1) Ecuador: Gobierno abre concurso para más de 3000 radios FM en medio de la crisis del COVID19 /Observacom
2) Uruguay: In Memoriam de José Washington Rodríguez Rocca
3) Uruguay: Luis Parodi renunció a la dirección de la cárcel de Punta de Rieles
4) El mercado de los ejércitos privados se extiende en el mundo /Cecilia Pérez
5) Corte Penal Internacional (CPI) y contraofensiva del Estado de Israel /Luis E. Sabini Fernández
_______
“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
_______
1) ECUADOR: GOBIERNO ABRE CONCURSO PARA MÁS DE 3000 RADIOS FM EN MEDIO DE LA CRISIS DEL COVID19
Observacom /Ecuador, 25 de mayo de 2020
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recientemente anunció la apertura del proceso de concurso de frecuencias para radios FM para medios comerciales y comunitarios a nivel nacional.
Se concursará el uso de más de 3000 frecuencias, de las cuales unas mil son para medios comunitarios, de acuerdo con las bases publicadas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Sin embargo, apenas una estará disponible en la capital, Quito.
El concurso para postular a una concesión de radio comunitaria tiene requisitos distintos al de las radios privadas, por lo que ambos sectores no competirán entre sí. En todos los casos, se analizarán aspectos técnicos, el plan de gestión y el de sustentabilidad financiera. No se evaluarán los contenidos de la programación.
Entre los requisitos se solicita a los medios privados comerciales detallar la cantidad de empleados, su remuneración y la participación de utilidad de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. Este requisito no aplica en el caso de los medios comunitarios.
De acuerdo con el cronograma aprobado, la presentación de solicitudes será solamente hasta el 15 de junio. ARCOTEL tendrá tiempo hasta el 15 de julio para revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos, para luego pasar a la etapa de determinación de la demanda y conocer qué frecuencias pasan a un proceso de adjudicación simplificado (si la demanda es menor a la oferta, es decir, que hay menos interesados que frecuencias disponibles) o a un proceso público competitivo (si la demanda es mayor a la oferta).
El anuncio de resultados está previsto para mediados de septiembre y la suscripción del título habilitante e inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones se haría en octubre, a partir del cual podrían comenzar a operar.
Este llamado a concurso de ARCOTEL se realiza luego de que la Contraloría ordenara anular los concursos de radio y TV convocados en 2016 y realizar un análisis caso por caso de la las 221 frecuencias asignadas en ese momento.
El año pasado ARCOTEL ya había abierto la convocatoria de concurso público para adjudicar frecuencias de televisión (analógica y digital) para medios privados y comunitarios en cuatro provincias. Esto había generado críticas desde el sector comunitario que demandó una convocatoria específica para la creación de radios comunitarias en todas las provincias del país.
Observacom
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
_______
2) URUGUAY: IN MEMORIAM DE JOSÉ WASHINGTON RODRÍGUEZ ROCCA
Haciendo memoria y rindiendo homenaje a las mujeres y a los hombres que siguen siendo ejemplo para la historia.
María José Rodríguez /Oiga hermano, hermana /22 mayo 2020
JOSÉ WASHINGTON RODRÍGUEZ ROCA – «PETACA»
Fecha de nacimiento: 08/11/42
¡Siempre Presente!
El Compañero José Washington obrero de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima «FUNSA», sale de Uruguay un 13 de abril de 1973,
El día viernes 13 de abril abordó un vuelo de la compañía aérea Pluna, con destino a Buenos Aires, junto a dos compañeros de la organización en la que militaba MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros).
En Buenos Aires (República Argentina) se encontraron con tres compañeros más, quienes habían llegado el día anterior y se dirigieron al norte Argentino para cruzar la frontera hacia Chile.
Ya en Chile, entabló contactos para trasladarse a Cuba, en donde estuvo hasta el año 1976, fecha en la cual partió hacia Italia con destino a Colombia para integrarse al Movimiento 19 de Abril, M-19.
Durante los años 1977 y 1978 estuvo en Cali, Valle del Cauca, enseñando algunas técnicas. El compañero José Washington «Petaca», fue muy cercano a Germán Rojas Niño «Raulito» y al «Costeño».
Algunos compañeros de esa época coinciden al afirmar que pierden la pista de José, entre los años 1978/1980.
En 2019 recibo el testimonio de un compañero de Caquetá, quién me cuenta, que mi papá cayó en combate a comienzos de 1982, en un campamento cerca del Caño San Pedro, el comandante era Conrado Marín. Mi papá había llegado desde la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, con una compañera con material para la Comandancia.
