«

»

REFLEXIONES CONTRA LA AMNESIA

AL DÍA:

 

1) A 22 años de la Masacre del Filtro –

2) Falleció el ex marino Daniel Rey Piuma –

3) Justicia dicta condena millonaria contra los hermanos Peirano –

4) Celulosa: Tacuarembó espera un proyecto "de una enorme dimensión" –

5) Reflexiones contra la amnesia –

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2088 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 26 de Agosto de 2016 / Producción: Andrés Capelán
_______________

"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
_______________

1) A 22 años de la Masacre del Filtro
Isabel Prieto Fernández (Caras y Caretas)

Se cumplieron 22 años de los sucesos del Hospital Filtro, cuando la Policía reprimió a miles de personas y dio muerte a Fernando Morroni, único manifestante fallecido luego de la dictadura.

El 24 de agosto de 1994, miles de personas se congregaron frente al Hospital Filtro. Allí, tres ciudadanos vascos -Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarride- pertenecientes a la Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad -ETA-) estaban llevando a cabo una huelga de hambre, solicitando que Uruguay les concediera el asilo que evitaría la extradición a España.

Buena parte del pueblo uruguayo se sintió plenamente identificado con esa reivindicación, independientemente de que compartiera o no el accionar de ETA. Uruguay, decían, siempre fue tierra de asilo, recordando una y otra vez que José Batlle y Ordoñez había ordenado que a todo deportado argentino se le debía permitir quedarse en suelo uruguayo si así lo quería.

Trece vascos habían sido detenidos en 1992. Portaban documentos falsos, pero fuera de esa irregularidad llevaban una vida púbica abierta, al punto que regenteaban un restaurant (“La Trainera”), al que solían concurrir connotados personajes políticos que cuesta pensar que no tuvieran conocimiento de su situación irregular. Apenas conocida la detención, el gobierno español pidió la extradición de ocho de ellos. La Justicia uruguaya autorizó la extradición de Goitia, Ibáñez y Lizarride.

En 1993, inician una huelga de hambre, la que es levantada cuando Uruguay les promete una libertad que nunca se lleva a cabo. Al año siguiente, vuelven a declarar otra huelga. Cuando llevaban nueve días sin consumir alimentos, anunciaron que dejarían de tomar líquidos. El 19 de agosto de 1994, son trasladados de Cárcel Central al Hospital Filtro. La prensa internacional se apostó en Uruguay y el gobierno, liderado por Luis Lacalle Herrera, quería evitar el costo político que a esa altura ya se estaba pagando. Estaba dispuesto a seguir adelante con la extradición, que sabía los llevaría a la tortura. Pero no se podía permitir que un vasco se muriera en suelo oriental sin atención sanitaria.

Apenas conocida la noticia de la inminencia de la extradición, miles de manifestantes se aglomeran en torno al Hospital Filtro. La presencia de figuras de la política (por ejemplo, la Mesa Política del FA) daba a la concentración un carácter de causa nacional. En horas de la tarde, y sin previo aviso, cae sobre ellos una represión desmesurada, instrumentada por el entonces ministro de Interior, Ángel Gianola. Los heridos (tanto de bala, como por golpes con objetos contundentes), sumaron más de un centenar. Uno de los agredidos, el joven Fernando Morroni murió a consecuencia de un tiro de escopeta disparado a boca de jarro y a pocas cuadras de allí, era ultimado a puñaladas, en oscuras circunstancias, Roberto Facal, que formaba parte de los manifestantes y fue asesinado ante su domicilio, aunque la autoría del hecho, pese a las conjeturas, nunca fue verificada.

Los hechos políticos que posteriormente se sucedieron, demostraron la connivencia entre el gobierno español y el uruguayo (al que se había acordado enviar pertrechos y vehículos policiales). Al día siguiente, fue clausurada CX 44, Radio Panamericana -que cubría los hechos- y poco después se filtraba una grabación, obtenida en el cuartel de Coraceros de la calle José Pedro Varela, en la que el ministro Gianola en persona anunciaba la presentación en sociedad de la nueva fuerza de choque, es decir, preanunciaba lo que se llamó “la Masacre de Jacinto Vera”.

Pocas veces en la historia se desplegó tal saña represiva contra una manifestación de masas y -justo es decirlo- pocas veces los manifestantes exhibieron tanto nivel de combatividad contra una fuerza armada notoriamente superior.

El olvido no pudo con la memoria de Morroni y el resto de las víctimas de esa jornada y en el día de hoy, Norma Morroni, encabezará la noche del recuerdo de ese crimen. Correspondería a análisis de otro orden, comprender por qué un hecho de esas proporciones no tiene hoy la repercusión que debería tener. Es que a partir de allí sucedieron muchas cosas. La más sobresaliente la impunidad, la omnipresente impunidad.

