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1) Suspensión de llegada de familias sirias es “prudente”, según Abdala; diputada del FA dice que permitirá “tiempo” para evaluar –
2) Ex ministro Fau calificó de “disparate” hacer guardia sin balas –
3) Huidobro: “los guardias en los cuarteles deben tener otro espíritu” –
4) Dos nuevos intentos de robo a bases militares –
5) Interesado canadiense en Fripur se restringirá a la pesca al inicio –
6) Sin margen para “bolsa de trabajo” en sector lácteo –
7) Varias intendencias se plantean el etiquetado de los productos transgénicos, aunque su instrumentación todavía está lejos

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2057 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 29 de Enero de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares

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“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”. — Noam Chomsky
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1) Suspensión de llegada de familias sirias es “prudente”, según Abdala; diputada del FA dice que permitirá “tiempo” para evaluar.
(La Diaria)

El inminente anuncio del gobierno de suspender definitivamente la llegada del segundo contingente de familias sirias, prevista en el programa de reasentamiento de ciudadanos de ese país, no causó sorpresa entre los dirigentes políticos uruguayos, tanto de la oposición como del oficialismo. La noticia la dio el viernes el semanario Brecha, que, de todas formas, en base a fuentes de la cancillería uruguaya, informa que el Poder Ejecutivo no pretende cerrar las puertas a más refugiados, y que el propio presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, tienen previsto facilitar los trámites y mejorar la asistencia para quienes pidan el estatuto del refugiado. Pero esto no será por medio del programa al que Uruguay se comprometió con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014, cuando el presidente era José Mujica y por el que llegarían 120 personas. Según informa el semanario, desde el gobierno se evalúa que el programa no funcionó bien y que una serie de descoordinaciones, como la insuficiencia de intérpretes, dificultaron la adaptación de los sirios a Uruguay, que de por sí es compleja.

En diálogo con la diaria, la diputada frenteamplista por el departamento de Colonia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes Mercedes Santalla (Espacio 609) no se mostró sorprendida por la noticia. Según dijo, sobre finales de año se llamó a comisión al secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Javier Miranda, quien ya había señalado que, después de varias postergaciones, se estaba analizando la posibilidad de que no llegara a Uruguay la segunda tanda de ciudadanos sirios. Santalla negó que la experiencia haya fracasado y definió la llegada del primer grupo de familias sirias como “una experiencia para Uruguay” y también como “un gesto de solidaridad”. De todas formas, consideró que “cuando se ponen en marcha programas nuevos, a veces las cosas no son tan positivas”. En ese sentido, opinó que la decisión de que no llegue el segundo contingente de familias “tal vez es un tiempo” que el país se quiere tomar para evaluar los errores cometidos y encontrar una mejor forma de recibir refugiados.

Sin sorpresa

Santalla estuvo en contacto con la familia siria alojada en Juan Lacaze, que actualmente vive en una granja en un predio facilitado por la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y espera trasladarse a Salto, donde solicitaron un terreno ante el Instituto Nacional de Colonización para explotarlo. En el caso de esta familia, la legisladora señaló que, pese a que Juan Lacaze los recibió con solidaridad y a que la familia cosecha y vende verdura y alimentos, hubo dificultades para su adaptación. Uno de los motivos es lo diferentes que son la sociedades siria y uruguaya, en las que el varón juega roles familiares completamente distintos. Además, sostuvo que “el concepto de refugiado en este país no es el que ellos pretendían”, porque se conoce más al refugiado político, y reconoció que a buena parte de los uruguayos les cayeron mal los reclamos que algunas de las familias realizaron en la plaza Independencia el año pasado.

