1) No para la masacre de dirigentes indígenas hondureños
2) Corrupción desmorona un imperio: el brasileño de Odebrecht
3) La integración es un elefante blanco
4) ¿Fin del ciclo hegemónico americano?
5) ¿Será nutritivo el maíz transgénico que produce cadaverina y putrescina?
6) Todo lo que hay que saber sobre el aceite de palma
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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 809 / Miércoles 22 de febrero de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) No para la masacre de dirigentes indígenas hondureños
Giorgio Trucchi (rel/uita)
El viernes 17 de febrero, desconocidos acabaron con la vida de José de los Santos Sevilla, dirigente tolupán de la comunidad de La Ceiba, en Montaña La Flor. Este nuevo asesinato se enmarca en una masacre impune y tenaz contra los pueblos originarios hondureños. José de los Santos Sevilla fue presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas Tolupanes de la Montaña de la Flor, se desempeñaba como maestro de primaria y formaba parte de la red de Facilitadores Judiciales. Más de un centenar de tolupanes han sido asesinados en las últimas dos décadas.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, el dirigente tolupán fue atacado por cinco desconocidos que irrumpieron en su vivienda situada en la comunidad La Ceiba, municipio de Orica. Un equipo de la Unidad Especial de Homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazó de inmediato a la zona para recolectar indicios e iniciar las investigaciones.
Según una nota publicada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) pocas horas después de este asesinato que enluta nuevamente a la comunidad indígena hondureña, el pueblo Tolupán ha sido uno de los más asolados por la violencia. “Desde hace dos décadas han sido asesinados más de un centenar de tolupanes por la defensa de sus territorios y bienes comunes. La persecución a la que se han visto expuestos los más de 20 mil tolupanes que viven en Honduras está relacionada con el manejo del bosque y la minería ilegal”, explica la Ofraneh.
Honduras hacia el abismo
Defensores de la tierra y los bienes comunes en la mira
El reciente informe de la organización británica Global Witness “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”(1) advierte que 123 defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009. Otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados. Más del 90 por ciento de estos crímenes ha quedado en la impunidad.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes. Una situación -asegura Global Witness- que es consecuencia directa de un cóctel letal donde se combinan corrupción generalizada, intereses del gran capital nacional e internacional coludido con miembros de la clase política y funcionarios estatales, ausencia del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y la impunidad.
Entre los casos emblemáticos presentados por el informe, destaca el de la masacre de cinco activistas tolupanes de la comunidad de San Francisco Locomapa, en medio de una fuerte lucha contra la minería y la tala ilegal. El nombre de José de los Santos Sevilla se agrega ahora al de Vicente Matute, asesinado en 1991, y de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Erasio Vieda Ponce, Luis Reyes Marcía, dirigentes tolupanes masacrados entre 2013 y 2015.
“Los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos una guerra de exterminio”, lamenta la Ofraneh. “Mientras el Estado por un lado impulsa controvertidas reformas al código penal, que convierten la protesta social en terrorismo, por el otro es incapaz de frenar la violencia en contra de los defensores de los bienes comunes. Esperamos -continúa la organización garífuna- que el asesinato de José de los Santos Sevilla no quede en la impunidad, como ha sucedido con el de Vicente Matute, Berta Cáceres y otras muertes de indígenas que han defendido el territorio de su pueblo”, concluye.
(1) www.globalwitness.org/documents/18726/Defenders_Honduras_full_report_Spanish_spreads.pdf
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017 – COMCOSUR
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2) Corrupción desmorona un imperio: el brasileño de Odebrecht
Mario Osava (IPS)
Los brasileños se sienten sobrepasados por la lluvia de informaciones sobre los enormes tentáculos de corrupción con que operó la mayor constructora del país, Odebrecht, un conglomerado de empresas con presencia en decenas de sectores y países.
El imperio empresarial construido por tres generaciones de la familia Odebrecht se está desmoronando en tres años de la llamada operación “Lava Jato” (lavado de automóviles) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que investiga la corrupción que desvió miles de millones de dólares de los grandes negocios del grupo petrolero estatal Petrobras.
Marcelo Odebrecht, quien presidió el grupo empresarial de 2008 a diciembre de 2015, está detenido desde junio de 2015 y condenado en primera instancia a 19 años de prisión. En octubre dejó de resistir y aceptó colaborar con las investigaciones judiciales, como decisión empresarial. Un total de 77 dirigentes del conglomerado, buena parte ya alejados de sus funciones, prestó más de 900 testimonios a fiscales de Lava Jato, provocando un terremoto entre políticos brasileños y de toda América Latina.
El grupo empresarial había creado un departamento especializado en la compra y pago de favores que, según la justicia estadounidense, resultaba un buen negocio. Cada dólar “invertido” en sobornos producía 12 dólares en contratos. El compromiso es revelar todas las ilegalidades cometidas por la empresa y sus agentes en los países donde ya se identificaron prácticas de soborno para obtención de contratos de obras públicas.
