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QUIEN NECESITA SOLDADOS

1) Los exblancos y colorados que votarán a Vázquez
2) Dos fallos adversos para los Peirano
3) Laguna Garzón ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
4) Quién necesita soldados
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 15 / Nº 2001 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 28 de Noviembre de 2014 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – Apoyo técnico: Carlos Dárdano / COMCOSUR – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / 1994 – 19 de junio – 2014 /
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“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”. — Noam Chomsky
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1) Los exblancos y colorados que votarán a Vázquez
(El Observador)

Exdirigentes blancos y colorados manifestaron públicamente que votarán a la fórmula del Frente Amplio el próximo domingo. Dentro de los colorados, el dirigente de Rivera José Mendina, afín a Batllistas de Ley, dijo que votará a la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic. Fue director municipal del gobierno del exintendente Tabaré Viera. Actualmente integra el equipo de gobierno del intendente Marne Osorio. Otros que apoyarán a Vázquez en el balotaje serán el dirigente, también de Rivera pero de Vamos Uruguay, Ruben Darío Machado, expresidente de la Junta Departamental y exedil y el dirigente batllista de Florida Javier Fernández, de la lista 22.

El exdirigente blanco de Lavalleja, Alfredo Villalba, también anunció que votará a Vázquez el domingo. Otro blanco que votará a la fórmula del Frente Amplio el domingo será Ademar Rubí, exdirector de la Intendencia de Lavalleja y edil departamental de la lista 504. La Agrupación Savia Nueva, de Propuesta Batllista por Canelones lista 5013 del Partido Colorado, liderada por Juri Sanguinetti, decidió sumarse al Espacio 609 del Frente Amplio, y votar a la formula Tabaré Sendic en el balotaje, así como el exedil colorado por Montevideo Sidney Altesor.

En Montevideo, cuatro dirigentes barriales de la zona del Cerro manifestaron su apoyo a la fórmula del Frente Amplio en un acto en la Federación de la Carne. Las referentes coloradas fueron Mabel Dupaso y Olga Acosta, que anunció que ingresaba al Frente Amplio, y las nacionalistas María del Rosario López, y Clodomira Jardín. Acosta fue candidata al Partido Colorado por la Lista 10 y es concejal en la Sub zona Cerro Norte del Concejo Vecinal 17mientras que Dupaso, fue candidata en la lista 15. En tanto, Jardín, nacionalista y concejal, al igual que María del Rosario López.

Aunque no manifestaron públicamente que lo votarán, tres colorados se reunieron con Vázquez en las últimas semanas: el diputado Fernando Amado, el edil Carlos Larrosa y Guillermo Facello, el diputado del Partido Colorado que fue más votado en Montevideo.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
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2) Dos fallos adversos para los Peirano
TAP confirmó condena y jueza accedió a extradición de José Peirano
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)

Los últimos días no fueron buenos, jurídicamente hablando, para los hermanos Peirano Basso. Un Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de tres de ellos, por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, al tiempo que una jueza concedió la extradición de José Peirano a la República Argentina, donde se pretende juzgarlo por la quiebra, también fraudulenta, del Banco Velox.

La jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, concedió la extradición a la República Argentina del ex banquero José Peirano Basso, imputado en ese país por la quiebra fraudulenta del Banco Velox, en el contexto de la crisis bancaria de principios de siglo. La magistrada compartió los argumentos del fiscal Carlos Negro y habilitó la extradición del ex banquero.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Buenos Aires solicitó, en mayo de 2014, la extradición de José y Juan Peirano Basso, de forma juzgarlos por su presunta intervención en los delitos de “Defraudación por Administración Fraudulenta”, en el marco de los negocios entablados por el Banco Velox en ese país.

Las autoridades uruguayas rechazaron el pedido en relación a Juan Peirano, en el entendido de que Uruguay está legalmente imposibilitado de hacerlo, ya que la extradición del ex banquero desde Estados Unidos se hizo con la condición de que sea juzgado en Uruguay, por lo que no puede ser remitido a un tercer país.

