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UNA HISTORIA DE LA DICTADURA URUGUAYA

1) Una historia de la dictadura uruguaya –
2) Mota lamenta fallo del TCA y va por la vía internacional –
3) Recogen adhesiones para que se apruebe una ley de Salud Mental –
4) Primeras multas por no etiquetar transgénicos –
5) ¿Compañero de quién? –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2026 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 26 de Junio de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”. — Noam Chomsky
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1) Una historia de la dictadura uruguaya
“Me vinieron a buscar las Fuerzas Conjuntas: hay comida en la heladera”
AF/SH (Infojus noticias)

Mientras se la llevaban los militares decidió que había que trasmitirle tranquilidad a su marido: escribió el mensaje en un papel y lo dejó sobre la mesa para que lo encontrara al volver. Más de 40 años después, su hijo subió esa pequeña carta a las redes sociales y dio la vuelta al mundo. Infojus Noticias habló con los protagonistas para reconstruir la historia de ese gesto de amor en medio del horror.

Graziella Formoso desayunaba y se apuraba para ordenar. Eran las nueve de la mañana y su padre la estaba por pasar a buscar para llevarla de Pando hasta Montevideo, donde cursaba en la facultad de la Agronomía. Ese día, el 9 de julio de 1974, le tocaba la clase de Edafología 2. Su marido Luis había salido más temprano: era fecha patria en Argentina y de eso hablaba la radio que sonaba de fondo.

Graziella recogía sus apuntes para irse a la facultad y Blanquita, la lavandera del barrio, desplegaba la ropa en la calle. Entonces los vio: un grupo de militares se acercaba por la vereda. “Están viniendo para acá”, pensó, mirando la cara aterrada de la lavandera. Y esperó. Los hombres golpearon la puerta y entraron sin mediar palabra. Avanzaron hacia la pieza de entrada donde estaba el juego de comedor, regalo de su mamá. En la mesa había papeles desparramados y un adorno con los versos de “Caminante no hay camino” de Antonio Machado. Eso miraba fijo Graziella cuando se animó a preguntar:
-Ustedes quiénes son.
Eran las Fuerzas Conjuntas, el organismo de la dictadura que abarcaba las Fuerzas Armadas y la Policía. Le preguntaron su nombre. Ella respondió. Le dijeron que tenía que irse con ellos.
-Yo soy el capitán Aguerre.
Graziella pensó en su marido. Sacó una hoja y una lapicera del bolso de la facultad y escribió: “Luis: me vinieron a buscar las fuerzas conjuntas. Hay comida en la heladera”. Tenía 21 años, estaba aterrada pero necesitaba transmitirle tranquilidad. Todo tenía que seguir como siempre.

Graziella no veía nada por la capucha pero en el camión percibió las piernas largas de Adriana, una compañera de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Viajaron durante 45 minutos por un camino accidentado. Cuando las bajaron se dio cuenta que estaban cerca de una estación de tren. Plantadas frente a una pared blanca, miraban el piso de cemento y escuchaban como alguien corría de acá para allá:
-¡Número! – gritaba uno de los militares.
El mayor Mario Aguerre era el encargado del operativo. El capitán Eduardo Caussi hacía los interrogatorios. Años después Graziella sabría que estaban en un cuartel de San Ramón, al norte del departamento de Canelones y que el jefe allí era teniente coronel Juan Carlos Geymonat.

Eran las 10 y media de la mañana cuando la hicieron pasar a la sala sanitaria donde un médico le preguntó si padecía alguna enfermedad, si tomaba alguna medicación. Después de tomarle los datos y preguntarle por su obra social le dijo:
-¿A quién le avisamos en caso de fallecimiento?
Graziella les dio la dirección de sus padres y la volvieron a subir al camión. Pudo correrse un poco la capucha y allí vio a Adriana y a otra compañera, Alicia. El grupo electrógeno del vehículo, que se encendía y apagaba, la ponía nerviosa.

