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REPORTAJE A JOSÉ LOPEZ MAZZ

AL DÍA:

1) Reportaje a José López Mazz

2) Centro Militar suspendió homenaje a Gregorio Álvarez

3) El secuestro de Universindo y Lilián en Porto Alegre en 1978

4) Los embarazos, «daños colaterales» de la MINUSTAH

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2131 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 23 de junio de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Reportaje a José López Mazz
Sacaron lo que pudieron
Ignacio Martínez (La Diaria)

El antropólogo y arqueólogo José López Mazz conversó con la diaria en el Laboratorio de Arqueología y Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Durante la charla remarcó que los debates en torno a los desaparecidos lo “incomodan mucho” porque “debilitan un tema que merece muchísimo respeto”, pero que le “da pena” que “una causa tan noble, que la sociedad respaldó tanto, desaparezca así” y quede como “un asunto de cuatro o cinco en un cuartito”. López Mazz estuvo a cargo de la búsqueda de restos de desaparecidos entre 2005 y 2014. Volvió a estar en el tapete este mes gracias a diversas declaraciones a varios medios de prensa, en las que señaló, entre otras cosas, que es probable que todavía queden restos de desaparecidos en los batallones 13 y 14.

–¿Por qué sus últimas declaraciones generaron tanto revuelo?
–Porque la gente quiere saber qué está pasando. En agosto se van a cumplir tres años desde que me fui. Yo siempre defiendo que la lucha por la búsqueda de los desaparecidos es un patrimonio de toda la sociedad y no es el monopolio de ningún grupo pequeño, con todo respeto. Cuando yo trabajaba me encargaba de colgar los informes para compartir la información que orientaba la investigación. La gente es solidaria pero no incondicional. Eso es evidente. A mí todo el mundo me para y me dice: “Bo, ¿en qué está?”. “No sé, hace tres años que no trabajo más”, pero me queda clarísimo que la gente quiere saber y tiene derecho a saber. Porque si se consiguió que el Poder Ejecutivo de tres gobiernos apoyara, es porque fueron sensibles con la demanda social. Hay que ser generoso y devolver eso, informando.

–¿Por qué se fue hace tres años?
–Tenía problemas, porque la estrategia de trabajo que quería llevar adelante se complicaba. Había una abogada de [Madres y] Familiares [de Detenidos Desaparecidos] que me decía que no había que excavar aquí sino allá. Yo entiendo que somos muchas personas que participábamos en el tema de los derechos humanos y los desaparecidos, pero la investigación arqueológica es un trabajo científico que va por un lado, no es que se pone al servicio de la estrategia de la abogada. Y también con el tema de la [Operación] Zanahoria. “No hables de esto ni de lo otro”. A mí no me dice nadie de qué tengo que hablar o dejar de hablar.

–¿Qué información manejó que, a su criterio, confirmaba la Operación Zanahoria?
–Primero, la que manejó Presidencia desde el principio, que había recabado Gonzalo Fernández [secretario de Presidencia entre 2005 y 2008] en el primer gobierno de [Tabaré] Vázquez; era de calidad y la obtuvo de primera mano. Después, testimonios que me trajeron algunos parlamentarios, de personas que querían colaborar y mostraron lugares donde habían visto trabajando las máquinas que buscaban los cuerpos, a partir de 1983, cuando ya volvía la democracia; no sabían si iba a existir una ley de caducidad y querían tranquilizar a los militares para que devolvieran el poder a los civiles. Yo insisto en eso: hay un agujero histórico, hace mucho mal negar la Operación Zanahoria, porque fue un pacto cívico-militar y la gente tiene derecho a saber. Porque [Julio María] Sanguinetti vende una cosa muy interesante de la “transición en paz” y todo eso, pero atrás están estas cosas.

–¿Desde 1983 hasta qué año se habría llevado a cabo la Operación Zanahoria?
–Habría llegado hasta ya entrada de la democracia. Y no sólo se movieron de los batallones militares: teníamos denuncias de cementerios rurales a donde llegaban vehículos del Ejército y metían huesos, que entreveraban con otros. En Cerro Largo y Tacuarembó, donde fuimos a trabajar.

