1) Advierten sobre la designación de Ernesto Kreimerman al frente de TNU
2) La llamada telefónica clave en la causa de Lorenzo y Calloia
3) Gobierno aprobó la liberación comercial de cuatro nuevos eventos transgénicos
4) Otro peón rural de Salto fue agredıdo por su ex patrón, tras reclamar haberes ımpagos
5) Diputados aprobó la creación de una comisión por el voto en el exterior; la oposición se fue de sala por entender que es inconstitucional
6) IMM dio OK a nueva torre de zona franca del WTC
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2157 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 22 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Advierten que la designación de Ernesto Kreimerman al frente de TNU supone una violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(La Diaria)
La Coalición por una Comunicación Democrática expresó su “preocupación” por el anuncio de que Ernesto Kreimerman será nombrado director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, dado que “podría configurar una violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
En un comunicado de esta organización se observa que en los registros de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Kreimerman “es el único accionista de Vallemiel SA, la empresa titular de Latina FM de Montevideo y de Veltesur SA, autorizada a operar Latina FM de Punta del Este. A su vez, según la web de la emisora, también tiene una relación indirecta con la 97.9 FM de Colonia, que figura a nombre de Pradomill SA, cuyo accionista formal es el Sr. Pedro Gari Irureta Goyena”.
Por tanto, la organización sostiene que la designación de Kreimerman al frente de TNU “sería claramente violatoria de la LSCA, atento a lo dispuesto en su artículo 159”, que define las incopamtibilidades del cargo: “Los miembros del Directorio del SPRTN y los Directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión. Son de aplicación para los integrantes del Directorio del SPRTN las inhibiciones dispuestas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República”, expresa dicho artículo.
El comunicado finaliza llamando al Poder Ejecutivo y demás organismos con responsabilidad en el asunto a “respetar la ley votada por el Parlamento y darle cumplimiento estricto”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) La llamada telefónica clave en la causa de Lorenzo y Calloia
El expresidente del Banco República fue condenado por la justicia uruguaya y el exministro de Economía y Finanzas fue absuelto de la acusación de abuso de funciones.
(180.com)
Una llamada telefónica entre el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, y el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fue central en la causa que terminó con la condena de uno y la absolución del otro.
En el juicio, la defensa de Calloia argumentó que el ex presidente del Banco República tenía el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas cuando otorgó el aval a Cosmo para participar del remate de los aviones de Pluna. Ese respaldo habría sido por una llamada telefónica que le hizo Lorenzo.
Calloia relató que primero recibió una comunicación telefónica del ministro de Economía y Finanzas. Después, recabó la opinión de los otros dos directores del banco, que le dieron su consentimiento, y cuando se cumplió la operación, el directorio aprobó lo realizado. “Se juzga como conducta individual una decisión que constituye un acto orgánico, un acto administrativo”, aseguró su defensa.
Por su parte, la defensa de Lorenzo sostuvo que la llamada telefónica fue para comunicarle que el empresario Juan Carlos López Mena iba a acercar a la institución una empresa interesada en participar en la subasta y si ello ocurría, le solicitaba que “hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”.
Lorenzo explicó que se trató de un pedido y no de una orden, por la que se solicitó a Calloia que sea “flexible” en la exigencia de los requisitos habituales para el manejo de riesgos inherentes en estas operaciones. Cuando explicó el término “flexible”, el exministro sostuvo que se refirió a que la emisión de avales en presencia de actores que no tienen historia crediticia local ni respaldos locales, como era el caso de Cosmo, podía implicar que hubiera problemas de documentación pendientes y que ellos estaban trabajando para asegurar la concurrencia del mayor número de oferentes.
“Yo le digo al Presidente del Banco República que el Sr. López Mena me dijo en presencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que una empresa se acercaría a tramitar un aval al banco. Quiero aclarar que esta información que le transmití a Calloia estaba también afectada por esta desconfianza y prudencia que tenía con respecto a todo lo que se me decía, yo no tenía la seguridad de que eso fuera a ocurrir. Si eso ocurría fue solicité que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”, declaró Lorenzo. Además, el ex ministro aclaró que “no tenía la autoridad para inmiscuirse en la toma de decisiones en materia de una operación de crédito contra garantía y que el Presidente del Banco República jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta solo porque él se lo hubiera solicitado”.
