1) EXIGEN EL RETIRO DEL PAÍS DE LAS MISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIDAD DE HAITÍ
2) MITOS SOBRE LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
3) MORTANDAD DE ABEJAS EN PASO GUERRERO (PAYSANDÚ):
MALESTAR EN EL LITORAL
4) LA BÚSQUEDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN URUGUAY
EL MAGRO RESULTADO
5) INSEGURIDAD
¿DE QUE HABLAN CUANDO NOS DICEN: “LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LA GENTE ES LA INSEGURIDAD”?
—–
AÑO 14 – No. 1584 / jueves 25 de setiembre de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014 – 20 años
Ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
MÉXICO: Itzel Ibargoyen (México DF)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo)
_________________________________________
La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
_________________________________________
NOTICIAS
HAITÍ
1) EXIGEN EL RETIRO DEL PAÍS DE LAS MISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIDAD DE HAITÍ
El partido político PATI KAN PEP LA (Partido el Campo del pueblo), exige el retiro del país de las Misiones de las Naciones Unidas para la estabilidad de Haití (MINUSTAH) en ocasión del 20 aniversario (19 de setiembre 1994-19 set. 2014) del desembarco de 20.000 marines estadounidenses, interviniendo en Haití para preparar el retorno físico (el 15 de octubre de 1994) de Jean Bertrand Aristide (depuesto por un golpe de Estado militar sangriento el 30 de setiembre de 1991).
URUGUAY
1) MITOS SOBRE LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
Mientras en Uruguay se plantea juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos, en Nueva York avanza un proyecto para hacer justamente lo contrario.
2) MORTANDAD DE ABEJAS EN PASO GUERRERO (PAYSANDÚ):
MALESTAR EN EL LITORAL
A seis meses de la gran mortandad de colmenas que sufrió en la zona de Paso Guerrero, departamento de Paysandú, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Responsabilidad Limitada de Apicultores Sanduceros (Calapis), José Rivero, manifestó a EL TELEGRAFO que aún no tiene ninguna novedad.
________________________________________
TEMAS DE COMCOSUR
I. LA BUSQUEDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN URUGUAY
EL MAGRO RESULTADO
“Errores y desinteligencias” en las investigaciones sobre desaparecidos ha provocado una crisis entre Familiares, el gobierno y la Udelar: después de diez años de administraciones frenteamplistas es poca la colaboración oficial para avanzar en la búsqueda. Familiares le quitó la confianza al antropólogo López Mazz debido a actuaciones en la causa Nebio Melo, el hijo de Luisa Cuesta. /Samuel Blixen
II. INSEGURIDAD
¿DE QUE HABLAN CUANDO NOS DICEN: “LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LA GENTE ES LA INSEGURIDAD”?
Les costó muchos millones de pesos instalar el tema; sin duda cuando la derecha, en retroceso regional, planificó su retorno, lo hizo utilizando sus parcelas de Poder. Claramente concluyeron que su retorno no podía realizarse a través del Poder desnudo, pero sí utilizando su control sobre el Poder cultural. /Jorge Marrero
________________________________________
NOTICIAS
HAITÍ
1) EXIGEN EL RETIRO DEL PAÍS DE LAS MISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIDAD DE HAITÍ
Declaración, Puerto Príncipe, 19 de Setiembre de 2014 / Alter Presse
El partido político PATI KAN PEP LA (Partido el Campo del pueblo), exige el retiro del país de las Misiones de las Naciones Unidas para la estabilidad de Haití (MINUSTAH) en ocasión del 20 aniversario (19 de setiembre 1994-19 set. 2014) del desembarco de 20.000 marines estadounidenses, interviniendo en Haití para preparar el retorno físico (el 15 de octubre de 1994) de Jean Bertrand Aristide (depuesto por un golpe de Estado militar sangriento el 30 de setiembre de 1991).
En una Conferencia de prensa a la que asistió Alter Presse, este 19 de setiembre 2014, el partido PATI KAN PEP LA ha querido resaltar esta fecha histórica, simbólica en la historia de Haití.
La organización política aprovechó la coyuntura para “denunciar la fuerza de ONU que continúa pisoteando la soberanía y la dignidad del pueblo haitiano”, subraya Reyneld Sanon, miembro del secretariado ejecutivo del partido PATI KAN PEP LA.
