1) La muerte de Carlos Díaz tranquiliza a poderosos
2) Uruguayo indagado por la Justicia brasileña, acusado de lavado, compró apartamento de un millón de dólares en Carrasco
3) Presidenta del FA Maldonado depositó dinero de clientes en Cambio Nelson
4) Habló la mujer a la que le prohibieron abortar en Uruguay: «Ahora voy a ir con todo contra la jueza»
5) Adiós al mercurio
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2116 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 3 de marzo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) La muerte de Carlos Díaz tranquiliza a poderosos
Mauricio Almada (El Espectador)
Si a usted le dicen que el hombre que está al frente del combate contra el lavado de dinero en Uruguay aparece ahogado boca abajo en la piscina de su casa en Punta del Este ¿no sospecharía?
Carlos Díaz, director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, solo flotaba boca abajo en la piscina el sábado último, cuando así lo encontró su señora. Según las primeras pericias, su cuerpo no presentaba signos de violencia externa, ningún golpe que diera indicio de un ataque.
Plantear la hipótesis de un homicidio, a estar con las primeras informaciones que trascendieron de la autopsia, parece muy arriesgado. Además, Díaz tenía antecedentes de problemas cardíacos, lo que abona el camino de la muerte natural.
Sin embargo uno no logra alejar del todo, descartar de forma absoluta que este jerarca pueda haber sido asesinado. Algún envenenamiento, quizás. Eso lo descartará una segunda autopsia.
El jueves O Globo informó que Uruguay iba a colaborar de forma inédita con Brasil en materia de intercambio de información tributaria y en especial en el caso Lava Jato, el mayor entramado de corrupción de la historia brasileña.
Apenas leí la noticia llamé a Díaz, eran las 13:00 horas. Confirmó lo que le había dicho a O Globo, que estaba «dispuesto a ceder las instalaciones y los archivos de la Secretaría apenas llegue oficialmente el pedido de cooperación del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil para cooperar en la investigación».
Díaz dijo que esta semana iban a llegar estos pedidos que serían atendidos en la Justicia de crimen organizado, que ya intervino en las ramificaciones locales del Lava Jato. Un punto que Díaz no tenía claro era cuántos pedidos llegarían por la investigación en virtud de que había causas abiertas en varios estados del Brasil.
La indagatoria ha generado un verdadero tendal en el continente y Uruguay parece no haber estado ajeno al lavado de dinero proveniente de las coimas de Petrobras.
Pero Díaz tenía varios frentes abiertos. Había empezado a investigar a estudios y a particulares antes de que aparecieran los famosos Papeles de Panamá.
Buscaba debajo de la tierra el dinero proveniente del narcotráfico que se pretendía lavar en Uruguay. Y tenía un ojo puesto en los movimientos de dinero cuyo origen pudiera remitir al terrorismo. Era un hombre que incomodaba a poderosos. Quizás el estrés que pudiera estar viviendo llevó a que se precipitara un infarto.
Cuando lo entrevisté el pasado jueves 23 de febrero estaba tranquilo, convincente en sus respuestas y sin dar ningún indicio de un desenlace fatal, el cual ocurriría 48 horas después. No debemos especular a la ligera. Tampoco descartar a la primera de cambio. Todo indica que nadie lo mató ni se quitó la vida. Los médicos forenses darán la última palabra a la justicia.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE MARZO DE 2017
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2) Uruguayo indagado por la Justicia brasileña, acusado de lavado, compró apartamento de un millón de dólares en Carrasco
Natalia Uval (La Diaria)
El edificio Vila es un complejo de 21 apartamentos sobre la calle General French, en el barrio Carrasco. Rodeado por rejas y cercas eléctricas, y también por árboles, el complejo tiene garajes, una piscina, barbacoa y calefacción por losa radiante. Su arquitectura es moderna, sin los lujos llamativos que caracterizan a otras construcciones del barrio. Allí vive el abogado uruguayo Óscar Algorta Rachetti, acusado en el proceso conocido como Lava Jato en Brasil y con quien la Justicia brasileña no ha logrado contactarse aún, pese a que ha pedido cooperación internacional y le ha enviado correos electrónicos, que no han recibido respuesta.
