Entradas de diciembre de 2017

1) Asesinado el duodécimo periodista en lo que va del año en México

2) Eugenio Zaffaroni: "Están tratando de inventar un enemigo"

3) Piñera arrasa, el oficialismo se derrumba, la izquierda afirma sus posiciones

4) Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se supiera

5) Saqueo de recursos y neocolonialismo: la sangría del oro negro africano

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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 851/ Miércoles 20 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Asesinado el duodécimo periodista en lo que va del año en México
Zorayda Gallegos (El País de Madrid)

Gumaro Pérez Águilando fue asesinado la mañana de este martes en la escuela donde estudiaba su hijo, en Veracruz

El periodista Gumaro Pérez Águilando fue asesinado la mañana de este martes en una escuela primaria ubicada en Acayucan, un municipio del sur de Veracruz, confirmaron las autoridades de esa entidad. El reportero que cubría temas de seguridad, fue atacado por hombres armados que entraron hasta un salón de clases, donde se encontraba con motivo del festival navideño de su hijo. Pérez Águilando, de 35 años de edad, es el duodécimo reportero asesinado este año en México y con él suman 39 homicidios de periodistas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a cifras de la organización Artículo 19.

La Coordinación Estatal de Seguridad informó en un breve comunicado que "sujetos desconocidos ingresaron hasta un aula y agredieron con impactos de arma de fuego a Gumaro Pérez Águilando, fallecido en el lugar de los hechos". El periodista, que publicaba en el portal La Voz del Sur, fundado por el mismo, también laboraba en el ayuntamiento local. Juan José Barragán, secretario de la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan, explicó que su compañero fue asesinado en un aula de la escuela donde estudiaba su hijo y que él se encontraba ahí porque había acudido a un festival navideño. "El estaba en el festival de su niño, y en eso llegó una persona armada e ingresó al salón y le disparó cuatro veces y huyó. No hubo más heridos y su hijo no vio cuando le dispararon porque estaba jugando afuera del salón", contó en entrevista con este diario.

Apenas el pasado 6 de octubre las autoridades del Estado de San Luis Potosí, en el norte de México, habían informado del hallazgo del cadáver del fotógrafo Edgar Daniel Esqueda Castro. Según denunció su familia, hombres vestidos de policías ministeriales irrumpieron en la casa y se lo llevaron. La fiscalía se deslindó y aseguró que ningún policía "había realizado ninguna acción policial en contra del reportero". Esqueda era fotógrado de nota roja, tenía su propio medio y colaboraba con otros medios de la región.

Barragán, miembro de la asociación de periodistas a la que pertenecía Gumaro, manifestó que las autoridades deben aclalar los motivos del ataque a su compañero. "En Acayucan la violencia va en aumento y es urgente que se haga algo para detener esta situación. El hecho de que lo hayan asesinado en una escuela nos deja conmosionados", expresó. El secretario de la organización periodística mencionó que Gumaro no les había manifestado que temiera por su seguridad. "Él tenía quince años como reportero y siempre se dedicó a la nota roja, pero desde hace cuatro años entró al área de comunicación social del ayuntamiento local y ya no se dedicaba al cien por ciento al reporteo, sino que lo hacía de manera esporádica", expuso.

El comunicador asesinado contaba con medidas cautelares como parte del mecanismo de protección a periodistas desde 2015, informó Ana Laura Pérez, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Promoción de Periodistas, una instancia del Gobierno. La protección sólo era para coberturas, declaró la funcionaria a medios locales. Justificó que no se le había reforzado la seguridad porque jamás les notificó que recientemente hubiese recibido amenazas.

En noviembre de 2012, Gumaro había sido víctima de una agresión en una agencia del ministerio público en la misma localidad de Acayucan. De acuerdo a una nota periodística, el reportero fue golpeado por un abogado al intentar recopilar información sobre unos detenidos.Según la publicación le dañaron el rostro y destrozaron su cámara fotográfica. El ataque ocurrió un día después de que se publicara la ley de protección a periodistas del Estado.

En un mensaje publicado en Twitter, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnes, dijo que había instruido a la secretaría de Seguridad Pública a brindar protección a la familia de Pérez Aguilando y que la Fiscalía del Estado había enviado un grupo especial para investigar el crimen. "Lamento mucho la artera y cobarde agresión en contra del reportero Gumaro Pérez Aguilando", escribió.

Este 2017 se ha convertido en el peor año para la prensa mexicana. Antes del asesinato de Gumaro, el año más fatídico para el gremio había sido el 2016 con 11 homicidios, según el conteo de Artículo 19. En Veracruz suman cuatro los periodistas asesinados en lo que va del año.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) Eugenio Zaffaroni: "Están tratando de inventar un enemigo"
(Página12)

"Estamos alejándonos cada vez más del Estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía", lamentó el ex integrante de la Corte Suprema. Agregó que "las fuerzas (de seguridad) no estaban para resguardar el orden sino para ejercerlo vía el caos" durante el operativo represivo del jueves y afirmó que el Gobierno está "tratando de hallar un enemigo y como no lo encuentra lo trata de inventar".

"Necesitan inventar terrorismo", sentenció el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni al analizar la represión ordenada el jueves pasado por el Gobierno ante la movilización contra la reforma previsional, que hoy se repetirá desde las 12, y las órdenes de allanamientos libradas por el juez federal Claudio Bonadio contra las personas detenidas en la cacería posterior a la represión en la zona de Congreso.

"Estamos alejándonos cada vez más del Estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía", lamentó el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Era algo que creía que no volvería a ver", lamentó Zaffaroni al repasar las 8 horas de represión encabezada por la Gendarmería y la Policía Federal el jueves pasado frente al Congreso y señaló tener "pocas esperanzas de que no se repita" ante la nueva marcha convocada al mediodía por gremios y organizaciones sociales para oponerse a la reforma previsional, que ajustaría jubilaciones, pensiones y asignaciones universales.

"Las fuerzas no estaban para resguardar el orden sino para ejercerlo vía el caos. No había un comando centrado sino cada fuerza hacía lo que quería sin ninguna mesura, es algo que creía que no volvería a ver", dijo el ex juez de la Corte Suprema sobre la represión y la posterior cacería en las que fueron detenidos 45 personas, entre ellas, decenas que volvían del trabajo o que viven en la calle.

A pesar de las detenciones irregulares, el juez federal Bonadio ordenó el fin de semana allanar las casas de varios de las personas detenidas al voleo el jueves pasado para encontrar panfletos y propaganda. Zaffaroni explicó que se está "tratando de hallar un enemigo y como no lo encuentran lo tratan de inventar".

"Ya vimos lo que pasa con los mapuches y ahora necesitan inventar terrorismo. Fabricar el enemigo es una vieja técnica de todo autoritarismo", agregó el integrante de la Corte IDH. En ese contexto, el ex juez de la Corte advirtió: "Estamos alejándonos cada vez más del estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al estado policía, o sea, del modelo en el que todos estamos sometidos al que manda".

El integrante de la Corte IDH advirtió que en ese camino al estado de policía "el punto de inflexión lo vamos a ver si se llega a caer totalmente el Poder Judicial" y puso como un ejemplo la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner y varios exfuncionarios y dirgentes sociales por "traición a la patria" en el caso del memorándum con Irán. "Hay que ver si la Cámara y la Corte se animan a sostener esa carátula sin una guerra", señaló y aseguró: "Caeríamos en el campo de la arbitrariedad pura".

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Piñera arrasa, el oficialismo se derrumba, la izquierda afirma sus posiciones
Pedro Santander (Celag)

Todo lo que se predijo y anticipó para estas elecciones presidenciales de Chile resultó pulverizado por la realidad. En primera vuelta nadie esperaba que Piñera recibiera tan pocos votos, todos le daba al menos el 45% y sacó el 36.6%. Tampoco nadie creyó que el Frente Amplio con Beatriz Sánchez lograra tan buen resultado (20.2%) y quedara a solo 2 puntos de pasar al balotaje.

Y ahora, para esta segunda vuelta ocurrió lo mismo: lo que más se escuchaba era que la contienda entre Guillier y Piñera iba a ser estrechísima, voto a voto. La misma derecha decía que la diferencia iba a ser de uno o dos votos por mesa. No fue así. Piñera le sacó 9 puntos al candidato oficialista (54.5% v/s 45.4%). También se decía que lo más probable era que menos chilenos y chilenas fueran a votar. Tampoco eso ocurrió; votaron 7 millones 28 mil, 329 mil más que en noviembre.

¿Qué ocurrió?…. Las interpretaciones recién comienzan. Pero si vemos los números está claro que la derecha logró movilizar a su electorado a tal grado que en segunda vuelta hubo más participación que en primera (cosa muy rara). Tal vez la campaña del miedo de la derecha surtió efecto. Se habló de “Chilezuela”, y de que se comenzaría a perder el empleo con un gobierno de izquierda. El grito de la multitud que en la noche fue a vitorear a Piñera era “¡Chile se salvó! ¡Chile se salvó”.

Guillier por su parte tuvo un bajo rendimiento electoral. Admitió en su discurso una “dura y dolorosa derrota” y habló de una noche triste. Lo es para el oficialismo. Si sumamos todos los votos de los sectores de centro y de izquierda en primera vuelta se obtienen 3 millones 621 mil votos. Y ayer domingo Guillier sólo logró 3 millones 154 mil votos

Lo más sorprendente es el alza de Piñera. En primera vuelta él y el candidato del pinochetismo, José Antonio Kast lograron juntos 2 millones 939 mil votos. Este domingo Piñera a solas alcanzó los 3 millones 793 mil sufragios…854 mil más que la suma de ambos en noviembre; el mejor resultado de la derecha post-dictadura.

Esto significa que aunque todos los votos del Frente Amplio se hubiesen ido a Guillier, cosa que evidentemente no ocurrió, no alcanzaba para ganarle a la derecha. Pero aquí comienzan las diferentes hipótesis para lograr entender qué ocurrió. Por ejemplo, si asumimos que todos los nuevos votantes (329 mil) dieron su apoyo a Piñera, podría haber ocurrido un traspaso adicional de 527 mil votos de candidaturas no de derecha a Piñera. Tampoco se puede descartar que hubo un significativo reemplazo de voto, con sesgo generacional: jóvenes que votaron en primera vuelta no acudieron a las urnas, y mayores que no lo hicieron sí fueron este domingo. Asimismo, es evidente que la derecha sintió que su candidatura se vio realmente amenazada, y eso movilizó todas las reservas de ese sector.

Esta elección es una tremenda derrota para el gobierno que se la jugó por Guillier en el último mes y que salió con fuerza a reivindicar las (tibias) reformas de la Presidenta Bachelet, quien por segunda vez deberá traspasar el mando a Piñera; ya lo había hecho el 2011.

Sin embargo la derecha no tiene mayoría en el Congreso, aunque le falta poco. En la Cámara de Diputados tiene el 47% de los asientos, 72 de 150, es decir, está a sólo 3 para la mayoría simple. Eso implica que no le será fácil revertir las reformas aprobadas como la tributaria o las de género, pero por contrapartida, se aleja la posibilidad de reformar la Constitución chilena que es de 1980, es decir, la de Pinochet. Piñera deberá buscar acuerdos en el Parlamento con otros sectores. Los ojos están puestos en la Democracia Cristiana, un partido muy tensionado hoy, y está por verse cuál será su comportamiento. Sin duda un sector de la DC votó por Piñera. Por su parte, la coalición oficialista, la Nueva Mayoría está prácticamente en el suelo. Concurrió dividida a la primera vuelta, tuvo pésimos resultados electorales y por izquierda le salió el Frente Amplio.

Es la hora del Frente Amplio. Serán la oposición más enérgica que tendrá Piñera. Además, han dado muestras de unidad, madurez y audacia política en estos breves, pero intensos días en que asoma nuevamente el fascismo pinochetista por Chile. Son ellos los que tienen la energía de su lado para en esta etapa enfrentar el ciclo de intensificación neoliberal que se viene para Chile y de restauración conservadora.

Finaliza un ciclo político que se inició en 1990 con la recuperación de la democracia. Lamentablemente se cierra por derecha. La mayor responsabilidad de ello lo tiene la Concertación (hoy llamada Nueva Mayoría) que a medida que ganaba derechizaba y neoliberalizaba cada vez más el país, olvidando los principio que inspiraron la lucha de miles de chilenos y chilenas asesinados y detenidos desaparecidos durante la dictadura, la misma que hoy fue conmemorada con aplausos por los seguidores de Piñera.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se oiga
Sally Burch (Alai)

¿Cuáles serían las opiniones tan “disruptivas” que el gobierno argentino quiso apartar de la Organización Mundial del Comercio –OMC-, cuando negó la inscripción de unos 60 participantes a la Reunión Ministerial, y a varios impidió el ingreso al país, sea al negarles la visa o, en dos casos incluyendo el mío, mediante la deportación?

Uno de los temas de la agenda de la Reunión Ministerial de la OMC, que hoy se cierra en Buenos Aires, con mínimos acuerdos, es la propuesta de abrir negociaciones sobre el comercio electrónico. Un tema sobre el cual numerosas organizaciones y personas hemos estado advirtiendo que no es conveniente para los países en desarrollo, para nuestros PyMES, ni para la ciudadanía en general.

Hoy el comercio en bienes y servicios digitales está remplazando, aceleradamente, el comercio en bienes y servicios físicos, en numerosas áreas, y eso se extenderá mucho más con el “Internet de las cosas” y la inteligencia artificial. En principio, el comercio electrónico podría traer muchos beneficios, para crear empleos, innovación, entre otros. No obstante, el problema es que, en ausencia de regulaciones, la transición hacia lo digital en muchas áreas favorece una mayor concentración –cuando no monopolización–. Es justamente lo que estamos viendo, cuando un 50% del comercio electrónico en el mundo hoy pasa por Amazon.com, mientras que Google y Facebook concentran gran parte del mercado publicitario en Internet.

Quienes proponen estas negociaciones argumentan que favorecerán a las PYMES; pero las pequeñas empresas son las que menos podrán competir con estas corporaciones, que tienen los beneficios de escala, subsidios, infraestructura nacional, avances tecnológicos, etc. Lo que necesitan son regulaciones y políticas nacionales que les den oportunidades de desarrollar su capacidad tecnológica, acceso preferente a mercados y competencias.

Pero las medidas vinculantes que los países desarrollados quieren imponer en la OMC (y que de hecho ya se habían negociado en los acuerdos comerciales TPP y TISA), buscan más bien la desregulación, y priorizan cláusulas cuyo efecto será reforzar aún más esta concentración de poder en unas pocas grandes empresas transnacionales (ENTs).

Esta agenda pro-ENT, impulsada desde 2016 por EE.UU., y ahora por Europa y Japón (dada la política unilateralista del gobierno de Trump), implicaría, entre otros:

– El "libre flujo de datos", que en la práctica significa que los datos personales de todos y todas se convierten en un commodity que las grandes corporaciones pueden llevarse y explotar, con grandes ganancias, sin ningún beneficio personal ni colectivo para quienes entregan los datos. Significa también que nuestros países poco podrán hacer para proteger la privacidad de su ciudadanía, ya que se aplicarán las leyes del país donde se almacenan los datos (que en el caso de EEUU, son poco favorables para su población nacional y casi nulos para los usuarios extraterritoriales).

Vale tener presente que los datos son muy codiciados en tanto insumo básico de la economía digital. Si los países en desarrollo renuncian a la posibilidad de regular adecuadamente su extracción y uso (por ejemplo con exigencia de almacenamiento local de datos), estarán sacrificando la posibilidad de sacarles provecho para desarrollar su propio sector tecnológico.

– Se negaría a los países en desarrollo la posibilidad de exigir a los inversores transferencia tecnológica, lo que significa perder una oportunidad para desarrollar conocimiento y capacidad local (formación de trabajadores) y desarrollar su propio sector tecnológico.

– Los países no podrán exigir que las grandes empresas extranjeras de comercio electrónico tengan presencia física en el país. Esto significa, por un lado, pérdida de empleos, o su precarización mediante la tercerización o contratación de trabajadores autónomos, y por otro que los consumidores no tendrán recurso legal dentro del país para reclamos.

– Tampoco podrán exigir a las empresas cuyos servicios digitales se contratan que abran el código fuente, o que usen software nacional. Esto es particularmente preocupante en el caso de la inteligencia artificial, ya que son sistemas con capacidad de tomar ciertas decisiones autónomamente, mediante algoritmos, que si no se sabe cómo operan, difícilmente se podrá pedir rendición de cuentas por malas decisiones o garantizar que no tengan un sesgo incorporado.

Próximos pasos

En todo caso, por ahora, la apuesta de abrir negociaciones no prosperó. Una mayoría de países en desarrollo, liderados por India y casi toda África, se han negado hoy a que se dé este mandato a la OMC. Es un logro, considerando que las presiones para aceptar fueron muy fuertes.

Pero el tema no termina allí. Otros 70 países (principalmente los que son parte de las negociaciones de TISA, y también Argentina), adoptaron una declaración a favor del comercio electrónico “y las oportunidades que crea para el comercio incluyente y el desarrollo”, donde ponen énfasis en las oportunidades para los MiPYMES; y acuerdan emprender un trabajo en paralelo, a partir del 2018, abierto a todos los países, para “iniciar un trabajo conjunto exploratorio hacia futuras negociaciones en la OMC sobre los aspectos relacionados con el intercambio comercial del comercio electrónico” (traducción libre). Todo indica que es una forma de circunvalar los procedimientos formales de la OMC (donde ya existe un grupo de trabajo sobre comercio electrónico, sin mandato negociador), para volver con fuerza en la OMC con un acuerdo pre-negociado, con los MiPYMES como la carnada para concitar adhesiones.

Al igual que muchos otros temas que se discuten en la OMC, el comercio electrónico (y la nueva economía digital) tiene implicaciones de gran importancia para los derechos humanos, el desarrollo, la justicia social, entre otros. Y estos temas no deben discutirse en espacios cerrados y sin voces de la ciudadanía. Sería un error pensar que la agenda del comercio electrónico es un tema técnico que se puede dejar en manos de “expertos”. El futuro de nuestros países y su desarrollo podría estar fuertemente comprometido si estas negociaciones prosperan. Todo indica que son las críticas a propuestas como éstas que Argentina quiso minimizar en las reuniones de esta semana.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) Saqueo de recursos y neocolonialismo: la sangría del oro negro africano
Jerôme Duval (El Salto)

En África, el saqueo de materias primas continúa y, como en tiempo de las colonias, su transformación se realiza en el Norte, antes que el producto vuelva, eventualmente transformado, al país productor de la materia prima.

En definitiva, los países llamados “en vías de desarrollo” (PED) de hoy reemplazan a las colonias de ayer: las grandes empresas multinacionales occidentales se establecen en las antiguas colonias, invierten allí y de allí extraen los recursos para acumular descomunales beneficios que se evaden a los correspondientes paraísos fiscales. Todo ello se desarrolla bajo la mirada benévola de las corrompidas élites locales, con el apoyo de los gobiernos del Norte y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que exigen la amortización de las deudas odiosas heredadas de la colonización. Por el apalancamiento de la deuda y de las políticas neocapitalistas impuestas que la condicionan, las poblaciones expoliadas pagan todavía el crimen colonial de ayer y las élites lo siguen perpetuando hoy subrepticiamente, es lo que se ha convenido en denominar el neocolonialismo.

Transformar las materias primas para venderlas al país productor

En África, el saqueo de materias primas continúa y, como en tiempo de las colonias, su transformación se realiza en el Norte, antes que el producto vuelva, eventualmente transformado, al país productor de la materia prima. Perdiendo este último en el intercambio los beneficios de la plusvalía obtenida por esa transformación.

En lo que se refiere al petróleo bruto extraído de África, es mayoritariamente destinado a la exportación aunque retorne, refinado, desde el país importador. De la cuarentena de refinerías presentes en África, muchas sufren una falta de inversión y mantenimiento, se ven sometidas a privatizaciones encubiertas y no consiguen satisfacer la demanda regional. Como consecuencia, el continente sigue dependiente de la importación de productos refinados para su propio consumo.