El Departamento de Justicia estadounidense divulgó en diciembre que Odebrecht destinó presuntamente 1.038 millones de dólares para sobornar políticos y funcionarios gubernamentales en 10 países latinoamericanos y dos africanos, incluido Brasil, donde quedó 57,7 por ciento de esa suma. Estados Unidos hace sus propias investigaciones, que podrían culminar con condenas penales locales, porque varias empresas del grupo, como la constructora y la petroquímica Braskem, operan allí y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Eso pasa también con Petrobras, considerada víctima de la corrupción en sus megaproyectos de extracción petrolera y sometida a varias investigaciones judiciales por parte de tenedores de acciones en Estados Unidos. Estados Unidos y Suiza, cuyos bancos fueron utilizados para ocultar o legitimar capitales ilegales, firmaron acuerdos de cooperación con el Poder Judicial de Brasil, en la actual ofensiva contra la corrupción en este país latinoamericano.
Los efectos son abrumadores. En Brasil se espera que las revelaciones de Odebrecht provoquen un tsunami en la política. Se habla de dos centenares de parlamentarios y gobernantes que habrían recibido sobornos, incluso miembros de las cúpulas actuales de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El grupo empresarial había creado un departamento especializado en la compra y pago de favores que, según la justicia estadounidense, resultaba un buen negocio. Cada dólar “invertido” en sobornos producía 12 dólares en contratos.
Esa estimación se basa en más de 100 proyectos ejecutados o en marcha en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, más los africanos Angola y Mozambique. La orden de detención solicitada por tribunales de su país contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien residiría en Estados Unidos, y denuncias que involucran a los actuales presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela, constituyen solo la punta del iceberg.
Aún no se conocen lo que revelaron dirigentes y exdirigentes de Odebrecht, como exdirectores del área externa del conglomerado y expresidentes de brazos especializados en infraestructura, ingeniería industrial o logística. Se espera que nuevas cifras sobre presuntos sobornos se añadan en los próximos meses a las ya reveladas en Estados Unidos, encabezadas por los 599 millones de dólares distribuidos en Brasil, 98 millones en Venezuela, 92 millones en República Dominicana, 59 millones en Panamá y 50 millones en Angola.
En Perú fueron “solo” 29 millones de dólares desde 2005. Es poco considerando que solo en el gasoducto del Sur, aún en construcción, las inversiones previstas suman 7.000 millones de dólares. El gobierno peruano ya decidió quitarle el control de esa obra a Odebrecht. La Carretera Interoceánica que cruza el sur peruano, de la frontera brasileña a puertos en el océano Pacífico, involucra juntó Odebrecht a otras tres constructoras brasileñas, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, todas investigadas por sospecha de corrupción.
Durante la presidencia de Alan Garcia (2006-2011) se firmó con Brasil un acuerdo para la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en Perú, anulado por su sucesor, Ollanta Humala (2011-2016), que sin embargo tiene su campaña electoral bajo sospecha de haber recibido tres millones de dólares brasileños. Odebrecht, que tiene la concesión de Chaglla, la tercera mayor central hidroeléctrica de Perú, con 462 megavatios de potencia, sería la principal constructora de las nuevas plantas.
La multiplicación de los escándalos locales o sectoriales iluminan los tentáculos de Odebrecht. Braskem, brazo petroquímico del grupo, es acusada de distribuir 250 millones de dólares en sobornos para apoyar su papel de líder americano en producción de resinas termoplásticas, con 36 plantas en Brasil y Estados Unidos, además de Alemania. El imperio nacido en 1944 como una simple constructora se fue diversificando el último medio siglo para expandirse a actividades tan diversas como la agroindustria de la caña de azúcar, el desarrollo de tecnologías militares o empresas de servicios petroleros, de logística y de industria naval, entre otras.
A comienzos de los años 70 construyó la sede de Petrobras, sellando una relación que desembocó en el desastre actual, que destruyó la reputación de la empresa orgullosa de su “Tecnología Empresarial”, un conjunto de principios éticos y operativos a que se atribuye su rápida expansión, pero no previó la corrupción. Se puede atribuir el auge del conglomerado a su visión estratégica y un modo de operar que resultó exitoso hasta empezar la operación Lava Jato. La de ser “amigo del rey” era parte de sus métodos.
Angola es el mejor ejemplo. El aún presidente del Consejo de Administración del grupo, Emilio Odebrecht, hijo del fundador Norberto Odebrecht, se reúne anualmente con el presidente angolano, José Eduardo dos Santos, en Luanda, para discutir proyectos para el país. Esa prerrogativa del gran empresario se justifica por la fuerte presencia de su constructora en las obras vitales del país en reconstrucción, en energía, en recursos hídricos, carreteras y urbanización.