Óscar Algorta, del estudio Algorta & Asociados -donde continúa trabajando, según confirmó la diaria-, es un abogado conocido en el medio (ver recuadro). Como informó la diaria en mayo de 2016, Algorta abrió en 2008 una sociedad anónima denominada Jolmey SA, a pedido del ex director del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró. Se incluyó como director de la sociedad “con el único propósito de facilitar los trámites”, según explicó a la Justicia brasileña y consta en el expediente del caso radicado en la 13ª Corte Penal Federal de Paraná, a cargo del juez Sérgio Moro, al que accedió la diaria. Seis años después, Cerveró fue acusado de corrupción y lavado de activos en el marco de la causa conocida como Lava Jato. Una de las operaciones que se señalan como prueba es la compra de un inmueble en Río de Janeiro, adquirido mediante la subsidiaria brasileña de Jolmey SA.
Según consta en la denuncia del Ministerio Público Federal de Brasil, “para ocultar el origen y la naturaleza criminal de los valores involucrados en la compra, así como para ocultar la identidad del verdadero dueño de los valores y el inmueble, Cerveró, ayudado por Algorta”, constituyó la compañía Jolmey SA en Uruguay y una subsidiaria en Brasil, también llamada Jolmey, en noviembre de 2008.
El Ministerio Público Federal de Brasil acusa a Algorta de lavado de activos. El 31 de agosto de 2015, el Ministerio de Justicia de Brasil cursó una solicitud de cooperación internacional en materia penal hacia Uruguay, amparándose en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los países del Mercosur, y exhortando a la Justicia uruguaya a que citara a Algorta a declarar por el caso de la operación Lava Jato. El exhorto llegó en setiembre de 2015 al Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2º Turno, donde actuaban en ese momento el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos. La jueza dispuso el 8 de octubre la citación de Algorta, quien finalmente compareció el 1º de diciembre de 2015, defendido por el abogado Jorge Barrera.
En su defensa, Algorta sostuvo que jamás participó en “ninguna actividad que pudiese configurar un crimen de lavado de dinero o blanqueo de capitales, en cualquiera de sus formas, ni directa ni indirectamente”, y que lo que hizo fue brindar “asesoramiento para la compra de un apartamento que tenía un fin lícito, así como los fondos que lo sustentaban”. En cuanto al hecho de que Algorta figure como director de Jolmey SA, el profesional señala que “para el estudio, este pedido no fue un hecho nuevo ni poco común, ya que en los casos en que las sociedades uruguayas no realicen actos en Uruguay, nosotros asumimos la dirección con el único propósito de facilitar los trámites”.
Finalmente, la defensa solicitó que se archivaran las actuaciones, por entender que no hay méritos de fondo, pero también por razones de forma. Afirmó que ya existe un presumario en Uruguay en el que se juzga a Algorta por la misma causa, y que si el proceso continúa en Brasil, “se estaría vulnerando la garantía básica de todo Estado de Derecho, de que no se puede juzgar en dos países al mismo tiempo la misma conducta”.
Tienes un email
La Justicia uruguaya no ha avanzado con esta causa. La jueza de 2º Turno del Crimen Organizado, María Helena Mainard, quien asumió su cargo en julio de 2016, dijo a la diaria que no tiene “para resolver ningún pedido de procesamiento, ni de ese señor [Algorta] ni de nadie” vinculado a la causa del Lava Jato. Agregó que tampoco tuvo ninguna reunión con quien era la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, para tratar este tema. El alejamiento de su cargo de la fiscal Camiño, quien había asumido en febrero de 2016 y sólo estuvo un año en sus tareas, supondrá una nueva demora en la causa. La fiscalía está a cargo ahora de Luis Pacheco.