En 2020 establezco comunicación con otro compañero, quién me cuenta, que vio a mi papá en un campamento en Caquetá en marzo de 1980.
Al día de hoy estoy trabajando en la búsqueda de compañeros que me puedan aportar información sobre que le ocurrió, quiero saber de sus últimos años, así podré completar este puzle, que es la vida de mi papá.
Sin conocerlo estoy muy orgullosa de él, de su convicción e ideales, de pelear por un vida digna con igualdad de oportunidades para cada uno de nosotros.
¡No bajo los brazos, mi papá no merece quedar en el olvido!
María José Rodríguez /Oiga hermano, hermana
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
_______
3) URUGUAY: LUIS PARODI RENUNCIÓ A LA DIRECCIÓN DE LA CÁRCEL DE PUNTA DE RIELES
Petit lo definió como un “referente” para quienes apuestan a sistemas carcelarios orientados a la rehabilitación y la educación.
La Diaria /23 de mayo de 2020
La Unidad 6 de Punta de Rieles es considerada una “cárcel modelo” en Uruguay. Es una cárcel en la que no se registran homicidios, el nivel de conflictividad es bajo y se estima que la reincidencia de quienes pasan por el centro penitenciario es muy inferior a la del resto del sistema.
Su director, Luis Parodi, referente en materia carcelaria, cesó su gestión, que había comenzado en 2014. Parodi trabaja con personas en conflicto con la ley desde 1987. Tras un largo pasaje por el sistema penal adolescente, pasó en comisión en 2012 al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Ocupó la subdirección técnica de Punta de Rieles y dos años después pasó a la dirección.
Implementó un modelo que rompió con los esquemas del sistema penitenciario y generó resultados evidentes. El más visible: no hay letalidad.
En la cárcel hay casi 600 personas privadas de libertad que circulan por las 38 hectáreas que ocupa la cárcel. La mayoría de los funcionarios son civiles. Las personas privadas de libertad estudian o trabajan. En la cárcel funcionan 52 emprendimientos productivos. Hay un sistema de préstamos, los presos están incluidos financieramente, pueden agremiarse y pueden tener celular. Los conflictos se dirimen por medio de la palabra, y la presencia de armas blancas es causal de traslado.
En una entrevista con la diaria en setiembre de 2018, Parodi definía a Punta de Rieles como “un balcón en un sótano”. “Es estar de acuerdo con algunos valores ideológicos y ser consecuente con ellos. Es un lugar que se parece al afuera, donde se respetan los derechos. Hay una obsesión con el aprendizaje. Sostenemos dos principios básicos: no humillamos y no sometemos. Otro pilar es que el Estado tiene la responsabilidad ética de ofrecer a todos sus ciudadanos lo más posible. Lo que está en juego es la vida de esta gente, que son uruguayos que están jodidos. Tenemos que hacer que lo que hagan en la cárcel les sirva para algo. Ese algo tiene una intención: ‘que no jodan más’. Después ellos harán o no. Pero la institución tiene que saber lo que quiere con ellos; si yo no quiero que robes más, tengo que hacer algo para lograrlo”, decía, además de sostener que el eje principal es “salir de la lógica del castigo”.
En su carta de renuncia, explica que en “la situación actual de coronavirus, dada mi edad, no estoy en condiciones de cumplir con los compromisos institucionales que abarcan a las personas privadas de libertad, a sus familias, a los compañeros de trabajo (policías y operadores penitenciarios) y a las autoridades que me sostuvieron durante todos estos años”. Por esta situación, afirma, éticamente se siente “obligado” a presentar su renuncia. “Durante estos años hicimos todos los esfuerzos para poder llevar adelante un proyecto que tuviera como eje el respeto absoluto de los derechos humanos, intentando que estos sujetos puedan ejercer su ciudadanía de forma responsable”, explica. Y agrega que “esta propuesta se sostiene con los 52 emprendimientos productivos, los proyectos educativos y culturales, con la educación formal, con la participación de diversas facultades, iglesias y organizaciones de la sociedad civil”.
“Esta propuesta siempre estuvo abierta a recibir todas las formas de ver el mundo con la condición excluyente de que no humille ni someta. En este entendido pasaron en estos años por Punta de Rieles muchas personas que fueron dejando su huella”, expresa. Finalmente, dice que “esta propuesta fue sostenida en una fuerte presencia de la autoridad, tanto en ideas como en horas de trabajo de la dirección”, y por eso entiende que debe dar un paso al costado.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que Parodi “va a quedar en alguna área de asesoramiento del INR en materia carcelaria”. “Vamos a seguir contando con su presencia, no en Punta de Rieles, pero sí trabajando en coordinación con la ejecución de toda la política del INR”, comentó en conferencia de prensa.
