Entradas de agosto de 2020

URUGUAY: ROMPER EL SILENCIO EN LAS REDES SOCIALES: UNA FORMA DE VISIBILIZAR Y DENUNCIAR LA VIOLENCIA MACHISTA – comcosur mujer 656 – 31.08.2020

COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 656 /lunes 31.08.2020 – Hoy:

1) Argentina: en 2020 ya hubo 168 femicidios, un 15% más que el año pasado
2) Chile: mujeres luchan con ollas comunes contra el hambre y la crisis económica
3) Honduras: Pobreza y violencia obligan a hondureñas a migrar
4) Uruguay: Momento positivo para desterrar prácticas de acoso y machismo
5) Uruguay: Romper el silencio en las redes sociales: una forma de visibilizar y denunciar la violencia machista
6) Uruguay: Diálogos de Frontera 2020
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 656 – Lunes 31 de agosto de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: EN 2020 YA HUBO 168 FEMICIDIOS, UN 15% MÁS QUE EL AÑO PASADO

Un total de 168 casos de femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 en el país, lo que implica un 15% más de casos respecto al mismo período del año pasado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que atribuye el incremento a la dificultad de protección que atravesaron las víctimas durante la cuarentena por el coronavirus.

“El aislamiento social y preventivo contra el Covid-19 trajo aparejada la prohibición de la libertad o resguardo de la convivencia de la víctima con su agresor, y con ella, la dificultad de protegerse, independientemente de los diferentes dispositivos de comunicación que se implementaron”, indica el informe al que accedió Télam.

En ese sentido, el organismo remarcó que “el riesgo se mantuvo latente y se advirtió un aumento de casos de femicidios” en comparación al mismo período del 2019, cuando se relevaron 155 homicidios agravados por motivos de género.

El informe detalla que, del total de casos, 13 fueron femicidios vinculados -es decir, aquellos en los que el propósito del agresor es provocar sufrimiento a la víctima, un agravante incluido en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal-, en los que murieron seis mujeres y siete varones.

Además, precisa que durante la etapa estudiada fueron asesinadas dos mujeres trans y se produjeron dos “suicidios feminicidas”, categoría con la que se denominan los hechos en los que “las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos perpetrados por los hombres”, los cuales aún hoy “siguen impunes”.

Las estadísticas elaboradas destacan que 106 de los femicidios fueron cometidos por la pareja o la ex pareja de la víctima.

En el informe, se indica que se verificó “la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario” en la mayoría de los casos registrados, ya que 74 mujeres fueron asesinadas por su pareja, 32 por su expareja y otras 35 por conocidos o familiares, mientras que un porcentaje menor refiere a desconocidos.

Además, se establece que entre el 20 de marzo -cuando cuando entraron en vigencia las medidas de aislamiento frente a la pandemia de coronavirus- hasta el 31 de julio hubo 98 femicidios, trece más que en el mismo período del año pasado, cuando se produjeron 85.

No obstante, el mes con mayor cantidad de casos fue enero, cuando se registraron 30 femicidios; seguido por marzo y abril, con 27 cada uno; febrero, con 23; y mayo, con 22.

Del total de femicidios, 106 fueron cometidos en el domicilio de la víctima, 49 de las cuales convivían con su agresor; otros 13 en las viviendas de los femicidas y al menos 24 se produjeron en plena vía pública.

A partir de esos datos, el organismo estableció que el 73% de los casos ocurrieron en entornos familiares para las mujeres, lo que implica que “el hogar de la víctima es el lugar donde más se vulneran los derechos”, y que se trata de una tendencia que “se mantiene con respecto a períodos anteriores”.

En cuanto a los rangos etarios de las víctimas, el estudio señala que del total de casos, 17 mujeres eran menores de 18 años, de las cuales once tenían menos de 10; y que como consecuencia de los femicidios 136 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres, y en sólo 35 hechos no se registraron víctimas colaterales.

El informe también informa que sólo el 17,3% de las mujeres había radicado denuncias por violencia de género de forma previa contra los agresores, una cifra que descendió en relación al mismo período del año pasado (22,6%) y del 2018 (21,6%).

El relevamiento incluye un apartado sobre los victimarios, y especifica que 23 de ellos se suicidaron tras cometer los crímenes y otros siete lo intentaron pero no lo consumaron, un indicador que se redujo al compararlo con lo registrado durante 2019, con 38 casos de suicidio, y 2018, con 35.

Por último, el trabajo de la Defensoría determina que las provincias en donde más femicidios se produjeron son Buenos Aires (67 casos), Santa Fe (22), Tucumán (11), Misiones (9) y Córdoba (8).

En los casos de Santa Fe y de Misiones, los femicidios se duplicaron respecto de igual período de 2019, mientras que en Córdoba disminuyeron un 50%, en Mendoza un 80 y en Corrientes y Entre Ríos un 35 en cada una.

Telam/ COMCOSUR MUJER Nº 656 – 31/08/2020
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2) CHILE: MUJERES LUCHAN CON OLLAS COMUNES CONTRA EL HAMBRE Y LA CRISIS ECONÓMICA

De forma autónoma un grupo de mujeres del sector Valle Nonguén en Concepción realizan una labor humanitaria hace meses en su territorio. Su accionar es un ejemplo más de resistencia ante un modelo que mantiene a amplias capas bajo condiciones de precariedad económica, condiciones que se han visto profundizadas durante la pandemia que vive el país.

«Me parece que con cada situación que va ocurriendo a nivel social somos las mujeres las que reaccionamos y sostenemos la resistencia desde los inicios. En la lucha de los territorios por la defensa de los recursos naturales, son siempre las mujeres las que sostienen los procesos desde la base alimentaria, como puede ser una olla común, la producción de alimentos, la curatoría de semillas, la reproducción de saberes o el cuidado de la vida, no solamente aplicado a nivel de lo doméstico sino que en todos los ámbitos», explica Paula Fuentealba, parte del grupo de mujeres que lleva adelante la Olla común.

El Bloque de Mujeres Nonguenche realiza una olla común todas las semanas desde el 31 de mayo de 2020, el mismo día de la cuenta pública del presidente de la República, como respuesta a sus anuncios vacíos. Paula explica que«producto de la parálisis estatal de la pandemia había muchas situaciones de abandono. Ya se estaba evidenciando la crisis económica y quisimos armar como un hito, tipo acto público, acá mismo en la feria. Armando una olla común para poder denunciar que las ayudas del Estado no están muy presentes en el territorio. Y qué es necesario la organización y la solidaridad de vecinos y vecinas para poder sostenernos en situaciones de crisis»

Todos los domingos, de 12 a 14 horas se instalan en la junta de vecinos del sector Villa Valle, beneficiando principalmente a adultos mayores y mujeres jefas de hogar entregando entre 60 a 100 raciones para la comunidad.

Paula nos cuenta que con la iniciativa buscan ayudar «en especial a mujeres solas con sus hijos, adultos y adultas mayores que se encuentran a su casa confinados, le vamos entregar directamente los alimentos al domicilio, y también viene gente acá a buscar. Además de la comida preparada hemos entregado alimentos no perecibles gracias a donaciones que han hecho organizaciones y personas desde Suiza, de Alemania, también organizaciones como Panadería La Maza, la que todos los domingos nos trae también algunas donaciones de pan para poder alimentar a las personas, hemos recibido bastante apoyo para poder sostener este proceso que queremos levantar por lo menos hasta septiembre»

En cuanto al surgimiento del grupo nuestra entrevistada nos comenta que «El bloque mujeres nonguenche surge después del estallido social. Nosotras nos conocimos en la asamblea territorial nongenche, y a partir de ahí empezamos a ver afinidades y con eso después en febrero nos organizamos. Primero, como grupo separatista para empezar a realizar actividades con una proyección hacia nuestras vecinas, y de pronto nos encontró la pandemia y vimos que en la situación en la que estábamos era necesario realizar acciones de solidaridad con miras también a seguir proyectando esto de alguna otra forma a través de acciones de difusión de propaganda y visibilizar la realidad que la que nosotras mismas vinimos acá».

Las mujeres realizan su olla común a un costado de la feria popular de Nonguén, donde también se alimentan feriantes y vendedores de la zona. Explican que esta iniciativa en particular no es separatista, pero de forma natural han sido solo mujeres las que han participado activamente. Paula comenta esta realidad explicando que «somos las mujeres las que organizamos y terminamos parando este tipo de iniciativas y sosteniéndolas en el tiempo, porque es como una una vocación de memoria, para nosotras es súper importante visibilizar de que esto no era una actividad necesariamente separatista, pero finalmente somos las mujeres las que terminamos haciendo todos los procesos organizativos y es necesario visibilizarlos, porque ahí es donde nosotras no podemos quedarnos atrás en la toma de decisiones en las organizaciones, nosotras siempre podemos levantar voz y construir un mundo distinto».

Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 656 – 31/08/2020
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3) HONDURAS: POBREZA Y VIOLENCIA OBLIGAN A HONDUREÑAS A MIGRAR

Contrario a años anteriores, cada vez hay más mujeres, principalmente hondureñas, que huyen junto con sus familias de la violencia y falta de oportunidades en su país para solicitar asilo en Estados Unidos y México; no obstante, en nuestro país encuentran barreras para acceder a la condición de refugiadas y a su derecho a la salud, la educación y el empleo.

Así se reveló en el informe “Adolescentes y jóvenes hondureñas en México: una mirada exploratoria sobre sus necesidades y acceso a derechos”, que elaboró y presentó este 5 de agosto el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Fondo Semillas y Psicólogos Sin Fronteras.

Este informe se elaboró con base en el testimonio de 30 jóvenes de 12 a 24 años que están alojadas en albergues de Tijuana y la Ciudad de México, a través de actividades psicolúdicas y entrevistas.

El interés de hacer este estudio surgió porque desde 2014, las organizaciones han identificado un incremento del número de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo, explicó durante la presentación la directora de Imumi, Gretchen Kuhner.

Por ejemplo, en 2019, las personas provenientes de Honduras conformaron el mayor número de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Migración (INM) en México. Entre los años fiscales 2014 y 2019, la aprehensión de familias hondureñas por la Patrulla Fronteriza estadounidense aumentó 446 por ciento: de 34 mil 495 miembros de familias detenidos en 2014 a 188 mil 416 en 2019.

De acuerdo con el informe, las niñas y adolescentes hondureñas suelen viajar de manera acompañada, en mayor medida que sus pares hombres. Esta tendencia se ha acrecentado en los últimos años. Por ejemplo, mientras que 66.8 por ciento de las niñas viajó acompañada en 2014, 85.19 por ciento lo hizo en 2019.

Actualmente, la principal acompañante de viaje de las adolescentes es la madre, y de las jóvenes son sus hijas e hijos. Por ello, “a diferencia de los flujos de migración femenina centroamericana de hace una década, los movimientos de hoy no generan las cadenas de cuidado transnacionales”, señaló el informe.

A esto se suma que hay más niñas que adolescentes detenidas por el INM. Si bien las de cero a 11 años de edad constituían 59.92 por ciento en 2014, para 2019 conformaban 70.41 por ciento del total de niñas menores de 18 años de edad detenidas. Más de la mitad de las adolescentes y jóvenes fue detenida en alguna estación migratoria del país, y la duración de su detención varió de 2 a 90 días.

Además, en los últimos años también ha crecido “exponencialmente” el número de solicitantes de asilo en México, de 2 mil en 2013 a 70 mil en 2019. La primera nacionalidad de quienes solicitan asilo y son reconocidas con 32 la condición de refugiado en México es la hondureña. Más de 30 mil personas de ese país solicitaron asilo en 2019 (43 por ciento del total). Sin embargo, entre 2013 y 2019, México únicamente ha ofrecido protección internacional a 8 mil 565 personas de Honduras (6 mil 108 como refugiadas y 2 mil 457 con protección complementaria).38

¿Por qué migran?

El contexto que obliga a las mujeres hondureñas a salir de su país, señaló Imumi, es que en Honduras 7 de cada 10 personas son pobres y 47 por ciento son menores de 20 años de edad. Además, es muy fuerte la criminalización de la población joven, por parte del gobierno hondureño.

Las jóvenes viven en sus países de origen violencias legales, paralegales, estatales, del mercado, familiares y de pares que atacan la vida de las jóvenes desde los barrios sin escuelas, la precarización del trabajo en las maquiladoras, las redadas policiales que cazan jóvenes de barrios marginados en limpiezas sociales, las cárceles, las maras, las redes transnacionales de narcotráfico, hasta la impunidad y desprotección por parte del Estado.

“Esto tiene un impacto muy fuerte en el imaginario y la realidad de las personas que salen de Honduras. Más de la tercera parte de las mujeres en Honduras se casan o forman uniones tempranas cuando aún son adolescentes, para escapar de la violencia y la pobreza, aunque éstas se continúan con sus parejas, según observó Imumi con base en la literatura que han generado organismos internacionales y otras autoras y autores.

La violencia que viven las jóvenes en su país de origen las orilla a migrar, pero –de acuerdo con el informe– los procesos de migración tienen un impacto profundo en el desarrollo de adolescentes y jóvenes, ya que constituyen ritos de pasaje, donde pueden reformular sus nociones de pertenencia y ciudadanía, y adquirir una nueva identidad, ya que cruzan fronteras físicas, culturales, étnicas y de clase, pero no dejan de ser realidades complejas y violentas que, además de constreñir su movilidad y potencial, pueden dejar un impacto psicosocial agudo y duradero, alertó Imumi.

Por ejemplo, Maryori, una hondureña de 22 años y dos hijos que habita desde hace dos años en nuestro país, dijo durante la presentación que ella salió de su país porque la iban a matar a ella y su familia. “Por eso tuve que migrar de mi país, sino no hubiera migrado”, dijo la joven. La joven dijo que, si pudiera, le pediría al gobierno federal que no deporte a las personas, sino que les pregunte antes por qué vino a nuestro país” “Cuando una llega aquí llega sin nada, a formar su destino”, expresó.

Como documentó el informe, una vez que las jóvenes llegan a México experimentan obstáculos y discriminación que les impiden acceder a su derecho a la educación, la salud, el trabajo y otros. Por todo ello, las organizaciones civiles que participaron en el informe recomendaron al Estado mexicano lo siguiente:

Romper las barreras en el acceso a la educación para la población solicitante de asilo y en el reconocimiento de la condición de refugiado en México, con capacitación e información a las autoridades y al personal de las escuelas sobre la normatividad vigente que impide excluir a niñas, niños y adolescentes a causa de su condición migratoria y falta de documentación, y sensibilización sobre la situación que enfrenta la niñez y la adolescencia migrante y solicitante de asilo en México.

Promover iniciativas de acceso al empleo con perspectiva de género, que incluyen desarrollar programas de cuidados para las y los hijos de las mujeres trabajadoras, a fin de permitir conciliar el empleo y la familia. Una buena práctica que puede ser replicada es la iniciativa de inclusión laboral que lidera el ACNUR en el norte de México.
Ampliar y especializar el acceso a la salud, específicamente servicios de salud tanto mental como sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes en contextos de movilidad. En estos dos ámbitos de la salud, el trabajo en red con actores multinivel puede potenciar los expertises, así como el alcance de la provisión de servicios y sus resultados.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 656 – 31/08/2020
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4) URUGUAY: ANDREA TUANA: ES UN MOMENTO MUY POSITIVO PARA DESTERRAR PRÁCTICAS DE ACOSO Y MACHISMO NATURALIZADAS

Se está “abriendo una puerta muy importante” con las denuncias en redes sociales, remarcó la activista

La integrante de la ONG El Paso Andrea Tuana aseguró que es un momento muy positivo para desterrar prácticas de acoso y de machismo que están naturalizadas en Uruguay.

A través de la difusión de denuncias en redes sociales, que involucran hechos de abuso, acoso y violencia en distintos ámbitos de la sociedad, Tuana sostuvo que se está “abriendo una puerta muy importante” y, agregó, que lo que hasta hace algunos años se consideraba parte del relacionamiento habitual entre las personas, hoy son rechazadas por ser violentas.

Tuana opinó que en este tipo de prácticas funcionan gracias a una especie de “cofradía” entre los varones que fomentan estos hechos.

La activista subrayó que la sociedad “no ha construido” las herramientas adecuadas para procesar este tipo de crímenes que tiene características particulares y es por ello que se recurre a las redes sociales.

Tuana consideró que los mecanismos y las garantías por parte de la justicia no están dadas, al tiempo que afirmó que las sanciones son irrisorias en la gran mayoría de los casos.

Entrevista completa en: radiouruguay.uy/
COMCOSUR MUJER Nº 656 – 31/08/2020
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5) URUGUAY: ROMPER EL SILENCIO EN LAS REDES SOCIALES: UNA FORMA DE VISIBILIZAR Y DENUNCIAR LA VIOLENCIA MACHISTA

Especialistas analizan el alcance de iniciativas espontáneas que surgieron para exponer casos de acoso y abuso sexual en distintos ámbitos.

“Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, escriben adolescentes, jóvenes y mujeres estos días en las redes sociales. Lo repiten, lo likean, lo retuitean. Algunas escriben la frase en placas que se viralizan. Otras la muestran estampada en remeras. Pero no es un simple lema que se reproduce como mantra. Es un llamado a no callar más ante la violencia que sistemáticamente vivimos las mujeres desde que somos niñas y que muchas veces no verbalizamos o denunciamos.

Hay varias explicaciones en torno a ese silencio. Dentro del amplio espectro de violencias machistas, el acoso y el abuso sexual aparecen quizás como las situaciones de las que más cuesta hablar. Por un lado, porque en esta cultura siempre es más difícil para las mujeres exponer hechos que tienen que ver con la intimidad. Por el otro, porque en algunos casos se trata de prácticas que están tan naturalizadas que muchas veces ni siquiera las reconocemos como acoso, abuso o alguna otra forma de violencia de género.

En las últimas semanas surgieron distintas iniciativas espontáneas en las redes sociales para romper el silencio y visibilizar, desnaturalizar y denunciar situaciones de acoso y abuso sexual en distintos ámbitos. La primera campaña que generó repercusión fue la impulsada el 10 de agosto por el colectivo Mujeres Medicina, que invitó a estudiantes y egresadas de la Facultad de Medicina (Fmed) de la Universidad de la República a compartir experiencias de acoso sexual, misoginia y discriminación en el ámbito de la medicina con el hashtag #MeLoDijeronEnLaFmed. La respuesta fue masiva y logró, entre otras cosas, que las comisiones de género de la Fmed y del Sindicato Médico del Uruguay se pusieran a disposición para generar protocolos de actuación frente a estos casos.

La iniciativa de Mujeres Medicina impulsó a que adolescentes y mujeres denunciaran públicamente situaciones similares que vivieron en otros ámbitos educativos. Así nació unos días después #MeLoDijeronEnLaFder, el hashtag con el que estudiantes y egresadas de la Facultad de Derecho publicaron sus experiencias de discriminación, menosprecio y humillación en ese contexto. En los últimos días, el mismo mecanismo fue promovido por el colectivo feminista Hermanas Luisi, que primero en Instagram y después en Twitter abrió la posibilidad para que mujeres compartieran situaciones de acoso o violencia que vivieron en el liceo. Surgieron así decenas de testimonios de comentarios, actitudes y prácticas machistas en ese ámbito por parte de docentes y funcionarios, publicados con el hashtag #MeLoDijeronEnElLiceo.

En todos los casos, algo que quedó en evidencia es que las mujeres están habilitando espacios colectivos para poner sobre la mesa todas aquellas prácticas, actitudes y violencias que sufrieron históricamente por ser mujeres y que ya no están dispuestas a soportar. Y encontraron en las redes sociales un mecanismo masivo para hacer las denuncias públicas, mover las estructuras y buscar una condena social que pueda generar cambios.

“Lo importante de que esto sea en las redes es que desnaturaliza las conductas y llega a más gente, lo cual por un lado impacta y por el otro hace que aquella chica a la que le pasó y no se dio cuenta de que estaba siendo acosada o abusada pueda tomar conciencia de lo que vivió; decir ‘mirá, a mí me pasó lo mismo”, explicó Josefina Melgar, integrante de la Red de Psicólogas Feministas del Uruguay, a la diaria. “Creo que la movida se dio porque las gurisas se fueron sintiendo más protegidas entre ellas y contenidas. Se fueron encontrando, acompañando”, agregó. “Eso pasa cuando las mujeres empezamos a hablar entre nosotras”.

Cuando se apagan las bombitas amarillas

La ola de denuncias en el ámbito de la educación dio pie para que mujeres que habitan otros espacios también se organizaran en las redes sociales. La creación de una página de Instagram para denunciar y visibilizar casos de violencia de género en el ámbito del Carnaval es uno de los ejemplos y el que generó mayor impacto hasta el momento. “Todas conocemos a varones violentos del mundo del Carnaval. ¿Querés compartir tu experiencia? Total anonimato y cuidado”, decía una de las primeras publicaciones de la cuenta que hasta ayer, en apenas seis días, reunía 253 testimonios y era seguida por más de 58.000 personas.

La dimensión que tomó lo que se publicó en esa cuenta tiene que ver, en parte, con que varias de las experiencias que se describen constituyen delitos graves de violencia sexual, incluidas violaciones. En muchos casos, las víctimas aseguran en los relatos que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Otra explicación de la magnitud que tomó #VaronesCarnaval tiene que ver con que muchas de las mujeres señalaron con nombre y apellido a los supuestos responsables. Muchos de ellos son figuras públicas y reconocidas en el ambiente.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió intervenir de oficio ante la gravedad de algunas denuncias y el lunes presentó las capturas de las publicaciones de la cuenta de Instagram a la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 4º Turno, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio. A las pocas horas, la Fiscalía habilitó una línea telefónica para realizar denuncias o aportar información en el marco de esta investigación. El servicio funciona las 24 horas del día y es atendido por el equipo técnico de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, según comunicó Lovesio.

El número está abierto para las personas que, además de haber hecho la denuncia pública en las redes, “quieran hacer denuncias que lleguen a la Justicia con las garantías que eso requiere”, dijo la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari, a la diaria. Confirmó, además, que ya han llegado denuncias judiciales vinculadas al Carnaval que están siendo analizadas por la fiscal Lovesio.

“Siempre pasa con los delitos de género en general, pero, sobre todo, con los delitos de violencia sexual”, que las víctimas no se animan a denunciar porque creen que no pueden aportar pruebas. Sin embargo, y si bien “cada situación es bien diferente”, la Fiscalía cuenta con distintas herramientas. Ivana Manzolido (Red de Abogadas Feministas).

Algunas de las denuncias realizadas describen delitos cometidos hace varios años. ¿Cómo saber si aún tienen viabilidad penal? “Por eso es que está el número de teléfono, para que también se puedan asesorar con todas las reservas que tiene el caso”, respondió Solari. En esos casos, dijo, las víctimas pueden pedir una entrevista con el equipo fiscal.

La abogada Ivana Manzolido, integrante de la Red de Abogadas Feministas del Uruguay, dijo a la diaria que “siempre pasa con los delitos de género en general, pero, sobre todo, con los delitos de violencia sexual”, que las víctimas no se animan a denunciar porque creen que no pueden aportar pruebas. Sin embargo, y si bien “cada situación es bien diferente”, la Fiscalía cuenta con distintas herramientas. “En algunas situaciones [denunciadas por #VaronesCarnaval] vi que hay testigos, y en otras va a haber una prueba de contexto, que es esa que se hace cuando no se puede probar fehacientemente la situación pero por el contexto, las palabras, el lugar en que se dio, las personas que estaban y lo que declararon se puede dar cuenta de que ese delito sucedió”. A esto se suman “las pericias que se hagan desde Fiscalía, y quizás muchas víctimas tienen un acompañamiento psicológico de larga data que puede dar cuenta de estas situaciones, ya sea por algún tipo de conducta o alguna consecuencia que haya tenido en la salud mental de esa mujer”.

La abogada dijo que le parece “fenomenal” que las mujeres utilicen las redes sociales para “poner en conocimiento a la opinión pública de que existen determinadas manifestaciones de violencia hacia las mujeres”, pero que en los casos en que se configuró delito lo recomendable es presentar antes la denuncia judicial, como una manera de protegerse frente a posibles amenazas o demandas por difamación e injurias. “Hay situaciones que son muy complejas y está bueno denunciar a la autoridad competente para que investigue o que de alguna manera tome medidas de protección ante posibles factores de riesgo”, aseguró Manzolido.

De hecho, el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía había recibido hasta ayer ocho denuncias por difamación de hombres involucrados en las publicaciones de #VaronesCarnaval, según informó el abogado de la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas, Eduardo Outerelo, a El Observador.

¿Qué pasa cuando se presentan denuncias por difamación? Manzolido explicó que depende de cada situación, pero que, en general, la denuncia por difamación se paraliza hasta que se resuelva el caso en el otro ámbito, en este caso en la Fiscalía de Delitos Sexuales. “En este caso va a ser así porque ya hay una investigación de oficio, entonces si alguien presenta una denuncia por difamación e injurias va a estar sujeta a lo que se resuelva en la otra, porque si se demuestra que lo que vos estás diciendo que es una difamación, en realidad, es verdad, entonces no estás siendo difamado”, señaló la abogada.

Manzolido recordó que los denunciados tienen derecho “a un debido proceso, a responder, a defenderse, a contratar al abogado o la defensa que consideren”; “los mismos derechos que cualquier otra persona que habita en nuestro país”. Detalló, de todas formas, que sus derechos “no pueden sobrepasar los de las víctimas”. Por ejemplo, si la mujer pidió reserva de la identidad como medida de protección, ellos no podrían exigir que se les informe quién los denunció.

La Red de Abogadas Feministas ha estado en contacto con distintos colectivos que han denunciado acoso y abuso en redes sociales. En el caso particular de #VaronesCarnaval, Manzolido dijo que aún no se han contactado directamente con las mujeres en situación de violencia, aunque han sido consultadas por organizaciones “intermediarias” como la Intersocial Feminista o Cotidiano Mujer. De todas formas, está previsto que en los próximos días las abogadas se reúnan “con las diferentes personas que quieran tener un asesoramiento para decidir si quieren judicializar su caso”.

En ese sentido, Manzolido puntualizó que la Fiscalía investigará de oficio porque en base al nuevo Código del Proceso Penal tiene la obligación de actuar cada vez que entra en conocimiento de un hecho “con apariencia delictiva”, pero que también debe respetar a las víctimas que decidan no declarar para no exponerse. De todas formas, dijo, la Fiscalía brinda “muchas garantías” para las mujeres que denuncian violencia de género. Nombró algunas como, por ejemplo, la protección de la confidencialidad, la posibilidad de ir acompañada por una persona de confianza y la grabación de la declaración como prueba anticipada “para no revictimizar a la víctima y que no tenga que ir varias veces a declarar”. Al mismo tiempo, dependiendo de la situación, se puede solicitar a la Fiscalía “que disponga medidas de protección como prohibir el acercamiento y la comunicación con el denunciado, la reserva del domicilio y la reserva de la identidad”. “Siempre es complejo, pero hay garantías para respetar los derechos de las mujeres”, aseguró.

“Los procesos de estas mujeres que denuncian son de mucho dolor porque vuelve a pasar por el cuerpo la vivencia, que deja muchas cicatrices: baja autoestima, miedo al vínculo, depresión, ansiedad, entre otras cosas”, explicó Melgar, por su parte. “Son procesos muy difíciles de sostener si no estás acompañada”, agregó la psicóloga, y aclaró que esa compañía no refiere sólo a su entorno cercano, sino a “todo el sistema judicial”.

“Socialmente”, articular estos mecanismos en redes sociales “es lo que está funcionando, porque estamos generando redes entre las mujeres que son las que nos están sosteniendo la vida”. Josefina Melgar (Red de Psicólogas Feministas)

Acerca de la estrategia de denunciar públicamente las distintas formas de violencia machista en las redes, Melgar opinó que “es un arma muy poderosa” porque permite “deconstruir tu historia y armar los pedazos”. La psicóloga explicó en ese sentido que un mecanismo que utiliza la mente para poder sobrevivir es la represión de las vivencias dolorosas, “entonces poder hacerles frente y expresarlas en un espacio en el que estás teniendo un sostén es apropiarte de tu propia historia. Decir ‘a mí me pasó esto’ es muy doloroso, pero es verdad que muchas veces libera”. “Socialmente”, dijo Melgar, articular estos mecanismos “es lo que está funcionando, porque estamos generando redes entre las mujeres que son las que nos están sosteniendo la vida”.

Toca hacerse cargo

En los últimos días, algunos de los denunciados en la cuenta de Instagram de #VaronesCarnaval publicaron comunicados para pedir disculpas y dar su versión de los hechos. En todos los casos, los varones reconocieron haber tenido actitudes machistas a lo largo de su vida, aunque no asumieron responsabilidad explícita de los hechos denunciados.

Uno de ellos pidió disculpas “si alguna mujer se sintió ofendida o violentada” por él. “Decir ‘si te sentiste ofendida’ es como decir ‘es tema tuyo’ y es seguir poniéndole la responsabilidad a la mujer. Es distinto decir, por ejemplo, ‘si yo con mi acción te hice algo’… Ahí hay un abismo entre una cosa y la otra, porque tiene que ver con hacerse cargo”, consideró Melgar.

Pero ¿qué implica hacerse cargo? “Es dar la cara e ir hasta las últimas consecuencias. Es decir ‘sí, yo te hice esto’”, respondió la psicóloga. “Reconocer la situación es lo mejor para no dejar a la otra persona en el lugar de que está loca, de que está inventando o de que fue su culpa. Sacar a la persona de ese lugar sería muy reparador”, dijo Melgar. A su entender, ni siquiera es necesario pedir disculpas, sino poder decir: “Yo hice esto, la situación fue así y yo ejercí cierto abuso de poder sobre vos”.

“El patriarcado, el machismo y la forma de organización que tenemos nos atraviesa a todas las personas, y los varones ocupan lugares de poder de los que tienen que empezar a correrse para que podamos avanzar”, reflexionó la profesional.

“Es imposible para los varones ponerse en la situación de una mujer, porque nunca han sentido la inseguridad y la vulnerabilidad física que nosotras sentimos constantemente […] Pero nos tienen que escuchar”. Josefina Melgar (Red de Psicólogas Feministas)

Melgar dijo que hoy en día muchos varones están en un proceso de revisión e identificación de conductas machistas que tuvieron en el pasado porque las tenían naturalizadas. “Eso puede pasar y me parece que es válido poder tener ese lugar hoy. Ahora, abusar en ningún momento es válido y no se arregla con una disculpa”, insistió.

“Es imposible para los varones ponerse en la situación de una mujer, porque nunca han sentido la inseguridad y la vulnerabilidad física que nosotras sentimos constantemente. Al caminar en la calle, al estar en un boliche, al ser tenida en cuenta solamente por tu sexualidad o por la ropa que te pusiste… No es algo que ellos han vivido, entonces les es muy difícil identificarse”, dijo Melgar. “Pero nos tienen que escuchar. Gritamos muchas veces para hacernos escuchar, pero quizás no era la forma. Esta, ahora, está siendo la forma de hacernos escuchar”.

Objetivo cumplido

Las responsables de gestionar #VaronesCarnaval en Instagram anunciaron a última hora de ayer que el objetivo por el cual fue creada la cuenta había sido “ampliamente cumplido” y que, de ahora en más, “toca a las instituciones a cargo del Carnaval y a la Justicia encausar las situaciones denunciadas para que a partir de 2021 podamos disfrutar de un Carnaval libre de violencia sexista”. Por eso, invitaron “a todas las que fueron víctimas de delitos sexuales” a comunicarse directamente con la Fiscalía encabezada por Sylvia Lovesio, a través de la línea telefónica habilitada en las últimas horas (091 507 531). Las mujeres agradecieron a quienes tuvieron la confianza para compartir los testimonios y aseguraron que también entienden a quienes prefieran no optar por la vía judicial. “Que este sea un puntapié para lo que sigue. Las abrazamos a la distancia”, concluyeron.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 656 – 31/08/2020
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6) URUGUAY: DIÁLOGOS DE FRONTERA 2020

¿Qué desafíos nos plantea la pandemia a las feministas en contexto de frontera? Te invitamos a encontrarnos y dialogar en torno a esta pregunta el miércoles 9 de setiembre, de 18 a 20hs, a través de la plataforma Zoom.

El primer encuentro de este tipo se realizó en 2015 con el objetivo de instalar un diálogo sobre temas específicos de frontera que involucran principalmente a las mujeres. Se trataron aspectos relacionados al trabajo, la seguridad social, los derechos laborales, la autonomía política y territorial, los derechos de la ciudadanía, la explotación sexual, la violencia contra las mujeres, la libre circulación de frontera y la salud sexual y reproductiva. Este año, debido a la situación de emergencia sanitaria, decidimos realizar el encuentro de forma virtual.

Convocan: Articulación Feminista Marcosur (AFM); Cotidiano Mujer; Grupo de trabajo en género del Centro Universitario de Rivera, UdelaR; Unbral Fronteiras UFRGS; Casa de la Universidad de Cerro Largo (CUCEL – Udelar); Proyecto Mujeres y Ciudad, Universidad Federal de Río Grande do Sul; Proyecto de extensión ciclo de cinema mulheres em tela UFPel.

