COMCOSUR INFORMA
AÑO 14 – No. 1577 / martes 2 de setiembre de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014 – 20 años
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Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
MÉXICO: Itzel Ibargoyen (México DF)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo)
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La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS
ARGENTINA
1) LOS ESTERTORES DEL CÓNDOR
Los discursos e insultos contra jueces uruguayos, el FA y la ONU de parte de dos coroneles del Foro Libertad y Concordia y del ex fiscal Langón. Sudestada se metió en la cumbre pro militar de Buenos Aires. /Pablo Waisberg
2) DOS MILITARES NOSTÁLGICOS Y UN ABOGADO DE LA REPRESIÓN URUGUAYA
En las primeras filas se sentaron los invitados de los países de la región. Entre ellos, los coroneles retirados José Carlos Araújo y Elmar Castiglioni, y el ex fiscal penal y hoy abogado de represores Miguel Langón, todos integrantes del Foro Libertad y Concordia de Uruguay, una organización que busca defender a los violadores de los derechos humanos presos o denunciados por crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado. /Sudestada
URUGUAY
1) INVESTIGACIÓN DE SUDESTADA: «¿QUIÉN PAGA?» PROVOCA INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL
Corte Electoral y Junta Anticorrupción indagarán donaciones ilegales de las empresas de Eurnekian y de Rocca a los partidos políticos. Lo denuncia la filial uruguaya de Transparencia Internacional. /Sudestada
2) CON EL MATE PRONTO, URUGUAY ESPERA A LOS REFUGIADOS SIRIOS
El 29 de setiembre llegaran las primeras cuatro familias sirias a Uruguay. Una delegación oficial viaja al Líbano para entrevistar a los postulantes. /Lourdes Vitabar
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TEMAS DE COMCOSUR
I. TISA (TRADE IN SERVICES AGREEMENT)
¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TISA? (I)
El 2 de mayo la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestó que «La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante». /Antonio Elías
II. TISA (TRADE IN SERVICES AGREEMENT)
¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TISA? (II)
Segunda parte: La respuesta del gobierno
Hace dos semanas publicamos un artículo en VOCES en el que informábamos que el gobierno uruguayo había solicitado integrar un acuerdo de liberalización del comercio de servicios (TISA, por su sigla en inglés). Las fuentes de información que manejamos en esa nota surgían del exterior – agencia EFE, Internacional de Servicios Públicos [1], Wikileaks [2] – y la que identificaba con mayor detalle la participación de Uruguay provenía básicamente de las declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht. A esa fecha no había ninguna información oficial del gobierno, ni del Frente Amplio acerca de la importante y riesgosa decisión de integrar este tratado. /Antonio Elías
III. DEUDA PÚBLICA URUGUAYA
DISCURSO Y REALIDAD
La deuda pública en el caso uruguayo incluye fundamentalmente deudas del gobierno central, del Banco Central, de gobiernos locales y entes públicos. /José Antonio Rocca
IV. VIVIR EN EL CAMPO
UN PACTO PARA VIVIR
Contrarrestar los movimientos de migración campo-ciudad, como ya lo hemos dicho en la columna inicial de este ciclo, es una necesidad estratégica urgente. Y ante un fenómeno que se da a nivel planetario, ver qué se ensaya en otras partes del mundo puede darnos algunas pistas de posibles alternativas a estos procesos. /Gabriel Picos
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NOTICIAS
ARGENTINA
1) LOS ESTERTORES DEL CÓNDOR
Los discursos e insultos contra jueces uruguayos, el FA y la ONU de parte de dos coroneles del Foro Libertad y Concordia y del ex fiscal Langón. Sudestada se metió en la cumbre pro militar de Buenos Aires.
Pablo Waisberg /Especial para Sudestada, 29/08/2014
Los incas creían que el cóndor era un ave inmortal, que en los estertores de la muerte se dejaba caer desde los riscos más altos para renacer. Esta ave carroñera, emblema americano, fue utilizada como símbolo de unas de las más carniceras operaciones de represión coordinada por las dictaduras de América del Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Con diligencia o demora –tal el caso uruguayo– los miembros de la Operación Cóndor están siendo juzgados y encarcelados en varios países, y la coordinación de los militares y civiles nostálgicos vuelve a sobrevolar la región, bajo el lema de “salvar” a los “camaradas” que han caído o corren riesgo de terminar enjaulados.
La delegación uruguaya de militares retirados y abogados de represores llegó al Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad con objetivos claros: avanzar en el armado de una coordinación regional, asegurar la “solidaridad con los camaradas enjuiciados y presos” y disputar una batalla cultural para desmontar “el relato” sobre el terrorismo de Estado. Pero, por sobre todas las cosas, redoblar los esfuerzos para lograr una “amnistía pacificadora”, suspicaz forma de plantear su lucha a favor de quienes se encuentran encarcelados o indagados por crímenes contra la humanidad.
Sus necesidades coincidieron, como si se tratara de un sofisticado mecanismo de relojería, con los planteos de los representantes de Chile, Colombia, Venezuela y Perú. Y, sobre todo, con las preocupaciones de los anfitriones de Argentina, donde se produjo el mayor avance en términos de enjuiciamiento y castigo a criminales de lesa humanidad de la última dictadura militar (1976 -1983).