Empero, la magistrada entendió que, en virtud de la documentación remitida desde Argentina, están dadas las condiciones para habilitar la extradición de José Peirano, según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal. En este sentido, la jueza consideró que no operó la prescripción y que los delitos imputados en Argentina son distintos a los investigados por la Justicia uruguaya.

Larrieu realizó un pormenorizado análisis del proceso judicial tramitado en Argentina desde la quiebra del Banco Velox y concluyó que “la declaración de rebeldía y orden de captura nacional e internacional” en contra de José Peirano hicieron operar la interrupción del plazo de prescripción, “en tanto fueron actos procesales dictados a fin de dar efectivo cumplimiento al primer llamado a audiencia indagatoria”.

Asimismo, rechazó la tesis del non bis in idem que promovió su defensa, por cuanto se trata de delitos distintos por los que está sometido a proceso en Uruguay. “Entiende la suscrita que aun cuando José Peirano Basso registra causa abierta en nuestro país, la solicitud de extradición contenido en el auto dictado por la autoridad judicial competente de la República Argentina no incurre en violación del principio non bis in idem, desde que no refiere a los mismos hechos por los cuales está siendo juzgado en nuestro país”.

“De la confrontación del auto de requerimiento de extradición que detalla los hechos en los cuales se le imputa participación al requerido José Peirano Basso con los hechos imputados en la sentencia dictada en primera instancia por esta sede, emerge claramente que la plataforma fáctica en que se fundamentan ambas acciones es distinta”, señala el fallo.

La jueza comparte la tesis de la defensa en cuanto a que el requerido “integraba junto con su padre y hermanos el llamado Grupo Velox o Grupo Peirano que consistía en un conjunto económico integrado por cuatro empresas principales: Banco de Montevideo en Uruguay, Banco Velox en Argentina, Banco Alemán Paraguayo en Paraguay y Trade & Commerce Bank (TCB) en Islas Caimán”.

Sin embargo, los hechos delictivos imputados en Uruguay refieren a su accionar en el Banco Montevideo. “Tales hechos difieren con los imputados por la Justicia argentina, que se relacionan con su actividad en el Banco Velox y entidades vinculadas, llevados a cabo en dicho país”. “Los hechos investigados e imputados en cada país -si bien relacionados en tanto refieren al mismo grupo económico- son distintos en cada caso e independientes entre sí, fueron desplegados en la actividad de distintas empresas, con asiento en dos países diferentes y afectaron a damnificados diversos”, expresó la magistrada.

Con estos argumentos, la jueza Larrieu decidió conceder la extradición de José Peirano, pero estableció que la misma no podrá concretarse hasta que culmine el proceso penal contra el ex banquero en Uruguay. Los hermanos Peirano también tienen pendiente un cúmulo de extradiciones a Paraguay, las cuales tienen sentencia firme, pero no pudieron concretarse.

Confirma condena

Sin embargo, este no fue el único revés jurídico de la familia Peirano en los últimos días, ya que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno confirmó la condena de José, Jorge y Dante Peirano por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. El TAP, con el voto unánime de sus ministros, confirmaron la imputación del delito de “insolvencia societaria fraudulenta” y las penas recaídas sobre los tres hermanos.

La Sala afirmó que los integrantes del grupo Peirano realizaron “un conjunto de actos que condujeron al ‘vaciamiento’ del Banco de Montevideo, a través de maniobras de ocultamiento, de derivación de fondos y de ‘triangulación’ para hacer llegar a través de alguna ‘institución puente’ aquellos fondos a las empresas del grupo instaladas fundamentalmente en la República Argentina que los requerían”. Para esto, se utilizó una cuenta secreta del grupo en el TCB de Islas Caymán.