La defensa de Lorenzo consideró que el ministro no tenía ninguna facultad legal ni autoridad directa sobre el director o cualquier funcionario del banco. El “factor decisivo” para conceder el aval no fue solo la llamada telefónica, sino “la directa intervención en su trámite del Sr. Juan Carlos López Mena y que fue a él a quien el Banco finalmente le otorgó el aval. Esto es indiscutible si se tiene en cuenta que quien asumió el pago de la garantía del aval concedido a la empresa Cosmo, ante el incumplimiento por la Aseguradora Boston, fue el nombrado empresario”.
La jueza le dio la razón al planteo de la defensa de Lorenzo en su sentencia y le cuestionó a Calloia que no exigió la presentación de contragarantías, a pesar que la empresa Cosmo no era cliente del banco y no era conocida en el mercado regional. “Si bien el referente era cliente del banco, el Sr. López Mena, la empresa no lo era y sin embargo, no se le exigió la documentación mínima necesaria y no se obtuvo información siquiera de carácter primario, respecto de la solvencia de la Empresa. Y aún a la fecha de aprobación del otorgamiento del aval, días después de la subasta, la información y documentación con que se contaba también era insuficiente (…) El Gerente Ejecutivo de División Empresas del BROU, Sr. Raúl García, le informó al Ec. Calloia las condiciones planteadas por el solicitante del aval y que al ser una firma extranjera sin antecedentes en el Banco, de la que se contaba con muy poca información y sin ofrecer garantía alguna, no podía ser considerada. Sin embargo, el imputado le indicó que era de interés nacional y que además de su consentimiento, contaba con el de los Directores necesarios para el otorgamiento del aval. Así fue que Calvo Sánchez se presentó a la subasta con el documento que le otorgaba un aval por más de trece millones de dólares, pese a no cumplir con los requisitos mínimos para que se le otorgara esa garantía”, explica Mainard en su sentencia.
El aval que pagó López Mena
El aval otorgado por el Banco República por 13.500.000 de dólares a la empresa Cosmo fue para que participe de la subasta de los aviones de Pluna el 1 de octubre de 2012. En ese remate, Hernán Calvo Sánchez levantó la mano y se llevó los aviones por 137 millones de dólares como representante de Cosmo.
Al caerse la subasta, en marzo de 2013, López Mena aceptó pagar el aval y el ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a "no tener nada más que reclamar" al Banco de la República, ni a ninguna otra persona física o jurídica, por ningún concepto, directa o indirectamente vinculado con el otorgamiento del aval, una vez que el banco efectivice su pago al Fideicomiso. El convenio contemplaba un pago inicial de 888.516 dólares y el saldo en ocho cuotas iguales y consecutivas de 1.600.000 dólares.
El delito de abuso de funciones
Este delito está previsto por el articulo 162 del Código Penal, el cual se establece que “el funcionario público que con abuso de cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de diez a 3.000 UR”.
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3) Gobierno aprobó la liberación comercial de cuatro nuevos eventos transgénicos de maíz y soja con el voto en contra de los ministerios de Salud y Ambiente
Amanda Muñoz (La Diaria)
El Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB) aprobó el viernes las solicitudes para usar ocho eventos transgénicos; la noticia se conoció públicamente ayer, por una nota publicada por Montevideo Portal. Se trata, en realidad, de 14 solicitudes que el gabinete tenía pendientes: algunas para uso comercial, otras para ensayo a campo, para ensayo del Instituto Nacional de Semillas (Inase), o de laboratorio.
En diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, secretaría que preside el GNB) catalogó de muy importante la aprobación: “Veníamos con cierto atraso y hoy quedamos al día con las solicitudes que teníamos en la cartera”, saludó, subrayando que algunas habían sido presentadas en 2010. “Es importante respetar el marco regulatorio”, resaltó. Entre esas ocho variedades hay una de papa transgénica, que está siendo estudiada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Los más polémicos son los cuatro eventos que se liberaron para uso comercial, que contaron con el voto en contra de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); sí contaron con el aval de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Industria, Energía y Minería, Economía y Finanzas, y Relaciones Exteriores.