¡Te esperamos para encontrarnos virtualmente!

cotidianomujer.org.uy / COMCOSUR MUJER Nº 656 – 31/08/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
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URUGUAY: “TUVE QUE MATAR Y MATÉ, Y NO ME ARREPIENTO”, DIJO EL CORONEL (R) GILBERTO VÁZQUEZ – comcos ur informa 1975 – 28.08.2020

COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1975 – 28.08.2020 – Hoy: 1) Uruguay: “Tuve que matar y maté, y no me arrepiento”, dijo el coronel (r) Gilberto Vázquez ante un Tribunal de Honor en 2006 /Ignacio Martínez 2) Carta abierta sobre la situación del Coronavirus en el Uruguay 3) Uruguay: Alerta feminista y represión en Maldonado /Colectivo BIBI 4) Uruguay: Una multitud recordó los 26 años de la Masacre del Filtro 5) Uruguay: La Masacre del Filtro /Ricardo Pose 6) Multinacionales irresponsables. Debate de sociedad en Europa /Sergio Ferrari __________ VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy: I. Mesa redonda y Debate: Desaparición Forzada en Museo de la Memoria II. Cuarteto Ricacosa y 3 amigas III. Cine en el Centro Cultural Julia Arévalo __________ COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1975 – 28.08.2020 _________ 1) URUGUAY: “TUVE QUE MATAR Y MATÉ, Y NO ME ARREPIENTO”, DIJO EL CORONEL (R) GILBERTO VÁZQUEZ ANTE UN TRIBUNAL DE HONOR EN 2006 Ignacio Martínez /La Diaria, 27 de agosto de 2020 El ex militar confesó torturas y el “segundo vuelo”, según revelan las actas que recién hoy ven la luz a raíz de un pedido de acceso a la información pública de Madres y Familiares de Desaparecidos. “Yo era un soldado e hice lo mejor que pude; tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”. Así habló el coronel retirado Gilberto Vázquez ante un Tribunal de Honor militar en 2006, según las actas a las que accedió la diaria. El documento fue entregado por el Ministerio de Defensa a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos por un pedido de acceso a la información pública. Vázquez integró el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor –28 casos de homicidios especialmente agravados– y a 30 años por participar en el secuestro y desaparición de María Claudia García, madre de Macarena Gelman. Actualmente, con 75 años, Vázquez cumple prisión domiciliara en el departamento de Rivera. En 2006 el coronel retirado fue citado ante un Tribunal de Honor luego de fugarse del Hospital Militar, y de esa comparecencia son las actas a las que accedió Familiares. Allí el militar retirado confesó que fue al Hospital Militar “no por dolencia” sino para escaparse. “Lo llamé al médico, como ya había pasado otras veces. Lo empaqueté: le dije los mismos síntomas por los que otras veces me habían internado. Cuando el tipo me ve, ya es una rutina, y se lo dije con la idea de que me internara. Fue premeditado como acto preparatorio”, sostuvo. Ante esto, uno de los militares del Tribunal de Honor le preguntó si entendió que con la “repercusión periodística” de la fuga logró “su objetivo”, y contestó que están “mejor” porque “por lo menos hay otra campana”. “Estamos en el centro pero estamos en otra campana. Ahora no dicen ‘ejecutar’, dicen ‘asesinar’, nos dicen ladrones y nadie dice nada. Entonces, yo ahora estoy diciendo ‘no, señor, es la verdad: nosotros ejecutamos’, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos; nosotros apremiamos porque no había más remedio; el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir, y estoy orgulloso de lo que hice”, sostuvo. Luego Vázquez dijo que estaba “contento” de estar en un Tribunal de Honor, porque siempre andan con “gregre” y les dicen que son “ladrones, asesinos e hijos de puta”, pero en realidad los militares se “rompieron el culo”, dejando a “los camaradas muertos” y a “las viudas y los muertos tirados ahí”, y se “callaron la boca”. Después se refirió a la Comisión para la Paz, creada en el año 2000 por el presidente de entonces, Jorge Batlle, para buscar la verdad sobre los desaparecidos. “Lo peor fue la Comisión para la Paz, porque no hubo ninguna versión nuestra, fueron dos o tres traidores a declarar por las de ellos, pero el Ejército no dijo nada. Entonces, vamos a quedar para la historia y le enseñan a mis nietos que yo era un asesino, y yo no soy un asesino ni un hijo de puta”, expresó. Luego dijo lo que está en el párrafo con el que empieza esta nota. ”Si algo sale mal, te vas para arriba” Entre tantas cosas que dijo ante el Tribunal de Honor, Vázquez señaló que tuvo relación con el caso de Adalberto Soba, militante del Partido por la Victoria del Pueblo que fue secuestrado el 26 de setiembre de 1976 en Buenos Aires, y continúa desaparecido. “Yo tuve que ver con el caso Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en la Argentina. Tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la Gelman. Esas porquerías no las hubiera permitido de ninguna manera. No hubiera permitido de ninguna manera esa porquería”, dijo Vázquez. En otra parte, siguiendo con el caso Gelman, el militar retirado dijo que “no fue una operación militar”, que hicieron “mucha cosa” pero “esa porquería” no, y agregó: “El caso Gelman, no sé para qué carajo la trajeron, porque argentino que agarrábamos lo mandábamos para allá; uruguayo que agarrábamos que servía, que le podíamos salvar la vida lo traíamos para acá y sino arriba, y algún otro trajimos”. Vázquez también dijo que “las cosas no se manejan militarmente así nomás”, y puso como ejemplo que en 1989 la “junta de generales” tuvo información de que iban a “haber atentados”. Por lo tanto, decidieron tener “una respuesta oficial”, y lo mandó a buscar un general en nombre de esa “junta”, al que Vázquez le dijo: “Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con los nombres porque esto acá no se puede hacer, no me pueden dar la orden. Me parece muy bien, pero el tema es que si ya estamos a esa altura hablando bien claro, si algo sale mal yo voy en cana por autor material y usted por autor intelectual porque el Comandante en Jefe esto no lo puede bancar. La única forma, nos ponemos de acuerdo con los nombres y hacemos una cosa por convencimiento, porque no hay otra manera”. Entonces, según Vázquez, “se marcaron cuatro objetivos”: Eleuterio Fernández Huidobro, León Lev, Hugo Cores y otro que en el momento de declarar ante el Tribunal de Honor no recordó quién era, y añadió: “Entonces, los empezamos a marcar a todos en la calle, al final nos saludaban, y al Ñato Fernández Huidobro, que yo tenía conocimiento profundo, le dije: ‘Mirá, Ñato, si algo sale mal, te vas para arriba”. Por último, el coronel retirado fue consultado por el Tribunal de Honor sobre lo que iba a hacer luego de fugarse: “Usted dijo que iba a comunicarse con la prensa, cosa que no podía realizar por su compromiso verbal con el Comandante de la División de Ejército 1”. A lo que Vázquez contestó: “Y además para ejecutar gente, para matar gente, entre ellos el señor Presidente de la República”, que por entonces era Tabaré Vázquez. Ignacio Martínez /La Diaria COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1975 – 28.08.2020 _________ 2) CARTA ABIERTA SOBRE LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS EN EL URUGUAY Sr. Presidente de la República. Sra. Presidente de la Cámara de Senadores. Sr. Presidente de la Cámara de Representantes. Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los suscriptos, como ciudadanos o habitantes de la República Oriental del Uruguay, queremos expresar a los tres Poderes del Estado nuestra preocupación por las condiciones de vida establecidas en nuestro País desde la declaración de emergencia sanitaria del día 13 de marzo de 2020, así como formular algunas propuestas que entendemos necesarias y adecuadas a la actual situación del Uruguay. Como es sabido, las medidas preventivas que acompañaron a la declaración de emergencia determinaron una profunda restricción y afectación de las actividades económicas, laborales, educativas, sanitarias, cívicas, culturales, artísticas y de la vida social en general, incluidas algunas limitaciones de derechos y libertades garantizados por la Constitución de la República. Es notorio que esas medidas fueron motivadas por la aparición de casos de coronavirus en nuestro territorio, en el marco de una situación de alarma mundial surgida tras la declaración de pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. Todo gobierno está obligado a tomar en cuenta esa clase de circunstancias y a actuar en consecuencia, sin perjuicio de permanecer atento a los hechos y al flujo de información científica y empírica proveniente de todas las fuentes disponibles, con el fin de ajustar sus políticas a la evolución de la realidad. Actualmente, puede afirmarse que los casos letales en el Uruguay han sido pocos, y que la información internacional sobre la pandemia ha sido cambiante, contradictoria y a menudo inconsistente, presentando datos y pronósticos poco confiables sobre contagio, mortalidad y tratamiento de la enfermedad. Con buen criterio, el gobierno uruguayo fue moderado en la adopción de medidas restrictivas, sobre todo en comparación con otros gobiernos, y ahora, aunque con limitaciones, ha comenzado a restablecer muchas de las actividades necesarias para la vida material y la salud física y psíquica de la población. No obstante, muchos campos de actividad, incluidos algunos indispensables para la sociedad, se han visto y continúan viéndose gravemente resentidos. Gran cantidad de empresas han cerrado y cientos de miles de uruguayos han perdido sus empleos y fuentes de ingresos. Según cifras oficiales, más de doscientas mil personas se han visto obligadas a ampararse en el subsidio por desempleo. Los niños y los adolescentes no tienen cursos regulares en la enseñanza primaria y secundaria desde hace cinco meses. Los que asisten, lo hacen en forma no obligatoria, pocos días por semana, con horario reducido, sometidos a condiciones de distanciamiento físico de sus compañeros que no son adecuadas para el aprendizaje ni para el sano desarrollo psíquico y social. Cabe destacar la gravedad de la pérdida de un año de enseñanza para toda una generación de niños y de jóvenes. La asistencia médica de la población continúa seriamente afectada. Son frecuentes tanto la postergación de actos médicos necesarios como las consultas y diagnósticos telefónicos, la negativa del personal sanitario a atender pacientes a domicilio y la renuencia para la atención presencial en consultorios y centros de salud. La Administración pública, de la que dependen derechos de tantas personas, funciona en forma anómala, con criterios diferentes en cada repartición en materia de horarios, asistencia de funcionarios y atención presencial o virtual al público. Se debe señalar en particular al Poder Judicial, cuyo régimen de agenda vulnera plazos y garantías procesales fundamentales. Las restricciones al derecho de reunión, determinadas por la exigencia de distanciamiento físico, limitan la actividad cívica, artística, cultural y social, afectando la calidad de vida de la población al reducir las oportunidades de encuentro familiar, amistoso, afectivo, celebratorio o de duelo, así como los intercambios artísticos, de ideas, conocimientos y experiencias. Muchos gobiernos han aprovechado la cuarentena para arrasar los derechos y garantías de sus ciudadanos, circunstancia que felizmente no se ha producido en Uruguay, pero a la que hay que estar muy atentos. En ese sentido, vemos con preocupación un proyecto de ley, a estudio del Parlamento, que pretende convertir en delito la simple transgresión de protocolos sanitarios, aun en el caso de que no produzca ningún daño. Ello sería abrir la puerta a un autoritarismo incontrolable, equivalente a librar un cheque en blanco por el que cualquier decreto o reglamento de materia sanitaria, actual o futuro, serviría para tipificar un delito punible con cárcel. También nos resulta desacertada la iniciativa de construir un memorial dedicado a la pandemia, por cuanto apunta a sacralizar apresuradamente una etapa penosa y poco clara de nuestra historia, respecto a la que todavía no se pueden emitir juicios definitivos. Transcurridos más de cinco meses desde la declaración de emergencia, la situación sanitaria del Uruguay no justifica muchas de las medidas imperantes. El número de fallecidos diagnosticados como casos de muerte por COVID 19 no supera las cifras de mortalidad causadas en otros años por la gripe, el número total de fallecidos en lo que va del año, por cualquier causa, es inferior al de otros años, y los servicios de salud están muy lejos de verse desbordados. En consecuencia, resultan inadmisibles la irregular asistencia a clase de niños y adolescentes, la deficitaria atención sanitaria a la población y el irregular funcionamiento de la Administración pública, situaciones que, en caso de persistir, sumadas al estado en que han quedado la economía nacional y mundial, serán causa de una crisis social y humanitaria sin precedentes. Asimismo, sin perjuicio del deber del Estado de formular recomendaciones y advertencias sobre eventuales riesgos, resultan excesivas las restricciones al derecho de reunión que afectan a las actividades laborales, cívicas, sociales, culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Por las razones expresadas, proponemos: Restablecer el normal funcionamiento de las instituciones educativas, garantizando a todos los niños y adolescentes el derecho a la educación. Regularizar al sistema de salud, exigiendo a las instituciones de asistencia médica la obligación de brindar a los pacientes todas las prestaciones a que tenían derecho con anterioridad a la declaración de emergencia sanitaria. Restablecer el normal funcionamiento de la Administración pública, asegurando los servicios y la atención presencial al público en los horarios regulares. Adecuar todas las medidas y protocolos de prevención a la plena vigencia de los derechos, libertades y garantías establecidos por la Constitución de la República, en el marco de responsabilidad individual previsto por la misma Constitución. Luis Anastasía – Fernando Andacht – Rafael Bayce – Alma Bolón – Fernando De Lucca – Ana María Fernández – Carlos A. Gadea – Diego Julien – Oscar Larroca – Marcelo Marchese – Aldo Mazzucchelli – Gerardo Menéndez – Mariela Michel – Ney Peraza – Julio Porley – Hoenir Sarthou Siguen firmas… Carta abierta sobre la situación del Coronavirus en el Uruguay COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1975 – 28.08.2020 ________ 3) URUGUAY: ALERTA FEMINISTA Y REPRESIÓN EN MALDONADO Bueno, escribo porque creo que es necesario aclarar algunas cosas. Nati Colectivo BIBI – NI UNA MENOS – Soriano, 24.08.2020 Ayer en la alerta feminista que tuvo lugar en la Plaza San Fernando de Maldonado, mientras nos manifestábamos por el femicidio de Mariana, dos patrulleros nos abordaron en la esquina de Sarandí y 25 de mayo. Se bajaron cuatro efectivos, de los cuales dos estaban muy nerviosos, nos dijeron que no podíamos cortar la calle, que teníamos que seguir la manifestación en otro lado. Yo estaba lejos y me acerqué para preguntar por qué no podíamos cortar la calle y su respuesta fue la misma de siempre “porque no”; le contesté tranquila y con respeto que sí podíamos, que estábamos en nuestro derecho. Inmediatamente el oficial, varón, me puso la mano en el hombro y me dijo “me tenés que acompañar”; se produjo un poco de forcejeo, algunas pibas se pusieron en frente y zafé. Ahí abordaron a otra compañera, saqué el celular para filmar el procedimiento y apretándome, me intentaron robar el celular. Después me pidieron los datos, sin resistirme les brinde toda la información de manera calmada y cuando terminó de anotar me dijeron “estás detenido”. Pregunté “¿por qué?”, la respuesta fue que si me resistía al arresto era un delito y se iba a ver forzado a usar la fuerza policial. Como vi que no había manera de persuadirlo y para no agravar la situación, caminé hacia el patrullero de manera tranquila. Llegamos a la comisaría, me bajé, me vino a buscar un efectivo y me cinchó hacia adentro. El policía, varón, me trató de “Él” hasta el último momento dentro de la comisaría, aunque en varias oportunidades se le aclaró que soy una mujer, cuando quedamos solos le dije que no me sentía cómoda con su trato. Me sentaron en el patio, me volvieron a tomar los datos y en ese momento salió la Agente Sánchez que dijo que no podía estar ahí, por lo cual me llevaron a la parte de los calabozos donde me tomaron los datos una vez más. Cuando los dos policías que me detuvieron se iban, en un intercambio con el que me tomaba los datos dijeron “seguro traemos alguna más”; no pasaron cinco minutos y metieron otra compañera, una piba que estaba en la vereda y que no se resistió a dar sus datos, la forcejearon bastante. Nos retuvieron alrededor de una hora, nos notificaron y nos dejaron ir. Aclaro para que se sepa que ambas teníamos documentos, y que se les proporcionó la información que pidieron. Es clarísimo que esto es una muestra de cómo está la cosa, sabemos que nos quieren sumisas y con miedo, encerradas en nuestras casas. Ante su abuso de poder y su represión, les decimos que ¡no tenemos miedo! Que las calles son nuestras y que ¡no vamos a dar ni un paso atrás! Que esto sirva de combustible para que arda la llama de la rebeldía, para que nos encontremos codo a codo en lucha. Termino con un gracias enorme a todas las compañeras que nos esperaron y nos recibieron en ese abrazo cálido cuando salimos. ¡Si tocan a una, tocan a todas! Nati /publicado en Facebook Colectivo BIBI – NI UNA MENOS – Soriano COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1975 – 28.08.2020 ________ 4) URUGUAY: UNA MULTITUD RECORDÓ LOS 26 AÑOS DE LA MASACRE DEL FILTRO Centenares de personas recordaron a los muertos en la masacre de Jacinto Vera, provocada hace 26 años durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Como todos los años miles recordaron a los muertos en la masacre del Filtro. Caras & Caretas, 24 agosto, 2020 Una larga columna de al menos cuatro cuadras recorrió bulevar Artigas hasta las inmediaciones del ex hospital Filtro, donde se leyó una proclama. En esta se hizo énfasis en la presencia al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo de Erode Ruiz, uno de los responsables de la masacre de Jacinto Vera, el 24 de agosto de 1994, que le costó la vida a Fernando Morroni y Roberto Facal. «Los fachos están desatados. Se sienten libres», subrayó más adelante la proclama al destacar las acciones de algunos grupos que han agredido a militantes, atacado locales sindicales o vandalizado marcas de la memoria. Finalmente reclamaron juicio para Luis Lacalle Herrera, Angel María Gianola -ministro del Interior de la época- y a Erode Ruiz. Durante la marcha la madre de Fernando Morrini, una de las víctimas de la matanza provocada por la Policía dirigida entre otros por el actual jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, y el entonces ministro del Interior, Gianola, agradeció a Caras & Caretas por hacerse presente. Recordó Norma Morroni que fue una investigación de Caras & Caretas Portal la que permitió conocer la identidad del asesino de su hijo. No obstante, hasta el momento la Justicia no ha investigado las denuncias. «Esta es una marcha atípica», señaló Norma Morroni. Y agregó: «Por un lado tenemos a (Luis) Lacalle Pou en la presidencia, a Erode Ruiz en la Policía y al ministro (Jorge Larrañaga) que no sabemos que quiere hacer». Finalmente hizo uso de la palabra Norma Morrini, quien saludó a los gremios en conflicto y convocó a los jóvenes a resistir. Doloroso recuerdo La marcha recuerda la conocida como masacre de Jacinto Vera. Hace 26 años una multitud que protestaba contra la extradición de varios ciudadanos vascos, acusados de pertenecer a organizaciones violentas, fue reprimida por fuerzas de choque de la Policía provocando la muerte de Fernando Morroni y Roberto Facal y decenas de heridos. Los sucesos se registraron a raíz de la huelga de hambre desarrollada por los ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA: Josu Goitia, Mikel Ibañez y Luis Mari Lizarralde, quienes iban a ser extraditados a España. Como resultado de la represión fueron heridos de bala a más de 22 personas y asesinados Fernando Morroni y Roberto Facal. El estudiante del IPA Carlos Alejandro Font, de 18 años, resultó con muerte cerebral. Otro de los heridos fue Esteban Massa, un enfermero que asistió a los heridos y fue agredido con cinco balazos por la espalda. Caras & Caretas COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1975 – 28.08.2020 ________ 5) URUGUAY: LA MASACRE DEL FILTRO Al irracional impulso de la Clave 52 Por Ricardo Pose /Caras & Caretas /26 de agosto, 2018 Un paciente trabajo de años permitió reconstruir el relato de quien en círculos muy íntimos se ufanó de asesinar a Fernando Morroni. Ese trabajo permitió, además, establecer los vínculos del ex agente policial en la actualidad con grupos activos políticamente. A 24 años de la masacre del Filtro, no todo es impunidad. Esa noche Waldemar era “chofer de comisario”. Tarea sencilla aunque él pensara que era un desperdicio haberlo asignado, con su capacidad y experiencia, a satisfacer las razones de servicios del jerarca policial. Cierto es que estar de particular en un Fiat Duna blanco, con la “pajera” a disposición, le daba el agradable éxtasis de “poder”, como cuando andaban en procedimiento de civil exhibiendo el carné de la Dirección de Investigaciones, aquella barra de agentes “con tres huevos”. También es cierto que el clima en la fuerza era otro desde que hace una semana se viene produciendo el acontecimiento de la huelga de hambre de los vascos y su posible extradición. Aunque a Waldemar la política le importa un bledo, no podía escapar a los comentarios que circulaban en todo el país, en boliches, peluquerías y mesas familiares. En la “fuerza” tampoco podían sustraerse al tema; los oficiales alertaban sobre el proceder de “los enemigos de la patria”, que solidarizados con los terroristas vascos movilizaban gente hacia el hospital Filtro, convocando desde dos emisoras radiales. Ver aquella cantidad de gente intentando violentar la decisión judicial de la extradición lo hacía sentirse más desaprovechado; Waldemar Rosas fue de los que resistió los embates de aquellos ministros, Forteza y Juan Andrés Ramírez, reorganizando la fuerza; se plantó en huelga y levantó carpa con los demás en el Prado y aquellos ministros no pudieron llevar adelante sus planteos de reforma. Ahora, por suerte, está Ángel María Gianola al frente del ministerio, hombre de mano dura de los que se venían necesitando y el político adecuado para sobrellevar esta delicada situación. Pero, estando al tanto de lo que ocurría, Waldemar no estaba asignado a aquel operativo ni como apoyo de las unidades designadas; estaba de chofer de un comisario al que, por los informes que le llegaban por la radio, como mucho le picaba la curiosidad. Ese 24 de agosto de 1994 Fernando Morroni concurriría como muchos jóvenes de su edad a aquella movilización de solidaridad, hasta donde el mismo candidato Tabaré Vazquez y el general Liber Seregni se hacían presentes. Estar allí, en ese clima de solidaridad con los refugiados políticos extranjeros, que era una tradición del país, parecía ser lo más natural. Los primeros comunicados de radio picaban la curiosidad dentro del Fiat. Incidentes y pequeñas escaramuzas se venían dando con los manifestantes y había una alerta radial por la presencia de civiles armados y comunicados con handy. “Alguno nuestro no identificado”, pensó Waldemar riéndose. Lo cierto es que sobre la tardecita, cuando aquellos incidentes seguían, el comisario sugirió ir hasta el lugar; por la radio llegaban noticias de la lluvia de piedras y alguna bomba incendiaria contra los efectivos policiales. Waldemar y el comisario empezaban a intercambiar opiniones al tiempo que sentían que la “sangre les hervía”. Waldemar recordaba con el comisario: “La escuela de Policía… Setiembre del 86… Bogia me revoleó para 630… ahí de pechito me atajó Ribeiro… de volea pateó fuerte y caí atrás del 46 con Teperino y Damiano… 14.15 h… salimos de base…14.40 h… Damiano con medio cuerpo para afuera por General Flores, con la escopeta en Clave 32… C.47… atrás del lc… Joselito Techera… me preguntaba… ¿dónde me metí? No sabía en ese momento… meses después… ya lo sabía… estaba en el cuerpo de Radio Patrulla… todo era emoción… hasta hoy… los recuerdos emocionan…”. (Comentario extraído de un pie de foto del grupo 630 de Radio Patrulla del perfil de Facebook de Waldemar Rosas). Al ritmo de los recuerdos, se imaginaba llegando y, como en su mejor época, agarrar a esos pichis de los pelos y meterlos en el vehículo, aunque ahora de civil no había necesidad de tal esfuerzo y bastaba con reducirlos para entregarlos al personal uniformado. A medida que se acercaba la vieja adrenalina de los procedimientos, va ganando el espíritu; Waldemar tiene “licencia política” para usar su arma de reglamento, y que las salvas sean de plomo, que nadie haya previsto darle munición de goma para dispersar no es su problema; además, él no tiene nada que hacer ahí. Pero la Clave 52, el anuncio de policía caído en el preciso momento que se sumergían en la muchedumbre de gente y policías, en una suerte de batalla campal, fue el “cheque en blanco”. Frenó como pudo y, sin meditarlo demasiado, confiado en su coraje y experiencia, bajó “pajera” en mano; alguno de aquellos pichis había disparado contra un compañero, así que al primero que vio y le quedó en la diana le descargó el arma hasta verlo caer y asegurar su reducción; en esta batalla campal no hay códigos y dispararle por la espalda era una manera de asegurar que no se daría vuelta posiblemente con un arma en la mano y, ante todo, “es la vida nuestra o la de ellos”, y ya había un camarada caído. No obstante, percatado de que había dejado tirado a un manifestante, subió rápido al auto y aconsejó al comisario irse de ahí y apoyar en lo posible al resto del personal de particular que estaba operando en el “trampero” en las inmediaciones del bulevar, esperando la retirada de los manifestantes. Esa noche, Waldemar Rosas Ruiz, al igual que Fernando Morroni, no regresó a su casa. Recién lo hizo al otro día cuando, enterado del nombre del muchacho que ejecutó, revisó en las imágenes de la televisión si él había quedado registrado y, si bien aparecía en muchas de las tomas, ninguna lo podía relacionar con el homicidio, al menos vistas sin mucho detalle; y si alguien lo