1) FARC: De las armas a las urnas
2) Guatemala: 10 Reflexiones sobre el momento actual
3) El limbo libio
4) La violencia expulsa a miles de rohinyás de Myanmar
5) La invisibilidad y la economía tóxica de la guerra en Iraq
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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 836/ Miércoles 6 de septiembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) FARC: De las armas a las urnas
Katu Arkonada (La Jornada)
Después de 5 días de Congreso y deliberaciones, se cierra el Congreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), para dar paso al nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Los días del Congreso en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, situado en el centro de Bogotá a menos de 3 kilómetros en línea recta del Palacio de Nariño, residencia oficial del Presidente y sede de gobierno de Colombia, han reflejado la intensidad de distintas culturas políticas que confluyen en el mismo partido. Principalmente dos, la de los guerrilleros de los diferentes bloques (mediante los que la guerrilla ejercía el control territorial de una parte del país) y la de los militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), la expresión política de las FARC en áreas urbanas.
Después del trabajo en comisiones, el último día de debate fue inaugurado por Ernesto Samper, ex presidente de Colombia. El también ex secretario general de la Unasur dio la bienvenida a la política a la ya ex guerrilla, en un discurso en el qué aposto por un socialismo del Buen Vivir (con menciones a Bolivia y Ecuador) en el que se le dé un valor agregado a los recursos naturales, se impulse la economía campesina y el reparto de la tierra, y se tengan relaciones bajo un horizonte sur-sur.
La jornada final del Congreso tuvo varios momentos de discusión. Uno de los puntos centrales fue la orientación ideológico-política del nuevo partido que iba a nacer. La definición final aprobada en votación fue la de una organización que recoge los principios y elaboraciones teóricas de las derivadas del pensamiento crítico y libertario, así como de las experiencias que a partir de ellas se han elaborado tanto a nivel mundial como de América Latina, especialmente las formuladas por los fundadores de las FARC-EP Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Todo ello con una orientación clara destinada a superar el orden social capitalista vigente.
Otro momento de votación importante fue para definir el nuevo nombre y logo del partido. En este caso y aunque se barajaba la alternativa de Nueva Colombia, se decidió por mayoría mantener el acrónimo FARC, unas siglas históricas, en una decisión que intenta mantener la cohesión interna de la hasta ahora organización político-militar, aunque probablemente tenga un costo negativo en la percepción urbana. Junto al nombre, un nuevo logo que simboliza una rosa moderna con una estrella roja en su interior, ya criticado en redes sociales por su semejanza con la tradicional rosa de la socialdemocracia.
Pero el momento culminante del Congreso tuvo lugar cuando los mil 100 delegados y delegadas al Congreso votaron por la dirección del nuevo partido político. Antes ellos, la decisión de escoger a las 111 personas que deben integrar la dirección, una urna, y dos tarjetones; uno rojo con 111 nombres propuestos por el Estado Mayor Central de las FARC, y otro verde con más de 50 nombres que se habían ido proponiendo durante los días del Congreso. El resultado, más allá de la cantidad de votos a cada candidato o candidata, consolidó la dirección de 111 propuesta por el Estado Mayor Central con los principales cuadros políticos del secretariado de las FARC-EP en los primeros lugares: Iván Márquez, Timoleón Jiménez, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Pastor Alape o Ricardo Téllez, entre otros.
El propio momento de la votación fue histórico para una buena parte de las y los participantes del Congreso, que como afirmaban con emoción, en sus décadas de vida, y militancia en las FARC, era la primera vez en su historia que depositaban un voto en una urna. A partir de ahora, serán muchas las veces que lo tengan que hacer en un partido que tiene asegurados por los Acuerdos de La Habana 5 senadores y 5 diputados en la Cámara de representantes para la legislatura 2018-2022.
Una vez clausurado el Congreso fundacional del nuevo partido con la elección de su dirección, y presentado la organización naciente en un acto político-cultural en la Plaza Bolívar de Bogotá ─nada es casualidad─ donde la intervención principal estuvo a cargo del antes Comandante en Jefe Timochenko, hoy Timoleón Jiménez, las FARC enfrentan una serie de desafíos que tienen que enfrentar en esta nueva etapa de lucha política y electoral.
El principal, consolidarse como un referente político no solo en determinadas zonas rurales del país, sino sobre todo en lo urbano, donde trabajan cientos de organizaciones sociales y políticas en diversos ámbitos, el de los derechos humanos, civiles o políticos; genero e identidad sexual; economías alternativas y un sinfín de luchas territoriales.
Para ello cuentan con una cierta aceptación en determinados sectores de la sociedad colombiana, que una encuesta1 de Gallup Colombia divulgada durante los días del Congreso coloca en el 12%, 2 puntos por encima del 10% de aceptación que tienen los partidos tradicionales entre la sociedad colombiana, mientras que la imagen negativa, en el 84% es algo menor que el 87% de los partidos.
Ese descrédito de los partidos políticos tradicionales es una oportunidad, pero también entraña muchos riesgos, el de la normalización política y la institucionalización, que las FARC van a tener que enfrentar en el futuro cercano; incluidos los incumplimientos del gobierno en varios puntos de los Acuerdos de La Habana, y el paso de miles de guerrilleros a la vida civil, muchos de ellos sin haber podido disfrutar de su juventud debido a la guerra.