Uno de ellos es el maíz MON89034X- MON88017, de la empresa Monsanto, cuya liberación a nivel comercial había sido solicitada en 2010; apila dos eventos mediante los cuales la planta tiene resistencia a insectos lepidópteros (la Diabrotica speciosa, llamada comúnmente “vaquita de San Antonio”) y tolerancia al glifosato. La otra variedad de maíz es la llamada TC1507XMON810XNK603, solicitada en 2014, resistente a lepidópteros y a dos herbicidas (glifosato y glufosinato). Las variedades de soja son DAS44406- 6, de Dow AgroSciences, cuya liberación comercial había sido solicitada en 2012 y que tiene tolerancia a tres herbicidas: glifosato, glufosinato y 2,4D. El evento de soja MON89788XMON87708, de Monsanto, solicitado para liberar comercialmente en 2013, tiene tolerancia a dos herbicidas: glifosato y dicamba.
Alejandro Nario, responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, MVOTMA), explicó a la diaria que la aprobación de eventos para investigación no provoca mayores problemas, porque su uso está limitado (se permite sólo en chacras de experimentación), pero dijo que otra cosa ocurre con los que se liberan comercialmente y pueden plantarse en todo el país. Comentó que era necesario estudiar las condiciones de coexistencia de estos nuevos eventos de maíz con el maíz criollo, por el gran riesgo de cruzamiento, que ya ocurre y que provoca la pérdida de semillas de variedades nativas y criollas. Reprobó, además, que las variedades sean resistentes a Diabrotica speciosa, porque se trata de una especie que no es plaga en Uruguay. “No nos parecía bien asumir el riesgo por algo que no es plaga”, comentó.
En cuanto a los eventos de soja, lo que más preocupa a la Dinama es la dispersión masiva de dicamba y 2,4D, que se suma a la amplia dispersión que ya tiene el glifosato. “La ministra [Eneida de León] planteó que no estamos en contra de los transgénicos, pero nos parece que tenemos una responsabilidad ambiental; antes de estudiar no se puede hacer ese tipo de liberación. Pero se votó, y tanto Salud como Ambiente quedaron en minoría”, lamentó. “Nos parece que no hay suficiente estudio, en esas condiciones no estamos para aprobar eso”, afirmó, y dijo que “no hay un monitoreo posterior” y tampoco una solución duradera, puesto que las malezas que hoy son resistentes al glifosato luego generarán resistencia contra el dicamba y el 2,4D. La evaluación que hace el GNB no toma en cuenta el paquete tecnológico asociado, y con eso discrepan el MSP, el MVOTMA, y organizaciones ambientales.
El MGAP no lo ve así. “Las recomendaciones de la CGR [Comisión para la Gestión del Riesgo] es que no se podía evaluar aspectos perjudiciales sobre el ambiente ni sobre la salud humana y animal, y tampoco sobre los aspectos de negocio”, aseguró el subsecretario Enzo Benech. En cuanto a la evaluación de la dispersión de plaguicidas, explicó que “eso no se evalúa, no es parte del Decreto 353”, que regula la aprobación de vegetales transgénicos. Subrayó que los plaguicidas “son una responsabilidad de nuestro MGAP, a través de Dirección General de Servicios Agrícolas; es ahí donde se registra y se indican las formas de uso de los agroquímicos, no es en este gabinete donde se evalúa. […]el marco legal que tenemos no nos habilita a eso”.
En cuanto al riesgo de perder variedades de maíz criollo, Benech reconoció que el cruzamiento de variedades es un problema y que “hay que regular eso de alguna forma”. Para eso, los productores de maíces criollos tienen que registrar en el Inase las variedades que quieren proteger. En cuanto a la Diabrotica, reconoció que no es plaga en Uruguay y que no hay datos sobre si provoca, o no, un daño económico.
