos Aires).
Por este hecho, el juez Marcelo Aguinsky libró una orden de captura internacional contra cinco ciudadanos serbios, entre ellos Nenad Novakpic (alias Juric Anto), quienes estuvieron en Argentina preparando el envío de la droga hacia Europa, y que abandonaron el vecino país tras la incautación de la droga. En 2013, la Justicia argentina procesó con prisión a Rubén Gutiérrez, ciudadano argentino, por su vinculación con el cargamento de droga.
La indagatoria internacional determinó que detrás de este cargamento estaba el serbio Darko Saric, conocido como Cocaine King (rey de la cocaína), el mayor narcotraficante de los Balcanes. Saric era dueño de cafés, clubes nocturnos, restaurantes, varias empresas y diversas propiedades, y mantenía estrechos vínculos con empresarios y políticos en Serbia y Montenegro –incluido el exprimer ministro de Montenegro Milo Djukanovic–, según informó el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), un portal periodístico especializado en la investigación de grupos de crimen organizado y actos de corrupción.
En 2008 se inició una investigación judicial en su contra por tráfico de drogas. Se determinó que Saric era el cerebro de un grupo criminal que entre 2006 y 2009 ingresó toneladas de cocaína al mercado europeo. La droga era transportada desde distintos países de América del Sur (principalmente Uruguay, Argentina y Brasil) hacia Italia, Grecia, España y varios países de Europa del Este. Esas operaciones le reportaron ganancias millonarias.
Su primo, Zeljko Vujanovic, fue detenido en el club nocturno Casino –propiedad de Saric– el día que se realizó la operación “Guerrero de los Balcanes”. Ese mismo día, Saric pasó a la clandestinidad, prófugo de la Justicia. Decenas de personas fueron detenidas en los meses posteriores y una veintena firmaron “acuerdos de colaboración” con las autoridades, lo que permitió desentrañar el organigrama de la organización.
Finalmente, en marzo de 2014, tras ser imputado por narcotráfico y lavado de activos, Saric se entregó de forma “voluntaria” ante las autoridades. Según el ministro de Justicia serbio, Nikola Selakovic, lo hizo para evitar un “baño de sangre”. En marzo de 2015, Saric fue condenado a 20 años de penitenciaría; el fallo fue apelado.
Uno de los tentáculos de la organización estaba en Eslovenia. Ese grupo era liderado por Dragan Tosic –propietario de dos clubes nocturnos en el centro de Ljubljana–, detenido en mayo de 2010 por su participación en operaciones de narcotráfico. En 2012, Tosic y los demás imputados fueron liberados: la Justicia anuló el proceso en su contra al considerar que varias de las pruebas fueron recopiladas en forma “ilegal”. Ese fallo fue revocado y la causa volvió a iniciarse. En este proceso se solicitó el testimonio de Martincic.
Testigo protegido
La información proveniente de Uruguay revelaba la ruta de la droga desde América del Sur hacia Europa. Por este motivo, la jueza Sedej Grcar presentó un pedido de cooperación internacional a la Justicia uruguaya para interrogar a Martincic por el sistema de videoconferencia. La audiencia se realizó el miércoles 5, sobre las 8.30 horas.
De un lado, en Eslovenia, estaban la jueza, los representantes de la Fiscalía, los trece imputados con sus respectivos abogados y varios periodistas siguiendo un proceso penal que suscitó la atención de los medios eslovenos. Del otro lado, a 11.200 kilómetros de distancia, estaban Martincic, su abogada Graciela Mendoza, la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, Beatriz Larrieu, y el fiscal Carlos Negro. También participó un traductor.
La audiencia fue “medio caótica”, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas. La jueza eslovena pretendía interrogar a Martincic y este se negaba y pedía que se le otorgara el estatus de “testigo protegido”; desde el otro lado del océano se le insistía que no sería imputado por estos hechos, pero desde este lado se reclamaba protección para él y su familia y no ser juzgado en Eslovenia por esta causa. “Solicito ser testigo protegido y un trato de colaboración, aunque en Eslovenia esta figura no existe y sí existe en Serbia […] No voy a declarar hasta que mi familia y yo estemos protegidos”, afirmó.
En su declaración, Martincic insistió sobre su inocencia y afirmó que en Uruguay fue procesado “sin pruebas”, pero brindó algunos detalles sobre los hechos investigados. “Usted como magistrada tiene un grupo criminal en libertad y esas personas son culpables. Yo tengo todas las pruebas”, dijo Martincic, e incluso afirmó que la magistrada había recibido 20 millones de dólares de coimas por parte de este grupo. Sus dichos tensaron un poco más la audiencia.
Martincic siguió con su relato sobre el grupo de Tosic: “Son una organización narcoterrorista, son gente con crímenes de guerra, vinculados al caso AMIA, vinculados a traer armas a Uruguay. Yo soy agente de la UDBA, que es la inteligencia de Yugoslavia”. Martincic dijo que es abogado, recibido en Paraguay, que conocía sus derechos, que tenía documentos para probar sus dichos y “una buena memoria”. “Sin esta protección internacional no voy a declarar, son mis derechos y a ella (la jueza) no le conviene que yo declare porque cobró coima”, insistió.