La Masacre del Filtro, cargada de represión y muerte fue, para muchos, lo que unió a las generaciones que la dictadura se había empeñado en separar.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
_______________
2) Falleció el ex marino Daniel Rey Piuma, que dio a conocer el archivo fotográfico que prueba los vuelos de la muerte.
Luis Rómboli (La Diaria)

En las últimas horas falleció en Holanda, país donde residía desde hace 35 años, Daniel Rey Piuma, ex fotógrafo y perito de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval que desertó y se fue del país llevándose consigo un voluminoso archivo de esa dependencia sobre los hallazgos de cuerpos en las playas uruguayas durante la dictadura, que prueba que no se trató de marineros asiáticos que cayeron de los barcos fruto de sus habituales riñas y disputas, tal como lo presentó la prensa uruguaya de la época, sino de cuerpos de detenidos políticos argentinos que, luego de haber sido sometidos a torturas aberrantes, fueron arrojados al mar, atados, desde aviones militares, y que por el efecto de las mareas en el Río de la Plata terminaron apareciendo en las costas de Uruguay, principalmente en el departamento de Rocha, entre 1976 y 1979.

En una entrevista con la diaria en enero del 2012 (*), Rey Piuma contó cómo salió en 1980 hacia Brasil, donde realizó sus primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Armada Nacional, y cómo luego debió irse a Holanda debido a que “en Brasil estaban operando los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina y Uruguay”, y procuraron secuestrarlo tres veces y matarlo una. Antes, en 1982, consiguió declarar en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde entregó por primera vez las fotos y documentos que se llevó de Uruguay. Esas mismas pruebas gráficas aparecieron en diciembre de 2011 entre los documentos desclasificados que recibió desde Estados Unidos el juez Sergio Torres, al frente de la megacausa ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) en Argentina.

En aquella entrevista con la diaria, Rey Piuma anunciaba que estaba dispuesto a entregar el resto del material que aún conservaba en su poder a esa investigación, y cuestionaba la conclusión de la Comisión para la Paz de Uruguay de que todos los cuerpos hallados en las costas uruguayas eran de argentinos, algo que él calificaba de “suposición no comprobada”. “Había algunos cuerpos que tenían ropas argentinas, otros estaban atados con cuerdas de cortinas. Después de una pericia descubrimos que ese tipo de cuerdas no se vendía en Uruguay sino en Argentina, pero había otros cuerpos sobre los que siempre quedó la duda de si eran argentinos o uruguayos. La Comisión para la Paz dijo que los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas eran de argentinos, y eso no es verdad. En las pericias técnicas criminológicas hay que procurar la mayor exactitud posible, y en algunos cuerpos se podía decir eso con 90%, no había grandes dudas, pero de otros cuerpos no se podía determinar”, afirmó Rey Piuma.

Rey Piuma finalmente declaró en 2012 en la megacausa por las violaciones a los derechos humanos en la ESMA de Argentina, pero no llegó a declarar, aunque su testimonio estuvo previsto para ser incluido varias veces en el juicio por la causa Plan Cóndor, que transcurre en Roma, en el que uno de los imputados es el capitán de navío Jorge Tróccoli.

Rey Piuma se hizo conocido en Uruguay luego de la publicación del libro Un marino acusa (Tupac Amarú ediciones, Montevideo, 1988), una primera presentación de las fotos y documentos que tenía en su poder. Sin embargo, el primer informe sobre sus hallazgos lo publicó la revista brasileña Veja. Vino a Uruguay varias veces durante su prolongado exilio, pero siempre se mantuvo oculto, ya que estaba convencido de que aún pesaba sobre él una sentencia de muerte establecida por los militares a los que había denunciado.

En las últimas horas se multiplicaron en las redes sociales los mensajes que lamentan su pérdida y recuerdan su valentía, su coraje. Ese del que carecen tantos otros que continúan escondiendo la verdad.

(*) Ex marino uruguayo entregó registros para megacausa ESMA en Argentina.
(La Diaria – 09/01/2012)

En una comunicación desde Amsterdam, donde está radicado desde hace 31 años, Daniel Rey Piuma, el ex marino de Prefectura que huyó del país con registros de los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas entre 1976 y 1979, relata cómo entregó parte de ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1982 y asegura que es el mismo material que el mes pasado recibió el juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA en Argentina. Anuncia que está dispuesto a entregar los archivos completos que aún conserva y a declarar ante los juzgados que lo soliciten, y cuestiona a la Comisión para la Paz, en la que declaró sobre estos hallazgos; afirma que la certeza que tenían sus integrantes respecto de que los cuerpos eran todos de argentinos es una suposición que no está comprobada.

-En 1980 salió de Uruguay hacia Brasil y allí realizó sus primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Marina.
-Nunca tuve interés en venir a Europa. Quería sacar los archivos, pero quedarme en Latinoamérica luchando contra las dictaduras. La venida a Holanda se debió a que en Brasil estaban operando los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina y Uruguay, y procuraron secuestrarme tres veces y matarme una. Había un ministro de Relaciones Exteriores holandés llamado Van derStoel, que ayudó mucho a uruguayos y chilenos a salir para Europa. Yo estaba como refugiado en Brasil y él consiguió una invitación de la Casa Real para que me fuera para Holanda.

