1) PIT-CNT llevará al acto del 1º de mayo reclamo de reducción de la jornada laboral –
2) Uruguay, la Suiza de América –
3) Advierten que BSE tendrá que ser capitalizado para evitar que el sistema de AFAP se desmorone –
4) Los narcos mexicanos del cartel Los Cuinis lavaron al menos US$ 10 millones en Uruguay –
5) Ejército propondrá brindar educación cívica, valores, disciplina, normas de higiene y un oficio a quienes no estudian ni trabajan
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2070 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 29 de Abril de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) PIT-CNT llevará al acto del 1º de mayo reclamo de reducción de la jornada laboral
(La República)
El PIT-CNT presentará este domingo el planteo de “flexibilización laboral” entre su plataforma reivindicativa, en los actos centrales del Día de los Trabajadores.
Esta vez, sindicalistas y empresarios coinciden en un planteo concreto: la aplicación de la reducción de la jornada laboral para algunas ramas de sectores y en algunas empresas concretas con la finalidad de preservar las fuentes laborales, así como la productividad empresarial.
Dirigentes de la central obrera y de la Cámara de Industria se reunieron y tuvieron puntos de contacto en este tema concreto. El gobierno ya fue informado sobre la propuesta.
Los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gabriel Molina (Sutel) y Fernando Gambera (Aebu) informaron ayer que en la oratoria del acto central del 1º de mayo estará presente el planteo de disminuir las horas de trabajo con la finalidad de preservar las fuentes laborales en momentos de desaceleración de la economía. Además, la central obrera considera que ese tiempo en que no se trabaja puede ser utilizado para la formación laboral y para estrechar los lazos familiares.
Este planteo es coincidente con el que sustenta la Cámara de Industria del Uruguay. Su presidente, Washington Corallo, aclaró a LA REPÚBLICA que el mecanismo de trabajar menos horas es utilizado en países con problemas económicos como Italia y España. Indicó que el planteo concreto para determinadas empresas es que su personal trabaje cuatro días a la semana. “Con esta medida se evita que el trabajador vaya al seguro de paro y al mismo tiempo, el empresario puede mantener su productividad”, indicó Corallo.
Ayer, el dirigente Gambera indicó que el tema de la reducción de horas laborales está incluido en el documento que elaboró el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que fuera enviada a la Mesa Representativa.
Aclaró que esta propuesta no es para una aplicación global a todas las ramas de actividad por tiempo indeterminado. Dijo que se tendrá que hacer un estudio sector a sector y empresa a empresa. “Acá hay un objetivo y que es cuidar mejor el empleo, y aprovechar ese tiempo liberado en calificar mejor al trabajador. El empleo se cuida repartiéndolo y la reducción de horas de trabajo en la semana, tiene que ver en parte por la sustitución de la tecnología por la mano de obra, pero al mismo tiempo, se da mayor empleabilidad al trabajador en la medida que tiene mejor calificación”, indicó.
Acotó que una persona mejor calificada tiene más posibilidad de mantenerse trabajando. Gambera precisó que el planteo de reducir las horas de trabajo semanales no tiene la intención de facilitar el multiempleo. Relativizó la interpretación que con estos acuerdos entre las partes, el trabajador estará ganando menos. Dijo que si hay una mejor y mayor productividad y una correcta negociación colectiva, el esfuerzo no saldrá exclusivamente de los trabajadores.
“Este en un planteo coyuntural”
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Washington Corallo explicó que lo que piden es una “flexibilización laboral” a implementarse de común acuerdo entre empleadores y empleados. En este caso, las partes pueden acordar un día menos a la semana por un período determinado de tiempo.
Esta opción, dijo es para evitar el envío al seguro de paro de los trabajadores y garantizar la productividad a la empresa. Aclaró que estos acuerdos pueden aplicarse a determinadas empresas donde el trabajo actual que tiene es para un número menor a la totalidad de su plantilla. En este caso el trabajador seguirá pagando aportes y no tendrá la incertidumbre de continuar o no trabajando.