“El sentido de este encuentro es lograr una cooperación que no sea circunstancial sino estable”, subrayó el abogado y ex colaborador de la represión militar argentina, Alberto Solanet, al abrir el encuentro que se desarrolló entre el 19 y el 20 de agosto en el Hotel Meliá de Buenos Aires, cuyos dueños mantienen estrecha relación con el ex presidente derechista español José María Aznar, opositor acérrimo a que se investiguen los crímenes del franquismo.
Solanet es el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de Argentina, organización que impulsó y actuó como anfitriona del evento regional. Esa condición no es casual: 1.600 integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y civiles argentinos están procesados o condenados, según los datos que esa organización desplegó durante el foro.
El abogado derechista basó su anhelo de coordinación permanente en lo que describió como un escenario afectado por “la más refinada estrategia gramsciana”. Y para describir el proceso que, según él, llevó a tan adversa situación, citó al filósofo marxista: “Habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias. Como la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cálculo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos”.
Pablo Waisberg /Especial para Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
2) DOS MILITARES NOSTÁLGICOS Y UN ABOGADO DE LA REPRESIÓN URUGUAYA
En las primeras filas se sentaron los invitados de los países de la región. Entre ellos, los coroneles retirados José Carlos Araújo y Elmar Castiglioni, y el ex fiscal penal y hoy abogado de represores Miguel Langón, todos integrantes del Foro Libertad y Concordia de Uruguay, una organización que busca defender a los violadores de los derechos humanos presos o denunciados por crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado.
Sudestada, 29/08/2014
Araújo es un oficial de Estado Mayor, docente del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay “Cnel. Rolando Laguarda Trias”, y autor en 2010 de una sugestiva carta de convocatoria a la lucha y organización de los militares, distribuida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (CAOFA).
“Misión: Luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles. Maniobra general y propósito: Formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales”, redactó.
Castiglioni fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de “insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Es sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, hoy fallecido.
Langón es el defensor del general Miguel Dalmao, condenado a 28 años de penitenciaría por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray; del coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato del estudiante y militante comunista Ramón Peré; y del miembro del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofía, prófugo de la justicia desde 2009, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por la desaparición forzada del joven vinculado al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Héctor Castagnetto.
Un poco más atrás, en el salón que logró reunir unas 200 personas, se ubicaron el ex jefe de la SIDE (el servicio de inteligencia argentino) Juan Bautista “Tata» Yofre, y el teniente coronel retirado Emilio Guillermo Nani, quien se hizo famoso en 1989 cuando militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) coparon el cuartel de La Tablada para iniciar una insurrección. Para enfrentar el levantamiento Nani ingresó al regimiento pistola en mano; fue baleado y perdió el ojo derecho, donde ahora lleva un parche negro.
Los únicos que no pudieron llegar fueron los representantes de Bolivia. “No les dieron permiso”, ironizaron los organizadores al responsabilizar al gobierno de Evo Morales.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
URUGUAY
1) INVESTIGACIÓN DE SUDESTADA: «¿QUIÉN PAGA?» PROVOCA INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL
Corte Electoral y Junta Anticorrupción indagarán donaciones ilegales de las empresas de Eurnekian y de Rocca a los partidos políticos. Lo denuncia la filial uruguaya de Transparencia Internacional.
Sudestada, 29/08/2014
La filial uruguaya de Transparencia Internacional presenta ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública la investigación de Sudestada sobre ilegalidades en las donaciones de empresas a los partidos políticos a fin de que se indaguen las revelaciones periodísticas.
Uruguay Transparente, capítulo uruguayo de Transparencia Internacional analizó la investigación “El negocio de los mecenas electorales” en la que Sudestada denunció que la familia Eurnekian (Puertas del Sur) y Paolo Rocca (Techint) violaron la ley de financiamiento de partidos políticos (ley 18.485) y se beneficiaron de millonarias exoneraciones impositivas. Luego decidió presentarla ante dos organismos de contralor que ahora deberán investigar los hechos.
Sudestada empleó la aplicación ¿Quien paga? La ruta del dinero en la campaña electoral, para confirmar que los Eurnekian y la empresa Tenaris Global Service SA –subsidiaria del Grupo Techint–, realizaron donaciones para la campaña electoral del año 2009, las que estaban vedadas por la ley 18.485 que regula el financiamiento de los partidos políticos.
De acuerdo a la documentación presentada por los propios partidos ante la Corte Electoral, Eduardo Eurnekian apoyó con 560 mil pesos a la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), mientras que su hijo Martín también contribuyó a la dupla Mujica-Astori con otros 560 mil pesos. Además, donó 416 mil pesos para la fórmula del Partido Nacional (PN), y 53.770 para la del Partido Independiente (PI). También contribuyó con el Partido Colorado (PC), pero en este caso lo hizo en beneficio específico del sector Propuesta Batllista, al que le otorgó 200 mil pesos.
Por su parte, Tenaris Global Service SA repartió el dinero en partes iguales entre las dos fórmulas presidenciales con posibilidades de ganar la elección: 416 mil pesos para la del FA y la misma cantidad para la del PN (Lacalle-Larrañaga).
