1) Familiares pide destitución de comandante del Ejército por dar información falsa
2) Impuesto a jubilaciones de oficiales para paliar déficit de Caja Militar
3) Citan a Sendic, Kreimerman y a Ortuño en juicio a Ancap
4) Jutep: Bascou tomó decisiones que le generaron “beneficio económico”
5) Oposición venezolana pone freno a la obsesión anti-Maduro de Almagro
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2154 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 1º de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Familiares pide destitución de comandante del Ejército por dar información falsa
(La Diaria)
El 20 de setiembre, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en la sede de la cartera. En el encuentro participaron también Ademar Olivera y Mario Cayota en representación del Grupo por Verdad y Justicia. Allí, Manini Ríos aportó un plano de un lugar donde presuntamente estaba enterrado el cuerpo de un desaparecido o desaparecida, en una chacra de tres hectáreas en Pajas Blancas, perteneciente a Artillería Nº 1. Cuando los antropólogos le pidieron el dato de la fuente que le había proporcionado esa información, para precisarla y calibrar su veracidad, Manini Ríos se negó a darlo.
El 1º de noviembre, ya en conocimiento de la información, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le envió una carta al presidente Tabaré Vázquez, en la que le solicitaba una entrevista por este tema. En la misiva expresaban su “preocupación e inquietud natural” por la noticia, teniendo en cuenta lo sucedido con las excavaciones para encontrar el cuerpo de María Claudia García de Gelman, cuando se probó que las pistas aportadas por los militares eran falsas. En la carta, Familiares advirtió que los resultados de estas excavaciones en Pajas Blancas “deben tener repercusiones”, teniendo en cuenta que quien aportó el dato fue “quien puede y debe ejercer el mando para aportar la información que demandamos desde siempre”. “Si este dato es cierto, deberían seguirle muchos más. ¿Y si no lo fuera? ¿No debería haber lógicas consecuencias?”, inquirieron los familiares en la carta, que no fue respondida por Vázquez.
Luego de dos inspecciones en la chacra de Pajas Blancas, el martes de la semana pasada comenzaron las excavaciones en el lugar indicado, que incluso se amplió para contemplar errores. Se realizaron 81 trincheras de entre 1,2 y 1,8 metros de profundidad. Los antropólogos no hallaron nada, y así lo comunicaron el viernes 24. Llegaron a la conclusión, además, de que el terreno allí era virgen y no presentaba rastros de haber sido alterado.
Otra burla
Madres y Familiares convocaron ayer a una conferencia de prensa para denunciar la “burla” a toda la sociedad y la “bofetada a la institucionalidad” que significa este nuevo dato falso. “Hacemos esta denuncia con dolor, pues para la sociedad uruguaya hubiera sido un gesto positivo que el comandante de la institución responsable de los asesinatos y desapariciones reforzara el camino democrático aportando a la verdad y a la entrega de los desaparecidos, que las Fuerzas Armadas aún hoy mantienen secuestrados. No fue así, por lo tanto exigimos consecuencias y sanciones para esta nueva mentira”, señala el comunicado de la organización, que fue leído por Elena Zaffaroni.
Familiares sostiene que las Fuerzas Armadas demuestran “una vez más que no están dispuestas a cambiar de rumbo, preocupadas únicamente en defender sus privilegios”, e “incumplen con el mandato de aportar información para avanzar en la verdad sobre sus crímenes enmarcados en la etapa del terrorismo de Estado”. Zaffaroni afirmó en la conferencia de prensa que los militares tienen la información del paradero de los desaparecidos, y que una prueba de ello es que entregaron “un plano exacto y perfecto” del lugar de enterramiento del escribano Fernando Miranda. “En la cadena de mandos, el comandante en jefe tiene la potestad de exigir esa investigación interna. No sabemos si nos miente él o asume la mentira institucional que le hacen a él, pero la asume, porque no permite chequear la fuente, no da los pasos para que los antropólogos hagan su trabajo como habitualmente lo hacen cuando llega una información anónima”, remarcó Zaffaroni. “Se presentó con una mentira, o sea que asume todas esas consecuencias”, agregó.
Familiares solicitó la “remoción inmediata del general Manini Ríos, en el entendido de que quien ocupe ese cargo debe estar dispuesto a romper decididamente con el pasado”, asumiendo la responsabilidad que tuvieron las Fuerzas Armadas “en la instrumentación y ejecución del terrorismo de Estado”.
