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MEGA MINERÍA MEGA SECRETA

1) El gobierno apeló decisión que lo obliga a informar sobre Aratirí
2) APU defiende Ley de medios y responde críticas de Andebu
3) Urgencias climáticas depositan sus esperanzas en Lima
4) Venezuela: 10 medidas para disminuir los homicidios
5) Tulio Halperín Donghi (1926-2014) El historiador latinoamericano
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COMCOSUR INFORMA
AÑO 14 – No. 1598 / Jueves 20 de Noviembre de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014 – 20 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
MÉXICO: Itzel Ibargoyen (México DF)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo)
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La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR

URUGUAY
1) El gobierno apeló decisión que lo obliga a informar sobre Aratirí
El Ministerio de Industria, Energía y Minería apeló ayer la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que le había ordenado divulgar el proyecto de explotación que le presentó la minera Aratirí. Ambientalistas dicen que no debería ser un secreto el tamaño de los cráteres.

2) APU defiende Ley de medios y responde críticas de Andebu
El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió una declaración de apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que se impulsa desde el gobierno,

CAMBIO CLIMÁTICO
3) Urgencias climáticas depositan sus esperanzas en Lima
Falta muy poco para que venza el plazo: según lo estipulado, la firma del nuevo acuerdo que mantenga el recalentamiento planetario en menos de dos grados

VENEZUELA
4) 10 medidas para disminuir los homicidios
No existen recetas mágicas para resolver ningún problema complejo. Pero, el conjunto de medidas que aquí se enumera, ha dado buenos resultados en otras latitudes.

ARGENTINA
5) Tulio Halperín Donghi (1926-2014) El historiador latinoamericano
Tulio Halperín Donghi es referencia obligada para muchísimas generaciones de historiadores e incluso de simples aficionados a la disciplina, ya que sus estudios han trascendido lo exclusivo de la materia
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URUGUAY
1) El gobierno apeló decisión que lo obliga a informar sobre Aratirí
Juan Pablo Correa (El País)

Ambientalistas dicen que no debería ser un secreto el tamaño de los cráteres.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería apeló ayer la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que le había ordenado divulgar el proyecto de explotación que le presentó la minera Aratirí. El pasado lunes 10 de noviembre el magistrado le había dado al ministerio 15 días para divulgar el proyecto de inversión, incluyendo el plan de cierre de las cinco minas de hierro que planea explotar en la zona de Valentines.

El movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, había presentado la solicitud de acceso a la información. A partir de la notificación de la apelación, este movimiento tiene un plazo de 3 días para realizar sus descargos y luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 para dictar una sentencia definitiva, detalló a El País Martín Prats, abogado que asesora al movimiento y que integra la organización no gubernamental Cainfo. Esta organización está especializada en acciones de solicitud de acceso a la información pública. El País intentó sin éxito obtener la versión del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Una decisión de la cartera del 10 de junio hizo lugar a un pedido de Aratirí para que se considerara secreta la información vinculada, entre otros aspectos, a la descripción e interpretación geológica de los yacimientos, las metodologías de diseño de mallas de perforación, la obtención y preparación de muestras, los métodos analíticos, los controles de calidad de la base de datos, los detalles de las metodologías de determinación de recursos y reservas, las dimensiones y etapas de desarrollo de las minas los criterios y la metodología de selección de maquinaria y equipos.

Argumentos.

La empresa también pretende mantener en reserva el plan de cierre de los cinco yacimientos, los detalles de la construcción del mineroducto que transportaría el hierro extraído a las costas de Rocha, los volúmenes de producción y las dimensiones de las montañas de «estéril» (es decir el mineral que se extraería y que quedaría al lado de los cráteres). Los ambientalistas sostienen que las acumulaciones de «estériles» de hasta 100 metros de altura que quedarán al lado de cada uno de los cinco pozos, nunca podrán ser totalmente cubiertas de materia orgánica y por lo tanto la lluvia y el viento esparcirán los metales a puntos distantes con efectos ambientales negativos. Las montañas de estériles ocuparán entre 186 y 931 hectáreas, según el yacimiento de que se trate.

Víctor Bacchetta, el integrante del movimiento Uruguay Libre que solicitó la información del proyecto, dijo a El País que no es aceptable que no se quiera informar sobre el alto de las acumulaciones de estériles o las dimensiones que tendrán los cráteres. «El Estado se da el derecho de ocultar información con cualquier triquiñuela y es algo que no podemos aceptar», sostuvo Bacchetta. El juez Martínez había establecido como única limitación que el ministerio podría mantener en reserva información vinculada al «secreto industrial o comercial», posibilidad que la normativa vigente contempla.