El desembarco de las fuerzas americanas el 19 de setiembre de 1994 vino después del golpe de estado orquestado el 30 de setiembre de 1991 contra el ex presidente Aristide (7 de febrero 1991-30 setiembre 1991; 7 de febrero 2001- 29 de febrero 2004) por los militares golpistas de la época. Elegido presidente el 16 de diciembre de 1990, Aristide volverá físicamente a Haití, el 15 de octubre de 1994, gracias a la intervención militar de los norteamericanos.
Esta intervención militar contribuyó a abrir la puerta a otra ocupación del país a través de la presencia militar de las fuerzas de la ONU.
El golpe contra Aristide en setiembre de 1991 fue cometido con la complicidad de la clase dominante haitiana y de los países imperialistas, especialmente los EEUU, subraya el ejecutivo de PATI KAN PEP LA.
“Durante estos 3 años (1991-1994) los golpistas, los miembros del Frente paramilitar para el Avance y el Progreso Haitiano (FRAPH) asesinaron a miles de opositores haitianos. Muchos de estos últimos se vieron obligados a exilarse.”
Las casas de opositores del régimen fueron incendiadas, especialmente en Cité Soleil, en el curso del mes de noviembre de 1993.
Eran actos de una barbarie inimaginable, recuerda el PATI KAN PEP LA.
Por otro lado, la MINUSTAH está implicada desde 2004, en múltiples exacciones como robos, brutales violaciones y torturas, denunciadas regularmente por organizaciones locales de defensa de los derechos humanos.
La MINUSTAH es también responsable de la introducción de la epidemia del cólera en Haití que ha asesinado ya a 9 mil personas a la fecha, según diversos informes científicos.
Esta semana, la Plataforma Haitiana para luchar por un Desarrollo Alternativo (PAPDA), ha subido el tono para condenar el informe del Secretario Gral de la ONU Ban Ki-Moon, que calificó la presencia de la MINUSTAH, luego de 10 años de ocupación, en términos de exitosa con respecto a la estabilización.
Este informe, que recomienda una reducción de las tropas a 2.000 soldados y una prolongación para aún un año más (hasta octubre del 2015), fue presentado, el jueves 11 de setiembre delante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Hacia una reducción del efectivo militar de la MINUSTAH
En su último informe, el secretario general de las organizaciones de las Naciones Unidas, propone al Consejo de Seguridad, de reducir el 45% el efectivo militar de la MINUSTAH en Haití, mientras que el componente policial quedaría su estado actual.
El representante Ban K i-Moon en Haití, explica que esta decisión sigue a una evaluación conducida sobre el terreno que permitió constatar los progresos realizados en el país en términos de estabilidad. Según Sandra Honoré, solo 2730 hombres constituyen dos batallones que quedarían sobre el territorio.
El Consejo de seguridad debe analizar esta propuesta así como la de refuerzo del sistema judicial haitiano. La representante del Secretario General de la ONU, Sandra Honoré dijo: “En la continuidad de varias resoluciones votadas a partir de 2011, el Consejo de Seguridad ha adoptado la Resolución 2119 en las cuales ha prorrogado por un año el mandato de la Minustah y decidido la reducción continua de sus efectivos militares y policiales autorizados. Los efectivos militares autorizados han pasado de 8.940 luego del terremoto, a 5.021 previstos luego del retiro progresivo de elementos de infantería, y los efectivos de policía de 4.391 a 2.601 oficiales, como recomendó el Secretario Gral. De la ONU, Ban Ki-Moon, en ese informe de fecha 19 de agosto 2013”
Alter Presse / Enviado por Mónica Riet
COMCOSUR INFORMA Nº 1584 – 25/09/2014
________________________________________
URUGUAY
1) MITOS SOBRE LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
Mientras en Uruguay se plantea juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos, en Nueva York avanza un proyecto para hacer justamente lo contrario.
Sudestada, 23/09/2014
Los promotores de esta reforma legal en Nueva York son las autoridades y organizaciones sociales que se basan en hallazgos de la neurociencia y la hipótesis de que más encierro no contribuye a la seguridad pública.
Con la decisión del estado de Connecticut, en 2009, de subir la edad de imputabilidad de 16 a 18 años, los de Nueva York y Carolina del Norte son los únicos estados cuyas leyes establecen la edad de 15 años como el límite de la jurisdicción juvenil, según un informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de Uruguay que ya fijó su postura contraria a la baja de la edad de imputabilidad. Esto significa que a partir de los 16 años de edad, cualquier adolescente que se presuma culpable de cualquier delito es procesado por el sistema de adultos.