“Luis y mis padres ya deben saber que me llevaron. La lavandera les tiene que haber contado todo”, se decía para tranquilizarse. Y de golpe se dio cuenta por qué estaba ahí: había participado de unas pintadas para denunciar la muerte de la estudiante Nibia Sabalsagaray, asesinada mientras la torturaban con submarino seco. Recordaba la última vez que la había visto viva. Estaba sentada sobre una mesa junto a un montón de volantes, con una polera amarilla y una falda negra. Sonreía.

La autopsia de Nibia la hizo el entonces médico, Marcos Carámbula, que luego en democracia llegaría a ser intendente de Canelones. Su familia había pedido una autopsia porque los militares decían que se había suicidado. En eso pensaba Graziella todavía arriba del camión. Allí los días pasaban todos iguales. Las mantenían paradas desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche. Y cada tanto las dejaban ir al baño. Primero interrogaron a Alicia, se quebró y la liberaron. Años después sería la maestra de su primer hijo. A Adriana la llevaron para hacerle submarino y después la encerraron en una celda. Y le llegó su momento.

El teniente Caussi le preguntó sobre los comunistas.
-Yo fui a un colegio católico. No tengo nada que ver con comunistas- respondió Graziella.
Desde el otro cuarto escuchaba cómo hablaban de los itinerarios de pintadas de militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Allí escuchó los nombres de sus compañeros y el suyo propio. Y se quedó sin aire, como si le estuvieran comprimiendo el pecho. Los habían delatado y esperaban que ella hiciera lo mismo. Se calló la boca.

Le hicieron firmar un papel donde decía que no había recibido malos tratos y se resignó. Sentía que iba a pasar allí mucho tiempo. Así que se impuso una rutina: barrer la celda con una escoba chica, y caminar. En un momento un oficial, de traje impecable, se acercó al agujero de su puerta para preguntarle por qué no comía carne.
-Soy vegetariana
-Si no come, se va morir.
Supo después que era el coronel Geymonat.

El 18 de julio, otra fecha patria, pero esta vez de Uruguay, la volvieron a subir al camión. Grazziela pensó que la llevaban a otro chupadero, pero la bajaron en una esquina de Pando, su ciudad. Estaba libre. No lo podía creer. Lo primero que hizo fue refugiarse en una iglesia y agradecerle a la Virgen.

No quería volver a su casa. Tenía miedo y tampoco tenía plata para pagar el boleto hasta lo de sus padres. Fue hasta la casa de la madre de Adriana y de allí la llevaron a la granja donde se reencontró con su familia. Su cuñado Dámaso y sus padres habían recorrido todo Canelones para encontrarla. Dieron con su paradero porque un militar filtró su nombre. A Luis, su marido, lo vio recién varios días después.

“Después de estas experiencias hay cosas en ti que cambian. Empecé a apreciar la suerte de tener un hogar con Luis, a mis padres, a mi cuñado. Empecé a valorar el poder moverme con libertad, sin cuerdas en las manos y sin capuchas”, dice Graziella a Infojus Noticias.

Tuvo que dejar la facultad porque perdió el semestre. Y empezó a ayudar a sus padres en la granja. Despicaba pollos, los vacunaba, clasificaba los huevos. Luis trabajaba como profesor de matemáticas en un secundario hasta que lo destituyeron en 1976. Antes de eso, volvieron a allanar su hogar dos veces más. Los llevaban a la fuerza de choque de Canelones en vagones de ferrocarril. Allí conoció a otra encapuchada, Jovita Lainez, una argentina que habían detenido en Montevideo. Graziella declaró esto mismo en la Comisión para la Paz creada por el presidente Jorge Batlle (2000-2005).