Desde la oposición, el diputado nacionalista Pablo Abdala (Alianza Nacional) tampoco se mostró sorprendido por la suspensión de la llegada de más familias por medio del mencionado programa. A partir de la comparecencia de Miranda en la Comisión de Población y Desarrollo Social de Diputados, Abdala concluyó que “por la experiencia del programa convenía no avanzar”. Según entendió, la situación de las familias sirias que ya están en Uruguay “no es sencilla”. En diciembre, Miranda le transmitió “mucha preocupación”, sobre todo por la inserción laboral de los refugiados cuando culmine el apoyo económico que reciben por el programa. Por todo esto, el diputado dijo que desde el Partido Nacional consideran “prudente” la decisión del gobierno, que, según planteó, ha reconocido errores generados a partir de la “falta de experiencia” en este tipo de programas. Si bien planteó que espera que la definición no afecte mayormente la imagen internacional de Uruguay por los compromisos que asumió ante la ONU, “esta decisión parece la más sensata entre las distintas opciones que había”.

En general

El mismo día en que se difundió la noticia, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República difundió los “mitos y verdades” de la presencia de los sirios en Uruguay, en una nota que señala que las cinco familias de esa nacionalidad no son las únicas refugiadas en el país, ya que en total hay 301 personas en esa situación. Además, aclaró que, si bien las familias reciben como apoyo económico un monto fijo y un monto rotatorio, éste se encuentra “sujeto al cumplimiento de metas (inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes, controles de salud al día, etc.)”, cuyo cobro se suspende en caso de que se registren hechos de violencia. También señaló que el apoyo económico terminará en octubre. Agregó que no se trata de terroristas, sino de personas “huyendo del terrorismo”. En relación con la inserción de las familias, se plantea que han realizado “importantes avances, fundamentalmente en materia laboral y educativa, y están en pleno período de inserción en una sociedad que culturalmente les resulta ajena”.

En diciembre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados realizó una evaluación de los programas de reasentamiento en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, firmado por el consultor del organismo, Hiram Ruiz. Para el caso uruguayo, el estudio concluye que las mayores dificultades han estado en el elevado costo de vida en el país, lo que, por ejemplo, ha llevado a dificultades en el acceso a la vivienda. En cuanto a la inclusión laboral, los refugiados consultados -que no son solamente los sirios- se quejan de la dificultad para acceder a empleos, aunque también hay quienes sostienen que a los 15 días de haber llegado al país ya estaban trabajando.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE ENERO DE 2016
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2) Ex ministro Fau calificó de “disparate” hacer guardia sin balas
(Montevideo Portal)

Yamandú Fau, ex ministro de Defensa, opinó que es “un disparate” que los guardias del Batallón de Infantería N.°1 no tuvieran balas en sus fusiles cuando fueron asaltados. Dijo a Montevideo Portal que el caso debería “repercutir en el Parlamento” y apuntó a Huidobro: “Por más cariño que sienta por los militares, estas son faltas graves”.

El ex ministro de Defensa dijo a Montevideo Portal que siente preocupación por el reciente robo al Batallón de Infantería N.º1, porque los protocolos para la custodia de unidades militares son muy rigurosos.

“Siempre se tuvo la convicción de que en las unidades militares, por la forma en que su personal se forma, por la manera en que se le instruye, por los cometidos que cumple, se debe actuar de una determinada manera que la seguridad esté totalmente garantida”, expresó.

“Es más, cuando se pide que los militares salgan a la calle por la inseguridad pública, el argumento que siempre se ha dado es que el soldado está formado para otra cosa y no para combatir el delito. Y otra cosa es decir que está formado para actuar con respuestas de naturaleza militar, y eso podría poner en peligro la tranquilidad ciudadana. Por eso se descarta que salgan a hacer esa tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que el soldado está instruido para defender al precio que sea la unidad que está custodiando, y eso es algo que se le inculca con una fuerza especial”, profundizó el exministro.

Fau manifestó su ”sorpresa” por cómo se estaba haciendo la guardia en la unidad asaltada, ya que se informó que los soldados que la custodiaban no tenían proyectiles en sus fusiles. “Un arma descargada no tiene sentido y es una contradicción grave entre la función del soldado y los recursos de que dispone para cumplir su misión”.

El exministro enfatizó: “Es algo que creo que no se le ha dado la importancia que merece. Esto tendría que haber repercutido en el Parlamento, por lo menos, para llamar a sala al ministro y que dé información y que traiga tranquilidad de lo que significan las seguridades hoy en las unidades militares”.

