«

»

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS Y SON CARAS

AL DÍA:

1) Eduardo Ferro fugó de Uruguay el 15 de octubre de 2016

2) Tercer intento frustrado de Jihad Diyab para salir del país

3) Cantidad de diputadas coloca a Uruguay en el puesto 93 del mundo

4) Dinama sancionará a la fábrica Mantex porque no tenía permiso para verter al colector y por afectación al ambiente

5) Privatización y problemas ambientales explican aumento del precio del agua

_______________

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2118 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 17 de marzo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
_______________

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
_______________

1) Eduardo Ferro fugó de Uruguay el 15 de octubre de 2016
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)

Era investigado por su participación en la desaparición de Óscar Tassino, no se presentó a declarar y la Justicia libró una orden de captura nacional e internacional en contra.

A fines de noviembre de 2016, efectivos de policías llegaron a una finca de Pinares (Maldonado) y preguntaron por el coronel (r) Eduardo Ferro. Los efectivos pretendían entregarle una citación judicial. La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, pretendía interrogarlo por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino, en 1977. Ferro era citado como indagado, por lo que debía comparecer con su abogado.

Los recibió su esposa, quien les dijo que su marido no estaba en el país. Les explicó que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate, en su calidad de juez, y que volvería a fin de año, para pasar las fiestas con su familia. Los efectivos se retiraron e informaron a la jueza de la situación. La magistrada fijó una nueva audiencia para principios de marzo.

La esposa de Ferro concurrió al Centro Militar y solicitó la asesoría letrada que la institución brinda a los militares investigados por crímenes de la dictadura. Carlos Bustamente, el abogado que lo había patrocinado en otras causas, estaba fuera del país, por lo que los abogados del Centro Militar asumieron su defensa en la causa Tassino. Cuando en febrero llegó la nueva citación, los abogados intentaron comunicarse con él sin éxito. Cómo era de prever, Ferro no se presentó a la audiencia y los abogados del Centro Militar presentaron renuncia a su patrocinio.

En este marco, los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) -representantes de la familia Tassino en el proceso- solicitaron a la Sede la adopción de medidas cautelares para evitar su sustracción a la Justicia. La jueza Sánchez, en línea con la fiscal Mariela Luzzi, dispuso una orden de cierre de fronteras y la conducción del militar ante la Sede, para el 13 de marzo. Sin embargo, Ferro no fue encontrado en sus lugares habituales y volvió a no presentarse a la audiencia.

Por este motivo, la jueza Sánchez libró una orden de captura nacional e internacional en su contra para ubicar su paradero. En este sentido, la Dirección Nacional de Migraciones constató que Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Caras y Caretas Portal. La única versión de la Policía es que habría viajado a Europa, pero en los hechos su paradero es desconocido. Es intensamente buscado por los servicios de Interpol.

¿Quien es Eduardo Ferro?

Eduardo Augusto Ferro Bizzozero ingresó al Ejército en 1964. Lo hizo como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo. Por esos años, Ferro realizó un curso en la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en el doctrina de la Seguridad Nacional.

Según una crónica del periodista Roger Rodríguez, en 1975, ya en dictadura, Ferro comenzó a desempeñar tareas en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) y en el centro clandestino de detención y torturas “300 Carlos”, ubicado en los fondos del Batallón Nº 13. Lo hacía bajo los alias de Oscar y Guillermo. Se trató de uno de los hombres más relevantes dentro del organigrama militar de la dictadura, con una fuerte influencia entre sus pares.

Entre 1988 y 1991, tras el retorno de la democracia, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID). Un artículo del semanario Brecha, vinculó a Ferro con el espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo en poder del coronel (r) Elmar Castiglioni (hoy fallecido) y que dio mérito a la formación de una Comisión Investigadora en el Parlamento.

Al igual que varios de sus camaradas, tras su retiro se radicó en Maldonado, en la zona de Pinares. En 2004, comenzó a trabajar del Hotel Las Dunas de Manantiales como jefe de Vigilancia, aunque posteriormente asumió un cargo gerencial. Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con sus camaradas y una activa participación en el Centro Militar.

El triunfo electoral del Frente Amplio implicó un cambio en la política en materia de investigación de los crímenes de la dictadura y varios militares fueron investigados, juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Ferro estuvo al frente de la “resistencia” ejercida por los efectivos castrenses, con una visión crítica de esas investigaciones; fue uno de los promotores del “Foro Libertad y Concordia”.