En paralelo, la Justicia brasileña está intentando que Algorta comparezca ante el juez Sérgio Moro, sin éxito. En marzo de 2016, Moro recibió la declaración del abogado de Algorta pidiendo la clausura de las actuaciones, pero decidió seguir adelante con los procedimientos.
El 27 de octubre de 2016, y según consta en el expediente del caso radicado en la 13ª Corte Penal Federal de Paraná, el juez Moro dispuso que Algorta “contrate a un abogado brasileño para defenderlo en Brasil, como expresamente fue advertido en el pedido de cooperación”. Solicitó al mismo tiempo que se enviara copia de su resolución al correo electrónico del estudio Algorta, “alertando al acusado [de] que debe constituir un abogado en Brasil para dar respuesta al proceso en Brasil”. Moro agregó que aguardaría 15 días a que se ejecutara esa providencia.
En un escrito firmado el 23 de febrero, Moro certifica que “hasta el momento” no ha recibido respuesta al “correo electrónico que se le envió a Óscar Algorta Rachetti”.
En la mira
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Presidencia de la República, a cargo de Carlos Díaz hasta su fallecimiento el sábado, estaba investigando a Óscar Algorta Rachetti, según un documento al que accedió la diaria. Se anotaba como un detalle relevante el hecho de que Algorta figuraba en el directorio de “aproximadamente 180 sociedades comerciales”.
La secretaría también apuntaba como un hecho la compra conjunta de Algorta y su esposa de un inmueble en Carrasco por un valor de 1.100.000 dólares, registrada en octubre de 2016. Allí, según confirmó la diaria, vive el propio Algorta junto a su familia. la diaria no pudo comunicarse con Algorta ni tampoco con su abogado, Jorge Barrera.
Con trayectoria
Algorta es un abogado reconocido en el país. Es académico de número de la Academia Nacional de Economía desde 1996. A raíz de la acusación de la Justicia brasileña y del manejo público de esta información a principios de 2015, debió renunciar al directorio de la empresa de seguros Mapfre y al grupo de estudios jurídicos Pannone Law Group. Entre otras funciones, Algorta fue asesor del gobierno de Luis Alberto Lacalle en ocasión del intento de privatización de Antel, fue asesor de frigoríficos y también de canales de televisión para abonados. Entre 1996 y 2015 fue asesor del diario El Observador, y fue tesorero de dos empresas offshore en Panamá, presididas por Ricardo Peirano, director de ese diario: Candy Commercial SA, en el año 2000, y Calomix International Corporation, en 2004. En 2006 abrió, junto a Ricardo Peirano, otra offshore, Darlen International, en esa ocasión con los roles cambiados: Peirano fue el tesorero y Algorta el presidente.
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3) Presidenta del FA Maldonado depositó dinero de clientes en Cambio Nelson
Marcelo Gallardo (El País)
Susana Hernández, presidenta departamental del Frente Amplio en Maldonado, es también escribana y reconoció que realizó depósitos de algunos de sus clientes en Cambio Nelson. La presidenta del Frente Amplio de Maldonado, Susana Hernández, reconoció que depositó dinero de sus clientes en el ahora clausurado Cambio Nelson.
“No soy damnificada porque mi dinero personal está en el Banco República. Sí tenía un pequeño monto de dinero en pesos que no es personal. Tiene que ver con estos depósitos que se hacen en garantía por negocios”, explicó Hernández, escribana pública de profesión y ex intendenta de Maldonado por el sector del actual diputado Óscar de los Santos.
Hernández aseguró que el dinero depositado de sus clientes en Cambio Nelson no generó intereses sino que se trató de dinero que quedaban en garantía de forma transitoria. La escribana aseguró que se trató de un servicio que el cambio prestaba a los escribanos de la zona. También aseguró que en su caso nunca le ofrecieron pagarle un interés por los montos de dinero depositados en el cambio.
“En San Carlos hubo ofrecimientos a muchos colegas para tener el dinero. Es decir, se podría haber utilizado pero al momento de pedirse lo reintegraban. El sistema bancario está para los prestamos con interés. Por lo tanto hubo gente que no tenía por qué saber que era ilegal tener ese dinero ahí”, añadió.