La representación ministerial insistió en su argumentación, que los demandantes pretendían «que sea ahora el Poder Judicial quien se pronuncie sobre un extremo que es de resorte de la Administración, lo cual podría determinar que se produjera un apartamiento del principio de separación de poderes constitucionalmente establecido». El juez se limitó a solicitar que el ministerio aclarara si había o no decisión sobre la solicitud de acceso a la información. A esto respondió el ministerio que no había resolución firmada.

Por su parte, Prats había argumentado que la información requerida «refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que fueron citadas en la demanda, así como disposiciones constitucionales y la propia Ley de Minería de Gran Porte relacionada específicamente con este caso».

El juez no hizo lugar a una solicitud del MIEM para que se convocara a Aratirí a fin de fundamentar la confidencialidad por entender que era una propuesta improcedente. En su opinión, es el Estado el que está obligado a definir qué información debe ser reservada y cuál no debe serlo.

Fuentes al tanto de las discusiones señalaron que la empresa argumenta que invirtió alrededor de US$ 200 millones en investigación y desarrollo y que no puede «alegremente» facilitar información sobre cuál es el volumen de mineral de hierro que pretende extraer y la calidad del mismo. Las fuentes también señalaron que parte de la información a la que pretenden acceder los activistas trascendió a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Los ambientalistas sostienen que la información que maneja la Dirección Nacional de Minería y Geología del MIEM puede tener algunas diferencias con la de la Dinama, posibilidad que la empresa rechaza de plano.

Por otra parte, los ambientalistas manejan la información de que la empresa anunció que dejará de pagar el denominado «canon de superficie» (para prospección, exploración o extracción) a los productores de la zona de Valentines donde están los cinco yacimientos de hierro que pretende comenzar a explotar, pero la información no pudo ser confirmada en el gobierno.

En Aratirí todavía creen que hay posibilidades de firmar

Mientras Aratirí y el gobierno continúan negociando un contrato a 20 años (tienen para hacerlo un plazo que vence el 28 de noviembre pero se puede prorrogar hasta el 28 de febrero), el precio del hierro sigue a la baja. De todas formas, las tratativas continúan y en la empresa todavía hay optimismo respecto a la posibilidad de que se pueda llegar a un entendimiento. En el último año el desplome del hierro fue notorio. El mineral de hierro terminó octubre de 2013 a US$ 130 y el mismo mes de 2014 a US$ 80. La empresa brasileña Vale do Rio Doce, la principal productora a nivel mundial de hierro vaticinó que en 2015 el precio de la tonelada podría caer incluso por debajo de US$ 60.

Aratirí sostiene que necesita que el mineral no baje de US$ 100 para que su proyecto sea rentable. La floja demanda de los fabricantes de acero es lo que ha llevado al hierro a sus precios más bajos en los últimos cinco años. Los principales actores del mercado del hierro como Vale, Riotinto y BHP están incrementando su capacidad de producción, lo que deprime los precios, y están recortando costos. También contribuye a la baja el enlentecimiento del crecimiento chino que coincidió con un fuerte incremento de la producción australiana.

La magnitud de la caída sorprendió a las propias empresas mineras. En abril José Carlos Martins, entonces responsable de las operaciones de hierro de Vale, había dicho que en los próximos meses el hierro rondaría los US$ 105. No ocurrió y hoy ronda los US$ 79. Los analistas comienzan a creer que los bajos precios de las materias primas llegaron para quedarse y que el «boom» en su precio quedó atrás. Quedó lejos el «pico» al que había llegado el hierro en febrero de 2011: US$ 187.

Dudas respecto a Brasil

Los ambientalistas que se oponen a Aratirí advierten que la experiencia en Brasil con Zamin Ferrous (su empresa madre) es negativa y ha desembocado en conflictividad laboral y en desvío de mineral que debió ser exportado y tuvo otros destinos, dijo Raúl Viñas, uno de los referentes del movimiento Uruguay Libre. «Con la minería no hay marcha atrás. Uruguay, pensando en el futuro, no debe tener este tipo de minería», sostuvo.

La firma del contrato con Aratirí estaba prevista originalmente para fines del año pasado. La oposición cree que no puede suscribirse sin autorizaciones ambientales pero el gobierno entiende que sí. La empresa ha asegurado al gobierno que puede constituir garantías cumpliendo con lo establecido en la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013.