En ese rol concedió algunas entrevistas en las que señaló la necesidad de “dar vuelta la página”: “Algunas heridas están muy sanadas y en otras hay alguien a quien le interesa abrirlas de nuevo por distintos motivos. […] Seguimos arrastrando una mochila de gente interesada en que no avancemos. Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, declaró.

Ferro tenía un interés directo en que las investigaciones se cerraran. Decenas de ex presos políticos lo sindicaban como uno de los militares más activos en la represión contra los grupos “sediciosos” en dictadura. Según esas denuncias, Ferro era uno de los cabecillas del “300 Carlos” y tuvo una activa participación en la casona de Punta Gorda.

Además, se lo señaló como partícipe en diversos operativos en la República Argentina y en la detención y secuestro en Brasil de los militares del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, en el marco de la participación de los servicios uruguayos en el Plan Cóndor. Y también en el secuestro y desaparición de Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.

La historia de Tassino

Óscar Tassino era empleado de UTE, integraba el sindicato de la empresa (AUTE) y militaba en el Partido Comunista. En 1974 fue detenido y al ser liberado pasó a la clandestinidad. Volvió a ser detenido en julio de 1977, durante un operativo en una casa particular ubicada en Máximo Tajes 6632; Tassino vivía allí.

Según la ficha elaborada por el equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente (SDH), “tres hombres de particular entraron corriendo a la finca, armados y a cara descubierta”. “Somos las Fuerzas Conjuntas, quédense quietos o los quemamos”, gritaron los hombres. Redujeron a sus ocupantes y montaron una “ratonera”. Tassino llegó una hora después. Fue dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado.

“Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, señala la SDH. Tassino fue trasladado a dependencias militares. Fue recluido en el centro de detención “La Tablada”, dónde también operaba el OCOA. Hoy permanece desparecido. Los testimonios de la época apuntaron a la participación en ese operativo del ex militante comunista Ariel Ricci. También se señaló a los militares Ferro, Ernesto Ramas y Jorge “Pajarito” Silveira como participes del operativo.

En junio de 1985, tras el retorno de la democracia, la familia de Tassino presentó una denuncia penal por su secuestro y desaparición. La misma fue archivada en mayo de 1987, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, en setiembre de 2006, la familia de Tassino -representada por Ielsur- solicitó la reapertura de la indagatoria, amparados en “derecho a la verdad”. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y dispuso el reinicio de las actuaciones.

Posteriormente, el caso fue removido del amparo de la Ley de Caducidad, por lo cual la Justicia apuntó a determinar la responsabilidad de militares en el secuestro y desaparición de Tassino. En este contexto, la Justicia dispuso la citación de varios militares, entre ellos, Ferro y Silveira. La indagatoria se paralizó ante los recursos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por las respectivas defensas. Ninguno de estos recursos tuvo andamiento, por lo cual se reiteró la citación de los militares. Silveira fue conducido al Juzgado y declaró que no tenía conocimiento de los hechos. Ferro nunca se presentó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DEMARZO DE 2017
_______________

3) Tercer intento frustrado de Diyab para salir del país
(La República)

El refugiado sirio de Guantánamo Jihad Diyab, intentó ayer por tercera vez irse de Uruguay, pero sin éxito. El exrecluso de Guantánamo compró en una agencia de viajes de Montevideo un pasaje con destino a Moscú, Rusia, haciendo escala en San Pablo. Su intención era salir coincidiendo con la partida de una de sus hijas, que llegó a visitarlo a Uruguay.

Ella tenía pasaje para retornar a Turquía, en donde la esposa y los restantes hijos de Diyab están viviendo. Cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco no lo dejaron embarcar por falta de visa para ingresar a Rusia. El refugiado posee un título de identidad de viaje que es equivalente a un pasaporte y por lo tanto está habilitado para viajar libremente pero tiene los mismos impedimentos que cualquiera si no posee visa para los países que exigen.