Por su parte, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo a la diaria que prefiere “esperar hasta que termine este proceso y quede claro si Parodi continúa o no en otro rol”. Sobre su trabajo, manifestó: “Es un símbolo inspirador y un educador absolutamente extraordinario, hay que respetar su reflexión y silencio hasta que esto se dilucide; más allá de eso, es un referente para todos los que imaginamos un sistema carcelario orientado a la rehabilitación y la educación, no hay duda alguna”
La Diara
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
_______
4) EL MERCADO DE LOS EJÉRCITOS PRIVADOS SE EXTIENDE EN EL MUNDO
Antes de que Silvercorp desembarcara en Venezuela, las empresas estadounidenses que ofrecen servicios militares han actuado en distintos países en las últimas décadas.
Cecilia Pérez /La Diaria, 23 de mayo de 2020
“Estaban trabajando conmigo. Esos son mis muchachos”, dijo el dueño de la empresa estadounidense Silvercorp, Jordan Goudreau. Se refería al grupo de hombres armados que desembarcó días atrás en Venezuela con el plan de capturar y llevar a Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro. Dijo también que Silvercorp se encargó de idear y llevar adelante ese ataque, la “operación Gedeón”, y que su empresa de “soluciones de seguridad” fue contratada por la oposición venezolana.
Las declaraciones de Goudreau son inusuales, así como las características de la fallida operación Gedeón. Pero las empresas que ofrecen servicios militares, incluso el de mercenarios, han sido contratadas para trabajar en distintos países y situaciones.
En Estados Unidos, ese tipo de servicios son legales, a tal punto que han sido contratados por el Estado para actuar en conflictos y guerras en los que se involucró el país. Durante el gobierno de George W Bush fueron muy utilizados para las guerras de Afganistán y de Irak, lanzadas en 2002 y 2003.
En el caso de Irak, estas empresas “contratistas de seguridad” se encargaron de proteger la llamada zona verde de Bagdad, donde se encontraban los servicios diplomáticos extranjeros, aseguraron el traslado de autoridades estadounidenses por el territorio de ese país, cuidaron la seguridad de empresas petroleras que se beneficiaron con contratos para explotar el petróleo iraquí y actuaron como un ejército tercerizado.
El nombre Blackwater
Fue por su actuación en Irak que se hizo conocida en el mundo una de esas empresas, Blackwater, fundada por Erik Prince, que al igual que Goudreau es un ex militar estadounidense. El 16 de setiembre de 2007 mercenarios de Blackwater atacaron en Bagdad la plaza Nisoor cuando estaba repleta de civiles. Mataron a 14 personas y dejaron varios heridos.
Dijeron que debían garantizar la seguridad de un convoy estadounidense que pasaría por allí y que fueron atacados. No era cierto. Se pudo comprobar en un juicio que no enfrentaban ninguna amenaza cuando dispararon contra esas personas desarmadas. Uno de sus empleados fue condenado a cadena perpetua y otros tres recibieron una sentencia de 30 años de cárcel en un proceso judicial que tuvo idas y vueltas.
En 2019, el fundador de Blackwater, la principal empresa de servicios de seguridad y mercenarios, reclutó ex espías para que vigilaran a sindicatos y equipos de campaña de candidatos demócratas al Congreso, según informó _The New York Times_.
Después de ese incidente, Blackwater cambió su nombre a Xe Services, y más tarde pasó a llamarse Academi, pero se mantuvo siempre bajo el liderazgo de Prince. Siguió prestando los mismos servicios y se convirtió en una de las principales empresas de su tipo, con miles de empleados.
Según informó en 2019 el diario The New York Times, Prince se encargó también de otro tipo de servicio. En los últimos años reclutó a ex espías para que utilizaran sus tácticas en Estados Unidos contra organizaciones progresistas, sindicatos y campañas de congresistas del Partido Demócrata. Las operaciones fueron dirigidas en este caso por un grupo conservador, Proyecto Veritas, y el objetivo era conseguir información que permitiera desacreditarlos. Uno de sus blancos, señaló el periódico, fue la Federación Estadounidense de Profesores, y otro, la candidata a congresista demócrata Abigail Spanberger.
Si bien The New York Times no estableció un vínculo entre estas acciones y el gobierno de Donald Trump, a cuya campaña aportó fondos Prince, recordó que la ministra de Educación, Betsy DeVos, es hermana del fundador de Blackwater (DeVos es el apellido de su esposo) y que el creador de Blackwater asesoró a la administración actual durante la transición. También recordó que el Departamento de Justicia investiga si Prince le mintió a la comisión del Congreso que investiga los supuestos vínculos de la campaña electoral de Trump con Rusia.