El matrimonio Rodríguez tuvo la posibilidad de exiliarse en Buenos Aires pero decidieron quedarse en Uruguay porque sus familias necesitaban ayuda. Con la llegada de la democracia, en 1985, restituyeron en el cargo a Luis, quien falleció de muerte súbita en 1999. Graziella se quedó sola criando a sus hijos Luis Humberto y Pablo. El mayor es psiquiatra y el menor, Pablo, se está por recibir de abogado. Fue él quien, la semana pasada, publicó en Facebook la nota que su madre le dejó a su padre 41 años atrás. Esa cartita la había guardado su abuela en una biblia todos estos años y se la legó como un tesoro cuando falleció. Pablo posteó la nota y se viralizó al instante. En Uruguay, donde una política de Estado para juzgar a los militares y reparar a las víctimas sigue siendo una deuda, esta cartita apareció como una manera de recuperar la memoria.

Después de que falleciera su marido, el secundario donde trabajaba Luis lo homenajeó nombrando una sala con su nombre. Ahora Graziella se dedica al acompañamiento de enfermos, luego de cuidar durante muchos años a su hermano. Conserva poco contacto con sus compañeros de militancia. Y se ha aferrado toda la vida, dice, a la máxima artiguista: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos.”

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015
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2) Mota lamenta fallo del TCA y va por la vía internacional
Gabriela Cortizas (El País)

El abogado de la jueza Mariana Mota dijo a El País que luego del rechazo de su demanda contra la Suprema Corte ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), está analizando la posibilidad de recurrir en la órbita internacional el traslado de la magistrado de la sede penal a la civil.

El martes, El País informó el fallo del TCA que desestimó definitivamente el reclamo de la jueza Mota contra la Suprema Corte de Justicia por su traslado a una sede civil. Por tres votos contra dos, el TCA consideró que la invocación de “razones de servicio” por parte de la Corte es suficiente para justificar el acto administrativo. El fallo recuerda que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, y que la jueza no tenía un “derecho adquirido” a permanecer en el juzgado penal, al tiempo que el traslado no significó un descenso en su carrera como magistrado ni un acto arbitrario.

La jueza estaba identificada con causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura y consideró que su traslado sin justificación menoscababa su carrera, al tiempo que dejó entrever en su argumentación que pudo estar motivado por razones vinculadas a las causas que investigaba.

Ayer, el abogado de Mota, Antonio Rammauro, dijo a El País que tiene decidido llevar al caso de Mota al ámbito internacional. “Se llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resguarda los derechos esenciales del hombre en el continente”. “Estamos estudiando los argumentos de una y otra parte en la sentencia. Porque hubo una discordancia importante entre los magistrados. La señora presidenta del TCA (Mariela Sassón) acusó la pretensión de Mota. Hay argumentos muy importantes que se suman a los que habíamos hecho nosotros. Hay tiempo y vamos a tomar todos los recaudos del caso antes. Es un tema muy serio. Está en juego la propia credibilidad del Poder Judicial. No es un caso aislado”, afirmó a El País.

La jueza Mota se excusó de hablar con El País. No obstante, en la tarde, dijo a radio El Espectador que se sentía conforme porque dos de los cinco ministros atendieron su demanda. “Esta es una decisión de un Tribunal y cuando uno está en juicio puede ganar como puede perder. Lo que se planteó fue atendido y considerado por los dos ministros en discordia, es bueno cuando las sentencias analizan los argumentos de cada uno”, explicó.

El TCA consideró que aunque escueto, el argumento de “razones de servicio” es suficiente para justificar el traslado de un magistrado. Para Mota, “razones de mejor servicio es no decir nada, es un cliché, es una fórmula vacía. Los discordes concluyen que como la Corte no dice nada es arbitrario, y eso es lo rescatable. Para mí eso vale. Lo veo como un análisis sobre cómo debe funcionar la administración”.