“Este es un tema coyuntural. No es por rama sino por empresas. Son medidas que no le cuesta plata al Estado, ni tampoco al empleado porque se evita ir al seguro de paro, y a la empresa le permite ser más eficiente. También favorece al mercado laboral porque en la medida que haya flexibilización, las empresas se animan a contratar porque saben que existe flexibilidad.”, indicó el industrial.
Planteos para el 1º de mayo
En el acto del 1º de mayo, estará presente en los discursos la evolución de las rondas de negociaciones colectivas, cómo mejorar las actuales pautas salariales, así como la coyuntura internacional en lo que sucede en Brasil y Venezuela, con la defensa de la democracia y la institucionalidad.
Otro punto de reclamo en la oratoria será la aprobación de una ley para garantizar el ingreso laboral a personas con discapacidad, así como la de insolvencia patronal para la conformación de un fondo común entre las empresas cuando se produce el vaciamiento de una unidad productiva. También se reclamará por la aprobación de una ley de feminicidio. Los encargados de la oratoria serán Daniel Diverio (Sunca) y Julio Burgueños (papeleros), ambos integrantes del Secretariado del PIT-CNT.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016
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2) Uruguay, la Suiza de América
Andrés Alsina (Brecha)
Uruguay está ranqueado en el primer tercio de un listado de 102 paraísos fiscales: ocupa el lugar 28 de 102 en una lista encabezada por Suiza y seguida por Hong Kong y Estados Unidos; Panamá está en el lugar 13, Gran Bretaña en el 15, China en el 20 y Brasil en el 26.
Está en esa lista porque es miembro del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información para Propósitos Fiscales), producto de un movimiento que empezó en la sociedad civil en 2003 y que se transformó en política del G 20, al aceptar pedir información a los países para hacer más transparentes a las corporaciones y luego revelar la propiedad de las compañías offshore.
En 2006 la opinión del Fmi sobre Uruguay no era muy buena. Su informe de diciembre de ese año establecía que “Uruguay es un centro financiero offshore y un riesgo para el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, particularmente a partir de operaciones de no residentes y trasnacionales. Tiene un diversificado sector financiero con un significativo componente offshore que abastece mercados latinoamericanos, incluyendo Argentina y Brasil. Su sector financiero se caracteriza por una importante concentración de clientes no residentes y una economía altamente dolarizada. Las instituciones financieras uruguayas son muy activas en transacciones a través de la frontera como puntos de depósito y/o intermediarios para acceder e invertir en mercados internacionales, lo que incluye hacerlo a través de bancos, financieras, corretaje, cambio de moneda y servicios de transferencia de dinero”.
El Fmi entendía que la evasión fiscal sería el principal motivo de los fondos extranjeros invertidos en el sistema financiero uruguayo, y llamó a los sectores financieros a prestar mayor atención a su actividad y al cumplimiento de los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, pues se incrementan –sostenía en esa época– los riesgos de que esas actividades tengan lugar.
Para 2015 el Informe Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos (Incsr, por sus siglas en inglés) afirmaba que “pese a que el gobierno de Uruguay dio pasos positivos en 2014 para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, y sigue haciendo progresos en su aplicación, (el país) sigue siendo vulnerable a estas amenazas”.
Hay otro punto de vista a tener en cuenta. En la página web de la consultora Cpa Ferrere, el artículo principal del 10 de abril de 2010 llevó el título “Adiós a las Safis. ¿Adiós a sus beneficios?”. En su primer párrafo se afirmaba: “La reforma tributaria extendió la partida de defunción de las famosas Safis (sociedades anónimas financieras de inversión). Éstas deben dejar de funcionar como tales el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, el uso de sociedades comunes y una adecuada planificación tributaria permiten diseñar estructuras convenientes que hagan pasar desapercibido el cambio”.