“Debe tenerse presente además que para llevar a cabo tal maniobra en una organización de tamaña magnitud, eludiendo controles estatales e incluso contrariando abiertamente expresas prohibiciones la misma requiere de toda una ingeniería de actos y la participación de varias personas integrantes de la institución, desarrollada durante algún tiempo”, expresó la Sala, según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.

“Con este consciente accionar de insolventar al Banco de Montevideo evidentemente que los enjuiciados procuraban obtener un provecho injusto por cuanto, de esta forma, se conseguía que empresas del mismo ‘grupo’ alcanzaran una importante utilidad económica que les permitiera seguir funcionando con normalidad cuando su realidad no se los hubiese habilitado. O sea, se aseguraba la propia supervivencia de otras empresas del ‘grupo’ con el consecuente mantenimiento de los beneficios que a título personal seguían obteniendo los integrantes del mismo, aún a costa del ‘vaciamiento’ de una de ellas, como es en la especie el Banco de Montevideo”, valoró el TAP.

“La sucesión de transferencias de dinero desde el Banco de Montevideo hacia TCB, otras empresas del Grupo Velox o Peirano e incluso a otros accionistas vinculados con el mismo, sirvieron para ocultar o hacer desaparecer parcialmente el patrimonio de aquella primera empresa insolventándola fraudulentamente, en perjuicio de terceros y en provecho propio por cuanto se beneficiaba al ‘grupo’. Así de las actuaciones de autos se desprende que los recursos captados tanto por el Banco de Montevideo, como el TCB en su momento o el Alemán de Paraguay, estaban destinados a cubrir necesidades de empresas pertenecientes al mismo grupo ubicadas en la República Argentina”, agregó.

Este fallo es relevante por cuanto representa el cierre de una nueva instancia del proceso penal contra los hermanos Peirano Basso en Uruguay. La defensa ya presentó un recurso de casación contra el fallo, por lo que ahora el tema pasará a estudio de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la misma se pronuncie se terminará el proceso y los ex banqueros quedarán en condiciones legales para ser extraditados a Paraguay o Argentina. Aunque la defensa intentará que eso no se concrete.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
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3) Laguna Garzón ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(La Diaria)

La resolución de construir un puente para unir Maldonado y Rocha por la Laguna Garzón implicó cambios en la zona. Uno de ellos es la incorporación de la laguna y su entorno al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), hecho que se concretó el viernes 21, luego de muchos años de discusión. Ingresó como “Área de Manejo de Hábitats y/o Especies”.

Desde el SNAP se informó que con la Laguna Garzón son 11 las áreas protegidas y que “todas son representativas de los ambientes naturales y culturales de nuestro país: ríos, sierras, montes, humedales, pastizales, quebradas, zonas marinas, costeras e islas que conforman actualmente 160.428 hectáreas”.

En cuanto al área Laguna Garzón se valoró que “integra un extenso sistema de lagunas de la costa atlántica del Cono Sur, siendo uno de los ecosistemas autóctonos de nuestro país”. Desde el SNAP se valoró que allí hay un “mosaico de ambientes singulares de elevado valor paisajístico y patrimonial en un espacio territorial pequeño”. Además, hay una diversidad de fauna y flora asociada a los ambientes detectados. La solicitud de ingreso al SNAP la hizo la organización Vida Silvestre Uruguay en 2007.

Cuenca valorada

El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, indicó a la diaria que, independientemente de la construcción del puente que se está llevando adelante desde fines de agosto, desde hace 20 años la cuenca de la Laguna Garzón es analizada por sus valores y cuenta con protección ambiental. Sin embargo, la protección “era muy genérica y no obligaba a nadie a nada”. “Con el ingreso [al SNAP] se explicita una serie de exigencias y se va a tener un plan de manejo que se va a definir en consenso con los vecinos y propietarios del área”, puntualizó.