Tres de las cuatro refinerías de Nigeria se han reactivado en julio de 2015, pero no funcionan más que al 60% – 80% de su capacidad, hasta 210.000 barriles por día. Alentado a la dependencia de su recurso petrolero por las IFI, con el Banco Mundial en primer lugar, Nigeria saca el 70 % de sus ingresos y alrededor del 90 % de sus recursos en divisas de las exportaciones del mismo. Solamente el 10 % de su producción es refinada en el propio país. De esta manera, Nigeria, primer productor de petróleo del continente y undécimo mundial, no consigue cubrir su mercado interior y, colmo de la paradoja, importa el 70 % de sus necesidades de petróleo refinado a pesar de disponer de una producción diaria de alrededor de dos millones de barriles de petróleo bruto, cuya mayor parte es exportada hacia Estados Unidos y Europa. Para cubrir su demanda interior, Nigeria importa diariamente millones de dólares de combustible (petróleo refinado), lo que supuso cerca de 14,9 mil millones de dólares en el año 2016, una suma descomunal |1|.

Nigeria, uno de los países del mundo con más desigualdad

Cuando en los años 60 del siglo pasado se comenzó a extraer cantidades significativas de petróleo en Nigeria, los dirigentes de Shell pasaban por los pueblos proyectando un documental de la empresa alardeando ante sus habitantes de la prosperidad que les reportaría el petróleo |2|. Sin embargo, los habitantes del delta del Níger, de donde proviene la gran mayoría de este recurso tan codiciado, se han empobrecido y han visto cómo esta industria ha contaminado sus tierras y sus aguas. A pesar de un crecimiento positivo (+ 2,7 % en 2015, su nivel más bajo desde hace 10 años, fuertemente impactado por la caída de precios del petroleo) que ha supuesto 22 multimillonarios en dólares y 34.000 millonarios censados en 2016, todavía hoy más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. La mayoría de los nigerianos no tiene acceso a la electricidad, todavía hoy un niño de cada 10 muere antes de los cinco años de edad, una de las tasas más elevadas del mundo después de la República Centroafricana, Somalia, El Chad y Sierra leona y la esperanza de vida no supera los 54 años.

Además, Nigeria sufre los horrores de la polución y sus consecuencias, el calentamiento climático. Sin embargo, un habitante de Nigeria emite como media 10 veces menos de gas de efecto invernadero que un habitante de Francia, y 34 veces menos que uno de Estados Unidos, el mayor contaminador del planeta |3|.

A parte de ver saqueadas sus materias primas, las poblaciones de los países productores pagan la plusvalía de sus productos transformados en el Norte por multinacionales occidentales. Este mecanismo grava las arcas de los Estados que, para no recortar demasiado sus presupuestos, deben endeudarse cada vez más. Los acreedores son, en este “sistema-deuda” a su medida, una vez más los ganadores de una partida de póker peligrosa y mortífera.

Notas:
|1| “En 2016, le Nigéria a dépensé 14,9 milliards $ en importation de pétrole raffiné", Agencia Ecofin, 9 de junio 2017.
|2| Peter Mass, Pétrole brut, enquête mondiale sur une richesse destructrice, Ed. Autrement, 2010.
|3| Chrisfophe Bonneuil, François Gemene, Geneviève Azam, Jean Jouzel, Maxime Combes, Nicolas Haeringer, Stefan Aykut, Valerie Cabannes: “Climat : Nicolas Sarkozy, dangereux marchand de doute”. Tribuna publicada en Libération el 16 de septiembre de 2016.
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Traducido del francés por Eubilio Rodríguez Aguado

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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1) FFOSE lanzó campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego /Amanda Muñoz
2) Las nuevas amenazas a los Derechos Humanos
3) Odebrecht provoca crisis política en Ecuador y Perú: Uruguay reaparece en la trama /Fabián Werner
4) Evo Morales se reúne con Doris Leuthard, presidenta suiza /Sergio Ferrari
5) Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana, de Kintto Lucas /Antonio Salamanca
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1866 – martes 19.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) FFOSE LANZÓ CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRA LA LEY DE RIEGO;

DOCENTES HICIERON RECOMENDACIONES PARA REGLAMENTARLA, MODIFICARLA O DEROGARLA

Por Amanda Muñoz /La Diaria, 19.12.2017

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó ayer la campaña de recolección de firmas para derogar la Ley 19.553, que aprobó el Parlamento en octubre y que modifica la anterior Ley de Riego (16.858, que había sido aprobada en 1997). El lanzamiento se hizo en el local de FFOSE, que estaba repleto. Se promueve un recurso de referéndum; para que prospere, se deberán juntar unas 700.000 firmas (25% del padrón electoral) antes del 25 de octubre de 2018, para presentarlas ante la Corte Electoral. El presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, anunció ayer que la federación mandó a imprimir 5.000.000 de papeletas, “por si nos quedamos cortos”, dijo, en broma y en serio; organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles replicarán la juntada de firmas como en 2004, cuando se impulsó la reforma constitucional para evitar la privatización del agua.

Ricci calificó de “perversa” la nueva ley. Comentó que “los inversores que pueden estar haciendo esas obras de embalse del agua para la distribución y para la correspondiente autorización también van a poder estar utilizando esa agua para generar hasta un máximo de diez megavatios e incorporarlos en el mercado de energía, lo que le da otro componente económico a esa ley en favor de los inversores nacionales y extranjeros”. Agregó que a los inversores “se les va a aplicar la ley de inversiones” mediante la cual “van a estar exonerados de los impuestos, y no de esa obra, sino que van a poder trasladar la exoneración de esos impuestos a sus actividades particulares: se les va a exonerar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, es decir, vamos a seguir transfiriendo recursos de todos en favor de una actividad en particular”, lamentó. Por otra parte, refutó el argumento de los promotores de la ley, que han dicho que la norma favorecerá a los productores familiares, porque se habilita a que se les corte el servicio de distribución de agua (en la zafra siguiente) a los productores que no paguen. “Todo muy perverso. Están transformando el derecho esencial a la vida, como lo definimos en 2004, en una mercantilización burda y en un mercado paralelo de agua”, opinó.

Evidencias

El viernes, representantes de la Universidad de la República (Udelar) presentaron en la sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce un documento firmado por 31 docentes e investigadores de la Udelar, que busca aportar al debate sobre las consecuencias ambientales que traerá la nueva ley. Advierten que la generación de embalses generará cambios en el volumen de la producción agrícola –es la finalidad de la norma–, en “el perfil y relaciones entre los actores vinculados al medio rural, la calidad del agua y ecosistemas que sustentan la biodiversidad y la producción, el acceso al agua como un derecho e incluso el patrimonio histórico-arqueológico material e inmaterial presente en el territorio, sea este actualmente conocido o no”. Señalan, además, que los embalses multiprediales a gran escala generarán “efectos diferidos en el espacio (tanto aguas arriba como aguas abajo), y diferidos en el tiempo, de una magnitud significativa y quizás poco sospechable a priori”. Afirman que esas consecuencias hacen cuestionable la sustentabilidad de la estrategia de riego que se promueve, “en contraposición al mandato de gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras”.

Los investigadores sostienen que “en Uruguay son pocos los sistemas acuáticos que cumplen con la normativa de calidad de agua (Decreto 253/79 y modificativos) en lo que refiere a concentración en agua de fósforo total”, y subrayan que “los sistemas de aguas corrientes que drenan campos agrícolas ganaderos llegan a superar por cinco, diez, 20, 40, 80, 120 y hasta más de 300 veces los máximos establecidos” en la normativa. Expresan que hay “evidencia” de que la mayor causa de la mala calidad del agua se debe a la actividad agrícola-ganadera, y que “el modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego exacerbará significativamente la problemática”, puesto que “los ecosistemas de aguas quietas, como los embalses, son más vulnerables que los de aguas corrientes al ingreso de nutrientes” (se deterioran antes y más que las aguas de ríos y arroyos, aclaran).

El documento hace ocho recomendaciones, “criterios-guía” para definir o descartar la localización de embalses. Sostiene que el modelo de producción intensiva agrícola-ganadera aplicado por Uruguay permite concluir que la intensificación prevista hará imposible cumplir con los estándares de calidad del agua “para los parámetros asociados a la contaminación por nutrientes y particularmente el fósforo total”. En ese sentido, dicen que no es aplicable “el principio precautorio asociado a la falta de certeza técnica o científica ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos”, ya que “la evidencia indica claramente cuáles serán los resultados esperables”. Afirman que cabe la aplicación de ese principio para otros efectos que no puedan preverse. Para la gestión de los embalses actuales y futuros, recomiendan tomar decisiones en función de “un análisis integral” que considere “el mejor conocimiento científico disponible acerca de los sistemas sociales y ambientales”, y remarcan que “los análisis sectoriales agronómicos-productivos resultan insuficientes”.

El texto critica que esta ley no haya sido discutida “en los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas, ámbitos previstos en la normativa para la planificación, gestión y control de los recursos hídricos donde usuarios y sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación de planes y políticas en estos temas”, y subrayan la necesidad de que la construcción de embalses multiprediales resulten de un proceso participativo que considere la opinión de las poblaciones afectadas, así como el asesoramiento de especialistas independientes al proyecto.

Dan pautas para prevenir la multiplicación y dispersión de floraciones tóxicas y de especies invasoras, mediante el monitoreo, pero también mediante la aplicación de abonos orgánicos, el establecimiento de cargas máximas de nutrientes y la creación de zonas buffer –de transición– que bordeen los embalses, cubriéndolas de pastizales naturales o monte nativo. Sostienen, además, que es “indispensable” prohibir el trasvase de aguas entre cuencas, porque puede provocar el transporte de enfermedades hídricas y el ingreso de especies exóticas invasoras. Advierten, además, que los embalses obstaculizarán la migración de peces, incluso de especies de importancia económica. Por último, pronostican que la multiplicación de embalses tendrá impactos directos sobre el patrimonio cultural, y entre ellos mencionan bienes y valores “históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y de biodiversidad”, que pueden desaparecer.

Amanda Muñoz /La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________

2) LAS NUEVAS AMENAZAS A LOS DERECHOS HUMANOS

Se presentó el miércoles el informe anual del Servicio de Paz y Justicia. La socióloga argentina Maristella Svampa dio un panorama preocupante de la situación regional

Sudestada / 14/12/2017

Svampa dijo que desde el año 2000 hasta la fecha se produjo primero un auge y luego un declive de lo que se conoce como “el ciclo progresista”, que incluyó gobiernos de esa tendencia en la mayoría de los países latinoamericanos. Si bien señaló los índices de reducción de la pobreza como avances sociales de este período, la socióloga argentina también apuntó algunos aspectos que muestran nuevas amenazas para los derechos humanos.

Según Svampa en estos años se consolidó una “doble dialéctica del capital”, que por un lado se relaciona con el trabajo y por otro con la explotación de los recursos naturales. Mencionó la concepción “desarrollista” de estos gobiernos vinculada a un nuevo impulso de las industrias extractivas a pesar de la resistencia de los movimientos sociales y las comunidades indígenas.

En este sentido dijo que a partir del año 2010 se produce un “blanqueo” del discurso extractivista-desarrollista, un afianzamiento de lo que denóminó “dinámica de desposesión”, una criminalización de los movimientos ambientalistas y una eclosión de conflictos socioambientales. Varios de estos gobiernos, resaltó Svampa, incluso comenzaron a hablar de imponer un “capitalismo sensato”.

La socióloga dijo que muchos de estos gobiernos retornaron a una lógica populista similar a la de los años 40 y que a pesar de haber surgido “al calor de los movimientos sociales” hicieron “pactos con el gran capital” sobre todo para impulsar grandes proyectos de desarrollo que implicaron una concesión de soberanía.

En este contexto también se identifican, sostuvo Svampa, políticas de inclusión social vinculadas particularmente al consumo, que van de la mano con planes sociales de asistencia para grandes porcentajes de la población.

Entre las paradojas de este “ciclo progresista” Svampa señaló que mientras se produjo una expansión de la agenda de derechos también se registró una expansión del capital, que se refleja en la imposición de megaproyectos con significativas concesiones de los estados a las empresas, en su mayor parte multinacionales.

Como muestra de eso señaló el aumento de un acaparamiento de las tierras en el 1 por ciento más rico, que en muchos casos reúne más recursos que el 99 por ciento restante de la población del continente. Esto implica una “consolidación de las desigualdades” en la región, que sigue siendo la zona del mundo con mayor desnivel entre los ingresos de ricos y pobres, además del fracaso del “regionalismo autónomo desafiante” que se intentó instalar con la aparición de nuestras alianzas como la Unasur, el Alba o la Celac.

Svampa también indicó la importancia de la creciente relación de dependencia de los países de la región con China, que en algunos casos implica un desigual intercambio de dinero a cambio de recursos naturales como petróleo o materias primas por largos períodos. También señaló la instalación de empresas chinas para el desarrollo de megaproyectos como síntoma de este vínculo entre los estados latinoamericanos y la economía más grande del mundo.

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3) ODEBRECHT PROVOCA CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR Y PERÚ: URUGUAY REAPARECE EN LA TRAMA

La prisión del vicepresidente Jorge Glas en Ecuador y la situación del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski vuelven a poner a la empresa brasileña en el centro del debate

Por Fabián Werner /Sudestada, 15/12/2017

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado el miércoles 13 a seis años de cárcel por recibir al menos 14 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, entre 2012 y 2016. Glas afrontaba prisión preventiva desde octubre pasado junto a su tío y testaferro, Ricardo Rivera, quien también ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana.

Al menos 1 millón de dólares de esas coimas se pagó a través de una empresa uruguaya que tenía una cuenta en un banco austríaco.

La sociedad anónima Cilgory que tiene su sede en la calle Zabala 1372 escritorio 21 en la Ciudad Vieja de Montevideo recibió dos pagos por 500 mil dólares cada uno, según la información de las transferencias bancarias a la que accedió Sudestada.

El 24 de agosto de 2014 Cilgory recibió medio millón de dólares en su cuenta del Bank Winter & Co con sede en la ciudad de Viena, en la cuenta número 5009041004. Veinte días después, el 15 de setiembre, la misma cuenta recibió otro monto idéntico.

Según la declaración premiada de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, ese millón de dólares era sólo una parte de una coima total de 6 millones de dólares que se iría a pagar a través de Cilgory pero que finalmente nunca se completó.

Cilgory fue creada el 27 de noviembre de 2008 con un capital inicial de 1,6 millones de pesos y fijó su sede en Zabala 1372 oficina 21, un escritorio del Edificio Atlas que alberga al menos otra sociedad offshore que consta en el registro de direcciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el marco de la investigación conocida como Panamá Papers.

Cilgory se fundó con el objetivo de industrializar y comercializar cualquier tipo de mercaderías y servicios, así como la “Compraventa, arrendamiento, administración, construcción, operaciones con inmuebles, excepto rurales”, y en la “Participación, constitución, (y) adquisición (de) empresas”.

El 19 de mayo de 2011, menos de tres años después de su creación, Cilgory informó a través del diario oficial del extravío de todas sus acciones y exhortó a sus tenedores a presentarse para reclamar sus derechos. El lugar donde los accionistas debían hacer el reclamo era Rivera 6328 oficina 106, dirección del estudio BGL Asesores Legales y Fiscales, que aún hoy funciona en ese mismo sitio.

Las iniciales BGL que figuran en el nombre del bufete refieren a quienes por aquel entonces eran los dos socios principales: la B era de Fernando Belhot y GL eran de Juan Carlos González Lerena, único de los dos que todavía permanece allí. El estudio BGL Asesores Legales y Fiscales aparece en la base de datos del ICIJ como intermediario de 51 sociedades fantasma con sede en distintos paraísos fiscales como el estado de Nevada en los Estados Unidos, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

La Red de Periodismo de Investigaciones Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de OGlobo (Brasil), La Prensa (Panamá), La Nación (Argentina), Armando.Info (Venezuela), Quinto Elemento Lab (México) y Sudestada (Uruguay) ha publicado este año una serie investigativa sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña a altos funcionarios públicos ecuatorianos. Como consecuencia de ello hubo un impulso de las investigaciones fiscales, Glas perdió sus funciones como vicepresidente, luego fue encarcelado preventivamente y ahora ha sido condenado en primera instancia.

La confesión que hundió al vicepresidente de Ecuador fue la de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, quien confesó que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas recibió al menos 14 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016, según publicó el sitio IDL-Reporteros.

Conceição Santos afirmó que el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, le “había pedido plata por todos los contratos” suscritos entre la compañía y el gobierno de Rafael Correa. Cuando se conoció esa confesión el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno retiró a Glas de sus funciones.

La declaración fue hecha a los fiscales brasileños el 15 de diciembre de 2016 como parte del proceso de delación premiada (o colaboración eficaz) de Conceição. Según el ex ejecutivo de Odebrecht, alrededor de junio de 2011 fue contactado vía telefónica por el empresario ecuatoriano Ricardo Rivera, quien le pidió reunirse personalmente “para tratar de asuntos de interés de la compañía”.

La reunión tuvo lugar en el café del Swissotel, en Quito. Rivera “se presentó como el intermediario del entonces del ministro Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Jorge Glas (cargo que ocupó hasta 2012, en que fue nombrado vicepresidente de la República), que tenía el control de los sectores de petróleo, energía y proyectos hídricos en el país”.

Durante el encuentro, Rivera le dijo que Odebrecht debía pagarle a Glas “el 1 por ciento sobre cada contrato público que la compañía obtuviese en el ámbito de ese ministerio”. Y eso se acordó, pero al momento de la adjudicación de cada contrato, “ese porcentaje sufrió incrementos entre el 1 y 1.3 por ciento”. Conceição dijo que esos pagos eran una suerte de “peaje” obligatorio en caso de que la compañía lograse adjudicarse contratos con el Estado.

“Esa forma de pagos exigidos en beneficio de Jorge Glas ya estaba siendo practicada con empresas chinas que estaban en el país y que operaban grandes proyectos de infraestructura en las áreas cubiertas por el Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Recuerdo que Ricardo Rivera Arauz llegó a mencionar las empresas SINOHYDRO, CCCC, CWE y HARBIN”, indicó Conceição.

Según Conceição, Odebrecht le pagó sobornos a Glas – a través de Rivera – por los contratos relacionados a la Central Hidroeléctrica Manduriacu, al Proyecto de Irrigación Trasvase Daule –Vinces, la Refinería del Pacífico y el Poliducto Pascuales – Cuenca.

Por eso contratos, Glas recibió, según Conceição, coimas por al menos 14 millones de dólares, de los cuales 5,8 millones fueron depositados a compañías indicada por Rivera – en 16 transferencias – entre junio de 2012 y diciembre de 2013. Una de ellas es la empresa Columbia Management Co. Ltd.

Otros 8,3 millones de dólares en sobornos fueron entregados en efectivo a Rivera. Para hacer estos pagos, el ex ejecutivo de Odebrecht utilizó la misma modalidad que empleó con el ex contralor general de la República, Carlos Pólit. Una proveedora de acero de la constructora brasileña, Diacelec S.A., recibía el dinero del Sector de Operaciones Estructuradas. Luego ese dinero era retirado por el dueño de la empresa, Edgar Quiroz Arias, quien se lo entregaba a Conceição.

Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
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4) EVO MORALES SE REÚNE CON DORIS LEUTHARD, PRESIDENTA SUIZA

De los Andes a los Alpes, con el tren bioceánico en la mira
Firma de un protocolo de cooperación

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza

Casi 20 años atrás llegó a Ginebra como dirigente sindical cocalero en busca de la solidaridad internacional. Era entonces un actor clave de una Alianza Mundial de los Pueblos en construcción, en plena etapa de activa confrontación social contra las instituciones financieras internacionales y sus recetas de ajuste estructural.

Este 14 de diciembre volvió a Suiza en su carácter de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y estadista de referencia para los sectores progresistas de una Latinoamérica contradictoria, donde soplan vientos huracanados de retroceso social.