En 2013 más de 30 mil adolescentes de 16 y 17 años pasaron por los juzgados de adultos en Nueva York y el 75 por ciento fue procesado por delitos menores. Los jóvenes comparten con los adultos las áreas comunes de las cárceles, según información de la organización Raise the Age, una de las principales promotoras del proyecto.
Algunos adolescentes son recluidos en establecimientos para mayores y se los encierra en celdas aisladas, de modo de mantenerlos separados de los adultos. Raise the Age también advirtió que juzgar a los jóvenes por el sistema de adultos aumenta la probabilidad de que cometan delitos o crímenes violentos en el futuro.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1584 – 25/09/2014
______________________________________
2) MORTANDAD DE ABEJAS EN PASO GUERRERO (PAYSANDÚ):
MALESTAR EN EL LITORAL
El Telégrafo, 8 de setiembre de 2014 / Suma Sarnaqaña
A seis meses de la gran mortandad de colmenas que sufrió en la zona de Paso Guerrero, departamento de Paysandú, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Responsabilidad Limitada de Apicultores Sanduceros (Calapis), José Rivero, manifestó a EL TELEGRAFO que aún no tiene ninguna novedad.
Sumamente molesto por lo sucedido, dijo que “acá sucede que si viene una multinacional y me mata las colmenas, no pasa nada y además, liquidan lo que pasa por el lugar, porque hoy la fauna no existe más, porque están matando todo”.
Pero “por ejemplo si mañana agarran algún infeliz que va a cazar un carpincho o un tatú para darle de comer a los gurises y no matar una oveja o una vaca –lo cual está mal– y la Policía lo detiene –entendiendo que están para hacer cumplir la ley– y sale escrachado al otro día en el diario”, acotó.
El titular de la cooperativa que nuclea a productores de la región señaló que “el que es grande y mata mucho no pasa nada y el que es chico y busca algo para comer sí tiene pena”. La tremenda mortandad de colmenas sufrida el pasado verano “fue un golpe muy fuerte y me dejó muy mal durante muchos días. Me impactó espiritual y económicamente, ya que prácticamente en ese lugar tenía alrededor de 10.000 dólares entre el capital y la producción”, recordó.
“Me pegaron un escobazo y me dejaron cuatro abejas y el valor del apiario en pocos dólares, por lo que es un impacto muy fuerte”, sostuvo sin dejar de sobreponerse al duro golpe que le tocó vivir. “Los apicultores entienden muy bien lo que digo, porque el trabajo que tenemos consiste en visitar diariamente el apiario, curarlo y tenerlo en perfectas condiciones de sanidad, como venía sucediendo, además de que no faltaban más de 10 o 15 días para comenzar la cosecha, por lo que lo sucedido fue muy fuerte”. Hoy, a seis meses de esa mortandad de colmenas, “no he tenido ningún resultado”, enfatizó Rivero. Culpó directamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) o los actores que “les compete esta situación, quienes están trabajando en forma horrible”, dijo.
“Esperar 10 o 15 días para que un técnico llegue al campo para observar la situación para los apicultores es mucho. En esos días, el remedio se diluyó tanto en las abejas como en la vegetación. Entonces, ante esta degradación, ¿qué resultados se pueden obtener en las muestras?”, preguntó. Otro aspecto que no concibe “desde ningún término es que tengamos que esperar un año para que los resultados de los Servicios Agrícolas y la Dirección de Laboratorio Veterinarios (Dilave) estén prontos; es demasiado fuerte”.
Sin ocultar su malestar e impotencia ante la situación, indicó: “No sabemos si no quieren hacer las cosas bien, o no tienen conocimiento de lo que hacen, porque para nosotros los apicultores esta situación es horrible”, enfatizó. “Eso lleva a que hoy los apicultores no quieran hacer análisis porque es una pérdida de tiempo”, sostuvo José Rivero.
Calapis
Calapis trabaja de manera acorde a lo que sucede en otros lugares. “Si bien la cooperativa no cuenta con dinero, tampoco tiene deudas por lo que trabaja normalmente”, señaló el presidente de la cooperativa. “Contamos con todos los insumos que necesitan los productores, además de un servicio de fundido de panales negros, también la venta de miel fraccionada que se comercializa en la cooperativa en Paysandú”. Expresó que “la idea es siempre que Calapis pudiera estar mejor parada en la parte económica, pero la cooperativa tuvo una caída muy fuerte hace algunos años, y hasta ahora no ha podido subsanar ese golpe, y andan más de 80.000 dólares en la calle en mano de productores que todavía no se ha podido cobrar”.