“No tengo caja fuerte y en definitiva es un mecanismo muy cómodo por tener abierto desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche.
Cuando el negocio se concreta el escribano libera el monto”, explicó a la emisora Fm Gente sobre por qué eligió a Cambio Nelson para depositar dinero en custodia de sus clientes por su condición de escribana.
“Tengo la tranquilidad más absoluta de que siempre fue con el consentimiento de los clientes. Tanto así es que me han llamado. Tanto es así que si no se resolviera la problemática que hoy está afectando al departamento me voy a hacer cargo desde el punto de vista personal y profesional con el reintegro del monto. Porque en definitiva los escribanos somos depositarios de montos”, agregó.
“Tengo la confianza más absoluta porque mi dinero es ingresado por el BROU. Siempre lo ha sido. Por lo tanto, el monto es pequeño. Lo que a mi me preocupa es la alarma que generó esta situación en particular”, dijo.
Hernández salió a la opinión pública luego que un grupo del Frente Amplio, el Partido Comunista, pidiera que el tema Cambio Nelson fuera analizado en la sesión de la Mesa Política del Frente Amplio de este jueves.
“La intervención de la Mesa Política puede tener dos vertientes. Una de la preocupación y de la postura de la fuerza política. O que lo que ha salido en los medios de alguna manera pueda estar afectando cosa que yo tengo la tranquilidad más absoluta que yo he actuado ajustada a derecho”, indicó.
“No puedo tampoco responsabilizar al Partido Colorado por lo que le está pasando porque en definitiva es un integrante del Partido Colorado que se hará cargo de su punto de vista personal. Voy a seguir creyendo que las diversidades de opiniones de los partidos políticos tiene que estar para pensar en una mejor sociedad. En este país cada uno nos tenemos que hacer cargo y responsables de las acciones. En este caso (Francisco) Sanabria se hará cargo de la responsabilidad que le compete en esta situación tan compleja y dolorosa para el departamento”, agregó.
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4) Habló la mujer a la que le prohibieron abortar en Uruguay: «Ahora voy a ir con todo contra la jueza»
Gisele Sousa Dias (Infobae)
Aunque la ley uruguaya lo permite, una magistrada se lo impidió tras un amparo de su ex pareja. “Él se obsesionó con arruinarme la vida, pero en realidad no quería ser padre”, le dijo a Infobae horas después de perder el embarazo naturalmente.
María —llamémosla así— tiene 24 años y se encarga de los registros médicos y las estadísticas en un sanatorio. Vive en Mercedes, una ciudad uruguaya de apenas 45.000 habitantes, pero esta semana su historia trascendió ese espacio minúsculo y recorrió el mundo. En enero, ella —que tiene un hijo de 5 años— supo que estaba embarazada de un joven al que ya no veía. Pensó durante días si quería seguir o no con el embarazo y decidió hacerse un aborto, una práctica permitida en Uruguay siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación. Pero ese joven con el que ya no salía presentó un amparo judicial, dijo que tenía los medios para hacerse cargo de su hijo y una jueza le prohibió a María abortar. Ésta iba a ser una semana clave: el próximo viernes, María cumplía las 12 semanas de gestación. Pero en la madrugada del jueves perdió el embarazo. La disputa legal se acabó, pero ahora ella está dispuesta a iniciar una nueva batalla.
—¿Qué relación tuviste con el joven que se negó a que abortaras?