Dos décadas después, Evo Morales, no perdió la memoria. Y en la comparecencia de prensa junto a la presidenta suiza Doris Leuthard recordó, antes que nada y con total dignidad, aquel viaje militante y el pedido de solidaridad que hiciera entonces en defensa de sus hermanos campesinos productores de la hoja de coca.

Pero por la capital suiza no pasó para recordar anécdotas. Como parte de su corto viaje europeo – que incluye Francia, Austria y también el Vaticano-, en su portafolios traía para la firma una propuesta de Memorándum de Entendimiento, elaborada en común con sus pares helvéticas, y que prevé asistencia técnica a lo que podría ser el “proyecto del siglo” del país andino. La construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), o tren interoceánico, evaluado en más de 10.000 millones de dólares estadounidenses.

El mega proyecto, que en julio logró ya el apoyo formal de la Cumbre del MERCOSUR realizada en Mendoza, Argentina, implica una logística ferroviaria de 3.755 kilómetros, uniendo el puerto atlántico brasilero de Santos con el de Ilo, en el pacífico peruano.

El presidente Morales desborda en convicción. “Queremos en el 2018 empezar el proyecto”, enfatizó. Con la mayor experiencia del fino tejido andino, el tren bioceánico ha ido ganando un lugar entre las prioridades regionales. Primero, desplazó a otro proyecto parecido *made in China*, imaginado entre Brasil y Bolivia, y que dejaba de lado a Bolivia. Luego, sumó el apoyo de parte de Perú, Brasil e incluyo Paraguay y Uruguay, para lanzarlo hacia adelante como una opción viable que beneficiará a todos los actores, “por ser más corto y por tener menos consecuencias ecológicas”. Ahora, golpeando la puerta suiza para abrir un flujo de asistencia efectiva de parte del Estado y grupos empresariales helvéticos y alemanes que desde hace algún tiempo ven con simpatía y – cálculos jugosos de rentabilidad- el sueño boliviano.

Estamos convocando el saber, la experiencia y la asistencia técnica europeos, enfatizó Morales. Importantes para construir el tendido ferroviario de 1.500 kilómetros en suelo brasilero; casi 1.900 en Bolivia y unos 350 kilómetros en Perú.

Para las economías de las naciones latinoamericanas implicadas, un proyecto de este tipo implicaría ganancia redonda. Para Bolivia, una salida efectiva al mar. Para Brasil, un tránsito acelerado por tierra de sus exportaciones e importaciones sin deber acceder al largo viaje marítimo por el Canal de Panamá o el sureño Cabo de Hornos. Para Perú, poder contar con una de las dos puertas de entrada-salida del proyecto faraónico. Un ramal adicional secundario beneficiaría directamente a Paraguay.

¿Actitud contradictoria de Evo, con ideales de izquierda y recurriendo al apoyo financiero y experiencia internacionales de países capitalistas, para realizar este megaproyecto?, preguntó casi como provocación un periodista suizo.

“Cada nación, cada continente, tiene el derecho de encontrar su mejor modelo” y en consulta democrática repitió dos veces para que se escuche bien su propia concepción de la auto-determinación. En todo caso, para nosotros, en Bolivia, el neoliberalismo hizo estragos y fue nefasto, explicó el ex dirigente cocalero hoy convertido en estadista. Y los logros desde que “llegamos al Gobierno”, son tan evidentes como significativos, subrayó apoyándose en una serie de ejemplos especialmente en cuanto al aumento de las exportaciones de diferentes tipos de gas y fertilizantes.

El sueño boliviano del bioceánico salió reforzado en su tránsito por Suiza. Tiene forma, mapa, apoyos políticos, promesas parciales de financiamiento y una agenda precisa: concluirlo en el 2025 fecha del bicentenario de la independencia de Bolivia.

Sergio Ferrari (Suiza)
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5) CARA Y CRUZ DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, DE KINTTO LUCAS

Libro imprescindible para entender la década 2007-2017

Por Antonio Salamanca *

La obra Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana 2007-2017 es una nueva criatura en la actividad prolífica del autor Kintto Lucas, publicada por la editorial Eskeletra, en Quito, 2017. Como su título indica, es una valoración crítico política del proceso denominado Revolución Ciudadana, en Ecuador. Inicia en 2007 y concluye en 2017 con el cambio de presidente de la República, que marca el fin del periodo de estudio. Es continuación de trabajos del mismo autor como Rafael Correa: un extraño en Carondelet (2007) y parte de su trilogía Ecuador Cara y Cruz. Del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana (2015).

El género escogido es la crónica política, enriquecida con entrevistas y análisis personales, así como el documento histórico. El estilo se inserta en la tradición de las cartas y artículos periodísticos de José Martí (1869-1892) sobre Política y Revolución. Recuerda también el estilo periodístico del comunista estadounidense, John Reed, en su obra clásica Diez Días que Conmovieron al Mundo (1919), testigo ocular de la Revolución Rusa (Revolución de Octubre). Tomando el apropiado término de su editor, Ramiro Arias, Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana es una “bitácora” política; bitácora casi diaria del pensador, analista político y activista revolucionario.

El texto regala a los lectores un relato objetivo, preciso, fecundo en datos relevantes, bien circunstanciado, cuidado, elegante, fluido y ameno. Esta calidad literaria le ha hecho merecedor al autor del aprecio de la comunidad internacional. Entre algunos de sus reconocimientos, en 1990 recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí. En 2004 fue galardonado con la Pluma de la Dignidad por parte de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador.

Las crónicas que se recogen en la obra arrancan en enero de 2007 y terminan en agosto de 2017. De las 408 páginas, 230 presentan una abundante información sobre los dos primeros años de la década estudiada. Algo más de las tres cuartas partes de contenido ocupan el análisis de los primeros cinco años.

El libro posibilita varios niveles o perspectivas en su lectura. Una de estas claves, que ayuda a descubrir la urdimbre íntima del contenido, es el código axiológico implícito del autor. Tres valores morales o éticos movilizan el relato. El primero, en orden expositivo, es la humildad de la honestidad intelectual, el apego a la verdad histórica, la apuesta por la objetividad crítica; cuidadosa de no deslizarse por pendiente de la pasión irreflexiva. Meritoria profesión por la verdad y el rigor, diríamos que histórico y científico, cuando el autor ha sido parte, no solo espectador, de muchos de los acontecimiento que presenta. El segundo valor moral es su compromiso político revolucionario efectivo; partisano por la liberación de los pueblos en búsqueda del socialismo. El tercero es el decoro de la hermandad martiana, la coherencia personal, que hilvana los hechos y fluye la ilación argumentativa.

De la mano de ese hilo axiológico, hay otro nivel de lectura que enriquece la ubicación y análisis de las luces y sombras, de la cara y cruz de la Revolución Ciudadana: la perspectiva político ideológica. Ello en la dialéctica de los tres momentos de su dinamismo histórico: a) la irrupción carismática del poder constituyente; b) la estabilización del poder constituido; c) la nueva apelación al poder constituyente desfetichizante y regenerador. En los tres momentos, el autor ha sido actor. Esta circunstancia dota al libro de una especial riqueza testimonial histórica.

La irrupción carismática del poder constituyente

El autor dedica una gran parte del contenido del texto a dar cuenta y analizar las caras y cruces de la irrupción carismática del poder constituyente. Un poder, a su juicio, transformador, pero poder con un proyecto que no es revolucionario, en sentido estricto. El autor identifica algunas de las fuerzas que conforman el poder popular constituyente, insurgente: a) la lucha por la reforma agraria; b) la lucha por la reconstrucción de la industria; c) la lucha por la producción autogestionaria; d) la lucha por la construcción y hegemonía del poder popular; e) la lucha por la biodiversidad; f) la lucha por la democratización económica y mediática contra los monopolios mediáticos y económicos (vgr. Porta de Carlos Slim, los Isaías, etc.); g) la lucha por superar el neoliberalismo económico del consenso de Washington; h) la lucha contra una deuda externa ilegítima; i) la lucha por la soberanía política y territorial; j) la lucha por la plurinacionalidad del Estado; k) la lucha por la autodeterminación y soberanía nacional; l) la lucha por la unidad latinoamericana y sudamericana.

Ese poder popular constituyente ha llevado, tras las elecciones de 26 de noviembre, a Rafael Correa, un líder extraño, a ser presidente en Carondelet (enero de 207). El segundo paso es el tránsito hacia una Asamblea Constituyente.

Sobre estos dos actores principales del poder constituyente en acción, el autor va haciendo sus observaciones y reflexiones en la bitácora. Es interesante mostrar que ya advierte algunos elementos que dan qué pensar sobre la fortaleza del poder constituyente popular en ese momento histórico. Si bien es cierto que hay un tremendo empuje del pueblo por un cambio y liberación del neoliberalismo, y que es el pueblo, como señala, “el único sujeto imprescindible siempre en un proceso revolucionario: a) en la elección para representantes a la Asamblea Constituyente, el 30% de los electores no sabía a quiénes votar, b) el horizonte, la utopía popular salida y presentada al pueblo había sido bautizada con el nombre de socialismo bolivariano del siglo XXI, sin embargo faltaba claridad y desarrollo teórico programático. En dos ocasiones recuerda el autor los versos de Antonio Machado para resumir y suplir esta situación con la fe en “caminante no hay camino, se hace camino al andar”; c) el miedo a la audacia revolucionaria de algunos de los representantes del poder constituyente, diputados de la Asamblea Constituyente, para “trascender” (vg. derechos de los trabajadores, etc.); d) la intervenciones imperiales de la CIA a través de su articulaciones regionales con Colombia (Plan Victoria), e internas con la infiltración en las Fuerzas Armadas y Policía, debilita el poder constituyente; e) asimismo la agresión mediática orquestada, entre otros, por la Sociedad Interamericana intoxica el respirar diario del poder constituyente

Sobre el otro actor importante del poder constituyente insurgente, Rafael Correa (en su doble dimensión como poder constituido del sistema que muere y como líder carismático del poder constituyente que irrumpe), el autor entiende que el “extraño en Carondelet” en conjunto está cumpliendo su papel histórico en ese momento. Él y Alberto Acosta están exigidos por las historia, no pueden errar. Las contradicciones lógicas en las negociaciones políticas para conformar la hegemonía de cara a la Asamblea Constituyente son la inevitable consecuencia del principio o la ley de lo posible, de lo factible, del principio de factibilidad. El autor es consciente de ello, pero recuerda que hay líneas rojas que no se pueden pasar: los principios. Es esta etapa, camino a la Asamblea Constituyente, en la parte que le corresponde a Rafael Correa como miembro del poder constituyente, el balance general es que no ha traicionado los principios. Sin embargo se identifican ciertos riesgos que puede debilitar dicho poder constituyente por parte de quien ejerce el liderazgo: a) la falta de experiencia política para solventar algunos conflictos diplomáticos; b) las dificultades para el diálogo y desencuentros con movimiento sociales (vgr. movimiento indígena) que pueden impedir la consolidación de la hegemonía insurgente; c) cuidar la humildad en el ejercicio del liderazgo. Por cinco ocasiones insiste el autor en ello.

Cerramos esta primera etapa indicando un aspecto que nos resulta especialmente importante. La Asamblea Constituyente cumple su función con la elaboración del texto constitucional. La criatura es la Constitución, en vigor desde el 20 de octubre de 2008. El documento jurídico político tiene en su articulado el derecho a la resistencia. El autor, asesor de la Mesa de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, de la Asamblea Constituyente, informa que sugirió la incorporación del derecho a la resistencia a Alberto Acosta y a la Comisión integrada por Virgilio Hernández. Este derecho históricamente había sido progresivamente expulsado por la nueva clase burguesa de las constituciones creadas desde el siglo XVIII, a pesar de que llegó al poder, como clase, amparándose en dicho derecho. F. Engels, en su Introducción (1895) a la Lucha de Clases en Francia, afirma que si hay algún derecho realmente histórico es el derecho a la revolución. El derecho al a revolución es mucho más que el derecho a la resistencia a la opresión o el derecho a la rebelión. Es el derecho que movió al poder constituyente insurgente del pueblo ecuatoriano. Siendo una parte del derecho a la revolución, fue una victoria el reconocimiento y la incorporación del derecho a la resistencia en el texto de la constitución.

La estabilización del poder constituido

La etapa de estabilización del poder constituido, la institucionalización del poder insurgente, ocupa en el texto lo acontecido desde el primer gobierno de Rafael Correa hasta la Asamblea Constituyente, así como lo que ocurrirá después de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, en 2008.

El primer gobierno de Rafael Correa es un poder instituido del viejo orden que tiene la misión de abrir la puerta al poder constituyente, siempre en acción (E. Sieyès). Un gobierno que en su composición no refleja las clases sociales; más bien pareciera conformar “un club de amigos”. Ni en su seno ni en la Asamblea Constituyente la izquierda supo disputar su hegemonía en la correlación de fuerza con la derecha. En palabras del Ministro de Gobierno (Interior) de entonces, Gustavo Larrea, “[l]a Constitución que proponemos no va a llamar al país socialista ni mucho menos”. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, transformadora aunque no revolucionaria, el poder insurgente comienza a estabilizarse en su institucionalización.

Algunas de las luces de esta fase que el autor subraya son: a) la declaración ilegítima de parte de la deuda externa y su renegociación; b) Odebrecht es expulsada del país por incumplimientos de sus obligaciones contractuales (luego volverá); c) expulsión del Jefe de la CIA, Marx Sullivan; d) la no renovación de la base militar de Manta a los Estados Unidos; e) la resistencia al golpe de Estado (en su doble expresión de apelación al poder popular constituyente y de intervención del poder constituido); f) avances hacia una integración regional antiimperialista y bolivariana (Unasur, Mercosur, Celac, Alba); g) política exterior antiimperialista (vgr. crítica con la intervención militar en Libia y Siria, y el reconocimiento del Estado Palestino); h) los intentos de consolidar con el IAEN el Instituto José Peralta, escuela diplomática para una formación menos elitista y más representativa del país plurinacional; i) resistencia a la firma de acuerdos de espionaje entre Estados Unidos y Ecuador; j) denuncia de la presencia militar de Estados Unidos en Ecuador (agregados militares de la embajada, en 2014); k) la protección de Julián Assange; l) la resistencia a la firma de los tratados de libre comercio.

Son relevantes también las sombras, las cruces, los riesgos que Kintto Lucas encuentra en este momento de institucionalización. Ellas son semilla y expresión del proceso que llevará luego a que el poder instituido pierda progresivamente la legitimidad y hegemonía originarias: a) la burocracia (de las comisiones que cambian los sentidos de las leyes, a veces a oscuras, con su propia lógica, no necesariamente de izquierda o derecha; del funcionariado administrativo, etc.); b) la perdida de “pueblo” en el ejercicio del poder (de participación popular); c) la dificultades para el diálogo horizontal con el pueblo; d) la cooptación de los cuadros, dirigentes, de movimientos como Alianza País por la burocracia del aparato administrativo; e) el oportunismo político que corrompe el servicio a los intereses comunes desviándolo a satisfacer intereses privados.

También en esta etapa el autor fue actor. En su calidad de Vicecanciller del Ecuador estuvo detrás de muchas de las orientaciones y decisiones que se tomaron durante su gestión en política exterior. Precisamente la coherencia contra la firma del acuerdo de libre comercio con Europa le llevó a dejar su cargo en el Ejecutivo en 2012.

El regreso del poder constituyente

Es una ley histórica que la estabilización del poder constituido termina por distanciarse del carisma insurgente del poder constituyente. Una de las luchas históricas de los pueblos es para que la relación dialéctica (vivificante) entre ambos poderes se extienda lo más en el tiempo para evitar la pronta fetichización y muerte de las nuevas instituciones.

A lo largo de la obra, el autor reclama algunos senderos para mantener y poder recuperar esa dialéctica: a) el diálogo político del poder constituido en simetría con los movimientos sociales; b) la conversión de Alianza País en un movimiento y un frente, en un partido de cuadros y partido de masas; b) la conformación de verdaderos Comités populares de defensa de la revolución ciudadana (CDR); c) la muerte cruzada; d) la obligación de todo poder constituido de “llenarse de pueblo”.

La última crónica del libro, 24 de agosto de 2017, termina constatando dos realidades: a) que el gobierno de Lenin Moreno nace debilitado para defender los intereses populares; b) que, entre otras cosas por las disputas internas de Alianza País, el proceso de la revolución ciudadana ha llegado a su fin. El libro termina aquí.

Está por ver qué depara históricamente para el Ecuador el derecho a la revolución del pueblo ecuatoriano, el poder constituyente en acción.

Estoy seguro que Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana trascenderá como un documento histórico imprescindible para entender la década 2007-2017 en Ecuador. Es un honesto testimonio de que “hacer es la mejor forma de decir”, en palabras de José Martí. El texto permite llenar de carne y sangre, de testimonios en primera persona, de hechos y circunstancias, la dialéctica entre la irrupción carismática del poder constituyente y sus tensiones con el poder constituido. Desde la experiencia, el texto además deja abierta la discusión sobre importantes asuntos para la izquierda: a) qué se entiende por revolución; si es un momento o un proceso; si son posibles momentos revolucionarios en un proceso que no lo es; o qué hace revolucionario a un proceso de transformación social; b) qué es el socialismo del siglo XXI; c) cómo se crea un partido que sea frente y movimiento de masas y cuadros; d) cómo se llena de pueblo la praxis política.

* Antonio Salamanca /Docente de Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Texto de la Presentación del libro realizada el 14 de diciembre de 2017.
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

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1) La múltiple discriminación de las madres solas

2) Desigualdad de género en Latinoamérica

3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”

4) Las sospechosas de siempre
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 545 / Lunes 18 de diciembre de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) La múltiple discriminación de las madres solas
Más de la mitad de las mujeres al frente de una familia monoparental son pobres, lo que termina por nutrir aún más la pobreza infantil
Rosana Saiz Villar (CTXT)

El dato habla por sí solo: más de la mitad de las mujeres responsables de familias monoparentales o madres solas son pobres, y con ellas sus hijos e hijas, y la mayoría de ellas no trabaja o lo hace en condiciones altamente precarias. La normativa a este respecto es insuficiente, no específica y no atiende a las peculiaridades, necesidades y demandas más significativas de estas mujeres y sus familias.

El contexto de crisis económica que venimos arrastrando ha complicado aún más su situación de precariedad, vulnerabilidad y exclusión, ahondando en la ya antigua y progresiva feminización de la pobreza, una feminización que acaba afectando a los menores que están a su cargo, y que alimenta y cronifica la espiral de pobreza y exclusión social en que están inmersas.

Según el Instituto de la Mujer, el 88,6% de las familias monoparentales están encabezadas por la figura materna, frente al 11,4% de hombres. De modo que nos encontramos de entrada ante una discriminación dual: la que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, y la que añade el hecho de conformar una familia de carácter monoparental. Como consecuencia de esta desigualdad y discriminación surgen brechas salariales injustificables, grandes problemas para acceder al empleo y para permanecer en él, pésimas condiciones laborales, economía sumergida, dificultades en los procesos de promoción, formación y reciclaje y, cómo no, el desempleo. Con este panorama tan poco alentador, el fenómeno de feminización de la pobreza se agranda, se agrava y, como consecuencia inmediata, acaba nutriendo la pobreza infantil. La envergadura de este problema viene siendo denunciada en diferentes informes de Save the Children (2015), UNICEF España (2014) o EAPN (2017), entre otros, y ha sido el foco de atención en un buen puñado de recomendaciones de organismos internacionales, en especial de la Unión Europea.

Desde el punto de vista de las políticas de empresa, se continúa discriminando a la mujer, más aún si es madre sola, ya que el empresario prejuzga su situación y acaba considerando, en no pocas ocasiones, que no va a ser capaz de atender a su familia y, al mismo tiempo, desempeñar el trabajo correctamente. Según la Fundación Adecco, el estigma social de las madres solas es aún muy considerable y se sigue observando prejuicios y falsas creencias en el seno de las empresas; así, se tiende a creer sin fundamento que su compromiso con la organización será menor, cuando lo cierto es que estas mujeres “desean trabajar y aportan fidelidad, estabilidad y motivación, valores que se convierten en garantía de éxito en el desempeño del puesto”.

