1) Secretariado del FA convoca a Nin Novoa tras sus dichos sobre el referéndum de Cataluña
2) Parlamento debate quién debe controlar el financiamiento político
3) FA presentará proyecto para evitar el pasaje de legisladores de un partido a otro
4) "Cincuentones": estimaciones de impacto difieren mucho
5) Estanciero le ofreció 40.000 pesos a peón agredido, pero abogado estima que el despido podría llegar a 800.000
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2146 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 6 de octubre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Secretariado del FA convoca a Nin Novoa tras sus dichos sobre el referéndum de Cataluña
(La Diaria)
Las declaraciones que hizo el viernes el canciller Rodolfo Nin Novoa sobre el referéndum en Cataluña le costarán una visita al Secretariado del Frente Amplio (FA). Ayer este organismo de la fuerza política de gobierno decidió convocar al ministro tanto para discutir sobre la política internacional en líneas generales como para abordar, específicamente, las declaraciones que hizo este viernes.
“España es una única unidad política indivisible”, había dicho Nin Novoa ese día. Luego había sostenido que “Uruguay se afilia, como parte de su política internacional, a la integralidad territorial”. “Si empezamos en un proceso de fragmentación de los países, creo que las dificultades para interrelacionarse, desde todo punto de vista, van a ser cada vez mayores y hasta peligrosas”, había señalado el ministro. Sus declaraciones fueron publicadas durante algunos minutos en el sitio web de Presidencia de la República. Luego fueron bajadas, y no hay registro de ellas ni allí ni en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos dichos, sin embargo, le valieron varias críticas, entre ellas la del presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, José Bayardi, y del ex embajador de Uruguay ante la Unión Europea Walter Cancela.
En diálogo con la diaria, el representante del Partido por la Victoria del Pueblo en el Secretariado, el diputado suplente Carlos Coitiño, dijo que este órgano del FA se reunirá con Nin para conversar sobre el tema, debido a que “hubo miradas distintas sobre la declaración” del canciller, que, interpretó, fue “una posición personal, y es eso lo que queremos aclarar”. Consideró, además, que los dichos de Nin Novoa quedaron aun más fuera de lugar tras la represión que ordenó el gobierno español en Cataluña el domingo. Según pudo saber la diaria, el llamado fue promovido por las bases de Montevideo, en un planteo que ya había sido formulado en oportunidades anteriores y que ahora fue revitalizado a raíz de los dichos de Nin.
Ayer el gobierno uruguayo se manifestó sobre la situación vivida el domingo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, mediante un escueto comunicado emitido por la cancillería en el que “lamenta” los “hechos acaecidos”: “Uruguay expresa sus deseos para que a través del diálogo y en el marco de la Constitución y el pleno respeto a los derechos que la misma consagra, se supere esta situación”. El comunicado inicial de la cancillería fue corregido en el correr de la tarde de ayer.
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2) Parlamento debate quién debe controlar el financiamiento político
(180)
Los partidos políticos tienen a estudio un proyecto de ley de financiamiento electoral que tiene las mismas debilidades que la ley vigente: la falta de control y auditoría de las declaraciones juradas sobre gastos e ingresos de los candidatos.
Algunos senadores cuestionaron que se mantenga en manos de la Corte Electoral la potestad de auditar las cuentas presentadas por los partidos políticos como rendición de gastos e ingresos de la campaña. Desde esa posición se sostuvo que la Corte no tiene capacidades para realizar las auditorías y que el organismo que debería controlar es el Tribunal de Cuentas.
La Comisión Especial de “Partidos Políticos. Financiación y publicidad electoral” se reunirá este martes a las 17 horas para votar el proyecto de ley. El control futuro de las declaraciones de financiamiento de campaña de los políticos quedaría sujeto a la adjudicación de fondos para armar un equipo en la Corte Electoral que debería ser aprobado en la próxima rendición de cuentas para poder estar en funcionamiento para el ciclo electoral 2019-2020.