Al mismo tiempo, exigieron al Poder Legislativo que “encare con seriedad la transformación profunda de las Fuerzas Armadas”, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, “para que abandone de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional que permanece como guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”. También reclamó al Poder Judicial que “asuma la conciencia de la pérdida del rumbo a la que someten a una sociedad cuando no juzgan los delitos de Estado, declarando por ejemplo prescriptibles los delitos de lesa humanidad”. Finalmente, exigió que “la burla no quede impune” y denunció que todo el Estado es cómplice de la impunidad.
Esperando
Felipe Michelini, integrante del Grupo Verdad y Justicia, dijo a la diaria que el grupo se reunirá para hacer una evaluación de la situación, y hasta tanto no adelantará valoraciones. Se limitó a señalar que seguirán trabajando para cumplir su mandato en relación a los detenidos desaparecidos.
Menéndez dijo el miércoles a la prensa que para el gobierno “el tema de la verdad es un tema permanente”. “No hay futuro en este país sin verdad, no hay pasado sin memoria y, por lo tanto, pienso que Uruguay debe encontrar a los desaparecidos. Es un gran debe que tiene nuestra sociedad”, manifestó. Aunque no quiso adelantar opinión sobre las repercusiones que tendrá el dato falso aportado por Manini Ríos, señaló que para el ministerio “la lealtad institucional es un elemento esencial”.
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2) Impuesto a jubilaciones de oficiales para paliar déficit de Caja Militar
(La Diaria)
Sólo con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley que establece una “prestación pecuniaria coactiva” a las jubilaciones y pensiones militares más altas. El Poder Ejecutivo impulsó esta medida con el objetivo de paliar el déficit del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que asciende aproximadamente a 480 millones de dólares anuales. La medida es complementaria a la reforma de la Caja Militar, que está a estudio del Parlamento y es transitoria: tendrá una duración de 18 meses. Afecta a 20% de las jubilaciones militares más altas, las superiores a 50.000 pesos, y lo recaudado será destinado a la Caja Militar.
Los senadores nacionalistas Javier García y Luis Alberto Heber acusaron al Frente Amplio (FA) de “revanchismo” contra los militares. “Este es un castigo a quienes sirvieron a la patria”, cuestionó Heber. Consideró que la dictadura militar fue un “exceso”, pero se preguntó “qué tiene que ver [eso] con hacer culpables a los militares de hoy de lo que pasó ayer”. “Nuestro partido no tiene ni odio de clase ni odio institucional”, sentenció. El senador frenteamplista Carlos Baráibar le contestó que no se trataba de revanchismo; recordó que él fue secretario del general Liber Seregni, que era un militar, y que el objetivo de esta medida es simplemente paliar un déficit crónico.
Heber afirmó que los militares están mejor considerados por la población que los políticos y opinó que el impuesto es una “injusticia” que el gobierno comete por “no haber administrado bien”.
García afirmó que hay sectores del gobierno que “estigmatizan” a las Fuerzas Armadas y cuestionó a la senadora frenteamplista Constanza Moreira por decir que hay legisladores de la oposición que están “presionados por las armas”, según manifestó García. “Sabe que no es verdad”, sentenció. “Yo no acuso a nadie, hago reflexiones sobre la capacidad disuasoria de las Fuerzas Armadas para que no restrinjan su presupuesto”, le contestó Moreira.
El senador colorado Pedro Bordaberry consideró que la medida es una rebaja de las jubilaciones y que, por lo tanto, es inconstitucional. En el mismo sentido se manifestó el senador suplente del Partido Independiente Conrado Ramos, que votó en contra del impuesto.
Los legisladores frenteamplistas hicieron hincapié en los beneficios jubilatorios que tienen los militares y que no tienen otros trabajadores. “Las jubilaciones del régimen militar no tienen tope. Podrán no gustarnos los topes, pero el resto del sistema sí los tiene. ¿Qué justifica que la Caja Militar no los tenga?”, escribió Moreira en su Twitter. Recordó que la edad promedio de retiro por el Banco de Previsión Social es de 63 años, mientras que entre los militares la edad de retiro voluntario es de 48 y la edad promedio de retiro obligatorio es de 51. “Hay razones económicas y de justicia”, concluyó la senadora del FA.
Moreira sostuvo que “eliminar privilegios trae costos políticos y electorales”. “Alguien tiene que pagarlos y es claro que la oposición no quiere hacerlo. La oposición refiere a reducir el costo del Estado, pero cuando llegan propuestas que refieren a las Fuerzas Armadas, sólo hablan de aumentar el gasto público”, cuestionó.