Jornada
Por otra parte, una jornada sobre apicultura y medio ambiente se desarrollará en Casa de Cultura de Paysandú, el próximo viernes 26, 9 a 17 horas. Es “un tema muy candente para todo el medio rural, y no solo para la apicultor”, sostuvo a EL TELEGRAFO Amado Ferrari, directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). Entiende que la mortandad de colmenas “es la punta del iceberg de un gran problema medioambiental, por lo que invitamos a todos los productores involucrados en este tema”.
Explicó que durante la mañana se desarrollarán alrededor de cinco paneles, con presentaciones de distinta índole pero relacionados a la actividad. Desde técnicos representantes de varias instituciones, hasta el ministerio “y redes de la tierra, con un trabajo muy interesante de Estela Santos, con Yamandú Mendoza y Rossana Díaz, que tienen un trabajo sobre polinización que fue presentado en Apimondia”. Citó también a “Silvina Niell, que es una técnica del Polo Agroalimentario, que tiene un trabajo muy interesante y recientemente obtuvo un premio importante en Estados Unidos sobre el tema de las abejas y medio ambiente”.
El Telégrafo / Suma Sarnaqaña, Colectivo de Agronomía Social
COMCOSUR INFORMA Nº 1584 – 25/09/2014
________________________________________
TEMAS DE COMCOSUR
I. LA BUSQUEDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN URUGUAY
EL MAGRO RESULTADO
“Errores y desinteligencias” en las investigaciones sobre desaparecidos ha provocado una crisis entre Familiares, el gobierno y la Udelar: después de diez años de administraciones frenteamplistas es poca la colaboración oficial para avanzar en la búsqueda. Familiares le quitó la confianza al antropólogo López Mazz debido a actuaciones en la causa Nebio Melo, el hijo de Luisa Cuesta.
Por Samuel Blixen / Brecha, Montevideo, 19.09.2014
La renuncia de José Luis López Mazz, coordinador de las excavaciones en predios militares, y los cuestionamientos a la actuación de los organismos gubernamentales plantean dudas sobre las verdaderas razones de políticas inconsistentes. Una inspección judicial en el Servicio de Material y Armamento, donde funcionó el “300 Carlos”, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo, fue el desencadenante de una crisis de proporciones.
Era casi absurdo: aquel grupo de ex presos políticos no lograba identificar con total certeza el barracón o el galpón donde habían permanecido secuestrados, como si hubiera una real necesidad de demostrar que efectivamente allí, en ese cuartel, habían sido sistemáticamente torturados, algunos de ellos hasta la muerte. De todas formas, la visita judicial exhibía cierto aire de reivindicación, pero quedó opacada con otra situación, grotesca, inmoral, indignante, cuando los ex presos –y la jueza– llegaron a la alambrada que separa el Regimiento de Caballería número 6 de lo que se conoce como la cárcel de Domingo Arena, el establecimiento de reclusión Vip que alberga al puñado de terroristas de Estado procesados –algunos ya penados– por los crímenes de la dictadura militar. Es que, contra ese alambrado, mirando impertérritos, se agrupaban algunos de los que habían sido los torturadores de los visitantes y que son depositantes de los secretos que aún vulneran la paz de la sociedad, a casi 40 años de ocurridas las desapariciones forzadas: los lugares de enterramiento de los cuerpos de las víctimas, y los nombres de quienes ordenaron los asesinatos y eligieron los lugares de sepultura clandestina.
A diez años del comienzo de las excavaciones en busca de los cuerpos de los desaparecidos, el balance es extremadamente pobre, acusadoramente pobre. Según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, hay 240 denuncias de desapariciones forzadas, de las cuales 189 han sido confirmadas y 35 están a estudio; las restantes fueron descartadas.
La mayoría se refiere a uruguayos detenidos y secuestrados en Argentina, que fueron extraditados clandestinamente a Uruguay entre 1974 y 1979. Eso le confiere una particularidad a la represión uruguaya en el contexto del terrorismo regional: la mayoría de las desapariciones forzadas fueron consecuencia del Plan Cóndor e implica la voluntad expresa de trasladar a los detenidos desde otros países, para asesinarlos aquí. Ese dato destruye la fábula que la Comisión para la Paz pretendió instalar sugiriendo una cualidad más “humana” de la dictadura uruguaya, donde unas decenas de desapariciones confirmadas eran atribuibles a las “extralimitaciones” en la tortura con decesos “no premeditados”.