El TCA también consideró que el traslado no significó un descenso ni menoscaba la carrera de Mota. “Presupuestalmente no fue un descenso en mi carrera pero eso no lo justifica. Para mí no es un descenso, pero estaba en un área que me gustaba, que me había preocupado en mejorar para brindar mejor servicio y me sacaron. Tengo claro que no tengo una circunstancia de estabilidad para quedar en un juzgado, en otros países existe, pensando no sólo en el juez sino también en la comunidad”, dijo a El Espectador.

El traslado de Mota, jueza a cargo de decenas de causas sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura y responsable del procesamiento de varios militares, generó en febrero de 2013 un duro enfrentamiento entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, al tiempo que activistas sociales provocaron una asonada el día que debía jurar su nueva sede. A partir de este hecho la Corte comenzó a exhibir un vallado permanente y se reforzó la seguridad personal de los ministros.

Ayer, desde las organizaciones sociales se volvió a defender a Mota y a fustigar el fallo del TCA. “Es un error. Y es un error que no es inocente. Se comete un error en cuanto al Estado de Derecho”, dijo a El País el secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Edgardo Oyenard.

Para Oyenard, el traslado de la jueza no obedece a razones de servicio como planteó la Suprema Corte de Justicia, sino a segundas intenciones de la Justicia uruguaya. “Es una decisión que tiene un fuerte contenido político. Cuando alguien se mete mucho con el tema del poder militar molesta”, opinó el dirigente del Pit-Cnt.

Irma Leites, de Plenaria, Memoria y Justicia, procesada por la asonada en la Suprema Corte, dijo que desde el traslado de Mota “los expedientes duermen en cajones. Los que somos testigos por denuncias de torturas en los cuarteles seguimos esperando resoluciones que no llegan, los militares se siguen sin presentar. Creo que la cultura de la impunidad sigue presente porque la Justicia sigue actuando igual”.

“Quien administra la Justicia tiene una cuota de poder muy importante y en este momento la está utilizando para sacar de en medio a una jueza que fue muy valiente, que tomó decisiones que se fundamentan en el derecho nacional e internacional”, dijo Oyenard a El País.

Para el TCA, la previa designación de Mota en un juzgado penal “no generaba derecho permanente alguno a su favor, en particular, no le confería un derecho subjetivo al cargo, y por lo tanto, el traslado no vulnera sus derechos en la carrera judicial”. Afirmó que no hubo “arbitrariedad” en el traslado.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015
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3) Recogen adhesiones para que se apruebe una ley de Salud Mental
(El País)

Son 40 instituciones, entre ellas la Facultad de Psicología, y 56 personas como músicos, actores y decanos de Facultades los que impulsan esta iniciativa a raíz de lo ocurrido en la Colonia Etchepare

La Asamblea Instituyente “Por salud mental, desmanicomialización y vida digna” junto a varias organizaciones sociales y personalidades de la cultura, la academia y la política nacional lanza hoy una campaña de suma de voluntades para que se apruebe una ley de salud mental, a raíz de lo ocurrido en la Colonia Psiquiátrica “Bernardo Etchepare”, donde un paciente falleció al ser mordido por perros.

La Justicia investiga tres muertes de internos ocurridas este año en las colonias para pacientes psiquiátricos de San José. La nueva denuncia fue recibida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

A esta campaña ya se sumaron 40 instituciones u organizaciones como Serpaj, la Facultad de Psicología, Amnistía Internacional Uruguay, Comisión de Discapacidad del Pit Cnt, la FEUU. También ya se han adherido 56 personas, entre ellas: Mercedez Pérez, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, Juan Casanova, integrante de la banda Traidores, Mónica Lladó, directora del Instituto de psicología Social, Fernando Tomasina, decano Facultad Medicina, Gonzalo Uriarte Audi, decano de la Facultad de Derecho, Mariana Percovich, directora teatral, dramaturga, docente y el decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold.