Odebrecht cuenta con un prestigio único en Angola, desde que construyó la central hidroeléctrica de Capanda, en el río Kwanza, entre 1984 y 2007, con interrupciones y riesgos por la guerra civil (1975-2002). Ahora construye la mayor central angoleña, Lauca, también sobre el mismo Kwanza, con 2.067 megavatios de capacidad. Su omnipresencia en el país le lleva a administrar el Belas Shopping, centro comercial de lujo en el sur de Luanda, ejecutar el plan hídrico para abastecer la capital, preparar la primera parte del distrito industrial en las afueras de Luanda, construir conjuntos de viviendas y recuperar la industria azucarera angolana.
En Cuba también ocupó el estratégico proyecto de la ampliación del Puerto Mariel y la gestión de una central azucarera, en búsqueda de recuperar ese decaído sector de la isla caribeña. En otros países, como Panamá, Perú y Venezuela, sobresale la cantidad de obras y proyectos a cargo de la empresa brasileña, en áreas tan diversas como transportes urbanos, carreteras y puentes, puertos, centrales eléctricas, hidrocarburos e, incluso, agricultura.
Ese ciclo expansivo acabó. Muy endeudada, con su facturación desplomándose, sin acceso al crédito, incluso en bancos de fomento brasileños, y con el estigma de corruptor, el conglomerado trata de colaborar con la justicia de los países involucrados, buscando acuerdos que le permitan seguir operando y recuperarse más adelante. Ahora queda por saber si Odebrecht es “tan grande que no puede quebrar”, como se dijo de algunos bancos en la crisis mundial estallada en 2008.
Editado por Estrella Gutiérrez
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017 – COMCOSUR
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3) La integración es un elefante blanco
José Natanson (Le Monde Diplomatique)
Como esas gigantescas estructuras sin terminar de paredes descascaradas, techos semiderruidos y gente viviendo adentro que, de la Torre de David caraqueña al Elefante Blanco porteño, proliferan por América Latina, la integración regional tiene algo de inconcluso, un eterno work in progress que encierra una dimensión monstruosa. Y ello a pesar de que se trata de una región homogénea del planeta desde el punto de vista cultural y religioso, sólo comparable al mundo árabe, que comparte un solo idioma y una única cultura pero que se encuentra cruzado por conflictos interreligiosos mortales. Desprovista de armas nucleares, con la amenaza terrorista felizmente ausente y sin tensiones interestatales de envergadura, América Latina es una zona pacífica y de fronteras estables. Como recuerda Andrés Malamud (1), en los últimos dos siglos ningún Estado latinoamericano desapareció del mapa y sólo se crearon tres (Uruguay, República Dominicana y Panamá).
Sin embargo, el fin del ciclo político de la izquierda encuentra a la integración regional –una vez más– sin vigas y sin revoque. Tras una década de gobiernos nacional-populares, la evidencia indica que los avances en términos de inclusión social, crecimiento económico y estabilidad política no se vieron acompañados por progresos equivalentes en materia de integración: más allá de una retórica patriagrandista que por momentos pareció más orientada a disimular los fracasos que a festejar los éxitos, lo cierto es que el comercio intra-zona del Mercosur, el bloque más consolidado de América Latina, sigue estancado por debajo del 16 por ciento, frente al 60 de la Unión Europea, que la institucionalidad latinoamericana se reduce a un conjunto de estructuras burocráticas incapaces de asumir un liderazgo político (2) y que se han ido apilando una serie de proyectos inacabados, desde los más razonables como el Banco del Sur a los interesantes pero impracticables como la moneda única (que hasta tenía nombre: SUCRE) y los directamente extravagantes, como el Gasoducto del Sur. En palabras del especialista inglés Laurence Whitehead, un “mausoleo de modernidades” que subraya nuestra esencia inconclusa (3).
Esta persistente parálisis se explica esencialmente por tres motivos, el primero de los cuales es tan claro que hasta un economista podría entenderlo: pese a los recurrentes intentos a lo largo de la historia y algunas islas de innovación, las exportaciones de América Latina siguen descansando básicamente en commodities, que representaban el 54 por ciento del total en 2002 y representan el 60 por ciento en la actualidad, con la consecuente orientación de los vínculos comerciales hacia las potencias extrarregionales demandantes de materias primas, sobre todo China, antes que a los países vecinos. La desunión latinoamericana es, más que cualquier otra cosa, una suma de primarizaciones nacionales. Como demuestra la experiencia del complejo automotor argentino-brasilero, el ejemplo más avanzado de articulación industrial entre dos países de la región, la interdependencia exige sofisticación productiva. Sin agregación de valor no hay integración posible.
El segundo motivo es la carencia de liderazgo. A lo largo de la historia, Brasil se ha mostrado lo suficientemente poderoso como para bloquear los intentos de protagonismo de otros países latinoamericanos (México en el siglo XIX, Argentina a comienzos del XX), pero no ha sido lo suficientemente potente, o audaz, para imponer una hegemonía regional duradera. No es solo una cuestión de peso relativo, pues Brasil representa la mitad, aproximadamente, del PBI, el territorio y la población de Sudamérica, o sea más que Alemania en relación a Europa, sino más bien de subdesarrollo: a pesar de los impresionantes avances de la última década, Brasil sigue siendo un país desigual y violento cuyos gigantescos problemas internos modelan una secuencia histórica entrecortada en la que los períodos de proyección regional son sucedidos por otros de displicente apatía, reforzados estos últimos por su singularidad lingüística, la autopercepción de un destino nacional manifiesto y el tradicional ensimismamiento heredado de los portugueses.