–¿Tuvieron alguna certeza cuando fueron a trabajar en esos cementerios?
–Pasó algo interesante. Todos los cementerios dependen de la órbita municipal, pero en 1983 hay una orden de todos los cementerios de los diferentes departamentos para sacarles las chapas a todos los restos de NN [“nombre desconocido”] y entreverarlos en los osarios. De repente, tenés 100 años de gente que no reclamó los cuerpos amontonados; es un agujero como los de las tapas sépticas, lleno de agua. Al cementerio de Rocha mandaron ocho o nueve cuerpos recogidos en la playa en la misma fecha. Fueron al osario por una orden, está escrito en el libro hasta el día de hoy. Fue todo un movimiento. El ocultamiento de los cuerpos como parte de la estrategia de eliminar a los enemigos es una cosa vieja, y no sólo pasó acá. En Chile hicieron una Operación Zanahoria similar, que se llamó Retiro de Televisores.

–La versión de la Operación Zanahoria ya había aparecido mediante la Comisión para la Paz, al principio de los 2000. En aquel momento se decía que los militares habían desenterrado los cuerpos para luego cremarlos y tirar las cenizas a la bahía.
–La primera vez que apareció esta versión la pusieron los militares en la Comisión para la Paz, y entiendo perfectamente por qué los familiares se pusieron de punta, ya que era una manera de dar una justificación y de desestimular que se fuera a buscar [restos]. Pero después, con el tiempo, vimos que hubo un intento, entonces, yo me refiero a eso, no a la versión zanahoria en los términos que presentaron los militares en la Comisión para la Paz, que era la manera de decir “no busquen nada, que no vale la pena”.

–En una nota publicada en La República en agosto de 2014, cuando usted ya se había ido de la investigación, integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense dijeron que hasta ese momento no existía “evidencia científica” que permitiera afirmar la existencia de la Operación Zanahoria, y agregaban que los cuatro cuerpos que fueron hallados, de Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco, estaban en “posición primaria”, por lo tanto “no fueron removidos luego de su inhumación”.
–Me hubiera gustado mucho debatir esto, porque la gente que quedó en mi lugar presentó el mismo trabajo en dos congresos de antropología forense, y yo pido ese trabajo para responderlo y no me lo dan. Estoy a las órdenes para discutir la Operación Zanahoria. En ciencia discutimos, pero esto no es ciencia, es amigarse con el que te va a pagar, para no perder el trabajo.

–Pero esos cuatro cuerpos evidentemente no fueron removidos.
–Yo nunca dije que la Operación Zanahoria hubiese sido exhaustiva, y nunca se dijo en ninguna de las versiones. Los tipos sacaron lo que pudieron. Además, muchos que enterraron gente en la noche no querían decirles a otros militares dónde estaban. También escuché versiones de que los propios militares querían tener la lista total de dónde estaban todos enterrados, y no lo consiguieron, porque entre ellos había mucha desconfianza. Ahora, está clarísimo, a mí me traen a una persona que me dice: “Yo vi una máquina trabajando allá”, me paso seis meses desmalezando y encuentro las huellas de las herramientas que el tipo me dice, y después empiezo a mirar las fotos aéreas, y encontramos a Blanco y a Castro, al costadito; son los cuerpos que se les escaparon. Entraron al monte y enterraron a la gente, pero cuando la fueron a buscar para la Zanahoria, no podían mover una máquina dentro del bosque. Tú mirás las fotos de 1986, y hay dos claros, y los dos cuerpos que encontramos están a la periferia de los claros, y dentro están todas las huellas de las máquinas.

–¿Trabajaron mucho con fotos aéreas?
–Hay una técnica de trabajo que puso a punto gente que buscó resolver este problema antes que nosotros, de la Comisión internacional sobre Personas Desaparecidas de la ex Yugoslavia, y ahí hay un arqueólogo y antropólogo que fue el primero que sistematizó los procedimientos. Si tenés que trabajar en áreas grandes, las fotos aéreas son una ayuda brutal, siempre y cuando tengas fotos cada tanto tiempo, porque te permite darte cuenta de cuándo hubo movimiento. Y otra cosa: hay restos parciales que corresponden a dos cuerpos más, a los que sistemáticamente no mencionan, y tenés las huellas y todo revuelto por las mismas herramientas que mencionan los informantes. Ves en el bosque que tuvieron toda esa prueba, y encima aparecen dos huesos pertenecientes a una quinta y a una sexta persona, de los que no se pudo obtener material para saber la identidad, pero están encontrados, son restos residuales de cuerpos removidos en áreas donde está la tierra dada vuelta. En el [Batallón] 13, atrás del arco de la cancha de fútbol donde todo el mundo dice que estaba la gente enterrada. ¿Qué quieren? ¿Un certificado del Latu?