Si bien para la construcción del puente se acordó el ingreso del área al SNAP y la designación de ese tramo de la ruta como “de valor turístico” -lo que implica que no puedan circular vehículos de gran porte-, la denominación no genera cambios en lo que respecta a las obras en proceso. Guillermo Scarlato, coordinador general del SNAP, remarcó que las exigencias ambientales ya quedaron establecidas al momento de autorizar el plan de obra. La designación de área protegida aporta a futuro, porque “uno supone que con un puente hay un proceso de uso y de ocupación del territorio que puede cambiar”.

Esto estará regulado, porque el ingreso al SNAP conlleva el desarrollo de mecanismos de gestión: cuando un área pasa a formar parte del sistema se designa un organismo administrador que podrá estar integrado por personal del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) o de la Intendencia. Asimismo, se crea un ámbito de participación social, con la conformación de una comisión asesora específica del área, integrada por organismos del Estado, nacionales y locales, así como por vecinos y propietarios. Esa comisión será responsable de asesorar al MVOTMA en la gestión del área.

Consultado sobre los avances de la obra en curso, Luis Lazo, director nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comentó que está encaminada con “normalidad” y que la proyección es que lleve 18 meses. Indicó que existe un control permanente por parte del MVOTMA en cuanto a la preservación y que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) también visita periódicamente la obra.

Sobre un incidente registrado en la obra en los primeros días de octubre, cuando una retroexcavadora se hundió en la laguna, Lazo dijo que “se sacó del agua y se entregó a la Dinama el informe correspondiente sobre el suceso y las medidas implementadas”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
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4) Quién necesita soldados
Miguel Arregui (Qué Pasa / El País)

¿Uruguay necesita fuerzas armadas? Depende de cómo se defina la defensa nacional, que es tanto civil como militar. Los recursos naturales y el creciente tráfico marítimo agregan una nuevadimensión.

Un pequeño y rudimentario tanque M3 Stuart, que ya estaba superado cuando empezó a producirse en 1941, destaca en el exterior del Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 9. En realidad, en Santa Clara de Olimar, una villa de 2.500 pobladores del departamento de Treinta y Tres, sobre la cuchilla Grande, que decae desde hace más de medio siglo, casi nada destaca, salvo las tumbas de Aparicio y “Chiquito” Saravia y el fantasma de Juana de Ibarbourou, quien vivió allí un tiempo, tras casarse en 1913 con el capitán Lucas Ibarbourou.

Pero el traslado del Regimiento de Caballería Nº 9, que durante un siglo estuvo en Piedras Blancas, Montevideo, le dio un poco de aire y vida: viviendas renovadas para las familias de la tropa, escuelas repletas, almacenes mejor provistos y prostíbulos renacidos.

La mudanza realizada en 2012 forma parte de un redespliegue de varias unidades militares que antes estaban metidas en plena trama urbana de Montevideo. Los regimientos se trasladaron a Durazno, Sarandí del Yi y Santa Clara de Olimar, más cerca de las fronteras y donde es más fácil captar y retener tropa. “Con pleno empleo y pagando los salarios más bajos de la administración central, al Ejército se le hace muy difícil conseguir reclutas”, dice a Qué Pasa Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional.

Gasto militar en contexto.

El presupuesto militar en América Latina promedia el 1,3% del Producto Bruto (PBI). Los que gastan más en proporción a sus PBI son Cuba, Ecuador, Panamá, Colombia y Chile. Los que gastan menos son los países de América Central, Argentina y Uruguay. Eso no significa que el gasto uruguayo sea exiguo, pues su Producto Bruto es muy superior al de los países de América Central. Más aún: Uruguay tiene el PBI per capita más alto de América Latina (en torno a US$ 17.000), seguido por Chile (menos de US$ 15.000 por persona), Brasil (US$ 11.000) y Argentina, que ha decaído mucho en el largo plazo. Uruguay además tiene un porcentaje relativamente alto de su población (0,66%) integrado a las Fuerzas Armadas, cifra sólo comparable a las de Cuba y Venezuela.

