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MÉXICO: EL CRIMEN FUE EN OAXACA

1) México: La represión es el camino –
2) Macri y seis meses de gobierno para alfombrar la inserción subordinada –
3) Agonía anunciada del nuevo gobierno en Brasil –
4) El Opus Dei llega al gabinete de Bachelet –
5) Perú: Fe de erratas, ajustadísima victoria y red de alianzas

COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 779 / Miércoles 22 de Junio de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) México: La represión es el camino
Rafael de la Garza Talavera (Rebelión)

En la histérica carrera por desaparecer a un actor político incómodo, el gobierno federal demostró una vez mas que no se detendrá para imponer a sangre y fuego los mandatos de la burguesía internacional (FMI, Banco Mundial y OCDE) y nacional (Mexicanos Primero, ITAM y un largo etcétera). Una vez concluido el ritual electoral, Peña, Osorio y Nuño atizaron la confrontación escalando el conflicto con los maestros opuestos a la reforma laboral de la educación. Y para ello contaron con la ayuda de Gabino Cué, quien hizo el llamado indispensable para que las fuerzas federales invadieran el estado para lidiar con las consecuencias de su pésima actuación al frente del gobierno de Oaxaca.

Al observar los videos de la batalla de Nochixtlán se vienen a la mente las imágenes de la represión en Atenco: enfrentamientos, disparos, invasión de hogares, detenciones y golpizas, todo ello cobijado con la infame campaña mediática que desde hace ya varios meses se ha desatado en contra de la CNTE y todo aquél que se atreva a apoyarlos públicamente. Empero, la campaña mediática no ha logrado convencer a los miles de padres de familia y a la mayoría de la población de la ilegitimidad de la reforma laboral de la educación. Una vez más el desprecio por el diálogo, el racismo y la discriminación, la descalificación sarcástica, el ninguneo… en horario estelar.

El fondo del problema no radica -como insisten los pregoneros del gobierno y de los medios- en impulsar la calidad de la educación pública sino acabar con un actor político que junto con los zapatistas en Chiapas, son los únicos que se oponen de manera organizada a las reformas estructurales. Ya en el sexenio de Calderón se desmanteló la compañía de Luz y Fuerza del Centro para desaparecer de la escena política a su sindicato, que también se distinguió por oponerse a las políticas de despojo del gobierno federal. La operación de limpieza fue continuada por Peña y los partidos políticos que, al firmar el Pacto por México, se unieron para desaparecer cualquier oposición política que pusiera en duda los designios de los poderosos.

Las recientes elecciones en Oaxaca fueron ganadas por el PRI y los Murat que regresaron al poder de la mano de Gabino Cué -otro simpatizante del pacto infame- a pesar de que arribó a la gubernatura gracias a la resistencia de la APPO, surgida a partir del conflicto magisterial y la brutal represión de Ulises Ruiz. Ahora es su turno y se ha comportado acorde con los intereses de la clase a la que pertenece, demostrando que las alternancias no van más allá de las buenas intenciones o el cambio de colores y que el voto de castigo tiene sus limitaciones. Al final lo que está en juego es la dominación y la continuación del despojo para obtener buenas calificaciones y jugosas comisiones por parte de los dueños del dinero y no la pregonada calidad de la educación.

Sin embargo, y a pesar de que las elecciones cumplieron su papel manteniendo a la misma clase política en el poder, los maestros y habitantes de Oaxaca siguieron luchando a sabiendas de que la represión aumentaría una vez consumado el sainete electoral. Los maestros disidentes cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, lo que demuestra su alto grado de solidaridad pero sobre todo su hartazgo por pésimos gobiernos, impunidad y corrupción generalizadas y violencia rampante. Y este hecho no es privativo de la tierra de Juárez; los maestros en Chiapas, Guerrero y Michoacán también han logrado sumar simpatías entre la población, al grado de que incluso autoridades municipales y las parroquias locales han apoyado y realizado llamados a la negociación y el diálogo.