hacía, esos videos podían desaparecer. En todo caso, la “fuerza” cerraría filas. Claro que una muerte es una muerte; y sobre todo cuando esa muerte genera un entierro multitudinario y aglutina gente todos los 24. La impunidad de su presencia en el procedimiento quizás lo haya salvado de que su nombre no estuviera entre los de aquellos jerarcas procesados. Pero lo mejor era seguir pidiendo traslado de las distintas unidades. Su conflictivo carácter no sólo lo hacía pedir traslado a cada rato, sino también la necesidad de no generar muchos vínculos en este “secreto” que carga en su alma y no como una medalla de condecoración, aunque él piense que de no ser por el escándalo político, ameritaría. Finalmente, lo mejor es irse; pedida la licencia sin goce de sueldo, intenta vivir una nueva vida en La Plata, logrando allí la radicación definitiva para ser ciudadano legal argentino. De este lado del “charco” igual quedan los camaradas de armas, sus mejores y únicos amigos y aquel número 52, que sería como una bisagra en su vida. Carne podrida El triunfo frenteamplista de 2005 dotó al gobierno de una importante bancada parlamentaria. El Parlamento se transformó en el lugar donde años y años de demandas insatisfechas, reclamos e injusticias no resueltas empezaban a llegar multitudinariamente. Había que ordenar y derivar institucionalmente cada reclamo, cada planteo, cada denuncia que llegaba a los distintos despachos; se aprendió a distinguir incluso información con visos de verdad de carne podrida; muchísima información, sobre todo de enterramientos humanos, por ejemplo. En el comienzo de la campaña electoral de 2009, y a raíz de haber investigado un crimen cometido contra un recluta en el Batallón de Paracaidistas Nº14 en Toledo, alguien llegó confiado en aquella actuación. “Le ciudadane” venía con el dato: “Yo sé quién mató a Fernando Morroni”. Como habían existido algunas presiones, seguimientos y clima raro por lo del 14 de Toledo, lo primero que pensamos fue: carne podrida. Sin embargo, acordamos un encuentro para unas semanas más adelante; grabamos la entrevista por si acaso y empezamos a trabajar sobre los datos entregados. Decidimos el camino más largo; teníamos todos los datos identificatorios sobre el acusado; ¿pero cómo confirmar si no estábamos ante una vendetta, las famosas camas policiales, una cuestión de despecho, unas broncas personales no resueltas? De los círculos sociales de los que provenía la fuente no había manera de poder llegar con naturalidad a los grupos y gentes que reclamaban el esclarecimiento de la verdad cada 24 de agosto. Este elemento también nos hizo descartar de entrada la posibilidad de contactar a la fuente con Norma Morroni; nos constaba que bastante carne podrida había recibido en todo este tiempo. Puzle y contra chequeos El narcisismo de moda tiene sus ventajas; la persona acusada tenía, como muchos, su propia página de Facebook, iniciada desde su nueva vida en Argentina. Los datos que el seguimiento y vínculo permitieron ir extrayendo derivaron en sorpresas varias, pero además empezó a permitir ir armando un puzle en el que, por un lado, se podía estar frente a alguien que tenía todos los méritos para haber ejecutado a Fernando Morroni, y permitía observar sus vínculos actuales con sus ex camaradas de armas. Por el otro lado, “le ciudadane” fue sometido a una serie de encuentros, casuales y organizados, realizados y suspendidos a último momento, que demostraron siempre una condición que fue cimentando confianza: la persistencia. En los largos, cautelosos y preventivos seis años que llevó esta primera parte de la investigación se mantuvo firme respecto de los distintos contactos y cuando en setiembre de 2014 se le vuelve a grabar pidiendo el relato de los hechos, el relato es idéntico al realizado en 2009. La barra 630 y Dignidad En el transcurso de esos seis años apareció un elemento nada menor que obligó a trabajar con mayor cautela. La persona acusada ingresó a Argentina en el año 2007 y consiguió la residencia definitiva en 2010. Fue miembro activo de colectivos de uruguayos residentes en La Plata e ingresó varias veces a Uruguay. Desde varios de esos colectivos también nos llegó información. Vale recordar la reforma policial en la que se transformó la vieja base de Radio Patrulla; un grupo importante de la misma conocida, como la 630, la “pesada” en la jerga interna, empezó a operar políticamente. Primero, generando y alimentando, con base en los vínculos de las redes, un núcleo duro del cual forma parte el exagente que veníamos siguiendo. Empieza a construirse una relación de solidaridad entre los afectados por alguna de las medidas administrativas del Ministerio del Interior y lo que podríamos denominar la “generación Lacalle”. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se produjeron, entre muchos hechos, algunos que tuvieron vinculados a integrantes de distintas ramas de las fuerzas del Estado: el asesinato del químico Eugenio Berríos, la masacre del Filtro, atentados con bombas a Hugo Cores y Sanguinetti. Desde algunos círculos militares se empezó a difundir el concepto de guerra psicológica, que venía ganando la izquierda. En las elecciones del 2014 esos malestares, nostalgias y deseos de combate toman cuerpo: se crea la Agrupación Dignidad Policial dentro del Partido Nacional, acaudillada por un excomisario, Ernesto Carrera, integrada por varios miembros de la 630 y otros desmovilizados y sancionados exfuncionarios policiales y algunos en actividad. Waldemar Rosas fue uno de los responsables, en las canteras de Kibón, de organizar la llegada y despedida de blancos que venían desde Argentina a participar en las elecciones. Carrera contrarreloj La fuente mantenía su firme decisión de que se avanzara en la investigación, pero solicitaba, en caso de que el tema quedara en manos de la Justicia, que fuese preservada. A su vez corrían los años y se podía declarar prescripto el delito de homicidio. Otra valoración era entregar esa información a quienes pudieran hacerla pública y así poner en alerta al acusado. La fuente que nos trajo la información pertenecía un grupo de confidentes que, por suerte, hasta el momento demostraba un hermetismo cerrado. A fines de 2015 llega la novedad de una situación de depresión vinculada a un infarto y a un posible viaje a España por parte del acusado. El triunfo de la izquierda nuevamente había sido un golpe severo para quien, mediante el seguimiento de los actos del 14 de abril y los informes de la Agrupación Dignidad Policial, sentía lejanas sus posibilidades de volver a vivir en el país. El segundero del reloj se transformaba en un verdugo implacable en esta carrera contra el tiempo. Norma Ella vive en unas condiciones muy humildes y mantiene con entereza la necesidad de saber la verdad; tiene cierta firme tristeza en la mirada, habla pausado, intenta comprender, está algo desconfiada de tanto dato falso que le ha llegado. Por encima de las cuestiones legales hay una decisión que sólo le corresponde a ella en todo este asunto; decisión que debe tomar en su fuero íntimo por encima de cualquier tipo de valoración política. Pusimos toda la información, lo actuado, lo sabido, las voces que denuncian en sus manos. Empezaron algunas trabas legales; distintos expertos jurídicos valoraban los años del delito y la posibilidad de la prescripción, lo dificultoso de los exhortos para una declaración fuera de fronteras, la posibilidad de comprobarlo a partir sólo de una declaración. Había una tenue luz de esperanza de que algún fiscal asumiera nuevamente el caso de oficio ante las nuevas pruebas. Norma nos planteó que a, esta altura, que el acusado pudiese decir por qué hizo lo que hizo permitiría resarcir parte de la herida; un gesto de bondad y necesidad humana de cerrar heridas. Lo cierto es que a partir del acto del 24 de agosto de 2016, en el que se hace pública la acusación, el Facebook con el que teníamos contacto cierra y, al abrirlo nuevamente, desaparecen todos los datos que hacían mención a su pasado, así como la mayoría de las amistades, dejando un grupo selecto. Sí, claro, buena parte de la barra 630 y aquella que le permite mantener cierta nostálgica orientalidad, como la barra de la Aparcería Blanca del departamento de Durazno, la Cacho Barrios. Preguntas que flotan Por los crímenes del Filtro, las muertes de Morroni y Facal y las decenas de heridos fueron procesados los funcionarios Juan Miguel Rolan, Raúl Guarino y y Erode Ruiz. Ninguno de los procesados manejó en los juicios el nombre de Waldemar Rosas; tal vez en un operativo de grandes dimensiones y de efectivos que no estaban destinados, pero participaron, esos datos no se manejaron. Sin embargo, el autor material era un secreto a voces en algunos círculos de la fuerza. Juan Miguel Rolan integra la Agrupación Dignidad Policial, blanca. Falta en este puzle el nombre del comisario para quien Rosas hizo de chofer. La cultura de la impunidad aún goza de buena salud. Ricardo Pose /Caras & Caretas COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1975 – 28.08.2020 ________ 6) MULTINACIONALES IRRESPONSABLES DEBATE DE SOCIEDAD EN EUROPA Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza Sonó el pitazo inicial del partido final. Los últimos días de agosto arrancó la recta final de la campaña a favor de la “Iniciativa por Multinacionales Responsables”. Justo tres meses antes que la ciudadanía suiza concurra a las urnas el domingo 29 de noviembre para pronunciarse sobre un tema delicado que, dependiendo del resultado, puede tener repercusiones regionales. De ser aceptada, la nueva norma constitucional se aplicará a cerca de 1.500 grandes empresas. Las 580.000 pequeñas y medianas helvéticas (PME) que cuentan con menos de 250 trabajadora/es, quedarán exentas. Se dirimirá así un tema que hasta hace menos de diez años era un tabú en la vida nacional. Y que hoy va más allá de los Alpes y está presente en buena parte de Europa, animando un significativo debate de sociedad. Allá lejos, todo vale En Cerro de Pasco, Perú, el agua y el aire están envenenados por metales pesados. La responsable: una gigantesca mina de la empresa Volcán – controlada por la multinacional suiza Glencore-. 70 mil personas habitan en la región, y las consecuencias, aunque generales, golpean fundamentalmente a niñas y niños. Numerosos casos de anemias, parálisis y diferentes tipos de discapacidades constituyen moneda corriente entre la población infantil. A miles de kilómetros, en Yavatmal, en el centro de India, en apenas algunas semanas, 800 trabajadores agrícolas se intoxicaron a causa de pesticidas empleados en plantaciones de algodón. El “Polo”, uno de los químicos utilizados, cuya sustancia activa es el diafentiuron, proviene de Suiza. La trasnacional de bandera helvética Syngenta exportó hacia aquel país 75 toneladas en 2017. A pesar que su venta está prohibida en Suiza y en la Unión Europea, dicho pesticida sigue siendo comercializado en numerosas naciones latinoamericanas (Colombia, Ecuador, Perú, México, Costa Rica etc.). La misma Syngenta reconoce que es “tóxico por inhalación” (www.syngenta.com.co/product/crop-protection/insecticida/polo-250-ec). Un reciente reportaje de la cadena nacional de TV exhibió el drama de “La Rinconada” en el Puno peruano, donde miles de mineros artesanales, en condiciones sanitarias y sociales infrahumanas, buscan oro que será vendido por centavos a la Refinería Metalor, con sede central en el Cantón helvético de Neuchâtel. ONG suizas sostienen que entre el 60 y el 70% del comercio internacional de oro pasa por las manos de cuatro refinerías helvéticas, entre las cuales se encuentra Metalor. La relación entre la problemática el holding argentino Vicentín y la multinacional Glencore, socios en la empresa RENOVA, no hace más que abrir interrogantes sobre los derechos sindicales y ambientales vigentes. En una coyuntura de gran tensión sobre el futuro de esta cerealera exportadora. La explotación infantil en cultivos de café de Guatemala destinado a la empresa Nespresso (de la transnacional suiza Nestlé), documentada en un reportaje de la Channel 4 inglesa, comprueba violaciones sistemáticas de derechos humanos. Se multiplican así en la prensa nacional e internacional, ejemplos sobre violaciones de derechos humanos y ambientales. Desmentidos formales, comunicados insulsos o declaraciones retóricas, constituyen la línea predominante de muchas de las multinacionales helvéticas criticadas. Obligación universal La Iniciativa Popular Federal *Empresas Responsables para proteger el ser humano y el medio ambiente* (tal su nombre oficial) exige que las grandes sociedades helvéticas y sus filiales en el exterior -principalmente asentadas en América Latina, África o Asia- respeten los derechos humanos y ambientales según las normas que deben acatar en Suiza mismo. Es decir, busca imponerles un marco jurídico de acción planetaria acorde a los cánones actuales definidos, entre otras, por las Naciones Unidas (initiative-multinationales.ch/). De ser aceptada modificará el artículo 101a de la Constitución Nacional, estableciendo que “la Confederación toma medidas para que la economía respete más los derechos humanos y ambientales…La ley regula las obligaciones de las empresas que tienen su sede estatutaria, su administración central o su establecimiento principal en Suiza”. Y enumera a continuación, como marco, los derechos humanos y normas ambientales internacionales; la obligación de hacer prueba de una *diligencia razonable* y de asumir los perjuicios que ellas o sus filiales produzcan. La violación de derechos humanos y de normas internacionales a nivel ambiental debería implicarles sanciones a las transnacionales violadoras. Es decir, insisten los promotores de la iniciativa, “cuando las multinacionales contaminan el agua potable o destruyen regiones enteras, deben responder a esos daños y asumir los perjuicios cometidos”. En la práctica, si la Iniciativa Popular fuera aprobada por la ciudadanía en la votación del último domingo de noviembre, las víctimas de esas violaciones en cualquier lugar del mundo estarían autorizadas jurídicamente a exigir una reparación, en Suiza mismo. Los perjudicados -recurriendo al apoyo de ONG y abogados solidarios- deberán probar ante los tribunales helvéticos los daños sufridos. Las multinacionales tendrán el derecho de demostrar si han seguido todas las instrucciones y efectuado todos los controles necesarios. Un tribunal nacional deberá, finalmente, juzgar. Respeto a la legislación internacional La Iniciativa, que con el apoyo de 120 mil firmas fue inscrita oficialmente el 10 de octubre del 2016, – y que sufriera interminables idas y vueltas entre el ejecutivo nacional y las dos cámaras parlamentarias-, retoma, como concepto esencial, el de la “diligencia debida”, asumido por el Consejo de Derechos Humanos en junio del 2011 al adoptar los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. (www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf) La diligencia debida señala el deber de los Estados; la responsabilidad de las empresas y el acceso de las víctimas a la justicia para obtener una compensación por el daño sufrido. Tiene tres componentes: la identificación de riesgos; una actividad en consecuencia a dichos peligros; y la información pública y transparente sobre esos análisis de riesgo y las medidas adoptadas para evitarlos. En el caso específico de las multinacionales y sus filiales, deberán, ya antes de comenzar a operar en un país determinado, hacer un estudio a fondo de las potenciales violaciones de derechos humanos o ambientales que su actividad puede implicar. Y continuar con ese método durante todo el tiempo de su actividad. En ese ejercicio deberán respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto II de la ONU); el también onusiano Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posibilidad de éxito Una encuesta de la segunda semana de mayo indicaba que el 78 % de la ciudadanía votaría a favor de la iniciativa. ¿Cómo explicar un nivel de simpatía tan alto para una temática sensible en el país con mayor concentración de multinacionales por habitante? Y a pesar de la contra propaganda intensa y repleta de recursos promovida, esencialmente, por la central patronal Economie Suisse. Las claves de interpretación son diversas. La primera, el intenso trabajo de sensibilización e información que desde años importantes actores de la sociedad civil han impulsado sobre el tema. Proceso que arranca a fines del 2011 con el lanzamiento de la petición popular “Derecho sin Fronteras” que fue un primer gran éxito de etapa al lograr más de 135 mil firmas en solo 7 meses y que planteaba la necesidad de reglamentar la presencia multinacional helvética en cualquier parte del planeta. Adicionalmente, son 114 las organizaciones de la cooperación, de los derechos humanos, feministas, ambientales, eclesiales, sindicatos, cooperativas y uniones de accionistas, que sostienen, ahora, la iniciativa popular. Desde Amnistía Internacional Suiza a Alianza Sur – que reúne a las seis ONG de cooperación al desarrollo más conocidas-, hasta UNITERRE (rama local de Vía Campesina) y el WWF, pasando por varios sindicatos: UNIA (el más numeroso), SYNDICOM (de la comunicación), Trabajo Suizo (socialcristiano), SYNA, y la misma Unión Sindical Suiza, principal confederación nacional de trabajadores. Cerca de medio millar de comités locales funcionan en todo el país. Entre los cuales, más de 20 en la Ciudad de Zúrich, una decena en la capital Berna, siete en la ciudad de Ginebra y cinco en la de Lausana. Los mismos, con un constante trabajo de sensibilización, presencia con estands, podios, discusiones públicas y trabajo virtual vienen asegurando una activa presencia, aun durante el tiempo de pandemia. Y se lanzan a partir de fines de agosto al sprint final de trabajo político. La diversidad de sus componentes es otra especificidad de esta iniciativa en marcha. Más allá de los partidos socialista, verde, y de la izquierda extraparlamentaria, que sostienen desde el inicio la propuesta, se ha creado un Comité Burgués de apoyo – que reúne unas 160 personalidades políticas de centro y derecha-: un grupo de representantes religiosos a favor de la justicia y la ética empresariales, así como un extendido grupo de la “Economía a favor de las empresas responsables”. Personalidades de primer nivel también apoyan la propuesta. Entre otras, las antiguas consejeras federales -poder ejecutivo nacional colectivo- Ruth Dreifuss y Micheline Calmy-Rey, el ex presidente de la Cruz Roja Internacional Cornelio Sommaruga y los premios Nobel de Química 2017 Jacques Dubochet y de Física 2019, Michel Mayor. Los copresidentes del Comité de Iniciativa son Dick Marty, ex senador nacional progresista del Partido Radical Liberal (derecha empresarial), y la profesora de Derecho, Monika Roth. Realidad europea Si la Iniciativa lograra triunfar el 29 de noviembre próximo, implicará la introducción de una modificación en la Constitución. Esto requiere la doble mayoría, es decir la del pueblo y la de los cantones, lo que complejiza este tipo de consulta popular. Un triunfo en Suiza (con 21 multinacionales en el top 1000, es decir entre las más importantes a nivel mundial) reforzaría un debate más global que existe ya en varios países europeos. En 2017, en Francia, que cuenta con 40 de las multinacionales del top 1000 fue aceptada una “Ley de vigilancia” (Loi Vigilance) que incorpora la responsabilidad civil de las multinacionales que violan los derechos humanos. De las más abiertas en el sector, esta ley fue el resultado de una intensa movilización de sindicatos y actores sociales luego del desastre de Plaza Rana, de abril del 2013 en Dakha, capital de Bangladés. Entonces, debido a una irresponsabilidad empresarial, el derrumbe del edificio de nueve pisos que albergaba una mega industria textil costó la vida a 1.138 personas y produjo, al menos, 2000 heridos. En el Reino Unido (39 sociedades en el top mil), la responsabilidad de esas grandes empresas a nivel de derechos esenciales fue reconocida en el 2012. Incluso la Corte Suprema aprobó en 2019 un recurso jurídico contra el grupo minero Vedanta por su actuación en Sambia. Pero al igual que Alemania (35 en el top mil), una ley reguladora anima la discusión parlamentaria. Por su parte en Holanda (17 en el top mil) fue aprobada una ley sancionadora del trabajo de los niños y se estudia una extensión de la misma a la violación de todos los derechos humanos. Los Países Bajos reconocen diversas formas de responsabilidad civil de las multinacionales. En 2019, un tribunal aprobó el juicio contra la Shell por su actuación antiecológica en Nigeria. Una Comisión de la Unión Europea (que concentra a 235 de las multinacionales top 1000) estudia la temática. Y mientras el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de mejorar el acceso de las víctimas a la reparación, define que la responsabilidad civil es una competencia de cada uno de los Estados miembros. ¿Se puede exigir responsabilidad a multinacionales cuya esencia y objetivo es solo la ganancia? Más allá de los cambios verdaderos que una propuesta de esta naturaleza pueda lograr, el debate y la sensibilización que ella genera son ya impactos positivos. Exigir buena conducta a las transnacionales – ¿sofisma?, ¿perspectiva reformista de una sociedad altamente consumista? – apunta, en definitiva, a desenmascarar uno de los funcionamientos del actual sistema hegemónico mundial. Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1975 – 28.08.2020 ________ “Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.” Eugenia Ginzburg / “El vértigo”. ________ VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas. _______ I. MESA REDONDA Y DEBATE: DESAPARICIÓN FORZADA EN MUSEO DE LA MEMORIA Viernes 28 de agosto Actividad sobre el trabajo de los equipos forenses en América Latina. Abordaremos sus orígenes como equipos independientes en los procesos transicionales latinoamericanos y las respuestas posibles a las demandas por la verdad en casos de desaparición forzada como fenómeno característico de las dictaduras en América Latina en el último tramo del siglo XX. El film recorre un diálogo de múltiples voces entre técnicos de los EAF, abogados, militantes de DDHH y familiares de las víctimas asesinadas o desaparecidas. Es una puesta a punto de los trabajos de los EAF a más de 25 años de su labor en las transiciones a la democracia a la vez que una evaluación de las incertidumbres y perspectivas de cara a los procesos de violencia actuales. Proseguimos con una mesa redonda y debate donde participarán José López Mazz y Fabiana Larrobla por la UDELAR, y Elbio Ferrario y Octavio Nadal por el Museo de la Memoria. mume.montevideo.gub.uy/actividades/film-mesa-redonda-y-debate-desapariciones-forzadas-y-equipos-de-antropologia-forense?fbclid=IwAR2ftVwLW1ehEb9AAmHrwBCHJZzDDBM9ISSgi2PknHX7thG2T1iZnF38HEs _____________ II. CUARTETO RICACOSA Y 3 AMIGAS Lunes 31 de agosto – 21 Horas – Teatro el Galpón Integrado por Matías Romero en guitarra, Camilo Vega en guitarra, Martín Tejera en guitarrón y voz y Sebastián Rey en guitarra y voz. El Cuarteto Ricacosa es un grupo de tres guitarras y un guitarrón, formación tradicional en la música criolla del Uruguay. La propuesta recorre milongas, tangos, candombes, gatos; con temas instrumentales y cantados, propios y clásicos dentro del género. Nace impulsado por la necesidad del rescate de la cultura ancestral de las tierras de esta región, lo afro, lo europeo, lo indígena, el mestizaje criollo. En su recorrido, el Cuarteto Ricacosa obtiene cinco apoyos del Fondo Nacional de la Música que le han permitido grabar su primer CD «Bien Parejito», comprar equipamiento de sonido para el grupo y renovar la totalidad de sus guitarras. El disco “Bien Parejito” fue editado por el sello Ayuí-Tacuabé en el 2008 y ganó del Premio Graffiti al mejor disco de Tango en el 2009. En enero de 2010 graba y edita el disco “Cimarrón” con el Sello Ayuí Tacuabé que obtiene el Premio Graffiti a mejor disco de Tango 2011. En marzo de 2011 Ricacosa presenta un recorrido a través de su música en el escenario mayor de nuestro país: la sala principal del Teatro Solís, donde fue grabado, filmado y editado, a fines de 2012, por el sello Ayuí-Tacuabé. El Cuarteto Ricacosa se presenta en una nueva etapa con nuevo repertorio y en formato trío. Para este show con la presencia de tres queridas aparceras musicales, Clara García, Mariana Padrón y Patricia Robaina. Amigas con las cuales compartimos otros proyectos y que para esta ocasión hemos invitado. Ellas aportarán sonoridades de bandoneón, guitarra y voces. Además de las nuevas creaciones del grupo, tocaremos obras de Romeo Gavioli, Amalia de la Vega, Alberto Mastra, Virginia Brindis de Salas entre otros. La invitación es para hacerles parte de un reencuentro renovado con el público www.facebook.com/events/527379861363853/ ______________ III. CINE EN EL CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO Viernes 04 de setiembre El Centro Cultural Julia Arévalo es un Espacio multicultural impulsado por el Municipio A. Su nombre homenajea a una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres. El próximo viernes 4 de setiembre comenzamos con el ciclo «Cine en el Julia Arévalo» proyectando la película uruguaya “En el Pozo”. Agradecemos a la Oficina Audiovisual del Municipio A por hacer posible la circulación de cine nacional e internacional en la zona oeste. Entrada libre y aforo limitado. Sinopsis: Una tarde de verano, una cantera abandonada, cuatro amigos. Un thriller sobre la violencia de género. Dirección: Bernardo Antonaccio, Rafael Antonaccio Género: Thriller Duración: 80 min web.facebook.com/events/644790196153284/ Henry Flores – El Eternauta VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1975 – 28.08.2020 ________ COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano Colaboran: ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín) ECUADOR: Kintto Lucas (Quito) HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam) SUIZA: Sergio Ferrari (Berna) URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza. Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay) Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay) COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / Blog: nuevo.comcosur.org/ comcosur@comcosur.com.uy / Comcosur también en Facebook
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URUGUAY: EL CAPITÁN LOITEY Y EL ASESINATO DE ROSLIK – comcosur al día 2264 -26.08.2020