Pero en términos absolutos, en dinero puro y duro, el mayor presupuesto por lejos es el de Brasil, que sólo en 2014 destinará a Defensa unos 31.600 millones de dólares. Le siguen Colombia, México, Venezuela y Chile, de acuerdo al informe 2014 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua son los que destinan el mayor porcentaje del gasto a inversión o compra de armamentos, en tanto el gasto de los otros países —en particular el de Uruguay, Paraguay y Argentina— está dominado por el pago de salarios y pasividades.

Todo se transforma. En el caso de Uruguay, alrededor del 80% del gasto es para retribuciones y pensiones, en tanto sólo el 20% se destina a funcionamiento e inversión. Por eso, porque hay poco dinero para comprar cosas, los viejísimos y casi inútiles tanques M3 Stuart, como el que adorna el frente del Regimiento de Santa Clara de Olimar, fueron usados más allá de lo razonable y luego guardados por las dudas. Ahora los tanques de “primera línea” son un puñado de viejos T-55 soviéticos, capturados y remodelados por Israel en sus guerras con los árabes de 1967 y 1973, y los livianos y antiquísimos M-41 Walker Bulldog y M-24 Chaffee, con más de 60 años de uso, además de algunos EE9 Cascabel sobre ruedas comprados a Brasil en 1981.

En las Fuerzas Armadas uruguayas nada se destruye y todo se transforma.

En 30 años el dinero destinado a la Defensa ha crecido casi siempre por debajo del Producto Bruto Interno e, incluso, de la inflación. En el largo plazo es una caída abrupta y un empobrecimiento cierto. Refleja una política de Estado de reducir el presupuesto y la cantidad de personal y equipo de las Fuerzas Armadas, que había alcanzado un alto nivel en torno a 1980, en plena dictadura militar. En la última década Uruguay ha destinado entre el 1% y el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a la Defensa nacional, o alrededor del 7% del presupuesto del Estado. En 2014 se prevé que el gasto sea del 1,1% del PBI (y de 2,5% si se incluye también la Seguridad, que involucra al Ministerio del Interior y a la Policía).

El Ejército uruguayo cuenta con unos 15.400 efectivos, hombres y mujeres; la Armada alrededor de 4.650 y la Fuerza Aérea unos 2.500. Total de efectivos militares: 22.550. Hay además cerca de 1.500 empleados civiles, desde Sanidad Militar hasta Meteorología. El armamento procede de las más variadas fuentes: de cada pueblo un paisano, todo un lío logístico y técnico.

De hecho Uruguay no participa en una guerra contra otro estado desde la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, en 1865-1869. Declaró la guerra a Alemania y Japón en febrero de 1945, cuando la derrota de ambos países era un hecho, y fue una acción meramente simbólica. En torno a 1950 las relaciones con la Argentina de Juan Domingo Perón fueron en extremo tensas. Uruguay adquirió material moderno a Estados Unidos, excedente de la Segunda Guerra Mundial, desde aviones a fusiles, y estrechó su alianza política con Washington.

La última guerra civil data de 1904, aunque los militares intervinieron para sofocar intentos de revueltas políticas en 1935 y contra la guerrilla de los Tupamaros y otros grupos a partir de 1971.

Es cierto que las misiones de paz en el exterior, en las que Uruguay tiene una participación muy amplia en proporción a sus fuerzas, permiten matar varios pájaros de un tiro. Hay 1.190 efectivos en la República Democrática del Congo y 615 en Haití. Ganan un buen dinero extra, mantienen cierto nivel de entrenamiento y se adquiere algún armamento relativamente moderno. La joya es el fusil de asalto austríaco Steyr AUG, que comenzó a utilizarse en 2008. Pero también cuentan con cerca de 40 transportes blindados de personal Mowag Cougar, sobre seis ruedas motrices, comprados a Canadá y restaurados en Chile, que permitieron pasar a retiro a un montón de trastos muy usados que se compraron a precio vil a ejércitos de los ex países socialistas del Este de Europa.