El papel de los convenios colectivos

En el marco de nuestro trabajo de investigación (Workforall Project), se ha llevado a cabo un estudio específico, titulado Discriminación laboral de las mujeres responsables de familias monoparentales, en el que se analiza la Ley Orgánica de igualdad entre hombres y mujeres, la normativa sobre conciliación de la vida laboral y familiar, el Estatuto de Trabajadores, los convenios colectivos, así como los planes de empresa a fin de constatar objetivamente la discriminación que sufren las madres solas y subrayar la necesidad de contar con una legislación acorde a las demandas y la realidad de estas familias en el contexto actual.

Dado que, como hemos comentado, la situación de las familias monoparentales implica y atañe en mayor medida y de manera especial a las mujeres, resulta imprescindible la perspectiva de género en su consideración, tratamiento e intervención.

La principal particularidad de las fuentes del Derecho del Trabajo es el convenio colectivo y su fuerza vinculante; sin embargo, la Ley orgánica 3/2007 de igualdad ha querido otorgar un papel importe a los representantes de los trabajadores en materia de igualdad; entre sus facultades estarían la negociación con el empresario, información, consulta, vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, colaboración para implantar medidas de conciliación, así como la prevención y represión del acoso sexual y moral por razón de sexo y la información a sus representados.

Sin embargo, a pesar de que los convenios colectivos estatales de sector hacen referencia en muchas ocasiones a cláusulas genéricas que intentan respetar el principio de no discriminación, en los casos analizados no dejan de mostrarse como medidas de buena voluntad que bien pudieran cumplir una labor de sensibilización pero que en la práctica poseen poca repercusión normativa, y, por ende, no están surtiendo efecto.

En relación con la distribución de la jornada y la organización del trabajo, la negociación colectiva de sector la atribuye en todos los convenios colectivos estudiados al empresario, sin tenerse en cuenta ninguna medida específica de conciliación para las mujeres. Las familias monoparentales, por su parte, no son tenidas en cuenta, ni mencionadas, ni tan siquiera con intención de visualizarlas. Por tanto, los avances en este ámbito y para estas mujeres son nulos.

Los convenios colectivos de empresa analizados reflejan aún menos avances en este sentido, ya que el proceso regulador sobre igualdad y conciliación es menor que en los convenios colectivos del sector, con un panorama todavía peor en lo que se refiere a las madres solas. Con respecto a los planes de igualdad, en aquellas empresas obligadas a ponerlos en marcha, todos los casos analizados han reproducido estrictamente, en total o en parte, lo que indica la ley.

En definitiva, los convenios colectivos de sector no están obligados a la negociación de los planes de igualdad, con lo cual estos remiten a los convenios de empresa, que, o no mencionan nada, o se remiten a la ley, o, para aquellas empresas obligadas, delegan en los planes de igualdad, los cuales a su vez se llenan de medidas programáticas y de buena voluntad, de información, concienciación, etc. Se trata, como puede observarse, de un círculo vicioso del que resulta imposible salir. Y dentro de todo ese complejo proceso, las madres solas, pese a ser un grupo vulnerable, y desoyendo las recomendaciones de la UE y otros organismos internacionales, no son consideradas por la normativa laboral en ninguna de sus fuentes.

Por todo lo señalado, consideramos necesaria una ley estatal sobre estos nuevos modelos familiares que considere de manera integral y específica sus características, necesidades y demandas actuales. La ley debería partir de los principios fundamentales recogidos en la Constitución española y desarrollar normativamente toda una serie medidas que contemplen, en primera instancia, la naturaleza actual, distintiva y plural de estas estructuras familiares: la responsabilidad de cuidado, atención y crianza de los hijos centrada en una única persona. La evolución socio-histórica y la realidad actual han propiciado que esta responsabilidad única recaiga principalmente en las mujeres. En ese sentido, la ley estatal debería partir y contemplar la cuestión laboral como eje central sobre el que desarrollar medidas que den respuestas efectivas a las necesidades de estas mujeres y sus hijos. Estas medidas, sustentadas en la perspectiva de género, deberían diseñarse desde la integralidad y la transversalidad, con el objetivo final de hacer real la inclusión social plena de estas familias.

Para ello se propone la implementación de medidas que contemplen y hagan posible la no discriminación laboral, con todo lo que ello implica en la introducción de cambios significativos en materia normativa laboral: cláusulas sociales para entidades del tercer sector social que desarrollen proyectos de apoyo e intervención social con este tipo de familias; medidas de sensibilización y bonificación para las empresas que contraten a estas mujeres; medidas que pongan en marcha estrategias activas de empleo que desarrollen las habilidades y competencias de las madres solas y mejoren su empleabilidad; programas formativos específicos pre-laborales y de reciclaje profesional; programas personalizados de inserción socio-laboral; medidas de conciliación laboral y familiar concretas, flexibles y adaptables a las circunstancias específicas de cada familia; medidas de coordinación de los servicios sociales y servicios de empleo para generar dispositivos integrados que actúen atendiendo a las necesidades y demandas de estas familias de una manera rápida y sostenida en el tiempo; programas de apoyo educativo para acompañar, asesorar y tutorizar a los hijos en cada nivel formativo; medidas que faciliten el acceso y el uso de calidad de los servicios sanitarios (con especial atención al seguimiento pediátrico de los menores); medidas de acceso y utilización de viviendas adaptadas a sus necesidades específicas (proximidad a los colegios y centros sanitarios, etc.) y que les proteja en caso de impagos y desahucios; medidas de fomento de redes sociales y participación social en la comunidad; medidas fiscales que contemplen las distintas necesidades, perfiles y momentos por los que atraviesan estas familias.

En definitiva, una ley estatal que se desarrolle y se aplique en todo el territorio nacional, haga efectivos en la práctica los principios de igualdad y no discriminación, y establezca las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para que estas familias dejen de ser contempladas como grupos vulnerables.

-Rosana Saiz Villar, investigadora de Workforall Project, Universidad de Oviedo.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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2) Desigualdad de género en Latinoamérica
Si eres hombre te pago 15, si eres mujer te pago 10
Lucía Converti (CELAG)

El Foro Económico Mundial elabora desde 2006 un informe anual[1], que evalúa la diferencia de género existente en cada país (fueron evaluados 144 países en el último informe). Con estos datos elabora un índice que cruza variables tanto de ingresos como de participación y oportunidades, educación, empoderamiento político, salud y supervivencia. Para el 2017 el informe muestra una brecha de desigualdad promedio de 68 %, sin embargo, este índice disminuye a 58 % cuando se considera el subíndice relacionado con la participación económica y las oportunidades.

En el análisis de temas económicos, el indicador de desigualdad del ingreso es uno de los más importantes para evaluar cómo se distribuyen los recursos en las sociedades que estudiamos y sus posibilidades de desarrollo. La desigualdad de género, sin embargo, no se utiliza con tanta frecuencia. Su estudio es mucho más frecuente en el campo de la sociología, la ciencia política o la antropología, aún cuando el tema se supone parte de la agenda económica regional desde hace cuatro décadas.[2]

Esta nota evidencia la importancia que la desigualdad de género ejerce sobre la estructuralidad de la pobreza en la región. Es importante aclarar que se hará énfasis en la diferencia entre el género femenino y masculino exclusivamente, sin embargo, la desigualdad se extiende y hasta se agrava si se considera otras identidades de género. Asimismo, se estudiará la desigualdad de género en el ámbito laboral, dejando pendiente el análisis de otras desigualdades existentes.

Las cifras de la desigualdad

Del total de la población en edad de trabajar, el 52,1 % son mujeres. Sin embargo, sólo la mitad trabaja o está buscando trabajo y del total empleado solo el 41,1 % son puestos ocupados por mujeres[3].
En el mercado laboral, los varones cobran 50 % más que las mujeres.[4]
El 53,7 % de las mujeres tiene un empleo informal mientras que los varones llegan hasta un 47,8 %.
Mientras que el 22,8 % de las mujeres tienen trece o más años de educación, solo el 16,2 % de los varones alcanza o supera este resultado, sin embargo, el 78,1 % de las mujeres ocupadas trabajan en sectores de baja productividad y tienen poco acceso a los cargos de mayor jerarquía.[5]
El 26 % de las mujeres mayores de quince años reciben como remuneración menos de un salario mínimo.[6]
El desempleo de las mujeres alcanza el 9,1 %, mientras que la de los varones es de 6,3 %.[7]
La proporción de mujeres sin ingresos propios (es decir, sin trabajo ni trasferencia del estado) asciende a un 28,9 % en 2014[8].
Teniendo en cuenta estos números puede entenderse el fenómeno de feminización de la pobreza. Mientras que ésta cayó de un 43,9 % en 2002 a un 28,2 % en 2014, el índice que mide la proporción de mujeres que viven en hogares pobres aumentó 1,1 puntos entre 2002 y 2013[9]. Esto ocurrió especialmente en los países de mayor ingreso per cápita (Argentina, Chile y Uruguay).

Una sociedad hecha a la medida de los varones

Así como podemos definir al sistema económico en el que vivimos como capitalista, debemos definir a nuestras sociedades como patriarcales. Se entiende como sociedad patriarcal aquella en la que los varones dominan a las mujeres.

A este dominio se debe que la mujer esté un 40 % menos escolarizada en la etapa preescolar que los varones, siendo discriminada desde su educación, en la niñez, hasta en el trabajo, en su adultez. Esta discriminación se ve reflejada, como muestran las cifras mencionadas, en el bajo nivel de acceso al trabajo, en la desigualdad de remuneración por igual trabajo, en el tipo de trabajo y en el nivel de precarización. Cada una de estas formas de discriminación se acentúa si son mujeres trabajadoras rurales, indígenas, afrodescencientes o migrantes.

Debido a la división sexual del trabajo establecida internamente en nuestras sociedades existe un tipo de actividad donde la mujer se inserta mayoritariamente. Este trabajo es el relacionado con el cuidado del hogar y de la familia. Según la OIT (2012), el mismo concentra el 15,3 % de la ocupación femenina en el mercado de trabajo.

En la mayoría de los países la legislación laboral a la que están sujetas las empleadas domésticas es más limitada que las que regulan el resto de las actividades asalariadas, dejando a esta actividad prácticamente por fuera de los derechos laborales. Esto evidencia el desprecio social y económico que se asigna a esta ocupación. Sin embargo, en Ecuador, por ejemplo, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados alcanza el 15,2 % del PIB, compitiendo con cualquier actividad económica del país.

Asimismo esta ocupación no sólo la ejerce el 15,3 % de las mujeres mal remuneradas por esta labor, sino también el resto. La equidad en el trabajo doméstico en el hogar, aún deja mucho que desear.

Un estudio realizado en 2014, en cinco países de la región, demostró que la suma de la cantidad de horas remuneradas y las no remuneradas (dedicadas al cuidado y la reproducción del hogar) es mayor en las mujeres que en los varones. En algunos países la cantidad de horas de trabajo no remunerado es equivalente o mayor a una jornada laboral completa, y estas siguen concentradas en manos de las mujeres de la familia.

Siguiendo con esta línea, el 30 % de las mujeres que no tienen ingresos también dedican su tiempo al trabajo no remunerado en el hogar. Esa condición libera a la mujer de la suma de ambos trabajos pero condiciona su libertad, pues se genera una subordinación y dependencia del varón que limita su capacidad de decidir cómo o con quién vivir, lo que las hace más vulnerables al abandono del jefe del hogar e incluso a la violencia.

Estas mujeres representan el porcentaje de población más vulnerable a caer en la pobreza o incluso en la indigencia de un momento a otro. A la vez, esta condición de vida – tanto en la pobreza del abandono como en la de la violencia- se extiende a los hijos, lo que reproduce el círculo de exclusión y vulnerabilidad social.

Conclusiones

Los números presentados reflejan una fotografía estática: la brecha de desigualdad está cerrándose continuamente, debido a las constantes luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en igualdad con los de los varones. De no poder estudiar a ir a la universidad libremente y compartir aula con los varones hay un gran paso, pero las diferencias persisten y si se mantienen en la invisibilidad de lo “natural” y no se observan sus consecuencias, se limita el avance.

En la última década la brecha disminuyó, pero también volvió a agrandarse en cada crisis o caída de la actividad, situación que refleja lo casual y no del cambio. La condición de doble opresión que viven las mujeres del mundo y de la región, es un problema estructural ya que son las prácticas cotidianas las que estigmatizan y discriminan.

Según el foro mundial global la paridad se alcanzará en cien años, pero el año pasado eran ochenta y siete. Es esencial avanzar en la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género para poder combatir efectivamente la pobreza y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en el menor tiempo posible.

Notas:
[1] The Global Gender Gap Report 2017, Foro Económico Mundial.
[2] Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres en Naciones Unidas.
[3] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONU Mujeres y OIT en noviembre de 2013.
[4] La matriz de la desigualdad social en América Latina. CEPAL, 2016.
[5] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[6] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[7] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONUMujeres y OIT en noviembre de 2013.
[8] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[9] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
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Lucía Converti, @ConverL, investigadora CELAG.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”
Mariana Carbajal.(Página 12)

“El feminicidio en Ciudad Juárez es un producto de la globalización financiera”, sostiene la activista brasileña Graciela Rodríguez y explica esa relación en una entrevista con Página/12. Integrante de la Red de Género y Comercio, Rodríguez fue pionera en analizar y denunciar en la región el impacto diferencial del libre comercio en la vida de las mujeres y en particular en advertir cómo configura las violencias que las afectan. Fue una de las oradoras del Foro Feminista frente al Libre Comercio, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cerró con una conmovedora asamblea de mujeres, lesbianas y trans.

En diálogo con este diario, Rodríguez destacó la importancia de la perspectiva feminista para analizar el tema, frente a otras miradas más tradicionales, “porque tiene una visión del trabajo, que es ampliada, que incluye el económico y remunerado, el invisible, el informal. Justamente la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres tiene que ver con eso, con esa nueva perspectiva del trabajo, que nos da una explicación mucho más acabada de cómo el capital crea mecanismos de control”, señaló la activista, que también forma parte de la Articulación de Mujeres Brasileras y del Instituto Equit, de Río de Janeiro, que trabaja por los derechos de las mujeres.

Al ser consultada sobre la decisión del Gobierno de Cambiemos de rechazar el ingreso al país y deportar a activistas que viajaban a la Argentina para participar de las actividades paralelas a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la brasilera fue muy crítica: “Ha sido una actitud absolutamente autoritaria del gobierno argentino pero no ha sido una decisión aislada. En esta ola neoliberal conservadora que estamos viviendo, es una punta de lanza para disminuir la participación de la sociedad civil en los espacios multilaterales, donde hemos logrado influir con nuestras posiciones”, denunció.

En América Latina, la apertura comercial y la inserción subordinada en la globalización profundizaron las desigualdades de género, sostiene Rodríguez: se instalaron industrias que utilizan trabajo precario preponderantemente femenino, como las maquiladoras, al tiempo que las privatizaciones redujeron la calidad de los servicios públicos y obligaron a las mujeres a extender aún más sus dobles jornadas de trabajo.

-¿Cómo se involucró con esta temática?
-Empecé a trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres en una organización feminista en Brasil a finales de los ’80 y decidimos analizar el tema de las políticas económicas porque nos dimos cuenta de que la situación de las mujeres estaba ligada a su desigual incorporación al mercado de trabajo. Nos fuimos dando cuenta de que las desigualdades de género como las de raza son estructurantes del mercado de trabajo, porque son eficientes y funcionales al capital. Y al ser funcionales nos hemos dado cuenta que había que meterse a pensar las políticas macro, las negociaciones internacionales de comercio, de inversiones, para ver cómo eso tenía impacto en la vida de las mujeres y en esa situación de fortalecimiento de la desigualdad como un elemento del beneficio de las empresas. Y en la globalización se vio claro, cada vez se fue poniendo más evidente. Usaban a la mano de obra para bajar la tasa salarial, porque era más barato contratar mujeres o gente discriminada, en algunos países las personas negras, en otros de alguna etnia. Fuimos viendo como eso iba definiendo el mercado. Nos fuimos incorporando por ahí. Estuvimos primero en la negociación contra la incorporación al ALCA, contra la OMC después. Fuimos parte de la creación de la Red de Género y Comercio, que fue muy activa en los años en que fueron parando las negociaciones de la OMC en 2009.

-¿Por qué relaciona la globalización del comercio con los feminicidios en Ciudad Juárez?
-La globalización financiera trajo la incorporación de grandes contingentes de mujeres al mercado de trabajo en México, China, Indonesia, India. El caso de México en la maquila ofrece un ejemplo muy evidente de lo que ha sido el impacto de la liberalización comercial. Esta liberalización fue imponiendo una migración de las personas del área rural hacia otros lugares buscando empleo, hacia asentamientos urbanos o Estados Unidos, desagregando los tejidos sociales de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y en el caso de las maquilas, particularmente, llevando a las mujeres a esos territorios sobre todo del norte del país, en donde están aisladas, separadas de sus comunidades y su entorno de seguridad y expuestas a vulnerabilidades. El feminicidio fue un producto de ese fenómeno, se dio en esos territorios, y se dio por la expansión del libre comercio que destruyó la producción agraria. Mexico pasó de ser exportador de maíz a ser importador de ese mismo producto de EEUU. Y destruyó los tejidos sociales. Esa es la relación que pensamos.
El foro y la asamblea feminista fueron parte de la Cumbre de los Pueblos, que sesiona en paralelo con la XI Reunión Ministerial de la OMC. Rodríguez participó del panel “Las tramas de la violencia económica y el impacto del libre comercio”, junto a la uruguaya Alma Espino, de la Red de Género y Comercio – CIEDUR y las argentinas Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CIEPP-CONICET y Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus sigla en inglés) y Verónica Gago, investigadora del Conicet, docente de la Unsam e integrante del Colectivo Ni Una Menos.

-¿Por qué este foro feminista en el marco de las discusiones de la OMC?
-Estuvimos discutiendo justamente cuánto tiene que ver la OMC con nuestras vidas, con la vida cotidiana de la gente y particularmente de las mujeres. El tema de la producción alimentaria y de la soberanía alimentaria, o sea la capacidad que tienen los países de garantizar la llegada de alimentos de calidad a la mesa de las personas, es un tema que está extremamente afectado por las negociaciones de la agricultura de la OMC. Este tema ha sido el más central. Porque se le viene prometiendo a los países desarrollados una solución, frente a la falta de apoyo que tiene y que no puede tener –por las reglas de la OMC—la agricultura de los países más pobres. Este tema está profundizando la desigual distribución del trabajo en el mundo, la migración de millones de personas de los territorios más pobres de África, Asia, India, América latina, hacia los países del norte, con toda la problemática que eso significa. Pero ahí no terminan. En la OMC se negocian todos los temas de servicios, y ahí tenés millones de cuestiones, los servicios de acceso a agua, a la educación, a la salud, telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios financieros. Algunos hablan de servificación de la economía, en el sentido de que cada vez más son los servicios los que ocupan gran parte del PBI de los países, entre el 60 y el 80 por ciento de las economías están destinadas a un conjunto de los servicios. De alguna forma eso feminiza el mercado de trabajo porque los servicios tienen mucha presencia de mano de obra femenina. Ya el empleo y el salario está siendo cada vez menos importante como categoría de inclusión al mercado y está siendo mucho más relevante todo el aspecto de financierización extendida de la vida cotidiana de las personas y su endeudamiento. Hablamos también de los flujos ilícitos de capital que también están proponiendo gran parte de los entretejidos de esta vitalidad económica que tienen los territorios y que está impactando directamente en las mujeres.

-¿A qué se refiere?
-Un ejemplo es lo que está sucediendo en Rio de Janeiro donde el tráfico de drogas y toda la circulación de ese recurso ilegal ha cambiado la cara de la economía local con el apoyo también del lavado de flujos ilícitos que hacen las iglesias pentecostales de mercado, como las llamo, que en alianza han creado toda una perspectiva económica muy activa en las favelas. Y tiene importancia cómo impactan en la vida de las mujeres, en las violencias que ellas sufren, en las redes de trata.