Blancos y el PERI critican al gobierno por no querer informar de Aratirí

Políticos de la oposición cuestionaron al gobierno por apelar fallo que lo obliga a informar sobre el proyecto minero. Aseguran que viola la Constitución y se preguntan ¿por qué tanto oscurantismo?

Senadores y diputados blancos y el Partido Ecologista criticaron al gobierno en Twitter por apelar la decisión judicial que lo obliga a divulgar el proyecto de explotación que le presentó la minera Aratirí. El Ministerio de Industria, Energía y Minería apeló ayer la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que le había ordenado divulgar el proyecto de explotación que le presentó la minera Aratirí.

El movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, había presentado la solicitud de acceso a la información. A partir de la notificación de la apelación, este movimiento tiene un plazo de 3 días para realizar sus descargos y luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 para dictar una sentencia definitiva, detalló a El País Martín Prats, abogado que asesora al movimiento y que integra la organización no gubernamental Cainfo. Esta organización está especializada en acciones de solicitud de acceso a la información pública.

El País intentó sin éxito obtener la versión del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El senador Luis Alberto Heber, presidente del Directorio del Partido Nacional, afirmó hoy en Twitter que al negarse a dar información sobre esta iniciativa minera el gobierno viola la Constitución y convenciones internacionales:
COMCOSUR INFORMA Nº 1598 – 20/11/2014
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URUGUAY
2) APU defiende Ley de medios y responde críticas de Andebu
(La Diaria)

El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió una declaración de apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que se impulsa desde el gobierno, en la que “celebra” el anuncio de la aprobación final de la norma. Además, la declaración cuestiona los recientes dichos del presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), Pedro Abuchalja, quien dijo hace días que “los regímenes autoritarios son los que tienen ley de medios” y calificó al proyecto como una “ley mordaza”.

APU responde a la gremial que reúne a las patronales de los medios de comunicación audiovisuales que la ley SCA no es una “ley mordaza” y que tampoco afecta la libertad de expresión. “Al contrario, el texto garantiza en varios artículos la libertad de expresión, uno de los principales objetivos que tiene la APU desde su fundación hace 70 años. Así se establece en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 y 24. En esos artículos se prohíbe la censura previa y se asegura la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial”, continúa el comunicado.

Además, APU considera que en el capítulo referido a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la protección que se establece “tiene en cuenta la normativa nacional e internacional” y busca que los medios “tomen recaudos a la hora de emitir imágenes de violencia excesiva si están dentro del horario de protección al menor”, algo que para el gremio no implica “en ningún modo” que no puedan informar sobre los hechos. En lo que refiere al trabajo de los periodistas, el comunicado destaca que en el capítulo V del proyecto de ley se propone la herramienta de objeción de conciencia, considerada “fundamental” por el gremio. Por esa disposición los periodistas “tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.

El texto elaborado por la directiva de APU también hace referencia a la disposición del articulado, que plantea que eventos de interés general, como los partidos de fútbol y básquetbol de las selecciones nacionales en “instancias definitorias”, sean emitidos por medios públicos en forma gratuita, “como sucede en países desarrollados”. Además, destaca los estímulos a la producción nacional, la creación de una defensoría de la audiencia y el establecimiento de “garantías para promover la diversidad y evitar los monopolios y oligopolios”.

APU menciona especialmente que el proyecto de la ley SCA fue elogiado por el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, y por la anterior y el actual relator en la temática de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero y Edison Lanza, respectivamente. APU considera también que “la normativa que se busca aprobar en Uruguay no es algo aislado en el mundo. En América Latina -con distintos énfasis- hay leyes en Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, también en Europa y Estados Unidos”. En los próximos días se espera un pronunciamiento de apoyo a la ley SCA de la Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por la Universidad de la República y diversos actores de la sociedad civil.

En letra

El proyecto de ley SCA incorpora, entre otros temas, un capítulo para la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la última versión del proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores, cuando se informe sobre hechos delictivos que los involucren o de la discusión de su tutela, guarda, patria potestad o filiación, “los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su individualización”, al tiempo que se delimita el horario de protección al menor entre las 6.00 y las 22.00.

En materia de concentración de medios, establece que “una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias”. El proyecto establece que al menos 60% de la programación de los canales privados y públicos deben ser promociones o coproducciones nacionales.

El articulado también prevé la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual, vinculado administrativamente con el Ministerio de Industria pero con autonomía técnica, que controlará y promoverá el contenido de la ley. Estará integrado por cinco miembros, cuatro de ellos designados por la Asamblea General por mayorías especiales “sobre propuesta fundada en las condiciones personales, funcionales y técnicas”, y un quinto nombrado por el Poder Ejecutivo.