En este sentido, lo que está en juego en esta coyuntura no es simplemente la continuidad de las reformas. El nivel de respuesta del gobierno federal al desafío de los pobladores de Nochixtlán, como en su momento de los de Atenco, evidencia que lo que está en juego es la viabilidad misma del régimen -la continuación del Pacto por México por otros medios- para mantener la política de alineamiento a los intereses de las corporaciones internacionales. La resistencia magisterial así como la zapatista ponen en duda la capacidad de la clase política para imponer sus objetivos, desnudando así su debilidad y su incapacidad para administrar el conflicto social.

Esta debilidad e incapacidad se traducen entonces en la represión como único camino para que la clase política cumpla con su misión. Conforme el régimen pierde capacidad para legitimarse y gobernar no tiene más remedio que acudir al garrote, fortaleciendo a las fuerzas armadas y a las policías militarizadas que cada vez más apuntan a configurarse como el actor central en el mantenimiento del régimen. Es aquí en donde la simulación de la guerra contra el narcotŕafico -pretexto base para aumentar el gasto militar- queda al descubierto porque la guerra es contra actores políticos disidentes y a la población que los apoye o simplemente no comulgue con los designios del régimen. Desde Atenco hasta Nochixtlán la estrategia es evidente y el camino está trazado: la represión simple y llana. Lo demás es propaganda.

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 – COMCOSUR
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2) Macri y seis meses de gobierno para alfombrar la inserción subordinada
Julio C. Gambina (Alai)

Los primeros seis meses del gobierno Macri sirven para preparar las condiciones institucionales de subordinación reclamadas por los grandes capitales. El programa de máxima de los capitales apunta a bajar el costo del salario en el proceso de producción y circulación, y al mismo tiempo, abaratar las condiciones de explotación de los bienes comunes. Los afectados son los derechos humanos de la mayoría trabajadora y los derechos ambientales.

El ajuste del primer semestre se consolida con una inflación que favorece a los formadores de precios y afecta a la mayoría empobrecida, al tiempo que desalentó la producción local y estimuló la producción externa, con invasión de importaciones que compiten y desalojan la producción local.

Inflación y recesión fueron dos efectos consecuencia de la política económica del gobierno Macri. La especulación derivada de altas tasas impulsadas por el BCRA y festival de bonos externos emitidos por el Ministerio de Hacienda, asociado al acuerdo y pago a los acreedores externos hipoteca el presente y el futuro de la economía local a las demandas del capital externo. Es más, en esta semana se anuncia el ascenso de la calificación del mercado de capitales de la Argentina.

Son tres las categorías de los mercados de capitales: a) la de los países capitalistas desarrollados; b) la de los emergentes (Brasil, India, China, otros); c) la de los fronterizos (sin confianza entre inversores externos). La nueva calificación apunta a escalar de la categoría c a la b; a mercado emergente, y receptar así el interés de inversores internacionales que buscan mejores opciones de rentabilidad en el marco de la crisis capitalista mundial.

Apertura económica, liberalización e integración subordinada

Argentina ha sido aceptada como “observador” en la Alianza del Pacífico, remedo del ALCA luego de la derrota del 2005 y base de lanzamiento del acuerdo transpacífico, TPP. Este acuerdo se propone disputar las relaciones internacionales en medio de la crisis capitalista y la emergencia de China como potencia mundial, con peso creciente en la región Nuestramericana de la última década. La disputa global es por la hegemonía de la apertura y la liberalización de la economía mundial en crisis.

El papel del gobierno argentino es clave para modificar las relaciones de fuerza que se habían construido en el último tiempo y que habilitaban la discusión sobre integración alternativa. Lo real es que las expectativas se frustraron por límites de los procesos de cambio político y la ofensiva de las clases dominantes. Con Argentina definida en el campo de la subordinación a la política exterior de EEUU y la posible convergencia con el Brasil luego del “golpe blando neoliberal” se facilita la discusión al interior del Mercosur.

Allí, hace rato que Paraguay empuja la apertura y Uruguay ha dado señales de aperturismo (adhesión al TISA, más allá de su contramarcha). Solo Venezuela mantiene una posición crítica, por lo que resulta fundamental activar el movimiento popular “Nuestramérica mejor sin TLC” cuya versión local se despliega bajo la consigna: “Argentina mejor sin TLC”.