Y es que, como nos comentaba la ex guerrillera Isabela, a cargo de la zona veredal Antonio Nariño, durante una visita a ese territorio de paz situado en Icononzo, Valle de Tolima, construir la paz es muchas veces más difícil que hacer la guerra.
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) Guatemala: 10 Reflexiones sobre el momento actual
Simona Violetta Yagenova (Alai)
1. La actual crisis política solo puede comprenderse desde su perspectiva histórica y sistémica. El complejo sistema de dominación impuesto en contra de los pueblos que aquí habitan registra crecientes fisuras, derivadas del aumento de las contradicciones sistémicas, del fracaso de la clase dominante para gestionar “adecuadamente“ los asuntos del Estado-Nación y obstaculizar permanentemente reformas estructurales democratizadoras, así como por la emergencia de fuerzas que ratifican que el actual sistema está agotado y apuestan a un radical rediseño del modelo económico y político.
2. Hace dos años inició una coyuntura política creada por la intervención de factores externos ( CICIG, EEUU) que de manera sistemática han impulsado una estrategia jurídica-política en contra quienes configuran el denso tejido de mecanismos de enriquecimiento ilícito operados a través de partidos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públicos, empresas de comunicación o las fuerzas armadas, desnudando las modalidades del saqueo, de la corrupción y la forma como el capital mafia cooptó al Estado. Si bien durante la primera etapa (abril-agosto 2015) estos esfuerzos fueron acompañados de una importante movilización ciudadana que se aglutinaba en torno a la renuncia del binomio presidencia (Pérez Molina/Baldetti), esta se fue apagando paulatinamente en la medida en que se acercaron las elecciones generales y no se tuvo la capacidad para construir consensos sobre qué es lo que correspondía impulsar en la siguiente etapa política, fragmentándose las perspectivas y las acciones.
3. El abandono del espacio político para impulsar la Constituyente plurinacional o profundas reformas políticas, conllevó al reacomodo de los poderes facticos y espurios, la profundización de la intervención de los EEUU y una intensificación del accionar de la CICIG-MP contra estructuras o personas vinculadas al crimen organizado -corrupción, con énfasis en los que pudieran estancar avances o facilitar retrocesos. Los procesos que se han levantado por parte de la CICIG-MP, primero contra el hijo/hermano y ahora contra el actual presidente Morales, pueden interpretarse dentro de este marco.
4. La decisión del presidente Morales de querer expulsar del país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, bajo argumentos poco sostenibles, ha levantado una ola de protestas nacionales e internacionales afirmando que de viabilizarse tal expulsión significaría un profundo retroceso en la lucha contra la corrupción-capitales mafias, y oxigenaría a quienes políticamente están vinculadas con las estructuras criminales. Morales, ahora explícitamente respaldado por sectores de ultraderecha, exmilitares violadores de derechos humanos y quienes temen que más temprano que tarde enfrentarán demandas jurídicas, comienzan a movilizar sus bases, lo que podría agregar más tensión a la crisis política. Si bien la CC resolvió favorablemente una acción jurídica en contra de la expulsión del comisionado es previsible que estos sectores continuarán impulsando acciones políticas-jurídicas para lograr su cometido. Pero es necesario salir de la disyuntiva simplista Velásquez-Morales.
5. La decisión de la CICIG/MP para iniciar un proceso jurídico en contra del presidente Morales se tomó conjuntamente con los EEUU, y debe haber contemplado el análisis de las posibles respuestas del ejecutivo así como los escenarios políticos que se abrirían con su dimisión del cargo. Negarlo sería caer preso de una enorme ingenuidad política o de una absoluta ignorancia de cómo hoy opera el sistema hegemónico global en general y el imperio en particular. Es muy probable, que desde el departamento del Estado se hubiera propiciado reuniones con determinados interlocutores nacionales para, identificar a posibles sucesores, visualizar escenarios de salida, así como diseñar estrategias de contención que involucran a las tropas del comando sur que ya se encuentran en el país desde hace meses. En tal sentido, la seguramente justificada acción jurídica contra el presidente Morales impulsado por CICIG-MP, trasciende el ámbito jurídico y se convierte en un operativo político intervencionista con sus respectivas repercusiones. El que Guatemala se haya convertido virtualmente en protectorado de los EEUU tiene implicaciones profundas a corto y mediano plazo.
6. Es indudable que el país vive una crisis sistémica que no puede resolverse dentro del marco de las reglas del modelo político y económico existente. Los retrocesos económicos-sociales, las recurrentes crisis políticas, la pérdida de legitimidad de los tres organismos del Estado, la intensificación de las contradicciones sistémicas y la creciente intervención externa crean un escenario de permanente tensión y de acumulación del descontento social.
7.Este escenario puede deteriorarse y prolongarse en el tiempo si las fuerzas socio-políticas democráticas (movimientos, pueblos originarios, izquierdas..) no tomen la decisión de articularse en torno a una estrategia común que sea capaz de combinar eficazmente diversos planos tácticos, confluyendo en torno a metas que deben alcanzarse en un determinado plazo de tiempo. La complejidad del sistema de dominación actual requiere una estrategia de lucha que corresponde a este nivel de complejidad.