Actualmente el contralor de las declaraciones juradas lo debería hacer – en teoría- la Corte Electoral. En las dos elecciones pasadas no se realizó porque la Corte no tiene cómo ni con qué. Lo dijo hasta el cansancio el presidente del organismo José Arocena. El senador Pablo Mieres expresó en la reunión que el Partido Independiente va a votar en contra de esos artículos porque considera que el Tribunal de Cuentas debe ser el auditor de los balances anuales y las rendiciones de cuentas de campaña de los partidos. El planteo de Mieres fue respaldado por el senador frenteamplista Marcos Othegy.
El senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional también señaló su acuerdo con mejores auditorías, pero en lugar del Tribunal de Cuentas dijo que entendía que hay un acuerdo para darle más recursos a la Corte Electoral para que forme un equipo que cumpla esa tarea. Según Heber, la financiación para ese fin debería ser votada en la próxima instancia presupuestal (sería la rendición de cuentas del año que viene).
La respuesta de Mieres fue: “Creemos que hay un Tribunal de Cuentas que perfectamente puede hacerlo porque tiene todas las capacidades para ello y la Corte Electoral no las tiene. Además, vamos a seguir creando estructuras en un órgano que tiene funcionarios divididos a nivel de los partidos políticos”.
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3) FA presentará proyecto para evitar el pasaje de legisladores de un partido a otro
(La República)
A partir del caso del diputado Gonzalo Mujica, que le significó al Frente Amplio la pérdida de la mayoría parlamentaria, la coalición está pensando en un proyecto que prevenga situaciones similares en el futuro.
El senador Enrique Pintado informó a República Radio, que se emite por lacatorce10, sobre la iniciativa denominada “transfuguismo parlamentario”, la que será ingresada la próxima semana al Parlamento. Dicho proyecto intenta responder una clásica pregunta: si la banca es del legislador electo o pertenece al partido. Explicó que han sucedido casos en que los representantes, perteneciendo a un partido, constituyeron otro que no compareció al acto electoral. La Corte Electoral vigila el proceso hasta que el legislador es elector, pero después de ser elegido, dicha institución no interviene en las irregularidades.
Sin embargo, un político no puede llegar al Parlamento sin pertenecer a un lema o a un partido político. “Es más, la Constitución dice que quien es convencional de un sector, no puede presentarse en la siguiente elección por otro partido diferente al que pertenece. Por eso, muchos colorados y blancos no pudieron ser convencionales para el Partido de la Concertación. ¿Qué está queriendo decir la Constitución? Que nuestro sistema se basa en las listas, ya que la gente elige lemas y no personas, como sí puede suceder en otras partes del mundo”.
Por otro lado, advirtió que la Constitución establece que el legislador no es responsable ni por sus dichos ni por sus votos, ambos aspectos están relacionados con los fueros parlamentarios. En algunos casos pueden presentarse contradicciones entre algunos artículos de la Constitución y los causales de conducta. “Lo que estamos haciendo, a partir del artículo 126 de la Constitución, es incorporando la prohibición del representante para no trampear la voluntad electoral. El legislador se podrá ir del partido, pero tendrá que renunciar a la banca, porque de lo contrario estamos violando la soberanía de la ciudadanía, quien decidió que un partido tenga la mayoría, pero después, por voluntad individual, se modifica dicha resolución”.
Afirmó que esta iniciativa no está relacionada con la libertad que tiene todo legislador para votar lo que considere conveniente, a pesar que no condiga con la disciplina partidaria. El proyecto será presentado por el Frente Amplio la semana próxima, y consideró que hay acuerdo entre los partidos de que la banca pertenezca a la fuerza política, pero explicó que pueden haber matices en si el tema se resuelve por ley o por vía constitucional.
Financiamiento de los partidos: una cuestión de transparencia
En la Comisión Especial se aprobó un proyecto que introduce cambios a la legislación actual en materia de financiación de los partidos políticos y publicidad electoral. En dicha iniciativa se establecen algunas prohibiciones, se exige más en cuanto a las rendiciones y los balances de los partidos y se determinan sanciones para quienes no cumplan con la normativa, que pueden ser los partidos, los medios de comunicación, las personas o las empresas.