El gobierno Macri estará en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile EL 1/7 pregonando las ventajas del aperturismo, base para la atracción de inversiones externas. Anticipará sus opiniones en el Foro Económico regional que realiza esta semana en Colombia y al igual que en Davos en enero, tratará de mostrar que no solo la Argentina es favorable a la circulación de los capitales globales.

El mensaje apuntará a señalar que la región está en un cambio de orientación hacia políticas de “mercado”, coherentes con lo que señalan los organismos financieros internacionales como “programa deseable” para nuestros países sudamericanos. Convengamos que las dificultades para atraer inversiones no son solo para la Argentina, sino que la situación brasileña y en particular de Sudamérica en su conjunto, no favorecen la demanda de elevada rentabilidad ofrecida hasta hace poco tiempo.

La conflictividad no controlada por los gobiernos es un dato de la realidad y habilita a pensar en un escenario político abierto para disputar sentido social mayoritario para el proyecto del poder, o nuevas recreaciones de proyectos alternativos al orden capitalista en crisis.

Segundo semestre de ajuste y posposición de la recuperación

Todos los pronósticos auguran caída del PBI de la Argentina para el 2016 y quizá, recuperación para el 2017. Es cierto que alguna vez se rebota desde el piso de la recesión, pero consolidando una pauta de empobrecimiento estructural que supera todo parámetro histórico.

La pobreza crece y no remito a los picos de la pobreza, sino a los pisos que se consolidan en cada ajuste estructural acecido en este tiempo constitucional desde 1983. En los 90 se consolidó un piso de empobrecimiento que fue extendido y luego reducido, pero aun así, el resultado logró estabilizar un nuevo basamento de la pobreza y la indigencia que modifica sustancialmente la estructura económica y social del país.

La Argentina de las clases dominantes y el gobierno se predispone, desde las nuevas condiciones políticas, a facilitar el funcionamiento del orden capitalista global, asegurando un papel dependiente y subordinado de la economía local al programa liberalizador de las transnacionales que actúan en el país, y de otras que son invitadas para la apropiación del trabajo social local.

¿Aceptará la población este destino de subordinación, o en vísperas del bicentenario de la independencia política se generan condiciones para avanzar en la independencia económica? En 1910, año del centenario de mayo, el conflicto intentaba ocultarse en pleno despliegue de la inserción subordinada de la Argentina en la división internacional del trabajo liderada por Inglaterra.

Ahora, a 200 años del 9 de julio de 1816, Independencia de la Argentina, el conflicto social, especialmente de trabajadoras y trabajadores, discute el sentido de la inserción internacional del país y abre interrogantes sobre las condiciones de posibilidad para la independencia.

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Agonía anunciada del nuevo gobierno en Brasil
Mario Osava (IPS)

“Acá todo parecía ser aún construcción y ya es ruina”, dice una vieja canción del famoso músico Caetano Veloso. El verso sirve bien para ilustrar lo que le acontece al nuevo gobierno de Brasil presidido por Michel Temer, en funciones desde el 12 de mayo.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), corazón de la nueva coalición gobernante, tiene sus principales dirigentes, incluido Temer, pendientes de denuncias de corrupción que, aunque no los lleven a la cárcel en el futuro, ya los debilitaron políticamente y amenazan desestabilizar su gobierno. Sergio Machado, exsenador y expresidente de Transpetro, empresa transportista del grupo estatal Petrobras, reveló que 23 políticos, 10 de ellos del PMDB, recibieron fondos desviados de los contratos de la petrolera con constructoras y otros proveedores.

Sus testimonios ante el Ministerio Público (fiscalía) se hicieron públicos el 15 de junio, por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que aceptó su acuerdo de colaboración con la justicia en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción que tiene como epicentro a Petrobras. Temer le habría pedido 1,5 millones de reales (unos 750.000 dólares en la época) para ayudar ilegalmente a un candidato a alcalde de la sureña metrópoli de São Paulo en 2012, denunció Machado.

El vicepresidente, jefe interino del Poder Ejecutivo hasta que concluya el proceso de inhabilitación de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, negó vehementemente la acusación, al igual que el presidente del Senado, Renán Calheiros, y otros seis senadores, incluyendo el exgobernante José Sarney (1985-1990), todos del PMDB.