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2264 / miércoles 26.08.2020 Hoy:

1) Uruguay: El capitán Loitey y el asesinato de Roslik /Virginia Martínez
2) Argentina: Las radios comunitarias en tiempos de pandemia /Bárbara Schijman
3) Argentina: Macri, por segunda vez, declarado “non grato” en Europa /Sergio Ferrari
4) Uruguay: UPM potabilizando una pizca de agua. Un ogro filantrópico /Luis E. Sabini Fernández
5) Uruguay: Recogen firmas para anular el contrato con UPM y similares /Víctor L. Bacchetta
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: EL CAPITÁN LOITEY Y EL ASESINATO DE ROSLIK
La historia dice que estaba ahí

Virginia Martínez * /Brecha, 21 agosto, 2020

El candidato a la Intendencia de Soriano por Cabildo Abierto, capitán (r) Alberto Loitey, cree que 36 años son suficientes para que la insidiosa lima del olvido (la metáfora es de Cortázar) vuelva verdad la mentira.

Luego de que se conoció su postulación surgieron voces que lo señalan como uno de los oficiales que estaba en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos la madrugada que asesinaron al médico Vladimir Roslik, el 16 de abril de 1984, pocas horas después de que lo sacaran encapuchado de su casa en la colonia San Javier, en el departamento de Río Negro.

En la entrevista que publicó la edición impresa de El Eco el 1 de agosto pasado y que el 15 reprodujo la versión digital del semanario, el capitán (r) dice por lo menos tres mentiras graves.

