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URUGUAY EN EL INFORME ANUAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

1) Uruguay en el Informe Anual de Amnistía Internacional
2) 190 al seguro en Frigorífico Durazno
3) Sunca paró obra de regasificadora
4) El sindicato de Ecolat espera por el gobierno
5) Váquez y la privatización del Teatro de Verano

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2011 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 27 de Febrero de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Uruguay en el Informe Anual de Amnistía Internacional
(Caras y Caretas)

Amnistia Internacional presentó su Informe Anual e hizo mención a Uruguay. Preocupa la impunidad, la situación en las cárceles, los requisitos de la ley que despenaliza el aborto y el poco avance en la investigación de los asesinatos de 5 mujeres trans.

Amnistía Internacional, un movimiento de defensa de los derechos humanos, presentó su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El informe documenta la situación en 160 países durante 2014 y presenta también una previsión de las tendencias para los próximos años.

El capítulo que habla de Uruguay menciona que nuestro país se sometió al examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aceptó recomendaciones como la de combatir todas las formas de discriminación. En setiembre se ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU. Se enfocaron en cuatro temas : impunidad, derechos sexuales y reproductivos, condiciones de reclusión y derechos LGBT.

Respecto a la impunidad se destaca que en febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revocó dos artículos cruciales de la Ley 18.831 que establecían que los crímenes cometidos durante la dictadura eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. La SCJ concluyó también que “no se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante dicho periodo porque la legislación nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006 y, por lo tanto, estaban sujetos a prescripción”. Durante 2014 “apenas hubo progresos” respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de DDHH cometidas entre 1973 y 1985 sean investigadas exhaustivamente.

Sobre los derechos sexuales y reproductivos, el informe expresó preocupación por los requisitos obligatorios que establece la ley que despenaliza el aborto. Entre ellos están los cinco días de reflexión que se le exige a la mujer y la revisión del caso por parte de un grupo de expertos. Hiceron alusión al caso de la chica con discapcidad que estaba embarazada tras haber sufrido una violación y tuvo que viajar dede Salto a Montevideo porque en dicho departamento los médicos se negaron a realizarle el aborto alegando objeción de conciencia.

El tercer tema es el que refiere a las condiciones de reclusión, un tema que ya ha generado tensión. Recordemos que en mayo de 2014, el Comité de ONU contra la Tortura expresó preocupación porque dos tercios de la población reclusa de Uruguay está a la espera de un juicio. Manifestaron también inquietud por la atención médica en las cárceles, el suministro de agua, el saneamiento y la ventilación de las celdas.

En materia de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales se refirieron a los pocos avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres transexuales que ocurrieron entre 2011 y 2012.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
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2) 190 al seguro en Frigorífico Durazno
Empresario envió a 190 trabajadores al seguro de paro y enfrenta juicio por despido a peón rural.

Luis Rómboli (La Diaria)

El frigorífico Durazno (Frigocerro Sociedad Anónima), ubicado en Santa Bernardina, envió a la totalidad de su personal a seguro de paro. Se trata de 190 trabajadores que en su mayoría se desempeñaban en la faena de ovinos y vacunos. El propietario de la empresa es el contador Diego Ortiz, estanciero que fue denunciado ante la Justicia por la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) por el despido antisindical del peón Daniel Silvera, protagonista de uno de los spots de la campaña del Frente Amplio (FA) denominada “Uruguay cambió en mí”.

El presidente del Sindicato del Frigorífico Durazno (Sinfridur), Eduardo Maldonado, dijo a la diaria que hace tres meses le presentaron a Ortiz una propuesta de convenio colectivo que el empresario rechazó. El sindicato pretendía un aumento salarial de 30% debido a que “hace tres años que no suben los sueldos”, pero el dueño dice que “está trabajando a pérdida”, agregó. También le pidieron a Ortiz que aumentara el volumen de faena para mejorar los salarios pero éste aduce que perdió mercados internacionales importantes. Sin embargo, Maldonado está convencido de que “atrás” del envío del personal a seguro de paro “hay otra cosa”.

Representantes del Sinfridur se reunieron ayer con el diputado duraznense del FA Martín Tierno (Movimiento de Participación Popular), que junto con el nacionalista Carmelo Vidalín (Todos hacia Adelante) inició gestiones para entrevistarse con el estanciero. Ambos legisladores son candidatos a la Intendencia de Durazno y están en plena campaña electoral.