Otra fue la actitud Henrique Alves, del mismo partido, quien renunció al cargo de ministro de Turismo. Él afronta otros procesos abiertos dentro de la Operación Lava Jato (autolavado de vehículos), que desde hace dos años viene desnudando la organización delictiva que desvió miles de millones de dólares de proyectos petroleros estatales.

Temer había perdido otros dos ministros en sus dos primeras semanas de gobierno, el de Planificación, Romero Jucá, y el de Transparencia, Fabiano Silveira. Machado filtró diálogos grabados de ambos, en que discutían diferentes formas para bloquear esa investigación. Jucá mantiene su influencia como senador y presidente del PMDB, pero ya son nueve los procesos penales que se amontonan contra sus dirigentes en el STF, la única instancia que puede juzgar a los parlamentarios y miembros del Ejecutivo, al gozar de “foro privilegiado•.

El “petrolazo” ya tuvo altos costos para el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), porque ayudó a alejar a Rousseff de la presidencia, el 12 de mayo, y amenaza con acabar con la carrera política de su máximo líder, Luiz Inácio Lula da Silva, quien presidió el país entre 2003 y 2011, cuando le sucedió la suspendida presidenta.

Ahora llega el turno de los nuevos protagonistas del poder, en que participaron en forma permanente en las dos últimas décadas. Temer, sus ministros y copartidarios podrán alegar inocencia e incluso ser absueltos de las acusaciones de Machado en un futuro lejano, pero la batalla ahora no es judicial, sino política. La Operación Lava Jato ya encarceló a decenas de empresarios, mientras la mayoría de los políticos sigue a la espera de juicio en el Supremo Tribunal. Pero en la vida política importan más la reputación y la imagen popular que los desenlaces judiciales.

No faltan ejemplos de discrepancias en los juicios políticos y legales. En Brasil hay una tradición de políticos exitosos con el sello de “roba pero hace”, del que son ejemplos los exgobernadores de São Paulo, Adhemar de Barros (1947-1951 y 1963-1966) y Paulo Maluf (1979-1982), este aún activo como un diputado con una votación récord. Pero es difícil que sobrevivan los políticos acusados de corrupción en la actualidad, a excepción quizás de Lula, beneficiado de otra tradición, la de los “padres de los pobres”. En su caso lo que puede ser fatal es el veredicto judicial.

Lula es sospechoso de haber recibido favores de constructoras que obtuvieron ganancias ilegales en los negocios petroleros estatales, de encabezar la mafia del “petrolazo” y de intentar obstruir las investigaciones de Lava Jato. Al expresidente la difusión de esas sospechas arañan su popularidad, pero se reconoce que él podría recuperar buena parte de su prestigio, especialmente entre la población pobre, en una campaña electoral.

Si resultase condenado, sin embargo, no podría concurrir a unas elecciones por un mínimo de ocho años, demasiado para alguien de 70 años. La operación anticorrupción en Brasil sigue un guión nada ortodoxo, la batalla se desarrolla más en la opinión pública, y por lo tanto en los medios de comunicación masiva, que en los tribunales.

Es posible que en un futuro menos conflictivo gran parte de los procesos judiciales sea anulada por irregularidades, como los trascendidos, abusos de la prisión preventiva y otras presiones para obtener la colaboración de los acusados, mediante las llamadas “delaciones premiadas” e incluso la descalificación de testimonios y supuestas pruebas.

Pero los políticos, culpables o inocentes, ya estarán condenados por la indignación contra la corrupción, intensificada por la recesión económica que alimenta el desempleo y que muchos consideran una consecuencia de la deshonestidad política. En el caso de las delaciones de Machado, además de las denuncias que apuntan a 23 nombres y las sumas que recibió cada uno, queda evidente el modo de operar la desviación de dineros de la Petrobras, una empresa gigante que maneja centenares de millones de dólares al año.