El lío que se va a armar.

Pero la defensa nacional es un asunto bastante más complejo que la compra de fusiles y blindados y el entrenamiento para una defensa heterodoxa. En América Latina no se registran conflictos armados directos entre Estados vecinos desde la década de 1990, cuando Perú y Ecuador se tomaron a los golpes por última vez. Las tensiones fronterizas no han desaparecido, ni por asomo, pero la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la defensa de los recursos naturales marcan un nuevo escenario de la defensa de la región.

De hecho Uruguay tiene un montón de obligaciones en su plataforma oceánica que no está en condiciones de cumplir: asistencia y defensa de las plataformas de prospección petrolera que ya están trabajando, control de la pesca clandestina, auxilio al tráfico marítimo, control del tráfico ilegal y hasta lucha contra la piratería.

La situación de la Armada uruguaya es más bien desastrosa. Su moral fue minada por los escándalos de corrupción sin fin que llevaron a la cárcel a varios oficiales y a un ex comandante en jefe, mientras otros continúan bajo investigación. El presupuesto es exiguo, el nivel de entrenamiento muy bajo, y las viejas fragatas de origen luso-francés, con casi medio siglo de uso, no están en buenas condiciones y no son muy adecuadas para sus tareas.

En términos relativos al resto de los países del continente, el Parlamento uruguayo tiene un fuerte control sobre las Fuerzas Armadas, ya que aprueba el presupuesto y la designación de oficiales superiores. En junio la Comisión de Defensa del Senado, integrada por referentes de los principales partidos políticos, resolvió recomendar al próximo gobierno la compra de “patrulleros oceánicos adecuados”. Se habló de tres unidades nuevas, capaces de llevar misiles y helicópteros para controlar el enorme territorio marítimo uruguayo.

“Les va a volar la bata cuando se discuta el próximo presupuesto nacional. ¿Sabe lo que sale eso, no? Comprar algo que sirva para el control del territorio marítimo cuesta algunos centenares de millones de dólares; lo otro es mentira”, dice Fernández Huidobro. En tanto ministro, él es el conductor político de la defensa nacional. “Ahora estamos discutiendo qué vamos a hacer con las plataformas de prospección petrolera —dice—. Tenemos responsabilidades internacionales por las perforaciones. Un derrame por impericia o falta de seguridad puede causar un desastre que afecte también a países vecinos”.

“En la entrada de los canales de navegación que conducen a Montevideo, Buenos Aires y Nueva Palmira tenemos ciudades flotantes en espera. Además recibimos 240 cruceros por verano, con 600.000 personas a bordo. Es como el cruce de Giannattasio con la Interbalnearia pero sin un policía que toque el pito”, ironiza.

Una patrullera de zona marítima (OPV: offshore patrol vessel) de última generación, de entre 1.500 y 1.750 toneladas de desplazamiento, cuesta entre 50 y 100 millones de dólares, y los helicópteros que las equipan (por lo menos el AS365 Dauphin, similar al que posee la Fuerza Aérea Uruguaya para servicio médico y transporte presidencial) suman al menos otros 10 millones por unidad. Total: entre 200 y 330 millones de dólares, sin contar el entrenamiento de la tripulación, la compra de misiles y municiones, repuestos y mantenimiento.

El sueño F-5.

Si el uso y mantenimiento durante décadas de los viejos tanquecitos M3, como ese que engalana la puerta del Regimiento de Santa Clara de Olimar, fue una hazaña, qué decir del mantenimiento de los aviones de ataque de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), modelos que no se producen desde hace décadas. Los pequeños jets Cessna A-37 Dragonfly han volado durante 40 años y podrán hacerlo durante dos o tres más gracias a la donación de repuestos y algunos fuselajes que realizó Ecuador. Los Pucará comprados a Argentina en torno a 1980 son sencillos biturbohélices COIN (Contra Insurgencia, o guerrilla) cuyos motores de origen francés no se fabrican más.