“Yo en este momento no conozco cuáles son las instrucciones, pero mientras yo estuve jamás pasó por la cabeza de nadie que el custodia estuviera con un fusil sin balas. Lo que era norma sí era que no tuviera una bala en el caño del arma (…) pero eso no quería decir que el fusil, o el arma con la que hiciera la custodia, no tuviera un peine con siete u ocho balas, más las que tiene en la cintura. Esa fue la forma en que se custodió siempre una unidad militar”, apuntó.

Ante esta situación, Fau deslizó la posibilidad de que ese protocolo efectivamente se mantenga en la actualidad y que en realidad haya pasado “alguna otra cosa”. “Ahora, si hay una orden de que el guardia cumpla su función sin proyectiles, me parece sencillamente un disparate”.

Consultado sobre la actuación del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, Fau opinó: “Él tiene una relación muy fluida, muy fraterna con los militares, tiene una relación casi a nivel de compañeros -en el concepto que se ha usado en los espacios políticos-, entonces me parece que estas cosas no las puede ignorar”.

“Y en el caso de que se comprueben [irregularidades], me parece que por más afecto que sienta por las Fuerzas Armadas, por más cariño que sienta por los militares, estas son faltas graves. Muy graves. Porque si se asalta un cuartel con esa facilidad, ¿qué garantías tenemos en el caso de que esas Fuerzas tuvieran que defender al país? ¿Iban a ir también con los fusiles descargados?”, cuestionó. “Es una cosa que no tiene explicación, salvo que sea esa la orden, pero no me cabe en la cabeza”, concluyó.

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3) Huidobro: “los guardias en los cuarteles deben tener otro espíritu”
(Montevideo Portal)

Los guardias del batallón de Camino Maldonado no tenían municiones debido a una orden dada tras un intento de suicidio, informó el ministro Eleuterio Fernández Huidobro a Montevideo Portal. “Habrá sanciones y además actúa la Justicia militar”, dijo.

El pasado 6 de enero delincuentes ingresaron al Batallón Florida ubicado en Camino Maldonado, hirieron a un soldado que custodiaba el lugar y se llevaron dos fusiles de fabricación austríaca, presumiblemente los mismos utilizados en el asalto al BROU de La Paz días después. Desde entonces, se reportaron otros cuatro intentos de ingresos a predios militares, aunque en ninguno se produjo otro robo.

En el caso ocurrido en Camino Maldonado, los guardias no tenían balas en sus fusiles, hecho que fue calificado de “disparate” por miembros de la oposición, como el ex ministro de Defensa Yamandú Fau. En conversación con Montevideo Portal, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, negó que hayan sido varios los casos de intento de robo. “Hubo un solo hecho que fue en Camino Maldonado, donde nos robaron los fusiles”, dijo.

“Creo que tenemos reflejos de otra época en la que no pasaba nada. Y ahora Uruguay ha cambiado también en materia de delito organizado o casi organizado. Y entonces ahora los guardias en los cuarteles deben tener otro espíritu acorde a los tiempos que corren”, agregó a Montevideo Portal.

Si bien reconoció que otros individuos han pretendido ingresar en predios militares desde entonces, se preguntó si la frecuencia de estos hechos no se da porque ahora “se está mirando bien”. “Cuando entré al Ministerio de Defensa, por ejemplo, la gente del barrio entraba al ministerio para cortar camino rumbo al supermercado y salía por la puerta principal. Y hay predios militares muy grandes, como el de la escuela militar en Toledo, donde la gente estaba acostumbrada a cortar camino por las canchas y antes a eso no se les prestaba atención, pero ahora los centinelas tienen orden de estar muy celosos”, aclaró Fernández Huidobro.

Con respecto a las posibles sanciones por lo ocurrido en Camino Maldonado, aseguró que los guardias no serán amonestados: “los efectivos no tienen la culpa de no tener municiones porque había una orden”. “Serán sancionados los responsables de más arriba, porque allí hay una brigada y tres batallones. Es un complejo militar que ocupa una brigada, que es una instancia superior al batallón, y tiene dentro del mismo predio varias unidades. Va a haber sanciones administrativas pero además la Justicia militar tomó cartas en el asunto y probablemente pueda haber delitos militares y no civiles”, dijo el ministro, que contó que en el caso actúa también la Policía y la Justicia civil.