El artículo 45 de la ley 18.485 establece que “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas”. La empresa Puertas del Sur es la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco y de su Terminal de Cargas. La licitación de la obra pública fue adjudicada en 2005; la familia también había ganado la licitación del Aeropuerto de Laguna del Sauce.
Techint ya mantenía varios contratos con el Estado, por ejemplo para el “Refuerzo estructural del pavimento en el tramo de Ruta 18 entre Arroyo del Oro y Vergara”, licitación adjudicada por el Poder Ejecutivo el 26 de mayo de 2008. Pero tres meses antes de la elección nacional, la empresa de Rocca había sido la elegida por el Estado para encargarse de la realización del saneamiento en el departamento de Maldonado.
La ley prevé multas para estos casos: los partidos deben pagar el doble del monto ilegal recibido, y los benefactores de dos a diez veces más que la cifra aportada. Pero además, en los casos de adjudicatarios de obra pública, las empresas “y sus directivos responsables, no serán tenidos en cuenta para nuevas adjudicaciones”, señala la norma.
Equipo de Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
2) CON EL MATE PRONTO, URUGUAY ESPERA A LOS REFUGIADOS SIRIOS
El 29 de setiembre llegaran las primeras cuatro familias sirias a Uruguay. Una delegación oficial viaja al Líbano para entrevistar a los postulantes.
Lourdes Vitabar / Sudestada / 21/08/2014
Una delegación de seis personas encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia Javier Miranda, y con representación de Cancillería, el Ministerio del Interior y la Comisión de Refugiados, y el actor Osvaldo Laport, embajador del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur), viajará mañana, viernes 22, al Líbano. Allí se realizarán entrevistas con cerca de 30 familias que han expresado su interés en refugiarse en Uruguay ya fueron preseleccionadas por cumplir los requisitos establecidos por el gobierno uruguayo.
Las entrevistas con cada una de las 160 personas que componen estos grupos familiares se llevarán a cabo hasta el 30 de agosto en la embajada uruguaya en Beirut, adonde llegarán con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este proceso culminará con la selección de las cuatro familias que llegarán a Montevideo el 29 de setiembre, así como con las restantes 16 que arribarán en febrero de 2015.
La logística del traslado desde Beirut de las 120 personas que en total serán reasentadas estará a cargo de la OIM pero el costo, unos 150.000 dólares correrá por cuenta del gobierno uruguayo. Debido a que se utilizarán vuelos comerciales, se estima que la ruta más conveniente para el viaje, por la frecuencia de vuelos y la cantidad de escalas, es la que proporciona Air France, partiendo desde la capital del Líbano con una escala en Paris previo al aterrizaje en Carrasco.
Su primer destino en Uruguay será el Hogar San José de los Hermanos Maristas, ubicado en el kilometro 16 de la ruta 8. Allí permanecerán dos meses mientras reciben asesoramiento acerca de las costumbres locales (desde hábitos de comportamiento hasta el uso del transporte público y la moneda) e inician el aprendizaje del idioma.
Lourdes Vitabar / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
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TEMAS DE COMCOSUR
I. TISA (TRADE IN SERVICES AGREEMENT)
¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TISA? (I)
El 2 de mayo la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestó que «La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante».
Por Antonio Elías, Semanario VOCES, Montevideo, el 10 de julio de 2014
Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país «comparte los objetivos de las negociaciones del TISA» y que «respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une» a ellas. Y continuó De Gucht «La Unión Europea y Uruguay esperan trabajar juntos para lograr un acuerdo ambicioso y abierto».
En el mismo informe de EFE se señala que Uruguay en septiembre del año pasado envió su solicitud para participar, algo que la Unión Europea espera que se concrete «rápidamente».
Inmediatamente surgen varias preguntas: ¿Qué es el TISA? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumento se han acordado hasta ahora? ¿Qué beneficios puede tener para el país este acuerdo? ¿En qué ámbito del Frente Amplio se resolvió la solicitud de integración al TISA? ¿Por qué este tema no es de conocimiento público?
1.- Saber que es el TISA (Trade in Services Agreement) no es una cosa fácil en la medida que lo que se está discutiendo entre los países que participan es secreto aunque existen, al menos, dos fuentes de información importantes que se utilizan en esta nota. El primero, es un informe especial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), difundido el 28 de abril, titulado “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa” (1); el segundo, que fue divulgado por WikiLeaks el 19 de junio, es el proyecto de anexo correspondiente al sector de servicios financieros (2).
A partir de esos documentos podemos decir que las conversaciones secretas para constituir este acuerdo comenzaron a principio de 2012, se oficializaron en marzo de 2013 pero lo que se está negociando sigue siendo secreto y que actualmente van en la séptima ronda de negociaciones. Si bien cualquier miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) puede integrar el TISA, el mismo se negocia al margen de la OMC evitando así que se discutan los reclamos históricos de los países más pobres, entre otros, la eliminación de los subsidios agrícolas que utilizan como política proteccionista los países centrales.
Los estados que actualmente elaboran el acuerdo son Australia, Canadá, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Paquistán, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, los 28 miembros de la Unión Europea y siete países de América Latina: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. En 2013 solicitaron participar de las negociaciones China y Uruguay.