Elocuente. El lema de la consultora es “Inteligencia aplicada a su negocio”. La desaparición de las Safis fue total en 2014. Para la Incsr, la situación (de riesgo o de posibilidad, según como se mire) es favorecida por la economía altamente dolarizada del país y porque el dólar es usado frecuentemente como moneda para los negocios. “Alrededor del 80 por ciento de los depósitos y 55 por ciento de los créditos están en esa denominación. Jerarcas policiales y judiciales uruguayos evalúan que organizaciones criminales colombianas, mexicanas y rusas están operando en Uruguay. Hay una sostenida preocupación sobre el crimen organizado trasnacional desde Brasil. En 2013 y 2014 hubo cinco casos de alto perfil relativos al lavado de fondos de Perú, Argentina y España.”
“Los casos de lavado de dinero que tomaron estado público –continúa el Incsr– están fundamentalmente relacionados con narcóticos y/o implican al sector inmobiliario. La corrupción pública no parece ser un factor significativo tras el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Uruguay tiene fronteras porosas con Argentina y Brasil, y pese a su reducida extensión, la diferencia de precios entre Uruguay y sus países vecinos sostiene un mercado de bienes contrabandeados. El contrabando de paquetes de dinero y el lavado de dinero proveniente del comercio también tienen lugar. Dada la libre movilidad del capital –de vieja data en Uruguay–, el dinero es presuntamente lavado a través del sector formal, tanto onshore como offshore. Hay seis bancos offshore operando en Uruguay, tres de los cuales no pueden iniciar nuevas operaciones en tanto están en proceso de liquidación”, afirmó el Incsr en 2015.
En un detallado informe de 2006 sobre medidas contra el lavado de dinero, del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), se había hecho notar “una situación particularmente problemática con el país (Uruguay) y el registro de propiedades”, algo que se superaría (aunque no a satisfacción de estos controles) con las acciones nominativas. En 2009 el Gafisud expresó satisfacción por los avances logrados en la materia, y asimismo lo hizo el Foro Global (Global Forum), pese a que no se podía asegurar en todos los casos el cumplimiento de los avances en la nominación de los tenedores de acciones. El grupo también señaló la persistencia de problemas en relación con la información bancaria y el intercambio práctico de información.
En cuanto al secreto bancario, el Foro Global (al que Uruguay adhiere) afirma que la posibilidad de acceder a información bancaria anterior al 2 de enero de 2011 está limitada por la legislación local. También que Uruguay aplica una interpretación del acuerdo de intercambio de información impositiva (Tiea, por sus siglas en inglés) que va contra el estándar internacional, y cuya consecuencia es que Uruguay rehusó contestar el 75 por ciento de los pedidos de información recibidos.2
En cuanto a los incentivos impositivos para no residentes, el Foro Global hizo hincapié en “un tipo especial de compañía, la sociedad anónima de zona franca (Sazf), que puede ser incorporada” a las actividades de los no residentes y que puede operar sólo en las 12 zonas de las Sazf y en el exterior. “Sus usuarios se benefician no sólo de la excepción de los derechos aduaneros sino también de los impuestos nacionales, incluyendo el impuesto a los ingresos, presente o futuro, en las actividades de la zona franca.”
“Uruguay también permite la incorporación relativamente sencilla de bancos offshore”, que se conocen localmente como “instituciones financiera externas”, o Ife. Su capital mínimo es de 500 mil dólares. El banco está exceptuado de cualquier impuesto a cualquiera de sus actividades, líneas de negocio, ingresos o bienes. “Es interesante que no requiera un agente bancario registrado localmente. La banca offshore uruguaya puede desarrollar cualquier forma de actividad bancaria (como ofrecer todo tipo de cuentas corrientes o depósitos de activos, incluyendo cuentas en moneda extranjera), empero sólo puede hacer negocios con no residentes.”