-¿Dónde declaró en Brasil?
-Hice declaraciones ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], pero las más importantes fueron en San Pablo ante la Orden de Abogados de Brasil [OAB], que presidía en ese momento el abogado Belisario dos Santos Jr. Ante la CIDH declaré el 19 de noviembre de 1982 en Washington, invitado por la Organización de Estados Americanos.

-¿En esa instancia entregó las fotos y documentos de los cuerpos encontrados en la costa uruguaya?
-Sí, el único que presentó ese tipo de documentos y fotografías fui yo. En esa época el presidente de la CIDH, al finalizar mi presentación, ante el pleno, dice que es el informe más minucioso y completo que había recibido sobre violaciones a los derechos humanos. Por entonces pensé que la Justicia se iba a mover y que iban a trabajar con esos documentos. Tengo una sensación de irritación y de alegría porque me asombra que después de tantos años un joven argentino encuentre este tipo de reportes escondidos en un sótano, porque, si no, hubieran seguido allí durante 50 años más. Tengo comprobantes de esas declaraciones y tengo tres archivos donde tengo todo guardado, uno en Ámsterdam, uno en Bélgica y otro en Suiza. Ese día en Washigton también estuvo presente el presidente de la OAB, que era más o menos como mi abogado y tenía mucho peso internacional.

-¿Y entregó todo el material que tenía?
-Entregué la parte más grande, pero hay otras cosas que no, porque en aquella época decir un nombre, dejarlo caer a nivel internacional, era complicado. Había que ser muy cauto con los nombres.

-¿Cómo se publicó el libro Un marino acusa (*) en Uruguay?
-En 1985 vino Raúl Sendic (padre) a Bruselas y hubo reuniones entre compañeros. Yo trabajaba con una religiosa belga que habló con Sendic y le dijo "Mirá lo que tengo", y le dio el material, y él le dijo "Esto vamos a publicarlo". Entonces voy a Uruguay de manera clandestina por Brasil, me fui a la casa de Sendic, en la calle Ejido, y le presenté una carta que espero que el MLN aún tenga. Le dije que publicara todo eso y que el dinero que se pudiera generar se lo dieran a los presos políticos. Luego llevó el material a la editorial y al año lo publicaron. Ese libro fue censurado por el editor porque había varios análisis políticos que hice sobre lo que estaba pasando en 1987 que fueron eliminados. Antes, estando en Brasil, las primeras informaciones de lo que yo había hecho se publicaron en la revista Veja, fue un informe como de 40 páginas.

-¿Hasta cuándo recibió amenazas?
-Llegaron hasta Holanda inclusive. Para recibir correo le pedimos a una compañera argentina que nos pasara su dirección para que nuestras familias mandaran correspondencia, y una vez entraron en su casa, en pleno centro de Ámsterdan, unos uruguayos o argentinos y rompieron todo buscándome. Yo vivía a kilómetros de distancia. Y así en otras casas donde recibíamos correo.

-Tiene mucha información relevante para investigaciones en Argentina y Uruguay. ¿Está dispuesto a declarar y aportar sus archivos para que los jueces obtengan de una manera más directa y completa esa información?
-Por supuesto que lo estoy. Volvería a Uruguay o a Argentina a contar detalles porque hay cuestiones que nadie conoce. Pensaba en estos días que este tema va a durar hasta mediados de enero y luego a nadie le va a interesar más. Pero ojalá me equivoque.

-¿Qué funciones cumplía exactamente en la Inteligencia de Prefectura?
-Era oficialmente planimétrico, el que hace los planos en el lugar de homicidios, pero también era fotógrafo, perito criminal, especialista en abrir toda clase de cerraduras, en detectar drogas. Personal técnico, como en cualquier servicio de Inteligencia del mundo.

-En el libro cuenta que a partir de la aparición de los cuerpos a lo largo de la costa hicieron un estudio de las mareas para ver de dónde llegaban.
-Ese estudio lo hice yo. Se lo pedí al capitán, que era jefe del Servicio de Meteorología, y él tenía el registro de vientos y mareas. Me interesaba saber si eran cuerpos de Uruguay o de Argentina. Hicieron un estudio de mareas y se presentó un informe súper completo. La prensa trabajó durante años con la teoría de que se trataba de asiáticos. Eso fue una campaña bien orquestada. Dijeron que había sido un altercado en un barco coreano y que se habían matado a hachazos.