No es menor señalar que cuatro de los países latinoamericanos que integran actualmente el TISA confluyen en la “Alianza del Pacífico”, estos son Chile, Colombia, México y Perú, los cuales, al igual que Costa Rica, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Queda claro, entonces, que en el marco de la crisis económica mundial continúa el proceso de eliminación de fronteras y de regulaciones. A pesar de que en 2005 se rechazó el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el proceso impulsado por los Estados Unidos sigue avanzando de múltiples maneras, sea tanto a través de tratados bilaterales de libre comercio y de protección de inversiones, como en nuevas iniciativas regionales. Cabe preguntarse, entonces, por qué el gobierno uruguayo recorre el camino de los países más comprometidos con los intereses del capital y no el de los gobiernos progresistas que luchan por construir caminos alternativos.
2.- El objetivo de este acuerdo es liberalizar el comercio y la inversión en servicios, y aplicar normas regulatorias favorables al capital en todos los sectores, incluyendo servicios públicos. Con este nuevo acuerdo las Empresas Transnacionales buscan superar las limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) firmados en 1995, como parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El acuerdo incluye todos los sectores relacionados con los servicios, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la logística y el transporte, construcción, suministro de energía, distribución del agua, contabilidad, marketing, publicidad, el sector bancario y de seguros, educación, salud y mucho más.
Las negociaciones del TISA son parte del proceso de cambios institucionales impulsados por los países centrales para reducir al mínimo las fronteras económicas, los sistemas de regulación que protegen el desarrollo productivo nacional, los derechos de los trabajadores y la existencia de empresas públicas, todo lo cual facilita la penetración de las Empresas Transnacionales, principales beneficiarias de los tratados de libre comercio y de protección recíproca de inversiones.
El TISA es el resultado de la presión sistemática de las corporaciones de servicios a través de grupos de presión como, principalmente, la “Coalición de Industrias de Servicios” de Estados Unidos y el “Foro de Servicios Europeo”.
A título de ejemplo véase la posición de la “Coalición de Industrias de Servicios”, la cual sostiene que “Algunas barreras al comercio de servicios incluyen: movimiento limitado de información a través de las fronteras, competencia injusta de empresas estatales, falta de transparencia y debido proceso además de derechos de propiedad y discriminación en la obtención de licencias y permisos que favorecen a las empresas locales. Por lo cual un acuerdo de servicios internacionales tiene el potencial de crear condiciones de comercio que permitan a las industrias de servicio alcanzar su máximo potencial. El TISA puede ser una de las más importantes contribuciones económicas de este siglo para los Estados Unidos y el mundo.”(3) La Unión Europea, interpretando los intereses del “Foro de Servicios Europeos”, ha defendido que las negociaciones vayan más allá de la mera apertura de sus mercados de servicios y que sirvan asimismo para desarrollar nuevas normas comerciales en esta área. Considera el comercio de servicios de una «importancia estratégica», dado que el sector acumula unos tres cuartos del PIB y de los empleos de la Unión Europea.
Estas normas tienen como objetivo conceder a los proveedores extranjeros acceso libre en condiciones no menos favorables que las de los nacionales y restringir la capacidad de los gobiernos para mantener o adoptar normas proteccionistas. Lo cual podría cambiar en forma drástica la regulación de los servicios públicos que sustituirían las “regulaciones estatales” por las “leyes del mercado”. El interés de lucro de las corporaciones privadas extranjeras se impondría sobre el interés social.
3.- Los principales instrumentos del TISA buscan promover la inversión privada en todos los sectores, así como perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones ya realizadas. A esos efectos se propician fusiones y, adquisiciones de empresas locales y la eliminación de aquellas regulaciones que ponen límites a la penetración transnacional, asegurando a estas empresas un mayor control y extracción de ganancias de las economías nacionales y la economía mundial.
Reseñando nuevamente, los principales objetivos que buscan los países centrales con este acuerdo son: a) Libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) Trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) Trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.
Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen tres “blindajes”:
– uno, el “statu quo”, que “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos” (4). Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado.
– dos, las “disposiciones de trinquete”, que implica que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos” (5). Esto significa que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional. Si un gobierno favorable al capital toma medidas que eliminan regulaciones y liberan mercados, un gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales medianas o pequeñas no podría modificarlo.
– tres, en el artículo X.20: Arreglo de diferencias, la Unión Europea y los Estados Unidos, proponen que “el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia” (6). Lo que implica que las condiciones que se establecen serán reguladas y arbitradas, como en todos los acuerdos internacionales por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país y librando los resultados de las controversias al interés de los sectores dominantes. Existen múltiples experiencias que demuestran que estos tribunales, tales como el CIADI, favorecen los intereses de las Empresas Transnacionales en detrimento de los Estados que reciben las inversiones.
Además el TISA establece por definición que todos los mercados existentes son parte del mismo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TISA. En contraste con el Acuerdo General de Comercio y Servicios, aprobado en 1995, que les permite a los países elegir cuáles servicios quiere liberalizar en lo que se denomina “lista positiva”.