—Después de que me separé del padre de mi hijo, quedé bastante arisca. Nunca más quise tener una relación seria. Venía de años muy difíciles porque mi hijo, que ahora tiene 5 años, nació con una malformación congénita y pasé operaciones de 16 horas, estuve ocho meses internada con él, durmiendo en los pasillos. Durante ese tiempo, no sabía si vivía o se moría, fue una tortura psicológica fatal. Muchos años después, cuando el nene empezó a estar mejor, volví de a poco a salir con mis amigas. El año pasado lo conocí a él, es un tipo muy «sexo, drogas y rock and roll», así que no era nada serio. Yo lo veía para distraerme, pero ni de casualidad era para estar en pareja. Es un tipo que gana 12.000 pesos uruguayos al mes (unos 422 dólares) y cuando lo conocí, la madre se pudrió, lo echó de la casa y se fue a vivir con cinco amigos. Es un tipo de 30 años, así, hippie y volátil. No paga el cable, no tiene servicios básicos, no tiene una cama y, como es profesor de Educación Física, comía en las escuelas en las que trabajaba. Se vendió como un padre responsable, pero jamás me dio ni 100 pesos para hacerme una ecografía. ¿Qué padre responsable, si cree que tiene otros hijos por ahí y jamás fue capaz de hacerse un ADN?
Se vendió como un padre responsable, pero jamás me dio ni 100 pesos para hacerme una ecografía. ¿Qué padre responsable, si cree que tiene otros hijos por ahí y jamás fue capaz de hacerse un ADN?
María tenía una lesión en el útero, por eso tomaba unas pastillas anticonceptivas muy fuertes. Eran las mismas que les dan a las mujeres con fibrosis y le empezaron a caer mal. En el transcurso de los seis meses en que mantuvieron una relación «libre», el ginecólogo le recomendó cambiarlas. En ese descalabro, cuenta, quedó embarazada.
—¿Qué pasó cuando le dijiste que estabas embarazada?
—En enero, cuando se lo conté, le dije que iba a pensar bien si lo quería tener o no. El me dijo: «Es tu cuerpo, tomes la decisión que tomes, yo te voy apoyar». Yo no estaba segura porque tenía que pensar si podía mantener a otro hijo o no. La ley uruguaya establece que el padre le tiene que pasar 3.500 pesos al mes (unos 120 dólares) y unos pañales cuestan 600. Por eso tenía que pensar si me podía hacer cargo yo, porque después para que un padre aporte más plata, tenés que iniciar una guerra con abogados. Él era un tipo que cambiaba de planes todo el tiempo, que se iba a vivir a Montevideo, que no. Pero lo mío era distinto: yo sí tengo todo a mi nombre, mantengo a mi hijo y pensaba: «Mirá si es otro embarazo de riesgo». Cuando tomé la decisión, pensé: «Bueno, lo hago y tá». Encima él ya estaba saliendo con otra chica y decía que estaba re enamorado. Pero no.
—¿Y por qué creés que presentó el amparo para impedir que abortaras?
—Él tenía un padre que tenía mil hijos perdidos por ahí y, de repente, se le puso en la cabeza que no quería ser como su padre. Yo creo que él se obsesionó con la idea de arruinarme la vida, pero en verdad no quería ser padre. Y resulta que porque cambió de idea, yo tenía que estar obligada a tenerlo.
—¿Él te dijo que iba a ir a la Justicia?
—No. Cuando tomé la decisión y me sentí segura y decidida, hice todo lo que la ley exige. Me evaluó una psicóloga y asistentes sociales, me explicaron todo y, como marca la ley, me dieron cinco días para pensarlo. Pasó ese tiempo y ratifiqué mi decisión. Después, te ve un ginecólogo y te da la pastilla para hacértelo en tu casa. Tenía turno para el 23 de febrero y el 21 me llegó la notificación de la jueza que me decía que tenía prohibido hacerme un aborto en cualquier lugar del país. Ese mismo día empecé con contracciones y sangrado, me dolía hasta respirar. El médico me dijo que había una amenaza grande de tener un aborto natural. Fui a la emergencia todos los días y todos los días me dijeron «es el estrés que estás pasando».
Este lunes a la madrugada, cuando faltaban días para que se cumpliera el plazo para poder abortar legalmente, María tuvo un aborto espontáneo en el baño de su casa.
-¿Cómo te sentís después del aborto?