–La semana pasada hablé con integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia [GTVJ], que me decían que la búsqueda de desaparecidos ha continuado, pero no se han encontrado más restos porque no hay declaraciones específicas sobre los lugares donde están enterrados. Ejemplificaron con que el cuerpo de Miranda lo encontraron porque alguien dio una indicación específica.
–Hay un intento de bajarle el perfil al trabajo que hicimos, de que todo lo que encontramos fue porque nos señalaron los lugares. Eso lo dice [Samuel] Blixen, y está equivocado; le están cantando mal a la oreja. Es verdad que en el caso de Miranda coincidió con un mapa que llegó, pero nosotros estábamos trabajando en ese lugar. Trabajando con fotos aéreas, vimos que de un momento para el otro, contra el [arroyo] Miguelete, donde antiguamente había conjuntos de árboles, de repente los militares en esta época [de la Operación Zanahoria] forestaron todo, y se nos ocurrió que era una actividad de enmascaramiento. Agarramos toda el área forestada, la cuadriculamos y excavamos; llevó mucho tiempo, y cuando estábamos a dos metros del cuerpo, vino la información que nos llevó a buscar el falso lugar donde estaba María Claudia García de Gelman. Nos sacaron cuando teníamos el cuerpo de Miranda allí.

–Integrantes del GTVJ también me dijeron que el Batallón 14 tiene 400 hectáreas, por lo tanto, si no hay alguien que diga “el cuerpo está acá’”, hay que dar vuelta esas 400 hectáreas.
–Quienes dicen eso no son arqueólogos. Hay técnicas para trabajar. Ellos piensan que los argentinos del EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] son mejores técnicos que nosotros. También ha habido una cristinización en este proceso; el hecho de sacar la búsqueda de la Universidad [de la República] y llevarla a una ONG es el modelo del equipo argentino. Cada país tiene su identidad. Aquí lo que le da rigor y confidencialidad es una institución que específicamente se encargue, como la Universidad, que hace concursos y sabés a qué te atenés con la calidad. Ahora se volvió igual que el equipo argentino. Hubo cosas que nosotros aportamos en esos años a la arqueología forense, reconocidas por el EAAF. Por ejemplo, ellos no habían investigado en batallones y nosotros sí. No es que ellos son los mejores y nosotros… Y las 400 hectáreas se achican cuando te arrimás con fotos áreas y testimonios.

–Si para usted era muy importante la búsqueda de los desaparecidos, ¿por qué no se quedó investigando y trató de superar las presiones?
–Y sí, durante un año y medio o dos quise hacerlo, pero ya me tenían podrido. La abogada de Familiares lo dijo delante del fiscal [Ariel] Cancela y de todo el mundo: “Ahí no hay que excavar, hay que excavar acá”. Y yo me levanté y me fui. Pero soy un científico y tengo trazabilidad, no soy un espía del imperio. Es un tema delicado, tenemos que poner las cosas arriba de la mesa.

–Mientras buscaban en los batallones, los militares los filmaban. ¿Con cámaras fijas?
–A veces estaban las cámaras fijas y había equipos. Ellos trasladaban un ómnibus entero que tenían, con controles. Por un lado, eso les daba a los militares la seguridad de que nosotros no instalábamos un hueso, y decían que, por otro lado, nos daban seguridad a nosotros de que nadie iba a entrar de noche a sacar algún hueso. La historia dirá, pero eso fue parte importante de nuestro trabajo: haber empezado en las condiciones en que trabajábamos e ir abriendo la brecha. El primer día que pude entrar, me encontré parado con mis estudiantes en un batallón, con las palas, y nadie me dio un mapa ni un dato. Nos tiraron para dentro del batallón, y ahí tuvimos que ordenarnos. Pensábamos que la investigación histórica podía aportar algo sobre el lugar donde están enterrados los desaparecidos, pero no lo ha hecho. Y decirle a la gente que la investigación histórica puede hacerlo es crear falsas expectativas.

–Pero todavía hay muchos documentos que no se han analizado.
–¿A vos te parece que alguien va a poner “hoy maté a alguien a las ocho de la noche y lo enterré atrás de no sé dónde”?