Debates iniciados
La empresa de Prince es la más conocida, aunque no es la única en su área ni tampoco la única que tuvo incidentes de este tipo, aunque en otros casos no se llegó a una condena judicial.
Otras firmas que ofrecen servicios de seguridad militar son la británica Aegis Defense Services, que también operó en Irak, y las estadounidenses DynCorp, fundada en 1946 y especializada en servicios de aviación militar, y Triple Canopy, formada por ex integrantes de las fuerzas especiales de su país.
Los asesinatos de civiles en la plaza Nisoor no frenaron esta industria ni tampoco a Blackwater, aunque tuvieron repercusiones. El gobierno de Irak le impidió operar en el país y en 2010 el entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, le prohibió a esta empresa y a otras siete similares actuar en territorio afgano.
Lo ocurrido en Irak también contribuyó al debate sobre la presencia de este tipo de empresas en las guerras. Se ha discutido qué estatus tienen sus empleados como combatientes, porque no integran ejércitos de ningún país pero combaten con armas y equipamiento de guerra. Se puso sobre la mesa que los mecanismos de control que tiene un gobierno –el de otros poderes del Estado, el contrapeso de la oposición y la vigilancia de la opinión pública– no se transfieren a estas empresas, en particular si se tiene en cuenta que actúan en el extranjero, muchas veces en el marco de conflictos que impiden que las autoridades locales puedan incidir, y con escasa transparencia.
Negocios armados
También se debatió hasta qué punto los estados se hacen cargo de sus políticas de defensa cuando se las encargan a privados, y sobre la protección que les brindan a estos combatientes los convenios firmados entre gobiernos.
Empresas contratistas de seguridad actuaron, por ejemplo, en el marco del Plan Colombia, que comenzó en 1999, y en la Iniciativa Mérida, que se puso en marcha en 2008 en México.
En los dos casos se trató de acuerdos en los que Estados Unidos transfería recursos –mediante capacitación, armas, logística, inteligencia– para combatir el narcotráfico.
Son numerosos los informes que concluyen que la mayoría de esos recursos fueron a manos de empresas privadas estadounidenses. “Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, decía en 2011 a la BBC el entonces presidente del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
Además de habilitar estas prácticas con los recursos destinados a apoyar a otros países, Estados Unidos encuentra otras ventajas en los contratistas. Le permiten tercerizar responsabilidades, y le evitan la necesidad de mantener un ejército permanente más amplio, que responda a situaciones más diversas. Es la empresa la encargada de contratar a las personas que se necesiten, de entrenarlas –aunque es frecuente que recluten ex militares para ahorrarse ese paso– y de lidiar con su muerte en caso de que ocurra. Al Estado sólo le queda encargar la tarea y pagar por los servicios.
En 2009, una comisión parlamentaria estadounidense estudió contratos por 45.000 millones de dólares que el Estado había pagado a empresas de seguridad privada que actuaron en Irak y Afganistán.
En un artículo publicado por El Orden Mundial se estima que las empresas militares y de seguridad privada –incluyendo los servicios más comunes en las ciudades: los de guardias de seguridad, de alarmas, de guardaespaldas– mueven en el mundo 161.000 millones de euros al año, unos 176.000 millones de dólares.
En 2009 se conoció un informe de la Comisión de Contratos de Guerra del Congreso estadounidense. Según sus conclusiones, no se podía establecer cuánto había pagado el Estado a empresas de seguridad privada que actuaron en Irak y Afganistán en 2008, pero los contratos que estudió la comisión equivalían a 45.000 millones de dólares.
Orígenes y destinos
De acuerdo con el informe de la comisión parlamentaria estadounidense de 2009, esos contratos involucraban a 15 empresas y 240.000 personas. Aunque las empresas eran estadounidenses, sólo 20% de los empleados contratados lo eran. El otro 80% se repartía entre quienes fueron reclutados en el lugar donde estaban desplegados y quienes provenían de otros países.
Una subsidiaria de Blackwater, ID Systems, contrató personal en Colombia en varias ocasiones. Con varias décadas de conflicto, y un ejército entrenado con la colaboración de Estados Unidos –y sus contratistas de seguridad–, allí encontraron personas que no requerían entrenamiento para actuar como mercenarios, en muchos casos ex militares. En 2006 la revista Semana publicó el testimonio de un ex capitán y un ex teniente del Ejército de Colombia que denunciaban que fueron estafados por una empresa que los contrató para brindar servicios de seguridad en Irak. Los ex militares dijeron que debieron trabajar más horas de las convenidas, por un sueldo inferior al que les prometieron, y en tareas que no estaban previstas en su contrato. Además, no tenían posibilidad de dejar Irak por su cuenta, explicaron.