-¿Qué otros temas no se pueden dejar afuera?
-La expansión agrícola en la Amazonia o la Patagonia argentina, que impone una lucha de resistencia de los pueblos indígenas, que son los que han conservado esos territorios, vinculada a la especulación inmobiliaria y de tierras que tienen que ver con los agro-negocios. Le ves la ligación a todo. Otro tema que no se puede dejar afuera en esta negociación de la OMC es el debate sobre el comercio electrónico y esa discusión también tiene que ser central para pensar cómo se expande la sociedad del control de los datos de la población. Está en juego cómo se crean reglas para esa liberalización que en la práctica significa las grandes empresas transnacionales que tienen el control Amazon, Apple, Facebook Microsoft y Google y hay que mencionar también a la plataforma de comercio on line china Alibaba. Los datos van a ser el nuevo petróleo de la economía mundial, como dicen algunos economistas. ¿Cómo le impacta a las mujeres? Hasta lo ahora hemos estudiado relativamente poco. Vemos que las mujeres tienen un dominio digital menor y esto significará ampliar la brecha de desigualdad de las mujeres pero tenemos que empezar a hilar más fino.

-¿Cuáles son las alternativas en este escenario de Latinoamérica con gobiernos que giran a la derecha?
-Pensar las alternativas es muy complejo porque hay todo un debate sobre las posibilidades de transición, cómo disputarle al capital esta mercantilización de la vida. Mucha gente la está encontrando al salir de los circuitos, otros lo piensan en controlar a las corporaciones o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en un momento histórico civilizatorio donde es importante decir cómo el capitalismo se ha separado de cualquier regulación que lo controle y está autonomizando su forma más salvaje. Hay otros que pensamos que dentro del capitalismo no hay solución para este tema. ¿Cómo haces para construir procesos alternativos? Creo que el feminismo tienen mucho que aportar: nuestra posición viene a partir de la sustentabilidad de la vida y de un trabajo pensado en términos amplios y en cuestionar la división sexual del trabajo. Tenemos que disputar mucho ahí. Pero va a ser un trabajo arduo. No va a ser de un día para el otro.

COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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4) Las sospechosas de siempre
Entre las múltiples agresiones enfrentadas por las mujeres, está esa duda constante…
Carolina Vásquez Araya (Rebelión)

Tenía 18 años y un embarazo complicado. Doloroso y cargado de riesgos. Mi médico luchó por evitar un aborto, pero al final terminó llevándome al hospital a punto de morir desangrada. Era finales de los años sesenta en un país conservador apegado a la iglesia como la manera más sólida de validar sus prejuicios, y las instituciones del Estado no se libraban de esa visión fundamentalista. Recuerdo muy bien la mirada de la enfermera que me recibió en la sala de emergencia: dura, inclemente, acusadora, cargada de desprecio… “¿te lo provocaste, jovencita?”. La rabia y la impotencia de la agresión en un momento tan crítico para una mujer como es perder un embarazo, es inimaginable. La imposibilidad de defenderse cuando estás más vulnerable que nunca y dependes de otros, de su atención profesional y objetiva, de su empatía, de su sensibilidad humana, se agolpa en la garganta impidiendo pronunciar palabra.

Recordé este episodio casi olvidado pensando en cuánta violencia enfrentan las mujeres en Guatemala y otros países de la región y el mundo, en todos los estadios que rodean su vida sexual y reproductiva. Víctimas de un sistema patriarcal tan inclemente y duro como la enfermera de mi historia, cualquier manifestación relacionada con su capacidad reproductiva es objeto de duda y desconfianza. Las mujeres somos sospechosas desde el nacimiento y, a pesar de cuánto hemos avanzado en la defensa de nuestros derechos, esa nube gris posada sobre nuestra cabeza permanece inalterable. Es así como miles de mujeres alrededor del mundo sufren condenas de prisión por haber abortado, no importando si la pérdida fue voluntaria o espontánea, porque la culpa se instala a priori sin mayor investigación.

Este castigo, injusto pero tolerado por amplios sectores de la sociedad, se aplica con especial saña contra las mujeres más pobres, aquellas cuya falta de información y acceso a los servicios de salud y educación las condenan al silencio y a la resignación. Para ellas hay violencia incluso cuando dan a luz, porque ese procedimiento se realiza en las condiciones sanitarias menos apropiadas, enfrentando en cada parto un peligro de muerte. El Estado, cuya obligación es proporcionarles una atención digna y adecuada, está ausente para la mayor parte de ese sector de escasos recursos y, por ende, condenado a embarazos y partos de alto riesgo.

La actitud de desconfianza está también firmemente instalada en el momento de denunciar una violación sexual, favoreciendo la impunidad de quienes cometen este vil crimen contra niñas, niños y mujeres adultas. Considerada por algunos como “una falta” cometida bajo la influencia del alcohol, las drogas o el “entusiasmo del grupo”, la violación sexual representa una de las mayores amenazas contra la integridad física y psicológica de millones de mujeres alrededor del mundo. Sin embargo es a ellas a quienes se les exige revivir el episodio una y otra vez, ilustrando los detalles de su dramática experiencia frente a policías, investigadores y juzgadores insensibilizados por un sistema permisivo y machista.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido ignorados de manera deliberada por aquellos Estados sometidos a las presiones de la iglesia, pero sobre todo aliado de un sistema político y económico que mantiene a la población en la ignorancia, desinformada y sumisa con el fin de impedirle alcanzar el empoderamiento ciudadano indispensable para exigir el respeto de todos sus derechos. En este escenario, las mujeres enfrentan la doble tarea de romper los estigmas y demandar justicia.
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Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora se puede seguir a Comcosur también en Facebook
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1) Exigen obras al Hotel Carrasco tras otorgarle beneficio millonario

2) TLC entre Mercosur y Unión Europea incluye liberalización de las telecomunicaciones.

3) Reglamento de la ley de medios prevé multas de hasta US$ 200 mil.

4) UPM: Qué necesidad de vender el patrimonio de los orientales a tan bajo precio

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2156 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Exigen obras al Hotel Carrasco tras otorgarle beneficio millonario
Intendencia preocupada porque no presentó el nuevo plan de negocios.
Andrés López Reilly (El País)

Durante mucho tiempo, el Hotel Casino Carrasco pareció caminar por la cuerda floja. O al menos eso fue lo que el concesionario hizo notar a buena parte del espectro político y a sus propios empleados, muchos de los que fueron al Seguro de Paro. Palabras más, palabras menos, la firma comunicó a la Intendencia que si no le cambiaba las condiciones del contrato —haciéndolo más flexible y rebajándole el canon— el negocio se iría a pique, con la consiguiente pérdida de fuentes laborales y de un icono de Montevideo.

Finalmente, la Intendencia —con la anuencia de la Junta Departamental— accedió al pedido, aunque con ciertas condiciones. Algunas quedaron en el papel y otras fueron palabra empeñada. A su vez, por un acuerdo entre privados, la IMM se libró de un juicio multimillonario en dólares que cargaba sobre sus hombros desde que concedió la gestión a la firma Codere (ver nota aparte).

La finalidad de todos los beneficios que se le concedieron al concesionario del Sofitel Montevideo Casino Carrasco & SPA era básicamente una: que cambiara su plan de negocios para captar apostadores VIP internacionales, como figura en el plan de la empresa desde hace años, pese a que nunca lo haya concretado. Se trata de apostadores muy diferentes al común de los mortales: personas a las que se les paga traslados aéreos, hospedaje, comida, bebidas, vehículo particular y obsequios. Y que pueden llegar a gastar un millón de dólares en un fin de semana.

Pero pese a que la empresa obtuvo lo que se propuso, los cambios prometidos no se han visibilizado. A esto se suma que, al finalizar la negociación del nuevo contrato, Codere concluyó su relación con el gerente general y contraparte con el Estado uruguayo, el español Ignacio García. La firma tiene ahora otras autoridades, que según el Partido Nacional carecen de expertise en salas de juego como para poder llevar adelante los cambios anunciados.

El director de Casinos de la Intendencia de Montevideo, Hugo Gandoglia, dijo ayer a El País que el nuevo contrato, más flexible y económico para el concesionario, se hizo para potenciar el juego del apostador VIP, aunque admitió que "no lo están haciendo y nosotros se lo hemos reclamado insistentemente. Yo personalmente lo he hecho. Y me consta que se han hecho gestiones al más alto nivel para que esto se concrete".

Pedido de informes.

Desde el sector Alianza Nacional, del Partido Nacional, se presentó a nombre del edil Javier Barrios un pedido de informes a la Intendencia para conocer el estado de situación tras el acuerdo alcanzado con la empresa.

Este sector político destaca que, entre otras cosas, la concesionaria se obligó a invertir US$ 4.000.000 en obras de acondicionamiento y mejoras de la infraestructura interior y exterior; pasar la sala de juegos del subsuelo a la planta baja, cambiar el ingreso al casino, construir una sala de conferencias y adaptar el espacio externo trasero para la realización de eventos. Tiene 36 meses la ejecución y han transcurrido casi doce.

El líder de la lista 250, diputado Jorge Gandini, dijo a El País que "todo eso se suponía que lo iban a hacer, pero no han hecho nada". Y que "el intendente Daniel Martínez debe hacer cumplir el acuerdo".

"Lo primero que a mí me preocupa es que el contrato se elaboró sobre la base de un nuevo plan de negocios, que no ha sido presentado. El plan de negocios tiene que ver con una nueva modalidad de explotación que hace crecer la sala de juegos y la cambia de lugar, colocándola más cercana al público y cambiándole el ingreso para que no quede por atrás sino por el costado. Se tiene que hacer una sala de conferencias y una nueva sala VIP de mayor tamaño", indicó Gandini.

"A mí me da la impresión de que la empresa quedó feliz con el canon que tiene que pagar, que no piensa hacer mucho y que si empata, empata", agregó el legislador nacional. Y advirtió: "Quiero que sepan que los estamos mirando, porque esta gente recorrió todo el sistema político pidiendo contemplación para cambiar un contrato que se les dio a partir de una licitación muy complicada y recurrida".

Fuera del papel.

El director de Casinos dijo "coincidir con Gandini" en cuanto a que el nuevo plan de negocios "es el elemento central, porque esas obras que se deberían hacer, como llevar la sala de juegos arriba, no tienen sentido si no se desarrolla un plan para ese universo de apostadores VIP. Que es además el que necesita la explotación comercial, para aspirar a tener un negocio lucrativo".

Aunque Gandoglia señaló que la empresa "nunca ha dicho que no vaya a hacer las obras", aclaró que "hay temas que están formalizados por escrito y otros que forman parte de lo que siempre se conversó, pero que no están exactamente puestos por escrito". Entre los requerimientos que no quedaron establecidos por escrito, estarían las obras para cambiar el casino de lugar, hacer una nueva sala de conferencias y otro salón VIP para los apostadores, explicó.

Un juicio contra la IMM que se diluyó

Las negociaciones con la empresa incluyeron la renuncia al juicio que la propietaria del otro 50% de Hípica Rioplatense mantenía con la Intendencia de Montevideo por la concesión del Hotel Carrasco. El nuevo contrato transformó a la empresa Codere —que en el mismo proceso adquirió el 50% restante de Hípica Rioplatense— en el principal concesionario de juegos de apuestas en Uruguay.

De acuerdo al diputado Gandini, pasó a ser concesionaria del 100% del Hipódromo de Maroñas, del Hipódromo de Las Piedras "y a participar en la administración de varios hipódromos del interior, a través de Hípica Rioplatense, titular de cinco salas de juego mixtas en Montevideo y Canelones y un casino de administración privada de origen departamental"

Según el legislador, "Liberman (oferente que quedó en segundo lugar en el llamado a licitación) se llevó US$ 30 millones, dio de baja el reclamo y se sacó de encima el problema de ser socio de Codere, que no es fácil".

Nuevo acuerdo

Tras el cambio de contrato, el adjudicatario se vio beneficiado en una reducción del canon que originalmente había ofertado y debería pagar a la Intendencia durante 30 años, según la Licitación Pública Internacional N°268/2007. Con la oferta original, la concesionaria debía abonar un canon fijo de unos US$ 500.000 por mes, más uno variable según el monto de juego, por lo que el canon anual podría alcanzar los US$ 8 millones.

En la actualidad, el canon es enteramente variable, con un piso mínimo anual de US$ 1.500.000. La reducción fue significativa en monto anual y mucho más en monto total al final del contrato. Por otra parte, se le aceptó refinanciar en 24 meses la deuda que el concesionario mantenía con la comuna por incumplimiento de pago del canon original, que a septiembre de 2016 ascendía a $ 78.202.683.

El director de Casinos de la IMM, Hugo Gandoglia, dijo a El País que "la garantía que tenían que constituir de US$ 8 millones en un aval bancario de primer requerimiento, está constituida" y que "han cumplido rigurosamente con el calendario de pagos, tanto del canon como de la cuota del pago de la deuda".

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) TLC entre Mercosur y Unión Europea incluye liberalización de las telecomunicaciones. MIEM asegura que TLC Mercosur-UE no afectará a Antel y explica por qué no se pudo excluir telecomunicaciones
Natalia Uval (La diaria)

El capítulo de liberalización del comercio de servicios del Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocian el Mercosur y la Unión Europea (UE) tiene 38 páginas. Según el borrador filtrado por Greenpeace Holanda, fechado el 5 de octubre de 2017, varias disposiciones del TLC son idénticas a las que se negocian en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) del que Uruguay se retiró en 2015. Por ejemplo, la exigencia a los gobiernos de que sus políticas públicas en materia de servicios se adopten de forma “razonable, objetiva e imparcial”. Esta es una cláusula ambigua y está sujeta a interpretación, y es una de las más utilizadas por empresas transnacionales para demandar a los estados ante los tribunales de arbitraje.

En el caso del TLC entre el Mercosur y la UE, todavía no se conoce cuál será el organismo de solución de controversias, pero se presume que los europeos propondrán, como ya lo han hecho en otros foros internacionales, crear un Tribunal Multilateral de Inversiones que sustituya a otros organismos, como el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones.

Al igual que el TISA, el capítulo sobre comercio de servicios de este TLC establece que los requisitos para otorgar licencias deben ser “objetivos”, “claros y no ambiguos” y que, en caso de haber competencia para otorgar la licencia, los procedimientos deben ser “imparciales y transparentes”.

Al comienzo del capítulo sobre comercio de servicios, se observan diferencias entre la UE y el Mercosur similares a las de otros capítulos del TLC. La propuesta del Mercosur establece que la liberalización debe “respetar los objetivos de política nacional y reconocer los distintos niveles de desarrollo de las partes, no sólo en términos generales, sino también a nivel sectorial”. Agrega que la UE deberá “asistir a Paraguay para que pueda cumplir con las obligaciones del capítulo”, así como proporcionarle un “trato especial y diferenciado”. En cambio, la UE no está de acuerdo con esta propuesta y sugiere un texto que solamente señala: “La UE no se opone al principio de reconocer las asimetrías respecto de Paraguay, pero considera que este principio debe ser parte de las disposiciones generales del acuerdo”.

En cambio, sí hay acuerdo de ambas partes en aclarar que nada en el capítulo implicará la necesidad de cualquiera de los países de “privatizar servicios públicos” y en señalar que el capítulo no aplicará a los sistemas de seguridad social. Otros servicios excluidos del TLC son el cabotaje marítimo, los servicios aéreos, la minería, la energía nuclear, los servicios audiovisuales y la producción de armas.

La liberalización del comercio de servicios implica que los países no podrán limitar el número de proveedores de servicios en una actividad determinada, bajo la forma de “cuotas, monopolios y derechos exclusivos”. Tampoco podrán establecer limitaciones a la concentración de mercado, ni a la participación del capital extranjero en una inversión, ni exigir un número total de personas empleadas.

Se establece la cláusula de “trato nacional” –una disposición que atraviesa todo el TLC–, que implica que los proveedores de servicios europeos deberán recibir el mismo trato que los nacionales en cada país del Mercosur, y viceversa. Se estimula el intercambio de servicios entre profesionales independientes y se establece la necesidad del reconocimiento mutuo de las calificaciones educativas y la experiencia laboral.

Telecomunicaciones y bancos

En el TLC que Uruguay firmó con Chile, se excluyeron de la liberalización los servicios financieros y las telecomunicaciones, por considerarlos temas sensibles para el país. En cambio, en el TLC entre el Mercosur y la UE no sólo están incluidas estas actividades, sino que además son de las pocas que tienen disposiciones específicas: se destinan seis de las 38 páginas del capítulo a las telecomunicaciones y cinco páginas a servicios financieros.

En cuanto a la liberalización de los servicios financieros, se aclara que los países no están impedidos de tomar medidas para proteger a los inversores y los depósitos, así como para asegurar la “integridad y estabilidad del sistema financiero” en cada país. También se aclara que no se exigirá a las partes que revelen información relacionada con cuentas de clientes individuales ni cualquier información confidencial en posesión de entidades públicas. Se disponen mecanismos para cooperar en materia de transparencia financiera, en los que Uruguay ya ha avanzado en los últimos años.

Finalmente, se aclara que ninguna de las disposiciones en materia de liberalización de los servicios financieros implica que los países no puedan adoptar medidas con miras a proteger la vida humana, animal o vegetal. Los países también están habilitados a tomar medidas destinadas a conservar los recursos naturales, siempre que estas medidas sean igualmente restrictivas para los consumidores y los proveedores domésticos que para los extranjeros. Se aclara que los países podrán adoptar medidas necesarias para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico y arqueológico. El Mercosur propuso en esta parte que también se habilite a los países a adoptar medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero en esto todavía no hay acuerdo con la UE.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, dijo a la diaria que la liberalización de los servicios financieros contenida en el acuerdo no afectará negativamente a Uruguay. “No hay demasiada complicación porque nosotros somos muy abiertos en servicios y en particular en los financieros. O sea que estamos muy bien posicionados para negociar en la materia. No hay nada relevante que nos puedan ‘arrancar’ por ese lado”, aseguró.

En telecomunicaciones, la pregunta es cuánto afectará a las actividades de Antel la liberalización prevista. Esto no puede responderse sin conocer la lista de excepciones y exclusiones que plantea Uruguay, que no es pública.

El capítulo filtrado sostiene que la autoridad regulatoria de los servicios de telecomunicaciones deberá tener una entidad legal distinta y ser funcionalmente independiente de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, algo que en Uruguay ya es así. Se establece además que las decisiones de la autoridad regulatoria deberán ser “imparciales respecto a todos los participantes del mercado”, y allí se agrega una nota en borrador: “Las partes deberán evaluar sobre la reserva planteada por Uruguay respecto a las asignaciones de espectro”.

Otra disposición sobre telecomunicaciones establece que los procedimientos para asignar y usar “recursos escasos, incluidas frecuencias”, deberán realizarse de forma “objetiva, transparente, no discriminatoria y con plazos”.

Pero la parte más complicada para Antel es la obligación que el capítulo impone a la empresa estatal de poner a disposición de las empresas transnacionales la infraestructura de telecomunicaciones, lo que incluye antenas y la fibra óptica. Esta obligación fue uno de los puntos críticos para Uruguay en las negociaciones del TISA. La disposición contenida en el acuerdo establece que “cada parte deberá asegurar que el principal proveedor en su territorio otorgue acceso a la infraestructura esencial”, en condiciones “razonables y no discriminatorias” en términos de precio, estándares técnicos y calidad.

La directora general de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, dijo a la diaria que en las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Uruguay propone que se respete la normativa nacional en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, el acuerdo “no representa para nuestro país ninguna innovación ni lesiona a Antel en tal sentido”, aseguró la jerarca.

Explicó que en este caso no pudo excluirse de las negociaciones el capítulo sobre telecomunicaciones, tal como se hizo en el caso del TLC entre Uruguay y Chile, porque se trata de una negociación entre bloques. “En el caso de la negociación con Chile, Uruguay trasladó su interés y logró exceptuar telecomunicaciones, situación que no puede aplicarse en el caso de Mercosur-UE, porque el interés de Uruguay no es compartido por el resto del Mercosur”, señaló Cardona. La jerarca hizo notar “la complejidad de negociar primero entre la región y luego con el otro bloque o región, en este caso con la UE, por lo que Uruguay no siempre puede lograr plasmar sus intereses particulares”.