–¿Usted tiene la convicción de que en los batallones 13 y 14 sigue habiendo restos?
–Sí. Y pienso que en los lugares donde había más gente enterrada, cuando hicieron la Operación Zanahoria, a algunos los redepositaron no muy lejos. Es una hipótesis mía, tengo derecho a tenerla como investigador que trabajó diez años en un tema. Esto no es un tema fácil, trabajé todo lo que pude en la tierra, donde no había construcciones. Fuimos dejando de lado las construcciones, y se plantea si no han enterrado gente en los pisos de los galpones enfrente al 300 Carlos o en otros lugares en el 14. Teníamos la información, y está en la base de datos de Presidencia. Siempre existió, sólo que era más fácil remover tierra que levantar una construcción. Entonces, yo fui dejando, naturalmente, esos lugares que eran más complicados.

–¿Usted encontró resistencia entre los militares cuando trabajaba en los batallones?
–No, yo nunca vi problemas. Chicaneadas y chiquitajes, cosas así, puede haber habido muchas. Me hubiese gustado que un galpón pegado al Batallón 13, donde yo quería trabajar en el piso, lo hubiesen vaciado más rápido, por ejemplo. Fue justo cuando me fui, tardaron muchos meses en vaciarlo, pero no puedo atribuir esto a una mala intención. Y había que bancarse las filmaciones. Pero yo también puse condiciones. Cuando decidieron que nos iban a filmar, dije que no aceptaba sonido de ninguna manera, porque es un trabajo rutinario, y tenés derecho a charlar con tu compañero.

–¿Filmar no era una forma de intimidar?
–Yo no me sentía intimidado. En el momento teníamos mucha fuerza, porque empezábamos un trabajo respecto del que había una expectativa muy grande en la sociedad, y me sentía muy cargado, con la responsabilidad de ir para adelante con eso.

–¿Piensa que no se le reconoce ese trabajo?
–No. Si el otro día un periodista de TNU me dijo: “Pero sólo encontraste cuatro cuerpos”. Yo no soy un delantero que se mide por goles. Capaz que son los únicos que se encuentran; ojalá que no. Pero constataron hechos históricos que estaban en discusión. No es que a Castro lo sacudieron y se murió del corazón: tenía un balazo en la cabeza. Es más que el hallazgo, es historia en el sentido más contundente.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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2) Centro Militar decidió suspender el homenaje a Gregorio Álvarez
(Montevideo Portal)

El Centro Militar suspendió el homenaje a Gregorio Álvarez, luego de que el Comandante en Jefe del Ejército prohibiera a los militares en actividad de su fuerza concurrir. El Ministerio de Defensa aclaró este jueves que no mantiene ninguna relación con las actividades organizadas por el Centro Militar, luego de que la organización de militares retirados anunciara su intención de organizar un homenaje al ex dictador Gregorio Álvarez.

Desde la cartera recordaron que el Centro Militar es una «asociación civil» que, si bien está integrada por ex militares, no guarda relación institución con el Ministerio de Defensa o el Ejército Nacional. Por ese motivo, la secretaría de Estado encabezada por Jorge Menéndez no tiene injerencia en los actos previstos por la organización.

La decisión de organizar un homenaje al «Goyo» Álvarez surgió en virtud de que en julio se cumplen seis meses del fallecimiento del ex militar. Según informó el semanario Búsqueda, ya se habían cursado invitaciones para el acto que era parte de una serie de homenajes a socios del Centro Militar fallecidos mientras cumplían penas de prisión por hechos ocurridos en la dictadura.

El jueves el coronel Carlos Silva dijo a Montevideo Portal que el acto se realizará de todas maneras, aunque no confirmó la fecha, señalando que había sido postergado por un tema de logística. Sin embargo este viernes Silva confirmó la suspensión del acto. El homenaje preveía la colocación de una placa en recuerdo de Álvarez «como se le hace a cualquier asociado fallecido».

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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3) El secuestro de Universindo y Lilián en Porto Alegre en 1978
Los gobiernos del FA “han sido grandes gatopardistas” en el tema de los DDHH, según integrante de Serpaj
(La Diaria)

“Una pareja y dos niños uruguayos que viven en Porto Alegre están desaparecidos desde hace una semana. Los nombres son Lilián Celiberti de Casariego y Universindo Rodríguez Díaz, y los niños se llaman Camilo y Francisca. ¿Hola?… ¿Me escuchas?”. Sí, del otro lado del tubo estaban escuchando, y con mucha atención. Era 17 de noviembre de 1978. El periodista brasileño Luiz Cláudio Cunha –de la revista Veja– se apersonó en el lugar que le habían indicado en el llamado anónimo, junto con un fotógrafo de la revista. Allí se encontraron con los ojos nerviosos de una mujer que les abrió la puerta y con el frío de las armas de dos hombres que les apuntaron a la cara.