Para colmo, el impeachment a Dilma Rousseff demostró que la estabilidad política brasilera sigue siendo frágil y reveló los límites de los países de la región a la hora de evitar las torsiones democráticas. Especulemos: ¿qué hubiera cambiado si el juicio político contra la presidenta petista se hubiera intentado en un contexto de gobiernos de izquierda consolidados, con el kirchnerismo ejerciendo el poder en Argentina? Probablemente nada, a juzgar por la dificultad que en su momento encontraron esos mismos gobiernos progresistas para evitar el desplazamiento de Fernando Lugo de la presidencia de un país mucho más influenciable como Paraguay. En todo caso, los desalojos más o menos irregulares de presidentes latinoamericanos ponen en cuestión uno de los pocos avances realmente concretos de los últimos años: la capacidad de garantizar la continuidad de los gobiernos democráticamente elegidos mediante el diálogo interpresidencial, el acompañamiento amistoso y las presiones, estrategia que había dado resultado en las crisis ocurridas en Venezuela, Bolivia y Ecuador pero que fracasó en Paraguay y Brasil.
El tercer motivo que explica la parálisis integracionista es de inspiración. Los dos ejemplos más avanzados resultan, por motivos diferentes, inaplicables a la realidad latinoamericana. El primero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), se fundamenta en la necesidad de Estados Unidos de expandir sus mercados de exportación por vía de la anulación de las barreras comerciales: su origen a partir de una imposición Norte-Sur, su condición cuasi-imperial y un diseño a la medida de los requerimientos de Washington, basados en el libre tránsito de bienes, servicios y capitales pero no de personas, lo hacían imposible de replicar incluso antes de la decisión de Donald Trump de enterrarlo bajo un muro.
El otro modelo es el europeo. Aunque más profundo, equitativo y casi diríamos humano que el norteamericano, es consecuencia de las condiciones irrepetibles de los años 40. Como señala Tony Judt en su monumental Postguerra (4), “la Europa postnacional, del Estado de Bienestar, cooperante y pacífica, no nació del proyecto optimista, ambicioso y progresista que los euroidealistas de hoy imaginan desde la pura retrospectiva: fue el fruto de una insegura ansiedad. Sus líderes llevaron a cabo reformas sociales y fundaron nuevas instituciones como medida profiláctica para mantener a raya el pasado”.
En un contexto de estancamiento de los procesos de integración, con estructuras productivas primarizadas, sin liderazgos nítidos y huérfanos de modelos, los países de la región caminan sueltos. México y las naciones centroamericanas, umbilicalmente atados a Estados Unidos, sufren el drama de verse sometidos a un presidente al que no eligieron pero cuyas decisiones los afectan tanto o más que las de sus impotentes gobiernos. Las economías pro-mercado del Pacífico (Colombia, Perú y Chile) insisten con un modelo que asegura crecimiento y exportaciones pero que profundiza la desigualdad, en tanto los países bolivarianos resisten el cambio político que ya ocurrió en los dos principales socios del Mercosur.
En suma, la región vive una etapa de transición que aún no ha dado forma a una nueva hegemonía política reflejada en un clima de época, como fueron el neoliberalismo en los 90 o la nueva izquierda en la primera década del siglo XXI. En el primer caso, el influjo fue casi total: aunque con diferentes tiempos (comenzó en Chile y luego se fue expandiendo hasta alcanzar su cénit en los 90), intensidades (más radical en Argentina y Perú, más tímido en Uruguay y Costa Rica) y resultados (más exitoso en Chile y Brasil, un desastre en la mayoría de los países), el Consenso de Washington se extendió por toda la región. La hegemonía de la izquierda, en cambio, fue más parcial, aunque en su mejor momento llegó a gobernar casi toda Sudamérica, además de Nicaragua y El Salvador. Hoy prevalece sobre todo en Bolivia, Ecuador y dificultosamente en Venezuela, y en este sentido resulta interesante constatar que el modelo bolivariano de reforma constitucional y concentración caudillista del poder aguantó mejor el cambio de época que la izquierda institucionalista de Chile, Brasil e incluso Argentina: en términos de continuidad (no necesariamente de resultados), el chavismo le ganó al lulismo.
Pero decíamos que el cambio político no es completo. La nueva derecha, tal como la hemos definido en otras oportunidades (5), no se ha convertido aún en un movimiento auténticamente regional: el recuerdo todavía fresco de las conquistas socioeconómicas de la izquierda y el pasado trágico del neoliberalismo le impiden construir un consenso sólido en torno a su programa de reformas incluso en aquellos países que, como el nuestro, la eligieron para gobernar. Porque además el viento internacional está cambiando: parte del éxito de los ciclos políticos anteriores radicaba en su capacidad para sintonizar con el “estado del mundo” en el que se insertaban, caracterizado, en el caso del neoliberalismo, por la abundancia de capitales, la apertura económica y el dominio unipolar de Estados Unidos, y por los altos precios de los commodities y el ascenso de China en el caso de la izquierda.