“La idea es que se fortalezca la democracia y los partidos al otorgarle más transparencia a la financiación, brindar más autonomía a los partidos y evitar que actividades ilícitas como el narcotráfico y el dinero proveniente de la corrupción empresarial, utilicen a los partidos como vehículos para lavar dinero”, agregó. Todas las transacciones en dinero deberán hacerse a través de medios de pago electrónico, por lo que la Ley de Inclusión Financiera será aplicada a los partidos políticos. Además, afirmó que se obliga a los candidatos de las internas a rendir cuentas, aspecto que hasta el momento no estaba presente.
“La Ley de Inclusión Financiera es una herramienta importantísima, porque todos los fondos quedan registrados a través de los bancos y hay alertas que se pueden disparar cuando un partido está recibiendo más de lo debido. En otras palabras, nos parece que esto es una ayuda para que no haya fugas. Además, ahora están las multas que antes no existían. Si esto se aprueba, recibir dinero de forma indebida puede costar mucho más que no aceptarlo”, agregó.
Con respecto al debate público que se ha generado por el caso de Raúl Sendic, Bascou y el Cambio Nelson, resaltó que el Frente Amplio debe ser cada vez más exigente con sus códigos. “Además, lo tenemos que ser a nivel de la sociedad. Hay actos comunes, -como entrar en algún lugar sin pagar- que van habilitando inmoralidades.
Creo que los partidos tenemos una exigencia superior. Sin embargo, concluir que estamos en una situación similar a la que ocurren en España, Brasil y otros países de la región, es una enorme exageración. Creo que está bien que nos comparemos con nuestra historia, pero tenemos que tener claro que Uruguay está en el primer lugar de América en cuanto a transparencia y en los mejores lugares del mundo. Lo que para nosotros es una tormenta, en otros lugares es una llovizna”.
La postura de la oposición
Por su parte, los partidos de la oposición consideran que el proyecto puede ser autorizado en esta elección, pero entienden que debe ser efectivo a partir de 2025. Al respecto, Pintado entiende que dicha normativa debe ser aplicada cuanto antes: “Creemos que estamos viviendo episodios en los que los partidos políticos están en tela de juicio y no entendemos de verdad por qué, si se le prohíbe a los sindicatos, a las religiones y a las asociaciones civiles donarle a los partidos, no se le prohíbe a las empresas. Creo que un proyecto como este ayuda a la transparencia del sistema, porque si se sabe lo que una empresa está donando, queda bajo sospecha si gana una licitación”. Por último, mencionó que el proyecto será votado el 17 de octubre en el Senado y se espera que en junio de 2018 se esté ante un texto unificado.
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4) "Cincuentones": estimaciones de impacto difieren mucho
(El País)
Pese a que se aprobaría pronto el proyecto, no hay estimaciones recientes del BPS sobre el impacto en sus finanzas. A nivel del Parlamento se cree que el proyecto de ley para los "cincuentones" será votado por el plenario de la Cámara de Representantes en noviembre pero, al mismo tiempo, hay diferencias enormes entre las distintas estimaciones con respecto al costo que tendría la aprobación de la iniciativa.
Esto quedó evidenciado en la sesión de la comisión de Seguridad Social de la Cámara que se reunió el martes. El proyecto de ley, presentado en julio, establece la metodología para que quienes tenían 50 años al 1° de abril de 2016 puedan desafiliarse del sistema de jubilación por ahorro individual obligatorio de manera retroactiva siempre que no estén jubilados.
La comisión recibió a representantes de la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Anafap) y República Afap y del Pit-Cnt que difirieron enormemente en sus estimaciones acerca del costo de la iniciativa. El diputado colorado Conrado Rodríguez insistió en la necesidad de que el Banco de Previsión Social (BPS) aporte sus propios cálculos para que los legisladores puedan tomar una decisión con más información que la que hoy tienen. El exdirector de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, estimó la semana pasada en US$ 4.100 millones el costo total.