El exsenador, designado como presidente de Transpetro por indicación del PMDB, más precisamente del actual presidente del Senado, desnudó el papel de directores y otros ejecutivos introducidos en Petrobras y sus subsidiarias por partidos políticos. Las empresas estatales tienen prohibido hacer contribuciones electorales. Pero los miles de proveedores de productos y servicios de las grandes empresas públicas, obviamente interesados en los abultados contratos, eran presas fáciles de pedidos de “donaciones”.

Machado era la punta del triángulo que recibía las demandas partidistas y las canalizaba a las empresas proveedoras de Transpetro o Petrobras. Era, alega, la condición para mantenerse en el puesto bien remunerado y poderoso. Para los empresarios era un forzado peaje. Muchos de ellos se defendieron, ante las acusaciones de soborno y de actuar como carteles para conquistar tales contratos, diciendo que se trató de “extorsiones”. Sus empresas perderían muchos negocios si no aceptasen “las reglas del juego”.

Los políticos alegan ahora que se trató de contribuciones legales a campañas electorales, ofrecidas directamente por las empresas. Pero la intervención “facilitadora” de Machado contamina todo y evidencia que no eran donaciones voluntarias y que la complicidad permitía un sobreprecio a compartir.

Para mala suerte de Michel Temer, el control de esa operación con epicentro en Transpetro era del PMDB que él presidió desde 2001 hasta marzo de 2016, incluyendo todo el período en que Machado actuó como bisagra de la corrupción, entre 2003 y 2014. Será difícil eximirse de la responsabilidad.

Editado por Estrella Gutiérrez

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 – COMCOSUR
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4) El Opus Dei llega al gabinete de Bachelet
Horacio Brum (Brecha)

Mario Fernández, miembro activo del Opus Dei, llega a un gobierno que se dice progresista, muchos de cuyos integrantes, desde la presidenta para abajo, lucharon para que Chile tuviera una ley de divorcio y que en estos días libra otra batalla para lograr la despenalización del aborto.

“Estoy contra el divorcio, porque la Iglesia está contra el divorcio.” Tal es la opinión de un hombre que también se ha declarado contrario al aborto, que es un miembro activo de la organización conservadora católica Opus Dei y catedrático de la Universidad de Los Andes, controlada por esa misma organización y financiada generosamente por los sectores de la derecha empresarial. Este “supernumerario” –como se denomina a quienes adquieren un compromiso de servir al Opus Dei en la sociedad civil– encabeza desde el 8 de junio el gabinete de la presidenta chilena Michelle Bachelet; como ministro del Interior, tiene la categoría de vicepresidente de la república y sólo la primera mandataria posee más poder y atribuciones políticas que él.

Mario Fernández, personaje de influencia en la Democracia Cristiana, llega a un gobierno que se dice progresista, muchos de cuyos integrantes, desde la presidenta para abajo, lucharon para que Chile tuviera una ley de divorcio (aprobada hace apenas 12 años) y que en estos días libra otra batalla para lograr la despenalización del aborto. Además, pocos días después de la llegada de Fernández al equipo de gobierno, el poder Ejecutivo hizo un acuerdo con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para enviar al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Este acuerdo se realizó porque el Movilh presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a causa de la negativa de la Corte Suprema de reconocer matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en el exterior. En la actualidad Chile cuenta solamente con un acuerdo de unión civil para parejas gays y en concubinato.

En ese contexto, la extrañeza ha invadido a los más importantes analistas y comentaristas políticos del país, como el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien expresó en su columna del diario El Mercurio: “Salvo que la presidenta Bachelet haya subido de la tierra al cielo, o que el propio Mario Fernández bajado del cielo a la tierra, no hay explicación ideológica para esta designación sorprendente”. La explicación es, a lo menos, compleja si se tiene en cuenta que Fernández sustituye a Jorge Burgos, cuya entrada en marzo de 2014 al palacio de gobierno de La Moneda fue vista como un “golpe blanco” por los partidarios de poner el acelerador a fondo en las varias reformas prometidas por Bachelet en su campaña electoral, como las de la educación y las leyes laborales, que hoy se arrastran por el Parlamento y sufren una zancadilla tras otra, sea de la derecha, sea de los empresarios, o de los políticos democratacristianos más afines al sector de la empresa privada.