Esta transformación aún en curso del sistema internacional quizás contribuya a explicar algunos desaciertos recientes del gobierno argentino a la hora definir los términos exactos de su política exterior. Los politólogos del macrismo, menos numerosos pero tan influyentes como los del kirchnerismo, harían bien en desempolvar los viejos apuntes de estudios internacionales y revisar la bolilla de la escuela de pensamiento realista. Surgida como reacción al idealismo wilsoniano de principios del siglo XX, la perspectiva realista concibe un escenario global compuesto por Estados que buscan maximizar su poder mediante una serie de decisiones egoístas y racionales, donde el derecho internacional y las instituciones multilaterales son poco más que papel mojado.
Incluso relativizando esta interpretación, no deja de resultar llamativa la desorientación internacional de un gobierno que a menudo parece ingenuo y al que, parafraseándolo, hasta podríamos calificar de ideológico, porque solo eso explica la intención de ingresar a acuerdos de libre comercio que sus mismos creadores dinamitan por injustos, el vistoso pero al fin y al cabo inconducente acercamiento a las potencias tradicionales y el desdichado episodio de los limones tucumanos, que demostró que un país puede cumplir prolijamente todos los procedimientos legales, administrativos y fitosanitarios pero que la lapicera de un presidente amante de los golpes de efecto al final puede más que cualquier contrato.
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1. “El malentendido latinoamericano”, Revista Nueva Sociedad, Nº 266, noviembre-diciembre de 2016.
2. No existe una organización que reúna, así sea para la foto, a todos los países de América Latina. La Organización de Estados Americanos (OEA) incluye a Estados Unidos y Canadá, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no, pero sí a los países anglófonos y de habla holandesa del Caribe, la Unasur es solo sudamericana y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) está compuesta por sólo 13 de los 20 países latinoamericanos.
3. Latin America: A New Interpretation, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2006, citado por Malamud.
4. Postguerra. Una historia europea desde 1945, Taurus, 2005.
5. Le Monde diplomatique, edición Nº 185, noviembre de 2014.
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017 – COMCOSUR
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4) ¿Fin del ciclo hegemónico americano?
Raffaele Marchetti (Democracia Abierta)
La elección de Trump marca el final de la larga etapa de hegemonía mundial americana. A pesar del lema electoral «Make America Great Again» y de las grandes expectativas que esto pueda haber generado, presumiblemente su presidencia se caracterizará por un repliegue general.
Ha habido multitud de interpretaciones sobre las razones del éxito de Trump, que van desde el acento populista hasta el apoyo recibido por parte del FBI. Contrariamente al debate generalizado, veo una razón más profunda sobre la que se sustenta su victoria: el cambio de equilibrio entre costos y beneficios en el papel de Estados Unidos en el mundo. La teoría de la estabilidad hegemónica sostiene que, en algún momento, el hegemón comenzará a declinar debido al aumento de los costos de la administración del sistema, que sobrepasan los beneficios que de este sistema obtiene el hegemón.
Los costes de la gestión del sistema se han ido acumulando a lo largo de las últimas cuatro presidencias. Durante las administraciones de Bush, los gastos de seguridad debido a las operaciones militares en Afganistán e Irak, entre otros costos, impactaron negativamente en el gobierno de Estados Unidos. Igualmente, durante las presidencias de Obama, los costos debidos a estímulos económicos incrementaron la deuda global del país.
Como predijo la teoría de la estabilidad hegemónica, llegamos finalmente a un punto en que los costos se vuelven demasiado altos para los ciudadanos o, mejor dicho, su percepción de que esto es así se vuelve más intensa, y provoca que comiencen a protestar y a exigir un cambio. Esto fue capturado por Trump mucho más que por Clinton, puesto que Trump ha estado apostando por un repliegue que disminuya los costos de la proyección internacional. El llamado «overstretch imperial» (el sobre-depliegue imperial), un fenómeno que viene de mucho antes, llevó al electorado de Trump a buscar la rebaja de los costos internacionales (y posiblemente, aunque sea menos probable, a conseguir aumentar los beneficios domésticos). De ahí que estemos ante la prometida retirada de una serie de tratados de libre comercio, ante el cuestionamiento de los términos de la participación en la OTAN, ante la cancelación de los acuerdos ambientales, etc.
Desde esta perspectiva, la elección de Trump tiene más que ver con una corriente del orden internacional mucho más larga que el corto lapso de tiempo de la campaña electoral, una corriente de disconformidad que ya había comenzado durante la administración Obama y que ahora se hace más visible con Trump.