“Los recientes acontecimientos de la Colonia de Alienados “Bernardo Etchepare” reviven una situación insostenible de la política pública en la materia, situación que se manifiesta de forma cíclica y que ha sido denunciada permanentemente en diversos ámbitos. Dicha política se basa fundamentalmente en un modelo aislacionista, segregador y custodial, por el que se rompe el vínculo de la persona con la comunidad”, agregan la Asamblea Instituyente “Por salud mental, desmanicomialización y vida digna” y organizaciones en un comunicado.

Pretenden que “sin más demora se discuta y apruebe de una Ley de Salud Mental adecuada a los estándares internacionales y las recomendaciones internacionales emanadas de los órganos de tratados, centrada en la dignidad del sujeto, el vínculo con su familia y el vínculo con la comunidad”.

“Que se revise el posible uso indiscriminado de medidas de fuerza, uso indiscriminado de electrochoques y uso abusivo de psicofármacos. Incluyendo la revisión y cumplimiento de los protocolos de actuación”.

Además solicitan que “se elabore un cronograma para el cierre progresivo de las Colonias de Alienados Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, del Hospital Psiquiátrico Vilardebó y de las instituciones públicas y privadas de atención manicomial y monovalente en todo el territorio nacional”, entre otras cosas.

En abril pasado el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, aseguró en el Parlamento que esa cartera de Estado modificará sustancialmente la atención psiquiátrica en el país mediante un programa en etapas que estará acompañado de un “paulatino” cierre de las colonias de atención de enfermos mentales.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015
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4) Primeras nueve multas a empresas que no cumplen con decreto departamental sobre etiquetado de transgénicos.
(La Diaria)

La última resolución departamental en lo que refiere a la normativa sobre el etiquetado transgénico es de setiembre de 2014. Desde entonces, la Intendencia de Montevideo (IM) exige a las empresas que elaboran alimentos transgénicos o los importan que declaren ante el Servicio de Regulación Alimentaria esos productos, y habilitó plazos de hasta 90 días para que las empresas comenzaran a usar en su empaque el signo de etiquetado que indica que el producto contiene ingredientes transgénicos. También hubo empresas que solicitaron plazos, de hasta 180 días, para “reconvertir los productos sustituyendo los componentes transgénicos por otros que no lo fueran”.

En estos meses, más de 500 productos que contenían ingredientes transgénicos fueron declarados ante la comuna, según un informe publicado el 18 de junio en el sitio web de la IM. Pablo Anzalone, director de Salud de la IM, dijo que el Laboratorio de Bromatología de la comuna, en convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, está controlando a las empresas que no declararon sus productos: “El que no declara y tiene transgénicos está incumpliendo la norma; va a ser sancionado y vamos a informar públicamente cuáles son los productos”.

Se encontraron nueve productos que no declararon tener contenido transgénico ni solicitaron plazos para el etiquetado, por lo que se emitieron las primeras sanciones (de 5 unidades reajustables, unos 4.000 pesos). Se trata del surtido de semillas con proteína de soja El Naranjo, la hamburguesa sabor chorizo Schneck, los frankfurters livianitos Centenario, la milanesa de soja Vegetalex, la milanesa de soja con acelga y espinaca Vegetalex, la polenta Multiahorro, la harina de maíz Prodal, la polenta Arcor y la polenta Tienda Inglesa, y el comunicado agrega que en algunos de los casos se constataron otras irregularidades.

Con respecto a los 500 productos declarados, Anzalone explicó que para muchos casos están venciendo o por vencer los plazos para que presenten el etiquetado en el paquete, y dijo que en las góndolas de los supermercados “ya tenemos productos con el triángulo con la T”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015
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5) ¿Compañero de quién?
Aníbal Corti (Brecha)

La promoción de Joselo López a la vicepresidencia del Pit-Cnt es sólo un hito más en una larga y vergonzosa historia: la crónica de cómo los dirigentes de la central única de trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del Inau.