-Pero después las apariciones empezaron a ser sistemáticas.
-Sí, durante dos o tres meses viene la corriente de los ríos Uruguay y Paraná que es muy fuerte y traslada todo al Río de la Plata. Uno de los últimos cuerpos que yo registré, en la playa Pocitos, era sólo huesitos. Y entonces terminó mi reporte, porque después de eso en la Dirección de Inteligencia de Prefectura [Dipre] se planteó que ya era un problema serio porque daba para suponer que había muchísima más gente que se había descompuesto en el agua y lo que aparecía eran los huesos. En 1979 se encontraron dos cuerpos, uno masculino y otro femenino, a los que les habían quemado las caras con soplete y para eso los milicos no estaban preparados, porque ya no tenían ninguna excusa, y eso se empezó a ocultar a la prensa.

-¿Sabé dónde están todos esos cuerpos?
-Están registrados en cada unos de los mapas que presenté ante la CIDH.

-¿Cuántos registró en total?
-26.

-Se supone entonces que hay muchos cuerpos que fueron arrojados al mar pero nunca llegaron a la costa.
-Sí, claro. Los cuerpos aparecieron por casualidad, pero las corrientes van para varias zonas del sur de Argentina también. La corriente que viene es tan fuerte que desparrama por todos lados.

-¿Cuando aparecían los cuerpo se daba intervención a la Justicia?
-Sí. Siempre estuvieron los jueces de instrucción, que fueron cómplices porque se presentaba un reporte de un cuerpo con tres heridas de bala, por ejemplo, o con hematomas, y los jueces no investigaban nada. En cada reporte que yo tengo, al lado de cada foto, está el nombre del juez de instrucción que se encargó.

-¿Ustedes comprobaron que los cuerpos eran de argentinos?
-Algunos. Pero no sabíamos de todos. Había algunos cuerpos que tenían ropas argentinas, otros estaban atados con cuerdas de cortinas. Después de una pericia descubrimos que ese tipo de cuerdas no se vendía en Uruguay sino en Argentina, pero había otros cuerpos sobre los que siempre quedó la duda de si eran argentinos o uruguayos. La Comisión para la Paz dijo que los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas eran de argentinos, y eso no es verdad. En las pericias técnicas criminológicas hay que procurar la mayor exactitud posible, y en algunos cuerpos se podía decir eso con 90%, no había grandes dudas, pero de otros cuerpos no se podía determinar.

-¿Qué declaró ante la Comisión para la Paz?
-Cuando fui, ellos partieron de la base de que los cuerpos eran todos de argentinos. Además nunca quisieron saber nada de la Armada, ni de las torturas, ni de nombres, lo único que les interesaba eran los cuerpos. Igual pensé que podía llegar a pasar algo, pero nada. Fijate qué organización: cuando fui a declarar, tuve que pagarme el pasaje yo mismo. Lo que quería la Comisión para la Paz era que yo dijera que todos los cuerpos eran argentinos, y lo otro no les interesaba. El propio Gonzalo Fernández me dijo dos veces: "Daniel, esto no le interesa a nadie porque no es la tarea de la Comisión, sólo hay que hablar de los cuerpos".

-El tuyo es uno de los únicos testimonios de alguien que estuvo dentro del sistema represivo y que desertó y se llevó información para denunciar, pero recién 30 años después parece que puede ser útil a la Justicia ¿Cómo te hace sentir eso?
-No me he bajado nunca de mis convicciones de izquierda y pienso que vale la apuesta por la vida. Les digo a las generaciones más jóvenes que hay que vivir de la manera más ética posible para confirmarse a uno mismo. Todo esto ha generado en mí un conflicto de emociones gigantesco, pero si algún fiscal o juez de Argentina, Brasil o Uruguay me llamara yo iría con mucho gusto, porque me fui de Uruguay para eso, para que la verdad de lo que estaba pasando se pudiera saber.

(*) Un marino acusa, Daniel Rey Piuma. Tupac Amarú Ediciones (TAE), Montevideo, 1988.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
_______________

3) Justicia dicta condena millonaria contra los hermanos Peirano
(Caras y Caretas)

Un Tribunal de Apelaciones confirmó, en forma parcial, la condena de los Peirano Basso en un litigio iniciado por el Banco Central.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de 1º Turno confirmó, en forma parcial, la millonaria condena dictada contra los hermanos Peirano Basso, en el marco del litigio civil iniciado por el Banco Central del Uruguay (BCU), referido a la quiebra fraudulenta del Banco de Montevideo (BM) en 2002. La Sala no establece el monto de la condena, y ordena al BCU el inicio de un juicio de liquidación de sentencia, según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.

Sobre mediados de 2015, la jueza Civil de 17º Turno, Patricia Hernández, condenó a los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso y a diversas personas físicas y jurídicas relacionadas con la operativa del grupo económico al pago de una indemnización de unos 340 millones de dólares, por la actividad fraudulenta del grupo, en los meses previos al quiebre de la institución financiera.