A la situación aquí descrita se agregan los beneficios impositivos y exenciones de varios tipos que tienen las inversiones extranjeras. Al respecto, el asesor senior Krishen Mehta, de Tax Justice Network, afirma en la web de esta organización que “la permisividad impositiva de los países en desarrollo es el precio para atraer tecnología e inversiones y tomar decisiones importantes para sus economías. En el proceso de hacerlo, los países en desarrollo deben renunciar a su soberanía impositiva; tienen que hacer concesiones impositivas para que se asienten compañías en el país. Deben aceptar la coerción impositiva a través de tratados. Eso no es justo”.
Notas
1.Según www.taxjustice.net
2.Véase www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-uruguay-2015-9789264231665-en.htm
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3) Advierten que BSE tendrá que ser capitalizado para evitar que el sistema de AFAP se desmorone.
Luis Rómboli (La Diaria)
El Banco de Seguros del Estado (BSE) es la única empresa aseguradora del mercado que se encarga de administrar las rentas vitalicias acumuladas por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), lo que le está generando un déficit que conduce a la necesidad de una capitalización para continuar su operativa. El director de la División Actuaria del BSE, Marcelo de Polsi, dijo ayer en la actividad “A 20 años del régimen mixto de jubilaciones”, organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que existe un desequilibrio entre lo que depositan las AFAP como renta vitalicia de quienes se jubilan por el sistema de ahorro individual y lo que en realidad debe pagar el banco. Graficó que por cada 100 pesos que recibe, el BSE tiene que pagar 107, y dijo que desde que se retiró de ese negocio Zurich Santander Seguros, hace unos años, el BSE es la única entidad que administra rentas vitalicias.
En diálogo con la diaria, De Polsi explicó que hay que cambiar “las tablas de mortalidad”, que no están actualizadas, así como “las condiciones con que se fijan las jubilaciones”, para que “sean más adecuadas técnicamente”. “En la práctica eso significa que se va a requerir más saldo de cuenta por peso de renta. Hacia el futuro significa una menor jubilación por cada 100 pesos de saldo acumulado”, agregó. Pero además, expresó que después de que el BSE recibe “el saldo” de una cuenta en unidades reajustables (UR) el banco “no puede invertir esa plata que recibe de los jubilados, porque no existen los instrumentos en UR”. “Entonces se enfrenta a un riesgo: comprar el papel en otra moneda y que después la rentabilidad no le rinda. Le puede dar más o le puede dar menos, pero es un riesgo que está asumiendo una aseguradora, cuando teóricamente la obligación de una aseguradora es calzar la inversión con lo que después tiene que pagar”, añadió.
Según De Polsi, uno de los requerimientos para revertir esta situación “es un cambio de la moneda en la que se revalúan las jubilaciones”, porque de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, “las jubilaciones se deben reajustar por el índice medio de salarios”. “Está en discusión legal, pero hay bastante consenso en que las prestaciones del sistema de ahorro tienen que ajustarse por UR; en definitiva, habría que cambiar la Constitución, lo cual es más complicado”, explicó. El técnico reconoció que el BSE no está obligado legalmente a operar con el producto rentas vitalicias, y que permanece porque es una entidad estatal y, de retirarse, haría caer el sistema.
Por su parte, el superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), Juan Pedro Cantera, dijo en la actividad que el sistema se enfrenta al desafío del crecimiento de la esperanza de vida. “En 1996 había dos jóvenes menores de 15 años por cada uno de 65 años, y hoy la relación es de 1,4”, añadió. Cantera dijo que va a haber cada vez menos activos por cada pasivo y que en el futuro “no hay mejor solidaridad que ocuparse de uno mismo”. Con respecto al BSE afirmó que “los resultados económicos de las rentas vitalicias no son alentadores” y que, si esto no se modifica, se consolidará el monopolio del banco “con un impacto en el fisco”, ya que “va a tener que pedir una capitalización en algún momento”.