Una de las modificaciones que introdujo la bancada oficialista en la Cámara de Senadores es la incorporación de un procedimiento para que aquellos titulares de servicios de comunicación audiovisual que hayan sido sancionados y se sientan afectados puedan recurrir a la Justicia ordinaria. Se trata de un proceso denominado “Acción de protección de los derechos en la comunicación”, que establece que la persona física o jurídica afectada por una sanción -por incumplimientos relativos a las disposiciones sobre no discriminación, sobre el derecho a la privacidad de los niños y adolescentes y el respeto al horario de protección al menor- podrá recurrir a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, que deberán pronunciarse en un plazo definido en la ley. Su decisión, en caso de que confirme la sanción, será apelable.

La ley establece un precio por el uso del espectro radioeléctrico, que varía en función de si es radio o televisión y del alcance del medio. Por ejemplo, en el caso de los canales de televisión abierta del área metropolitana, deberán pagar mensualmente cerca de 250.000 pesos (poco más de 10.000 dólares). Las radios del interior del país están exoneradas del pago.

COMCOSUR INFORMA Nº 1598 – 20/11/2014
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CAMBIO CLIMÁTICO
3) Urgencias climáticas depositan sus esperanzas en Lima
Stephen Leahy (Tierramérica)

En diciembre, 195 naciones más la Unión Europea participarán en la crucial 20 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), que se desarrollará en Lima y donde debe presentarse el primer borrador completo de un nuevo acuerdo mundial sobre el clima. Sin embargo, esto es como escribir un libro con 196 autores. Tras cinco años de negociaciones, hay apenas un esbozo del acuerdo y el primer diseño de un par de “capítulos”.

Falta muy poco para que venza el plazo: según lo estipulado, la firma del nuevo acuerdo que mantenga el recalentamiento planetario en menos de dos grados debe concretarse en diciembre de 2015 en París, precedida de la COP 20 en Lima los 12 primeros días de diciembre. La ciencia climática tiene claro que las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) deberán empezar a disminuir antes de 2020. Si no, impedir que el recalentamiento planetario supere dos grados será extremadamente costoso y difícil.

“En Lima habrá que hacer una enorme cantidad de trabajo”, dijo Erika Rosenthal, abogada de la organización Earthjustice, dedicada al derecho ambiental, y también asesora de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares(Aosis, en inglés). “Quedará poco tiempo después de Lima, y París no puede fracasar”, señaló a Tierramérica. La conferencia de “París será el momento político clave en que el mundo podrá actuar de modo decisivo para cosechar todos los beneficios de una economía limpia, libre de carbono”, añadió Rosenthal.

El éxito de Lima dependerá en parte del ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar-Vidal. Como presidente de la COP 20, su determinación y energía serán cruciales, creen la mayoría de los analistas consultados por Tierramérica. El cambio climático es un asunto importante en Perú, pues Lima y muchas otras partes del país dependen del agua dulce de los glaciares de los Andes. Estudios muestran que en los últimos 30 años esa cordillera perdió entre 30 y 50 por ciento de su cubierta helada, y que otro tanto desaparecerá en breve.

Pulgar-Vidal dijo a The Latin American Herald Tribune que espera que en Lima se llegue a un borrador de acuerdo aunque este no incluya todos los capítulos. El proyecto completo tendrá que estar listo en mayo de 2015, a fin de tener tiempo para las negociaciones finales. El futuro acuerdo climático, que debe suceder al Protocolo de Kyoto, fácilmente podrá tener la extensión de un libro y contará con tres pilares fundamentales: mitigación, adaptación, y pérdidas y daños.

Mitigación

El de la mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se dividirá a su vez en dos secciones, dedicadas a las reducciones anteriores y posteriores a 2020. Ambas son controvertidas, ya que versarán sobre cuánto y para cuándo debería concretar cada país sus reducciones de gases contaminantes. Sin embargo, se prevé que las emisiones en 2014 serán las mayores de la historia: 40.000 millones de toneladas, que por ejemplo en 2010 fueron 32.000 millones. También se espera que este año sea el más caliente de que se tenga registro.