Tierno expresó que se trata de una “situación compleja” porque “la empresa tiene perspectivas de no volver a trabajar”. “Por un lado el empresario dice que tiene pérdidas económicas desde hace tres años y por otro los trabajadores dicen que si no tienen un aumento de 30% no van a acordar”, explicó. El diputado confirmó que hoy viajará a Montevideo con la intención de reunirse con Ortiz y con el futuro titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Juan Castillo (Partido Comunista). También dijo que intervendrá para que los trabajadores de Frigocerro sean recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de su cámara.

“Vamos a tratar de que la empresa ponga algunos números arriba de la mesa y plantearle al sindicato qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo por el tema del aumento. Estamos hablando de salarios muy bajos, el sindicato quiere un nuevo convenio y el empresario dice que no y les ha ofrecido 1% de aumento, algo que está muy lejos de lo que piden”, añadió Tierno.

Ortiz, que reside en la ciudad de Treinta y Tres, es propietario además de 14 establecimientos rurales, en uno de los cuales, ubicado en el paraje Punta de Carretera, departamento de Tacuarembó, trabaja Silvera, despedido por el empresario el 30 de diciembre, dos semanas después de haber firmado un acuerdo ante la Dinatra por deudas salariales. Ortiz adujo que el trabajador tenía bajo rendimiento, pero la UNATRA sostiene que se trata de un despido antisindical, porque Silvera es uno de los fundadores del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes) y porque protagonizó el spot del FA.

La UNATRA pidió el reintegro de Silvera, pero tras sucesivas audiencias ante la Dinatra en las que Ortiz no aceptó el reclamo, se decidió presentar una denuncia al amparo de la ley Nº 17.940 de Libertad Sindical. El martes tuvo lugar la primera audiencia en el Juzgado Letrado de 4º Turno de la ciudad de Tacuarembó. César Rodríguez, del Sipes, explicó que hubo declaraciones de testigos y presentación de pruebas y que el juez Homero Rivero ordenó una inspección a una de las estancias para corroborar la denuncia de que existirían animales que no están registrados por la trazabilidad y otros que “están en un predio pero figuran en otro”. Sin embargo, la pericia no fue realizada por el mal tiempo y se postergó para la semana próxima. Rodríguez manifestó que Ortiz sigue sosteniendo que Silvera fue despedido por “mala conducta” y por descuidar el ganado. El sindicalista confirmó que el video del spot de la campaña del FA está incluido en el expediente como prueba.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
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3) Sunca paró obra de regasificadora
Por contrato, la operadora de la planta debe pagar US$ 500 mil por cada día de retraso
(El Observador)

El Sindicato Único de la Construcción (Sunca) decidió ayer en asamblea parar por tiempo indeterminado la obra en la planta regasificadora, ante el envío de 150 trabajadores al seguro de paro por parte del contratista principal, la brasileña OAS. El gremio tomó la resolución porque el responsable de la operación de la planta, GNLS (el consorcio que componen GDF Suez y Maurbeni), no le “garantizó” al Sunca que una vez que se ponga fin al diferendo técnico que surgió sobre la ejecución del proyecto con el constructor, esos trabajadores recuperarán su fuente laboral, dijo a El Observador el dirigente del gremio de la construcción, Richard Ferreira.

En tanto, una fuente del Poder Ejecutivo informó a El Observador que las multas a las que se expone GNLS por no entregar la obra a tiempo “no son menores”. Por contrato, por cada día de rezago en la entrega final del proyecto GNLS debe abonar US$ 500 mil diarios y sin límite de tiempo. Por ejemplo, si la firma que operará la planta regasificadora por 15 años entrega la obra cuatro meses después del plazo límite previsto (diciembre de 2016), GNLS deberá abonar por concepto de multa unos US$ 60 millones.

En el gobierno no se maneja la posibilidad de que GNLS opte por abandonar el proyecto porque Gas Sayago tiene una garantía de depósito de US$ 100 millones, que perdería automáticamente. A esto se suma el dinero que la empresa ya desembolsó para ejecutar lo realizado hasta el momento, que es difícil de cuantificar aunque no es una “cifra menor”, aseguraron las fuentes.