Jimena Pardo, vicepresidenta de República Afap, señaló que "pagarles esa mayor jubilación a estos 44.232 afiliados (que la administradora cree que podrían llegar a abandonar el sistema mixto) desde que se jubilen hasta su fallecimiento, sin computar los costos de generar pensión, implica un costo adicional para el BPS de alrededor de US$ 6.470 millones. (…) A esto hay que descontarle ingresos que va a tener el BPS, que son los fondos de los trabajadores que van a ir al fideicomiso (que se crearía si se aprueba la ley), que ascienden a alrededor de US$ 2.600 millones, y los mayores aportes que se verterían a ese pilar —o sea, al BPS— de los trabajadores desde que opten hasta que se jubilen, que estimamos son aproximadamente US$ 280 millones. Esto arroja un primer costo de US$ 3.590 millones que es incorrecto computar como costo total, porque hay que rentabilizar los fondos de ahorro que van al fideicomiso. Si uno los rentabiliza a una tasa de un 1,5% promedio anual, que es lo que actualmente se considera para el subfondo de retiro que tenemos en el régimen de ahorro individual para los afiliados de República AFAP, es decir, para los 44.232 afiliados, tendríamos un costo neto de, más o menos, US$ 3.000 millones", señaló.
Detalló que tras nueve años de implementación del cambio, el costo anual sería de US$ 120 millones. Se iría incrementando hasta alcanzar casi los US$ 185 millones e iría bajando pasadas dos décadas.
La estimación del Pit-Cnt es muy distinta. Hugo Bai, economista del instituto "Cuesta-Duarte" que asesora a la central, señaló que "de acuerdo a las cifras del BPS, esto implicaría un costo anual del proyecto de ley de US$ 54 millones. "Además, conviene aclarar que no se distribuye de la misma manera a lo largo del tiempo. Si uno ve el flujo de ingresos y de egresos disponible en la información que provee el BPS, hasta el año 2030, los ingresos compensan a los egresos, estaría equilibrado —por decirlo de alguna manera— hasta el año 2030. A partir de ese año, el proyecto pasa a ser deficitario en esta medida que yo planteaba; si uno analiza el costo anual promedio, sería de US$ 54 millones", sostuvo. "Para tener una idea de la magnitud del proyecto, a veces, conviene compararlo con otras cosas. Por ejemplo, hoy tenemos un déficit en la Caja Militar que, por lo que ha mencionado el Poder Ejecutivo, ronda los US$ 400 millones al año", agregó.
En ese momento Rodríguez señaló que "hay un informe del BPS del año pasado (…) que establece costos diferentes. El BPS dice que el costo anual tendría un mínimo US$ 121 millones y un máximo de US$ 186 millones, considerando la posibilidad de que todos los que estén en condiciones de pasarse al régimen de transición efectivamente lo hagan. Por lo tanto, no entendemos la cifra de los US$ 54 millones", señaló.
PIT-CNT quiere que se abarque a más gente.
El dirigente del Pit-Cnt Federico Barrios, explicó que la central quiere ampliar aún más el universo de personas que alcanzaría el proyecto. "El proyecto actual contempla a los trabajadores amparados en el BPS. La modificación que nosotros proponemos es que se amplíe el universo para los trabajadores que han sido perjudicados por el sistema mixto creado en el año 1996, pero que hoy están jubilados. La otra modificación que proponíamos es que el proyecto sea para todos los trabajadores que a la fecha de vigencia tengan 50 años cumplidos. El proyecto actual contempla los 50 años a partir de abril de 2016", explicó Barrios.
Dicen que la aprobación debe ser rápida.
Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el BPS, señaló que son unos 19.000 los trabajadores que están esperando la aprobación del proyecto. Y puso presión para que se vote rápido. "Algunos de ellos tienen, por diferentes razones, incompatibilidad para seguir en actividad. O sea que tienen que renunciar al trabajo por diferentes causas y están esperando la resolución de este proyecto. (…) Abogamos para que el proyecto se apruebe lo antes posible. (…) Podemos estar de acuerdo o no con ese proyecto de ley, pero no hay dos proyectos para discutir en el Parlamento, hay uno solo: lo mejoramos o decimos claramente que no estamos de acuerdo", señaló.