Desde el punto de vista sanitario, las principales objeciones contra los eventos de maíz tienen que ver con el aumento de la exposición a proteínas Cry del biopesticida (detectado ya en sangre de mujeres embarazadas y sus fetos), el aumento de reacciones inmunoalergénicas y la falta de información de lo que ocurre al apilar tres eventos transgénicos, como ocurre con el TC1507XMON810XNK603. Benech refutó las objeciones, diciendo que él suspendió por un año el tratamiento de uno de esos eventos luego de que el MSP dijera que era “potencialmente alergénico”, pero lo avaló al cabo de un año “cuando el MSP volvió a presentar la misma información”.
¿A qué precio?
Una declaración de Casa Grande (Frente Amplio), impulsada por Círculo Verde, manifiesta la posición contraria de ese sector a la resolución del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB) por la cual fueron aprobados 14 nuevos eventos transgénicos. El texto divulgado por Casa Grande hace un repaso histórico de los cambios introducidos por la biotecnología desde que en 1996 un grupo de científicos anunciaba, en Escocia, la clonación exitosa de una oveja, y recuerda que tres meses después en Uruguay se autorizaba el uso de soja genéticamente modificada para resistir al glifosato. “Desde entonces, a ese primer evento transgénico [el GTS 40-3-2] se le sumaron cuatro eventos más de soja y diez eventos de maíz. Además, la superficie plantada de soja pasó de unas 14.000 hectáreas en la zafra 1999-2000 a más de un millón de hectáreas en la 2016-2017”, afirma.
La declaración cuestiona que se prioricen “los beneficios económicos a corto plazo, por sobre la salud de la población y los derechos a saber y decidir sobre las maneras de producir nuestra comida”, y admite que, tal como denunciaba la Asociación Rural del Uruguay en setiembre de este año, ese posicionamiento crítico obedece a “motivos ideológicos”. Finalmente, Casa Grande declara su apoyo a las carteras de Medio Ambiente y Salud Pública, rechaza la resolución del GNB (y, en particular, “la actuación de las carteras que impulsaron la liberación de los eventos”), solicita al gobierno que suspenda la aplicación de la resolución y promueva “el más amplio debate” sobre los riesgos implícitos, considera beneficiosa “la aprobación de una ley nacional de etiquetado transgénico”, llama a la reflexión pública sobre bioseguridad, con el objetivo de legislar al respecto, y afirma la necesidad de contar con una “estrategia integrada de ambiente y salud”.
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4) Otro peón rural de Salto fue agredıdo por su ex patrón, tras reclamar haberes ımpagos
(Montevideo Portal)
Un trabajador rural de 26 años, denuncıó la agresıón de su ex patrón, a quıen fue a vısıtar para que le pagara adeudos salarıales. Los incidentes tuvieron lugar en la Colonia 18 de Julio, departamento de Salto. Según supo Montevideo Portal, el peón trabajó en el establecimiento hasta mayo. El ex patrón le dijo a su empleado que como “estaba la cosa difícil”, a fin de año le iba a pagar la liquidación correspondiente. El hombre fue a reclamar sus haberes, y allí tuvieron lugar los incidentes.
La denuncia policial a la que accedió Montevideo Portal, da cuenta que hasta Entre Ríos y Gran Bretaña, concurrió un móvil policial. Allí los uniformados se entrevistaron con el denunciante, el que señaló que minutos antes, había sido “agredido físicamente por su ex patrón, propinándole un golpe con una trama (trozo de madera) en la cabeza, tirándolo al piso y dándole golpes de puño”. “El denunciante fue trasladado al Hospital Regional Salto, lugar donde el médico de guardia expidió certificado ilegible, dándole de alta” señala el parte policial.
“Averiguado primariamente el denunciado, coincide casi en su totalidad con los dichos del denunciante, salvo en que fue este último quien comenzó la agresión, por lo que debió defenderse”, dijo el ex patrón del peón. El abogado del peón, Gabriel Cartagena confirmó a Montevideo Portal que mañana presentarán la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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5) Diputados aprobó la creación de una comisión por el voto en el exterior; la oposición se fue de sala por entender que es inconstitucional
(La Diaria)
La última sesión del año de la Cámara de Diputados transcurría con bastante tranquilidad hasta que llegó la hora de debatir el último proyecto de ley, presentado por la bancada oficialista, sobre el voto en el exterior. El primer artículo del texto dice: “Declárase, con carácter interpretativo, de los artículos 77, párrafo 1, y 81 de la Constitución de la República, que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. Además, en su segundo artículo establece que se crea una “Comisión Honoraria” con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo en el que se analicen “las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remitido al Poder Legislativo para su consideración”.