En la COP 15, realizada en 2009 en Copenhague, los países industrializados accedieron a concretar reducciones de emisiones previo a 2020, esto en el marco del Acuerdo de Copenhague. Sin embargo, esos compromisos resultan insuficientes, y desde entonces ningún país aumentó su “ambición”, como se le llama a este incremento de metas. Algunos, como Japón, Australia y Canadá, incluso se retractaron de sus compromisos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, celebró el 23 de septiembre la Cumbre del Clima, con 125 jefes de Estado, con la frustrada esperanza de que usaran esa ocasión para anunciar mayores reducciones.

Que la “ambición” quedó en punto muerto resultó evidente durante la conferencia climática realizada en octubre en Bonn, donde las naciones del Sur en desarrollo presionaron a las industrializadas para que hicieran mayores recortes antes de 2020. Sin embargo, la Aosis propuso un enfoque complementario para reducir las emisiones, según el cual los países deberían compartir conocimientos, tecnología y mecanismos políticos.Práctico, útil y necesario, esto puede convertirse en parte formal de un nuevo acuerdo, dijo Rosenthal.

Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor de políticas internacionales en el capítulo latinoamericano de la no gubernamental Climate Action Network, agregó que “en Bonn hubo muy buenos debates en torno a la energía renovable y a las políticas para reducir las emisiones”. “Los países industrializados tienen que establecer nuevos compromisos de reducciones en Lima”, dijo Konstantinidis a Tierramérica.

Esto incluirá compromisos para recortes posteriores a 2020. El objetivo de Europa, de llegar a por lo menos 40 por ciento de reducciones para 2030, no es suficiente. Países emergentes como China, Brasil, India y otros también deben bajar sus emisiones de modo sustancial, pues la meta a largo plazo debería ser una paulatina eliminación mundial del uso de combustibles fósiles para 2050, para que la elevación de temperaturas se contenga debajo de 1,5 grados, planteó. Esta meta más ambiciosa es lo que muchos pequeños estados insulares y africanos sostienen que se necesita para su supervivencia a largo plazo.

El pilar de la mitigación todavía requiere un acuerdo sobre cómo medir y verificar las reducciones de cada país. También necesitará un mecanismo para impedir que los países incumplan sus metas, dijo Konstantinidis. Irónicamente, el capítulo más avanzado en materia de mitigación, que es el de la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), es también el más controvertido fuera de la COP. El REDD busca compensar a los países por no explotar sus bosques, con dinero que pagarán las empresas y los estados que no reduzcan sus emisiones contaminantes.

El gobierno de Perú quiere que este capítulo se complete en Lima, pero muchas organizaciones de la sociedad civil e indígenas se oponen. Es muy probable que en Lima haya grandes marchas de protesta contra el REDD y contra la idea de ponerle un precio a la naturaleza, señaló Konstantinidis. Nnimmo Bassey, de la No REDD in Africa Network y expresidente de Amigos de la Tierra Internacional, opinó que “los actores políticos parecen totalmente desconectados de las soluciones reales para abordar el calentamiento global”.

La iniciativa REDD es una “conspiración financiera (tramada) entre las naciones ricas y las corporaciones” felices de pagar en efectivo a cambio de hacer poco por reducir sus emisiones de carbono, dijo Bassey a Tierramérica. Para frenar esta “falsa solución” una amplia alianza de movimientos sociales deben tomar las calles de Lima durante la COP 20, planteó.

Adaptación

El pilar de la adaptación trata principalmente de la transferencia de tecnología y las finanzas para ayudar a los países más pobres a adaptarse a los impactos del cambio climático. Un Fondo Verde para el Clima se estableció este año para canalizar dinero en este sentido, pero todavía no está operativo. En la COP 15, los países industrializados se comprometieron a aportar fondos que llegarían hasta 100.000 millones de dólares anuales para 2020, a cambio de menores reducciones de emisiones. Pero en 2013 las contribuciones fueron de apenas 110 millones de dólares.

Las promesas asumidas por Alemania y Suecia este año equivalen a casi 2.000 millones de dólares; pero el aporte se hará en varios años. Tampoco está claro qué parte de esa cifra será dinero nuevo y no ayuda exterior comprometida previamente. “Los países tendrán que hacer nuevos compromisos financieros en Lima. Y esto incluye a economías emergentes como China y Brasil”, dijo Konstantinidis.

Pérdidas y daños

En cuanto al tercer pilar, sobre pérdidas y daños, no se acordó sino hasta el final de la COP 19, que se realizó el año pasado en Varsovia. Este pilar busca ayudar a los países pobres a afrontar las actuales y futuras pérdidas, económicas y no económicas, causadas por los impactos del cambio climático. Es el menos elaborado y no estará completo hasta después del plazo de París.