Burgos se fue hace poco más que una semana, declarándose con la salud afectada por el ajetreo, pero lo cierto es que tuvo más de un roce con sus colegas por tratar de imponer lo que definió como “moderación y gradualismo” en las reformas. El ex ministro también se quejó de la influencia del grupo de asesores de la presidenta. Esos asesores dejaron a Jorge Burgos fuera de una visita presidencial a la Araucanía, la región del sur con graves problemas de seguridad, que es el centro de una virtual guerrilla indígena mapuche.

Un observador veterano de la escena política de Chile dijo a Brecha que “Bachelet es como el mono del cuento: sube dos metros de día y baja un metro de noche”, en referencia al problema-chiste matemático que pide averiguar cuánto tardará el simio en salir del pozo en que cayó cuando trataba de saciar su sed. A su entender, la presidenta tiende a retroceder en sus principios cuando avanzar demasiado en ponerlos en práctica le crea problemas. Un pequeño ejemplo significativo es el de los embajadores en Uruguay. El comunista Mario Contreras, ocupante anterior de la sede diplomática en Montevideo, dijo varias verdades sobre el ánimo antirreformista del empresariado chileno, que generaron críticas al gobierno en su país provenientes principalmente de la derecha empresarial. Aunque no expresó nada con lo que el gobierno íntimamente no simpatizara, Contreras fue dado de baja como diplomático y se envió al país más laico de América a… Mario Fernández.

Por estos días, ya son casi inocultables las diferencias sobre la profundidad de los cambios que necesita Chile en la alianza gobernante; la reforma educacional se reduce cada vez más y la laboral ha sido echada atrás en sus partes sustanciales por un reclamo de la derecha ante el Tribunal Constitucional, un organismo en el cual Mario Fernández, que lo integraba en 2008, votó a favor de otra demanda de la derecha para prohibir la distribución en el sistema de salud pública de la píldora anticonceptiva de emergencia. Los estudiantes, en tanto, han decidido aumentar sus movilizaciones y en el sur no hay indicios de una solución para el problema del activismo violento indígena. Todo ello mientras diariamente se revelan nuevos detalles de la corrupción entre políticos y empresarios.

Ante las protestas populares, la reacción oficial es permitir la represión por parte de unas fuerzas policiales cuyas acciones tienen poco control de las autoridades civiles.

Óscar Guillermo Garretón, diputado socialista durante el gobierno de Allende y colaborador de los primeros gobiernos de la democracia, opinó, a propósito del nuevo ministro del Interior, que se necesita una forma de gobierno radicalmente distinta a la de los dos años pasados, pero que si Fernández opta por mantener las líneas que han alejado al gobierno de la sintonía con el pueblo “es fácil augurar lo que ocurrirá”. A estas palabras se podrían agregar las dichas a Brecha, poco antes del comienzo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, por el sociólogo y autor de Chile: una democracia tutelada, Felipe Portales: “Cambios de fondo hará pocos. Su gobierno se enfrentará a los reclamos sociales e incluso podría llegar a la represión (…), no va a tener otra salida”.

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 – COMCOSUR
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5) Perú: Fe de erratas, ajustadísima victoria y red de alianzas
Bárbara Ester y María Florencia Pagliarone (CELAG)

En Perú, el balotaje del pasado 5 de junio se dirimió en favor de Pedro Kuzcynski de Peruanos por el Kambio, aunque la diferencia con Fujimori fue mínima. PPK obtuvo 8.580.474 según el conteo final de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), lo que representa el 50.12% de votos válidos; mientras que Fuerza Popular registró 8.539.036 de votos lo que representa el 49.87%.El suspenso duró tres días en los cuales la ONPE demoró en contabilizar las actas por demoras en su entrega.

Pedro Pablo Kuczynski se convierte así en el presidente de mayor edad de la historia del Perú. A sus 77 años ha superado a Manuel Prado Ugarteche, quien fue presidente a los 72 en 1956. PPK se había postulado a la presidencia en 2011 bajo una alianza conformada por el Partido Humanista, Restauración Nacional, Alianza Para el Progreso y Partido Popular Cristiano.En esa oportunidad, los asesores instalaron sus iniciales en lugar de su apellido alemán, quedando en tercer lugar después de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Le tomó 5 años constituir su partido actual, Peruanos Por el Kambio, y volver a postularse en esta oportunidad junto al exgobernador regional de Moquegua Martín Vizcarra y la ex Ministra de Economía y Finanzas,Mercedes Aráoz.