8. Los movimientos, pueblos y fuerzas de izquierda se enfrentarán en breve a una nueva disyuntiva ante la posible destitución del actual presidente de la Republica. ¿Cómo enfrentar las estrategias de reacomodos espurios a cambios cosméticos? ¿Cómo impulsar una propuesta de profundo cambio del diseño del modelo político y económico existente en una coyuntura de crisis, disputa, de desigual correlación de fuerzas y de intervención imperial?
9. Las transiciones no se gestan automáticamente sino son producto de procesos de maduración en la praxis de las fuerzas sociales portadores del cambio social. Es importante dialogar en torno a cómo se concibe dentro del marco de una estrategia de cambios sistémicos las distintas etapas de la transición. Para el momento histórico actual ¿Las reformas políticas mínimas dentro del marco del sistema actual permitirán acumular fuerza crítica, transformadora o no? ¿Debe apostarse aún al modelo de la democracia liberal y representativa? ¿Es viable avanzar por el camino de la democracia popular con reformas políticas que reproducen la lógica del Estado burgués, racista y patriarcal? ¿Es posible dentro del marco del modelo actual de acumulación por despojo democratizar al capital o impulsar un modelo tipo keynesiano? ¿Son válidas aún las concepciones de que los cambios sistémicos deben impulsarse por diferentes etapas mediante estrategias específicas?
10. El momento actual exige profundizar el debate y propiciar mayor claridad qué es lo proponen como alternativa las fuerzas democráticas, movimientos, pueblos originarios e izquierdas de este país. Los tiempos políticos propicios para impulsar cambios estructurales profundos no son elásticos. Se acaban.
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– Simona Violetta Yagenova es coordinadora del Área de Estudios de Movimientos Sociales, FLACSO Guatemala.
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) El limbo libio
Guadi Calvo (Rebelión)
El plan maestro de la Unión Europa (UE) para controlar la llegada de refugiados a Europa desde los puertos libios, que consistía en encontrar una fórmula para unificar las diferentes fuerzas políticas y milicias laicas o moderadas, que ejerzan el control del flujo al modo que han pactado con Turquía, parece estar próximo a zozobrar.
Tras el encuentro en julio pasado en chateau de la Celle- Saint Cloud, a las afueras de Paris, auspiciado por el presidente Emanuel Macron entre Fayez al-Serraj del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), designado presidente por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), en marzo de 2016 y el auto postulado hombre fuerte del país, el general Jalifa Haftar, fortalecido políticamente tras la toma de la ciudad de Bengazzi por sus fuerzas en julio pasado, después de tres años de combates y cuyo referente político es la Cámara de Representantes de la ciudad de Tobruk, habían acordado un alto el fuego y la utilización de sus fuerzas solo para la lucha contra el terrorismo.
A pesar de lo acordado las fuerzas de Haftar, siguen hostigando a organizaciones como las milicias de Misrata, vinculadas a Fayez al-Serraj, lo que podría tirar por tierras las ilusiones de Macron. A la confusa atmosfera de grupos armados, que responden a distintas ciudades, Trípoli, Tobruk, Misrata, Bengazzi o Sirte se agrega la reaparición muyahidines del Daesh, a unos 130 kilómetros al sur de Sirte, la que hasta diciembre de 2016 fue la capital del Califato, ha puesto en alerta no solo a los bandos políticos que hoy “gobierna” Libia sino a la UE.
Cuando los hombres del Califa Ibrahím (Abu Bakr al-Bagdadí) abandonaron la ciudad de Sirte, en diciembre pasado, buscaron refugio en el sur del país y ahora parecen estar intentando alcanzar las regiones centrales y norte de Libia, donde posicionarse para establecer, otra vez como lo fue en un principio Derna y luego Sirte, un punto de donde volver a su sueño de establecer un Califato. Según diferentes servicios de inteligencia el número de combatientes superarían el millar y se encuentra en crecimiento, aunque la cifra todavía está lejos de los 5 mil que llegaron a ser antes de su derrota en Sirte.
Esos refuerzos podrían estar llegando a Libia desde organizaciones wahabitas, provenientes del oeste: Marruecos, Argelia y Túnez, desde el sur por parte de los muchos focos integristas que actúan en el Sahel, particularmente en el norte de Mali, Níger y Chad e incluso refuerzos de los nigerianos de Boko Haram y veteranos de Siria e Irak, donde las bandas rigoristas están en franco retroceso.
Desde que el Daesh fue desalojado de Sirte por el grupo al-Buyan al-Marsus, las milicias moderadas de la ciudad de Misrata y hombres del general Haftar, pareció difuminarse por las porosas fronteras del Magreb y en una región de cuevas en el centro del país, donde resistieron hasta hace poco más de un mes.
El panorama libio se vuelve a enturbiar con la reaparición del Daesh en el ataque contra un puesto de control vehicular cercano la ciudad de Jufrah, a 500 kilómetros al sur de Trípoli, donde los terroristas asesinaron a 14 personas, 11 de ellos fueron decapitados, la mayoría hombres que pertenecían a las milicias del general Haftar.