“Ahí empezó a crecer la idea de que había una operación muy clandestina e ilegal. Fue un escándalo nacional, porque toda la prensa fue detrás de un operativo que las autoridades no reconocían”, contó Cuhna, ayer de tarde, en el salón de actos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, donde se presentó la edición en español de su libro El secuestro de los uruguayos, “un reportaje del tiempo de la dictadura”, que aborda en profundidad la investigación que el periodista brasileño hizo después de aquella llamada de alerta que, a la postre, salvaría la vida de los cuatro uruguayos, y que muestra la cooperación de los aparatos represivos de los países del Cono Sur en el marco del tristemente célebre Plan Cóndor.

“La edición en Uruguay tiene mucho más que ver con los uruguayos que con Brasil, y era una deuda que teníamos con todos ustedes”, dijo Cuhna, y señaló que después de que el libro se editó en Brasil, en 2008, visitaron “muchas editoriales” de Uruguay para que fuera publicado, pero se encontraron con que “no había plata o no había interés”. Fue así hasta que, gracias al contacto de Jair Krischke, activista – también brasileño– de los derechos humanos, tuvo una conversación con la Fundación Rosa Luxembugo, de Berlín (Alemania), y, con el patrocinio del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Uruguay, se hizo posible la edición en español.

Cunha destacó que donó los derechos de autor a Serpaj porque no tiene interés en generar plata sino “conciencia”. El libro, por lo tanto, será distribuido en forma gratuita, y en pocos días estará disponible en internet para que “todos lo bajen”. “Tenemos que recordar, para que eso no vuelva a ocurrir nunca más”, agregó el autor.

A su vez, Madelón Aguerre, integrante de Serpaj, dijo que la edición en español de El secuestro de los uruguayos “compone una nueva pieza del rompecabezas” que relata una historia en la que hoy todavía está inmersa parte de la familia y de los sobrevivientes. Agregó que es una “prueba del nueve”, ya que hoy es “tan difícil pedir y exigir, así como trascender la historia del pasado reciente, cuando nuestro gobierno y Estado no dan las respuestas que nosotros pedimos”. “Es importante abolir esa concepción de que cuando no estén ni unos ni otros la historia terminará, porque no se termina lo que no se termina bien”, subrayó.

“Mientras miraba las fotos y escuchaba a Cláudio, me di cuenta de que lo importante para mí es decirles que la gente joven no está acá. ¿Qué pasa? Creo que andamos mal, no estamos haciendo las cosas como se deberían hacer”, señaló Krischke, que también asistió a la presentación. “Vivimos en una parte del mundo en donde la impunidad impera”, agregó. “Esto es gravísimo, porque nos pone en un permanente riesgo de que, de repente, una nueva generación tenga que enfrentar estas cosas que pasamos nosotros, hasta como farsa, como decía el viejo [Karl] Marx”, dijo Krischke, y luego subrayó: “Tenemos que buscar la creatividad para que los jóvenes sepan lo que pasó”, ya que “es la única forma de garantizar que no pase nunca más”.

“Hace poco fui a conversar con jóvenes de 14 y 16 años, y les pregunté si sabían que en Brasil hubo una dictadura. No sabían. Durante el tiempo de la dictadura nosotros no hablábamos porque el riesgo era muy grande, pero el tiempo pasó, y en la escuela no se habla de esto como se debería. En la universidad, en Brasil, menos aun; entonces, estamos en falta”, concluyó Krischke.

“No podemos dejar de salir a la calle a reclamar, no podemos admitir un ‘me gusta’ en Facebook pensando que eso es una forma de imponerse. Hay que seguir demostrándole a la gente que, aunque estamos grandes, seguimos pidiendo lo mismo”, dijo Aguerre al final de la presentación. Agregó que los tres gobiernos del Frente Amplio “han tenido gestos” sobre los casos de violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, “pero han sido grandes gatopardistas, han dado vuelta todo para que todo quede como está”. “Es imposible pensar que la cantidad de causas que hoy se llevan adelante se vuelvan a trancar, y no se avanza. Tenemos archivos y gente, ¿vamos a apostar a que se mueran todos los testigos?”, se preguntó la integrante de Serpaj.