Destacó de todos modos que en el acuerdo con la UE se está negociando por listas de ofertas y no por listas negativas, como se negoció en el TLC con Chile o en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA), del que Uruguay se retiró en 2015. Con las listas negativas “el principal riesgo radica en no dejar de nombrar nada que se quiera excepcionar, debiendo prever muy bien qué bienes o servicios presentes o futuros se pretende resguardar, porque si no se mencionan quedan incluidos en el acuerdo”; por otra parte, en la negociación por listas de ofertas se puede hacer “aclaraciones o puntualizaciones que ayudan a identificar más detalladamente qué bienes o servicios específicamente son los ofertados, y no otros”.

Requisitos para los árbitros

Hoy concluye la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires, sin resultados sustantivos en materia de liberalización del comercio. La conferencia sirvió de marco para las intensas negociaciones técnicas y políticas entre el Mercosur y la UE, con miras a avanzar hacia la suscripción del acuerdo. Si bien el presidente brasileño, Michel Temer, se mostró optimista en cuanto a que el TLC podría firmarse el 21 de diciembre en Brasilia, durante la cumbre del Mercosur, la negociación no avanzó lo suficiente y la esperanza de arribar a consensos se postergó para el año próximo.

El martes, luego de participar en una reunión de cancilleres del Mercosur, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo que la UE sigue sin mejorar su oferta en carne y etanol, pese a que el Mercosur “hizo un esfuerzo” e incorporó 90% de los bienes a su oferta de apertura de mercados. “Uruguay casi que no ha puesto nada, porque la mejor oferta de todas era la de Uruguay. La peor era la de Argentina, porque venía del gobierno anterior, pero ahora hizo un gran esfuerzo. En contrapartida, estábamos esperando que ellos mejoraran su oferta. No les pedíamos más apertura, sino que mejoraran su oferta en dos elementos importantes para el Mercosur, como la carne y el etanol”, pero “lamentablemente no lo hicieron”, dijo Nin. Según recogió el sitio web de Presidencia, el canciller uruguayo afirmó que en las negociaciones se acordaron “en beneficio de Uruguay” algunos temas que despiertan “algunas sensibilidades que siguen apareciendo y son viejas” en relación con el efecto que podría tener el tratado “en materia de comunicaciones y servicios financieros”.

Según dijeron a la diaria fuentes vinculadas a la negociación, la UE pretende que el Mercosur otorgue mayores concesiones en propiedad intelectual, compras públicas, servicios, reglas de origen, indicaciones geográficas y medidas sanitarias y fitosanitarias, y el Mercosur pretende una mejor oferta en agricultura. El Mercosur garantizó 90% de apertura de mercado en un plazo de cinco años y no de 80% en siete años, como había propuesto antes.

El capítulo de solución de controversias del TLC es uno de los que no están cerrados todavía. Cardona señaló que se trata de un tema “de difícil abordaje”, no sólo por el costo que implica que los estados se sometan a tribunales arbitrales, sino por “la falta de experiencia que estados como el nuestro tienen en la materia”. “Uruguay ha planteado requisitos que, entiende, deben cumplir no sólo los árbitros sino que deben cumplirse en el propio procedimiento arbitral, a efectos de establecer condiciones claras de elección, independencia e incompatibilidades, procedimientos de selección garantistas, entre otros, con especial énfasis en que esa competencia no recaiga en el CIADI [Convenio sobre Arreglo de Inversiones]. Entendemos que esta posición fue recibida y aceptada en el marco de las negociaciones”, aseguró.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) Reglamento de la ley de medios prevé multas de hasta US$ 200 mil. Habrá sanciones leves, graves y muy graves para los medios
Martín Natalevich (El Observador)

Desde un simple apercibimiento a una sanción de más de US$ 200 mil, la reglamentación de la ley de medios que hizo el Poder Ejecutivo establece 63 tipos de infracciones -categorizadas en leves, graves y muy graves- por el incumplimiento de las disposiciones previstas en la normativa.

Una falta leve, por ejemplo, se considera la vulneración de la independencia de periodistas. El Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) -un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley- tendrá que diseñar un "mecanismo de denuncia de presiones directas e indirectas que se puedan ejercer sobre los comunicadores", según se establece en el artículo 9 del decreto al cual accedió El Observador.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo a El Observador que esa disposición se incluyó "respetando el espíritu de la ley que promueve la libertad de expresión en toda su extensión". El CCA tendrá entre sus propósitos la formulación y aplicación de los lineamientos vinculados a la protección y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes en los servicios de comunicación audiovisual en seguimiento de las políticas que decida el Poder Ejecutivo en este tema.

Cosse señaló que la norma se centra en los sujetos de derecho y no en el contenido de los programas, aunque indicó que los medios pueden cumplir una función educativa. "Tenemos un cambio civilizatorio que todos estamos viviendo y los medios tienen un papel a jugar ahí para ayudar a contrarrestar este cambio que empuja hacia la individualidad y el egoísmo", dijo la ministra.

En este sentido el CCA cumplirá una función de "protección de derechos de usuarios y consumidores" que se refiere de forma exclusiva al "contralor de contenidos", señala el decreto. De hecho, la difusión de manera reiterada de programación en "violación al derecho de no discriminación y a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes" recibirá una sanción acorde a una falta "muy grave".

Accesibilidad

En materia de "derechos de las personas" el proyecto de decreto obliga, de forma gradual, a la televisión abierta a poner lenguaje de señas para programas que sean una producción o coproducción propia. A partir del 2 de mayo de 2018, los canales de televisión abierta deberán incluir en un cuadro dentro de la imagen a un intérprete de lengua de señas que traduzca en tiempo real los contenidos verbales de todos los programas informativos incluidos en su grilla.

Para el 1º de agosto de 2018, los servicios de televisión abierta deberán incorporar el lenguaje de señas o un sistema de subtitulado para todos los programas informativos y de tres programas periodísticos, de debate, deportivos, culturales o de interés general. A partir del 2 de mayo de 2019, la intérprete o el sistema de subtitulado será para todos los programas periodísticos, de debate, deportivos, culturales o de interés general de producción coproducción propia incluidos en su grilla.

Cosse explicó que se adoptó un criterio de "gradualidad" para poder lograr el objetivo de conciliar el derecho de las personas "con capacidades diferentes" con las posibilidades de la media. "Dimos un tiempo para que los medios se puedan ir adaptando", subrayó. El incumplimiento de estas disposiciones será considerada como una falta grave y podrá tener una multa de hasta 1.500 unidades reajustables (US$ 52.800 hoy).

Transmisión de fútbol

El capítulo II de la reglamentación está dedicado al acceso a "eventos de interés general" y específicamente establece los criterios de transmisión de los partidos de la selección uruguaya de fútbol y básquetbol por televisión abierta en directo y simultáneo. "Hubo una oportunidad en la reglamentación de definir varias cosas para poder aportar claridad para todos", subrayó Cosse.

En primer lugar se define el concepto de "actividades oficiales en torneos internacionales" como la totalidad de las competencias organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y su filial FIBA Américas, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paraolímpico Internacional (CPI) y la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).

También se define lo que se entiende como "instancias definitorias" siguiendo los mismos criterios empleados hasta ahora por la Ursec: la semifinal y final del torneo. "En caso en que el sistema de disputa del torneo no prevea final y semifinales se emitirán (…) los dos últimos partidos de la serie, siempre que la selección nacional mantengan chance matemática de hacerse con el título del torneo", establece la norma.

El decreto también estipula que en las competencias que sean clasificatorias a un torneo internacional (eliminatorias) deberán emitirse por televisión abierta todos los partidos cuyo resultado pueda determinar directamente la clasificación o eliminación de la selección nacional.

Se debe utilizar la transmisión original tal cual la emite quien sea dueño de los derechos de transmisión (incluyendo la pauta publicitaria) y ninguna de estas disposiciones implica la posibilidad de modificar los derechos contractuales del titular de los derechos de emisión. "Se garantiza que no se toca la publicidad del titular de los derechos. Eso fue algo que lo tuvimos bien en cuenta", dijo Cosse. Negar el acceso a eventos de interés general es considerada una infracción "leve" y puede tener una multa de hasta 300 unidades reajustables (US$ 10.560 hoy).

Retransmisión y producción

Cuando las señales de radio o televisión quieran retransmitir su programación por más de cinco horas el Consejo de Comunicación Audiovisual analizará para cada caso la aplicación de criterios de acumulación territorial, es decir, el número de localidades donde se pretende hacer la retransmisión.

Cosse señaló que la razón del límite de cinco horas es la promoción de la igualdad en el acceso a los contenidos, evitar la concentración y promover la producción nacional. "Tiene que haber un equilibrio entre contenidos locales y que todo el mundo acceda a contenidos de interés general", dijo la ministra.

Para el caso de los canales de Montevideo la ley estableció que un 60% de la programación total debe ser de producción propia. El presente reglamento fija que "al menos 20% de la programación total de los servicios de televisión que emitan fuera de Montevideo deberá ser de producción local". Asimismo se le impone a las radios la obligación de emitir al menos 30% de música nacional.

Publicidad regulada

El proyecto de decreto de la reglamentación de la ley de medios establece que el espacio en televisión publicitario deberá estar marcado al inicio y al final a través de una placa visual acompañada de una indicación sonora. La ley había fijado el máximo de 15 minutos de publicidad por hora. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo a El Observador que ese es el criterio que regirá para Montevideo pero no para el interior. "En el interior el minuto de publicidad vale diez veces menos. Entonces establecimos diferencias y lo hicimos conversando con medios del interior", dijo la jerarca.

Esperan por la Chasca para seguir

El Ministerio de Industria, Energía y Minería espera por la definición de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) para enmendar –si fuese necesario- y publicar el proyecto de decreto reglamentario de la ley de medios. El Ejecutivo envió el texto de la norma a principios de noviembre y aguarda que se expida dicho organismo para "evaluar el camino a seguir", dijo Cosse.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) UPM: Qué necesidad de vender el patrimonio de los orientales a tan bajo precio
Gustavo Buquet

La tónica del contrato refleja el excesivo poder que el gobierno uruguayo transfirió a UPM. En primer lugar, el compromiso de llevar adelante las inversiones de infraestructura, independientemente de si UPM hace o no la inversión.

La inversión del gobierno y la rentabilidad de UPM

La inversión en infraestructura, ferrocarril central, caminería en torno a la planta y el dragado del puerto, según las propias cifras que maneja el gobierno, sumaría un total de 1.200 millones de dólares. Según el gobierno, estas inversiones se van a implementar mediante contratos de participación público-privada (PPP). Tomando en cuenta la experiencia de Uruguay en esta materia, el gobierno, como mínimo, ha pagado 20% de la inversión por año durante 20 años.(1) Es decir, el gobierno deberá pagar por esta inversión y su mantenimiento, como mínimo, 240 millones de dólares por año durante 20 años, lo que es lo mismo que un Valor Actual Neto (VAN) de casi 3.200 millones de dólares.(2)

Por su parte, UPM se compromete a pagar un canon, además de invertir en algunos otros ítems, como una partida para contribuir a descontaminar el río Negro, proveer el saneamiento de Paso de los Toros, realizar la conectividad para la transmisión de la energía eléctrica, una partida de formación y otra de innovación. Todos estos aportes de UPM generan un VAN de 146 millones de dólares.

Hasta ahora, Uruguay pone 3.200 millones de dólares y recibe 146 millones. El saldo negativo para Uruguay es de 3.054 millones de dólares.

Uruguay invierte para UPM 3.054 millones de dólares; ¿qué recibe?

UPM invierte 2.200 millones de dólares y, según las cifras oficiales, esto generará una ocupación de 4.000 empleos en la construcción de la planta durante tres años, y también 4.000 empleos directos e indirectos permanentes una vez que la planta esté operativa. Generará unas exportaciones de 1.000 millones de dólares por año, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2%, una recaudación tributaria de 120 millones de dólares por año, y un crecimiento del producto de 10% en los departamentos donde el proyecto impacta de forma directa: Tacuarembó, Durazno, Florida y Cerro Largo.

Estas cifras no miden correctamente el impacto de la planta. Para ello habría que comparar cuál es la actividad con la planta y cuál sin la planta, de forma tal que la diferencia midiera el impacto real. Por ejemplo, la actividad forestal, producto de los establecimientos ya existentes, tendrá actividad con la planta o sin la planta. Según un estudio realizado por CPA Ferrere, la cadena forestal representa 3,6% del PIB.

En este sentido se podría estimar cuál es el valor del PIB de la actividad forestal sin la planta. La capacidad de la planta de UPM será de dos millones de toneladas de pulpa de celulosa, para lo que se requieren 6,7 millones de metros cúbicos de madera por año, es decir, unos 420 millones de dólares por año.(3) Por lo tanto, la actividad de la planta no generará un incremento del producto permanente de 2%, sino de un poco más de 1%. En estas condiciones, el impacto en PIB, empleo y recaudación fiscal será bastante menor que los valores estimados por el gobierno. Lo mismo vale para el desarrollo local pronosticado.

Lo que UPM se llevará

Otro dato que no se ha dado es cuáles serán los beneficios obtenidos por UPM al año. Según los balances de UPM I, que produce un millón de toneladas de pulpa de celulosa al año, los beneficios promedio de 2015 y 2016 fueron de unos 175 millones de dólares por año. La nueva planta, que producirá por lo menos el doble, va a obtener beneficios aproximados por valor de 350 millones de dólares al año. Si los beneficios de UPM serán de 350 millones de dólares al año, del crecimiento de 2% del PIB comunicado por el gobierno, UPM se llevará 0,7% en forma de utilidades remitidas a la matriz. Del impacto de los 2 puntos porcentuales, entre el PIB de la forestación, más las utilidades que se lleva la empresa, el impacto de la planta quedará en torno a 0,5 del PIB.

También Uruguay se comprometió a extender las condiciones del contrato de la planta UPM I a UPM II, lo que significaría una extensión de la exoneración de impuestos durante 16 años más. Unos 52 millones de dólares más por año, equivalente en VAN a 360 millones.

Ahora las cuentas son: Uruguay invierte 3.054 millones de dólares en términos netos (inversión menos aportes recibidos). Mientras que UPM, en términos netos, se lleva 1.360 millones de dólares (VAN de beneficios anuales de UPM II durante 30 años, más VAN de beneficios anuales de UPM I durante 16 años, menos inversión –3.200 dólares + 360 dólares– 2.200 dólares). A su vez, sumando salarios, beneficios de las pymes proveedoras de la planta, e impuestos, quedan para Uruguay menos de 300 dólares por año.

Qué podría hacer Uruguay con 240 millones anuales durante 20 años

La pregunta que debería hacerse el gobierno uruguayo es: ¿qué otro destino podría tener la inversión de 240 millones de dólares por año durante 20 años, o los 3.054 dólares en su forma VAN?

Para hacer una comparación gráfica, con 240 millones de dólares se podría construir cuatro instituciones de salud como el Hospital de Clínicas por año. Alineándonos con los objetivos del gobierno, se podría promover el desarrollo de los cuatro departamentos mencionados, y el resto de Uruguay, con encadenamiento productivo, empleo, exportaciones y recaudación fiscal, formación técnica, polos tecnológicos, innovación tecnológica, etcétera. Lo más importante es que de esta decisión alternativa se disminuiría la dependencia con UPM y el resultado del crecimiento del PIB quedaría para Uruguay.

El contrato con UPM y los compromisos asumidos por Uruguay

Todas las especificaciones técnicas del contrato están hechas especialmente para la planta. Incluso con estas exigencias,la cláusula del Contrato 4.3 del Cronograma establece: “Las Partes reconocen y acuerdan que la Decisión Final de Inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las Condiciones Necesarias hayan sido satisfechas y el Contrato Complementario haya sido suscrito”.

Además, el contrato obliga a UTE a comprar la energía que producirá la planta a un precio elevado que implicaría que UTE le transfiriera por lo menos diez millones de dólares más por sobreprecio por año;(4) monto que, por cierto, supera la suma de todos los conceptos que UPM paga a Uruguay.

El contrato también establece el precio máximo que Uruguay podrá cobrar por tonelada transportada en el ferrocarril. Dicho precio, por dos millones de toneladas, podría alcanzar un valor total de tres millones de dólares por año; poco más de 1% de lo que Uruguay se compromete a pagar por las obligaciones contraídas con las PPP.

Por otra parte, el poder que transfirió el gobierno a UPM se da en dos cláusulas sustantivas. La primera es el Acuerdo de Precios Anticipados (APA), que define el precio que pagará la planta por tonelada de madera que recibe de sus propios establecimientos forestales. En caso de que el precio acordado sea lo suficientemente bajo, se les estará concediendo, por la vía de los hechos, la condición de zona franca también a los establecimientos forestales de UPM. En el contrato queda bien claro en el literal c del capítulo 3.1.2, “Asuntos tributarios”, que “[…] La firma de dicho APA será Condición Necesaria para la Decisión Final de Inversión de UPM”.

En este mismo sentido, en el literal c del punto 3.6.10, “Mecanismos de prevención y solución de conflictos”, el contrato establece que “UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del Proyecto de UPM, podrá constituir una causal para que UPM no tome una Decisión Final de Inversión positiva”.

Es decir, Uruguay debe fijar todas la condiciones que le garanticen el funcionamiento y la máxima ganancia posible a UPM –infraestructura, precio de la energía, precio del transporte–; pero en aquellos asuntos sensibles en los que Uruguay no ha llegado todavía a un acuerdo, UPM intentará pagar el menor monto posible por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas de sus establecimientos forestales, y establecer las restricciones máximas a posibles conflictos laborales. UPM establece expresamente que estas dos cláusulas serán determinantes para la decisión final que adopte. ¿Por qué Uruguay no le exigió a UPM que estos dos puntos tan sensibles quedaran saldados?

Es obvio que con la infraestructura construida, la capacidad de negociación del gobierno será muy baja para imponer condiciones que beneficien a Uruguay, tanto al Estado y su capacidad de recaudación, como a la libertad de acción del movimiento sindical. Esto le proporciona a la empresa un poder desmedido. Por ejemplo, su decisión positiva o negativa previa a las elecciones de 2019 influirá claramente en el resultado electoral. Qué necesidad de perder soberanía al mismo tiempo que vender el patrimonio uruguayo a tan bajo precio.

(1). Según el promedio de los siete pliegos licitatorios en estudio o ya adjudicados por el gobierno, esta cifra sube a 25% y 22 años. En el caso específico del pliego licitatorio del Ferrocarril Central (6/12/2017), el período es de 18 años; pero el pliego no cuenta con un precio máximo. Esta situación generará un impacto mayor que el previsto en este artículo.
(2). Esto es el valor que obtendría hoy el gobierno si se endeudara por 20 años, a pagar 240 millones de dólares por año a una tasa de interés de 3,52% anual. La tasa se tomó como costo de oportunidad del gobierno, ya que la última emisión de bonos en dólares a 20 y 50 años se fijó a esa tasa. Dicha emisión se hizo el 13 de julio de 2016.
(3). Se considera que un metro cúbico de madera rinde 0,3 de tonelada de pulpa de celulosa seca, y el precio de madera puesto en el puerto de Montevideo es de 63 dólares el metro cúbico.
(4). Actualmente UTE paga en torno a 63 dólares por MWh y se comprometió a pagar 72,5 dólares hasta un Tera. La diferencia de precio por esta cantidad da en torno a diez millones de dólares por año.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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1) Argentina, la Cárcel de Coronda, 40 años después /Sergio Ferrari

2) Vivienda: derecho o mercancía /Gustavo González

3) 20 años de Radio Vilardevoz

4) Honduras, otra vez fraude y represión /Carlos Iaquinandi Castro

5) Después de Canadá, el Foro Social Mundial vuelve a Brasil
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1865 – jueves 14.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) ARGENTINA, LA CÁRCEL DE CORONDA, 40 AÑOS DESPUÉS

Ex – presos políticos enjuician a comandantes de Gendarmería por torturas y homicidios calificados

Un laboratorio que intentó la destrucción de los detenidos

Por Sergio Ferrari *

Los hechos se remontan al periodo 1976-1979. El escenario de los crímenes de lesa humanidad: la Cárcel de Coronda en la provincia argentina de Santa Fe. El juicio oral que comienza este 14 de diciembre y que podría extenderse hasta mitad del 2018, convocará durante una veintena de audiencias públicas a casi un centenar de testigos querellantes. Los acusados [1] son Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, quienes dirigieron el penal en el momento de los hechos en tanto comandantes de la Gendarmería, fuerza de seguridad de naturaleza militar.