Años después, en 2011, un columnista de esa revista, Daniel Coronell, citaba un artículo de The New York Times acerca de la presencia de mercenarios colombianos en Emiratos Árabes. Habían sido reclutados por la misma empresa que antes buscaba personal para enviar a Irak, ID Systems. Pero esta vez los reclutados no eran militares, sino civiles que fueron entrenados por el contratante en Colombia, incluso en instalaciones militares de ese país. “No es política institucional auspiciar empresas, facilitar instalaciones o participar en entrenamientos de contratistas que presten servicios de seguridad en otras naciones”, respondió el Ejército en un comunicado citado por la BBC, pero no negó que esto hubiera ocurrido.
Las empresas de seguridad que requieren personal para combatir en el exterior como mercenarios también han reclutado empleados en Chile, Honduras y El Salvador, entre otros países. Los lugares en los que se despliegan estos ejércitos privados también son variados. Hay reportes sobre su actuación en conflictos como los de Yemen o Libia, por ejemplo.
A la lista de países ahora se sumó Venezuela, y a la de contratantes –que incluye estados, multinacionales que buscan servicios de seguridad (a veces para proteger proyectos extractivos que encuentran resistencia) y grupos políticos como Proyecto Veritas– parece haberse sumado la oposición venezolana. Al menos eso es lo que reconoció Juan José Rendón, que hasta la semana pasada era asesor del dirigente opositor Juan Guaidó y que a raíz de este escándalo se vio obligado a renunciar. Rendón dijo a CNN que contrató a Silvercorp para que explorara formas de sacar del poder a Maduro, aunque aclaró en que no acordó la operación Gedeón.
Rendón dijo que le pagó de su bolsillo 50.000 dólares a Silvercorp. Según un informe publicado por el diario colombiano El Tiempo, cuando los mercenarios que trababan para Goudreau desembarcaron en Venezuela, el titular de Silvercorp y Rendón estaban negociando otro contrato por servicios de la empresa, esta vez por 250 millones de dólares, una cifra muy superior incluso a la recompensa de 15 millones que Estados Unidos ofrece por el presidente venezolano.
Cecilia Pérez /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
_______
5) CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) Y CONTRAOFENSIVA DEL ESTADO DE ISRAEL
Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/
Si nos dejamos llevar por el periodismo platense, regional y masivo, vamos a introducirnos en una materia estratoférica o galáctica. Sin embargo, trata de usted lector, de mí, de nuestra sociedad, de Occidente…
Desde 2015, cuando ingresó a la Corte Penal Internacional un legajo que acusaba al Estado a Israel de crímenes de guerra contra la población palestina, pasaron casi 5 años, y los jueces de la corte, que cuenta con Fatou Bensouda, una eminencia judicial que ejerce como fiscal de la corte y ha sido considerada entre los cien seres humanos más importantes de nuestro presente, no terminaban su dictamen.
Algunos “signos” preocupaban a EE.UU. e Israel. Que, por ejemplo, se analizara la mera posibilidad de crímenes a sangre fría, como los acontecidos durante las “Marchas por la tierra” que palestinos llevan a cabo desde el 30 de marzo de 2018, sin armas, sin siquiera piedras, y que los israelíes decidieron disolver con violencia y francotiradores que han arrojado la friolera de cientos de muertos, muchos niños entre ellos, y decenas de miles de heridos, sobre todo tullidos, por la política de balear tobillos.(1) Pero en la medida que los informes y análisis de la CPI durante todos estos años se dedicaban a contrapuntear, por ejemplo, los muertos provocados por ataques mediante bombardeos y artillería de tanques israelíes y los generados por las escuálidas incursiones de algunas organizaciones palestinas como Hamas o Yihad, o pasar revista a los mismos palestinos reprimidos por la ANP, (2) el “desarrollo de los acontecimientos” no alarmaba demasiado al eje Israel-EE.-UU.-R.U.
Pese a que la disparidad del poder de fuego, por ejemplo, o el mero cotejo de víctimas da una aplastante superioridad militar, sanitaria, de infraestructura para Israel en relación con el dañado, asediado, estrangulado, fragmentado, pueblo palestino y pese a que se trata de forcejeos de población ocupada contra ejército ocupante, la CPI ha encarado algunos de sus análisis como lucha entre dos adversarios, contendientes, tácitamente equiparables.