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5) Estanciero le ofreció 40.000 pesos a peón agredido, pero abogado estima que el despido podría llegar a 800.000
(La Diaria)
Hugo Leites, el peón que denunció haber sido agredido a rebencazos por el capataz Paolo Rodríguez, de la estancia Flor de Ceibo, propiedad de Ernesto Estévez, fue sometido ayer a una pericia psiquiátrica y una psicológica, dispuestas por el juez penal de 4o Turno de Salto, Marcelo Silva. La Justicia también pidió los mismos estudios a Rodríguez, para conocer sus “impulsos emocionales”, dijeron el viernes a la diaria fuentes de la Fiscalía. El capataz Rodríguez asistió ayer a la instancia con el psiquiatra, y el lunes hará lo mismo con el psicólogo. El abogado de Leites, Gabriel Cartagena, dijo ayer a la diaria que la pericia psiquiátrica duró aproximadamente una hora y consistió en una entrevista. El profesional estima que los informes serán incorporados al expediente entre hoy y mañana. El martes se hará la reconstrucción de los hechos, a las 12.00, en el establecimiento Flor de Ceibo.
Cartagena negó a la diaria que haya pedido el cambio de sede judicial. Ayer circuló la información de que el abogado pediría el traslado porque el fiscal Ricardo Lackner y los abogados que defienden al dueño de la estancia son compañeros en la Universidad de la República. “No sé de dónde sacaron esa información. Además, lo que correspondería sería recusar el juez, pero yo no tengo nada que decir sobre el doctor [Silva]. Lo que podría hacer es una recusación del fiscal porque es compañero de cátedra [de los abogados defensores], pero no salió de mí esa versión y no he presentado ningún escrito. No estoy negando que sean compañeros, pero considero que lo que tiene que hacer el fiscal es cumplir con el procesamiento. Además, tenemos la instancia de apelación en el tribunal. Estoy muy tranquilo con la declaración de mi cliente. Las pericias que se han hecho dieron resultados acordes a lo que, desde el primer día, dijo Hugo. En Montevideo es muy frecuente que los fiscales, los jueces y los abogados coincidan en las cátedras”.
El abogado aseguró que lo que le preocupa ahora es el futuro laboral de Leites, porque quedó “totalmente expuesto”. “En noviembre va a tener que pagar la luz, el agua y el alquiler, pero está sin laburo”, señaló. Cartagena dijo que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se comunicó con el intendente de Salto, Andrés Lima, para que el jerarca “le abra puertas” a Leites. “Sé que el PIT-CNT habló con la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines para ver si le pueden dar algún proyecto. En Uruguay, las designaciones directas de cargos son cosa de todos los días. ¿Vamos a ver qué partido político va a decir que no pueden contratar a Hugo en cualquier repartición del Estado?”, dijo.
El 27 de setiembre, cuando se difundió la denuncia de Leites, también se conoció que una abogada de Estévez le ofreció 40.000 pesos al peón en concepto de despido; en ese momento el trabajador rechazó la oferta porque Cartagena no había hecho los cálculos; lo que le correspondería al trabajador, según su abogado, son aproximadamente 800.000 pesos. El lunes tendrá lugar una audiencia de conciliación para acordar los rubros laborales. Cartagena dijo que la suma es alta porque se trata de un despido abusivo al que le corresponden los rubros habituales –aguinaldo, licencia no gozada, salario vacacional–, a lo que se le sumaron 1.300 horas extras, 10% por la multa legal y 50% por daños y perjuicios, según lo establecido en la Ley 10.449.
En varios departamentos
Por otra parte, la Junta Departamental de San José reclamó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que “redoble esfuerzos” para mejorar los controles y las inspecciones en el campo, según púbico Primera Hora. El legislativo departamental expresó su “absoluta condena” a la agresión sucedida en Salto. El edil del Frente Amplio Germán González dijo que hubo situaciones de abuso laboral en su departamento. “No es nuevo acá en San José”, aseguró, y enumeró varios casos locales.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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