Tras haber sido rebotado, el refugiado concurrió en horas de la tarde a la agencia de viajes en donde compró el pasaje. El programa “Así nos va” de Radio Carve pudo constatar que Diyab no estaba solo, sino que se encontraba con la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites. Desde que llegó a Uruguay a fines de 2014, Diyab manifestó su falta de interés por quedarse en Uruguay. Primero viajó a Argentina, y luego partió rumbo a Venezuela vía Brasil. Sin embargo, Venezuela lo envió para Uruguay.
El año pasado realizó una huelga de hambre que duró casi 70 días, acción que emprendió para reclamarle al gobierno uruguayo la posibilidad de reunirse con su familia. En varias oportunidades la huelga de hambre lo llevó a estar en coma superficial. A mediados de diciembre de 2016, el refugiado sirio viajó con destino a la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica. Y también fue deportado a Uruguay.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DEMARZO DE 2017
_______________

3) Cantidad de diputadas coloca a Uruguay en el puesto 93 del mundo
(180)

Según estadísticas publicadas por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, Uruguay se encuentra en el puesto número 20 del mundo en cuanto a mujeres en cargos ministeriales pero cae al puesto 93 en el caso de mujeres parlamentarias.

El ranking parlamentario, lista a los países por el porcentaje de mujeres en la cámara baja o en la cámara única en los estados donde se dé esa característica. Uruguay está en el puesto 93, con un 20.2% de participación femenina en Diputados, 20 en 99 bancas. En el Senado, hay un 29% de mujeres, nueve en 31 puestos. El puesto 20 en el ranking ministerial refleja las cinco mujeres presentes en al gabinete de 14 ministros de Tabaré Vázquez. Los datos son tomados al 1 de enero de 2017.

En la consideración general, los responsables del ranking afirman que el mapa “muestra una leve reducción en el número de países con mujeres Jefas de Estado o de Gobierno en comparación con los datos del 2015 (de 19 a 17). Sin embargo, la información presentada muestra un leve aumento en el número de países con una mujer como Jefa de Estado o de Gobierno en comparación con la primera edición del mapa en el 2005 (de 8 a 17)”.

Agrega que el crecimiento de la representación de las mujeres en los parlamentos sigue siendo “lento”: de un 22.6% promedio en 2015 a un 23.3% en 2016. También creció levemente el número de mujeres ministras: de 730 en 2015 a 732 en 2016. La participación de las mujeres a nivel ministerial se encuentra actualmente en un 18.3%. “Esta información muestra claramente una ausencia histórica de la voz de las mujeres”, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, según el comunicado de prensa de ONU Mujeres.

“A lo largo del tiempo podemos ver que las proporciones globales de representación de las mujeres en política están avanzando positivamente, aunque ciertamente no lo suficientemente rápido. El estancamiento y los reveses son signos de alerta de la erosión de la igualdad, sobre los que debemos actuar rápidamente. El impulso para proteger los derechos de las mujeres y alcanzar la igualdad sustantiva dependerá de acciones conjuntas en los parlamentos, los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esto deberá incluir la derogación o enmienda de las leyes discriminatorias existentes y el apoyo a todas las formas de representación de las mujeres, incluyendo los niveles más altos del gobierno”, agregó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DEMARZO DE 2017
_______________
4) Dinama sancionará a la fábrica Mantex porque no tenía permiso para verter al colector y por afectación al ambiente
(La Diaria)

La Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía constató el 10 de febrero que la fábrica de grasa Mantex, ubicada en la ciudad de Santa Lucía (Canelones), estaba vertiendo efluentes directamente en la Cañada de las Negras, 950 metros antes de su desembocadura en el río Santa Lucía. Los integrantes de la Asamblea registraron con fotos y videos aquel vertido de color blanco y espeso, y extrajeron muestras que enviaron a analizar a un laboratorio; los valores de aceites y grasas, sólidos suspendidos totales, amoníaco y fósforo superaban, por lejos, lo permitido.

Esa misma noche, mientras corroboraban lo que ocurría, un concejal de Santa Lucía le avisó a Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones (IC). Los vecinos habían denunciado a esta empresa en 2007 por daño ambiental ante la IC. Desde entonces, el expediente se movía cada tanto de una unidad a otra de la IC, pero estaba estancado desde 2013; el siguiente movimiento se dio cuatro años después, el lunes 13 de febrero, día en que funcionarios de la IC y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) concurrieron a la fábrica, a raíz de la denuncia de los vecinos. Según dijo Herou el domingo a este medio, la IC, la Dinama y OSE están coordinando las resoluciones a tomar.