Al final, visiblemente emocionada, Aguerre dijo: “Fuimos víctimas del Cóndor, pero no queremos más hijos del Cóndor. Tiene que haber otras generaciones con otro tipo de pájaro”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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4) Los embarazos, «daños colaterales» de la MINUSTAH
Luciano Costabel (sDr)

Diez mujeres procedentes de Haití que tuvieron hijos con soldados de las misiones humanitarias de la ONU, presentarán demandas contra los hombres que las abandonaron y exigirán a las fuerzas de paz contribuir económicamente con la crianza de sus hijos. De los diez casos presentados, cuatro involucran a soldados uruguayos. Entre el grupo de madres hay una mujer que tenía 16 años en el momento del embarazo, dos años por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual en Haití.

Los casos evidencian la falta de rendición de cuentas, ya que muchas de las demandas de paternidad nunca se confirman, y cuando se demuestra, rara vez se brinda apoyo financiero a las madres. Las relaciones sexuales entre los cascos azules y los residentes de los países que reciben una misión, son desalentadas en el marco de “política de tolerancia cero” que emplea Naciones Unidas contra la explotación y el abuso sexual. A pesar de ello, el organismo no se hace cargo de la asistencia financiera a los niños nacidos por una relación con efectivos durante una misión. Considera además que los países que participan, o los propios padres, son los responsables por el apoyo económico.

Por su parte, cuatro de las diez mujeres que exigen manutención, indicaron que funcionarios de la ONU solicitaron en 2014 que aquellas que decían haber dado a luz a “bebés de la MINUSTAH” (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) viajaran a la capital, Puerto Príncipe, para realizarse las pruebas de ADN. Ismini Palla, portavoz de misiones de mantenimiento de la paz en Nueva York, confirmó que cuatro muestras fueron enviadas a Uruguay, donde las autoridades fueron encargadas de localizar a los hombres y realizar sus propias pruebas de ADN.

Las pruebas demostraron que de los cuatro casos, dos confirmaron la paternidad por parte de cascos azules uruguayos. Sin embargo, los otros no pudieron confirmarse porque los militares uruguayos no lograron localizar a los presuntos padres, explicó la portavoz. Las cuatro mujeres afirmaron que Naciones Unidas nunca les comunicó los resultados de las pruebas, informó Reuters.

El portavoz de la Marina uruguaya, capitán Gastón Jaunsolo, dijo a SdR desconocer esas acciones a tomar por parte de las mujeres involucradas en Haití.;aunque aseguró que las responsabilidades económicas que se exigen son particulares a cada uno y no corresponden a la Armada. Además defendió los pasos realizados en ese período; “desde acá lo que se hizo fue hacer el seguimiento y ver que las personas asumieran las responsabilidades que tenían que asumir, eso fue desde el punto de vista de la Armada“, dijo. Sostuvo además que son hechos particulares y que si bien son personas que pertenecen a la fuerza, no es un tema que a la Armada competa, dado que se realizó fuera del ámbito de servicio (¡!).

Afirmó que la Armada en su momento tomó las medidas correspondientes con los involucrados, “porque evidentemente cualquier tripulante nuestro, ya sea en nuestro país o en el exterior, debe mantener una conducta con el reglamento y los valores que aquí se llevan adelante“. Aunque prefirió no detallar que clase de sanciones se aplicaron.

Por último, Jaunsolo comentó que actualmente Uruguay no supera los 150 soldados en misiones de paz, y que no hay denuncias de paternidad hacia cascos azules uruguayos en otras misiones. Sin embargo, desconoce si en estos 25 años en los que la Armada participa en misiones de paz, haya habido alguna denuncia de esa índole.

Uno de los casos de jóvenes haitianas con hijos de soldados uruguayos es el de Rosa Mina Joseph, que se encontró con el soldado Julio César Posse, mientras este descansaba vestido de civil en la playa, en una localidad delsur de Haití, donde estaba destinado como miembro de la MINUSTAH. Según contó, en cuestión de poco tiempo el marine uruguayo comenzó a aparecer cada fin de semana en la casa de su familia, prometiéndole su amor. Casi un año después, cuando terminó su rotación, el soldado regresó a Uruguay. En Haití quedó la joven, que en ese entonces tenía 17 años, con un bebé y sin recursos para mantenerlo, más allá de la ayuda de su modesta familia. Rosa Mina dijo que recibió un sobre con 300 dólares en efectivo de Naciones Unidas, cuando se estableció la paternidad del niño, nacido en 2011. Posse le envió una vez 100 dólares, algo que nunca más se repitió, según explicó. La joven pidió que asuma su responsabilidad y se ocupe de su hijo, ya que ella no puede hacerlo sola, según informó la agencia AP en julio de 2016.