Han llegado incluso a sopesar la suficiencia del sistema jurídico israelí para corregir los posibles excesos de sus militares, algo con lo que no se cuenta del lado palestino.
Eran prolegómenos preocupantes, señalados en un excelente análisis por Maureen Clare Murphy (3) que parecieron culminar cuando ya muy a fines de 2019, la CPI decidió no abrir una investigación sobre al asesinato de tripulantes turcos de una nave que viajaba con vituallas hacia la Franja de Gaza en 2010 y fue violentamente abordada. (4)
Pero finalmente, en enero del corriente año, Fatou Bensouda emitió un dictamen que en sus tramos decisivos reza: “Creo firmemente que hay fundamento razonable para proceder con una investigación en Palestina, de acuerdo con el artículo 53 -1 del Estatuto. En resumen, creo sin duda que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en la Margen Occidental, incluyendo Jerusalén y la Franja de Gaza […] y por último no hay razones de peso para creer que una investigación como la propuesta no vaya a servir los intereses de la justicia.” (5)
Tras cinco años de espera, aguante, dudas, equilibrios imposibles, la Corte Penal Internacional toma en su jurisdicción las atrocidades cometidas contra los palestinos por los gobiernos de Israel y EE.UU.
Y aunque ni nos hayamos enterado, los gobiernos de EE.UU. e Israel han estallado en improperios contra semejante desenlace.
Cuando la situación era inminente, a fines de 2019, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, declaró a través de un comunicado oficial: «Nos oponemos firmemente a ésta y cualquier otra acción que busque atacar a Israel injustamente». (6)
Palabra de más. Porque EE.UU., debido a su total dependencia de Israel, se va a oponer a cualquier acción contra Israel, sea ella justa o injusta.
“Naturalmente”, también Israel rechaza dicha investigación.
La posición israelí es la característica de los regímenes totalitarios, que a diferencia de los regímenes con derecho liberal, en que se presume a toda persona inocente salvo que se demuestre lo contrario, parten de la base opuesta; todos son culpables o pasibles de cargos (salvo que pudiera demostrarse lo contrario).
Nos “explica” Avigdor Lieberman perteneciente a la cúpula israelí: en Gaza «no hay gente inocente» y «todo el mundo está afiliado a Hamás». (7) Con tales “fundamentos”, los soldados israelíes tienen licencia para matar a cualquier palestino (en realidad a todos, pero cuesta).
Respecto del juego que se hace en la cancha grande, hay un detalle: ni EE.UU. ni Israel constituyen la CPI. Por eso, en enero último, Alemania −desde 1945 tan servicial a los planteos de organizaciones judías para borrar todo lo que pueda entenderse como antisemita− se presenta como amicus curiae de Israel, para plantear en la corte una impugnación contra su derecho a discutir si había crímenes de guerra en los “Territorios Ocupados”, designación que, pese a todo, proviene históricamente de la ONU.
El planteo alemán era, curiosa y penosamente, una invocación a la impunidad. La CPI lo ha desechado.
Y henos aquí, en pleno 2020, con una investigación en marcha para conocer el porqué de tantos muertos palestinos por realizar acciones no violentas: defendiendo su hogar a punto de ser desalojado o derribado, reclamando la tierra robada, sin armas ni piedras, con solo banderas, y tantas otras muertes abusivas por el estilo.
Así ve el The Times of Israel la situación: “La alharaca [sic] de la CPI puede liquidarse en pocos meses con la decisión de la Corte de que no tienen jurisdicción para negociar el conflicto palestino-israelí y simplemente cierran el caso.
No es ninguna sorpresa que los palestinos hayan aplaudido la decisión de la fiscal Fatou Bensouda como si fuera el principio del fin de la impunidad israelí, en tanto el gobierno israelí la denunció como ultrajante, absurda e ilegal de acuerdo con la ley internacional. Netanyahu fue tan lejos como para calificarla de ‘antisemitismo puro’.” (8) Tengo para mí que la fiscal Fatou Bensouda, gambiana, tomó todos los recaudos imaginables, y algunos más, para decidirse a plantear una demanda contra el omnipresente Estado de Israel. Si mi hipótesis es correcta, el insulto de Netanyahu no hace sino refrendar su precaución.
Ante este revés institucional, en nuestras tierras platenses con gobiernos recién estrenados, tenemos actos que uno no puede dejar de asociar con el traspié en la CPI.