4.-Este acuerdo que libera el comercio de servicios reducirá la soberanía nacional, porque se perderá control de la economía y se afectará la democracia, porque los acuerdos adquieren carácter supra constitucional. Los inversores extranjeros obtendrán de esta forma protección respecto a las reglamentaciones restrictivas del “libre” comercio, no importa si las mismas estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, seguridad pública, estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios. Los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, también podrán ser puestos en cuestión generando un deterioro significativo los mismos.
El TISA, además, debilita la posibilidad de mantener y ampliar un sistema de empresas públicas, que actualmente se caracteriza por: preservar la soberanía nacional en importantes ámbitos económicos; ser democrático en tanto depende plenamente de la legislación nacional; mantener en manos del estado servicios que atienden las necesidades sociales; prestar servicios universales de alta calidad para la población.
Téngase en cuenta que si bien “el texto básico del TISA excluye los servicios suministrados ‘en ejercicio de facultades gubernamentales’ del ámbito de aplicación del acuerdo. (…) los servicios prestados en el ejercicio de dichas facultades están estrictamente definidos como ‘todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. (7) Lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos que presta el estado uruguayo quedarían incluíos en la liberalización del TISA.
Con la información de la que se dispone hasta el momento cabe preguntarle al Frente Amplio, al gobierno y, en particular, al Ministro Luis Almagro: ¿Qué es lo que motiva a Uruguay a vincularse a este engendro que es el TISA y cuáles serían las ventajas para el país, los trabajadores, su gente en general si se limitan en forma dramática las potestades de decidir del gobierno y la soberanía del país todo?
Notas:
Antonio Elías, Docente universitario, asesor sindical y miembro de la REDIU.
(1) Elaborado por Scott Sinclair del Centro Canadiense de Alternativas Políticas y Hadrian Mertins-Kirkwood del Instituto de Economía Política de la Universidad
de Carleton. www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos
(2) wikileaks.org/tisa-financial/. Publicado el 19 de junio de 2014.
(3) servicescoalition.org/negotiations/trade-in-services-agreement
(4) “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”, p.14.
(5) Idem, p. 14.
(6) Trade in Services Agreement (TISA),Financial Services Annex, WikiLeaks release: June 19, 2014, p. 16.
(7)“El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”, p.6.
Antonio Elías, Semanario VOCES
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
II. TISA (TRADE IN SERVICES AGREEMENT)
¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TISA? (II)
Segunda parte: La respuesta del gobierno
Hace dos semanas publicamos un artículo en VOCES en el que informábamos que el gobierno uruguayo había solicitado integrar un acuerdo de liberalización del comercio de servicios (TISA, por su sigla en inglés). Las fuentes de información que manejamos en esa nota surgían del exterior – agencia EFE, Internacional de Servicios Públicos [1], Wikileaks [2] – y la que identificaba con mayor detalle la participación de Uruguay provenía básicamente de las declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht. A esa fecha no había ninguna información oficial del gobierno, ni del Frente Amplio acerca de la importante y riesgosa decisión de integrar este tratado.
Por Antonio Elías, ALAI, América Latina en Movimiento /25.07.2014
La nota mencionada comenzaba con una serie de preguntas. Unas, sirvieron como guía para describir las principales características conocidas de un acuerdo cuyos términos son esencialmente secretos: ¿Qué es el TISA? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumento se han acordado hasta ahora? Otras, apuntaban a quienes habían tomado la decisión y por qué: ¿Qué beneficios puede tener para el país este acuerdo? ¿En qué ámbito del Frente Amplio se resolvió la solicitud de integración al TISA? ¿Por qué este tema no es de conocimiento público?
En el cierre de la nota, luego de describir las principales características e impactos negativos del TISA se insistía con las interrogantes pidiéndole respuestas al Frente Amplio, al gobierno y, en particular, al Ministro Luis Almagro sobre los motivos y las ventajas para el para el país de integrarse a un acuerdo multilateral que limita en forma dramática las potestades de decidir del gobierno (los acuerdos son supra constitucionales) y la soberanía del país (todo los diferendos serán resueltos al margen de la legislación nacional).
El jueves 17 de julio a enterarnos de algunas respuestas a estos interrogantes, gracias a un artículo de Natalia Uval, publicado en “La Diaria”. En el mismo se presenta una entrevista al canciller Luis Almagro consultados los senadores frenteamplistas de la comisión de Asuntos Internacionales (Enrique Rubio, Eduardo Lorier y Alberto Couriel), y al asesor de la presidencia del Frente Amplio en política exterior (José Bayardi) estos se excusaron de opinar por no tener información.
En la nota se señala que idea de integrar el TISA surgió del Ministerio de Economía y Finanzas, que luego fue analizado en el ámbito de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX) que, según el decreto 174/007, estará integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien la presidirá, y los Ministros de Economía y Finanzas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Turismo y Deporte y un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.
Almagro informó a La Diaria que la CIACEX concluyó que es “oportuno y conveniente ingresar a la negociación, para poder asumir un papel más directo en ella, incidir en sus resultados y, de esa manera, posicionar los intereses de Uruguay de la mejor forma posible”. Dichas conclusiones se presentaron en un Consejo de Ministros en el que se resolvió la participación de Uruguay en el acuerdo.