Consultado por este tema, el titular del MTSS, Ernesto Murro, dijo que “hay que ver” por qué después de 20 años solamente el BSE “permanece brindando prestaciones”. Agregó que la solución es “diálogo permanente, estudios permanentes y reformas permanentes”. “Este sistema no ha dado algunos resultados que se habían comprometido, y requiere que sigamos pensando en función de las circunstancias. No estamos pensando cosas para mañana, sino partiendo de la base de que no tenemos ninguna bomba de tiempo arriba de la mesa; hay que anticiparse a las cosas que van a pasar a partir de algunos ejemplos de cosas que ya están pasando”, consideró.
Murro señaló que todos los expositores de la actividad señalaron “carencias y necesidades de reforma, como también avances”, y expresó que “hay una cantidad de ideas”. “Lo bueno es que desde el gobierno estamos promoviendo las reformas graduales, un sistema sostenible, que reconozca los problemas que hay y viendo cómo se pueden ir resolviendo. En 1995, cuando se pasó a este régimen, se dijo que era para resolver problemas financieros y en parte lo fue, y 20 años después, tenemos que volver a recurrir al Estado. Es una pregunta que hay que hacerse”, concluyó.
Señora de las cinco décadas
La presidenta de la Asociación Nacional de AFAP, María Dolores Benavente, defendió el sistema mixto, informó que hay más 1.300.000 afiliados y que por primera vez Uruguay “tiene una masa de ahorro importante como para hacer inversiones”. Ella y otros disertantes señalaron que el sistema demostró su sustentabilidad por haber “superado dos crisis”, la de 2002 y la de 2008. La economista destacó que las AFAP llevan invertidos más de 1.100 millones de dólares en el sistema productivo, un monto que se puede aumentar en la medida que proliferen los proyectos de participación público-privada. También dijo que existe un “núcleo duro” de informalidad y que hay estudios comparados que demuestran que se puede mitigar promoviendo “el ahorro voluntario”.
Luis Costa, representante de República AFAP, también defendió el sistema mixto, considerando que además de hacer “más sustentables las cuentas públicas y permitir destinar recursos a otras áreas y sectores, tiene la gran virtud de que logra para los trabajadores una prestación mejor que la que obtendría sólo por el régimen de reparto”. Destacó que República AFAP invirtió en el sistema productivo 40% más que las AFAP privadas y que se ha logrado financiar “con este ahorro nacional” parte de los déficits fiscales del gobierno, “logrando que los intereses de los bonos y papeles emitidos por el Estado que se hubieran ido para los inversionistas del exterior pasaran a ser ganancia de los trabajadores uruguayos”.
Costa opinó sobre un tema “del que se está hablando mucho y mal”: “Se está diciendo que la generación de trabajadores que actualmente tienen entre 51 y 59 años se perjudica por haber sido obligada a entrar a las AFAP y que pierden 30% o 35% en relación a estar sólo en el Banco de Previsión Social [BPS]”. Para Costa, los “cincuentones” afiliados son cerca de 200.000 y, según estudios, “sólo 30.000 o 35.000 de ellos, de los de mayores ingresos, se beneficiarían de una ley que les permitiera pasar a un régimen anterior que no les corresponde por la ley actual”. “Cuando se hace un ajuste, siempre hay que establecer un momento a partir del cual se aplica, y hay gente que queda de un lado y gente que queda del otro”, afirmó.
No obstante, tanto el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, como la de los jubilados y pensionistas, Mirna Martirena, criticaron esta situación y exigieron una solución para los “cincuentones”. “¿Por qué una persona que tiene la misma historia laboral que yo se tiene que jubilar con hasta 40% menos?”, preguntó Martirena. Ruiz fue el panelista que más criticó el sistema, y advirtió sobre las “consecuencias” que tendrá “para las futuras generaciones”. “Van a tener baja o nula rentabilidad”, agregó. También criticó que el BPS se encargue de recaudar para las AFAP, sin cobrarles, y que el BSE esté perdiendo por asumir el mercado de las rentas vitalicias.