Con este escenario, el Ejecutivo considera que GNLS encontrara una “rápida salida” a los diferendos técnicos que surgieron con OAS por la ejecución de la obra, ya sea con la rescisión del contrato con la firma brasileña o por la incorporación de otro constructor para seguir adelante con parte del proyecto, porque está en juego la rentabilidad que el consorcio GDF Suez-Marubeni espera obtener como operador de la planta. El contrato de GNLS con OAS ronda los US$ 500 millones.

Conflicto “pesado”
En las negociaciones que se desarrollaron entre el lunes y ayer, GNLS evitó “comprometerse” ante el Sunca a que los 150 trabajadores puedan ser reincorporados por otra empresa o por la propia OAS si se alcanza una solución al diferendo técnico por la ejecución del proyecto. Antes de resolver los envíos del seguro de paro, OAS tenía 700 obreros en actividad. El Sunca está al tanto de que GNLS contrató a una empresa que está evaluando el avance de obra que realizó el contratista principal, pero desconoce en qué términos se está negociando en paralelo con OAS.

Fuentes cercanas GNLS explicaron El Observador que OAS ofrecía a los obreros del Sunca cubrir “la diferencia” salarial que perdían los trabajadores que fueron enviados del seguro. El gremio estaba de acuerdo, pero pedía que GNLS firmara el arreglo y actuara como garante del mismo.

“GNLS le comunicó (al Sunca) que no correspondía la solicitud de garantía porque no corresponde y excede a la legislación vigente”, explicaron los informantes.

Agregaron que GNLS no tuvo “ninguna injerencia” en la decisión de OAS de recortar en 150 empleos su plantilla trabajadores.

Según informó Ferreira, mañana habrá una instancia de negociación con la firma brasileña OAS en el Ministerio de Trabajo, para intentar destrabar el conflicto.

En tanto, el Sindicato Único de Prevencionistas del Uruguay (Suprevu) resolvió, reunido en asamblea, “suspender” sus servicios de seguridad en el trabajo para esa obra, que son exigidos por normativa para la industria de la construcción. El secretario de ese gremio, Carlos Barcia, dijo a El Observador que en total son ocho los técnicos prevencionistas abocados a la obra civil de la regasificadora, de los cuales uno fue enviado al seguro de paro por parte de OAS junto con los 150 obreros del Sunca.

El gerente general adjunto de Gas Sayago (cuyos accionistas son ANCAP y UTE), Pedro de Aurrecoechea, declaró ayer a El Observador que a la empresa no le corresponde intervenir en el conflicto que se desató entre el Sunca, OAS y GNLS por la obra civil de la regasificadora. Asimismo, aseguró que los trabajos del gasoducto que OAS realiza por contrato directo con Gas Sayago, se están ejecutando con normalidad. En este caso la inversión es de unos US$ 60 millones. Gas Sayago espera que el gasoducto esté culminado para mayo, aunque debido al retraso que tiene la otra obra que ejecuta OAS en Punta de Sayago impiden que pueda entrar en operativa para este invierno con un barco “muleto”, como estaba previsto.

La semana pasada, el Sunca tuvo otro conflicto importante con ANTEL y las empresas constructoras que están a cargo del tendido de la fibra óptica al hogar. El ente de las telecomunicaciones tenía previsto “enlentecer” la ejecución de esa obra, lo que determinó el cese de 975 de los 3.000 obreros que hoy emplea el proyecto.

De inmediato, el Sunca paró la obras en todo el país por dos días y luego de una serie de negociaciones, ANTEL revisó su decisión y las empresas retomaron a 933 trabajadores el pasado lunes. En tanto, la reincorporación de los restantes 42 empleados estaba en negociación con la firma constructora Ebital en Rocha. Conflicto en gas
Los trabajadores de MontevideoGas realizarán un paro y se movilizarán mañana en frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de que sea intervenida de la compañía que gestiona la brasileña Petrobras. El gremio denuncia un aumento “abusivo” de las tarifas e irregularidades en la prestación del servicio. Pretende que ANCAP tome el mando de la empresa.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
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4) El sindicato de Ecolat espera por el gobierno
Pedro Clavijo (El País)

El sindicato de Ecolat advirtió que evitará el desmantelamiento de la planta de Nueva Helvecia, hoy cerrada tras el anuncio del grupo peruano Gloria de que abandonará Uruguay.