-Siento alivio de que fue de forma natural, pero sé que ahora está la sospecha de si fue o no fue así. Tuve que documentar todo, ponerme guantes y poner el feto en un frasco de urocultivo para que le hagan los estudios en anatomía patológica; si no, me metían presa. Seguro ahora este joven me va a demandar, pero en 20 días van a estar los resultados de la anatomía patológica. Pero vamos a ver, yo no sé si ese feto estaba vivo o no. ¿Y si yo me agarraba una bruta infección? ¿Quién se iba a hacer cargo por obligarme a tenerlo?
—¿Qué opinás de la jueza que te prohibió abortar?
—Me genera una indignación total, pero no me asombra. Se llama Pura Concepción y como es devota del Padre Pío, le puso Pío a su hijo. Me indigna porque su trabajo es hacer cumplir una ley que está vigente, que ya se debatió y que fue votada por los uruguayos. La Corte Suprema dice que el caso queda cerrado, pero no, yo ahora voy a ir con todo contra la jueza
—¿Por qué?
—Una decisión así te puede destrozar. Estas semanas fueron terribles, todo el mundo opinando sobre mi cuerpo. Una jueza me obligaba a tenerlo y encima a cargar con la culpa de que luego le dijeran a ese bebé: «Vos naciste porque una jueza lo ordenó, no porque tu madre te quisiera». En estas semanas, escuché comentarios de la gente del tipo «Bueno, si le gustó coger ahora que se haga cargo». Yo no pensé en hacer ninguna locura porque tengo este carácter y esta entereza. Pero yo trabajo en salud y vi a muchas mujeres abortar hasta con perchas; por eso se votó la ley, porque las mujeres se morían. Esta jueza le puso un abogado al feto, cuando en Uruguay está establecido que un ser humano es sujeto de derecho a partir del nacimiento, no de la vida intrauterina. Ella no puede volver atrás con una ley que fue debatida durante años. Por eso le voy a hacer juicio, no quiero que las chiquilinas vuelvan a hacerse esos abortos clandestinos y vuelvan a morirse desangradas, como se morían antes.
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5) Adiós al mercurio
Tomer Urwicz (El País)
El impacto nocivo del mercurio en la salud genera consenso para la reducción del uso de este metal. Aunque está en termómetros y luces, en Uruguay el 82% de la liberación de este tóxico proviene de la única industria de cloro-soda, que fue intimada a modificar la tecnología.
Un niño juega con las pelotitas imantadas que cayeron al suelo cuando se rompió un termómetro de vidrio. Un veterano sale con una amalgama color plata cuando termina la consulta con un dentista. Un obrero transporta una garrafa con cloro que servirá para potabilizar el agua. Y un municipal sustituye una de las viejas lámparas de la ciudad que dejó de funcionar. Cualquiera de ellas parecen actividades inofensivas y hasta cotidianas, pero hoy constituyen un serio riesgo. El mercurio, ese químico conocido como plata líquida y que está presente en productos y procesos industriales, tiene los días contados. Su contacto con la piel o inhalación, porque se volatiliza a temperatura ambiente, es nocivo para el sistema nervioso central.
El riesgo potencial llevó a que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) clausurase un área de tres hectáreas, en Ciudad del Plata, por la concentración de mercurio «en valores superiores a los normales». Se trata de un viejo espacio de almacenamiento de Efice, la centenaria fábrica uruguaya de cloro-soda. Aunque la empresa aclara que este espacio está en desuso, arrastra los vestigios de un modelo productivo menos cuidadoso. De hecho, la planta contaba con un tubo subterráneo que pasaba por debajo de la vieja Ruta 1 y que vertía los residuos al río. Esa zona es, además, parte de una franja de humedales que desde febrero de 2015 está bajo protección especial.