El canciller destacó que el ingreso de Uruguay al acuerdo aún no fue aceptado y sí es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.
Nos preguntamos, entonces, si no se tiene conocimiento del material de base sobre el cual se está negociando en el TISA como pudo llegar la Comisión Interministerial a recomendar la solicitud de ingreso, más, aún como el Consejo de Ministros aprobó esa recomendación.
En el mismo sentido, si no se conoce el material de base, como es posible que el canciller puede afirmar que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.
La información que ha trascendido sobre el TISA y que hemos publicado en la primera nota sobre este tema (VOCES, 10/07/14) va en una dirección contraria a los dichos del canciller: el objetivo del acuerdo es una liberalización del comercio internacional de servicios que limite al máximo la posibilidad de que existan fronteras económicas, regulaciones proteccionistas y empresas estatales que obstaculicen el funcionamiento del “libre” mercado que requieren las empresas transnacionales.
Al respecto sería muy interesante conocer la opinión que tiene esta Comisión Interministerial del documento del TISA difundido por Wikileaks, para ver si coincide con sus expectativas favorables a este tratado; pero más interesante aún sería que difundieran los documentos que utilizó la Comisión Interministerial para llegar a la propuesta de integración al TISA.
Por último, las declaraciones del canciller apuntan a señalar que la participación en las negociaciones del TISA no compromete al país porque es “voluntaria” y cuando concluyan las negociaciones “Uruguay puede aceptar o no la fórmula a la que se llegue” dado que tiene la posibilidad de rechazar “el paquete final y no ratificar el acuerdo”. Lo cual entra en contradicción con las afirmaciones del Comisario de Comercio de la Unión Europea quién afirmó que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país «comparte los objetivos de las negociaciones del TISA» y que «respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une», es decir si es aceptado en ellas. Como se observa una y otra cosa son absolutamente distintas.
Hasta aquí tenemos una respuesta, controversial e insuficiente, sobre las motivaciones del gobierno para participar en el TISA y los ámbitos del Poder Ejecutivo donde se tomaron las decisiones. Todo lo contrario sucede con el Frente Amplio, el tema no se discutió en la coalición, aclaró a la diaria el asesor de la presidencia del FA en asuntos internacionales, José Bayardi. Los senadores de la comisión de Asuntos Internacionales Enrique Rubio, Alberto Couriel y Eduardo Lorier también se excusaron de opinar, por el mismo motivo.
No puede dejar de sorprender que el gobierno uruguayo, convalidando los mecanismos secretos del TISA, haya solicitado participar en esas negociaciones sin informar y consultar, como corresponde en una sociedad democrática, a toda la ciudadanía. Más aún, ni siquiera consultó a su fuerza política. ¿Por qué no se discutió públicamente sobre las ventajas y desventajas del TISA? ¿Por qué no se informó de los pasos que se recorrieron para integrarse a este acuerdo? ¿Qué es lo que contiene el TISA que hay que esconder? ¿A quién o a quiénes hay que ocultarles que se está recorriendo este camino de inserción internacional subordinada?
En el marco del actual proceso electoral sería fundamental conocer cuál es la propuesta programática del Frente Amplio respecto a la integración del país al TISA, así como la posición de su candidato el Dr. Tabaré Vázquez.
Notas:
Antonio Elías es Docente universitario, asesor sindical y miembro de la REDIU.
[1]www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos
[2]wikileaks.org/tisa-financial/. Publicado el 19 de junio de 2014.
alainet.org/active/75685
Antonio Elías /ALAI /Semanario VOCES
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
III. DEUDA PÚBLICA URUGUAYA
DISCURSO Y REALIDAD
La deuda pública en el caso uruguayo incluye fundamentalmente deudas del gobierno central, del Banco Central, de gobiernos locales y entes públicos.
José Antonio Rocca / 01 de Setiembre de 2014
Se ha inventado desde hace algún tiempo el apellido de “bruta”, para referirse a la deuda en sí y la denominación de “neta”, para la diferencia entre la deuda y las reservas del BCU.
La evolución de la deuda pública “bruta”, constituye todo un síntoma de las consecuencias del esquema de funcionamiento “Uruguay plaza financiera”. A mediados de los setenta, rondaba los 1500 millones de dólares. A comienzos de los noventa superaba los 6000, a fines de 2004, ascendió a algo más de 13000 para llegar en la actualidad a guarismos superiores a los 33000 millones de dólares. Algo más de 30000 dólares por familia uruguaya. El dicho popular de que cada niño nace con un pan debajo del brazo, se transformó en una realidad en que cada oriental nace con una cuota de deuda pública equivalente a 10.000 dólares.
El dinero obtenido se utilizó generalmente para salvar Bancos quebrados, grandes deudores privados y dar subsidios abiertos o encubiertos a grandes empresas generalmente foráneas.
En síntesis, la total apertura financiera infló la deuda a niveles siderales, el continuismo “progresista”, pese a la venta de tierras, empresas, y excelentes precios internacionales para las exportaciones uruguayas logró más que duplicarla.