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4) Los narcos mexicanos del cartel Los Cuinis lavaron al menos US$ 10 millones en Uruguay
(El Observador)
La investigación realizada en torno al caso de lavado de activos del cartel mexicano Los Cuinis, que el fin de semana derivó en los procesamientos con prisión de seis personas, seguirá su curso en busca de otros bienes o propiedades que hayan sido adquiridas en Punta del Este en el marco de una operación de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
La indagatoria, a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño, estableció que la operativa de lavado de dinero alcanza, por lo menos, los US$ 10 millones. Por ese motivo la magistrada trabó embargos genéricos contra los seis imputados (tres mexicanos y tres uruguayos) por ese monto.
El líder del grupo de lavadores que operaba en Uruguay es hermano de Abigael González Valencia, líder del cartel Los Cuinis, la organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas más poderosa del mundo, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Ese hombre se había radicado en Punta del Este junto a su esposa y su suegro, quienes también fueron procesados. La mujer fue detenida el sábado al mediodía cuando llegó al aeropuerto de Carrasco, luego de estar en México durante varios meses, y resultó procesada.
Los otros procesados son una pareja que trabajaba como empleados domésticos del matrimonio mexicano y un hombre que, según se comprobó, realizaba operaciones de cambio de dinero en una casa financiera de Piriápolis.
Según el fallo de la jueza, los mexicanos, usando sociedades anónimas offshore panameñas compradas al estudio Mossack Fonseca, adquirieron en 2012 el chalet «Quincho Grande» en Punta del Este por US$ 2 millones y tres padrones en Punta Ballena. A su vez, compraron una decena de autos de alta gama (un Audi A7 SB y un Audi Q7 TFSI Quatro) que pusieron a nombre de sus empleados domésticos, por lo que éstos fueron imputados por asistencia al lavado de activos.
En la resolución, la jueza de los Santos sostiene que «en Uruguay ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial , ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México».
En ese sentido, el mexicano líder del grupo de lavadores y hermano del principal responsable de Los Cuinis dijo que ingresaba el dinero «vivo» a Uruguay, lo que implicaba hacerlo por la frontera y en cantidades bajas. «Por lo que existen serios indicios que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico», dice el fallo.
Para seguir la investigación, la jueza decidió citar «a la brevedad» a los responsables de dos hoteles de Montevideo donde se hospedaron los mexicanos, y al oficial de cumplimiento de los controles antilavado de un banco privado donde la mujer tenía una cuenta bancaria. También serán citados a declarar los responsables del colegio al que asistían los hijos del matrimonio mexicano y los responsable del anterior centro educativo al que concurrieron.
La Policía informó ayer que el responsable del grupo de lavadores fue detenido el viernes en Carrasco cuando fue a retirar a sus hijos a un colegio de esa zona, dado que había información que indicaba que dejaría el país rumbo a Brasil.
Escribana y exfutbolista libres
Entre los detenidos el fin de semana que fueron liberados se encontraban una escribana que realizó varias escrituras para la pareja mexicana, un operador inmobiliario de Punta del Este y un exfutbolista que estaba actuando como agente inmbiliario para alquilarle al líder del grupo una casa en Carrasco. Ese arrendamiento no se concretó porque el hombre «no deseaba figurar en el contrato», dice el fallo.
Intercambio de dinero en la ruta
La resolución de la jueza Adriana de los Santos describe la operativa de los lavadores mexicanos con sus colaboradores locales. El fallo señala que para intercambiar el dinero con el uruguayo que luego cambiaba los fondos en una casa cambiara en Piriápolis recibió el líder de la banda «un paquete de dinero» en la ruta Interbalnearia en la intersección con la ruta 37. En otra ocasión lo hicieron en una estación de servicio, y en ambos casos quedaron filmados por la Policía que ya los estaba siguiendo.
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5) Ejército propondrá brindar educación cívica, valores, disciplina, normas de higiene y un oficio a quienes no estudian ni trabajan.