Alejandro Nario, director de la Dinama, informó a la diaria que aquel lunes tomaron muestras de lo que la fábrica vertía en el colector. No sacaron muestras de la cañada porque llovía mucho aquella mañana y los desechos de tres días atrás ya no estaban. Nario explicó que el vertido directo a la cañada estaba totalmente fuera de la norma, pero aclaró que se trataba “de una cuestión intermitente” porque los desechos de la fábrica suelen ir al sistema de saneamiento “pero se ve que hay situaciones en las cuales el sistema no da y tiene una descarga hacia la cañada”, acotó. Aun así, la fábrica estaba en infracción. “Los informes de laboratorio constataron que hay una superación de los límites establecidos”, afirmó Nario.

Esa será la multa por afectación del ambiente. La otra sanción es la administrativa, porque la fábrica ni siquiera tenía permiso de la Dinama para verter sus desechos al colector: no tenía la Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI) que debió hacer ante la Dinama. “Hay un tema administrativo y un tema de valores; están incumpliendo en ambas cosas”, dijo Nario. Agregó que la Dinama contaba con expedientes de esta empresa de hace varios años, cuando había presentado declaraciones juradas, pero “después se ve que cambió el proceso y empezó a generar más efluentes y no hizo el trámite de desagües que tendría que haber hecho”.

La Dinama informó a la empresa del incumplimiento y esta tiene un breve plazo para hacer sus descargos; luego de eso, el organismo la sancionará. Además de la multa económica, la fábrica deberá regularizar su gestión de los efluentes.

Cuidado del río

Reducir el impacto de las emisiones líquidas de los vertimientos de origen industrial es el objetivo de una de las 11 medidas contenidas en el Plan de acción para la protección del agua en la cuenca del río Santa Lucía, que lanzó el gobierno nacional en mayo de 2013. En aquel momento se contabilizaron 54 industrias en la cuenca; 24 se catalogaron como prioritarias, por el mayor impacto ambiental que generaban. A esas 24 se les exigió contar con sistemas de tratamientos de efluentes que disminuyeran el impacto sobre el río. El plazo de esas reformas vencía inicialmente en enero de 2015 y, en los hechos, se extendió por más de un año. Nario comentó que los nuevos sistemas de esas industrias (que son 23 porque una cerró) están operativos y que la reducción de sus aportes a la cuenca es significativa.

Mantex no estaba incluida dentro de esas 54 industrias, porque la Dinama no la tenía registrada. “Al no haber presentado nunca el trámite de SADI y no haber estado identificada, no estaba en ese listado, pero va a entrar dentro de ella”, explicó Nario. Aclaró que no era una industria prioritaria, por el tipo de contaminante y el caudal. Dijo que los efluentes de la fábrica son producto del lavado de maquinaria con grasa, y que no vierten efluentes químicos, salvo detergente. “Estamos hablando de las industrias clase 2 del Santa Lucía, industrias pequeñas y con contaminantes que no son los más complicados.

Obviamente, por algo la grasa tiene límites; genera una afectación al medio: se pega en la vegetación, genera problemas, genera una interfase entre el agua y el aire que impide la transferencia de oxígeno y afecta el ecosistema, pero estamos hablando de 50 metros cúbicos por día en una cañada”, expresó. Aclaró que desde el punto de vista ambiental el principal impacto estaba en la cañada, por ser un curso menor, y que los efluentes se diluían al llegar al río. Según Nario, la contaminación industrial en la cuenca del Santa Lucía representa entre 5% y 7%; de esa proporción, 90% era aportado por las 23 industrias y el 10% restante por las otras 30. Anunció que la Dinama planifica comenzar a trabajar con esas otras industrias.

El director valoró positivamente la acción de los vecinos, “el mecanismo de que los ciudadanos se empoderen del control ambiental y estén activos”, dijo. Valoró, también, la capacidad de respuesta del Estado, que planificó la inspección durante el fin de semana para poder ir el lunes a primera hora. De todos modos, los vecinos hubieran querido una intervención más inmediata, puesto que anunciaban fuertes lluvias para el fin de semana, algo que recién ocurrió el lunes a partir de las 7.00.