1. Niega que el Estado uruguayo haya torturado: «No, no… mentira, tortura no, ese es el discurso que le quisieron exponer acá. Esa es la parte que digo que tenemos que sentarnos todos a conversar, acá nadie está defendiendo la tortura, pero lo que no podemos es tergiversar la historia».

A Roslik lo secuestraron dos veces. La primera el 30 de abril de 1980, cuando el Batallón de Infantería número 9 invadió San Javier. En el operativo detuvieron a 25 personas. Las torturaron en la comisaría de la colonia primero y en el cuartel después, a donde llegaron atados y encapuchados, apilados en un camión. A 11 los procesó la justicia militar y cumplieron penas de uno a cuatro años de cárcel. Los hicieron pasar por comunistas y agentes soviéticos, pero lo cierto es que sólo se les podía reprochar la ascendencia rusa. La maestra Susana Zanoniani, detenida con Roslik, tiene presente el tormento del médico: «Tampoco me puedo olvidar de los gritos de Roslik. Lo torturaron horriblemente». Hugo González, funcionario del Banco República, secuestrado con él, recuerda: «Estaba de plantón, piernas y brazos separados. [El teniente Ivo Dardo] Morales le apagaba cigarrillos en la espalda y después le obligaba a sostenerse una gasita cubriendo las quemaduras. Lo oía delirar».

Entre los torturados y procesados están Víctor Makarov, Ricardo Bozinsky, poco más que liceales en ese entonces, Aníbal Lapunov, Miguel Roslik, hermano del médico, y sus dos hijos, Víctor y Vladimir, que no habían cumplido 20 años. Todos padecieron plantón, golpes, simulacros de fusilamiento y al fin del calvario terminaron en el Penal de Libertad.

El Ejército saqueó y clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki, donde se cultivaban –hoy también– las tradiciones (danza, idioma, gastronomía y literatura) de los fundadores de la colonia. San Javier se volvió un pueblo sitiado. Fue tan grave el daño a la identidad colectiva y a la convivencia social que al fin de la dictadura, pero aún en dictadura, 200 sanjavierinos presentaron una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por discriminación étnica. Se sentían perseguidos por su origen y amenazados como comunidad.

2. «El hombre murió por un paro cardíaco, como muere cualquiera de nosotros.»

La noche del 15 de abril de 1984 el Batallón de Loitey llegó de nuevo a la casa de Roslik y de su mujer Mary Zabalkin. Cerca de ellos, Valery, el hijo de cinco meses, dormía en la cuna. «¿Por qué siempre se la agarran con nosotros?», preguntó desolada Mary, mientras trataba, sin éxito, de abrigar al marido, ya esposado, con un saco de lana. Sólo pudo colarle un par de medias en el bolsillo del pantalón. «Otra vez no, a lo mismo otra vez no», fue lo último que le escuchó decir mientras lo metían en un auto. Siguieron a la casa de otros vecinos de la colonia a quienes también se los llevaron. Ni bien llegaron al cuartel empezó la tortura. «No tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen», decía Roslik. «Es la segunda vez que caigo en las manos de ustedes, me pueden matar si quieren.» Juan Chimailov oyó cómo lo torturaban. Lo escuchó gritar hasta que la voz se apagó. Inmediatamente ordenaron detener el tormento y convocaron al médico de la unidad militar Eduardo Sáiz Pedrini. Trataron de reanimarlo, pero era tarde. Cuando amaneció llamaron a Mary para que fuera a retirar el cuerpo al hospital de Fray Bentos.

3. «Hubo médicos que actuaron y una Justicia que actuó. Como yo no estuve en el tema, no le puedo dar detalles porque no los conozco. Pero la historia dice que estaba ahí.»
Cierto es que actuaron médicos y la Justicia (militar), las dos para encubrir el asesinato. Sáiz Pedrini, que había estado en los interrogatorios de 1980 controlando la resistencia de los detenidos, firmó la autopsia que estableció el paro cardíaco como causa de la muerte.

Con la fuerza que nace del dolor, Mary recurrió a un colega del marido, Jorge Burjel, también médico militar, un hombre digno que honró la profesión. Él le aconsejó pedir otra autopsia y estuvo presente en el examen en representación de la familia. Constataron hematomas en todo el cuerpo, golpes en el bazo y rotura del hígado, entre otras señales de violencia. El 17 de abril enterraron a Roslik bajo un diluvio. Vecinos de la colonia cargaron el féretro, en silencio, hasta el cementerio. Sólo se alzó, ahogada pero clara, la voz de Mary: «No podemos seguir viviendo así. No debemos seguir callando todo lo que nos está pasando. Por eso yo juro sobre el cuerpo de mi marido muerto que no descansaré hasta hacer justicia». El 21 el juez militar coronel Carmelo Betancourt ordenó un tercer examen. Hubo que exhumar el cuerpo. El gobierno aún no había informado del resultado de la segunda pericia cuando la tercera confirmó que la muerte había sido violenta y multicausal.

Mientras tanto la Dinarp seguía emitiendo comunicados que quedarán para la peor historia de la infamia: hablaron de células subversivas, de introducción de armamento, de fabricación de explosivos, de adoctrinamiento y prácticas de tiro. Finalmente relevaron del cargo al jefe del Batallón, teniente coronel Mario Olivera, y al subjefe mayor Sergio Caubarrère. Los dos fueron procesados por la justicia militar. Aquel por homicidio ultraintencional y este por omisión. El procesamiento no tuvo consecuencias para Olivera ni para Caubarrère, pues ambos continuaron en actividad y pasaron a retiro en la década siguiente con el grado de coronel.

El gobierno intentó mantener en reserva el relevo y demoró cuanto pudo la información de los procesamientos. El nuevo jefe del cuartel atribuyó el cambio a «relevos rutinarios en los cuadros militares». Recién a fines de mayo el presidente del Supremo Tribunal Militar coronel Federico Silva Ledesma convocó a una conferencia de prensa en la que se negó a dar el nombre de los dos militares, exhibió sólo algunos renglones de la segunda autopsia (exigió expresamente a los periodistas que no miraran el laudo completo) y argumentó que la reserva obedecía a la obligación de no afectar la independencia de los jueces militares.

El tesón de Mary Zabalkin, la acción del semanario Jaque (Manuel Flores Silva, Manuel Flores Mora, Juan Miguel Petit y Alejandro Bluth) y de la Federación Médica del Interior impidieron que fraguara la mentira, convirtiéndose en incontestable verdad oficial.

Aunque Loitey lo niegue, la historia dice que a Roslik lo torturaron, lo encarcelaron y hasta quisieron retirarle el título de médico (sugerencia del jefe de Policía de Río Negro coronel Walter Tito). Lo asesinaron, lo enterraron y desenterraron para ocultar el crimen, que todavía sigue impune. Ahora el mayor (r) candidato a la Intendencia también pretende machacarle la memoria.

*Todas las citas de este artículo pertenecen al libro “Los rusos de San Javier. Perseguidos por el zar. Perseguidos por la dictadura uruguaya. De Vasili Lubkov a Vladimir Roslik”, Virginia Martínez, Banda Oriental, 2013.

Virginia Martínez /Brecha
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2264 / miércoles 26.08.2020
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2) ARGENTINA: LAS RADIOS COMUNITARIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El dial al servicio de la educación

Por Bárbara Schijman /Página 12 /18 de agosto de 2020

Larisa Kejval: «El vínculo entre docentes, estudiantes y radios comunitarias antecede a la pandemia, más allá de que ahora aparezca potenciado y resignificado».
De marzo a esta parte, con la nueva realidad marcada por la pandemia del coronavirus, las escuelas debieron modificar sus planes de estudio e incorporar, de la noche a la mañana, nuevos conceptos y métodos de enseñanza y presencia. La radio comunitaria, por su parte, transformó parte de su grilla y se volvió un actor central en este escenario. Según el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), más de la mitad de sus emisoras asociadas, distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, trabaja con docentes y alumnos para transmitir contenidos y acercar a las partes en estos tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Si bien una importante cantidad de radios comunitarias ya se vinculaba de alguna manera con colegios, jardines o instituciones de enseñanza en general, este rol se potenció en los últimos cuatro meses, de acuerdo a un reciente estudio difundido por FARCO.

Las radios comunitarias informan, acompañan, entretienen, difunden programas educativos, y brindan un espacio al pluralismo y la diversidad de voces. Además de compartir las producciones de “Seguimos Educando”, iniciativa lanzada por el Ministerio de Educación de la Nación para facilitar y promover el acceso a contenidos educativos y bienes culturales hasta tanto se retome el normal funcionamiento de las clases, las escuelas producen sus propios programas en una importante cantidad de radios comunitarias de todo el país.

¿Cómo es que la radio comunitaria sirve de enlace entre la comunidad y la escuela? ¿En qué consiste su acompañamiento? Y dada la evidente importancia de la radio comunitaria para garantizar el pluralismo informativo y la diversidad de actores en el sistema mediático de nuestro país, ¿cuál es la situación de las radios comunitarias hoy?
Larisa Kejval es doctora en Ciencias Sociales, magister en Comunicación y Cultura y licenciada en Comunicación. En abril asumió como directora de la carrera de Ciencias Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es autora de “Truchas” (2009) y “Libertad de antena” (2018). Cristina Cabral, entretanto, es vicepresidenta de FARCO y comunicadora de Radio Encuentro y Entv, canal de televisión digital abierta de Viedma, Río Negro.

Cristina Cabral: En 2019, Kejval tuvo a su cargo la coordinación del Relevamiento de los Servicios de Comunicación Audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios en la Argentina, realizado por once universidades nacionales.

“La pandemia vino a exponer de manera brutal situaciones que ya se padecían, como la desigualdad digital y de conectividad que atraviesa a todo el país”, observa Kejval. En este sentido, y con respecto al estudio del año pasado, resulta que “de las 289 emisoras –radios en su mayoría-, el 12 por ciento de las radios relevadas no tenía conectividad a internet, es decir, medios de comunicación que no poseen conectividad”. Indudablemente, “este es un dato que ilustra las profundas desigualdades en el acceso a Internet de nuestra sociedad y de toda América latina, habida cuenta de que aproximadamente entre el 40 y el 50 por ciento de los habitantes de América Latina no tiene acceso a Internet”, indica.

En muchos sitios, agrega Cabral, “la radio comunitaria es el único medio local; en esos casos, las emisoras sirven de canal no solo para transmitir contenidos específicos de los planes de estudio a los alumnos y sus familias, sino también para sostener los vínculos humanos, para organizar campañas ante las necesidades específicas de cada escuela como puede ser, por ejemplo, la recolección de alimentos y el acercamiento de materiales para los estudiantes que no tienen Internet y los precisan”.

Educar, contar, estar, desde y gracias a la radio

En tiempos de cuarentena, una importante cantidad de radios comunitarias se han transformado en puentes entre la comunidad y la escuela. Al observar el rol que desempeñan las radios comunitarias en contextos difíciles, de algún modo, vemos “que se actualiza el rol que este tipo de emisoras jugaron siempre en la trama de sus comunidades o en la trama social en su conjunto”, aclara Kejval. En este sentido, “siempre que en una localidad o en una comunidad se presentó un conflicto ahí estuvieron las radios comunitarias”. Cabral coincide: “el trabajo articulado entre radios comunitarias y escuelas y jardines precede al aislamiento, aunque en algunos casos se fortaleció considerablemente”. En sintonía, Kejval señala que estos lazos no son nuevos, sino que tienen una historia muy larga: “el vínculo entre docentes, estudiantes y radios comunitarias antecede a este momento, más allá de que ahora aparezca potenciado y resignificado. Lo que es interesante de la radio comunitaria es que se dan vínculos mucho más accesibles, cercanos, donde el estudiante no es pensado solo como un receptor pasivo sino que es pensado como sujeto de derecho con capacidad de tomar la palabra y expresarse”. La vinculación de la radio comunitaria con los procesos educativos “tiene que ver con un profundo compromiso con procesos de transformación de las desigualdades sociales que atraviesa nuestro mundo y con un profundo arraigo en las comunidades o en los territorios en las que se insertan”, concluye.

Además de los programas que ya se venían haciendo con escuelas y espacios educativos, “a partir del aislamiento nacieron muchísimas actividades que van desde programas, aulas abiertas por radios, campañas y micro programas”, precisa Cabral. Estas propuestas, subraya, “tienen en el centro la defensa del derecho a la educación y del derecho a la comunicación como algo que van absolutamente de la mano”. No sorprende, entonces, que “en pocos días se hayan inscripto sesenta radios de la red de FARCO para transmitir el programa “Seguimos Educando”, considera.

La radio comunitaria luego de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Las radios comunitarias son espacios que a lo largo de los años han crecido y se han fortalecido. “La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una conquista, y los artículos inscriptos en esa ley son muy importantes; significó imprimir de un carácter democrático a la comunicación en la Argentina y derogar la vieja ley de radiodifusión de la dictadura cívico miliar”, sostiene Kejval. Sin embargo, y en función del pasado inmediato, “las radios comunitarias también han padecido el desmantelamiento de las políticas públicas orientadas a fortalecer al sector en los años de la gestión anterior. Y la pandemia las encuentra de ese modo con serios problemas de sostenibilidad”, lamenta. Por eso, en pos de un sistema de medios de comunicación diverso y plural, se requiere de “un fuerte rol del Estado justamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema mediático”.

En esta línea, Cabral rescata la importancia de la norma, en tanto que impulsó la creación de una importante cantidad de emisoras comunitarias. No obstante ello, “es necesario un mayor acompañamiento para la legalización de los medios comunitarios y una democratización de la publicidad oficial, dado que en los últimos cuatro años solamente un dos por ciento de todos los medios comunitarios tuvo algún tipo de publicidad oficial”, advierte.

En paralelo a la relevancia de contar con políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la radio comunitaria, distintos actores del sector comunitario están trabajando sobre un proyecto llamado iniciativa para el fomento de la pluralidad y diversidad informativa, tendiente a construir una legislación que garantice el pluralismo informativo y la diversidad de actores en el sistema mediático de nuestro país.

De Ushuaia a La Quiaca

De un extremo a otro del país, la red FARCO tiene 120 emisoras asociadas. De ese total, hoy más de la mitad dedica parte de sus espacios en el dial para transmitir contenidos pedagógicos, a la par de afianzarse como enlace frente a las diversas necesidades que plantea la realidad de cada comunidad.

Maitén Cañicul es parte del colectivo de FM Pocahullo (91.1), una radio comunitaria ubicada en San Martín de los Andes, Neuquén, con casi treinta años de existencia. Comunicadora mapuche, Cañicul cuenta que desde el decreto de cuarentena obligatoria la radio no paró: “al principio colocamos en la grilla el programa “Seguimos Educando” y, más tarde, las producciones de las comunidades educativas locales”.

De las primeras radios comunitarias de la Argentina, Pocahullo tiene una fuerte presencia en proyectos vinculados con lo comunitario, la defensa de los derechos humanos y la interculturalidad, y la visibilización y las reivindicaciones del Pueblo Mapuche. Como lugar de encuentro y de búsquedas, siempre pero fundamentalmente en este contexto, “la radio otorga espacio a las organizaciones de la economía popular, que armaron módulos alimentarios para que los vecinos se acerquen a pedir, preguntar o buscar cómo solucionar sus necesidades básicas”, explica Cañicul.

En la otra punta del país, La Voz del Cerro Radio Comunitaria trabaja con el mismo compromiso. Daniel Chauqui es comunicador y coordinador de la radio, en el Cerro Las Rosas, un barrio periférico de San Salvador de Jujuy.

Desde el FM 92.1 del dial la radio brinda capacitaciones en aspectos culturales, comunicativos y educativos. De sus iniciativas participan jóvenes, mujeres y vecinos de los barrios cercanos de la ciudad, en el que se abordan problemáticas barriales que se articulan con los contenidos de los programas.

Desde la radio, detalla Chauqui, “encaramos proyectos solidarios para responder a las inquietudes de las comunidades. Hemos trabajado con la comunidad educativa y todavía seguimos transmitiendo todos los días los contenidos del Ministerio de Educación de la Nación”.

La Voz del Cerro impulsa además actividades artísticas culturales para jóvenes y niños de los barrios relacionados con aprendizajes en producción en medios de comunicación (gráficos, radiales, audiovisuales y digitales) y artísticos expresivas como estrategias válidas de inclusión socio-educativa a través de la producción socio-cultural.

Bárbara Schijman /Página 12 /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2264 / miércoles 26.08.2020
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3) ARGENTINA: MACRI, POR SEGUNDA VEZ, DECLARADO “NON GRATO” EN EUROPA
Después de Francia, tampoco lo quieren en Suiza
Repudian al ex presidente en Ginebra

Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

Un nutrido grupo de argentinos residentes en Suiza repudiaron el sábado 22 de agosto la presencia en suelo helvético del ex presidente Mauricio Macri. La movilización fue apoyada por representantes de la comunidad latinoamericana.