Christian Velázquez, dirigente del sindicato, dijo a El País que si bien «muchas veces la parte legal no nos respalda, vamos a impedir que desmantelen la planta». «¿Qué vamos a esperar, que quede todo pelado? Sabemos que quieren vaciar la empresa», advirtió. La maquinaria, comentó, «es muy valiosa» y está destinada a la fabricación de leche en polvo, larga vida, postres, yogures, manteca y queso.

El sindicato insiste en pedir a los trabajadores que no firmen los despidos a la espera de que el gobierno acerque alguna solución. La empresa no tiene comunicación hoy con el sindicato. «No nos atienden el teléfono», dijo Velázquez.

Ayer el sindicato realizó una asamblea frente a la planta en la que participaron representantes del Pit-Cnt, empleados del comercio de Nueva Helvecia y vecinos. Es que el impacto en la localidad coloniense de un eventual cierre definitivo de Ecolat sería muy fuerte. Los trabajadores de la planta cobraban entre $ 25.000 y $ 30.000 y eran de los mejor pagados de la localidad, explicó Velázquez. «Los trabajadores dejábamos el dinero en el pueblo porque no tenemos capacidad de ahorro», señaló.

Por ahora, las restantes empresas del sector lácteo no han mostrado disposición a tomar personal de Ecolat, algo que el sindicato había pedido. En la concentración frente a la planta de ayer había unas 300 personas que portaban banderas y que escuchaban temas musicales al lado de la carpa con sindicalistas que hace días está allí instalada.

A unas cuadras al este de allí, en el Club Universal sesionó el Plenario de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea que dejó en claro que si no hay avances en las negociaciones para que la planta vuelva a funcionar se consideraría un paro nacional de 24 horas en toda la industria láctea. También se analizó la posibilidad de que la federación brinde un apoyo económico a los trabajadores que perdieron su empleo. «Hay trabajadores que hacía 20 años que trabajaban en la planta y es lo único que saben hacer», advirtió Velázquez.

Heber Figuerola, directivo de la federación dijo a El País que el sindicato apoya la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que la empresa siga en el país, funcionando con 130 trabajadores en tanto que el resto se acogerían al seguro de paro extendido y recibirían cursos de capacitación. Figuerola fue muy duro con el grupo Gloria. «Es una locura lo que hicieron estos tipos. Se les dieron facilidades tributarias y ni el presidente sabía que se iban. Es un atropello. En Nueva Helvecia esto es algo muy sentido y no tiene que ver con posicionamiento político», enfatizó el sindicalista.

El Sunca (sindicato de la construcción), Untmra (metalúrgicos) y el Plenario Intersindical de Colonia, estuvieron presentes y dejaron su apoyo a los trabajadores de Ecolat. Julián Mesa, en nombre del comercio de Nueva Helvecia, no ocultó su preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo. «Nos preocupa el día después del cierre», admitió. «Ecolat es el pulmón empresarial de Nueva Helvecia y golpea mucho» señaló Mesa.

También estuvieron en el encuentro los diputados Daniel Bianchi (colorado) y Óscar Andrade (Frente Amplio) así como la exalcaldesa de Nueva Helvecia María de Lima.

Regulación.

El sindicato se aferra a que el alza reciente de la leche se consolide y brinde otras perspectivas al sector lácteo. Y también pide una mayor regulación al ingreso de multinacionales al sector lácteo. El dirigente Jorge Beschizza, dijo que «las empresas multinacionales deben tener un compromiso con el país y lo que es la industria porque no es cuestión que vengan hoy y mañana se quieran ir». El sindicato quiere reunirse con el presidente electo Tabaré Vázquez para plantearle sus posiciones.

En el sector hay rumores de que Lactalis, la empresa francesa que recientemente compró las queserías de Indulacsa en Salto y Cardona, estaría en conversaciones para comprar no solamente Ecolat sino también una importante firma de San José y alguna otra empresa y de ahí la preocupación sindical. «Hay que defender la industria instalada y que las multinacionales tengan compromisos con la negociación colectiva, con la creación de una cuenca de productores y con sumar valor agregado», consideró Figuerola.