“El Ejército ha hecho su investigación, que la continuaremos, y de ahí saldrán sanciones administrativas; con respecto a las penales eso es algo que decidirá la Justicia”, manifestó.

¿Por qué los guardias no tenían municiones en las armas? “Esa orden fue rara, se dio solamente en esa unidad. A raíz de un suicidio e intento de suicidio en la unidad hace tres o cuatro años, se tomó la decisión de que fueran sin munición en el cargador, aunque llevaban otro cargador en la cintura con munición. Eso viola todas las normas y reglamentos. La guardia tiene que estar con el cargador aprovisionado”, concluyó.

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4) Dos nuevos intentos de robo a bases militares
(El País)

Dos personas intentaron ingresar al Área de Material y Abastecimiento de la Brigada Aérea N.º 1 el miércoles. También hubo otro intento en el cuerpo de Fusileros Navales.

Dos desconocidos que intentaron ingresar al Área de Material y Abastecimiento de la Brigada Aérea N.º 1 en Carrasco. El coronel Guillermo Gurbindo confirmó a El País que se trató de dos hombres, uno mayor y otro menor de edad. El hecho ocurrió sobre las 16:30 horas del miércoles. Los dos hombres fueron vistos a través de las cámaras de seguridad y los efectivos lograron evitar que entraran, pero no pudieron detenerlos y escaparon.

Además de este episodio, Subrayado informa que también hubo movimientos de personas sospechosas en los últimos días en el cuerpo de Fusileros Navales, donde a través de los protocolos asignados se logró evitar que ingresaran desconocidos. Allí los efectivos dieron la voz de alto, pero como los hombres hicieron caso omiso, la guardia naval disparó contra ellos y los mismos escaparon. Con estos dos casos ya son cinco los episodios en menos de un mes.

El primero fue el 6 de enero, cuando delincuentes robaron dos fusiles en el Batallón Florida. Luego, el segundo caso fue en la noche del miércoles 20 de enero, cuando un hombre ingresó al mismo Batallón por la parte trasera donde hay un alambrado y huyó luego que el guardia que estaba apostado allí alertó que dispararía. Antes, el hombre le tiró dos veces.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del sábado 23 de enero en la Escuela Militar ubicada en Toledo. Los delincuentes no pudieron avanzar al ser detectados por la Guardia de Prevención que les dio la voz de alto. En el Ejército aseguraron que se está en “alerta” ante la ola de ingresos de delincuentes a sus predios.

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5) Interesado canadiense en Fripur se restringirá a la pesca al inicio
(El Observador)

Según el sindicato, solo integrará a 10 empleados y tampoco utilizaría la planta

Con casi 165 días de ocupación y a semanas de que la Justicia resuelva el destino final del ex Frigorífico Pesquero Uruguay (Fripur), la preocupación predomina entre los antiguos trabajadores de la empresa.

Si bien los ex empleados se presentaron en diciembre a la licitación de la planta con su propio proyecto cooperativo, aún está en desventaja con respecto a la propuesta de la empresa canadiense Cooke Aquaculture la cual, de ser elegida, no prevé incorporar a su personal la gran mayoría de ex empleados, ni reabrir la planta ni utilizar los barcos.

El síndico de la empresa y abogado del estudio Rueda, Abadi, Pereira, Francisco Cobas, confirmó que en su proyecto la empresa “no prevé la apertura de la planta en un principio” y que el personal que integre será “bastante menor” a la cantidad de trabajadores desempleados, en torno a los 200. No realizaría tareas de envasado ni procesado, sino que apuntará solo a la pesca y venta del producto primario, añadió.

Sin embargo, el sindicato de Fripur asegura que el proyecto establece que solo una decena de ex empleados sean reincorporados de los más de 900 que quedaron sin trabajo. Según dijo el dirigente José Umpiérrez, probablemente sean contratados los trabajadores del mar que solían estar en los barcos. Aun así, dijo que la propuesta detalla que se realizará una medición de las condiciones y capacidad de los antiguos empleados, previo a su contratación.