El domingo 27 de agosto, el sitio Amaq, que funge como órgano de oficial de la banda terrorista, mostró un nuevo video donde varios muyahidines instalaban un puesto de control en la ruta que vincula el oasis de al-Jufra con la ciudad costera de Abu Grein en oeste de la ex capital del Daesh. En la grabación se observa cómo milicianos del califato chequean camiones y automóviles. En el mismo video se muestran dos prisioneros Sagayar Majri, secuestrado en mayo último, miembro de la Asamblea Constituyente de Libia, y Mohamad Abu Bakr, de la Guardia de Instalaciones Petroleras (PFG).
Con la caída de Sirte, cuna del coronel Gaddafi, en diciembre último, tras varios meses de asedio se creyó que el grupo terrorista se iría a desperdigar buscando otros focos de terrorismo fuera de Libia, su retorno aleja cualquier posibilidad de acuerdo a la turca entre Libia y la Unión Europea.
La llaga de los refugiados
Sin la posibilidad de cerrar los puertos libios, de donde salen a diario cientos de embarcaciones con miles de refugiados que intentan llegar a Italia, la llaga que tanto perturba a la Unión Europea sigue abierta y sangrante.
Impedir la llegada de refugiados se ha transformado en una obsesión para Italia, a punto del colapso político y social, que podría desbordar hacia posturas ultraderechistas como se están dando en Alemania y otros países de Europa.
Las regulaciones que se intentan establecer las operaciones de rescate de las ONG en el Mediterráneo por parte de la UE e incentivar arreglos con el gobierno de Fayez al-Serraj, quien en realidad controla poco más allá de la casa de gobierno en la propia Trípoli, ciudad donde diferentes grupos armados que van de traficantes de droga a integristas pro al-Qaeda o Daesh, disputan en verdaderas batallas la posesión de barrios. Libia ha sido envuelta en un estado anárquico, que sin duda desembocará en la concreción de un Estado Fallido, ya que la intervención de Estados Unidos y la OTAN tendría que ser con tropa en tierra, lo que seguramente sus pueblos no estarían dispuestos a financiar.
Expertos en derechos humanos de migrantes y tortura han denunciado que la UE está actuando, “en contravención con la obligación de rescatar a las personas en peligro”, según la Organización Internacional de las Migraciones; en lo que va del año casi 2400 refugiados murieron ahogados intentado atravesar el Mediterráneo central.
Los nuevos planes de acción de la UE pretenden impedir la salidas de más embarcaciones condenando a ya el más de un millón de refugiados que esperan en los diferentes puertos libios la posibilidad de abordar alguna embarcación, tras atravesar miles de kilómetros, provenientes de cada rincón de África y países tan lejanos con Afganistán, Bangladesh, donde son sometidos a toda clase de vejámenes desde torturas y maltrato, detención, abusos sexuales para niños y mujeres, secuestro para la venta como mano de obra esclava, prostitución e incluso incorporarlos a algunas de las fuerzas que combaten en Libia.
Bruselas, sede de la Unión Europea, dice que sus prioridades es salvar esas vidas proveyendo de fondos a diversas agencias de la ONU, con una sola pretensión: no más refugiados. Consientes de lo advertido por Filippo Grandi, Alto Comisionado de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados): “Disminuir el número de refugiados que llegan a Europa, sin resolver sin el restablecimiento de la paz, el desarrollo, caminos seguros, es moralmente inaceptable”.
Italia ha optado por imponer un código de conducta que regule las operaciones de rescate de las diferentes ONG que intentan rescatar a los refugiados perdidos en el mar. Con esto el gobierno el Primer Ministro, Paolo Gentiloni, intenta sacarse el peso de encima y sea la UE quienes se hagan cargo de la crisis.
Por su parte, el gobierno de Unidad Libia (Trípoli) ha prohibido que buques extranjeros puedan entrar en sus aguas territoriales en operaciones de búsqueda y rescate. En ese estado de situación cada vez más confuso, sin normas, ni leyes que se puedan cumplir, la llegada de refugiados a Italia disminuyó en un 51%, aunque las llegadas al sur de España en el mes de julio se incrementaron en más de un 100%.
Estados Unidos y la OTAN utilizaron ingentes recursos a la hora de destruir a Libia y muchas otras naciones de África, Medio Oriente y Asía, a la hora de las responsabilidades todos miran hacia otro lado esperando que el limbo al que han condenado a millones de personas los resuelva Dios o la Muerte.
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) La violencia expulsa a miles de rohinyás de Myanmar
Tharanga Yakupitiyage (IPS)
El recrudecimiento de la violencia en Myanmar (Birmania) obligó a más de 18.000 rohinyás a huir en menos de una semana, denunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El movimiento comenzó cuando el gobierno de ese país de Asia sudoriental lanzó “operaciones de limpieza” tras los ataques contra los puestos de seguridad el 25 de agosto por el grupo armado Ejército de Salvación de Rohinyá Arakán (ARSA), que dejaron casi 110 muertos. Hay denuncias de que las fuerzas de seguridad quemaron aldeas y lanzaron ataques contra los rohinyás musulmanes.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 18.500 personas cruzaron la frontera con Bangladesh desde el estado de Rakáin, y miles más están atrapados en tierra de nadie entre esos dos países. También hay relatos de que algunas personas cruzan por el río Nauf, donde los guardias bangladesíes ya han sacado varios cuerpos de unos 20 rohinyás ahogados.