Mientras tanto, en los pasillos de la cámara algunos diputados de la oposición empezaron a señalar que el artículo 77 numeral séptimo de la Constitución de la República establece que “toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara”. Por lo tanto, antes de empezar a debatir el proyecto, el diputado blanco Pablo Abdala solicitó a la Mesa de la Cámara de Representantes que definiera cuál era la mayoría que a su criterio se requeriría para aprobar el proyecto de ley. Acto seguido, José Carlos Mahía, presidente de la cámara, contestó que se necesitaba una mayoría simple.
A continuación Abdala cuestionó a la mesa, porque, dada la importancia del asunto a tratar, esto implicaba “un atropello”. Agregó que su partido no se cierra a analizar alternativas sobre el voto en el exterior pero no está dispuesto a que se les venga “a imponer soluciones”, ya que el proyecto no representa a los partidos de la oposición, que además no tuvieron “la oportunidad” de dialogar sobre el tema. Por último, subrayó que la actitud de Mahía terminaba “siendo funcional” al “designio” de quienes propusieron el proyecto de ley.
En tanto, el colorado Ope Pasquet aseguró que el proyecto de ley es inconstitucional y señaló que su partido también acompañaba “el cuestionamiento a la mesa”. Agregó que el intento de “imponer por mayoría simple” lo que “sólo podría hacerse por la reforma de la Constitución o los dos tercios conspira contra la República y socava las bases de la paz entre los uruguayos”. “Es muy grave lo que se está haciendo, y no conozco precedentes en ese sentido desde 1985 hasta acá, por lo menos. No se puede desconocer la Constitución y un pronunciamiento del pueblo, que fue llamado a votar para habilitar el voto desde el exterior, y lo rechazó”, señaló Pasquet.
Por su parte, Daniel Radío, del Partido Independiente (PI), dijo que “es falso” que la Constitución establezca que para el ejercicio de los derechos y las obligaciones “sea indiferente que uno resida en Uruguay o no”. “La Constitución reclama el avecinamiento. A nadie se le ocurre que cuando la Constitución consagra el derecho a la vivienda esto quiere decir que le tenemos que hacer una vivienda al ciudadano uruguayo que vive en Sri Lanka o en Alto Volta”, señaló el legislador, y remató diciendo que no se iban a quedar en un debate “que pretende pasar por delante” a la Constitución.
“Esta Constitución no es la bicha, es la suprema norma magna de nuestro país, que regula la convivencia democrática. Por la vigencia de las normas corrieron ríos de sangre en nuestro país a través de mucho tiempo”, decía el diputado blanco Pablo Iturralde mientras levantaba el mencionado texto. Agregó que si el proyecto de ley sigue su camino, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia, “que va a decir que es inconstitucional”.
En tanto, Roberto Chiazzaro, uno de los firmantes del proyecto, subrayó que el texto que se iba a tratar no consagra “en absoluto” el voto en el exterior, y que tampoco violenta la Constitución. Agregó que respalda al presidente de la cámara, que leyó “correctamente, sin intencionalidad política”, que el proyecto apunta a conciliar, algo que “gran cantidad” de diputados de los diferentes partidos han comentado: que les interesaba debatir el voto en el exterior. Además, señaló que en la actualidad “sólo vota el que tenga dinero y se pueda pagar el pasaje”, y que el primer artículo del proyecto dice algo “obvio”, porque en todas las elecciones hay ciudadanos que vienen y votan. Por último, dijo que en los demás artículos del proyecto se busca generar consenso con todo el sistema político, y subrayó que lo que hizo la oposición en sala fue “politiquería”, “circo político” y “terrorismo”. Al final, los representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el PI se fueron de sala, y el proyecto se aprobó. Ahora pasará al Senado.