La confirmación de que la muerte en Argentina de exiliados uruguayos detenidos había sido la excepción fue producto del constante esfuerzo de los familiares de las víctimas, de algunos abogados y de organizaciones de derechos humanos que aportaron los insumos a la justicia; el Estado, los gobiernos, no pueden exhibir ningún mérito en ese esfuerzo.
Las cifras son contundentes. Hay un mínimo de 150 cadáveres que fueron enterrados en Uruguay, en cementerios clandestinos de los que no se tiene noticia cierta, y sólo se han recuperado cuatro. Ese es el magro saldo de diez años de excavaciones. De los cuatro restos recuperados, tres corresponden a militantes que fueron detenidos en Uruguay: Ubagesner Chaves Sosa, ubicado en noviembre de 2005 en una granja de Pando que había pertenecido a militantes del Mln y que fue “expropiada” por la Fuerza Aérea para ser utilizada como centro clandestino de interrogatorios y torturas; Fernando Miranda, ubicado en diciembre de 2005 en el Batallón de Infantería 13; y Julio Castro, ubicado en octubre de 2011 en el Batallón de Infantería 14. El restante, Ricardo Blanco, secuestrado en Buenos Aires a comienzos de 1978, fue ubicado en marzo de 2012, también en el Batallón 14, muy cerca de donde había sido enterrado Julio Castro. El hallazgo de los restos de Blanco abona la hipótesis de que los detenidos en Argentina, en su inmensa mayoría, fueron asesinados en Uruguay.
Resulta interesante determinar qué pistas condujeron a esos hallazgos. El caso de Chaves Sosa obedece a la determinación de los mandos de la Fuerza Aérea que en 2005 decidieron “blanquear” su responsabilidad sobre dos desapariciones y así aportaron la información, aunque los esfuerzos por descubrir el lugar de enterramiento de José Arpino Vega en la chacra de Pando fueron estériles.
La actitud del Ejército, en cambio, fue diametralmente opuesta. En el informe que el comandante en jefe del Ejército elevó al presidente Tabaré Vázquez en octubre de 2005, a raíz del pedido presidencial sobre información de los detenidos desaparecidos, se dejaba constancia, respecto de Fernando Miranda, que “sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Paracaidistas Nº 14, posteriormente fueron exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona”. Pero dos meses después el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, recibía un sobre anónimo –según se informó– con un croquis del lugar de enterramiento en el Batallón de Infantería 13, no el 14. La información era tan exacta que los restos fueron hallados a poco de iniciar las excavaciones demostrando la falsedad de la información brindada por el Ejército, que apuntaba a desestimular la búsqueda aduciendo una falsa cremación. La Presidencia no tomó ninguna medida para castigar la maniobra de desinformación y tampoco mostró interés en ubicar al autor del croquis, que podría aportar información sobre otros desaparecidos que estuvieron secuestrados en el 13 de Infantería, como es el caso de la maestra Elena Quinteros.
El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro es más significativo aun. Un ex soldado que había revistado en el 14 de Infantería, que había solicitado su retiro del Ejército y que cumplía condena en la cárcel por delitos comunes, hizo saber a la Presidencia que podía señalar un lugar de enterramiento. Conducido por el juez penal Pedro Salazar –que instruye la megacausa de la desaparición de María Claudia García de Gelman– a los predios del 14 de Infantería, el ex soldado señaló con precisión el lugar donde fue enterrado Julio Castro, en presencia de los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos, de los miembros del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf), de Familiares y de una cohorte de oficiales, entre los que se contaban antiguos jefes del informante.
“¿Qué están haciendo éstos acá?”, reclamó el ex soldado que fue prolijamente filmado antes de un tardío esfuerzo por evitar el “manyamiento”. El episodio reveló que ni la Secretaría ni el Ministerio de Defensa toman providencias para preservar a los informantes, lo cual evidentemente desestimula a cualquier otro testigo entre los innumerables soldados que saben dónde fueron enterrados los prisioneros asesinados (entre otras cosas porque ellos eran obligados a cavar las fosas); y que saben también quiénes ordenaron esos enterramientos y quiénes estaban de guardia en las unidades militares.