El sistema en el que hemos estado viviendo en los últimos 70 años fue creado en gran parte por el liderazgo estadounidense. El sistema de las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods, la OTAN y la OMC son todos acuerdos institucionales que han sido fuertemente promovidos por la hegemonía posterior a la Segunda Guerra Mundial y que han sido mantenidos con vida gracias al continuo apoyo de los Estados Unidos. Ahora, todo esto se pone en tela de juicio ante la resistencia del nuevo presidente electo a participar en (y trabajar con) estas organizaciones multilaterales. Probablemente, Trump tendrá un comportamiento bastante más impredecible y posiblemente turbulento con respecto a todas estas instituciones, y esto llevará a su transformación y, tal vez, para algunas de ellas, a su marginalización.
Otros elementos significativos en este rompecabezas tienen que ver con el fenómeno de la globalización. Debido a la transformación global de las cadenas productivas, a la reubicación de las multinacionales en el extranjero, a la posibilidad de (re)-importación de bienes, y a la subsiguiente pérdida de puestos de trabajo, un contingente de la clase media ha sido gravemente afectado por el desempleo.
Pero también es gracias a la globalización que China está creciendo rápidamente y desafiando al liderazgo estadounidense en términos económicos, pero también, cada vez más, en términos políticos y militares. Es evidente que la apuesta por la política de globalización hecha por el liderazgo estadounidense en los años 80 (republicano) y en los 90 (democrático) fue beneficiosa sólo al principio, pero más adelante resultó perjudicial para la posición de poder de los EE.UU. en la economía mundial. Es ampliamente reconocido que la India y especialmente China son los verdaderos ganadores en el juego de la globalización, habiendo conseguido estrechar la brecha que les separaba de Occidente. En este cálculo, Rusia constituye un elemento adicional.
Este nuevo sistema multipolar, que va apareciendo ante la falta de un plan de acción occidental, se abandona a la negociación pura, al puro transaccionalismo operado con apuestas ad hoc, cosa que coincide plenamente con la actitud general que Trump tiene para con el compromiso socioeconómico.
Y sin embargo, esto podría tener un efecto de despolarización, una consecuencia de desescalada en términos de las tensiones mundiales actuales, que se han incrementado en los últimos años. Aquí estoy pensando especialmente en la división entre Rusia y Occidente. Ante la ausencia de un poder hegemónico impulsando un orden mundial específico, podría surgir un sistema más equilibrado. Así, podríamos terminar teniendo una presidencia Trump que tuviese efectos polarizantes a nivel nacional y efectos despolarizantes a nivel internacional.
La vía abierta está clara: o bien la nueva competencia, basada en la rivalidad multipolar, podría acabar derivando probablemente en conflictos, o bien la apertura de nuevos canales de diálogo podría conducir a una fase fundacional de un orden internacional distinto, en la que las reglas innovadoras de los tableros de juego sean escritas conjuntamente por los occidentales y por los no-occidentales.
Dependerá de Trump y de los otros líderes internacionales dirigir el rumbo y tomar una decisión sobre qué camino finalmente seguir.
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017 – COMCOSUR
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5) ¿Será nutritivo el maíz transgénico que produce cadaverina y putrescina?
Emmanuel González-Ortega (Ecoportal)
Un estudio publicado recientemente en la muy reconocida revista científica ‘Scientific Reports’ aportó nuevas y contundentes evidencias sobre la realidad de los cultivos transgénicos y sobre el peligro para la salud de los paquetes tecnológicos (herbicidas) que los acompañan.
Aunque este estudio confirma algo que ya se sabía o que puede deducirse sin demasiado esfuerzo (que los cultivos modificados genéticamente NO son equivalentes a los cultivos convencionales), lo hace con datos que son incontrovertibles. En esta investigación se realizaron análisis detallados de los perfiles de presencia de proteínas (proteómica) y de expresión de moléculas bioquímicas (metobolómica) que revelaron diferencias significativas entre una variedad de maíz transgénico (NK603), modificado genéticamente para tolerar al herbicida glifosato; y un maíz convencional (no transgénico). Para evitar alteraciones en los resultados sobre la composición de ambos tipos de plantas debidas a factores externos (ambientales), los dos tipos de maíz se sembraron en condiciones similares, en la misma locación y en la misma temporada, a lo largo de dos ciclos de siembra. Adicionalmente, una porción de los maíces transgénicos sembrados fue asperjada con herbicida glifosato en una ocasión. El análisis evidenció una diferencia significativa en la expresión de 117 proteínas y de 91 moléculas bioquímicas (metabolitos) en el maíz transgénico NK603, en comparación con el maíz convencional. Los autores del estudio concluyeron que tales diferencias se deben exclusivamente al procedimiento técnico de modificación genética de las plantas de maíz.