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3) Citan a Sendic, Kreimerman y a Ortuño en juicio a Ancap
Eduardo Barrenecha (El País)
Estos uruguayos es la tercera vez que vienen; nos piden quitas de la deuda que tienen con nosotros por ventas de petróleo. Nosotros perdemos y ellos ganan". Esa frase la dijo el director de Servicios Jurídicos de Pdvsa, Abraham Ortega, a ejecutivos de la multinacional de intermediación financiera Exor. En un despacho cercano, se encontraba el entonces director de Ancap, José Coya, y la gerente Económico-Financiera interina del ente, quien desde abril de 2011 pretendía acordar con la petrolera una cancelación anticipada de deuda que oscilaba en US$ 823 millones por compras de crudo.
Ortega preguntó a los ejecutivos de EXOR: "¿Tienen interés en intermediar en una deuda pequeña? Pueden utilizar la ingeniería financiera que usaron con otros países deudores de Pdvsa". Así se inició el primero de los tres negocios entre Ancap y EXOR International. Según esa empresa, en ninguno de los tres Ancap cumplió y, en dos de ellos (2012 y 2014), el ente utilizó la ingeniería financiera propiedad de EXOR, señala la demanda civil por US$ 34 millones iniciada por la compañía a Ancap por daños y perjuicios a la que tuvo acceso El País.
El martes 28, el juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Waldemar Aguirre, ordenó que la oficina actuaria dispusiese para el próximo lunes las citaciones del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, el exministro de Industria, Roberto Kreimerman, el exsubsecretario de dicha cartera, Edgardo Ortuño, el gerente de Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi, y el representante local de la empresa paraguaya EXOR International, Alejandro Steineck. Al día siguiente, declarará Coya y otras tres personas vinculadas al organismo estatal.
El decreto del juez Aguirre ordena la citación para el lunes 11 de otras cuatro personas también relacionadas con el ente. En marzo de este año, cuando Sendic aún ocupaba el cargo de vicepresidente de la República, el juez Aguirre resolvió enviar un interrogatorio por escrito al entonces funcionario con preguntas realizadas por todas las partes. Como Sendic era el vicepresidente, el magistrado tramitó el pedido a través de la Suprema Corte de Justicia.
En una resolución fechada el jueves 23, Aguirre advirtió a la oficina actuaria que correspondía dejar sin efecto la declaración por escrito de Sendic, ya que este renunció al cargo de vicepresidente de la República. A juicio del juez, Sendic debe declarar en forma personal puesto que carece de fueros parlamentarios al haber renunciado a su banca.
El 15 de marzo de este año, EXOR International inició la demanda civil contra Ancap por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de contratos. En la demanda, la multinacional señala que ha hecho "un trabajo excelente" en todas las operaciones que realizó con Ancap, y agrega que atendió todas las necesidades de su cliente que inicialmente pretendía un descuento de US$ 100 millones y EXOR obtuvo en la primera operación una rebaja de US$ 313 millones sobre una deuda corriente de US$ 830 millones. Es decir, Ancap canceló la deuda con Pdvsa pagando US$ 517 millones. En la segunda operativa nuevamente EXOR logró más descuento para Ancap del que el contrato obligaba, que era del 28%, pasándolo al 38%, con esto Ancap pagó US$ 263 millones de los US$ 423:.
Según la empresa, en esta ocasión la rebaja total lograda por el ente uruguayo fue US$ 160 millones. "Nosotros gestionamos para Ancap un ahorro entre las dos operaciones de US$ 473 millones sobre una deuda global de US$ 1.253 millones", señaló a El País una fuente de la multinacional. En Uruguay, EXOR International es representada por el abogado Nicolás Brause en el juicio civil, y en la esfera penal por los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada.
Tercer incumplimiento.
Mientras el juicio civil continuaba en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Coya llamó en 2014 al director de EXOR para el Cono Sur, César Addario, para lograr una transacción. Tras negociar por unos días, ambas partes firmaron un tercer acuerdo. Ancap le pagaría US$ 3.600.000 en cuatro cuotas iguales.
EXOR firmó el acuerdo con Ancap con el propósito de recuperar gastos perdidos en los otros dos negocios y con la promesa de realizar otras tareas para el ente. Sin embargo, el organismo no pagó las cuotas. La actual presidenta de Ancap, Marta Jara, transmitió a Addario que no iba a pagar lo reclamado por EXOR y que iba a esperar la dilucidación del juicio civil realizado por la empresa a la petrolera uruguaya.