En tanto, la empresa prevé evaluar si es “factible” poner la planta en funcionamiento luego de un periodo de transición de entre tres y cuatro años, de acuerdo al avance macroeconómico de las exportaciones que tenga la empresa. Cobas confirmó este punto.
Aún no hay una fecha establecida para que la Justicia se expida, ya que continúa la feria judicial. Según Cobas, se prevé que ocurra en la primer quincena de febrero. Mientras tanto, el síndico realiza un informe evaluativo de ambas propuestas, luego de que les solicitara mejorar el pago de la garantía de US$ 15 millones.

En un principio, la firma canadiense planteó pagarlo en cuotas pero ante la solicitud anunció el viernes pasado que pagaría al contado. Esto hace que esta nueva propuesta sea “mejor”, dijo Cobas.

Por otra parte, la cooperativa de 200 extrabajadores se encuentra en desventaja ya que el capital que al día de hoy poseen “apenas alcanza para poner en funcionamiento la planta”, dijo Umpiérrez.

Ante este panorama y “contrarreloj”, los trabajadores volvieron a reunirse en los últimos días con la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para dar a conocer a más personas su proyecto y conseguir el apoyo económico necesario.

En su proyecto, proponen establecer una cogestión de la empresa junto al Estado para que este, a través del BROU, preste el dinero necesario para poner nuevamente en funcionamiento la planta. A su vez, prevén que ese crédito sea devuelto al Estado en un plazo de 10 años incluso con un interés.

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6) Sin margen para “bolsa de trabajo” en sector lácteo
(El País)

Las empresas dijeron que no tomarán personal de las firmas cerradas en 2015; habrá dura negociación salarial.

La Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) comunicó formalmente al sindicato de la industria láctea que no hay margen para que se cree una “bolsa de trabajo” con los alrededor de 600 trabajadores del sector que fueron despedidos el año pasado de las cerradas Ecolat y Schreiber Foods.

Luego de 11 reuniones de negociación en las que participó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cámara dejó firme su negativa, dijo a El País el presidente de la Federación de la Industria Láctea, Heber Figuerola.

El sindicato había presentado una lista de los trabajadores que especificaba su especialización pero no hubo forma de que las empresas, preocupadas por un panorama adverso que creen que se extenderá durante todo este año, reconsiderasen su postura. El año 2015 fue duro y ahora se desempeñan en la industria láctea unas 3.000 personas.

El sindicato quería crear una “bolsa de trabajo” con 170 trabajadores de Schreiber Foods (empresa que funcionaba en San José) y con 450 que se desempeñaban en Ecolat, que funcionaba en Nueva Helvecia y también cerró. Estaba incluso dispuesto a hacer concesiones en materia salarial. Ahora intenta elaborar un proyecto para reactivar la planta de Ecolat con ayuda del Instituto Nacional de Cooperativismo.

Al sindicato le preocupa el futuro de la empresa Calcar, de Colonia, donde trabajan casi 300 personas, porque entiende que no se han tomado en cuenta sus sugerencias y se han adoptado medidas “desacertadas” como “la tercerización del proceso productivo y la importación de manteca” desde Argentina.

El sector lácteo sufre por los bajos precios internacionales y sus elevados costos, y en este contexto el Plenario nacional del sindicato de la industria láctea definirá hoy su estrategia para la negociación salarial que se avecina, en la que reclamará un convenio a tres años, el mantenimiento del salario real y además incrementos de sueldos por sobre la inflación. Figuerola sostuvo que la negociación será “compleja, porque las empresas tratan de aprovechar la situación” para obtener concesiones del sindicato en materia salarial.

Esta semana el gobierno y el sindicato en el Consejo de Salarios sectorial acordaron la aplicación de un incremento “correctivo” por inflación pasada de 4,23% que no contó con el aval del sector empresarial. Mientras tanto, Claldy dio de baja a 40 trabajadores zafrales. En Pili e Indulacsa por el momento no se avizoran problemas laborales aunque en esa última bajó bastante la producción.