El maíz transgénico NK603 fue originalmente generado por Monsanto (ver aquí), mediante la técnica de transferencia de ADN conocida como bombardeo de micro partículas, la cual consiste, tal como lo dice el nombre, en bombardear partículas metálicas microscópicas recubiertas con el ADN que se desea introducir a células de la planta (ver aquí). Los métodos biotecnológicos con los que se han generado prácticamente todas las plantas transgénicas que se comercializan actualmente no permiten conocer la localización en el genoma en el que forzosamente se introdujo el material genético de interés biotecnológico, ni tampoco cuantas copias del transgen se han introducido, lo que hace sentido que las técnicas moleculares provoquen desarreglos moleculares y metabólicos en las plantas transgénicas. El estudio encontró que algunos de los metabolitos que estaban marcadamente alterados en las plantas transgénicas son compuestos conocidos como putrescina y cadaverina; la presencia de estas moléculas en el organismo se han relacionado a procesos inflamatorios y como precursores de compuestos cancerígenos. Los animales muertos y en proceso de putrefacción producen dichos compuestos.
Es muy relevante comentar que la variedad de maíz transgénico NK603 fue utilizado para alimentar a ratas durante dos años y determinar si había daños a la salud de estos animales por el consumo de maíz transgénico y glifosato. Dicho estudio fue duramente atacado por las empresas semilleras y por científicos con conflictos de interés.
Dicha variedad de maíz transgénico NK603 tolerante al herbicida glifosato fue aprobado en México para consumo humano y animal por SAGARPA y COFEPRIS desde el año 2002 sin que se realizaran análisis de laboratorio, pero como evidenció el estudio, el maíz transgénico NK603 no es sustancialmente equivalente al maíz convencional. ¿Está este maíz en los alimentos que consumimos? ¿Hay además residuos de herbicidas tales como el glifosato en los alimentos? ¿Las autoridades evalúan la presencia de transgenes y herbicidas en los alimentos?
En el contexto de los organismos modificados genéticamente, el criterio de equivalencia sustancial está basado en una comparación superflua de las características entre un OGM y su contraparte convencional. Anticipando el desarrollo y comercialización de los cultivos transgénicos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- (OECD, por sus siglas en inglés) introdujo la equivalencia sustancial, y este concepto posteriormente fue asumido por la organización mundial de la salud (OMS) y por la FAO. Aunque previamente se han realizado y publicado estudios científicos –no tan exhaustivos como el más reciente- que evidencian las alteraciones moleculares y metabólicas en los cultivos transgénicos (por ejemplo, maíz, soya, tabaco). Sin embargo, hasta el día de hoy la gran mayoría de cultivos transgénicos están clasificados como sustancialmente equivalentes. La equivalencia sustancial absuelve a las compañías semilleras transnacionales de realizar pruebas toxicológicas y nutricionales en animales necesarios para establecer si el efecto biológico de los cultivos transgénicos es equivalente a de sus contrapartes convencionales.
Considerando que el maíz transgénico NK603 tolerante a glifosato fue aprobado en México desde 2002, y que no se tiene certeza de que los protocolos de bioseguridad mexicanos funcionen para evitar la dispersión de maíces transgénicos en el campo mexicano; ni que el organismo de prevención contra riesgos sanitarios ha emitido información sobre la presencia de ese u otras variedades de maíz transgénico en los alimentos, podemos suponer que estamos comiendo maíz transgénico que produce compuestos tóxicos: cadaverina, putrescina; además del herbicida glifosato, clasificado como probablemente cancerígeno.
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017 – COMCOSUR
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6) Todo lo que hay que saber sobre el aceite de palma
Lucía Villa (Público)
¿Por qué es tan malo? ¿Qué productos lo llevan? ¿Hay alternativas? El aceite de palma, presente en alimentos, productos de higiene y carburantes está en boca de todos por sus efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente.
Está en boca de todos. Literalmente. En las patatas fritas que picas en el aperitivo, en la pizza congelada del fin de semana, en la crema de cacao que untas en la tostada, los cereales del desayuno, la chocolatina de después de comer. También en tu champú y en el combustible bio con el que llenas el depósito del coche. El aceite de palma se ha convertido en uno de los productos más usados por la industria de la alimentación y la cosmética de los últimos años. Y en uno de los más odiados por ecologistas y nutricionistas, que llevan años advirtiendo de las nefastas consecuencias de este producto de origen tropical. Te resumimos a continuación algunas de las cuestiones clave que conviene conocer sobre el aceite de palma y sus alternativas.
¿Qué es?
Es un aceite obtenido a partir del fruto de la palma africana, (Elaeis guineensis), que se cultiva en países tropicales, principalmente en Indonesia y Malasia, (donde se concentra el 85% de la producción mundial), pero también en otros como Brasil, Colombia, Camboya, Tailandia, México, Papúa Nueva Guinea o zonas de África occidental.
¿Para qué se usa?
Se utiliza principalmente para tres consumos: como biocarburante, para cosméticos y para la alimentación; aunque es sin duda en estos dos últimos sectores donde está más presente. Según el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, el 61% del aceite de palma que se usó en Europa en 2012 se destinó a la industria alimentaria y cosmética. Y no es fácil de esquivar, porque está en todas partes y en productos que todos consumimos a diario: se usa para cremas, chocolatinas, sopas, cereales, bollería industrial, pizzas congeladas, productos precocinados, gominolas, aperitivos y snacks envasados, velas, jabones, detergentes, productos de limpieza y un largo etcétera.