Lo particular y novedoso de este juicio que se abre 40 años después de los eventos que lo motivan, es contar como parte acusadora a la Asociación Civil El Periscopio[2], que representa a los presos políticos[3] que pasaron por Coronda durante la última dictadura, explica Luis Larpin, uno de los promotores de la causa.

“El inicio mismo de este juicio oral es ya una victoria de la memoria colectiva. Durante mucho tiempo dudamos que se pudiera concretar este proceso, que tiene sus antecedentes en 1984, cuando se dan las primeras declaraciones de algunos de los ex – detenidos, denunciando el régimen de terror cotidiano”, recuerda Larpin. Este proceso legal se convirtió en una especie de “maratón jurídico”, con momentos de freno, relanzamientos momentáneos y ahora, la etapa del envión final, precisa.

No faltaron en esta larga carrera obstáculos de todo tipo: burocráticos, para estirar los trámites judiciales en el tiempo; legales, para intentar reducir la responsabilidad de los acusados con el argumento que cumplían órdenes en el marco de una cadena vertical de mandos; o bien pretextos formales como que las pruebas eran difusas.

“Nuestra acusación es clara, directa y tiene rostro humano. Está dirigida contra los responsables del régimen carcelario de tortura cotidiana que soportamos los presos políticos y que llevó a la muerte, en el mismo penal de Coronda, de los compañeros Juan Carlos Voisard, Raúl Manuel San Martín y Luis Alberto Hormaeche”, subraya Larpin.

“Redefinir la tortura”

23 horas de encierro por día; ningún tipo de lectura o entretenimiento permitidos, la actividad física o laboral en las celdas totalmente penalizada; aislamiento absoluto de los detenidos en Coronda del mundo exterior durante casi un año – entre marzo de 1976 y febrero de 1977- ; atención médica y odontológica deplorables; el desprecio grotesco de los guardias como clave de la relación con los detenidos; amenazas sistemáticas de toda índole; golpes corporales como norma; regulares requisas vejatorias; reglas punitivas totalmente arbitrarias que conllevaban a la pérdida de la visita o el recreo… “Sin olvidar el traslado de detenidos hacia comisarías y juzgados para torturarles, cuyo caso más emblemático fue el traslado hacia Rosario y posterior fusilamiento de nuestro compañero Daniel Gorosito”.

Y el relato de Alfredo Vivono, presidente actual de la Asociación Civil El Periscopio, es apenas, como él mismo lo subraya, “una breve radiografía ilustrativa de ese régimen carcelario inhumano al que pudimos sobrevivir solo en base a la resistencia colectiva, la unidad y la solidaridad incondicional que protagonizamos”.

Una parte de esa cotidianeidad represiva y al mismo tiempo resistente, se plasmó en 2003 en el libro “Del Otro lado de la mirilla. Olvidos y Memorias de ex Presos Políticos de Coronda” [4]. Los relatos, escritos anónimamente por unos setenta de entre ellos – pero en un proceso colectivo que involucró al menos a 150 ex detenidos-, constituyeron también la base de una iniciativa multi mediática que incluyó una obra de teatro participativa y testimonial[5], así como un video documental y una exposición de elementos carcelarios.

Para asegurar la redacción-difusión e inscripción legal del libro, se creó entonces la Asociación Civil El Periscopio, que promovió también centenas de intervenciones y actos púbicos, y que ahora es querellante colectiva en el ya denominado Juicio de Coronda. “Un cambio de roles de nuestra asociación que pasó de la sensibilización pública a la tramitación jurídica para lograr el castigo de los responsables”, subraya.

En algún momento, sigue reflexionando Vivono, “en tanto colectivo de ex – presos tuvimos una idea casi generalizada y errónea sobre lo qué significaba la tortura. Recuerdo que, en presentaciones públicas del libro, contábamos, por ejemplo, que permanecíamos atados, vendados y desnudos y luego éramos torturados…”

Los abogados que nos patrocinaban nos corrigieron radicalmente: las leyes y tratados internacionales consideran que el hecho de estar atado, vendado, incomunicado y ser maltratado, vejado, amenazado, constituyen ya formas de tortura. Y nos explicaban que esas condiciones inhumanas no solo fueron constatadas en centros clandestinos ilegales de detención por donde pasaron miles de detenidos-desaparecidos [6], sino también en las cárceles “legalizadas”, una de las cuales fue Coronda.

La justicia reparadora, esencia democrática

Coronda, fue el único establecimiento carcelario en esa época que estuvo dirigido por la Gendarmería y no por personal de Institutos Penitenciarios, recuerda Augusto Saro, otro ex preso político activo promotor de Del otro lado de la Mirilla.

“Elemento adicional que prueba que nuestro penal se convirtió, como parte de un plan fríamente elaborado por los militares, en un laboratorio de prueba de los más diversos métodos de destrucción física, psíquica y moral de la persona”. En más de una oportunidad el hoy enjuiciado comandante Kushidonchi afirmó con arrogancia: “de aquí saldrán muertos o locos”, recuerda Saro.

Y de allí el valor esencial de este proceso en marcha. “Arribar a esta instancia de juicio oral después de cuadro décadas de producidos los hechos demuestra claramente la decisión de la sociedad civil argentina de no cesar en la búsqueda de la verdad y la justicia”. Y enmarca este juicio en el complejo contexto político actual que vive Argentina. “Se trata de un momento en que el poder político y los medios hegemónicos de comunicación intentan persuadir a la opinión pública de la necesidad de no mirar más hacia el pasado, de cerrar la etapa horrenda de la dictadura militar de 1976 a 1983”. Actitud que se explicita, por ejemplo, “en presiones sobre algunos magistrados que siguen promoviendo, ejemplarmente, investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, una tipología que no admite ni perennidad ni impunidad”.

Los que promovemos el Juicio Coronda estamos convencidos que “no se puede hablar de Estado de derecho sin independencia de los diversos poderes. Pero, sobre todo, que es imposible construir una sociedad realmente democrática sin llegar a una justa condena de todos los responsables del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar”, subraya. Porque está comprobado que la impunidad envalentona a los genocidas que no dudan en justificar sus crímenes e inclusive conspiran contra la vida democrática, acota.

“Por los que no están”

A los que participarán como testigos en los próximos meses, “nos mueven ideales de justicia verdadera y definitiva. Es decir, un ejercicio curativo, sanador, no solo de los que estuvimos presos en Coronda. Sino también de nuestras familias que soportaron de igual forma vejámenes sistemáticos [7]”, subraya Guillermo Martini, quien será uno de los primeros en declarar en la segunda semana de diciembre.

“Pensamos también en todos los presos que vivieron tormentos en numerosos centros de detención, legales o clandestinos, durante esa horrorosa etapa de la vida institucional del país”, enfatiza.

Sin olvidar en especial, “al Gringo Voisard, dirigente sindical de pueblo chico con su gorrito ladeado y su risa franca. Al Palito Gorosito, con sus convicciones innegociables y su gran humildad. Al Negro Hormaeche, con su militancia sindical y su música. A Raúl San Martín, obrero metalúrgico a quien los carceleros dejaron morir con un cuadro agudo de meningitis”.

Y el recuerdo-homenaje no puede limitarse a nombres individuales, insiste Martini. “A nuestro lado estarán nuestros hermanos y familiares que ya no viven y los miles de compañeros y compañeras que se jugaron por una patria inclusiva, para todos, y que perdieron su vida o su libertad en el intento de realizarla…En su memoria, nuestro compromiso por la Memoria y la Verdad, con Justicia”, concluye.

* Sergio Ferrari, periodista, así como el fotógrafo José Cettour, autor de las imágenes, son ex – presos políticos del Penal de Coronda y miembros de la Asociación Civil El Periscopio

Notas:
[1] El tercer involucrado en la causa, el también comandante de Gendarmería Octavio Zirone, falleció en 2014
[2] El nombre de la Asociación viene de “periscopio”, instrumento de vital utilidad para la resistencia en Coronda. Consistía en un minúsculo trozo de vidrio, pegado sobre masa de pan oscurecida con ceniza y encapsulado parcialmente en plástico verde obtenido de las tapitas del tubo de dentífrico. Era sostenido por una paja de escoba. Se sacaba por los agujeros de la parte inferior de la puerta de la celda, para controlar los movimientos de los guardia- cárceles.
[3] Se calcula que 1.153 presos políticos pasaron por Coronda entre 1974 y 1979, fecha de su cierre en tanto centro de detención para detenidos por causas políticas, gremiales y estudiantes.
[4] El escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en 2015, escribió en el epílogo del libro: “Este testimonio de los presos de Coronda es otro aporte al rescate de la memoria colectiva. Ella respira, escondida bajo la amnesia obligatoria”. El libro fue presentado a partir del 2003 en más de un centenar de actividades públicas realizadas tanto en Argentina como en el exterior: Suiza, Francia, Canadá, Perú
[5] «Coronda en Acción», propuesta por la periodista María Moreno, dirigida por Graciela Camino y contó con el apoyo del artista plástico Julio Flores. Fue presentada en diversas salas en el 2005 y 2006.
[6] Organismos de derechos humanos calculan en 30 mil la cifra de detenidos-desaparecidos. Según diferentes fuentes los presos políticos reconocidos oscilaron en 10 mil. En tanto hubo decenas de miles de exiliados externos e internos.
[7] Los vejámenes contra los familiares fueron tan brutales como contra los detenidos. A pesar que a partir de 1977 en las visitas de escasos 15 minutos cada 45 días no había ningún contacto físico, a las esposas y madres de los presos políticos se les obligó en muchas ocasiones a desnudarse y ser objeto de requisas corporales que incluían el tacto vaginal. En miles de casos se enteraban al llegar a Coronda que no podrían ver a su familiar por estar “castigado”.

Sergio Ferrari
COMCOSUR INFORMA Nº 1865 – 14/12/2017 _______________________________________

2) VIVIENDA: DERECHO O MERCANCÍA

Por Gustavo González, La República, 08.12.2017

Hemos dicho en más de una oportunidad que el problema de la vivienda es un tema esencialmente político y como tal debe de tratarse.

Ya se cumplen cinco años de aprobada en nuestro país la denominada ley de vivienda de interés social o Livis.

Ya por suerte son varias las voces que se alzan contra esta ley, sin embargo nada pasa y sigue para adelante.

La renuncia fiscal del Estado es millonaria a favor de las empresas constructoras y lo que éstas han construido está muy lejos de ser vivienda de interés social.

Para que el lector tenga una idea el metro cuadrado de construcción alcanzó en estas viviendas a cifras tales como U$S 2.600, es decir que las empresas han colocado al precio de venta ello y generado una ganancia del 100%.

Las últimas tímidas medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda han sido “topear” los costos de las mismas, luego de que durante todos estos años hicieron lo que quisieron dichas empresas.

En el Parlamento, por su parte una serie de declaraciones contra esta ley solo han quedado en ello, mientras esperan en los cajones del Palacio la aprobación de varias leyes como la rebaja del interés para las Cooperativas de Vivienda, que sí efectivamente es de sumo interés social.

Un gobierno progresista aún con todas las limitaciones que demuestra en términos de tocar al capital, perfectamente podría derogar la Livis y dar paso a otras leyes que los verdaderos ciudadanos que están dentro del déficit habitacional están esperando.

El debate siempre está planteado si concebimos la vivienda como un derecho o como una mercancía. Ya no hay duda alguna que distintos tratados internacionales ya se han pronunciado acerca del derecho a la vivienda. En nuestro país el año entrante se cumplirán 50 años de aprobada la ley nacional de vivienda del año 1968. Ley que tenía todos los componentes para que efectivamente pudiéramos atender el déficit habitacional y lograr abatirlo. Se definía desde la financiación, las formas de pago y la calidad de vivienda que el Estado debía de proporcionar a la sociedad. Ley que además es ejemplo hasta el día de hoy a nivel internacional y que gran parte de la misma se la debemos a Juan Pablo Terra.

El gobierno actual no solamente tiene la responsabilidad de reivindicar dicha ley, sino que además debe de hacer un balance a fondo de lo realizado hasta el momento y derogar de una vez por todas una ley como la Livis que solo favorece al capital de la construcción e inmobiliario.

Gustavo González, La República
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3) 20 AÑOS DE RADIO VILARDEVOZ

Radio Vilartdevoz /Comunicado, 10.12.2017

Radio Vilardevoz festeja 20 años de un proyecto de construcción colectiva en defensa del derecho a la comunicación y los Derechos Humanos en salud mental. Durante estos años de existencia, hemos caminado construyendo distintos caminos con otrxs actores, colectivos y organizaciones, que consideramos forman parte memorable de nuestra historia de lucha colectiva, a quienes, en estos 20 años, queremos homenajear especialmente en nuestra fiesta.

Transitamos por distintas luchas en conjunto y hemos realizado distintos aportes en el área de lacomunicación, con colectivos y radios de Amarc Uruguay, logrando avances como el reconocimiento del sector comunitario de la Comunicación con la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria (2007); como en el área de la Salud Mental con otras organizaciones sociales que se han comprometido con el avance en la inclusión creciente de una perspectiva de Derechos Humanos, a través de la conformación de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (2016), logrando, entre otras cosas, que se actualice el marco legislativo con la recientemente aprobada ley de Salud Mental (2017), para ir superando un modelo antiguo que ha vulnerado y vulnera los Derechos
Humanos de las personas.

Continuamos con el entusiasmo de salir al aire cada sábado, para amplificar la lucha por la libertad de expresión, por superar los manicomios, por los derechos de las personas, en contra de la discriminación y la exclusión.

La lucha desde abajo, de los de a pié.

Por eso, te esperamos el próximo sábado 16 de diciembre desde las 10 am a las 14 hs, en Radio Vilardevoz (Millán 2515), para compartir y celebrar la vida.

Hacemos fonoplatea abierta con homenajes y mesas especiales y cierre artístico-musical con una muestra de nuestro taller música “Casimulógico”, en el que nos acompañarán: Lucía Ferreira, Gastón Rodríguez, Abel García, Gustavo Bautista, Milongas de Propina y Uruguayos cantores, entre otrxs.

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4) HONDURAS, OTRA VEZ FRAUDE Y REPRESIÓN

Por Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL

(…) Entré en la Casa de la Justicia de mi país,
y comprobé que es un templo
de encantadores de serpientes. (…)
Jueces sombríos hablan de pureza
con palabras que han adquirido
el brillo de un arma blanca.
Y todo se consuma
bajo esa sensación de ternura que produce el dinero.
Roberto Sosa (1930-2011 Honduras)
La farsa democrática instrumentada tras el golpe de junio del 2009 contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya, vuelve a tambalear al intentar su reelección el actual presidente Juan Orlando Hernández.

Es oportuno recordar que hace ocho años, la intención del ex presidente Zelaya de convocar un referéndum para consultar al pueblo sobre la derogación de esa prohibición, fue la excusa para organizar un golpe cívico militar. Entonces JOH apoyó el golpe y fue designado presidente del Congreso.

El sistema de gobierno basado en el poder económico y político de un grupo de familias que se consideran herederos naturales de los cargos públicos, dispone del férreo control social, los aparatos del estado y la complicidad de los medios de comunicación. Así fue como hace dos años el actual presidente amañó un fallo de la Sala Constitucional de la justicia que rectificó la disposición constitucional que prohibía la reelección presidencial. Así despejó el camino para poder presentarse el pasado domingo 26 de noviembre como candidato para un nuevo periodo. Esa omnipotencia e impunidad le perfilaban como fácil vencedor.

Pero desde el aciago golpe de junio del 2009 las fuerzas populares nunca cesaron su resistencia. Ni siquiera ante la represión selectiva que acumula decenas de asesinatos de periodistas, campesinos, estudiantes, y sindicalistas. También los de activistas medioambientales, como el de Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que encabezó la lucha contra las hidroeléctricas. Esa represión constante no doblegó a las organizaciones políticas y sociales. Así fue como en esta convocatoria electoral lograron conformar la denominada Alianza Opositora coordinada por el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado por el golpe del 2009 y llevando como candidato a Salvador Nasralla, un periodista de TV que provenía del Partido Anti-Corrupción.

Hernández: “asumiré el 27 de enero”

Los comicios se presentaron para el gobierno casi como un trámite rutinario. Tan fácil parecía su elección, que JOH no dudó en proclamar que asumiría el nuevo mandato el próximo 27 de enero. Pero en la noche del domingo 26N la Alianza Opositora encabezaba los primeros resultados. Se argumentó entonces que eran datos parciales. Pero el lunes, el candidato Salvador Nasralla tenía más de cinco puntos de ventaja sobre el oficialismo y marcaba tendencia con casi el 60% de los votos escrutados. Fue entonces cuando “sonaron las alarmas” del poder y el Tribunal Electoral suspendió el suministro de información. La vieja treta de “se cayó el sistema”, alegando problemas informáticos, volvió a ser empleada por el sistema oligárquico hondureño. La experiencia popular advirtió lo que se venía, y comenzaron los reclamos con marchas y “cacerolazos”.

Estado de excepción y toque de queda

Cuando finalmente se reanudó la información, la tendencia ganadora de Nasralla se invirtió y lentamente Hernández comenzó a descontar. Las reacciones no se hicieron esperar y en varios barrios la gente salió a las calles para expresar su rechazo a un posible fraude. Y siguiendo el guion habitual, el gobierno decretó por 10 días el estado de excepción y el toque de queda durante las horas de la noche. La represión cobró sus primeros muertos y heridos. La cifra de detenidos supera el medio millar.

El Tribunal Electoral, con más del 90 % de los votos supuestamente contabilizados y una pequeña diferencia a favor del oficialismo no se animó a dar resultados finales.

Anunciaron -con intención de apaciguar la protesta – que solo darían los resultados cuando hubieran completado totalmente el escrutinio.

Alianza denuncia presunto fraude

En sucesivas ruedas de prensa, la Alianza opositora explicó las posibilidades de que los resultados hubieran sido alterados. Actas sin firmas, otras que no llegaron a ser contabilizadas y técnicos informáticos que argumentaron sobre la falta de rigor en los cómputos del TSE (Tribunal Superior Electoral). La Alianza exigió que poco más de 5.000 actas fueran revisadas y aportaba sus propias copias con las firmas correspondientes. Ante ese clima, la delegación de veedores europeos emitió una declaración afirmando que consideraba que “los comicios no habían terminado” y teniendo en cuenta posibles irregularidades apoyaba que fueran atendidos los reclamos de recuento en aras de transparencia y legalidad.

Por su parte, la delegación de observadores de la OEA afirmó que “el único camino posible para que el pueblo hondureño pueda aceptar y reconocer un ganador en este proceso electoral es que se llegue a un acuerdo entre los principales candidatos". El jefe de la misión, el ex presidente boliviano Jorque Quiroga dijo que “el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos no permiten tener certeza sobre los resultados”. Esta vez, Luis Almagro diligente y sobreactuado cuando los comicios venezolanos, no apareció en escena.

La Policía se declara “neutral”

Durante unas 72 horas en las que reprimieron las manifestaciones populares, las fuerzas policiales ingresaron en barrios y colonias, incluso en viviendas particulares.

Los manifestantes reclamaron a los policías que no reprimieran a la gente y que respetaran el derecho a manifestarse y denunciar el fraude electoral.

Mientras las fuentes periodísticas estiman las víctimas en 7 muertos y decenas de heridos, Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, informó en conferencia de prensa que habían sido 13 las personas asesinadas por disparos de armas de fuego.