“Condeno totalmente los ataques violentos contra el personal de seguridad, que derivó en la pérdida de muchas vidas y en el desplazamiento de miles de personas”, indicó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, pero subrayó la necesidad de que las fuerzas gubernamentales empleen una respuesta proporcional.
“Por desgracia, nuestros temores se vuelven realidad. Décadas de continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como las muy violentas respuestas de las fuerzas de seguridad a los ataques desde octubre de 2016, casi que contribuyeron a alimentar el extremismo violento, una situación en la que todos pierden”, prosiguió.
En octubre de ese año, el ejército de Birmania realizó operaciones de contrainsurgencia tras los ataques de insurgentes rohinyás contra puestos de control fronterizos, lo que dejó a casi 90.000 personas desplazadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “es muy probable” que los ataques contra civiles rohinyás en esas operaciones constituyan crímenes contra la humanidad. Algo que las autoridades birmanas han negado en reiteradas oportunidades.
Una larga historia
El gobierno hace tiempo que cuestiona el estatus del pueblo rohinyá como ciudadanos birmanos, les ha restringido el movimiento y los ha excluido de los servicios sociales, dejando a la mayoría sin Estado y empobrecidos. El alto comisionado para los Derechos Humanos describió a la comunidad rohinyá como una de las más “excluidas, perseguidas y vulnerables del mundo”. El presidente del Centro de Ginebra para los Derechos Humanos, Hanif Hassan Ali Al Qassim, urgió al gobierno birmano a prevenir las violaciones de derechos humanos contra la población civil en el marco de la actual escalada del conflicto militar.
“Los testimonios perturbadores de rohinyás huyendo de Myanmar confirman las graves violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo contra la población civil”, indicó. “La sociedad mundial no puede hacer la vista gorda a la perturbadora situación en Myanmar. El Centro de Ginebra llama al inmediato cese de la persecución de los rohinyás”, añadió Al Qassim.
Respuesta de la ONU
En respuesta a la violencia en ese país asiático, el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) mantuvo una discusión a puertas cerradas en la última semana de agosto. No hubo declaraciones oficiales, pero el embajador británico Matthew Rycroft llamó a todas las partes a desescalar la situación y a mirar el asunto a largo plazo. Rycroft agregó que el el máximo órgano de seguridad todavía respalda a Aung SAn Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y consejera de Estado de Birmania. “Nos remitimos a ella para fijar el tono correcto y para encontrar los compromisos y la necesaria reducción de la tensión y resolver el conflicto por el bien de todo el pueblo de Birmania”, indicó.
Estalló la violencia tan solo dos días después de la publicación del esperado informe de la Comisión Asesora del Estado de Rakáin sobre la situación en esa región. “Hay una gran tensión y el riesgo es cada vez más grave. La violencia no traerá soluciones duraderas para el problema del atribulado estado de Rakáin”, indicó el presidente de la comisión Kofi Annan. “Sin embargo, el status quo no puede continuar”, añadió el ex secretario general de la ONU.
Entre las recomendaciones que figuran en el informe de 63 páginas para el gobierno birmano es que revise la legislación sobre el derecho a la ciudadanía, conceda libertad de movimiento a los rohinyás musulmanes e invierta en el desarrollo socioeconómico del estado de Rakáin. Annan alertó que la no implementación de las recomendaciones solo alimentará el ciclo de violencia y la radicalización, profundizando la pobreza crónica en ese estado. Asimismo, Zeid llamó al gobierno de Birmania a seguir las recomendaciones para “atender, en vez de sacrificar las preocupaciones en materia de derechos humanos en el interés de mantener la paz y el orden”.
Apoyo internacional pedido y criticado
El director general de la OIM, William Swing, reclamó más apoyo internacional para los civiles que huyen hacia el vecino Bangladesh. Ese país ya acoge a unos 500.000 rohinyás desde hace tres décadas, precisó. Swing pidió a Bangladesh que admita más personas que huyen de la violencia, muchas de las cuales son mujeres, niñas, niños y adultos mayores, o facilite el acceso a las agencias humanitarias para que puedan socorrerlos. También llamó a las autoridades birmanas del estado de Rakáin a facilitar el trabajo de las agencias humanitarias y a suministrar un acceso irrestricto y así contribuir a estabilizar la situación y reducir el número de personas que huyen del país.
Pero la oficina de Aung San Suu Kyi acusó a las organizaciones internacionales de colaborar con los “terroristas”, lo que hace temer por la seguridad de los trabajadores humanitarios y la continua violencia. “Estoy extremadamente preocupado de que las acusaciones infundadas contra las organizaciones internacionales pongan en peligro al personal y les sea imposible proveer asistencia fundamental”, subrayó Zeid. “Ese tipo de declaraciones son irresponsables y solo sirven para aumentar el miedo y fomentar la violencia”, añadió.