El año empezó mal para la exportación
En enero de este año las exportaciones de lácteos que cayeron en 2014 un 9,2% frente a 2013 se derrumbaron 52,3% frente al mismo mes de 2014 como consecuencia del desplome de los precios (pasaron de US$ 88 millones a US$ 42 millones). En 2014 Venezuela pasó a ser el primer mercado para los lácteos uruguayos, lugar del que desplazó a Brasil que pasó al segundo puesto. Los siguientes destinos son Rusia, China y Argelia. En enero los lácteos representaron el 7,5% de los ingresos por exportaciones de Uruguay.

El sindicato cree que los bajones son «cíclicos»
La federación de sindicatos de la industria láctea no considera que el sector lácteo pase por una situación particularmente complicada y destaca que la leche en polvo ha recuperado 19% de su precio. «La industria es cíclica, no vemos ninguna alerta», dijo el sindicalista Heber Figuerola. «El mercado interno se mantiene porque hay un buen poder adquisitivo y el país está creciendo», comentó.

Si bien hay reestructuras en marcha en el sector, estas se vinculan al crecimiento del sector, considera Figuerola. Un caso es el de la empresa Pili que obtuvo financiamiento por US$ 25 millones para trasladar su planta del centro de la ciudad de Paysandú a otro predio para incrementar su producción de queso para la exportación, mencionó Figuerola aunque reconoció que «el sector tiene que seguir creciendo y mejorando su competitividad». «No hay una receta y hay que trabajar con el aporte de todos», reflexionó.

Algunos actores del mercado advierten que hay pocos mercados para los productos uruguayos y que la venta de quesos está muy concentrada en Venezuela. Ingresar a China se hace difícil por la competencia de Australia y los quesos estadounidenses desplazaron a los uruguayos de México.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
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5) Cachete con cachete
Facundo Franco, Débora Quiring (La Diaria)

Director de Cultura de la IM molesto con manejo del Ejecutivo entrante sobre entregar concesión del Teatro de Verano a DAECPU.

La idea de que los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU) gestionen el Teatro de Verano de Montevideo no es nueva y estuvo fuertemente en agenda hace un año. Las reiteradas y abundantes lluvias que ocurrieron entre fines de enero y principios de febrero hicieron que se debieran suspender varias etapas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y actuaciones en los tablados montevideanos. Además de extender el concurso por más semanas de lo previsto inicialmente, las lluvias generaron pérdidas económicas, tanto para los murguistas como para los dueños de los tablados.

En un encuentro que el presidente electo Tabaré Vázquez mantuvo con integrantes de DAECPU a mediados de enero, el futuro mandatario aseguró que trabajaría para “convencer” al próximo intendente de Montevideo para que cediera el Teatro de Verano durante 30 años a la gremial de carnavaleros. Pese a que el carnaval 2015 no fue tan lluvioso como el del año pasado, los dichos de Vázquez volvieron a poner el tema en el tapete. En una entrevista con la revista Galería, el presidente del gremio, Enrique Espert, dio como un hecho el acuerdo y aseguró que tiene “un proyecto que le va a dar el presidente [en alusión a Vázquez]”. “Me van a dar el Teatro de Verano. El teatro es una vergüenza, la luz está enganchada de la UTE. Si arreglamos cuando entre Tabaré, lo primero que hago es agarrar un par de empresas constructoras y hacer los proyectos”, señaló Espert.

Forma y contenido

Héctor Guido, director del Departamento de Cultura de la IM (dependencia responsable de la gestión del teatro) e integrante del Espacio 609 (Frente Amplio, FA), aseguró que la información que está trascendiendo es “absolutamente fuera de lugar, de las normas y de las competencias”. Expresó que el Teatro de Verano no tiene -en la actualidad- otros interlocutores que no sean la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y él, como director de Cultura.