Las nuevas autoridades de la Mesa Representativa del PIT-CNT José Lorenzo “Joselo” López (izq) fue designado vicepresidente de la mesa representativa, el nuevo Secretario General de la central obrera Marcelo Abdala (ctro) y el recién designado Presidente de la mesa representativa Marcelo Pereira, se saludan al final del Xll Congraso del PIT-CNT López fue dirigente del sindicato de INAU y de COFE, Abdala del UNTMRA y Pereira de Magisterio Junio 2015 Montevideo-Uruguay

El XII Congreso del Pit-Cnt terminó el miércoles de la semana pasada con una gran muestra de unidad. Tras una ardua negociación, las distintas corrientes que actúan en el seno de la central sindical acordaron llevar una lista de consenso para la elección del Secretariado Ejecutivo. De esta manera, Fernando Pereira, dirigente del sindicato de magisterio (Fum-Tep), se convirtió en el nuevo presidente de la Mesa Representativa, mientras que José Lorenzo “Joselo” López, salido de las entrañas del sindicato del Inau (Suinau) y representante de los funcionarios del Estado (Cofe), es el nuevo vicepresidente, Marcelo Abdala, del sindicato de los metalúrgicos (Untmra), es el nuevo secretario general.

“Esto salió demasiado bien, hasta no me gusta que haya sido así”, bromeó uno de los dirigentes del Pit-Cnt. El semanario Búsqueda, que recoge la anécdota en su edición de la semana pasada, aclara que el dirigente tenía sus razones para estar tan feliz. Más del 95 por ciento de los participantes había respaldado con su voto a la nueva Mesa Representativa, con 44 gremios titulares y ocho suplentes.

Fue el congreso con mayor participación en la historia del sindicalismo uruguayo por su número de delegados (1.154), pero también porque representó a 400 mil afiliados. En su apertura contó con la presencia del presidente, Tabaré Vázquez. Fue la primera vez que un mandatario formó parte de un acto de este tipo. Delegados de otros países (Brasil, Francia, España, Argentina, Colombia, Nicaragua, Italia y otros), siempre según la crónica de Búsqueda, reconocieron el carácter ejemplar y modélico del movimiento sindical uruguayo. Es que en la mayoría de esos países existen entre tres y siete centrales sindicales. La central sindical única uruguaya es tomada, dijeron, como un ejemplo en el mundo.

En el Uruguay progresista produjo disgusto e indignación el hecho de que no hubiera mujeres en la cúpula de la central sindical. Las autoridades electas ya prometieron corregir esta situación. En el Uruguay progresista, en cambio, no produjo mayor desazón, ni escándalo, ni indignación, ni crítica el hecho de que el compañero Joselo López hubiera sido entronizado en la cúpula de la central sindical.

La promoción de Joselo López a la vicepresidencia del Pit-Cnt es sólo un hito más en una larga y vergonzosa historia: la crónica de cómo los dirigentes de la central única de trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del Inau.

En los centros de detención de adolescentes se tortura desde hace mucho. Tres organizaciones que trabajan en la defensa de los niños y los adolescentes –la Oficina Internacional Católica de la Infancia (Bice), Vida y Educación (Vye) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (Iaci)– presentaron hace más de diez años, en marzo de 2004, un documento reservado ante la Suprema Corte de Justicia elaborado a partir de diversos informes, entrevistas y expedientes de juzgados de menores. En ese documento se alertaba sobre la práctica sistemática de la tortura en centros de detención desde el año 1996, por lo menos, y también acerca de la impunidad de sus ejecutores. El contenido del documento fue dado a conocer en su oportunidad en el diario La República (14 de junio de 2004) por el periodista Roger Rodríguez.