Los análisis de las muestras tomadas por los integrantes de la asamblea no serán consideradas en la multa. “Los valores son indicativos, no podemos tomarlos como un valor de sanción pero sí nos pone en una alerta amarilla para que nosotros actuemos”, explicó Nario. También reconoció la necesidad de cruzar datos entre los organismos y pedir, por ejemplo, que si una industria no cumple con todos los procesos administrativos, las intendencias no le otorguen los permisos comerciales.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DEMARZO DE 2017
_______________

5) Privatización y problemas ambientales explican aumento del precio del agua
Víctor L. Bacchetta (Sudestada)

El aumento adicional incorporado este año a la factura de OSE responde solo en parte al aumento del costo de los productos utilizados para potabilizar el agua. En lo fundamental obedece a una situación deficitaria provocada por una gestión del organismo que combina el endeudamiento con un proceso de privatización sistemática.

En diciembre último, al anunciar un aumento de 8,2% en las tarifas de los servicios públicos, el gobierno agregó una suba especial en la factura de OSE – 7,3% sobre el cargo fijo del agua potable-, que el ministro de Economía Danilo Astori definió como “tasa medioambiental”. “Destaco el carácter vinculado al medio ambiente de esta tarifa, porque es un tema muy asociado a prioridades del gobierno que oportunamente el presidente ha marcado de forma reiterada”, añadió Astori, y mencionó los comentarios presidenciales sobre el río Santa Lucía.

En forma simultánea, el presidente de OSE Milton Machado y otros jerarcas del organismo salieron a difundir cifras de inversiones que justificarían ese incremento de la tarifa.

La calificación de “tasa medioambiental” generó un debate previsible por ser el reverso del instrumento económico que busca desalentar la contaminación. La idea es hacerle pagar un tributo al que contamina, no a los perjudicados por la contaminación. Si se aplica al revés y se le hace pagar más a los usuarios, el contaminador tendrá menos estímulo aún para modificar su conducta.

Pero esta medida del gobierno tiene otra finalidad que puede pasar desapercibida. Al centrar la discusión de la tarifa en lo ambiental – cuando se ha reconocido el deterioro de las fuentes hídricas y se sabe que esto puede aumentar los gastos en obras y productos para descontaminar el agua-, queda escondida la causa principal del déficit de OSE, que es la gestión, no la contaminación.

Esta es la conclusión que surge de un informe tratado en reserva por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), sustentado en cifras de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República, que llevó al sindicato a advertir mediante un comunicado, en diciembre último, “números preocupantes, actitudes errantes por parte de las autoridades y sobretodo ausencia de perspectiva”.

Al analizar el desempeño económico, la diferencia entre ingresos y egresos, el informe de FFOSE muestra que, tras los grandes superávits de 2003, 2004 y 2006, el organismo pasó a ser deficitario de 2009 en adelante. De 2010 a 2015 inclusive, los ingresos aumentaron de 326 a 387 millones de dólares (corrientes del año), pero los egresos pasaron de 332 a 408 millones de dólares, respectivamente.

De 1995 a 2005, el personal de OSE fue reducido en más de un 45%, de 5.783 a 3.975 trabajadores. En los años siguientes hubo un leve repunte, llegando en 2015 a 4.520 funcionarios. Entre 2010 y 2015, las remuneraciones crecieron de 68 a 76 millones de dólares, pero su proporción en los egresos cayó del 28 al 23%. Por esta razón, el déficit no se puede atribuir al aumento de los sueldos.

Además de la reducción aplicada, las últimas instrucciones presupuestales de la OPP para los entes públicos ordenan no llenar un tercio de las vacantes que se generen en 2017, según el Instructivo para la elaboración presupuestal de las empresas públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 7 de junio de 2016. Cuando son servicios esenciales, como OSE o UTE, es un esfuerzo inútil porque esas tareas no pueden eliminarse, y al recurrir a contrataciones externas para cumplirlas el gasto termina siendo mayor.

Como un ejemplo del costo de las tercerizaciones, en la contratación de una empresa suministradora de 75 personas, por 12 meses, para ejecutar la lectura de medidores (Toma-Consumo) en 2015, OSE resolvió pagar a razón de 230,43 pesos la hora, que equivale a una remuneración mensual de unos 40 mil pesos. Mientras tanto, los empleados del organismo en la misma categoría percibían un sueldo de 22.657 pesos (Categoría 3 de la escala de sueldos de OSE al 2016).

En el mismo período, las inversiones (es decir, las nuevas obras) tampoco registran un aumento significativo. Sufrieron incluso una fuerte reducción como porcentaje de los egresos, pasando de un 27 a un 17%. El informe del sindicato concluye que lo que explica el déficit es el aumento sostenido del rubro Compras de Bienes y Servicios, que pasó del 37% al 48% de los egresos corrientes en 2015.