En diciembre 2019 un experto italiano, Emanuele Ottolenghi, italiano residente en EE.UU., integrante de la Fundación para la Defensa de la Democracia, viajó a Argentina para advertir al flamante presidente Alberto Fernández que mantuviera ‘la excelente decisión’ de Mauricio Macri, que a mediados del año anterior, antes de terminar su período presidencial, aceptó la sugerencia de ‘ampliar el registro de organizaciones terroristas e incluir entre ellas, a Hezbollah’.
Con la visita de Ottolenghi, el gobierno israelí y sus redes internacionales le recordaron al nuevo presidente argentino la conveniencia de seguir manteniendo en lista de terroristas a Hezbollah.
Porque además, en filas del nuevo gobierno, peronista, apareció “lo habitual” de “el hecho maldito del país burgués”: la especialista en seguridad, funcionaria en esa área con Alberto Fernández, Sabina Frederic, en declaraciones al diario Ámbito Financiero sostuvo que la creación del registro en el que figura Hezbollah es “una imposición de los EE.UU.” y que el terrorismo “es un problema de la OTAN, no nuestro”.
¡Para qué!
Las agencias diplomáticas israelí y estadounidense, a través de sus voceros mediáticos enaltecieron la importancia de seguir los lineamientos que ya se habían obtenido con Macri.
(9) Y el canciller Felipe Solá se apresuró a asegurarle al gobierno israelí que no hay intención de borrar del registro de terroristas al Hezbollah, así tipificado por Macri y sus mandantes. Las cosas “a su sitio” con sincronismo, antes del viaje presidencial a Israel, casi inmediato luego de asumir. (10)
Del lado uruguayo las cosas son más penosas, si cabe.
En los tanteos habituales, de lobby, que los dirigentes de la colectividad israelita del Uruguay suelen hacer al gobierno, a fines de enero se mencionó a Hezbollah y se dijo “situación incambiada”, sin planes para hacer una mudanza de embajada a Jerusalén como es la línea actual del gobierno israelí en su plan de despojo a palestinos. El entonces inminente presidente Lacalle Pou dijo respecto de Hezbollah que el gobierno sigue una lista de la ONU y que, en consecuencia, Uruguay no declararía a Hezbollah organización terrorista. “Pero no lo descartó completamente”.
Hezbollah ha sido declarada organización terrorista por la Unìón Europea, y, claro, por EE.UU. e Israel. Con lo cual resulta casi anómalo que no esté así caracterizado por la ONU. Pero, así las cosas en enero 2020.
Hay que recordar, además, que Uruguay en mayo 2018, en plena cosecha de muerte en la Franja de Gaza del ejército increíblemente llamado de Defensa, de Israel, con gobierno entonces frenteamplista, objetó “la falta de proporcionalidad” israelí ante la protesta palestina. En buen romance, quiere decir que ya ni siquiera piedras, sino gritos son “respondidos” y ahogados en sangre. Directamente. (11)
Pero ahora estamos en 2020 con la Coalición Multicolor. Y el presidente Lacalle Pou participa de una videoconferencia con AJC, Comité Judío Americano y donde “americano” no se refiere a las 3 Américas ni a la América del Sur, ni siquiera a la del Norte, sino pura y exclusivamente a EE.UU.
Luego de la conversación/planteo/consulta/reconvención, vaya uno a saber, el presidente reconoció, literalmente: “Estoy en proceso de cambiar mi opinión”. Y el Semanario Hebreo, de Montevideo lo cita textualmente, así como El País. (12)
No sólo sincera así el lugar preciso de sus callos sino que desnuda su actitud: “Espero cambiar de opinión […] Hace10 meses dije que no, pero espero cambiar mi opinión.” Una declaración filosóficamente insostenible. Que me hace acordar a los “propósitos de enmienda” de los pecadores. Si defendía lo que defendía porque era ética, políticamente sostenible, ¿por qué cambiar? Y si está ansiando cambiar, ¿acaso defendía lo que defendía sin rigor, sin celo por lo verdadero?
Tal vez me esté vedado comprender esos meandros del alma.
Otro ejemplo:
La dirigente de AJC Dina Siegel Vann abordó al presidente Lacalle Pou refiriéndose a la reciente adopción por parte de Uruguay de la definición de antisemitismo de la IHRA (13) y preguntó qué había motivado a Uruguay para dar ese paso. “Uruguay tiene una fuerte tradición de Derechos Humanos y eso se mide en acciones, respondió el Presidente”. (14)
Derechos humanos, sin embargo, no son lo que cualquier organización por razones políticas o de poder define como derechos humanos. Pero así estamos hoy: Israel acusa de terrorismo palestino a unos globos incendiarios que los bloqueados, hambreados, gaseados, baleados palestinos arrojan cada tanto sobre territorio ocupado por Israel.