La protesta se realizó en la Plaza de las Naciones, justo frente a la entrada principal de la sede ginebrina de las Naciones Unidas, convocada por un Grupo de Argentinos independientes” junto con Argentinos para la Victoria-Suiza. Por segunda vez en menos de tres semanas la comunidad argentina de Europa alzó la voz contra Macri. El 4 de agosto se había realizado una primera manifestación en París convocada por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos residentes en Francia (ACAF).

Las convocatorias de Ginebra, este 22 de agosto, y la de París, de inicio de mes, coinciden en la misma postura crítica hacia el ex mandatario. No solo por las causas jurídicas en su contra, abiertas en Argentina, sino también por el resultado de su gestión a la cabeza del Estado.

Argumentan, por ejemplo, que dejó al país sudamericano, de nuevo, altamente endeudado. Que destruyó los cimientos del Estado social. Y que diseñó una red de espionaje ilegal para controlar a las principales personalidades políticas, mayoritariamente de la que fuera la oposición durante su gestión, aunque también algunos rivales de su propia familia política.

Puesto para “amigos” en una FIFA enjuiciada

Macri llegó a Europa para asumir la presidencia de la Fundación FIFA que le fue encomendada por el actual presidente del organismo internacional, Gianni Infantino.
Dicha fundación, creada en el 2018, apoya proyectos en diferentes países que buscan promover el deporte y reconstruir infraestructura deportiva afectada por causas diversas.

De más en más, Infantino, se ha convertido en un personaje controversial en su propio país. Uno de sus amigos en el mundo político, Michael Lauber, ex Fiscal General de la Confederación -número uno de la justicia-, acaba de ser licenciado a fines de julio de su puesto al cual se aferró, incluso, con mentiras en audiciones parlamentarias.

El caso principal que le costó su renuncia es, justamente, las reuniones secretas y no oficializadas con Gianni Infantino. El ex Fiscal las había negado. Las prueban demostraron que existieron. Sin embargo, lo más importante, no es que se hayan reunido, sino el motivo de tales encuentros. Como lo explica una detallada encuesta de fines de mayo del semanario suizo “L’illustré”, existen en la justicia suiza “al menos 25 investigaciones penales que conciernen el planeta FIFA”.

El semanario, que subtitula el artículo con “la FIFA Nostra” (en clara alusión a una construcción mafiosa a lo interno) lanza una hipótesis que explica buena parte de esta construcción “inoficial” entre Infantino y Lauber. “Una verdad podría surgir en medio de este caso explosivo; la ex estrella del futbol francés Michel Platini podría haber sido la víctima de un hábil golpe montado, lo que arruinó sus posibilidades de acceder a la presidencia de la FIFA”.

Infantino se había desempeñado antes de acceder a la FIFA en 2016, como secretario general de la UEFA (Federación Europea del Fútbol) entre 2009 y 2016, coincidente con la presidencia de Platini en la misma organización.

A fines de julio del año en curso un Fiscal extraordinario suizo abrió un proceso penal contra Infantino y Lauber debido a las reuniones informarles (y negadas) realizadas en 2016 y 2017.

“Le Parisien” del 30 de julio informaba sobre este hecho, titulaba “FIFAgate”, y señalaba que la investigación es por “casos de corrupción” relacionados con el organismo internacional. Aunque en la tercera semana de agosto la FIFA (es decir el equipo de Infantino) salió públicamente a decir que no hay motivos para ello, el proceso jurídico contra su patrón sigue su marcha.

El ex presidente Macri asumió su nuevo puesto en medio de esta controversial, compleja y complicada situación de su amigo Gianni Infantino, personaje desacreditado en buena parte de la prensa nacional y mundial.

Ignorado por la prensa suiza

La presencia de Macri en territorio helvético no ha causado ninguna reacción mediática. Los medios nacionales han ignorado completamente la estadía del ex mandatario en Zúrich desde su llegada el pasado 18 de agosto.

Se podría argumentar que un ex presidente latinoamericano no constituye una noticia relevante para los medios helvéticos. Sin embargo, la inexistencia mediática de Macri contrasta, por ejemplo, con el “boom” que suscitó en la prensa internacional, la breve presencia a inicios de marzo de este año del ex presidente brasilero. Lula da Silva llegó a Ginebra y se presentó ante las Naciones Unidas para solicitar que este organismo “reestablezca la verdad” en su país. Y haciendo referencia a la queja que había presentado en 2016 contra el Estado brasilero ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su presencia ocupó tapas de periódicos y titulares de radios y televisiones.

Nuevo repudio programado

Diversas organizaciones argentinas y latinoamericanas anticiparon su decisión de realizar, en los primeros días de septiembre, una nueva manifestación de repudio contra Mauricio Macri, esta vez en la misma ciudad de Zúrich, sede de la FIFA.

“Estamos esperando la autorización de las autoridades locales”, enfatizó una de las portavoces de Argentinos para la Victoria-Suiza.
Según medios de prensa, el ex mandatario tendría previsto dejar Suiza y regresar a París en la segunda semana de septiembre.

Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2264 / miércoles 26.08.2020
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4) URUGUAY: UPM POTABILIZANDO UNA PIZCA DE AGUA
UN OGRO FILANTRÓPICO

Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org

Los filántropos y la caridad están de más en la sociedad humana; paso a la justicia.
Piotr Kropotkin, 1898

UPM anuncia que va a ‘potabilizar el agua para una población de 600 habitantes’, en rigor nos cuenta que con un proyecto de potabilización mediante ósmosis inversa, UPM va a ampliar la disponibilidad de agua potable en Carlos Reyles, en el departamento de Durazno, a pocos km de Pueblo Centenario, lo cual le permitirá a aquella población albergar se estima que algunos cientos de trabajadores de la planta de UPM, que se está levantando en Pueblo Centenario.

Tal es el anuncio. Uno de los tantos que publicita UPM en su tarea asistencial, educacional, con los cuales procura demostrar los enormes beneficios de su presencia en el país.

Ahora lo nuestro: ¿qué estructura mental tenemos para que una empresa tenga éxito con operaciones del tipo ‘potabilizar agua para 600 habitantes’ siendo la misma empresa la que contaminará el agua para una cantidad incalculablemente mayor de habitantes?

La demanda de UPM para su plan de producir 2 millones de toneladas de celulosa anual en el corazón territorial del Uruguay exige, según las estimaciones presentadas, unos 135 millones diarios de litros diarios, que volverán no totalmente (unos 110 millones) en forma de efluentes de la planta procesadora, es decir como agua contaminada y recalentada, y que como tal, alterará aguas abajo todos los factores bióticos; flora, fauna.

¿A cuántos altera este resultado industrial? Incomparablemente a muchos más que a 600. La diferencia es que aquellos 600 reciben claramente una potabilización del agua y quienes van a convivir, y sufrir, con los efluentes de UPM, serán muchos más, pero recibirán un daño más difuso, algo menos determinado.

Se podría argüir incluso que el agua del río Negro luego del paso por UPM no tiene por qué ser usada (al menos de inmediato). Tal vez eso podría tener una cuota de verdad para emplazamientos industriales en zonas despobladas, donde el agua recupere lentamente, lo haría muy lentamente, sus atributos naturales, pero eso es manifiestamente falso en el caso que nos ocupa, donde el río Negro presta una serie de servicios bañando sus costas, albergando la fauna y flora respectiva; como generador de agua para el ganado, asiento de pesca y hasta lugar de esparcimiento. Todo eso se altera con el uso industrial del agua como enfriador y vehiculizador de los efluentes tóxicos de la planta.
No nos chupamos el dedo. Esos “servicios” de nuestro principal río interior ya estaban en entredicho por la agroindustria y su empleo discrecional de agrotóxicos, por los cuales ya se han registrado denuncias de ganaderos que han visto morir sus reses por tomar agua directamente del río Negro.

UPM, entonces, no creará los problemas de contaminación; pero los agravará de un modo decisivo, introduciéndonos en una problemática de deterioro ambiental sin precedentes.

Y sin embargo, persuadiéndose y persuadiéndonos de que nos ayuda… la crudeza de los hechos va a mostrar los verdaderos móviles de UPM −la renta por despojo− pero para nosotros, los que aquí vivimos, llegará un poco tarde.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2264 / miércoles 26.08.2020
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5) URUGUAY: RECOGEN FIRMAS PARA ANULAR EL CONTRATO CON UPM Y SIMILARES
Este 25 de agosto se inicia formalmente en Uruguay la recolección de firmas para la realización de un plebiscito nacional que anule los contratos firmados con UPM y aquellos semejantes

Víctor L. Bacchetta /Sudestada

Iniciada simbólicamente el día que se conmemora la Declaratoria de la Independencia, la movilización es organizada por el Movimiento Ciudadano UPM2 No, una asociación civil independiente de posiciones partidarias, ideológicas, étnicas, raciales o de género. Mesas en lugares públicos en todos los departamentos recogerán las primeras firmas de una campaña que puede extenderse hasta el año 2024.

Son antecedentes de esta acción de UPM2 No una carta que fuera dirigida en 2018 al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, solicitándole que desistiera del llamado contrato ROU-UPM cuando la empresa no había confirmado aún la inversión. Ciudadanos de la Capital y el Interior, asesorados por el abogado Hoenir Sarthou, apelaron de esa manera al derecho de petición previsto en la Constitución.

“Las condiciones establecidas con UPM hacen que todo ciudadano/a del país pueda considerarse afectado en sus legítimos derechos e intereses, por lo que el objeto de esta petición es que, dado que los artículos 8.2 y 8.3 del documento permiten desistir del acuerdo sin ninguna sanción, se desista del mismo y se comunique la decisión a UPM con la mayor celeridad posible”, concluye la carta referida.

El 25 de agosto y el 12 de octubre de ese año, acompañados por numeroso público, integrantes del Movimiento Ciudadano UPM2 No y de otras organizaciones sociales, como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y Un Solo Uruguay (USU) entregaron en la sede de la Presidencia de la República más de 10 mil peticiones firmadas por ciudadanos de todo el país, pero la solicitud nunca fue respondida.

El mismo agrupamiento denunció, a fines de 2018, ante la Cámara de Diputados las transgresiones cometidas a su juicio por el gobierno en ese contrato y le solicitó que actuara en consecuencia. Por el artículo 93 de la Constitución, la cámara baja puede actuar de oficio o a instancia de parte para acusar ante el Senado a los jerarcas del Estado en casos de violación de la Constitución u otros delitos graves.

La denuncia fue tratada en la Comisión de Constitución y Códigos, que solicitó que comparecieran los firmantes del contrato para explicar sus razones, pero el Poder Ejecutivo les envió el informe de un estudio jurídico privado. En junio de 2019, la comisión recibió a una delegación de UPM2 No, pero los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, decidieron archivar la denuncia.

UPM2 No organizó asimismo en esos años debates públicos con los actores involucrados en la nueva planta de celulosa. Los denominó “contra audiencias”, como una alternativa de las audiencias oficiales previstas en la evaluación ambiental de los proyectos, que no tienen carácter vinculante. A pesar de haber sido formalmente invitados, nunca asistieron representantes del gobierno ni de UPM.

La reforma propuesta

La reforma constitucional propuesta por UPM2 NO será plebiscitada en las elecciones nacionales de 2024 si cuenta entonces con el apoyo del 10% del padrón electoral, es decir, unas 270 mil firmas. La reforma consta de tres artículos que establecen las condiciones bajo las cuales pueden ser autorizados y revocados determinados contratos del estado con empresas privadas, nacionales o extranjeras.

El artículo 1° modifica el artículo 85 de la Constitución que requiere el respaldo de la Asamblea General para aprobar tratados de paz, alianza, comercio y contratos de cualquier naturaleza “que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras”. El hecho de no decir explícitamente “empresas” es utilizado por el Ejecutivo para sostener que el contrato con UPM no tenía que pasar por el Parlamento.

La reforma propone que “los contratos y actos administrativos que obliguen a la República con empresas extranjeras, o con empresas privadas nacionales, deberán ser previa y expresamente autorizados por ley, aprobada por tres quintos del total de componentes de cada Cámara”, si poseen alguna de estas características:

A) someter a la República a normas, jurisdicciones o tribunales arbitrales extra nacionales;
B) otorgar garantía respecto a futuros actos legislativos o normativos legítimos; y
C) poner a cargo de la República, o de cualquier órgano estatal, obligaciones, incluidas exoneraciones tributarias y concesiones, que se extiendan en el tiempo más allá del período de gobierno en curso al suscribirse el contrato o dictarse el acto administrativo.

El artículo 2° modifica el porcentaje de electores requerido para someter a referéndum la revocación total o parcial de una ley el 25% de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución. Se propone que “el 10% del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo”.

Por último, el artículo 3° agrega a las disposiciones especiales de la Constitución la siguiente: “Declárase nulo el denominado contrato ROU-UPM, suscripto por el Poder Ejecutivo y la empresa UPM el 7 de noviembre de 2017, así como los contratos o acuerdos modificatorios o complementarios del mismo que se hayan suscripto con posterioridad a esa fecha” que no cumplan los requisitos de la reforma.

Y agrega que “los contratos, acuerdos y actos administrativos alcanzados por las antedichas declaraciones de nulidad no generarán derecho a indemnización por lucro cesante”. Con esta disposición final, la reforma constitucional propuesta por UPM2 No procura preservar la integridad del estado ante las cláusulas habituales que habilitan juicios o litigios de toda índole por la anulación de esos contratos.

Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2264 / miércoles 26.08.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín), Alix Arnold (Colonia)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR AL DÍA, ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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CHINA: TIEMPOS DIFÍCILES PARA LAS MILITANTES FEMINISTAS – comcosur mujer 655 – 24.08.2020

COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 655 /lunes 24.08.2020 – Hoy:

1) América Latina es la región que más criminaliza el aborto
2) América Latina: 118 millones de mujeres estarán bajo la línea de pobreza
3) Colombia: Declarar la crisis humanitaria por la violencia de género
4) China: Tiempos difíciles para las militantes feministas
5) México: “Alquiler de vientres”, práctica de explotación a mujeres
6) Somalia Indignación por proyecto de ley que podría legalizar el matrimonio infantil
7) Uruguay: Diez años después del nacimiento del primer hijo o hija, el salario de las madres es 42% menor que antes de la maternidad
8) Uruguay: Operación Océano: fiscal de Corte respaldó a Darviña Viera y la mantendrá “hasta el final del juicio”
9) Semillas, feminismo y soberanía alimentaria
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 655 – Lunes 24 de agosto de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) AMÉRICA LATINA ES LA REGIÓN QUE MÁS CRIMINALIZA EL ABORTO

La antropóloga Débora Diniz, un referente en la lucha por la despenalización del aborto en Brasil, dice que un «huracán del odio» encendió la reacción fanática al aborto de una niña violada.

El domingo 16 de agosto, una niña de 10 años, embarazada y víctima de reiteradas violaciones desde los seis años, finalmente pudo someterse a un procedimiento de aborto respaldado por una decisión judicial y garantizado por la ley de Brasil en casos excepcionales como el suyo.

Pero antes se enfrentó a un calvario extrajudicial: fanáticos religiosos y antiaborto se reunieron frente al hospital para tratar de evitar el procedimiento, y los médicos de la localidad se negaron a realizarlo. Esto obligó a la niña a viajar a otro estado, donde finalmente le fue practicado el aborto legal.

Para la antropóloga y profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, Debora Diniz, una de las referencias en el tema en Brasil, el ascenso del extremismo de derecha, impulsado por la elección del presidente Jair Bolsonaro, contribuyó a la reacción violenta contra la interrupción legal del embarazo de la niña de 10 años.
Ella misma tuvo que salir de Brasil hace algunos años, entre amenazas, luego de defender la despenalización del aborto en una audiencia pública en el Tribunal Supremo Federal (STF).

DW: ¿Por qué, incluso con una legislación que permite el aborto en casos como el de esta niña de 10 años, es tan difícil hacer cumplir la ley?

Debora Diniz: El caso de esta niña cabe en las dos excepciones contempladas en un Código Penal que data de hace casi un siglo. En todo embarazo resultante de la relación sexual con menores de 14 años se presume violación, y por ello no necesita investigación penal. Además, la vida de la niña estaba en peligro porque tiene 10 años. Entonces, ¿por qué es tan difícil?

No se trata de defender el aborto, sino de proteger a esta niña necesitada de garantías a su salud. Pero hay un fanatismo moral en la sociedad brasileña en torno al tema del aborto. Y ese fanatismo fue una de las banderas del bolsonarismo.

¿Hubo una acción concertada contra la realización de este aborto?

No me queda duda. La oposición al aborto, que es una cuestión de fanatismo moral, fue uno de los temas centrales en la elección del bolsonarismo, y este huracán de odio lo movieron las fuerzas bolsonaristas para dicha elección. Hubo silencio al respecto en los primeros 18 meses del gobierno de Bolsonaro, porque había una serie de temas políticos distintos; desde la economía, la seguridad social, hasta la pandemia en sí, en los que no entraba la bandera del fanatismo moral. Intentaron usarlo, pero hubo un punto de inflexión.

Grupos de personas salieron de sus casas, en medio de la pandemia, para acosar a la víctima y a los médicos que harían el aborto. ¿Cómo se explica eso?