La industria de cloro-soda libera el 82% del mercurio que, se estima, circula en Uruguay. Para separar el cloro de la soda cáustica, dos productos que son materia prima de artículos de limpieza y de la industria alimenticia, se necesita de un choque eléctrico. La forma tradicional para esa reacción consiste en usar mercurio, que cumple la función de un polo negativo (cátodo). Por esto Efice compra unos 2.500 kilos del metal líquido que se traen desde México y que duran «un par de años», lo acumula en celdas herméticas y lo va usando a demanda. Al menos hasta ahora, porque en setiembre del año pasado la Dinama intimó a la empresa a que dé por finalizado este sistema productivo y se ciña a las nuevas tecnologías.
Según Alejandro Infanzón, gerente de operativa de la compañía, ya estaba previsto un cambio de tecnología y un megaproyecto de US$ 300 millones, convirtiéndose en el emprendimiento privado más ambicioso de capitales uruguayos. Y como prueba de su preocupación por el posible impacto del mercurio, dice, la empresa realizó diversos análisis de orina a sus trabajadores y no se encontraron niveles «significativos» del metal.
Aún no existen estudios que midan el impacto del mercurio en la población uruguaya en general, sobre todo en las embarazadas y recién nacidos, que son la población más vulnerable. Sí hay un proyecto en marcha con parte de los usuarios de ASSE, cuyos primeros resultados estarán dentro de un año.
La falta de exámenes rigurosos, también a nivel ambiental, es una de las quejas del biólogo Javier García Alonso. Según este investigador del Centro Universitario de la Región Este (CURE), en las playas de Montevideo hay 60 veces más presencia de mercurio que en el resto de la costa, sin embargo la intendencia capitalina «no tiene registros similares porque analiza el agua y no los sedimentos». García Alonso explica que «las propias estufas en que se buscan agentes contaminantes hacen que el mercurio se volatilice y sea indetectable».
Para García Alonso «es imposible» saber si Uruguay está mejor o peor en esta materia, sencillamente «porque no hay registros». Del mismo modo, señala que los pescados contaminados con mercurio en 2013, y que causaron «alarma» en el mercado de Estados Unidos, «probablemente fueron pescados a miles de kilómetros de la costa uruguaya».
El consenso.
Cada vez que surge un debate sobre el efecto contaminante de un químico, los discursos se polarizan aunque no haya una verdad científica absoluta. Pero en el caso del mercurio el consenso reina. Ya hace cuatro años que se firmó un acuerdo internacional en que se insta a los países a eliminar la explotación primaria de este metal y una progresiva reducción del producto circulante. Lleva el nombre de Convenio de Minamata, en referencia a la localidad japonesa que había sido contaminada por mercurio y que se había constituido en la «peor contaminación» tras la Segunda Guerra Mundial.
Uruguay fue uno de los promotores del acuerdo, liderado por el hoy embajador en China Fernando Lugris, y fue el segundo miembro en ratificar el texto. Esa ley, ya vigente, establece una agenda de cambios que, para 2020, promete eliminar «por lo menos 3.302 kilos de mercurio», señala el plan de trabajo oficial.
La movida comenzó con la sustitución de algunos productos que usaban mercurio, pero cuyas alternativas ya están avaladas y no son costosas. El ejemplo más práctico es la sustitución de termómetros de mercurio por los digitales. Estos últimos «incluso duran más porque solo hay que cambiarles las pilas cada uno o dos años», dice el ingeniero Martín Benzo.
Históricamente, el mercurio ha sido uno de los elementos más usados para equipos de medición. Es un metal líquido sensible a los cambios de presión y temperatura. Cuando se comprime o dilata es reflejo de un cambio que rápidamente puede ser interpretado por el humano. Otro cambio sencillo, aunque más lento y costoso, es la sustitución de las lámparas de mercurio que tienen una vida útil de 7.000 horas y que eran el 45% de la luminaria de Montevideo en 2015.
Una preocupación de la ambientalista María Isabel Cárcamo es que se siga usando las amalgamas dentales de mercurio. Si bien está habiendo un cambio «por razones estéticas», Cárcamo advierte que en «salud pública» se sigue con este material que implica el 15% de las emisiones de mercurio en el país. Por eso insiste en que el verdadero cambio «debe darse en todos los sectores, porque todo influye».
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