Calcar.

Los trabajadores de Calcar plantearon que esta empresa está en situación comprometida aunque esta semana tuvo la buena noticia de que recibió algo más de US$ 2 millones por los embarques de queso que hizo en diciembre pasado a Venezuela. Ese monto es aproximadamente el 25% de la partida de US$ 10 millones que Venezuela envió esta semana. Mario Álvarez, del sindicato de Calcar, dijo el jueves en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja que “lo que pasa en Tarariras y en Carmelo es muy triste y amargo” (…) Lamentablemente, Colonia está desapareciendo. Lo que pasó con Ecolat —que dejó a seiscientas personas— va a pasar en Tarariras y en Carmelo, que somos más de trescientos trabajadores”, advirtió. “Los otros días, fuimos a saludar a los pocos compañeros de Ecolat que van quedando y me decían que no sabían qué hacer con los gurises porque empezaban la escuela y no tenían ni para comprarles championes. Hace cinco meses que están en seguro de paro, pidiendo prórrogas. Están desesperados”, agregó. Por su parte Figuerola señaló que “en cuanto a la preservación del mercado interno, entendemos que Calcar lo descuidó ya que para eso hay que generar valor agregado a nivel de la empresa y no tomar la decisión de importar”, como se hizo.

Panorama incierto para un sector vulnerable.

Las exportaciones de productos lácteos retrocedieron el año pasado de US$ 823 millones a US$ 631 millones, lo que representó un retroceso de 23,3%. El anuario de Opypa, la oficina que diseña las políticas agropecuarias, señala que “la alta concentración de destinos por rubro, sumada a las perspectivas poco auspiciosas para estos destinos de exportación, demuestra que la inserción exportadora de la industria láctea es vulnerable”. Y ve “gran incertidumbre”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE ENERO DE 2016
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7) Varias intendencias se plantean el etiquetado de los productos transgénicos, aunque su instrumentación todavía está lejos.
Amanda Muñoz (La Diaria)

Tras la discusión que se generó en Montevideo a raíz de la revisión del decreto que establecía el etiquetado para los alimentos que contuvieran transgénicos, la iniciativa parece extenderse lentamente en el país. Lavalleja, Maldonado, Canelones y Paysandú están estudiando, con distinto nivel de avance, recorrer ese camino. Montevideo, en tanto, volvió a aplicar sanciones a marcas que no declararon contenidos transgénicos en sus productos.

El primer paso para identificar los alimentos que contengan productos manipulados genéticamente lo dio la Junta Departamental de Montevideo con el decreto 34.901 de diciembre de 2013, que establece: “Los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% del total de componentes, deberán ser etiquetados especialmente”. Nueve meses después la Intendencia de Montevideo (IM) definió la forma de la etiqueta -un triángulo amarillo con una letra T en el centro, siguiendo el rótulo propuesto por Brasil-, y la entrada en vigencia de la disposición: 1º de enero de 2015. La norma rige para todos los alimentos comercializados en Montevideo, sean nacionales o importados.

Además de colocar el pegotín en los envases, las empresas deben registrar los productos en el Servicio de Regulación Alimentaria de la IM. A fines de 2014 la Cámara Industrial de Alimentos y varias empresas se habían reunido con las autoridades de la IM para solicitarles una prórroga de un año; la comuna no accedió a ese pedido, pero sí a ampliar los plazos estudiando cada caso, en función de los argumentos y dificultades que presentaran. El director de Salud de la IM en ese momento era Pablo Anzalone, promotor del etiquetado.

Ni bien asumieron, las nuevas autoridades departamentales se plantearon revisar la norma y suspendieron la aplicación de sanciones, que ya había iniciado la administración anterior. La IM planteó la consulta a la Asesoría Jurídica de la IM y al Gabinete Nacional de Bioseguridad, que está integrado por seis ministerios y es el encargado de aprobar nuevos eventos transgénicos, por entender que la comuna estaba resolviendo sobre un tema de competencia nacional.