Y fue preguntado sobre esas supuestas coimas: “Hasta que la jueza firme la petición de testigo protegido no puedo hablar sobre eso, pero después daré horas, lugares, personas, todo. Me gustaría que se agregue en el acta que se acepta la protección para un trato de colaboración […] Conozco a las personas, sé los hoteles en los que se hospedan, los lugares que frecuentan, tengo materiales de tráfico de cocaína, heroína, puedo ayudar a resolver el caso, pero necesito que en actas luzca que se va a realizar el trato de colaboración, si no, no puedo declarar”.
Y a continuación reafirmó sus dichos: “Este caso está vinculado a otros casos, a cambios de drogas por armas, a la AMIA en Argentina, y no podré decir nada de esto hasta que se firme el trato de colaboración. Yo respeto mucho a los fiscales porque sé cómo trabajan”. “Este cartel es una vergüenza para Eslovenia y es lo que ustedes quieren ocultar”, aseveró.
La jueza eslovena le preguntó entonces por el testimonio de un exintegrante del grupo criminal en Serbia –que firmó un acuerdo de colaboración– que afirmó que Martincic era el encargado de enviar el dinero desde América del Sur hacia Europa. “No lo admito, pero es un ejemplo, porque por esto pueden procesarme […] Le puedo explicar claramente con detalles, pero no quiero que se me juzgue en Eslovenia […] tengo que decir cuál fue mi papel y lo tengo que admitir, por lo que sin el trato no voy a contestar”, afirmó. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, la jueza y los fiscales comentaban sus dichos y los periodistas tomaban apuntes. El testimonio de Martincic tuvo una amplia cobertura de los principales medios de Eslovenia.
Sus dichos
Las declaraciones de Martincic también generaron “interés” en los operadores judiciales uruguayos. En particular, dos referencias que realizó en la audiencia: la supuesta vinculación de este grupo de los Balcanes con el atentado contra la AMIA y el tráfico de armas hacia Uruguay. “Son temas que se analizarán como corresponde”, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas.
El tema que “hizo más ruido” fueron sus referencias al atentado contra la AMIA. Se trata –junto al perpetrado contra la embajada de Israel– de uno de los atentados más cruentos de la historia de la República Argentina. El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente a la AMIA, con un saldo fue de 84 muertos y unos 300 heridos. Las intrincadas investigaciones sobre este caso estuvieron centradas en dos hipótesis: la pista siria y la pista iraní.
Esta última atribuía la responsabilidad del atentado al gobierno de Irán y el grupo Hezbolá –que habría sido el ejecutor material del atentado–, como represalia por la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear hacia Irán. Incluso, la Justicia argentina acusó formalmente a varios integrantes del gobierno iraní. Esta era una de las hipótesis que manejaba el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte, pero que nunca pudo probarse en forma fehaciente.
Ahora, veintidós años después del trágico hecho, Martincic presenta otra hipótesis, una que nunca –al menos públicamente– fue manejada por los investigadores: un eventual nexo entre el atentado con grupos criminales de los Balcanes. La única conexión entre ambos hechos sería el escándalo de tráfico de armas a Ecuador y Croacia sobre principios de los años 90.
Una investigación del periodista Daniel Santoro, de diario Clarín, dejó al descubierto la venta ilegal desde Argentina de 6.500 toneladas de armas y municiones. Se estableció que cañones y fusiles de procedencia argentina, que tenían como destino Panamá y Venezuela, fueron desviados hacia Ecuador y Croacia, países que estaban en guerra y tenían restricciones para la compra de material bélico. Ecuador estaba en guerra con Perú y Croacia estaba en plena guerra secesionista de Yugoslavia. Este caso derivó en el procesamiento y condena del expresidente argentino Carlos Saúl Menem.
En este contexto, las fuentes insistieron que las expresiones de Martincic fueron “confusas”, ya que no presentó pruebas concretas, pero fueron “anotadas” para su análisis, por más que su veracidad “es tomada con pinzas”. Se trata de “un hombre inteligente” y un “hábil declarante”, dijeron las fuentes. Por eso, una de las hipótesis es que esté presentando situaciones que no son reales para forzar la firma de un acuerdo de colaboración y obtener un beneficio en su situación procesal. Más aun si se tiene en cuenta que durante su estadía en las cárceles uruguayas, Martincic tuvo varias situaciones comprometidas. Entre ellas, la presentación una denuncia penal por presunto soborno contra la jueza Graciela Gatti –similar a la que presentó contra la jueza eslovena–, que fue archivada al no existir ningún indicio sobre su existencia, y una serie de “amenazas” contra Gatti y Ferrero, que llevaron a extremar las medidas de seguridad de ambas magistradas.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016
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