Hasta el 2016, PPK era considerado como el principal competidor de Keiko Fujimori, hasta que los sondeos comenzaron a favorecer a Julio Guzmán (Todos Por el Perú) y a César Acuña (Alianza Para el Progreso). La resolución del Jurado Nacional de Elecciones de anular ambas candidaturas lo ubicaría finalmente en segundo lugar a muy escasos votos de Verónika Mendoza con una ventaja de 3%.

Dos debates, un ganador

Las elecciones presidenciales del 2016 fueron las primeras de la historia de Perú con dos debates presidenciales entre ambos candidatos. La última semana de campaña para la segunda vuelta estuvo marcada por denuncias y escándalos relacionados con los principales colaboradores de Keiko Fujimori, en sentido contrario a la autoproclamada renovación del fujimorismo. El trascendido sobre la manipulación de audios entregados por José Chlimper a los medios revivió en la memoria los métodos de manipulación de Vladimiro Montesinos -jefe del servicio de Inteligencia de Alberto Fujimori- cuando el caso de Joaquín Ramírez ya no ocupaba la atención en la agenda echando por la borda 10 años de trabajo político.

El último debate presidencial en Lima favoreció a Pedro Pablo Kuczynski quien mostró un mejor desempeño y fue más contestatario ante los ataques de Keiko Fujimori. El cierre lo favoreció, tuvo la última palabra, y en el mensaje final cerró con una frase de alto impacto. El apoyo del antifujimorismo fue clave desde que PPK hizo hincapié en las razones de su diferenciación. Desde entonces su imagen mejoró. Para Viscarra, el virtual primer vicepresidente, algunos giros en su campaña como una mayor ofensiva contra el fujimorismo y lograr revertir su avanzada edad en experiencia, fueron exitosas.

El ganador no ha ganado

La debilidad de la presidencia de PPK tiene algunas aristas: en primer lugar,en la primera vuelta, en términos numéricos, el segundo puestocorrespondió a los votos nulos/blancos. PPK tan sólo obtuvo el 17.5% de los votos emitidos. Si Verónika Mendoza del Frente Amplio y Gregorio Santos de Democracia Directa hubieran realizado una alianza, hubieran pasado al balotaje, ya que la ventaja de Peruanos por el Kambio era de sólo 2,31%, y el caudal de votos de Santos era del 4%.

En primera vuelta, Fuerza Popular fue la gran ganadora obteniendo el 26% de la votación. Mientras que para el Parlamento colocó el 56% de los congresistas, gracias a distorsiones en el sistema de representación peruano [1]. Esto hace que PPK carezca de respaldo en un Congreso dominado por el fujimorismo y requiera del establecimiento de acuerdos que garanticen su gobernabilidad. La base de una agenda de temas para trabajar en conjunto con el resto de sectores políticos lo pondrá entre la espada y la pared entre fujimoristas y antifujimoristas.

PPK ya ha anunciado que al iniciar su gestión solicitará facultades especiales al Congreso para legislar en materia económica y de seguridad ciudadana. Fuerza Popular cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento de sistema unicameral, lo cual no ocurría desde la época de Alberto Fujimori. En el corto plazo, resulta poco probable que se concreten pactos políticos estables entre los partidos, por lo que las negociaciones dependerán del apoyo específico en cada caso en particular. Algunos voceros de Fuerza Popular ya han adelantado una respuesta negativa ante la posibilidad de establecer una alianza. Sin embargo, eso podría ser un arriesgado cálculo para Fujimori en tanto en la lentitud del Ejecutivo podría culparse al Legislativo. PPK se ha disculpado con Keiko por los excesos de la campaña. PPK sólo puede apelar a la opinión pública. El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril ha calificado de “consenso de minorías” el apoyo a Peruanos por el Kambio.