Quizás por lo impactante de las cifras, el oficialismo prefiere referirse a la que denomina deuda neta, aunque para cualquier persona, empresa o familia, la deuda es (valga la redundancia) lo que debe. El juego de mosqueta, lo complementa restando a la deuda no solamente las reservas genuinas del BCU, sino también los encajes bancarios que obviamente son privados. Es decir no solamente descuenta los poco más de 9000 millones de dólares que constituyen las reservas propias del BCU, sino que resta además otros 9000 millones que son de los Banco privados para que los números “sean más lindos”
Además Uruguay se endeuda pagando tasas de interés siderales (a veces más de 20% medidas en dólares) para acumular reservas y las deposita en Bancos internacionales obteniendo rentabilidad mínima (1% en dólares) para “tranquilizar” a los acreedores respecto a su voluntad de pago. Periódicamente el gobierno promete que con ellas solucionará problemas de infraestructura vial y energética, vivienda, pobreza, y no sé cuántas cosas más, aunque no explica porque no lo hizo hasta ahora.
Otra forma corriente de presentación de datos sobre la deuda, consiste en utilizar el cociente con el producto bruto interno. En el caso uruguayo ronda el 60%, bastante por encima del 40% considerado habitualmente la línea de riesgo, aunque el PBI está inflado, por la forma de medir los servicios y por el atraso cambiario o inflación en dólares, que eleva los valores del producto medido en dicha moneda. [i]
El invento más reciente consiste en dividir la deuda neta tal cual la calculan sobre el producto bruto interno. Este cociente en realidad no representa nada, más allá de una tramoya contable. Los intereses leoninos que paga el pueblo uruguayo y que ahogan el presupuesto del Estado se calculan sobre la deuda real que según las propias cifras oficiales es de 33000 millones de dólares.
En lo que se refiere a la composición de los instrumentos de deuda ha ido variando. A la forma tradicional de deuda con organismos internacionales, o con grandes Bancos, se ha ido agregando como mecanismo predominante la emisión de títulos con diversos nombres (letras, bonos, etc.). El discurso oficial incluye aquí una nueva perla de ocultamiento de la realidad. Ha bautizado como deuda soberana a la asumida con compradores de títulos, quizás porque es una soberana deuda cuyo calendario de vencimientos llega hasta el 2050.
Una de las curiosidades es que el gobierno y oposición con representación parlamentaria aplauden el supuesto éxito de la política de deuda. “Cosas veredes, Sancho” dijera don Quijote.
Gotitas de economía
El Instituto Nacional de Estadística (INE), según el método de determinar la línea de pobreza de acuerdo al ingreso monetario, registró en 2011, un 27,3% de niños menores de 6 años dentro de ese rango. Un método alternativo que toma como referencia otros índices tales como alimentación, vivienda, educación, condiciones sanitarias utilizado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República, estimo la pobreza infantil en 49,2 %. Es decir con este enfoque, la mitad de los niños uruguayos viven en condiciones de pobreza.
El poder Ejecutivo, con fecha octubre 2013, exoneró del impuesto a las rentas de las actividades económica (IRAE), IVA, y del impuesto a las transmisiones patrimoniales al compromiso de fusión de las empresas, Brunvil SA, Mambil SA, Nigosur SA, Sierra Marina SA, Villa Ahumada SA, HADT SA, DHEUN SA. Se comenta que todas giran bajo la órbita del poderosos empresario brasilero, Ernesto Correa. ¿Cómo era aquello de que pague más el que tiene más?
Un nuevo incremento del transporte urbano e interdepartamental. Pese al subsidio al combustible utilizado por las empresas Uruguay tiene uno de los transportes colectivos más caros del mundo.
El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), elabora un ranking de países según un índice de desarrollo humano, que incluye crecimiento económico, distribución del ingreso, salud, educación entre otras variables sociales. En comienzos de los noventa Uruguay se ubicaba en el lugar 38 en 2004 bajó al 46, en 2011 al 48. En el último informe del 2014 cayó al lugar 50. Cómo quien dice fuera del mundial. ¿Progresismo o retroceso?
En el ranking de América latina, de acuerdo al mencionado índice Uruguay se ubica en el cuarto lugar. Detrás de Argentina, Cuba y Chile.
El llamado índice de Gini mide la desigualdad en el ingreso. Valores más altos indican mayor desigualdad. En Uruguay de inicios de los noventa era de 0.40, en 2005 llegó a 0.44 y en 2013, según el PNUD, es de 0.45. Los datos no coinciden con los discursos oficiales.
Argentina envió una ley al parlamento sustituyendo la administración de su deuda pública desde al Banco Mellon de Nueva York al Banco Nación [ii], pasando en consecuencia la sede a Buenos Aires. Parece lógico que un país soberano no puede quedar racionalmente sujeto a decisiones de jueces neoyorkinos como Griesa que se puso la camiseta de los fondos buitres e impidió a Argentina pagar a los fondos reestructurados en no solo Nueva York, sino incluso en países de Europa y Asia, hasta no satisfacer a los especuladores más radicales.
La economía brasilera disminuyó el PBI 0,6% en el segundo trimestre de 2014. La revisión de los valores del primer trimestre transformó también un pequeño crecimiento en descenso.
Notas:
[i] En todo caso sería más lógico dividir sobre el llamado ingreso nacional neto, en el cual por lo menos se descuentan los fondos para reponer la maquinaria desgastada y las ganancias de las empresas enviadas al exterior.