Entre el martes y el miércoles se produjo un giro inesperado, cuando los mandos policiales anunciaron que iniciaban una huelga y que dejarían de reprimir. En confusa rueda de prensa alegaron que estaban para cuidar el orden pero no para intervenir contra la gente. Se declararon “neutrales” y pidieron a los políticos que se pusieran de acuerdo. Y comenzaron a retirarse ordenadamente a sus cuarteles y postas.

“Esa sensación de ternura que produce el dinero”

Nuevamente en el gobierno creció la intranquilidad. Consideraban una “anormalidad” ese “plante” de la policía. Y en particular, que nada menos que el Grupo Cobra, fuerzas especiales antimotines entrenadas por Estados Unidos, se hubiera sumado a la posición del resto de las fuerzas de seguridad. Las autoridades convocaron entonces a los jefes policiales. Y tras varias conversaciones el presidente Hernández apareció en los medios explicando que la huelga policial era “una situación interna a nivel de escala básica.” Y a continuación anunció planes “para dignificar la carrera policial y mejorar sus condiciones laborales” con salarios dignos y viviendas.

A continuación, los mandos anunciaron “que levantaban su actitud porque se debían al orden constitucional”, aunque confusamente indicaban que no actuarían contra la población, “salvo alteraciones y disturbios”. Entrevistado por una TV norteamericana, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, afirmó que “hoy la Policía está en servicio completo y no creo que se merezcan escuchar que han sido comprados”, haciendo referencia a los aumentos salariales otorgados por el gobierno. El periodista pidió al equipo técnico que apagara el audio del estudio y que dejara solo la entrada de sonido exterior. Entonces se impuso el ruido del “cacerolazo” que provenía de los barrios. El viceministro admitió que “la protesta continuaba”.

El gobierno tiene la fuerza, tiene el control de los medios, y proyectos para seguir consolidando la dependencia de Honduras. Estas etapas de convulsión social no ponen en riesgo su continuidad. ¿Pero cuál es la continuidad que pretende y por qué?

Honduras no es un país soberano. Su historia moderna está ligada al modelo desarrollista que responde a los intereses de grandes grupos económicos extranjeros con la complicidad de una oligarquía vernácula. Desde fines del siglo XIX las compañías bananeras norteamericanas, entre ellas la United Fruit y la Standard Fruit, extendieron las plantaciones y utilizaron la mano de obra semiesclava del campesinado hondureño. Contaron con el favor de los sectores conservadores, que a su vez, fueron consolidando una burguesía complaciente con el imperialismo norteamericano, ya que era la directa beneficiaria de negocios conexos con la explotación de su propio pueblo. Pero el declive de la producción bananera afectó a partir de mediados del siglo XX la situación interna, sin que surgiera alguna opción de reemplazo. Miles de hondureños salieron del país en busca de trabajo, fundamentalmente hacia Estados Unidos.

Viviendo de los migrantes

En pocos años, las remesas que envían sus migrantes se convierten en una fuente de divisas para el país. En el año 2014, el dinero que llega de los hondureños en el exterior, supera al que produce el total de las exportaciones del país. Esos 3.000 millones de dólares impiden que colapse la economía hondureña. Paralelamente crece el tráfico del narcotráfico, como en toda la región centroamericana, que es una espacio de circulación de la droga hacia el principal consumidor: Estados Unidos. Eso produce la aparición de cárteles en diversas zonas y también un auge de actividad económica en algunas regiones, producto del “lavado” del dinero negro del narcotráfico. Desde hace varios años, este panorama económico, alienta una salida neoliberal de la cual Juan Orlando Hernández, el actual presidente que aspira a la reelección es su principal valedor. Se trata de potenciar la política extractiva, y la creación de “zonas de libre acción” económica para atraer capitales.

Dependencia y entrega de soberanía: las ZEDE

Las “Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo”, ZEDEs, son áreas del territorio nacional sujetas a un "régimen especial" en las que los propios inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias. Así puede leerse en la página web de la Secretaría de Desarrollo de Honduras. La ley promulgada durante en el 2013 por el presidente Hernández, define que las ZEDEs deben tener su propia policía, inteligencia, y persecución penal”. Incluso les otorga una forma de autonomía judicial para lo cual “podrían recurrir a jueces extranjeros”. Según nos explica el padre Ismael Melo, director de Radio Progreso, uno de los pocos medios independientes en el país, “las ZEDEs son fundamentalmente la continuación del enclave bananero. Se trata de un enclave en su expresión más radical y adaptada al siglo XXI”. El padre Melo que también coordina el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), uno de los centros de la realidad hondureña más reconocidos, nos añade que “estas zonas especiales que prepara el gobierno son un paso más hacia la pérdida de soberanía por parte del estado hondureño, porque en esos territorios, quien va a gobernar va a ser el empresario o la empresa privada.”

Despejando el camino

La Ley de “Regiones Especiales” pudo ser promulgada en el 2011, facilitando la creación de lo que se denominaban “Ciudades Modelo”. Pero en diciembre del 2012, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. Eso no fue un obstáculo para el gobierno de Hernández. A través del legislativo, ordenó la destitución de cuatro de los seis magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían desechado el proyecto. Entonces se reconsideró la medida anterior y esta vez, fue aprobada por los nuevos y obedientes magistrados. En junio del 2013 el Parlamento aprobó la ley orgánica de las ZEDEs.

La creación de un mega puerto en Amapala sobre el Golfo de Fonseca, apunta como la posible primera “Zona Especial”. El estudio de factibilidad realizado por empresas coreanas está finalizado según afirma el General Retirado René Osorio, designado por el gobierno para coordinar este tema. (Recordemos que el Ejército Hondureño fue la parte “militar” del golpe del 2009 contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya, y virtualmente forma parte de la estructura del sistema de poder político.)

La idea es denominar al futuro mega puerto como Centro Logístico de las Américas. El general añadió que la idea es que tenga aduana integrada y “que sea certificada por Estados Unidos”. Ahora están en la fase de buscar inversores, tarea que suponen no será difícil, “dadas las grandes ventajas” que serán ofrecidas al capital. Internamente, la ZEDE se “vende” a los pobladores como una fuente de desarrollo, trabajo y estabilidad para los habitantes de la región. Al punto que en uno de sus últimos actos de campaña electoral el presidente participó en Tegucigalpa de una “subasta” internacional de futuros puestos de trabajo. Las empresas interesadas, todas extranjeras, sumaron más de 80 mil ofertas, por ahora solo sobre el papel. Una de ellas, la canadiense Dai Inc ofertó 28.000. El padre Melo, de Radio Progreso y el ERIC resume la lógica de las ZEDEs : “el gobierno entrega soberanía y los empresarios entregan empleo”. El esquema de la operación es una profundización del régimen de “zonas francas” que ya opera en Honduras, o volviendo a la historia, el de los viejos enclaves bananeros.

Los mecanismos de la dependencia

La dependencia económica de Honduras se basa en una estructura de poder que mencionábamos al comienzo de este informe: centrada en un grupo de familias.

El Padre Melo nos desarrolla este concepto. “Hay datos que hablan de que los verdaderos ricos en Honduras son 225 personas. Si uno comienza a cruzar los apellidos, no pasan de 17 familias, porque están muy entremezcladas. Y hay datos que circulan que hablan de que cada una de estas personas tiene un promedio de 150 millones de dólares. Es un proceso de acumulación y concentración de capitales que crece cada año”. “Y controlan prácticamente todos los rubros de la economía. Esto es lo que se llama oligarquía y hasta plutocracia, porque es un gobierno de muy pocos ricos. Todos los productos que se venden, sin excepción, están controlados por estas familias, desde las cerillas al queso o el aceite, las galletas o el jabón, el combustible que le va a echar a la motocicleta, el colchón donde va a dormir o el televisor donde verá la novela. Por una parte te encuentras con esas 225 personas inmensamente ricas, y a la par, te encuentras en el mismo territorio con personas que no llegan a ganar 60 lempiras diarias, que son menos de tres dólares. Y una libra de queso a esa persona le cuesta 35 o 40 lempiras.”

Añade el padre Melo que el gobierno hondureño impulsa las inversiones a través de alianzas público-privadas, donde las multinacionales ponen la inversión y tienen el liderazgo, mientras que las familias que mencionaba son socios minoritarios que recogen una parte de los beneficios. Lo que no hace el gobierno es impulsar políticas que alteren la propiedad de la tierra para aumentar la producción y genere formas sostenibles de empleo. Eso sí, hay una gran cantidad de programas de asistencia social con los que se entregan “Bolsas solidarias” a la gente. Se trata de unas cuantas provisiones como para atender las necesidades de uno o dos días. O un hornillo, algún electrodoméstico pequeño, o unas chapas de zinc. La población más pobre recibe estas “limosnas”, pero a cambio tiene que votar a ese presidente que ahora se presentó a la reelección. “La gran paradoja es que el gobierno de los grandes ricos, resulte defendido por la gente más pobre”, concluye el sacerdote jesuita.

Epílogo

Al cierre de este informe, cuya circulación no queremos demorar, persistía un alto grado de tensión en las calles, con diversas movilizaciones populares. En ciudades como El Progreso, Tela, La Lima y San Pedro Sula, las acciones se han concentrado en tomas de accesos carreteros que mantienen paralizado el tráfico. En círculos políticos se consideraba la posibilidad de exigir la repetición de las elecciones.

El Tribunal Superior Electoral, y el propio gobierno, parecen dudar al saber que se han convertido en centro de atención internacional con este insólito proceso de recuento.

Por un lado afirman que seguirán revisando las actas para asegurar la transparencia de los resultados. Por otro, no hay indicios de que estén dispuestos a rectificar.

Saben que cuentan con la complicidad de la Casa Blanca, y también de varios gobiernos del continente. (Recordemos que el golpe cívico militar del 2009 consiguió el visto bueno del gobierno de Obama y de su secretaria de Estado Hillary Clinton, y que de aquellos polvos vienen estos lodos). Según Radio Progreso, en medio de esta crisis provocada por el posible fraude electoral, el gobierno norteamericano “certificó que Honduras ha estado luchando contra la corrupción y defendiendo los derechos humanos”, declaración que da luz verde para el envío de millones de dólares en ayuda financiera.

En cuanto a los países europeos, están muy ocupados con sus propios problemas, y además sus políticos se han vuelto muy selectivos en cuanto a lo de moverse en defensa de los derechos humanos. Incluso los partidos socialdemócratas. Solo se ocupan de lo que puede afectar “al orden establecido”. Y sino, que se lo pregunten a los miles de refugiados que sobrevivieron al cruce del Mediterráneo y encuentran vallas, muros y rechazo o son retenidos en virtuales campos de concentración.

No, el pueblo hondureño no será la excepción, tendrá que seguir peleando con sus propias fuerzas por alcanzar una verdadera democracia y justicia social.

Eso sí, contará – por supuesto- con la solidaridad de todos los que están empeñados en las mismas luchas en sus propias tierras.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
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5) DESPUÉS DE CANADÁ, EL FORO SOCIAL MUNDIAL VUELVE A BRASIL

“Reinventar el FSM para que los nuevos actores y movimientos sociales se sientan en casa” Del 13 al 17 de marzo 2018 en Salvador de Bahía

Por Sergio Ferrari*

Poco menos de dos años después de la edición precedente en Quebec, Canadá, el Foro Social Mundial (FSM) se auto convoca en Salvador de Bahía, Brasil. El próximo evento a realizarse entre el 13 y el 17 de marzo del 2018 incorpora desde ya enormes desafíos. “Los movimientos sociales deben estar en el centro, deben sentirse en su propia casa. El Foro debe reinventarse”, enfatiza Mauri Cruz, del Colectivo Brasilero de organización. “Estoy convencida que una vez en marcha, la convocatoria adquiere su propia dinámica y es indetenible”, subraya por su parte Carminda Mac Lorin, una de las responsables de la edición canadiense de 2016. Miradas cruzadas y complementarias sobre un espacio que algunos lo consideran agonizante y otros, lo visualizan vivo, perfectible, y todavía esencial para la convergencia internacional de alternativas al sistema hegemónico.

“La población de Salvador espera y organiza el próximo Foro con especial entusiasmo. Muchos jóvenes están movilizados en torno al FSM”, explica Carminda Mac Lorin, quien vivió durante cuatro meses en 2017 en la ciudad bahiana y participó en el Seminario Internacional de octubre donde se lanzó oficialmente el Foro del 2018.

La fuerza popular de Salvador de Bahía

Sentí en Salvador, reflexiona, una gran presencia de las comunidades quilombolas, así como de las más diversas iniciativas y organizaciones feministas, ecológicas, sociales y culturales. Hay una fuerza especial que se percibe en esa ciudad y en sus alrededores…Me hizo pensar mucho en el concepto de la *epistemología del Sur*, es decir una manera diferente de ver las cosas que en nuestros países del “norte”, argumenta Mac Lorin, quien anticipa que al menos un centenar de canadienses que participaron en la edición 2016 viajarán para el próximo FSM.

“Intuyo que va a estar bien presente la fuerza de la revuelta histórico-popular de los movimientos sociales locales de este que fue un lugar central en la historia esclavista de Brasil y de la humanidad”. Subrayando la fuerza con la que los movimientos sociales de Bahía están enfrentando al gobierno golpista y para contrarrestar el retroceso de la democracia en el país sudamericano.

Sin desconocer la crisis que vive desde años el Consejo Internacional – instancia facilitadora del Foro Social Mundial- Mac Lorin, que hace parte del mismo, anticipa la necesidad de revisarlo profundamente. No esconde sus críticas a la caída de participación en dicho Consejo, a la representatividad relativa o escasa de algunos de los miembros, a la lentitud y una cierta burocratización del funcionamiento…en suma, al sentido de la existencia misma de esa instancia. “Mi crítica es al ente colectivo y no a las personas que lo integran, muchas de las cuales son muy valiosas”, afirma la joven militante altermundialista.

“Sin embargo, no podemos confundir el proceso del Foro con esa instancia obsoleta”, aclara. “He podido constatar también, en lo que experimentamos en el 2016 en Montreal, que, una vez que la convocatoria está en marcha nadie la puede detener. Cuando hay 30 mil o 40 mil o 50 mil personas reunidas, la fuerza participativa excede cualquier corsé organizativo, toma vida propia, y cada uno de los participantes se convierte en un protagonista del intercambio de experiencias y búsqueda de alternativas a este sistema hegemónico de explotación mundial. Nadie puede controlar ni apropiarse ese espacio amplio que adquiere un valor en sí mismo”.

“Por eso pienso que el de Salvador va a ser un Foro excelente. En particular porque se va a realizar en una situación política mundial y regional de extremada gravedad. La ofensiva de las fuerzas neo-liberales, conservadoras, reaccionarias, se siente en todas partes del mundo y la convocatoria brasilera puede ser una bocanada de respiro para la militancia, un precioso espacio para oxigenarse, para potencializar su reflexión y práctica, para fortalecer su convergencia, para clarificar sus agendas comunes”, reflexiona.

Los desafíos del FSM “van más allá de Salvador”

“La situación mundial es cada día más compleja. Los dilemas mundiales no son los mismos que en el 2001 cuando el FSM nació en Porto Alegre. Los movimientos y actores sociales también han variado”, enfatiza a manera de introducción el abogado socioambiental Mauri Cruz, de la dirección de Abong, miembro del Colectivo Brasilero de organización del FSM 2018 e integrante del Consejo Internacional.

Esta nueva realidad mundial exige también nuevas reflexiones y respuestas, explica el experimentado militante social que desde sus inicios ha tenido una relación estrecha con el proceso forista-alter mundialista. Fue uno de los promotores del Foro Temático de las Resistencia de Porto Alegre de enero 2017.

En ese marco, la particular y compleja coyuntura que se vive en Brasil desde el Golpe institucional de 2016, confronta a las organizaciones y movimientos sociales a constantes luchas diarias, explica el también columnista de Sul21. “El enfrentamiento y la protesta social se dan en todas partes y no es simple reunir a todas estas iniciativas en torno a una convocatoria como la del FSM 2018. Las prioridades políticas son acuciantes. Sin embargo, estoy convencido que es una cuestión de tiempo y que cuando nos vayamos acercando a marzo próximo, la convocatoria se irá ampliando”, subraya.

“El optimismo y el convencimiento de las fuerzas sociales bahianas es evidente. Su colectivo organizador reúne a los principales movimientos sociales de la región (entre las cuales la Vía Campesina del Noreste, por ejemplo). Con el apoyo logístico del Gobierno del Estado y de la Universidad Federal, estaremos en capacidad de recibir a miles de personas, incluso de América y de Europa”.

Mirando hacia atrás, el agudo balance crítico de Mauri Cruz desborda cualquier simplicidad de análisis. “Cuando recordamos los primeros foros, que fueron esenciales para aglutinar el pensamiento/práctica de izquierda, los principales promotores, en su mayoría, eran pensadores, intelectuales, hombres y blancos (sea latinoamericanos o europeos) …Hoy, el movimiento social mundial es muy diferente al de entonces y buena parte del mismo no se reconoce en el FSM”, enfatiza.

Hay una tarea esencial tanto para Salvador como para después, dada la enorme magnitud de la misma: “reinventar el FSM, con una metodología realmente horizontal y participativa, asegurando que esos movimientos se sientan en casa y sus temas sean prioritarios”, enfatiza Mauri Cruz.

¿Cómo lograr realmente esa centralidad efectiva de los movimientos sociales? La fluidez del análisis se dispara sin pausa. Las mujeres, su modo de pensar y actuar tienen que ser hegemónicos en el FSM, porque la sociedad nueva que pretendemos debe ser feminista. La mirada de los pueblos negros tiene que estar en el centro de la superación del modelo capitalista y el concepto de reparación y de las consecuencias de siglos de esclavitud debe estar en el centro de la construcción del FSM. Los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de regularización de las tierras y culturas ancestrales, sus relaciones con la Madre Tierra tienen que estar también en la esencia del FSM.

De igual forma que las luchas urbanas, de los sin techo, de los sin trabajo, de los recicladores y de la población que vive en las calles, de las culturas de las resistencias de las periferias…porque la mitad de la población humana vive en las ciudades. También debe ocupar un punto central, insiste, la economía solidaria, la agroecología, las resistencias económicas y de nuevas formas de hacer la economía, la nueva lógica de producción y de consumo.

Este proceso para reinventar el FSM parte de la premisa de reconocer la validez del mismo. A pesar de sus problemas y tensiones -propios de un espacio donde la lucha de clases no queda afuera-, “es el único, tan amplio y diverso, que sigue existiendo a nivel internacional para facilitar el intercambio de experiencias y búsqueda de alternativas”. Amplitud que, para el militante bahiano, no admite, sin embargo, una visión diluida. “Tenemos que combatir al capitalismo ya que sus consecuencias brutales para la humanidad y la tierra están a la vista. Aceptar una metodología horizontal, participativa, plural, no implica un autonomismo descomprometido”.

“Concebimos nuestra convocatoria para marzo 2018 como parte de un proceso donde el FSM retome el protagonismo mundial en la lucha por Otro Mundo Posible”, insiste. Reconociendo que desde Porto Alegre 2001 hasta ahora, solo han pasado escasos 16 años. Un periodo corto si lo referenciamos al tiempo histórico universal. “Debemos reconocer también que los objetivos que nos impusimos no son tareas simples. Me refiero a reunir a la ciudadanía planetaria, de forma horizontal, para discutir sobre la derrota del capitalismo y la construcción de otro mundo alternativo, radicalmente democrático, ambientalmente sustentable y socialmente justo”, concluye Mauri Cruz.

Los que critican al proceso del FSM por falta de resultados en estos tres lustros, deben recordar que “estamos pensando y hablando de una revolución política, económica, social y ambiental. Dentro de la ética democrática, valor estratégico esencial de los movimientos sociales”, lo que significa un desafío enorme de construcción colectiva, concluye Cruz.

*Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria activamente implicada desde 2001 en el FSM.
COMCOSUR INFORMA Nº 1865 – 14/12/2017 _______________________________________

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