COMCOSUR INFORMA Nº 1598 – 20/11/2014
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VENEZUELA
4) 10 medidas para disminuir los homicidios
Antonio J. González Plessmann (Alai)

No existen recetas mágicas para resolver ningún problema complejo. Pero, el conjunto de medidas que aquí se enumera, ha dado buenos resultados en otras latitudes. En algunos casos, se inició ya su ejecución en Venezuela, pero de manera discontinua y sin evaluación. Por ello, vale la pena insistir.

1.- Inclusión Juvenil. Pese a los avances de la Revolución en inclusión social, existe cerca de un millón de jóvenes que no está estudiando o trabajando. Se trata de una situación de desigualdad fáctica que se resiste a las políticas públicas. La desigualdad genera violencia y esto explica, parcialmente, que la mayor parte de las muertes violentas ocurra entre los sectores populares y en este grupo etario. Existen programas que buscan su inclusión (“Jóvenes de la Patria” y “Jóvenes del Barrio”), pero tienen déficit de cobertura e impacto. Ante esto, hay que evaluar lo hecho y relanzar una Misión específica, a la vez masiva y capilar[1], que posibilite la Inclusión educativa, laboral, cultural, deportiva y política de jóvenes entre 14 y 24 años y, en particular, de los jóvenes que forman parte de bandas territoriales. El enfoque debe partir de su protagonismo, su reconocimiento y la garantía a sus derechos. No se trata de disciplinar para producir trabajadores obedientes, sino de incluir para que emerjan nuevos sujetos de la transformación social.

2.- Reforma Policial. Muchas organizaciones criminales tienen a policías y ex -policías como líderes. Se trata de bandas dedicadas al secuestro, extorsión, tráfico de armas y municiones y protección de cadenas de comercialización de droga. Además de corrupta, la policía sigue siendo ineficaz, ineficiente y vulneradora de derechos humanos, tal como lo diagnosticó la Conarepol en 2006 y quedó nuevamente sobre el tapete a propósito de la Masacre de Quinta Crespo. La Reforma Policial, había perdido el impulso que vivió hasta 2012, por lo que celebramos el reciente lanzamiento de la “Comisión Presidencial para Transformación de los Cuerpos Policiales” y que su mandato incluya la transformación del CICPC. Para un trabajo serio, esta Comisión debe partir de una evaluación de lo hecho desde 2006 para acá, identificando errores y aciertos, para reimpulsar un proceso en el que no se parte de cero. Igualmente, la Comisión debe calendarizar sus metas y rendir cuentas públicas de las líneas a seguir y el avance de su ejecución, promoviendo la participación social en el control externo sobre los cuerpos de seguridad.

3.- Desarme. El 77,83% de las balas que matan a nuestro pueblo son fabricadas por CAVIM. Más del 90% de los homicidios se ejecutan con armas de fuego. Urge aplicar las recomendaciones de la CoDesarme y ejecutar, cabalmente, las medidas previstas en la Ley para el Desarme, control de armas y municiones.

4.- Reforma legislativa garantista. Las cárceles no sirven para “regenerar” a nadie. Las reformas legislativas realizadas al Código Orgánico Procesal Penal, especialmente en el 2001, y la reforma al Código Penal de 2005, fueron regresivas respecto al mandato de preferencia de medidas alternativas a la prisión que establece el artículo 272 de la Constitución. Como consecuencia de ellas, la tasa de encarcelamiento alcanzó límites históricos superando las 164 personas por cada 100 mil habitantes. La inmensa mayoría de los presos son jóvenes pobres que están en detención preventiva (es decir, no sabemos si son responsables de lo que se les imputa), investigados por delitos nimios (entre ellos posesión de pequeñas cantidades de drogas). Tener más presos no sirve para reducir los delitos violentos, pero sí para iniciar o profundizar trayectos delictivos de vida. Es decir, la cárcel aumenta la violencia. Resulta necesaria, por tanto, una reforma legislativa garantista que priorice la libertad por sobre la prisión y que reduzca las penas en materia de pequeños delitos (como el microtráfico).

5.- Jerarquización de la investigación penal. Todo sistema de justicia penal es selectivo. Atrapa a los más débiles y libera a los fuertes. Tomando conciencia de ello, el Estado debe sustituir la selectividad que imponen las asimetrías de poder, por una jerarquización consciente de la investigación de los delitos que generen más daño social; entre ellos los que impliquen gran violencia contra las personas (homicidios, secuestros, violaciones, lesiones graves, entre otros) y los delitos de los poderosos.