La ubicación de Julio Castro permitió muy poco después el hallazgo de los restos de Ricardo Blanco; había sido enterrado en la misma zona y aunque ambos habían sido asesinados con meses de diferencia, provenían del mismo centro clandestino de detención, La Casona de la calle Millán, lo que sugiere que ese bosquecito en los predios del 14 de Infantería había sido adjudicado a las autoridades del Ocoa que asumieron a principios de 1977, para esconder sus infamias.
No hay hasta ahora siquiera un detalle de las atribuciones y destinos de los responsables de la represión a partir de 1977, por más que a ellos se les debe atribuir los traslados clandestinos de por lo menos una docena de exiliados secuestrados entre diciembre de 1977 y julio-agosto de 1978. Depende de la voluntad de las autoridades ubicar y encontrar los organigramas en las dependencias de las Fuerzas Armadas y los documentos de los archivos para que la justicia pueda actuar; pero el Ministerio de Defensa no entrega la información –o la entrega parcialmente– y la Secretaría de Derechos Humanos administra con criterios de reserva y secreto aquellos documentos que pudieron ser ubicados y que han sido recopilados por el equipo de historiadores dirigidos por el actual decano de Humanidades, Álvaro Rico. Los reclamos de Familiares para el acceso a los documentos no han sido contemplados por la Secretaría, de la misma forma que no obtuvieron respuesta los reclamos para que el gobierno implemente medidas reales y efectivas a los efectos de ubicar todos los archivos militares.
Testimonios coincidentes
Pese a la presión e intimidación de los testigos, de los que es responsable el ministro de Defensa, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como los jueces, los Familiares y los antropólogos siguieron recibiendo información de personal militar sobre posibles lugares de enterramientos.
Una de las primeras acciones del Giaf, que en forma colectiva asumió los trabajos de búsqueda tras la renuncia de José López Mazz, fue la presentación, ante el juzgado penal que dirige Pedro Salazar, de un informe conteniendo datos nuevos –o viejos datos reexaminados– como posibles objetivos de nuevas excavaciones en los predios del Batallón de Infantería 13.
Independientemente de esta nueva evaluación, en dos juzgados –Penal 2° y Penal 1°– reposa una sistematización de la información sobre posibles lugares de enterramientos clandestinos en los predios del Servicio de Material y Armamento (Sma), contiguo al 13 de Infantería, donde funcionó el centro clandestino de detención 300 Carlos (o Infierno Grande). Hay por lo menos 18 testimonios indirectos de ex soldados que afirman haber visto personalmente enterramientos colectivos o haber recibido comentarios sobre esos enterramientos.
Algunos de esos testimonios son coincidentes respecto de los lugares precisos de los enterramientos; algunos son recientes, de setiembre de 2013, y otros que se remontan a 2006. Varios informantes coinciden en que debajo del piso de cemento de un polvorín, a los fondos del predio circundado por una serie de galpones (entre ellos el que operó como 300 Carlos) fueron enterrados varios cuerpos, “entre ellos dos mujeres”; un testimonio de 2006 refiere que “la otra parte, donde está el polvorín, está lleno de gente”; una información fechada en diciembre de 2005 menciona que “debajo de la planta de pulido de armas del Sma hay más de diez cuerpos”.
Aunque la mayoría de los testimonios son de 2005 y 2006, referidos al polvorín del Sma y los terraplenes contiguos, recién hace unos meses atrás comenzó la búsqueda con georradar; las excavaciones se habían centrado en el predio del 13 de Infantería, donde uno de los objetivos era la ubicación de los restos de María Claudia.
Detonante de la crisis
Por razones que no están claras, los trabajos se dilataron en el Sma, aunque esos predios albergaron el 300 Carlos, el más sanguinario centro clandestino de detención, hasta fines de 1976. El ingreso al Sma, siempre tuvo, objetivamente, “complicaciones”: cuando la jueza Mariana Mota ordenó una inspección ocular del 300 Carlos, en función de una investigación sobre torturas, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, intervino personalmente para impedir que la jueza y sus colaboradores tomaran fotos del lugar y en especial del barracón donde funcionó el centro clandestino. Enfrentándose a la autoridad judicial, el ministro mantuvo su decisión y la fundamentó en “razones de seguridad nacional”; supuestamente, en esos barracones estaban almacenadas “armas secretas”.