En ese fallo, la jueza valoró que las transferencias entre el BM y las empresas vinculadas al grupo (TCB, Banco Velox SA) “no son ilícitas”, pero “la entidad de las mismas y su perpetuación en el tiempo determinaron un incremento de la exposición de BM ante la falta de patrimonio suficiente para hacer frente a las pérdidas”, lo que afectó el patrimonio de esa institución y concluyó en su disolución y liquidación. Para efectuar estas operaciones y transferencias irregulares el grupo utilizó diversas “estratagemas y maquinaciones” de forma de evitar los controles del sistema financiero y en pleno conocimiento de la “iliquidez de las empresas vinculadas al grupo y las dificultades que afrontaba la plaza financiera y el propio BM”.

En este marco, “los hermanos Dante, Juan y Jorge Peirano Basso como administradores, directores y accionistas ejecutaron conductas lesivas al BM y Banco la Caja Obrera, hicieron mal desempeño de sus cargos cuando no actuaron con la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios […] por lo que deben responder del perjuicio causado”, señaló la jueza. La magistrada fijó la condena en unos 340 millones de dólares, que debían ser resarcidos por los hermanos Peirano Basso y los restantes condenados.

Sin embargo, el TAC revocó -con el voto conforme de las ministras Nilza Salvo, Teresita Maccio y Beatriz Venturini- algunos aspectos del fallo de primera instancia. En efecto, la Sala desestimó la condena de Marcelo Guadalupe y Cristian Rippe, así como del Trade & Commmerce Bank (TCB) de Islas Cayman y la empresa Valle Rosa SA. El TCB fue la institución utilizada por los hermanos Peirano Basso para transferir millones de dólares de los depósitos de los ahorristas del BM. Además, se estableció que Letizia Vejo (ex esposa de Juan Peirano) es la titular del 100% de dos de las empresas condenadas: El Choque SA y Santa Eufemia SA.

Pero el punto más relevante del fallo, es el que refiere al monto de la condena. En este punto, el TAC revocó el monto fijado por la jueza Hernández y estableció que la cifra definitiva “se liquidará por la vía del artículo 378 del CGP”. De esta forma, el BCU deberá iniciar un juicio de liquidación de sentencia, de forma de establecer en forma fehaciente el monto del daño y de la eventual condena.

Esto implicará una reducción “sustancial” de la cifra definitiva, ya que los hermanos Peirano Basso fueron condenados en otras causas a resarcir a los ahorristas del BM, dijeron fuentes del caso a Caras y Caretas Portal. Más allá de esto, se estima que la cifra será “muy importante”. Varias de las defensas estudian la posibilidad de interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, lo que sería la última instancia de este proceso.

Responsabilidad contractual

La condena dictada por el TAC -de unas 45 páginas- detalla punto por punto los recursos interpuestos por las partes y fundamenta la condena o la exoneración de los implicados. En el caso de los hermanos Peirano Basso, la Sala afirmó que no pudo comprobarse que hayan efectuado un accionar doloso -pese a que fueron condenados por la Justicia Penal como responsables de un delito continuado de insolvencia societaria fraudulenta- y justifica la condena en un manejo desprolijo de los fondos del BM.

En el caso de los hermanos Peirano Basso, “responden por responsabilidad contractual, con lo cual no resulta relevante determinar si existió o no dolo, esto es intención de dañar a los ahorristas del Banco Montevideo y Banco Caja Obrera, y en consecuencia al ahorro público, porque su responsabilidad deriva del incumplimiento de una obligación legal, la de actuar como buen hombre de negocios establecida en el artículo 83 de la Ley 16.060”, afirmó la Sala.

“En consecuencia, parece claro que las desprolijidades que reconocen implican violación de la antedicha obligación de actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces no se trata de imputarles maniobras fraudulentas o ilícitas, sino de incumplimiento de obligaciones de origen legal, como lo fue, a vía de ejemplo, comprometer la liquidez del Banco Montevideo para asistir a TCB, en contra de las instrucciones del Banco Central –lo que bien puede tenerse por admitido como correctamente concluye la a quo-, o los sobregiros que se autorizaron al co-demandado Rospide para pagar a sus clientes de TCB”, expresa el fallo, al que accedió Caras y Caretas Portal.

“Entiende la Sala que los fundamentos de su apelación vienen a reconocer esas desprolijidades, ya que no niegan una serie de operaciones, que justifican en ‘honrar la confianza’ en el Grupo, pero recurriendo a los fondos del Banco Montevideo y otros artilugios reñidos con las practicas del buen hombre de negocios”, agrega. De esta forma, la responsabilidad de los banqueros “deriva del incumplimiento de obligaciones legales, puesto que no surge clara actuación dolosa, lo que de todos modos no resulta relevante, por no ser configurativa de la responsabilidad que se les imputa”.

“En otro orden, la Sala coincide con a quo en imputar al co-demandado Juan Peirano la posición de ‘shadow director’, porque como bien se señala en la recurrida la prueba relevada lo sindica como quien comandaba al Grupo Peirano o Grupo Velox”. Además, la Sala coincidió en que el argumento de la corrida bancaria y de la intervención del BM y el Banco Caja Obrera por parte del BCU no son causales de una exoneración de responsabilidad en cuanto a las maniobras efectuadas.