En ese momento, el ejército uruguayo emitió un comunicado diciendo que desde 2011 Uruguay ha enviado casi 3.000 soldados a Haití y en este tiempo recibió cuatro demandas de paternidad. Según se indicó, el soldado cuya paternidad se confirmó fue sancionado pero no expulsado del cuerpo. El capitán Gastón Jaunsolo apuntó que “los soldados hallados culpables y sancionados no pueden participar en misiones de paz”. Confirmó que Posse sigue en la Marina y señaló que los militares tienen prohibido hablar con la prensa sin autorización.

El abogado haitiano, Mario Joseph, que representa a las diez mujeres reclamantes, sostuvo en una entrevista que hay muchas más mujeres, alrededor de 500, que están en la misma situación y no quieren emprender ninguna acción porque tienen miedo de ser discriminadas por la gente mayor; “ellas son negras, pero sus hijos son más blancos que ellas, muchos con el pelo lacio. Algunas se han marchado de sus vecindarios para establecerse donde no las conozcan“, declaró. Y añadió que para denunciar, además de un abogado, se necesita el apoyo de la gente cercana. “Muchas de estas mujeres sienten además que estos trece años de impunidad de la ONU muestran que no tiene sentido denunciar estos abusos porque no obtendrán justicia“, aseveró.

En otro sentido, Ghandi Shukry, jefe de la Unidad de Conducta y Disciplina de la ONU, dijo que se recibieron 29 demandas de paternidad sobre Haití. Pero aseguró que “no estamos ante una oleada de demandas recientes de paternidad, son casos antiguos”. Y destacó que las relaciones sexuales de cualquier tipo, entre cascos azules y residentes, están prohibidas. “Las normas de la misión cambiaron en los últimos años para impedir cualquier fraternización; no solo las relaciones sexuales están prohibidas, incluso mantener relaciones normales con la población local está prohibido”, apuntó Shukry, según AP.

A nivel global, las misiones para mantener la paz han enfrentado 111 denuncias de paternidad, según datos del organismo, siendo sólo 17 confirmadas. En los últimos años fueron confirmados siete niños haitianos como hijos legítimos de efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz, según cifras publicadas en el sitio web de la Dependencia de Conducta y Disciplina de Naciones Unidas. En tanto, más de dos docenas de mujeres haitianas continúan luchando por ratificar la paternidad de sus hijos.

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, realizó un informe en 2015 donde reconoció que hay “numerosos obstáculos para hacer que se reconozca la paternidad y obtener ayudas para los hijos del personal de Naciones Unidas, hayan nacido como resultado de explotación o abusos sexuales o no”. Por su parte, Madeleine Ress, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, señaló que hay que abogar por que haya tribunales en los países donde hay misiones de mantenimiento de la paz, “no solo para los casos de explotación sexual, sino para otras cosas que siguen ocurriendo“, dijo a eldiario.es.

Los hijos sin padre y la lucha de las madres por la manutención de los nacidos en relaciones con uniformados, forman parte del amargo legado de la MINUSTAH, misión que lleva más de 13 años, y que finalizará en octubre (actualmente tiene unos cinco mil efectivos -entre militares y policías- de más de una docena de países) después de haber sido enviada para estabilizar un país destrozado por la agitación política en 2004.

Sin embargo, la retirada es parcial, ya que se realizará un operativo con menos efectivos, al que se ha llamado MINUJUSTH, Misión de Naciones Unidas para el apoyo de la justicia en Haití (resolución 2250 del Consejo de Seguridad del 13 de abril), que busca “garantizar la seguridad de Haití, en un momento en el que el país puede alegrarse de un progreso notable en su estabilización y la consolidación democrática”, según declaró la enviada para la Estabilización de Haití, Sandra Honoré. Cabe esperar que la misión no se quede sólo en su nombre y que aquellos designados en apoyar la justicia, sean los primeros en cumplirla.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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