Seguramente llevan fuego; sí. Pero mientras se cuentan por miles los palestinos matados, por decenas de miles los heridos con secuelas programadas por los militares israelíes; decenas los pescadores baleados y asesinados, botes requisados para asfixiar la pesca tradicional palestina; centenares de viviendas derribadas con la política de desalojo y expulsión permanente; deshaciendo las instalaciones de todos tipo; de bombeo de agua, de hospitales, escuelas, estrangulando el suministro eléctrico, provisiones… la destrucción y asfixia sistemática israelí no merece siquiera una mención. Mediáticamente, cero
.
Los “revoltosos” palestinos tiran un manojo de globos, de ésos que se usan en cumpleaños infantiles, con un trapo incendiado, y ahí sí, gran alharaca…
Los israelíes tienen todo un cuerpo jurídico, militar, mediático, para reprimir a lo palestino. Pero no sienten el menor disgusto interior, asco moral, por tratar como tratan a la población originaria de Palestina, que son −ironía de la historia– los descendientes de la Judea histórica, como bien lo sabían sionistas de la primera hora, como el mismísimo David Ben Gurion.
Notas:
(1) Inicialmente, los francotiradores fueron dispuestos para balear caderas, pero la cantidad de hemorragias y muertes en el sitio de la protesta, persuadió a los estrategos sionistas que era más “conveniente” no tantas muertes patentes y más heridos de por vida. Una CPI que mereciera el nombre de tal tendría que calificar estas estrategias y sus resultados como un delito obvio y espeluznante.
(2) Administración Nacional Palestina, un engendro de las tratativas de Oslo, donde los israelíes le ofrecieron el dulce de una administración municipal a la dirección política palestina más afín, con Mahmud Abbas a la cabeza; una administración generosamente financiada por el Estado de Israel y provista de una policía palestina (y muy poco más que ello) entrenada por militares estadounidenses que el gobierno israelí gestionó ágilmente. Como la policía palestina fue construida para perseguir palestinos, los contables de la CPI pueden hacer esas cuentas, que dejan graciosamente afuera de la cuestión a Israel; el verdadero mandante.
(3) “¿Está la CPI a punto de cerrar la puerta de la justicia para Palestina?”, Electronic Intifada, 21 dic. 2019.
(4) Me gustaría remitir a mi nota: “Ante el abordaje violento de los barcos a Gaza: palabras insultantes vs. hechos incontrastables”. Debo aclarar que hay una edición uruguaya, agotada y en forma parcial fue editada en el volumen El racismo de la “democracia” israelí, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2012.
(5) icc.cpi.int/palestine. 2020.
(6) Alí Murat Alhas, Anadolu Agency, 21/12/2019.
(7) Diego Sacchi, 8 de abril de 2018.
(8) www.timesofisrael.com/the-hague-vs-israel-everything-you-need-to-know-about-the-icc-palestine-probe/.
(9) www.infobae.com/politica/2019/israel-le-pidio-a-alberto-fernandez-que-mantenga-a-hezbollah-en-la-lista-de-grupos-terroristas/
(10) Clarín, Buenos Aires, Natasha Niebieskikwiat, 20/01/2020.
(11) Tomo un día de ejemplo de las muchas decenas de jornadas sangrientas de la Marcha por la Tierra: el 14 de mayo de 2018 hubo 60 asesinados (casi todos mediante francotiradores) y “más de 2700 heridos”. Entre los muertos, un bebé de 8 meses. Crónica de Haidar Eid, “El derecho al retorno, la masacre de Gaza y el regocijo israelí”. Dossier. “www.sinpermiso.info/textos/el-derecho-al-retorno-la-masacre-de-gaza-y-el-regocijo-israeli-dossier. 18 mayo 2018.
(12) El País, Montevideo, 21 mayo, 2020.
(13) International Holocaust Remembrance Alliance. Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La definición de antisemitismo de IHRA amplía el concepto tradicional: es antisemita toda crítica a Israel. Política, institucional, ética. Una curiosa definición que convierte en virtuoso, por no decir divino, todo lo que provenga de lo israelí y que además, confunde en único concepto dos (o tres) tan distintos: judío, sionista e israelí.
(14) www.semanariohebreojai.com/articulo/2772/presidente+lacalle+considerando+declarar+hezbola+organizacion+terrorista.
Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
_______
“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
_______
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sergio Ferrari (en colaboración con swissinfo.ch)
Kintto Lucas (Ecuador)
Silvio Amodei – Gustavo González – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza (Uruguay)
Con noticias de:
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org
Contacto: comcosur@comcosur.com.uy
Puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______________
—