Pronto Uruguay contará con cobertura radar de todo su territorio, incluyendo el marítimo, gracias a una red de radares fijos y móviles. Pero no dispone de aviones rápidos como para interceptar un pequeño aparato, como los que usan contrabandistas y narcotraficantes, desde que es detectado traspasando la frontera hasta que se retira tras dejar su carga. Los A-37, los Pucará o los entrenadores Pilatus PC-7 tampoco podrían amenazar seriamente a un barco que ingrese en aguas territoriales, a 300 o 600 kilómetros de la costa.

Desde hace décadas la Fuerza Aérea Uruguaya sueña con los caza-interceptores Northrop F-5. Es relativamente sencillo y fácil de mantener pero tiene prestaciones supersónicas. Se produjo en la década de 1960 y, en plena Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos fomentó su venta a naciones aliadas bajo del nombre de Freedom Fighter (“Caza de la Libertad”). Brasil y Chile cuentan con ellos, entre otros países de la región. Uruguay alcanzó un principio de acuerdo para comprar a Suiza una decena de F-5 a un costo total de unos 100 millones de dólares. “Son sencillos, indestructibles y están muy bien —explica el ministro Fernández Huidobro—; son Ford A mantenidos por los suizos: se puede almorzar sobre sus motores”.

Sin embargo, según informó el 4 de noviembre el portal Infodefensa, el Ministerio de Defensa suizo emitió un comunicado en el que desmintió cualquier tipo de negociación pues toda transferencia de armas debe ser resuelta por el Parlamento. De hecho, hace unos meses los suizos rechazaron en un referéndum la compra a Suecia de los modernos cazas Saab 39 Gripen (que sí adquirió Brasil), por lo que su fuerza aérea deberá estirar el uso de los F-5. “La Aviación, vanguardia de la Patria”, el lema de la Fuerza Aérea Uruguaya, tiene mucho de espejismo.

PEQUEÑO CONTRA GIGANTES

A lo largo de la historia Uruguay se respaldó en Gran Bretaña o Estados Unidos cuando sintió en riesgo su integridad territorial. Poco después del 900, cuando Argentina bajo el canciller Estanislao Zeballos se mostró muy agresiva, se recostó en Brasil; y cuando Brasil miró para otro lado a partir de 2003 durante las diferencias por la fábrica de Botnia, tanto Jorge Batlle como Tabaré Vázquez acudieron a George W. Bush.

La posibilidad de un conflicto bélico por ese asunto fue sondeada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en 2007, según cables confidenciales divulgados por WikiLeaks en 2011. También en 2011 Tabaré Vázquez admitió que, cuando las diferencias por la fábrica de Botnia se agravaron, solicitó apoyo político a Washington. Vázquez recibió a Bush en Uruguay en marzo de 2007. “Si me necesitas, llámame”, le dijo Bush, y también afirmó en público: “Si Uruguay necesita alguna cosa sólo tiene que levantar el teléfono y pedirlo, porque cuenta con Estados Unidos”. Esa cercanía también se dió en torno a 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Militares uruguayos se entrenan en técnicas de guerrilla para enfrentar conflictos con países más poderosos: una “resistencia nacional” que una a civiles y militares. Los ejemplos son variados: argelinos contra Francia, Vietcong contra estadounidenses, chechenos contra rusos y más.

UNA NUEVA FRONTERA

Las aguas territoriales uruguayas se extienden hasta 200 millas náuticas lde la costa (370 kilómetros). Suman más de 120.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a casi el 70% de la superficie terrestre del Estado, y puede ser extendida hasta las 350 millas, un territorio enorme cuyo límite exterior estaría a 650 kilómetros de la costa. La probable existencia de grandes yacimientos de gas y petróleo bajo el océano aumenta considerablemente su valor estratégico. Se requieren nuevas unidades navales y aéreas.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
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