(La Diaria)
El comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, anunció ayer que la institución que dirige presentará una iniciativa para “darles” a los que “no están trabajando ni estudiando” la posibilidad de recibir en unidades militares “educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, normas de higiene, primeros auxilios y enseñarles oficios”. Ayer, en entrevista con El Espectador, el general explicó que la propuesta será presentada en las mesas del Diálogo Social convocadas por el presidente Tabaré Vázquez. “En cierta forma, darles la posibilidad de poder transitar por la vida con ciertas herramientas, que hoy en su estado de marginalización no tienen […] y seguramente en caso de instrumentarse va a ser una gran ayuda que el Ejército Nacional puede brindar para mejorar las condiciones de seguridad con las cuales se vive en Montevideo”, manifestó el militar.
Según Manini Ríos, el Ejército cuenta inicialmente con entre 700 y 800 plazas para los ni-ni, pero se podrían ampliar, y aclaró que “esto requiere un marco legal, abastecimiento, recursos y un trabajo conjunto” con otros ministerios. “El Ejército ha hecho esa tarea, ha sacado a la gente de las zonas marginales y los ha transformado en soldados y los ha preparado. Esto no sería formar soldados, sino voluntarios de protección civil o como se le quiera llamar. Salvarlos del ámbito de la marginalización en la que están, darles una luz de esperanza en el horizonte”, explicó. Dijo que el eventual marco legal debería establecer las condiciones de reclutamiento y que “sería bueno algún tipo de estímulo, algún viático”. “Hablamos de 50% de la remuneración de un soldado. Es algo que puede ser un estímulo para que aquella gente salga de la calle y más teniendo la posibilidad de aprender un oficio y transitar una vida honesta”, dijo el comandante.
Todo depende
la diaria consultó a algunos diputados de la Comisión de Defensa Nacional de Diputados. El frenteamplista Carlos Rodríguez (Movimiento de Participación Popular) opinó que este tema ya se planteó durante el primer gobierno de Vázquez, pero no haciendo referencia a la formación militar, sino a la capacitación en oficios. Puso el ejemplo del Batallón de Infantería Mecanizado Nº 15 de Florida, que hizo un convenio con la UTU y “los estudiantes de Mecánica están haciendo la práctica en el cuartel”. “Si la propuesta [de Manini Ríos] va por ese camino, puede ser; ahora, si se toma como una cuestión obligatoria o sancionatoria es complicado. Capaz que hay que buscar acercamientos con los que no estudian ni trabajan y entusiasmarlos por algún lado. Una posibilidad puede ser esta”, agregó Rodríguez.
Por su parte, Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) aseguró que hace años que viene planteando la necesidad de “formar a los jóvenes a través de indispensables disciplinas que tienen que ver con la defensa”, y que le han dicho “de todo” por esa propuesta. “Se confunde la capacitación disciplinaria, formativa, con lo que es la formación para el combate”, indicó. Sin embargo, dijo que está de acuerdo con implementar un servicio militar de carácter obligatorio que capacite “a los ciudadanos para la defensa” y con la conformación de “reservas”, personal con capacitación en defensa que es convocado en casos especiales, como las actuales inundaciones. Semproni precisó que hoy sólo tiene reservistas la Armada Nacional.
Pero en el Frente Amplio también hubo miradas críticas. La diputada suplente Romina Napiloti (Ir) escribió en Facebook: “Desde que existe el Plan de Emergencia el gobierno ha impulsado programas de reinserción social dirigidos a adolescentes y jóvenes”. “Hasta donde tenemos conocimiento, competencia del Ministerio del Interior. Si el Ejército tiene una función social que quiere transformar lo tendrá que hacer abierto al diálogo, reconociendo lo que el resto del Estado hace y asumiendo que lo que se necesita es más educación y menos ejército”, concluyó.
En el espacio La tertulia, de la misma radio, el diputado colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) dijo que le parece “una buena idea”, pero “de muy difícil realización”, porque “todo esto es voluntario”. “Me cuesta creer que esta gente que no se ha vinculado ni al estudio ni al trabajo acceda alegremente a incorporarse al Ejército para adquirir disciplina y normas de higiene”, agregó.
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