6.- Políticas Locales de Convivencia. La violencia no es igual en todos lados. Los pobres la viven de manera cuantitativa y cualitativamente más dramática. Algunos barrios tienen tasas superiores a los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es necesario frente a ello impulsar, en territorios priorizados, Políticas Locales de Convivencia, con los siguientes ejes: contraloría social de la función policial, inclusión y protagonismo juvenil e infantil, prevención de violencia de género, resolución social de conflictos, reconversión de las economías del microtráfico y negociación pacificadora con bandas juveniles.

7.- Eficacia Policial. Pero ninguna política local de convivencia tendrá éxito sostenido si no existe un trabajo policial eficaz sobre los territorios priorizados, que evite que las organizaciones criminales más consolidadas (pranatos dedicados a la gran venta de droga, el secuestro, el robo de vehículos, etc) saboteen el trabajo preventivo y de empoderamiento popular para la convivencia. El trabajo con jóvenes de bandas debe tener un énfasis en la prevención, pero frente al crimen organizado a gran escala (pranatos) es necesaria la intervención penal, basada en los derechos humanos. Mientras se concretan los avances de la Reforma Policial, hay que garantizar que la policía patrulle eficazmente en los territorios priorizados (con trabajo de inteligencia y georreferenciación de delitos) y activar sus mecanismos de control interno y externo, para evitar los vínculos entre funcionarios y redes delictivas locales

8.- Pensar de otro modo. Está harto demostrado que las políticas de “mano dura”, punitivistas y clasistas, no resuelven el problema. Sin embargo, son funcionales en estrategias efectistas y suelen ser aplaudidas por una población desesperada. Esa es una victoria de la derecha criminológica: en las crisis su pensamiento es más seductor para las/os decisoras/es. Revertir esto, pasa por invertir en la formación, investigación y difusión de un discurso criminológico consistente con los principios de igualdad y poder popular, sobre los que se funda la Revolución Bolivariana.

9.- Interagencialidad. Las medidas que aquí se presentan trascienden las competencias del Ministerio del ramo. Involucran a varios ministerios, a varios poderes públicos y a los ejecutivos estadales y municipales. Ello implica una coordinación eficaz, intra e inter poderes, en los distintos ámbitos territoriales. Nada de eso es posible sin la creación de un espacio de coordinación de Alto Nivel, con gran apoyo político.

10.- Consensos. A estas y otras medidas necesarias hay que construirles consenso entre la alta dirigencia de la Revolución, para darles sostenibilidad y protegerlas ante cambios de ministros u otras autoridades. Posteriormente, hay que ir ampliando ese consenso, sumando a alcaldes y gobernadores, de todas las tendencias, para lograr su ejecución sostenida y articulada, a lo largo de los próximos 5 años.

* Director de la Línea de Investigación sobre convivencia, derechos humanos y seguridad frente al delito de GIS XXI. Correo-e: antoniogonzalezplessmann@gmail.com
Nota
[1] Se usa metafóricamente la palabra “capilar”, en su acepción anatómica: “Cada uno de los vasos muy finos que enlazan en el organismo las circulaciones arterial y venosa, formando redes” (DRAE). Ello implica, en términos de políticas públicas juveniles, que no basta con las grandes tarimas y eventos, sino que urge una presencia permanente en los lugares de vida de los jóvenes más excluidos, creando redes movilizadoras.

COMCOSUR INFORMA Nº 1598 – 20/11/2014
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ARGENTINA
5) Tulio Halperín Donghi (1926-2014) El historiador latinoamericano
Débora Quiring (La Diaria)

No sólo se dedicó a explorar los complejos procesos de la historia, sino que también fue el artífice de una consagrada y copiosa obra que recorrió la historia latinoamericana, con especial énfasis en el devenir del siglo XIX argentino. Tulio Halperín Donghi es referencia obligada para muchísimas generaciones de historiadores e incluso de simples aficionados a la disciplina, ya que sus estudios han trascendido lo exclusivo de la materia. El bonaerense falleció en Berkeley, donde residía (era profesor emérito de la Universidad de California) desde 1967. Doctorado en Historia y Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Halperín Donghi ejerció la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras entre 1955 y 1966, en la Universidad Nacional del Litoral, en la que se desempeñó como decano, y en universidades estadounidenses, como las de Oxford y Berkeley.