Sin embargo la representación parlamentaria del fujimorismo es heterogénea, la gran mayoría son cuentapropistas políticos, líderes locales o regionales que tienen una agenda propia. De los 130 parlamentarios electos, 65 carecen de experiencia en cargos públicos y provienen en su mayoría, del sector privado. 55 asambleístas no militan en un partido político y postularon a un curul como invitados en las listas al Parlamento.De estos 65 sin experiencia previa, 37 pertenecen a Fuerza Popular [2].

El acceso a los recursos que necesitan para financiar sus programas particulares podría tensionar las lealtades de los congresistas a Fuerza Popular, en un contexto en el que Keiko acaba de recibir su segunda derrota consecutiva como lideresa. Kenji por su parte, ha evidenciado hostilidades contra su hermana –desde autoproclamarse candidato para el 2021, hasta no ir a votar por ella– Carlos Bruce, ex ministro de Vivienda y congresista de Peruanos por el Cambio, afirmó que sus declaraciones reflejan grandes y marcadas diferencias marcadas en el interior de Fuerza Popular [3]. Kenji ha sido reelecto en el Parlamento, desde donde presumiblemente pretenderá asumir la dirección de Fuerza Popular. Sin embargo, Keiko para desvincularse de militantes heredados de Fuerza 90 ha retirado de la lista parlamentaria a Martha Chávez, Aguinaga y Cuculiza. Por lo cual Kenji no contará con los principales operadores políticos de su padre en el Congreso.

En segundo lugar, PPK ya ha anunciado que en su gobierno podrán participar las personas que tengan “la mejor llegada política”. Esto indicaría que en su gabinete podrían participar tanto miembros de Fuerza Popular como del Frente Amplio, no solo como un mecanismo para garantizar la gobernabilidad tras la ajustada victoria sino también como pago de favores hacia el sector de Verónika Mendoza que le otorgó la victoria en el sur. Sin embargo en su primera aparición pública tras conocerse los resultados, llamo a no confundir el diálogo con debilidad.

Alan García fue otro de los candidatos que se reunió con PPK. Tras el encuentro, afirmó que se trata de “un gobierno de concertación nacional”. En este escenario, el APRA quiere desempeñar un rol de “partido bisagra” entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ello lo desplaza del rol de oposición al afirmar por el contrario que quiere acompañar al gobierno con propuestas.

Además, en su campaña política, PPK estableció algunos acuerdos políticos que ahora se verá obligado a cumplir y/o negociar. Entre las organizaciones con las cuales pactó seencuentran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sutesal), la coordinadora “Keiko no va” y la Pequeña Producción Campesina y el desarrollo Rural.

PPK adquirió entre otros compromisos, respetar los derechos laborales como la compensación por tiempo de servicios (CTS), la negociación colectiva por ramas de actividad y revisar las controversias derivadas de la Ley del Servicio Civil. Por su parte con los maestros se comprometió a elevar el sueldo básico del magisterio de S/.1.240 a S/2.000 y asignar el 6% del PBI a la educación [4].

Por otra parte, cabe recordar que también Amnistía Internacional Perú elaboró una carta abierta durante la campaña electoral con seis puntos exigiendo a los candidatos presidenciales una agenda de derechos humanos. La misma incluye:

-Implementar todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
-Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas
-Garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos a la libre asociación, a la libertad de expresión y de reunión, sin temor a represalias.
-Garantizar la promoción y protección de los derechos Sexuales y Reproductivos de todos y todas.
-Erradicar la impunidad y garantizar el resarcimiento a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.
-Poner fin a la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.
La propia directora de Amnistía Internacional Perú afirmó que ahora PPK deberá cumplir con todos los compromisos de la campaña electoral.

Notas:
[1] http://www.albatv.org/Peru-el-sistema-menos-democratico.html
[2] http://larepublica.pe/politica/778353-la-mitad-del-nuevo-congreso-carece-de-experiencia-en-cargos-publicos
[3] http://elcomercio.pe/politica/elecciones/carlos-bruce-parece-que-kenji-inicio-campana-miedo-noticia-
[4] https://otramirada.lamula.pe/2016/06/09/los-compromisos-politicos-de-ppk/otramirada/
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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