Sobre el monto de la condena, el TAC hizo lugar al planteo de los demandados. En este sentido, la Sala desestimó el valor probatorio que la jueza Hernández le otorgó al informe presentado en mayo de 2004, por la Superintendencia de Instituciones Financieras del BCU, que fijo en 340 millones de dólares el monto del perjuicio. La Sala consideró que los “informes producidos por funcionarios del B.C.U. en ejercicio de sus funciones, resultan equiparables al denominado informe técnico de parte”, por lo que no revisten “naturaleza probatoria”.

“Entonces se hará lugar a los agravios que refieren al monto en que recayó condena, atento a que no se probó el mismo, disponiéndose condena en suma ilíquida, la que se determinará por la vía del art. 378 CGP, etapa en la cual, mediante pericia contable, se corroborará el monto de la deuda y si coincide con la que se estimó en los expedientes administrativos que invoca el BCU, de la que resultará la suma líquida de la condena, imputándose los pagos que se hubieren realizado y correspondan”, expresó la Sala.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
_______________

4) Celulosa: Tacuarembó espera un proyecto "de una enorme dimensión"
(Radio Uruguay)

El intendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa, se reunió este miércoles con técnicos de la comuna para analizar los planos de la planta de UPM que se instalaría en el departamento. "Es un proyecto realmente transformador para la región", dijo el jerarca al conocer el anuncio del presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Está confirmada una reunión con los representantes de UPM informó Da Rosa, quien comentó que venía manejando el tema con reserva. "He venido conversando con el contador Astori pero en forma muy reservada. En este asunto hay que jugar cartitas contra el pecho sin mucha alharaca", comentó.

El anuncio oficial

Vázquez anunció este martes que el gobierno, en conjunto con la empresa pastera UPM, resolvió instalar la segunda planta de la multinacional sobre el río Negro, en un área que abarcará 25 kilómetros, que tendrá como centro el cruce entre la ruta 5 y el Río Negro. En un video publicado por el portal de Presidencia de la República, Vázquez también indicó que le comunicó la decisión a su par argentino Mauricio Macri.

Los vertidos de la planta, que será de "última tecnología" dijo Vázquez, se harán "aguas abajo de la ciudad de Paso de los Toros, de forma tal que no haya un impacto sobre la población".

Inversión asegurada, pero no necesariamente por PPP

La inversión en infraestructura para facilitar la instalación de UPM es segura, dijo esta mañana el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. El jerarca participó en un seminario sobre logística y transporte y señaló que la modalidad de participación pública privada no es necesariamente la más adecuada para este tipo de obras e infraestructura. "No necesariamente el instrumento de la PPP es el más acorde", deslizó.

Decepción en Cerro Largo

Por su parte, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, se mostró desilusionado con el anuncio. Dijo que se pierde la oportunidad de salvar una zona muy "deprimida" que comprende a varios departamentos. "El país se pierde la oportunidad de salvar una zona sumamente deprimida", dijo.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
_______________

5) Reflexiones contra la amnesia
Alberto Villarreal (Redes-Amigos de la Tierra Uruguay)

Uruguay tiene en vigor unos 30 tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI), casi todos ellos firmados y ratificados bajo gobiernos blancos y colorados, y algunos pendientes de ratificación, entre ellos uno entre Japón y Uruguay suscrito en enero de 2015, que el Ejecutivo remitió al Parlamento en octubre de 2015.

Recién terminamos de salir del juicio de Philip Morris contra Uruguay y aunque ya se está dirimiendo otra demanda en nuestra contra en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de la empresa estadounidense de telecomunicaciones Italba, hay presiones para que Uruguay firme y/o ratifique nuevos tratados de inversiones y tratados de libre comercio (TLC).

Antes de firmar o ratificar nuevos TBI se impone una evaluación de los impactos de los tratados vigentes, así como un análisis de sus disposiciones que tome en cuenta el debate internacional que se ha generado en torno a estos tratados, debido a los amplios beneficios que les otorgan a las empresas transnacionales en detrimento de las políticas públicas, los derechos humanos y la soberanía nacional, y a la multiplicación de demandas y laudos que los tribunales de arbitraje de inversiones han dictado contra estados soberanos.

Uruguay corrió con mucha suerte en la demanda de Philip Morris -que fue identificada a nivel internacional como una de las más arbitrarias y descabelladas- y abonó el debate mundial sobre los excesos del sistema de solución de controversias inversionista-Estado que este tipo de tratados habilita, y sobre la pujante e inmoral industria de bufetes de abogados que lucran con ese sistema y promueven y se benefician de la multiplicación de las demandas de inversionistas contra Estados.

Uruguay contó además con el poderosísimo apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que se presentaron como amigos de la corte en defensa de Uruguay, cuando la mayoría de las veces son organizaciones no gubernamentales las que se presentan como amigos de la corte y por lo general son rechazadas por los tribunales de arbitraje.