Conforme la situación se fue haciendo cada más pública –y quizás también más grave–, los dirigentes del sindicato se vieron en la obligación de pronunciarse públicamente acerca de la situación de los “compañeros” en que recaían las graves denuncias. La dirección del sindicato cerró filas desde el primer momento con los torturadores. También los dirigentes del Pit-Cnt se vieron en la obligación de pronunciarse sobre esta situación. Su actitud ha sido, sistemáticamente, la de mirar para el costado, chiflar bajito, defender al sindicato –y transitivamente, por tanto, a los torturadores–, amén de promover en forma activa y al parecer entusiástica al principal referente de la tendencia mayoritaria del Suinau a los cargos de mayor jerarquía de la central sindical.

No todo el mundo corrió a sacarse la foto con Joselo. No todos los trabajadores del Inau son cómplices de los torturadores. En 2007, después de que la directiva del sindicato –actuando en defensa de tres funcionarios destituidos por diversos delitos– instalara como forma de protesta una carpa en la puerta del directorio del Inau, 200 trabajadores tomaron distancia de la mayoría del Suinau en una carta a la opinión pública: “No hablan en nuestro nombre los que detrás de posturas de supuesta defensa de los trabajadores olvidan decir que la enorme mayoría de los trabajadores del Inau no queremos ser cómplices de prácticas abusivas y violatorias de los derechos de ningún niño, niña o adolescente”.

Pero esa actitud honorable no fue la de los dirigentes del Pit-Cnt. Ellos decidieron ponerse del lado de los torturadores en 2007, y desde entonces hasta ahora han mantenido su alineamiento. “Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”, dijo a Brecha en su momento (8 de junio de 2007) el entonces dirigente Juan Castillo. El periodista Daniel Erosa le preguntó al actual director nacional de Trabajo si con los elementos que manejaba el Departamento de Sumarios de la División Jurídica del Inau, que había confirmado la existencia de torturas no como un hecho aislado sino como una práctica sistemática, no correspondía que los dirigentes de la central sindical, históricamente defensora de los derechos (de algunos) humanos, adoptaran una actitud firme e intransigente al respecto. “La cosa es muy vidriosa…”, respondió Castillo.

“A los compañeros no se los delata, se los protege.” Esa es la bandera que ha levantado la tendencia mayoritaria del Suinau durante todos estos años (véase Brecha, 7-IX-12), y bajo la sombra de esa bandera se ha amenazado, hostigado e incluso expulsado del sindicato a quienes se han animado a denunciar los abusos y las enfermizas lógicas del encierro. La dirigencia del Pit-Cnt, por desidia, por cobardía, o por lo que fuere, ha apoyado con cierto cinismo a la tendencia mayoritaria del sindicato en esta actitud. Exactamente al revés de lo que dice la expresión popular, los hombres que hacen política son dueños de sus palabras y esclavos de sus silencios. Muchas veces callándose simplemente la boca, la cúpula de la central sindical eligió por quién tomar partido. Y no fue por las víctimas ni por los trabajadores honestos y valientes que denunciaron los abusos.

En la Colonia Berro jamás habrá un museo de la represión. En el lugar donde mataron a Fabián Tomé jamás habrá una marca de la memoria. Los actuales dirigentes del Pit-Cnt jamás exigirán juicio y castigo para los torturadores del Inau. Para ellos no habrá escraches ni condenas altisonantes.

La dirigencia de la central sindical es moral y políticamente responsable de que se perpetúe la tortura en los establecimientos de detención de adolescentes. Ellos son cómplices. Todos ellos, todos los que están en la foto con Joselo. Y también otros que no salieron en la foto porque fueron promovidos a cargos en el gobierno progresista. Todos ellos tienen las manos sucias. Han chiflado bajito y mirado para el costado cada vez que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación. Los dirigentes del Pit-Cnt no votan encarcelar niños, pero se hacen los giles cuando se trata de investigar a quienes los violan y los cagan a palos. Y además promueven a quienes defienden y dan cobertura a los torturadores a las más altas jerarquías de la central sindical.

El miércoles de la semana pasada fue elegido vicepresidente del Pit-Cnt el compañero Joselo López. Compañero, sí, pero ¿de quién? Mío no.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015
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