Ambas consultas confirmaron que tanto los decretos como las resoluciones emitidas sobre el tema por el gobierno capitalino eran correctos y que estaban dentro del ámbito de competencia de la IM. En setiembre de 2015 la IM anunció que no cambiaría el decreto, pero sí el diseño de la etiqueta, por entender que el triángulo con la T podía llevar a confusión y pensarse que se trataba de un alimento nocivo para la salud, algo sobre lo que no hay consenso. La justificación del etiquetado obligatorio es que la persona tenga conocimiento sobre lo que va a consumir, más allá de las valoraciones.

De acuerdo a un informe de la IM del 21 de octubre, se habían registrado hasta ese momento más de 500 productos en el Servicio de Regulación Alimentaria y se habían retomado los análisis para detectar elementos genéticamente modificados, que se hacen en el Laboratorio de Bromatología de la IM en conjunto con el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Facultad de Ciencias.

Según ese informe, se identificaron varios productos que no declararon tener organismos genéticamente modificados: cuatro marcas de harina de maíz (Multiahorro, Prodal, Arcor y Tienda Inglesa), dos filetes vegetales tipo milanesa de soja (marca Vegetalex), frankfúrters (Centenario), hamburguesas (Schneck) y un surtido de semillas con proteína de soja (El Naranjo). A cada una le correspondió una multa de cinco unidades reajustables (poco más de 4.000 pesos) y la promesa de aplicar nuevas sanciones si no corregían la situación.

Pero el etiquetado no se ve en las góndolas. Analice Berón, directora de Salud de la IM, explicó a la diaria que “no se ha resuelto aún el diseño” que deberá tener la nueva etiqueta, y anunció: “Estamos en contacto con otras intendencias que están haciendo lo mismo que nosotros para sacarlos con la misma forma”. Mencionó que Lavalleja es una de las intendencias con las que han mantenido conversaciones, pero se excusó de nombrar a otras porque “están interesadas pero no lo han hecho público”. Añadió que “no se ha llevado oficialmente aún al Congreso de Intendentes porque no son todas las intendencias las que lo tienen”.

Respecto de la IM en concreto, Berón afirmó que “no se han dejado de hacer los análisis pero no hay datos nuevos porque no hay ingresos nuevos de productos. Ya están declarados todos”.

Se van sumando

La Junta Departamental de Lavalleja fue la segunda en decretar la exigencia del etiquetado de los productos transgénicos. Luego de que la organización Slow Food y la Red de Agroecología dieran en Lavalleja el “Seminario de etiquetado de alimentos con componentes transgénicos”, dos ediles nacionalistas, Andrea Aviaga y Francisco de la Peña, pidieron a las organizaciones un texto elaborado por ellas, como modelo de decreto, siguiendo la norma montevideana. El 18 de noviembre de 2015, el primer día que trató el tema, la Junta Departamental de Lavalleja lo aprobó; el decreto 3.319 estableció la obligatoriedad del etiquetado en las mismas condiciones que establece el decreto capitalino (todos los productos salvo los que se sirvan en restaurantes, establecimientos similares o que no requieran rotulación). Incluyó también la forma: “Deberán lucir en su rotulación la letra ‘T’”.

“A nivel de la Dirección de Higiene no lo estamos aplicando”, reconoció en diálogo con la diaria Juan Carlos Falchetti, director de Higiene de la Intendencia de Lavalleja. “No tenemos laboratorios para medir transgénicos”, lamentó, y agregó que “si bien se puede exigir a las empresas locales que etiqueten los alimentos transgénicos, nosotros no tenemos cómo controlarlo”. “Todavía está muy verde”, dijo. Expresó que cuando se promulgó el decreto en Lavalleja mantuvo conversaciones con autoridades de la IM. “Ellos tienen laboratorio, lo lógico sería hacer algo en común”, sugirió, y señaló que “desde el punto de vista práctico es muy difícil para todas las intendencias”. Falchetti sostuvo que “lo lógico sería que así como tenemos una tasa bromatológica única, que [el etiquetado] sea algo de todas las intendencias”. Dijo que el tema no se ha planteado todavía en el Congreso de Intendentes.