No es en absoluto atrevido suponer que fue en parte gracias a todas estas circunstancias que el tribunal de arbitraje del CIADI absolvió a Uruguay de toda culpa en el caso, para salvar así su reputación y la del régimen internacional de protección de inversiones en su conjunto.

No hay que olvidar tampoco, antes de firmar o ratificar nuevos acuerdos de este tipo, las numerosas amenazas de demandas internacionales que ya sufrió nuestro país, amparadas en algunos de los TBI vigentes -Katoen Natie (TBI con Bélgica) y Farmashop (TBI con Chile)- y que tuvieron conocidas e importantes consecuencias inmediatas.

No podemos ignorar el debate internacional y las acciones que han tomado numerosos países frente al régimen actual de protección de inversiones. Algunos ya denunciaron y se retiraron del CIADI y otros están considerando hacerlo. Aplaudimos en ese sentido la iniciativa de algunos sectores del Frente Amplio en el Parlamento reclamando que Uruguay transite ese mismo camino. Ecuador llevó a cabo una auditoría de sus tratados para evaluar impactos. Sudáfrica, Indonesia e India ya denunciaron todos o algunos de sus TBI o están planteando su renegociación. Otros, como Polonia y Eslovaquia, están cuestionando y reformulando muchas de las cláusulas centrales de los TBI y la pertinencia de las disposiciones de solución de controversias que habilitan a los inversionistas extranjeros a demandar a los estados ante tribunales internacionales de arbitraje.

Incluso más allá del ámbito bilateral, uno de los puntos más controvertidos de varios de los acuerdos megarregionales de nueva generación -como el TLC Transpacífico (TPP), el TLC Transatlántico entre la UE y Estados Unidos (TTIP) y el TLC de la UE y Canadá- es la solución de controversias inversionista-Estado, que concita una fortísima oposición de la opinión pública en esos países, así como de legisladores europeos y de los más prestigiosos colegios de abogados de Alemania, entre otros. Incluso en Estados Unidos, el TPP en su conjunto, y en particular sus disposiciones inversionista-Estado, se han transformado en un tema candente de la campaña electoral en curso.

Asimismo se han expresado en contra del actual régimen varios expertos y relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, y la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que otrora promovía los TBI, hoy lidera un proceso de reforma muy moderada del régimen internacional de protección de inversiones, que ofrece un abanico de opciones a muchos países que quieren zafar de la camisa de fuerza en la que se han convertido los TBI suscritos hasta la fecha.

En cuanto a la ratificación del TBI de Uruguay con Japón, lo absolutamente mínimo que se les debe exigir a los legisladores es que comparen las disposiciones del TBI de Suiza y Uruguay -al amparo del cual Philip Morris demandó a Uruguay por su política de protección de la salud- con las del TBI con Japón, con el ánimo de evaluar si al ratificarlo no nos expondríamos innecesariamente a nuevas demandas de empresas extranjeras.

En ese sentido, es importante señalar que el TBI con Japón también admite la solución de controversias inversionista-Estado y habilita a los inversionistas que puedan identificarse como japoneses a demandar a Uruguay ante tribunales internacionales de arbitraje de inversiones como el CIADI. Es más, el TBI con Japón ni siquiera exige al inversionista extranjero agotar primero la vía judicial en nuestro país antes de acudir al arbitraje internacional.

Otro elemento a tener en cuenta es que este TBI con Japón es mucho más detallado y explícito en la defensa de los intereses del inversionista extranjero que el TBI con Suiza. Veamos:

La definición de inversión protegida en el TBI con Japón es bastante más amplia que en el TBI con Suiza. En lugar de restringirse a la inversión extranjera directa o más explícitamente a las inversiones greenfield o nuevas (por contraste a la compra de activos existentes o las inversiones de cartera), en el TBI con Japón “inversión” significa [entre otras cosas] “todo tipo de activo de propiedad o controlado, directa o indirectamente, por un inversor, los cuales poseen las características de una inversión, tales como el compromiso de aportar capital u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la asunción de un riesgo”; “…bonos, obligaciones, préstamos y otras formas de deuda, incluyendo derechos derivados de las mismas”. (cursivas nuestras).
Ambos TBI incluyen además en su definición de inversión elementos que hoy muchos países acertadamente cuestionan porque restringen su derecho al desarrollo, tales como todo tipo de propiedad intelectual, “o contratos tales como concesiones, licencias, autorizaciones y permisos, incluyendo aquellos para la exploración, explotación y extracción de recursos naturales; y cualquier otra propiedad tangible o intangible, mueble o inmueble, y cualquier derecho de propiedad relacionado…”.