¿Por qué se utiliza tanto?
El aceite de palma se ha convertido en el aceite más usado del mundo, por encima del de soja o el de colza, principalmente debido a su bajo coste: en enero, la tonelada de aceite de palma se cotizaba en el mercado internacional a 726,49 dólares, mientras que el aceite de oliva lo hacía a 4.018,65 dólares. Además, tiene unas características que lo hacen idóneo para las demandas de la industria. Sirve para mantener y almacenar coberturas porque se derrite a mayor temperatura que el chocolate, y es muy apropiado para productos untuosos, por la cantidad de grasas saturadas que contiene. También se enrancia más tarde que otros aceites, aguanta más frituras, sirve como sustituto barato de la mantequilla y como alternativa a la cera o a la parafina.
¿Por qué es malo para la salud?
En conversación con Público, Eduard Baladía, nutricionista del Centro de Análisis de Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que de los dos únicos metaanálisis (compilación de estudios científicos) que hay sobre el tema, se puede concluir que el aceite de palma “aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares” porque produce un amento del colesterol LDL, el “malo”. Baladía señala también que cuando el aceite de palma es sustituido por otros monoinsaturados (aceite de oliva) y poliinsaturados (girasol, soja) el problema del colesterol se soluciona. “Ha aumentado tanto el consumo de este aceite que nos empieza a preocupar”, reconoce Baladía.
¿Qué marcas y productos lo contienen?
Aunque no es fácil conocer con exactitud qué marcas son las que utilizan más aceite de palma o cuáles de sus productos lo llevan y en qué cantidad, el proyecto de investigación periodística Carro de Combate aporta una lista que incluye algunas de las firmas más importantes y que sí lo utilizan, entre ellas: Univeler, Nestlé, Kellogg’s, Burger King, McDonalds, Colgate y Starbucks. Una investigación de Amnistía Internacional señala también a los gigantes AFAMSA, ADM, Procter & Gamble y Reckitt Benckiser. Entre las marcas de cosméticos, Vichy, The Body Shop, L’Oreal y Lancôme han reconocido usar aceite de palma; y otras como Head and Shoulders, Pantene y Herbal Essences es probable que lo usen, aunque no se ha podido comprobar al cien por cien.
¿Cómo puedo saber si lo estoy consumiendo?
Antes, las empresas se cubrían las espaldas y la etiqueta indicaba, simplemente, “aceite vegetal”, pero desde finales de 2014 la normativa europea sobre etiquetado obliga a decir la materia prima de la que proviene dicho aceite. Aún así, cuidado, porque muchas veces el aceite de palma aparece camuflado bajo nombres de lo más diverso: aceite de palmiste, grasa vegetal (palma), grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de palmiste, Sodium Palmitate, estearina de palma, palmoleina u Oleina de palma, manteca de palma o Elaeis guineensis (su nombre científico).
Hace pocos meses una investigación del IRB de Barcelona publicada en la revista Nature descubrió además que la proteína CD36, componente principal del aceite de palma, era una de las principales impulsoras del proceso de metástasis en un cáncer.
¿Qué efectos tiene para los derechos humanos y el medio ambiente?
Según datos de la ONU, el aceite de palma es la principal causa de la deforestación en Indonesia y Malasia y se calcula que aproximadamente el 70% de las plantaciones de palma en el primer país y el 50% en el segundo, están situadas en zonas que previamente eran bosque tropical. Su cultivo ha desplazado a comunidades autóctonas y ha puesto en riesgo la existencia de especies amenazadas como los elefantes, el orangután y los tigres de Sumatra.
Se ha demostrado también que la deforestación y el cambio en los usos de suelo derivados del aceite de palma terminan provocando una mayor cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera que otros carburantes como el petróleo. Por último, una investigación de Amnistía Internacional destapó que la producción del aceite de palma estaba asociada a casos de explotación infantil y de violación de los derechos humanos en los países de origen.
¿Nadie controla estos abusos?
Tras los escándalos medioambientales que se destaparon con los cultivos de palma, en 2004 se creó la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, un organismo que integra a empresas del sector y ONG y que, en teoría, debe velar por que se respeten los derechos laborales y de las comunidades indígenas, así como garantizar que no se ocupen zonas de elevado valor medioambiental, que no se amenace la biodiversidad del lugar y promover prácticas agrícolas más limpias.
Sin embargo, su buen funcionamiento siempre ha estado en entredicho. Ocho empresas denunciadas por Amnistía por sus abusos con el aceite de palma forman parte de esa Mesa Redonda y certifican sus productos como “sostenibles”.
¿Hay alternativas?
Podemos comprobar que lo que vayamos a consumir no contenga aceite de palma y haya sido fabricado con otros aceites vegetales, como el de girasol, por ejemplo. Pero, en cualquier caso, lo más recomendado por los expertos es basarse en una dieta de productos frescos, no procesados y cocinados en casa. “Hay que volver al mercado, al producto local”, asegura Baladía.
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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