Traducido por Verónica Firme
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) La invisibilidad y la economía tóxica de la guerra en Iraq
Toby C. Jones (Jadaliyya.com)
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
En abril de 2008, una pequeña firma de ingeniería estadounidense –MKM Engineers, con sede en Stafford, Texas- había estado trabajando durante casi dos décadas en la limpieza de productos tóxicos en una antigua instalación militar de EEUU situada justo al oeste de la ciudad de Kuwait. Diecisiete años antes, en julio de 1991, una bomba de calor defectuosa de un vehículo militar cargado con proyectiles de artillería de 155 mm en Campo Doha se incendió provocando un infierno devastador. El fuego hirió a varias docenas de personas y causó daños en decenas de vehículos, incluidos varios tanques del tan apreciado modelo M1A1 (1). Miles de proyectiles de artillería se cocieron al fuego, desencadenando una extendida reacción explosiva en cadena. Pero no se tuvo en cuenta la seguridad del personal enviado a la base para destruir y hacer detonar los restos del armamento, provocando la muerte del equipo de limpieza del capital Doug Rokke, en un suceso que fue rápidamente conocido como el Doha Dash (2).
El fuego desató asimismo una columna de humo tóxico. El metal quemado –el detritus de la maquinaria bélica destruida y la artillería utilizada- deja siempre un legado peligroso. Pero la base albergaba también miles de proyectiles antitanque de 120 mm dotados de uranio empobrecido (DU, por sus siglas en inglés), armas forjadas a partir de los residuos del ciclo de combustible nuclear estadounidense. El armamento de DU es a la vez radiactivo y tóxico. Normalmente, el DU que no se utiliza para uso militar u otro tipo de industria es manipulado y almacenado como residuo peligroso. La Agencia de Protección Ambiental de EEUU y el Pentágono han establecido directrices muy estrictas para su manejo reconociendo que es un peligro tanto para salud humana como ambiental. En Campo Doha, a causa del fuego, detonaron más de 600 obuses obtenidos a partir de desechos nucleares, cubriendo el cielo de un nocivo humo y polvo negro que se extendió a lo largo de muchos kilómetros (3).
Aunque durante muchos años se había venido informando de que el DU, especialmente su toxicidad química, constituía una amenaza para la salud y el medio ambiente, el ejército estadounidense limitó sus esfuerzos a hacer frente al caos desencadenado en Kuwait (4). El armamento dañado se devolvió discretamente a EEUU para que fuera limpiado o destruido. Las armas utilizadas y alguna arena contaminada se metieron en barriles y muchos de ellos se enviaron a lugares remotos del desierto kuwaití y se quemaron. EEUU, afirmando que sólo tenían una mínima obligación legal a la hora de responsabilizarse de los residuos y comprometerse con la recuperación del medio ambiente alrededor de la base, abandonó los trabajos de limpieza que sólo se completaron de forma parcial a finales de 1991. Halliburton, la empresa gigante de servicios petroleros, llevó a cabo nuevos trabajos en el lugar tras la invasión de EEUU de Iraq en 2003.
Pero no fue sino hasta 2008 cuando los ingenieros de Texas neutralizaron totalmente y redujeron los riesgos en la zona de alrededor del Campo Doha. Financiada por el ejército kuwaití, MKM Engineers supervisó las últimas excavaciones allí, desenterrando casi 7.000 toneladas de arena tóxica irradiada. Una vez desenterrada, esa arena se cargó en el buque contenedor BBC Alabama y se envió a miles de kilómetros, al puerto de Longview, en Washington, enclavado en el río Columbia, en la parte sudoccidental del Estado. Desde allí, la arena se transportó por tren a una instalación privada de residuos peligrosos en los alrededores de Boise, Idaho, donde fue permanentemente enterrada (5).
Los detalles del incendio en Campo Doha y su legado tóxico, en el que el ejército de EEUU declinó su responsabilidad de recuperar un lugar tóxico sólo para que gran parte de ese mismo lugar fuera finalmente transportado a EEUU para su tratamiento y eliminación final, son absurdos. Resulta perturbador ese movimiento de transformación de residuos peligrosos en armas en EEUU para utilizarlas en Oriente Medio, en este caso para que vuelvan de nuevo como desechos años después. Más allá de los detalles del incendio en Campo Doha, ¿por qué este episodio debe ayudarnos a pensar de forma crítica y más extensamente en las economías y en las políticas económicas de guerra?
A continuación sugiero que dejemos a un lado las formas más convencionales de pensar sobre el valor de las armas en las economías de guerra, especialmente los detalles de los que a menudo se informa acerca del valor monetario de las armas compradas y vendidas entre las potencias mundiales (de lo monetario al cambio). Los sistemas de armamento forman siempre también parte de las economías y ecologías ambientales y de salud. Para reflexionar parcialmente sobre esto, apunto hacia la necesidad de una visibilidad e invisibilidad más amplias y sobre cómo podemos utilizar los impactos ambientales y en la salud del uso de las armas de DU –que siguen siendo poco conocidos, y lo que resulta más perturbador, a menudo deliberadamente ocultados- para ampliar nuestro marco respecto a todo lo que incluye una economía de guerra y a cómo funcionan algunas partes de la misma.