[ii] A los fondos buitres se les invita a aceptar una quita del 65%.
José Antonio Rocca / La economía de a pie
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
IV. VIVIR EN EL CAMPO
UN PACTO PARA VIVIR
Contrarrestar los movimientos de migración campo-ciudad, como ya lo hemos dicho en la columna inicial de este ciclo (“Volver al campo para reconstruir el país”, ver ladiaria.com.uy/UFT), es una necesidad estratégica urgente. Y ante un fenómeno que se da a nivel planetario, ver qué se ensaya en otras partes del mundo puede darnos algunas pistas de posibles alternativas a estos procesos.
Gabriel Picos /La Diaria, 26.08.2014 /REVIENTA CABALLOS
Una de ellas, poco conocida en Uruguay, tiene que ver con las discusiones sobre la implementación de una “renta básica de los comunes”, o de posibles variaciones de ingresos ciudadanos que surgen a partir de esta matriz.
¿Qué es la renta básica de los comunes o universal (RB)? Es un ingreso que cada ciudadano y ciudadana, por el solo hecho de nacer, tiene derecho a recibir en forma periódica para cubrir sus necesidades básicas inmediatas. En lo que se denomina su modelo fuerte, ese ingreso se otorga con carácter universal (a todas y cada una de las personas por igual y sin aplicación de impuestos), individual e incondicional. El acuerdo general es que el monto no sea menor a lo que en cada país se determine como la línea de pobreza, y en algunas propuestas se plantea que la mayor parte del ingreso se destine al uso personal, y el resto tenga un destino colectivo-comunitario. Un modelo fuerte de RB se aplica en Alaska, Estados Unidos, financiado a partir de la renta de la explotación minera. Cada persona que tenga un mínimo de seis meses viviendo en ese estado recibe una mensualidad de más de 2.000 dólares. En Canadá, Brasil y España se están estudiando diferentes propuestas al respecto. En otros lugares se han implementado variantes de los modelos débiles de RB. Por ejemplo, en el Distrito Federal de la ciudad de México se otorga una RB individual e incondicional a todos los mayores de 65 años. Quien quiera conocer algo más sobre la RB puede bajar de internet numerosas publicaciones, entre ellas la del Seminario Iberoamericano “Renta Básica Universal: ¿derecho de ciudadanía? Perspectivas europeas y latinoamericanas”, realizado en Montevideo los días 3 y 4 de noviembre de 2008 y organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, donde quedaron planteadas diferentes posturas con respecto al tema (ladiaria.com.uy/UFU).
En la línea del modelo débil, en Colombia y España, por ejemplo, se está proponiendo una renta básica rural (RBR), cuya aplicación en Uruguay pensamos que se debería investigar seriamente. Hablamos de pagar a cada uno de los campesinos/agricultores familiares (en forma individual e incondicional) una RB mensual equivalente al monto que corresponde a la línea de pobreza en el país. Este monto sería en la actualidad, tomando como referencia lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística en junio de 2014, $ 4.335,77 (la canasta básica total del interior rural, CBTR).
Investigar seriamente implica calcular a cuántas personas les correspondería esa RBR, así como los costos de concretar esta iniciativa; si la CBTR es realmente suficiente para un ingreso digno en el medio rural, ¿qué sucedería con quienes ya estuvieran recibiendo otros ingresos superiores a ese monto (por ejemplo, pensiones: la consigna debería ser que nadie recibiera menos de lo que cobra actualmente)? ¿Qué tiempos y procesos serían necesarios para implementar la propuesta y, principalmente, cuáles deberían ser las fuentes de financiación?
Sobre esto último dejamos planteada una orientación. Así como muchas veces, ante el deterioro de determinadas infraestructuras, voces gubernamentales salen a decir que quienes hacen mayor uso de ellas deberían pagar por su mantenimiento, quizá sea tiempo de establecer que los principales responsables de la profundización del vaciamiento del campo deben asumir los costos de algunas estrategias para contrarrestar ese fenómeno.
El agronegocio, que hoy es presentado como el principal motor de la economía uruguaya, implica la concentración de la propiedad de la tierra por parte de un grupo de empresas, responsable a su vez de que migren a las ciudades muchos de quienes producían nuestros alimentos. De algún modo, entonces, como sociedad, deberíamos garantizarles a estos últimos un mínimo de vida digna para que puedan seguir en el campo, porque además necesitamos garantizar que la producción de esos alimentos continúe.
Estamos convencidos de que la RBR sería un motivador para que jóvenes que quieran quedarse en el campo lo hagan, al contar con un ingreso básico para comenzar sus emprendimientos, o que otros que han migrado puedan retornar al medio rural. No estamos proponiendo un subsidio para pobres; mucho menos una limosna. Sería un reconocimiento de que los agricultores familiares son estratégicos para alimentarnos, para nuestra soberanía alimentaria. En definitiva, un pacto para vivir.
Gabriel Picos / La Diaria / Suma Sarnaqaña, Colectivo de Agronomía Social
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1577 – 02/09/2014
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Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido,
para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo.
No importa que yo no esté / soy un silencio testigo,
si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido.
Armando Tejada Gòmez
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