En Maldonado Slow Food realizó en julio un seminario sobre etiquetado en conjunto con la organización local Maldonado por la Tierra y el Agua. El portal fernandino Maldonado Noticias informó el 30 de noviembre que las organizaciones le habían presentado el proyecto al prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, que lo pasó a estudio de la Dirección de Medio Ambiente. El texto del proyecto es igual al de Lavalleja pero, considerando el cambio de diseño propuesto por la IM, el articulado ya no pide la letra T, sino la frase “Este producto contiene organismos modificados genéticamente”. Funcionarios de Higiene de la Intendencia de Maldonado transmitieron a la diaria que “la administración tiene la inquietud del etiquetado transgénico; el tema está en estudio”.

Laura Rosano, coordinadora de Slow Food, dijo a la diaria que ediles de Canelones también manifestaron su intención de aprobar el decreto y que la Junta Departamental de Canelones está evaluando si ingresa el texto propuesto mediante la Comisión de Salud o la de Medio Ambiente.

La Intendencia de Paysandú también tiene pensado trabajar el etiquetado de alimentos transgénicos. Eduardo Américo, subdirector general del Departamento de Servicios de la intendencia sanducera, aclaró a la diaria que todavía no se empezó a concretar una iniciativa, pero aseguró que lo tienen en la agenda “para darle un lugar de discusión este quinquenio”. Explicó que “ni siquiera tenemos la parte legal, va a ser muy discutido a nivel de la Junta Departamental”, y para ejemplificar las dificultades que pueda tener su aplicación citó el caso de Montevideo. Américo dijo que el tema nació de la Red de Laboratorios Bromatológicos del Uruguay, que funciona enmarcada en el Congreso de Intendentes, y que la intención va más allá del etiquetado transgénico, puesto que pretende controlar y fiscalizar todos los alimentos que ingresen por los puestos de frontera. Según el jerarca, Paysandú tendría las condiciones para hacer los análisis técnicos, puesto que cuenta con equipamiento y se mantiene un convenio por el que estudiantes del Instituto Técnico Superior de UTU hacen pasantías; además, se puede hacer un convenio con ese instituto para utilizar su laboratorio, de última generación.

A lo nacional

Que cada departamento tenga que establecer su legislación y sus propios análisis respecto de productos que circulan a nivel nacional implica duplicar esfuerzos. A nivel nacional, la única disposición está en el decreto 353, de 2008, que regula las normas de bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas. Ese decreto establece que “el Gabinete Nacional de Bioseguridad promoverá acciones tendientes a la implementación del etiquetado voluntario ‘genéticamente modificado’ o ‘no genéticamente modificado’, aplicable a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificadas”. Evidentemente, el etiquetado voluntario no dio resultado.

La Comisión para la Gestión del Riesgo del Gabinete Nacional de Bioseguridad, que fue la que respondió a la consulta de la IM, conformó, luego de emitir la respuesta, un grupo técnico que está trabajando el tema con la intención de no duplicar esfuerzos, confiaron integrantes de esa comisión a la diaria. La comisión entiende que es un tema de políticas públicas que merece tener pautas nacionales. A diferencia de lo que ocurría en 2008, ahora sí hay capacidades técnicas en el país para hacer los análisis.

En el medio del camino del proceso de implantación del etiquetado, Rosano valoró que algunas empresas de refrescos se hayan planteado sustituir el jarabe de maíz por una especie de remolacha azucarera, para no tener que incluir el rotulado para alimentos transgénicos. También valoró la actitud de la industria uruguaya, “que fue la primera en etiquetar y mostrar el compromiso de cumplir con la ley”. En cambio, manifestó que son las grandes empresas internacionales, como Pepsico, Ades y Nestlé, las que no lo han hecho, en parte porque pueden pagar fácilmente las sanciones económicas. Rosano catalogó de “una mala señal” la suspensión del etiquetado para la industria, que tuvo que empezar a etiquetar y después a dejar de hacerlo.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE ENERO DE 2016
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