Es el carácter furtivo de la industria de armamento de uranio empobrecido, sus pruebas (sobre todo y de forma secreta en el suroeste estadounidense), la escala de su uso y, finalmente, la naturaleza e impacto que resultan, lo que hace que sea a la vez difícil de investigar y también muy útil para el ejército estadounidense y su clientela. Sugiero que la relativa invisibilidad de los sistemas de armamento de DU es algo más que una idiosincrásica nota a pie de página de las guerras en Oriente Medio. Aunque el armamento sin DU ha matado seguramente a más personas, causado más daño y beneficiado a sus inversores de forma más significativa, el poder de los sistemas más pequeños y su carácter secreto trasciende su relativa “cuota de mercado”. De algún modo, esto tiene que ver con políticas más amplias de visibilidad y guerra. Muchos son los procesos que tienen lugar, desde los beneficios al dolor, fuera de la vista. Como consecuencia, la guerra y aquellos a quienes beneficia siguen adelante con mucha más facilidad y entusiasmo. En efecto, la invisibilidad de aspectos clave de la guerra y de sus emolumentos crea vías de acceso pequeñas, aunque fundamentales, que benefician a una gama más amplia de intereses privados, corporativos y políticos. También ayudan a separar o disminuir los sufrimientos de diversos tipos, incluyendo los impactos ambientales y en la salud a largo plazo.
La magnitud del daño causado en Kuwait fue relativamente pequeña si se compara con la devastación producida por la guerra en otros lugares, especialmente en el vecino norteño de Kuwait, Iraq, donde el país quedó arrasado por la larga guerra de EEUU entre los años 1991 y 2011 (6). El pequeño coste del incendio del Campo Doha, quizá alrededor de 40 millones de dólares, es menor si se compara con los billones de dólares gastados en la guerra y los daños causados en Iraq (7). Y aunque la fabricación y venta de armas, así como el intercambio rutinario de miles de millones de dólares de ingresos petroleros para los sistemas militar y de armamento estadounidense, son fundamentales para comprender la importancia de la economía política de la guerra en Oriente Medio –y de sus implicaciones mundiales-, el armamento de DU, si bien no es insignificante, constituye una pequeña fracción del total de los beneficios de la industria de armamento en las guerras en la región.
Desde que en la década de los setenta del pasado siglo empezó a utilizarse en armas diseñadas para destruir a los tanques soviéticos, se desconoce la cifra total de armas de DU fabricadas. Hechas en lotes pequeños y diseñadas principalmente para destruir blindados, es probable que la producción total de DU alcance los cientos de miles de proyectiles de artillería, millones de obuses de calibre más pequeño, así como blindajes para tanques y otros usos. Cualquiera que haya sido la escala real de la producción durante décadas, el ejército de EEUU utilizó ampliamente armamento de DU contra objetivos militares y no militares en Iraq entre 1991 y 2011, así como en Afganistán y Siria. El Pentágono no ha querido revelar el alcance total de su uso de armamento de DU, aunque los casos recogidos por diversos medios sugieren que fue ampliamente utilizado desde Basora a Faluya contra objetivos humanos y no humanos.
El contexto más amplio y la historia en torno a Campo Doha –en el que las armas de DU que se habían fabricado en lugares como Concord, Massachusetts, y probado en lugares como Los Alamos, Nuevo Mexico, se utilizaron en Iraq y Kuwait, fueron finalmente eliminadas por una firma de Texas en una red global que iba desde el norte del Golfo Pérsico a Idaho- alistaron y afectaron a miles de personas, generaron una suma desconocida de daños y beneficios y, sin embargo, ha permanecido casi completamente ignorado. Esta invisibilidad no es trivial. Más bien es productiva, impidiendo la posibilidad de escrutinio, actuando a múltiples niveles pequeños simultáneamente y, con el tiempo, se volvió local en vez de quedar recogida en las redes mucho más amplias de las que forma parte, y casi completamente incontestada porque lo invisible no se ve.
La fabricación y circulación de armas, por lo general fácilmente monetizadas y medidas, son sólo una manera de analizar el coste de la guerra y el carácter de sus economías. Hay también una segunda dimensión ante el poder productivo de la invisibilidad tóxica de quienes hacen las guerras. Debido a tantos aspectos alrededor del DU que son deliberadamente mistificados y ocultados –una pauta que se contradice con cómo los ejércitos celebran conspicuamente a menudo el potencial de sus sistemas armamentísticos-, las autoridades militares y políticas han podido también negar las afirmaciones sobre sus efectos tóxicos más perniciosos. Si bien todas las guerras provocan muy duraderos sufrimientos ambientales, infraestructurales y corporales, las armas tóxicas producen consecuencias especialmente devastadoras y perdurables. Teniendo en cuenta sus cualidades moleculares y las dificultades científicas y médicas para vincular casos particulares de exposición a la enfermedad, y especialmente porque su violencia se mide a lo largo de años y décadas –violencia lenta-, el daño que hacen persiste a menudo mucho después de haber arrojado las últimas bombas.
A pesar de los esfuerzos del Pentágono para ocultar la escala del uso de armas de uranio empobrecido en Iraq y otros lugares, así como los impedimentos para obstruir las investigaciones sobre sus efectos, los doctores y científicos iraquíes, a menudo con la ayuda de observadores mundiales, han documentado algunos de los daños causados en la salud y el medio ambiente. El impacto en ambas esferas ha sido significativo y generacional. Frente a las extensas pruebas epidemiológicas y de otra índole, el ejército estadounidense y sus aliados, que también lo utilizan en las batallas, niegan los peligros tóxicos de las armas de DU. Cualesquiera que sean los argumentos esgrimidos por otros observadores de que los peligrosos efectos del DU están aún por probar, y son muchos, las afirmaciones de incertidumbre no están impulsadas por la ciencia sino por la política (9). Se acepta que las pruebas de que el DU causa desastres en el medio ambiente y en salud son una verdad abrumadora excepto para quienes están interesados en creer otra cosa.