Fiscal Pacheco pide a Jutep que se expida
Luego que renunció a la vicepresidencia de la República y al subsidio, Raúl Sendic se quedó sin ingresos. El 25 de octubre de este año, cuando concurrió al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para declarar sobre eventuales irregularidades durante su gestión al frente de Ancap (2010-2015), Sendic dijo a la jueza especializada, Beatriz Larrieu, y al fiscal especializado, Luis Pacheco, que estaba desempleado. Fuentes de la Lista 711 dijeron a El País que el sector pagará ingresos a Sendic para que pueda mantenerse.
En la esfera penal, el fiscal Pacheco pidió el 31 de octubre a la jueza Larrieu que solicite a la Jutep que se expida sobre el contrato entre Ancap y la empresa de intermediación holandesa por negocios por crudo con Petroecuador. Trafigura es acusada de corrupción en varios países. Pacheco pretende saber si Ancap "actuó fuera del marco de las normas sobre contratación pública; específicamente si se entiende que debió llamarse a procedimiento licitatorio para la selección de la empresa co- contratante (Trafigura) para la intermediación en el previo contrato de Ancap con Petroecuador".
Con respecto al acuerdo firmado el 11 de diciembre entre Ancap y EXOR, Pacheco también quiere saber si el ente debió llamar a una licitación para la selección de una empresa que elaborara una propuesta de ingeniería financiera a presentar por Ancap ante las autoridades de Pdvsa para la cancelación anticipada de la deuda que mantenía con aquella.
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4) Jutep: Bascou tomó decisiones que le generaron “beneficio económico”
(180)
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un informe por las compras de combustible de la administración de Agustín Bascou en la Intendencia de Soriano a las estaciones de servicio de las que es dueño.
"En su carácter de intendente adoptó decisiones y firmó convenios que generaron y/o pudieron generar beneficios económicos a las estaciones de servicio propiedad de las sociedades comerciales que integraba", señaló la Jutep en su informe publicado este martes.
Bascou fue quien decidió renovar el contrato que incorporaba a la intendencia al Sisconve, lo cual "generó beneficios económicos para las estaciones de servicios en las que la Intendencia cargaba combustible adquirido a Ancap, y en particular para las tres estaciones en cuyas sociedades propietarias tenía participación el Sr. Bascou".
La Jutep dio la razón al intendente nacionalista en que estas condiciones no implicaron en ningún caso pérdida de dinero para la Intendencia. Sin embargo aclaró que "el eventual perjuicio al Estado" es uno de los elementos a evaluar pero "no es el único" y por ello las normas castigan el provecho económico "se haya consumado o no un daño al Estado".
"La situación planteada generó un beneficio económico para el Sr. Bascou, su cónyuge y sus socios en Radial Mercedes Ltda. e Ilanir S.A.", dice el informe firmado por el presidente Ricardo Gil, el vicepresidente Daniel Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez.
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5) Oposición venezolana pone freno a la obsesión anti-Maduro de Almagro
(Caras y Caretas)
La oposición venezolana salió al cruce de declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se molestó con la MUD por retomar diálogo con el gobierno liderado por Nicolás Maduro.
Luego que el gobierno venezolano liderado por el presidente Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) informaran que se sentarán a negociar el 1 de diciembre en República Dominicana, lo que fue interpretado como un claro signo de acercamiento de ambas partes para llegar a un acuerdo que permita el normal transcurso de la vida política en el país caribeño, el secretario general de la OEA, Luis Almagro dijo que “sabemos que algunos sectores de la MUD no representan a la oposición venezolana”, intento de crear discordia en ese bloque.
Las infelices declaraciones de Almagro, obligaron a la MUD a publicar una carta pública de reprobación, donde luego de “saludar” la “preocupación” del secretario general de la OEA, le recuerdan “la contundente aprobación mayoritaria en la Asamblea General” a favor del “acuerdo de la consulta nacional para el rescate de los derechos a través de un proceso de negociación”, el que fue aprobado por 82 votos a favor y 3 en contra, dejando claro que “la casi totalidad del Parlamento Nacional” respalda la negociación.
Por supuesto que, en su globalidad, la carta se deshace en halagos para con Almagro, pero puntualmente le pone un freno. Es que resulta casi inexplicable cómo Almagro se mete sin ningún tapujo en la interna de un país, a tal punto que parece querer que, bajo ningún concepto, lleguen a un acuerdo los sectores enfrentados, y está dispuesto a impedir cualquier tipo de acercamiento. Increíble, pero cierto: el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, es el líder más radical que tiene la oposición venezolana. Tan radical que hasta al MUD le está molestando.
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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