Sin embargo, el elemento que detonó una verdadera crisis –que obligó, después de meses de silencio, a un pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y a la renuncia del antropólogo López Mazz, a raíz de la decisión del grupo Madres y Familiares de Detenidos Desa-parecidos de retirarle la confianza al coordinador del equipo de Antropología Forense– fue la inspección al Sma ordenada por el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, en la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo, hijo de Luisa Cuesta, denunciante junto con su sobrino Nilo Patiño.
En sucesivas instancias, en que fueron convocados al juzgado el doctor Álvaro Rico, los miembros del Giaf y los abogados de los denunciantes (López Mazz no concurrió), se planificó la inspección para evaluar en el terreno los indicios que sugieren que Nebio Melo, secuestrado en Buenos Aires en febrero de 1976 junto con Winston Mazzuchi, fue llevado al 300 Carlos, después de que, trasladado desde Argentina, fue torturado en la casa de Punta Gorda conocida como el Infierno Chico.
El juez, abogados y familiares ingresaron al Sma el 19 de diciembre de 2013. Pero en el momento de iniciar la inspección, el antropólogo López Mazz alertó que sobre esos terrenos existía una orden de “no innovar” decretada por el juez Pedro Salazar. Se produjo una discusión entre el antropólogo y el juez Fernández Lecchini, que ignoraba esa decisión que le impedía actuar. No obstante, le reclamó a López Mazz que aportara la información que manejaba sobre posibles enterramientos en el Sma, los testimonios de los informantes y la identidad de los mismos. Puesto que hubo entredichos y contradicciones, el juez solicitó al ministerio –dado que personal militar había filmado todas las instancias de la visita– una copia del video, pero cuando lo recibió en su despacho advirtió que la copia entregada por el ministerio no tenía audio.
Disgustado por la posibilidad de haber interferido en disposiciones de un colega, el juez Fernández Lecchini solicitó al juez Salazar confirmación de la orden de no innovar en los predios del Sma. La respuesta demoró más de un mes, debido a la feria judicial, pero cuando llegó al despacho, Fernández Lecchini descubrió que no existía tal orden en el momento de la visita al cuartel; tampoco recibió el magistrado la información sobre la identidad de los testigos.
El episodio agudizó los desencuentros entre López Mazz y los integrantes de Familiares. Una exposición verbal ante la Secretaría de Derechos Humanos, en febrero de este año, en la que Nilo Patiño, denunciante en la causa de la desaparición del hijo de Luisa Cuesta, fundamentó sus críticas a la actuación de López Mazz, generó una áspera discusión, pero recién a fines mayo la Secretaría se pronunció sobre el episodio, admitiendo que “se cometieron errores” y que “se produjeron desinteligencias”, tras una comunicación de Familiares anunciando que retiraba su confianza al antropólogo.
Simultáneamente, Nilo Patiño formuló un planteo ante el entonces rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, cuestionando la actuación del decano Álvaro Rico y del docente de Humanidades José López Mazz, ambos miembros de la Secretaría. En una vista derivada a los dos universitarios, Rico y López Mazz reivindicaron su “autonomía técnica” pero Rico admitió “desinteligencias y errores”. Fue entonces que López Mazz decidió “dar un paso al costado”, previo a su renuncia. Tanto Rico como López Mazz declinaron formular declaraciones a Brecha sobre estos entretelones.
La decisión de López Mazz, de multiplicar, a partir de entonces, sus apariciones en la prensa –en entrevistas en las que anunció la existencia de fosas comunes y reivindicó su convicción de la existencia de la Operación Zanahoria (la exhumación por parte del Ejército de los cuerpos enterrados en los predios militares)– motivó reacciones de Familiares, de la propia Secretaría e incluso de los otros integrantes del grupo de antropólogos. La Secretaría coincidió con Familiares en que anuncios sobre posibles fosas comunes generaban expectativas y tensiones entre los familiares, y reclamó “cautela y mesura”. Y sobre la Operación Zanahoria coincidió con el equipo de antropólogos en que no existen hasta ahora elementos como para confirmar o descartar ese extremo de la impunidad.
Pese a la opinión de ese órgano de la Presidencia, al otro día de la conferencia de prensa, el ministro Fernández Huidobro formuló declaraciones en el sentido de que los resultados de análisis genéticos sobre un resto óseo encontrado en el 13 de Infantería confirmaba la Operación Zanahoria. Pero dado que tales resultados no coincidían con ninguno de los registros del banco genético de desaparecidos uruguayos, el ministro abundó en una explicación peregrina: si los rastros genéticos de ese resto óseo no coinciden con los guardados en el banco es porque hay familiares que no aportaron sus pruebas genéticas.