Mucho se pierde en la búsqueda políticamente motivada de certezas científicas respecto al impacto del uranio empobrecido en los cuerpos y entornos iraquíes. Debido a que el impacto del DU es negado por todos aquellos que tienen el poder para neutralizar potencialmente sus efectos, el polvo tóxico del DU ha quedado suspendido en los sistemas alimentarios iraquíes, cubriendo sus infraestructuras, alojado en los órganos y huesos de los cuerpos, trasmitido a través del parto, instalado en los fragmentos del metal destruido en la guerra que se han convertido en productos de intercambio en la economía de posguerra del país. Los iraquíes que viven en zonas particularmente afectadas están en constante contacto con él. Están repetida y rutinariamente expuestos a sus peligros y, sin embargo, siguen sin medirse ni tratarse. Y aunque determinados expertos puedan negar los vínculos o negar las certezas sobre las conexiones entre las toxinas militarizadas y las comunidades afectadas, existen redes significativas de sufrimiento.
En efecto, junto a las armas y a los términos económico-políticos de su producción, uso y a los velos que los envuelven, la necesidad de cuidados de las comunidades devastadas por la guerra es la “otra cara” de estas pequeñas partes de economías de guerra. Los heridos y enfermos, especialmente quienes se enfrentan a una larga lucha y padecimientos como consecuencia de la exposición tóxica, son también fundamentales para explicar la economía de la guerra (10). Así pues, el sufrimiento y los cuidados deben ser también tenidos en cuenta no como el más allá de la guerra sino como el elemento central de nuestros cálculos morales y económicos de lo que ante todo implica. Al igual que las armas de uranio empobrecido, la escala y coste de los cuidados y la lucha por la salud son demasiado fácilmente ignorados e infravalorados (11).
Notas
(1) Associated Press : “56 Soldiers Hurt in Kuwait Blast,” New York Times, 12 July 1991, www.nytimes.com/1991/07/12/world/56-soldiers-hurt-in-kuwait-blast.html .
(2) Véase: www.youtube.com/watch?v=V8xXf41Fu4c .
(3) Thomas D. Williams: “The Depleted Uranium Threat,” Truthout, 13 August 2008, truth-out.org/archive/component/k2/item/79582:the-depleted-uranium-threat .
(4) Para un primer ejemplo de esa advertencia, véase Wayne C. Hanson, “Ecological Considerations of Depleted Uranium Munitions,” Los Alamos Scientific Laboratory, United States Atomic Energy Commission, June 1974.
(5) Williams, op cit. Véase también: Snake River Alliance, “Tons of Waste Shipped to Idaho From Kuwait”: snakeriveralliance.org/tons-of-waste-shipped-to-idaho-from-kuwait/ ; Penny Coleman: “How 6,700 Tons of Radioactive Sand from Kuwait Ended up in Idaho,” Alternet, 16 September 2008:
www.alternet.org/story/98950/how_6%2C700_tons_of_radioactive_sand_from_kuwait_ended_up_in_idaho .
(6) Toby Craig Jones: “America, Oil and War in the Middle East,” Journal of American History 99, no. 1 (June 2012): 208-218: academic.oup.com/jah/article-abstract/99/1/208/854761/America-Oil-and-War-in-the-Middle-East?redirectedFrom=fulltext .
(7) Daniel Trotta, “Iraq War Costs more than $2 trillion: Study,” Reuters, 14 March 2013, www.reuters.com/article/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314 . On the cost of the Camp Doha fire, véase:
www.dtic.mil/ndia/2007/im_em/GeneralSession/Knudson.pdf .
(8) Samuel Oakford, “The United States Used Depleted Uranium in Syria,” Foreign Policy, 14 February 2017, foreignpolicy.com/2017/02/14/the-united-states-used-depleted-uranium-in-syria/ .
(9) Toby Craig Jones: “Toxic War and the Politics of Uncertainty in Iraq,” International Journal of Middle Eastern Studies 46 no. 4 (October 2014).
(10) Véase Omar Dewachi: Ungovernable Life: Mandatory Medicine and Statecraft in Iraq (Stanford University Press, 2017).
(11) Omar Dewachi, “The Toxicity of Everyday Survival in Iraq,” Jadaliyya, August 13, 2013. www.jadaliyya.com/pages/index/13537/the-toxicity-of-everyday-survival-in-iraq
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Toby C. Jones es profesor adjunto de historia en la Universidad Rutgers, New Brunswick, donde dirige el programa de doctorado sobre Historia Global y Comparativa. Es autor de los libros: “Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia” (Harvard University Press, 2010) y “Running Dry: Essays on Energy, Water and Environmental Crisis” (Rutgers University Press, 2015). Está trabajando actualmente en dos proyectos, incluida una historia de energía y violencia y una historia oral del levantamiento en Bahréin. Suele publicar sus trabajos en el International Journal of Middle East Studies, Journal of American History, South Atlantic Quarterly, Middle East Report, Raritan Quarterly Review, The Nation, Foreign Affairs, The Atlantic, New York Times y otros.
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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