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6) IMM dio OK a nueva torre de zona franca del WTC
(El País)
Cuando el empresario le planteó al gobierno en 2005 hacer una zona franca, había 15.000 metros cuadrados en el país dedicados a la actividad. Hoy, hay casi 10 veces más dedicados a ese propósito.
La Intendencia de Montevideo aprobó esta semana el estudio de impacto territorial para levantar la segunda torre en el área del World Trade Center que se destinará a una zona franca de servicios. Por permitirle construir por encima de lo permitido por la ordenanza municipal, el inversor deberá pagarle a la comuna US$ 2 millones, por concepto de "mayor aprovechamiento".
El edificio tendrá una fachada elíptica diferente a la de las torres ya construidas, con paneles con control solar, de 3 metros de altura, soportados por una estructura de aluminio con perfiles ornamentales horizontales que le otorgarán un ritmo de sombras de día y de reflejos durante la noche. Se integrará con la Torre 1 de Free Zone mediante una plaza central de 3.200 metros cuadrados, que contará con áreas verdes y de esparcimiento.
En la actualidad, la primera torre de WTC Montevideo Free Zone alberga —en sus 24 pisos de oficinas— a más de 130 empresas que generan empleo para 1.350 personas, casi en su totalidad de alta calificación profesional, que trabajan básicamente "para el mundo" y que en un 80% son menores de 40 años.
"Obtuvimos una autorización inicial para empezar a excavar y ahora, con esta aprobación del estudio de impacto, vamos a obtener el permiso de construcción, por lo que en enero comienza la obra, que durará dos años y dos meses. Es una torre de 22 pisos, que costará entre US$ 35.000.000 y US$ 40.000.000", informó a El País el presidente del directorio de WTC Free Zone, Carlos Alberto Lecueder.
La torre estará sobre la esquina de Galarza y Bustamante, pero la ley de zonas francas exige que exista un único acceso controlado. "Esta torre funcionará en equipo con la número 1, que ya está construida, por lo que el acceso se mantiene y será por la calle Bonavita", anotó el empresario.
Las unidades del nuevo edificio se van a alquilar y el plazo estándar suele ser de cinco años, pero se repetirá la experiencia del Innovation Center, que es la opción de arrendar oficinas terminadas más pequeñas con contratos a menor plazo. "Ya tenemos firmadas dos reservas", dijo Lecueder a El País. Según una resolución firmada por el intendente Daniel Martínez, "la propuesta es viable, en la medida que se inscribe dentro de los usos previstos, los aspectos voluméctricos (de) tránsito y ambientales".
El documento señala también que "se valora positivamente los puestos de trabajo que se generarán a partir del desarrollo, sumado al comercio exterior en crecimiento, sobre todo en el sector servicios". Y aclara que "los solicitantes deberán realizar los trámites tendientes a la obtención del Permiso de Construcción ante el Servicio Contralor de la Edificación" de la IMM.
Puestos de trabajo.
La obra va a ocupar a unas 200 personas (serán menos al principio y más al final). Se estima que una vez que esté terminada, más de 1.000 personas trabajarán en la torre. El edificio dispondrá de oficinas flexibles de hasta 780 m2 de superficie, con posibilidad de subdividir los espacios para adaptarse a los distintos requerimientos. Adicionalmente, contará con cuatro subsuelos con más de 350 plazas de estacionamiento, un punto sensible en la zona en las que, además de las torres de negocios, se encuentra el Montevideo Shopping. También incluirá 60 plazas techadas para bicicletas y un vestuario para quienes desean salir a correr por la rambla.
Una torre más
En el lugar existe un espacio más entre la torre 4 y la zona franca, en el que se proyecta un edificio más con una altura superior a los 20 pisos. "Esa tierra no es nuestra, pero tenemos un acuerdo para hacerla. Y habrá que decidir si se hace la quinta torre del World Trade Center o la tercera del WTC Free Zone. Eso el tiempo y el mercado lo dirán", anticipó Lecueder. Cuando el empresario le planteó al gobierno en 2005 hacer una zona franca, había 15.000 metros cuadrados en el país dedicados a la actividad. Hoy, hay casi 10 veces más dedicados a ese propósito.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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