La Operación Zanahoria fue una explicación sobre el destino final de los desaparecidos que los organismos de derechos humanos cuestionaron, en tanto es funcional a las pretensiones de los militares de mantener el secreto y eludir el castigo. La afirmación de que los desaparecidos asesinados habían sido exhumados, desenterrados, los restos cremados y las cenizas esparcidas en el mar resolvía de un plumazo el problema político de la búsqueda. Las fuentes militares aconsejaban no buscar a los desaparecidos, “porque nunca los van a encontrar”. Según familiares consultados, el abogado Gonzalo Fernández llegó a describir las características de los hornos crematorios usados.
Aun cuando pueda admitirse que hubo intentos de hacer desaparecer los cuerpos, las evidencias indican que es necesario multiplicar la búsqueda. Los cuatro cuerpos encontrados son enterramientos primarios y ellos confirmaron los testimonios aportados por testigos. El reclamo, ahora, es establecer una comisión especial con poderes para buscar información y planificar la investigación y la búsqueda que, por razones que se desconocen, han sufrido hasta ahora limitaciones e interferencias para doblegar el secreto de la mafia militar.
Samuel Blixen / Brecha
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1584 – 25/09/2014
__________________________________________________
II. INSEGURIDAD
¿DE QUE HABLAN CUANDO NOS DICEN: “LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LA GENTE ES LA INSEGURIDAD”?
Les costó muchos millones de pesos instalar el tema; sin duda cuando la derecha, en retroceso regional, planificó su retorno, lo hizo utilizando sus parcelas de Poder. Claramente concluyeron que su retorno no podía realizarse a través del Poder desnudo, pero sí utilizando su control sobre el Poder cultural.
Por Jorge Marrero
La represión del terrorismo de estado está demasiado fresca, entonces no podían intentar re legitimar el desastre neoliberal sin un profundo “trabajo” Lo realizaron desde su monopólico control sobre los medios masivos de comunicación (el Poder cultural) Entonces “eureka” descubrieron la piedra filosofal: la inseguridad; en pocos años lograron que la encuestocracia pasara el tema desde el un %, muy lejos de “la principal preocupación” al mayor % -la vedette principal en los temores de la gente.
Volviendo a la pregunta del inicio; ¿Se refieren a la posibilidad de que no cobremos las jubilaciones? ¿Hablan de una gran desocupación que nos hunda definitivamente en la miseria? ¿Será que perderemos “nuestro estilo de vida”?… La principal herramienta de control que tienen los explotadores es el miedo; es a su través que la gente admite perder hasta sus derechos fundamentales. Es un hecho sintomático que muestra, en el sistema basado en el egoísmo y el miedo, que los explotados confunden sus intereses con la defensa de la propiedad privada de los explotadores. Por eso se preocupan tanto por los hurtos y las rapiñas y casi nada por los accidentes de tránsito, la violencia doméstica o los suicidios.
Nos han impuesto su ideología y aunque el neoliberalismo económico esta en retroceso, en lo cultural y en lo político no hay tal reculada. El relacionamiento basado en el egoísmo contra la solidaridad se mantiene en casi todo el entramado social y los representantes de la oligarquía logran la mitad de la representación social parlamentaria, amén que la parte militar del Poder político no ha sido tocada por los intentos progre posibilistas de “maquillar al monstruo”
En cuanto a la delincuencia, lisa y llana, es falso que estos sean los peores niveles de los últimos años, pero además es comprensible que los hechos delictivos aumenten cuando venimos saliendo de la peor crisis del sistema capitalista, crisis provocada para desmontar las estructuras del viejo “estado de bienestar” para imponer el modelo del “estado de bienestar de los ricos” La injusticia y la cultura de la impunidad no puede ser la base del desarrollo de una sociedad justa e igualitaria.
Jorge Marrero (Santa Rosa)
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1584 – 25/09/2014
_________________________________________
Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido,
para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo.
No importa que yo no esté / soy un silencio testigo,
si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido.
Armando Tejada Gòmez
_________________________________________
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
Correspondencia y/o envíos: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera)
11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Pagina Web: nuevo.comcosur.org/
Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC
COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo Institucional ni personal.