Se lo puede definir como un distinguido escritor y estilista que logró construir una abundante y erudita obra historiográfica en la que se destacan títulos como Revolución y guerra: formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, en el que reconstruye la trama de relaciones entre el poder político, el económico y el militar de las primeras décadas del siglo XIX y retrata las vicisitudes de una elite política creada y recreada por la guerra y la revolución independentista en el Río de la Plata; Historia contemporánea de América Latina, en el que elabora una historia conjunta de Latinoamérica que se distancia de las historias nacionales; El revisionismo histórico argentino; La democracia de masas y La República imposible. Hijo de un profesor de latín y una profesora de español, desde los inicios sus trabajos tuvieron un tono decididamente irónico y políticamente incorrecto. De hecho, no dudó de la imperiosa necesidad de trabajar sobre ciertas temáticas que para algunos sólo pertenecen a la crónica o el periodismo. Por ejemplo, en La lenta agonía de la Argentina peronista se refiere a la desarticulación del Estado benefactor, la guerrilla, las diversas etapas del peronismo, las dictaduras y las democracias.

El historiador y politólogo Gerardo Caetano tuvo la oportunidad de conocerlo partir de diversas conversaciones y encuentros. Generalmente se reunían en la casa de Juan Oddone y Blanca Paris, “sus grandes anfitriones uruguayos”. Consultado por la diaria, Caetano lo definió como “un maravilloso historiador que tenía rasgos muy característicos: fue un hombre extraordinariamente irónico y sarcástico, además de contar con una inteligencia prodigiosa”. Recordó que Halperín nunca se enamoró de las ideas, actitud que cataloga como una virtud fundamental para un historiador “de raza, como él mismo era”. Caetano sostuvo que no sólo fue un erudito, sino también alguien con una capacidad absolutamente extraordinaria para interrogar a los documentos. “Esto, muchas veces, lo condujo a forjar una capacidad demoledora respecto de las visiones muy afirmadas”, apuntó.

Pensador y letrado

Caetano recordó que era un crítico implacable, portador de un discurso que demandaba una lectura muy exigente, e incluso considera que sus hipótesis nunca dejaban cómodos a los lectores. “Cuando él percibía que sus hipótesis instalaban al lector, inmediatamente lo desinstalaba; lo mismo sucedía cuando hablaba frente a un auditorio”, contó. Dijo que no fue una casualidad que, además de los Oddone, su interlocutor para conocer Uruguay haya sido Carlos Real de Azúa. A pesar de que Real de Azúa falleció en 1977, cree que ambos tenían un parentesco en el modo de pensar, de escribir, de reflexionar.

El uruguayo citó como ejemplo de la férrea integridad intelectual del historiador argentino la particularidad de que en sus ediciones y reediciones cambiara de modo sustantivo sus hipótesis, sin ningún tipo de resquemor. “Recuerdo la crítica feroz que hacía a su primera edición de Historia de América Latina, en la que afirmaba que a él nunca lo había convencido la versión que escribió en 1970. Pero también era un demoledor de visiones militantes. Tenía ideas y convicciones muy fuertes, y quería mucho -y le dolía- su país, aun cuando no lo pareciera. Era un antiperonista y antirrevisionista furibundo, pero también demolía a la oposición peronista. Era increíble cuando, ya octogenario, no cesaba de discutir todo. Era alguien muy poco concesivo. Viéndolo discutir y narrar, uno encontraba ese enamoramiento con el genio. Yo realmente admiraba muchísimo a Halperín, y aun de las cosas con las que no estaba de acuerdo aprendía”.

Evocó el importante capítulo dedicado al artiguismo en su recordado Revolución y guerra, distinguido bajo un título muy sugestivo: “La otra revolución”. Considera que la lectura de Halperín es imprescindible, incluso en lo que tiene que ver con su rol público vinculado a la discusión de los grandes asuntos de la historiografía latinoamericana. “Tenía una dimensión de intelectual mundial como pocos historiadores del continente. En las últimas décadas, su nombre se ha vuelto insoslayable no sólo para comprender mejor la historiografía, sino también para entender la cultura. Por eso, personas que no se han dedicado a la historia, como Beatriz Sarlo, lo consideran un referente fundamental”.

Halperín Donghi valoró la pregunta sobre la respuesta, y probablemente, a partir de su autoconciencia, de su modo particular de interrogar a la propia historia, suscitó que su obra se convirtiera en un hito en la conciencia latinoamericana.

COMCOSUR INFORMA Nº 1598 – 20/11/2014
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Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido,
para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo.
No importa que yo no esté / soy un silencio testigo,
si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido.
Armando Tejada Gòmez
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