Contaminación vs. Gestión

En cuanto a los gastos provocados por la creciente contaminación de las fuentes de agua utilizadas por OSE, fundamentalmente el río Santa Lucia, las obras son parte del rubro de Inversiones ya analizado. Las compras de productos químicos registran un aumento significativo en 2014 y 2015, años donde la contaminación del agua se hizo tangible en Montevideo y Maldonado.

Una docena de productos químicos son utilizados para generar el agua potable que llega a los usuarios: cloro, hipoclorito de sodio, soda cáustica, cloruro férrico, sulfato de alúmina y sus precursores, ácido sulfúrico y bauxita, carbón activado, carbonato de calcio y polielectrolito catiónico, a los cuales se suman, recientemente, antracita y los precursores del dióxido de cloro, purate y ácido sulfúrico.

La facturación anual de productos químicos comprados por OSE (no es el consumo del año indicado porque los volúmenes adquiridos alcanzan para períodos mayores o menores), experimentó un salto de 3.860.113 dólares en 2013 a 13.295.658 dólares en 2014 hasta 30.514.079 dólares en 2015, y luego descendió a 15.258.254 dólares en 2016 (calculado en base al registro de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado). En su punto más alto no sobrepasó el 10% de los egresos.

El grueso del rubro Compras lo forman las tercerizaciones, es decir contrataciones externas de personal y empresas. Las urgencias del momento pueden justificar tales contratos, pero aquí van del corte y reapertura del servicio a la instalación de medidores, la lectura del consumo, atención al público y los grandes clientes, hasta cargos de jerarquía y el Sistema de Gestión Comercial.

Es un proceso de privatización sistemático, no solo con las consecuencias económicas señaladas, sino que implica pérdida de capacidades técnicas – operaciones que pasan a manos de privados y funcionarios con experiencia que no son repuestos. A la vez, la subdivisión de tareas entre contratistas que ocupan sectores y cargos clave diluye las responsabilidades y resiente el servicio.

El sindicato ha denunciado el “aumento sostenido en la tercerización de los servicios, incluso en áreas estratégicas como mantenimiento y operación de plantas de tratamiento, atención al usuario, etcétera” y la creación de sociedades anónimas que funcionan bajo el derecho privado, como Aguasur S.A. (venta y consultoría de UPAS) y Consorcio Canario (saneamiento en Ciudad de la Costa). Desde 2001, OSE se acogió a importantes préstamos del Banco Mundial para mejorar la gestión. En 2012, el Banco concedió 84 millones de dólares para el Proyecto “OSE sustentable y eficiente”.

La eficiencia de un sistema de agua potable se mide por la diferencia entre la cantidad distribuida y la efectivamente cobrada. Por lo general, el indicador de las pérdidas en las empresas se sitúa entre el 20% y 40% del agua producida. Entre 2009 y 2015, las conexiones del servicio de OSE aumentaron de 965.930 a 1.132.512 usuarios, pero las pérdidas siguen siendo mayores del 50%.

En este período, los metros cúbicos de agua potable elevada o distribuida aumentaron de 325.265 a 344.499; pero los metros cúbicos de agua facturada pasaron de 152.990 a 165.739 (según el Informe de Gestión 2015 en su página 23) oscilando entre 47 y 48% respectivamente. Fuentes gremiales atribuyen el mal desempeño a deficiencias de la red y el sistema comercial, parcial o totalmente tercerizados, así como de la gestión central.

Como resultado de esta situación, el endeudamiento que viene experimentando OSE está requiriendo el pago de más de 15 millones de dólares anuales de intereses (Informe de Gestión 2015 en su página 79). En 2016, el organismo continuó endeudándose: obtuvo 120 millones de dólares mediante la firma de un fideicomiso con el Banco República y 18 millones de dólares adicionales del Fondo de Estabilización Energética de UTE.

“Nos sentimos en el deber y la obligación de denunciar que no se están haciendo las cosas bien en OSE”, dicen los trabajadores. “Una mala gestión … , no solo pone en riesgo la calidad de la prestación que brinda, sino que termina trasladándole al contribuyente la carga de sus ineficiencias … Después de todo, lo que defendemos es la soberanía de nuestro pueblo”, concluye el sindicato.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DEMARZO DE 2017
_______________
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

_______________

powered by phpList