“Las reuniones que se realicen amistosamente, con compromisos que se fijan por fuera de las normas y las reglas establecidas dentro de lo constitucional -y las competencias del Ejecutivo y lo departamental-, no corresponde que se vuelvan públicas. Y por supuesto que es absolutamente inaceptable que se realicen fuera de los organismos correspondientes”, aseguró el jerarca. Además, cree que Vázquez se equivocó cuando hizo público su deseo de que DAECPU dirigiera el teatro. “Como frenteamplista primero voté un programa, luego al FA y finalmente a su candidato. En este caso se invierte el orden, y se impone la autoridad de la persona por sobre la organización política y el programa. En ninguna parte de este programa figura que nosotros dispondremos de forma autoritaria de los espacios públicos”.

Guido insistió en que si existe alguna propuesta, es necesario discutirla “como todo lo público”, ya que el Teatro de Verano “no depende de quien sea más amigo de alguien. Si cada uno les da a sus amigos las direcciones, el Solís sería de SUA [Sociedad Uruguaya de Actores] o FUTI [Federación Uruguaya de Teatros Independientes], y así sucesivamente”. Con respecto a esto, reconoció que la gran inversión del ciudadano en la institución se desarrolla en carnaval, pero luego se complementa con los productores privados, quienes “ocupan un lugar imprescindible en la producción y oferta artística de Montevideo”, y por esto considera que no pueden permanecer ausentes de la discusión.

Reflexionando en torno al asunto, el director estimó que “esto demuestra la absoluta postergación, por parte de los dirigentes políticos, de lo que implica la gestión cultural, manejada en ámbitos absolutamente inapropiados. Yo nunca fui a la sede de DAECPU para discutir lo político, sino que los convenios con DAECPU se discutieron en el despacho del Departamento de Cultura. No concibo otro espacio institucional que no sea la IM para discutir los fines y los destinos del Teatro de Verano”, precisó.

Con respecto a la denuncia de Espert sobre el estado actual de la institución, Guido sostuvo que acusa a la IM “cuando en verdad hace recibo del uso y abuso del teatro, cuyo aparato funciona exclusivamente por el orden público. Tanto la plaza de comida como el escenario, los funcionarios y las horas extras, van a cuenta y costo de la IM, o sea, de los montevideanos, quienes le brindamos millones de dólares para que exista el carnaval. Porque la infraestructura de carnaval no la paga DAECPU sino exclusivamente los montevideanos”. Por último, enfatizó que la comuna y el Departamento de Cultura se mantienen “ajenos a las presiones o convenios paralelos que existan por otro tipo de vínculos”, y que le parecen “absolutamente inapropiados”.

Posibilidades

Consultada por la diaria, la candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por el FA Lucía Topolansky dijo que “escuchó lo que dijo Tabaré [Vázquez]” pero que aún “no tuvo tiempo de estudiar ese tema”. La actual senadora aseguró que la IM “es como un almacén de ramos generales”, y que la propuesta de DAECPU no es la principal preocupación de su campaña, que sí constituyen temas “complejísimos” como el tránsito y el transporte. Topolansky aseguró que si gana la IM “estudiará” la propuesta de Vázquez, al tiempo que recordó que existe “autonomía municipal” y que lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es, después de mayo, plantearle la propuesta al candidato que gane.

La también candidata por el FA Virginia Cardozo fue enfática y dijo que está “absolutamente en contra” de darle la concesión del teatro a DAECPU durante 30 años. Además, aseguró que si la propuesta se concreta se volverá “totalmente contraproducente para el carnaval”, que debe ser “propiedad de todos” y una de las formas de asegurarlo es que el teatro siga siendo administrado por la IM. Consultada por la propuesta de DAECPU dijo tener “una idea” y que “ha escuchado” sobre ella pero advirtió que su postura “es una concepción que va más allá del proyecto puntual”. Cardozo también evaluó que “además de para el carnaval [el teatro] tiene otro rol para la ciudad de Montevideo” y es importante para el acceso a la cultura.

Óscar Curutchet, edil por el Frente Liber Seregni y primer suplente en la lista que encabeza el tercer candidato del FA a la comuna, Daniel Martínez, dijo que en el equipo del candidato aún no han tomado una postura sobre la propuesta del futuro presidente. Si bien admitió que personalmente tiene una opinión contraria a la iniciativa, señaló que “seguramente haya distintas posturas” entre los integrantes del equipo. Curutchet dijo además que es un tema de gestión y que será considerado en caso de que Martínez gane en la elección departamental.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
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