Otro concepto fundamental es el de expropiación, que tanto en el TBI con Suiza como en el TBI con Japón está definida indebidamente de manera amplísima. Es decir, además de la expropiación directa entendida tradicionalmente como la nacionalización o confiscación de bienes tangibles, estos TBI amplían esa definición abusivamente para que incluya “cualquier medida equivalente a la expropiación o nacionalización”. Cualquier medida de política pública, cualquier ley o reglamentación, y en algunos casos cualquier dictamen de la Justicia nacional pueden ser interpretados por los tres árbitros del tribunal especialistas en derecho comercial privado como “equivalente a una expropiación” y dar lugar a la aceptación de jurisdicción del CIADI e incluso a un fallo contra el país.

Ambos TBI establecen la libre transferencia de ganancias y cualquier otro tipo de activos financieros, sin admitir la imposición de prácticamente ninguna condición al inversionista, en particular sin permitir medidas de promoción del desarrollo nacional, como la obligación de reinvertir parte de sus ganancias en el país que lo acogió. Ese fue uno de los peldaños de la escalera al desarrollo que utilizaron los países ahora desarrollados, que hoy nos niegan a los países en desarrollo receptores de inversión extranjera como el nuestro.

A diferencia del TBI con Suiza (que no se expide al respecto), otra innovación sumamente lesiva de los intereses populares incluida en el TBI con Japón es la prohibición de establecer requisitos de desempeño al inversionista extranjero. Al respecto, este TBI establece que “ninguna de las Partes Contratantes podrá imponer o hacer cumplir ninguno de los siguientes requisitos”, entre otros “alcanzar un determinado nivel o porcentaje de contenido nacional; comprar, utilizar u otorgar preferencias a las mercancías producidas o servicios suministrados en su Área, o comprar mercancías o servicios a una persona física o a una empresa en su Área; transferir tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento de su propiedad a una persona física o empresa en su Área”.

Los requisitos de desempeño son herramientas fundamentales para que las inversiones contribuyan a los objetivos estratégicos de un país, pero estarán proscritos en caso de ratificarse el TBI con Japón.

Ambos TBI reproducen nociones amplísimas y muy difusas de ‘nivel mínimo de trato’ o de ‘trato justo y equitativo’ que son con gran frecuencia utilizadas por las empresas y los inversionistas extranjeros para demandar a los estados, incluido el caso de Philip Morris contra Uruguay.

Además de todas estas disposiciones antedichas, que constituyen el núcleo central de casi todos los TBI suscritos en la década del 90, el TBI con Japón incluye otra serie de cláusulas nuevas típicas de los TLC de última generación, como el TPP, el TTIP y el TISA.

Es decir, si nuestros legisladores ratifican el TBI con Japón estarán aceptando muchas de las cláusulas lesivas que ya antes habíamos rechazado en el TISA, incluidas las que consagran un advenedizo concepto de transparencia, que nada tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información que reclamamos desde las organizaciones sociales y populares e incluso desde el Parlamento, sino que refiere a “las formalidades especiales y requisitos de información […] y sobre los procedimientos para brindar oportunidades razonables para los comentarios públicos [de los inversionistas] con anterioridad a la adopción, derogación o enmienda de las normas generales que pudiesen afectar el Acuerdo”. (corchetes nuestros). La ratificación de este TBI con Japón significaría abrir una puerta inmensa (que ya habíamos cerrado con el rechazo al TISA) a la injerencia y participación directa y privilegiada de las transnacionales y los inversionistas extranjeros en el proceso legislativo nacional.

En el proyecto de ley que envía al Parlamento, el Ejecutivo argumenta que “existe una importante presencia de empresas japonesas operando en el mercado uruguayo […] en las áreas de la industria manufacturera de autopartes, logística en zonas francas, así como también la planta regasificadora y proyectos de energía eólica. A su vez se aspira a que con este Acuerdo se pueda continuar promocionando la atracción de inversiones desde Japón a Uruguay en otras áreas”.

Al respecto, hay que destacar que esas inversiones recientes no necesitaron un TBI para establecerse. Cabe entonces preguntarse ¿por qué habrían de necesitarlo las supuestas nuevas inversiones japonesas que estarían en puerta? ¿O será acaso que alguna de esas empresas ya establecidas quiere ahora demandar al país en tribunales internacionales de arbitraje para no tener que cumplir con los derechos de los trabajadores o resolver con una potencial indemnización del Estado sus actuales escollos económicos, tal y como se ha hecho costumbre últimamente en la proliferación de demandas de empresas insolventes contra estados? ¿O serán simplemente las presiones de uno de los socios importantes del TPP que sabe de las intenciones de la cancillería de sumarse a ese acuerdo?

Cualquiera sea el caso, no es de buen recibo ratificar este TBI. Por el contrario, en base a lo expuesto, consideramos que urge iniciar un proceso de auditoría de los TBI ratificados por nuestro país hasta la fecha, antes de continuar por esta senda que abre las puertas a nuevas demandas y a la primacía de los intereses de las empresas transnacionales por sobre el bienestar general.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
_______________

COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

_______________

powered by phpList