Ésta es una forma de ver la historia. Estas personas están impulsadas por el fanatismo, por el efecto contagioso del odio. Pero también está la historia de las decenas de mujeres que salieron a la calle para intentar explicar el caso: «¿Qué esa pasando aquí, quién es esta chica, por qué estamos aquí?». Esta es la historia que tenemos que contar: las mujeres que salieron para ocupar el espacio público y oponerse a lo que allí pasaba, diciendo: aquí hay una niña que fue víctima de violación.

La agitación parece estar dirigida más contra el aborto que contra el violador, y no solo en este, sino en otros casos. ¿Por qué?

No creo que la dualidad sea aborto-violador. Esa dualidad es una disyuntiva equivocada. Me parece mucho más que esas protestas yerran al ignorar a la víctima y anteponer el fanatismo moral contra el aborto. Proponer ese dualismo es volver a poner banderas morales. Lo que a nosotros nos importa es pensar en esta víctima, que es una niña.

¿Cuál es la relevancia de los movimientos feministas en episodios como este?

La lucha feminista es una lucha por la protección, por la garantía de los derechos de las niñas y mujeres más vulnerables. Hemos visto un avance del movimiento feminista en los últimos años en Brasil, en términos de debatir más los derechos de las mujeres.

¿Cree que también ha habido un cambio en la actitud de la sociedad hacia el aborto?

Sin duda alguna. Vivimos un momento de inflexión en el que una multitud de personas anónimas y famosas que nunca quisieron comentar sobre el tema del aborto, ya hablan del tema: esta es la penetración de causas feministas, una voz feminista y una solidaridad feminista que antes no existía.

¿Cómo se compara la legislación sobre el aborto en Brasil hoy en día con la de otros países, especialmente en América Latina?

América Latina y el Caribe es la región del mundo que más criminaliza y tiene las tasas de aborto más altas del mundo. Al mismo tiempo, tenemos cambios en países como Uruguay, Chile, Bolivia, México, entonces hay cambios progresivos, aunque todavía vivimos en la región que más criminaliza en el mundo.

¿Qué importancia tiene la despenalización y cómo afectaría la vida de las mujeres?

Despenalizar es proteger a las mujeres. Es una necesidad sanitaria proteger a las niñas en una situación tan dramática. Hay una causa pendiente de la decisión del Supremo de Brasil. Si esta causa ya se hubiera ejercitado y se hubiera despenalizado el aborto en general, esta niña no habría sufrido esa secuencia de malos tratos por parte del Estado brasileño, y podría haber sido atendida. Despenalizar el aborto es dejar perseguir a las mujeres, porque el aborto en Brasil es aún un delito que conlleva sentencia de cárcel.

DW / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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2) AMÉRICA LATINA: CEPAL Y ONU: AL MENOS 118 MILLONES DE MUJERES LATINOAMERICANAS ESTARÁN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

Informe completo “Políticas de cuidado en América Latina: Forjando la igualdad – Por María Nieves y Rico Claudia Robles “
La ONU pide invertir en cuidados en América Latina para no dejar atrás a las mujeres
Afirman que 118 millones de mujeres estarán bajo la línea de pobreza en América Latina y el Caribe

La tasa de pobreza de las mujeres se estima que aumentará este año a 37,4% en América Latina y el Caribe -un 22% más que en 2019- como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, lo que representa un total de 118 millones, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres.

Según el estudio “Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19. Hacia Sistemas Integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación”, el desempleo femenino aumentará un 6% llegando a un total del 15,2% de las mujeres latinoamericanas, informó el sitio de noticias de la ONU.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, resaltó en la presentación del documento que, además, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, lo que representa un gran obstáculo para su autonomía.

En la región, las mujeres dedican más del triple del tiempo a este tipo de cuidados que los hombres, señaló.

En la Argentina, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre el 23,4% de las mujeres, mientras que en los hombres llega al 9,3%; en Chile al 24,7%; en Colombia al 17,9%; en Brasil al 11,6%; en Uruguay al 19.9%; y en México al 23,7%.

“Lo que proponemos es reconocer y valorar la economía del cuidado y del trabajo doméstico con servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida de los hogares, la familia, pero sobre todo el Estado, definitivamente”, sostuvo Bárcena.

El documento propone reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia, invertir en la economía del cuidado, redistribuir las responsabilidades de cuidado, y expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar que los derechos de todas las mujeres, incluidas aquellas que son parte de minorías, sean respetados.

Télam / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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3) COLOMBIA: COLECTIVO FEMINISTA PIDE DECLARAR LA CRISIS HUMANITARIA POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Con más de 13.000 firmas de mujeres, la concejala de Medellín del movimiento feminista Estamos Listas, Dora Saldarriaga, radicó una petición ante el Gobierno y la administración local para que se declare la crisis humanitaria por las violencias contra las mujeres, quienes este año, antes y durante la cuarentena, han visto vulnerados sus derechos.

“Esta iniciativa busca evidenciar un estado de cosas inconstitucional que requiere de acción urgente y extraordinaria por parte de las administraciones locales y Presidencia y que permitirá coordinar funciones y competencias y disponer de recursos humanos y financieros para erradicar la violencia contra las mujeres”, se lee en un comunicado.

La realidad de las mujeres en todo el país les es adversa. De enero a junio de este 2020, 386 mujeres fueron asesinadas, 19.173 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, otras 39.952 sufrieron lesiones no fatales y 783 se reportaron como desaparecidas. En otras palabras, las violencias contra las mujeres han aumentado en un 47%.

A esto se le suma la carga de tareas que se les trasladó en el hogar por el confinamiento (cuidado, trabajo y actividades domésticas) o la situación de muchas madres cabezas de familia sin empleo y en situación de pobreza.

“Estas cifras evidencian vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de mujeres y niñas; así como una prolongada omisión de las autoridades y la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales para evitar la vulneración de derechos”.

Lo que esperan el movimiento feminista y las firmantes es que el Gobierno adopte la petición y declare crisis humanitaria; practique un enfoque de género en la política de seguridad y política criminal, así como en general en la gestión nacional, departamental y municipal; disponga de todas las herramientas humanas y económicas para investigar con una perspectiva diferencial los delitos contra las mujeres; implementar protocolos especiales para la búsqueda de quienes son reportadas como desaparecidas; y diseñar un sistema para hacer seguimiento a las medidas de protección que prevengan cualquier tipo de violencias.

“Ahora estamos trabajando en lo que está en nuestras manos desde lo local y con la declaratoria en lo nacional, pero se requiere mayor fuerza en el Congreso porque enfrentar la violencia de género significa irse en contra del patriarcado, que es casi la mitad de la ciudad”, dijo la concejala Dora Saldarriaga.

Desde esta tarde, Estamos Listas y mujeres en diferentes partes del país lideran un plantón virtual para exigir que el Gobierno atienda. A este evento participan diferentes invitadas reiterando la importancia de que se atienda al llamado por la situación que están viviendo muchas niñas, adolescentes y mujeres.

El Espectador / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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4) CHINA: TIEMPOS DIFÍCILES PARA LAS MILITANTES FEMINISTAS

Desde 2015, los militantes independientes, incluidas las feministas, han sido duramente reprimidos en la gran potencia asiática. «Las autoridades no le temen tanto a #MeToo como a la auto organización de los internautas y de los militantes», explica una de estas feministas.

“No sé si queda algún espacio para el activismo independiente en China hoy en día, se está haciendo extremadamente difícil”, dice Bao (nombre cambiado), entrevistada en un café de Hong Kong unos días después de la promulgación en la región administrativa especial de la Ley de Seguridad Nacional redactada por Beijing.

Al igual que otras feministas chinas que fueron silenciadas en su país y que tuvieron que irse al extranjero, la joven se trasladó a la antigua colonia británica a finales de 2019, desde donde sigue organizando manifestaciones, debates y cursillos con sus compañeras que se quedaron en China.

Dos años después del surgimiento del movimiento #MeToo en China, “las feministas siguen presionando para que haya cambios, pero la realidad es que el gobierno chino ha seguido reforzando el control sobre la sociedad civil. Esto hace que todo militantismo surgido de la base sea cada vez más difícil, incluido el relativo a los derechos de la mujer”, dice Yaqiu Wang, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

En 2011, Bao se unió a un grupo de mujeres militantes que organizaban performances artísticas en China continental para llamar la atención sobre la ausencia de baños públicos para las mujeres y sobre la violencia doméstica, entre otras cuestiones. La igualdad de género es algo que se ha venido defendiendo desde hace décadas en China, y el derecho de las mujeres al voto ya era reivindicado a finales del siglo XIX, pero estos temas han permanecieron inaudibles durante mucho tiempo, en una sociedad tradicionalmente patriarcal.

El 8 de marzo de 2015, para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, cinco mujeres activistas empezaron a distribuir pegatinas en los autobuses contra el acoso sexual. Fueron encarceladas durante 37 días por “incitar a las disputas” y por “perturbar el orden público”. “Eso es una muestra de que nuestros mensajes tuvieron un impacto”, señala Bao, “y sirvió de estímulo para las mujeres, especialmente en las universidades, donde se realizan talleres para estructurar la movilización o para difundir llamamientos contra la discriminación laboral”.

Pero bajo la presión demográfica por el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad (a pesar del fin de la política del hijo único en 2015) y la reducción de la mano de obra, el partido único está haciendo campaña para que las mujeres chinas tengan hijos y las está confinando más que nunca al papel económico de esposas y madres.

Precisamente en 2015, la modernización de la ley de “seguridad nacional” le confirió a las autoridades mayores facultades, en particular para controlar internet. Unos meses después, una ley destinada a las ONG extranjeras terminó de “asfixiar a la sociedad civil”, según Amnistía Internacional.

“La ley introdujo muchas restricciones (en el registro, la financiación, las colaboraciones, etc.) para las ONG, lo que complica la supervivencia de las mismas”, dice Bao. Los acontecimientos que no se realizan en línea, dice, se han vuelto muy complicados de organizar desde entonces.

Cuando el movimiento #MeToo surgió en China, tras una encuesta realizada a finales de 2017 por Sophia Huang Xueqin sobre el acoso a las mujeres periodistas, las autoridades cerraron sitios web y cuentasfeministas, censuraron el hashtag #MeToo, pero no lograron acallar el movimiento.

Aún en 2019, fueron organizadas algunas exposiciones sobre este tema. El Partido comunista chino es “paranoico con todo lo que no puede controlar”, dice Yaqiu Wang. Según ella, las militantes feministas chinas han demostrado una sorprendente capacidad para organizarse y movilizar a la opinión pública.

Para esquivar la censura, los internautas recurren a ideogramas modificados, publican fotos retocadas o puestas al revés y utilizan diferentes códigos. “El movimiento #MeToo fue uno de los más influyentes, seguido por los ciudadanos comunes. No es el tema en sí mismo lo que alarmó a las autoridades, sino la propia organización de los internautas y militantes, y sus conexiones en el extranjero lo convirtieron en una cuestión muy delicada”, según Bao.

El movimiento dio lugar a “muchos debates y al comienzo de la concienciación del público en general, así como de mujeres más educadas, diplomadas y decepcionadas con la sociedad china”, dice Bao, que menciona, como ejemplo, los programas de televisión en los que, según ella, la emancipación de la mujer resulta, desde entonces, más visible.

Las discusiones actuales en las redes sociales parecen darle la razón, como, por ejemplo, las fuertes críticas al tribunal de Hunan, una provincia del centro del país, que se niega a concederle el divorcio a una mujer que acusa a su marido de violencia; o la indignación expresada por los internautas contra la universidad de Zhejiang (en el este) que no expulsó a un estudiante declarado culpable de violación; e incluso la actitud vergonzosa de Ke Jie, famoso jugador de go (juego de estrategia asiático), que hizo comentarios machistas y misóginos graves en la red social china Weibo, lo que provocó la ira de las feministas y de los internautas.

Sin embargo, las feministas están lejos de haber ganado la batalla. El año pasado, Liu Jingyao, una estudiante de la Universidad de Minnesota, fue virtualmente linchada en las redes sociales por denunciar al multimillonario Richard Liu -fundador de una de las mayores empresas chinas, JD.com- acusándolo de violación en un tribunal de los Estados Unidos.

En el ámbito político, “bajo presión, el gobierno chino ha introducido mejoras limitadas”, dice Yaqiu Wang. En diciembre de 2018, la Corte Suprema agregó el acoso sexual a la lista de “causas de reclamación”, lo que permitió que las víctimas pudieran obtener reparación con mayor facilidad. Sin embargo, China todavía carece de leyes sólidas contra el acoso sexual.

Las feministas, por su parte, “trabajan en la clandestinidad y no pueden realmente actuar porque no tienen los recursos humanos y financieros necesarios para crear grupos institucionalizados en todo el país”, señala Bao, que se pregunta cómo podrá resistir el movimiento. Al estar bajo vigilancia, los activistas prefieren las reuniones físicas en lugar de las virtuales, utilizan aplicaciones de mensajería cifrada y tienen que optar por métodos “más sutiles”.

“En la vida diaria, es muy difícil porque nunca sabes dónde están las líneas rojas. Los y las militantes tienen que navegar en las zonas grises de la ley y bajo las incertidumbres en las que se basa la sociedad china. Todo es complicado”, explica Bao, y menciona presiones e intimidaciones diarias sobre los y las militantes y sus familias.

“Uno de las dificultades consiste en saber medir los riesgos: ¿cómo podemos llegar a un público más amplio y difundir nuestro mensaje más abiertamente sin poner en peligro nuestra seguridad? Nunca sabemos, cuando hablamos con gente nueva, si nos van a denunciar a la policía”, explica Bao, y agrega que la vigilancia se incrementa cuando se acercan fechas importantes para el régimen, como el 4 de junio (masacre de Tiananmén en 1989), el 1 de octubre (fiesta nacional) o el mes de marzo (reunión anual del Parlamento).

Los hongkoneses tendrán que acostumbrarse a este tipo de presiones, dice. Con la llamada ley de seguridad nacional redactada por Beijing para frenar la disidencia política en la región administrativa especial, “los opositores van a tener que hacer la experiencia de la militancia bajo un régimen autoritario: van a tener que cambiar radicalmente su estrategia, su organización, su financiación y hacer un poco como nosotros”, pronostica Bao.

La ley promulgada el 30 de junio tipifica vagamente como delito la secesión, el terrorismo, la subversión y la colusión con fuerzas extranjeras. “Los hongkoneses son respetuosos de la ley y no está acostumbrados a dirigentes que se mueven entre las zonas grises de una ley poco clara. Les va a resultar un choque cultural”.

Rebelión / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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5) MÉXICO: “ALQUILER DE VIENTRES”, PRÁCTICA DE EXPLOTACIÓN A MUJERES QUE PUEDE CRECER EN LA RECESIÓN ECONÓMICA POR EL COVID-19

Tlaxcala, Tlax. La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19, podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.

Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.

Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.

Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.

“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.

Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.

Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas
Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).

Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.

El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-, el grueso de trata de personas”, cuestionó.

“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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6) SOMALIA INDIGNACIÓN POR PROYECTO DE LEY QUE PODRÍA LEGALIZAR EL MATRIMONIO INFANTIL

La iniciativa legal reemplazaría a otra aprobada en 2018 que ofrecía protección contra el abuso sexual y matrimonio infantil, pero no llegó a ser ratificada por el Parlamento.

Indignación en Somalia por un proyecto de ley que podría legalizar el matrimonio infantil

El Parlamento de Somalia está estudiando un proyecto de ley que permitiría el matrimonio infantil tan pronto como los órganos sexuales de una niña maduren y la boda tenga el consentimiento de su familia, informa Time.

El Proyecto de ley sobre relaciones sexuales —presentado por Abdiweli Mudeey, exsecretario permanente del primer ministro Hassan Ali Khaire, destituido en julio de este año— provocó una ola de indignación entre los legisladores y la sociedad del país, especialmente porque, en caso de ser aprobado, podría legalizar el matrimonio desde los 10 años de edad para algunas niñas.

El proyecto representaría un retroceso a la lucha de los derechos de los niños y adolescentes del país. En 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que ofrecía protección contra el abuso sexual y matrimonio infantil. Sin embargo, el texto no llegó a ser ratificado por el Parlamento.

Grupos y organizaciones sociales han rechazado el nuevo proyecto de ley y han creado una petición en línea para que sea retirada. Asimismo, Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó esta semana que Somalia «corre el riesgo de legitimar el matrimonio infantil, entre otras prácticas alarmantes, y debe evitarse que se convierta en ley», advirtiendo que su aprobación «enviaría una señal preocupante a otros Estados de la región».

Según el creador de la petición el línea, Jabril Mohamed, el proyecto «sienta un precedente peligroso en un país ya afectado por la violencia sexual de género».

RT / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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7) URUGUAY: DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO O HIJA, EL SALARIO DE LAS MADRES ES 42% MENOR QUE ANTES DE LA MATERNIDAD

Jimena y Rodrigo decidieron que querían tener un hijo. Los dos trabajaban desde hacía varios años y ganaban más o menos lo mismo. Justo en ese momento se abrió la posibilidad de un nuevo trabajo para Jimena, en el que ganaría bastante más. Fue a la entrevista y le preguntaron si quería tener hijos pronto. Respondió que sí. No quedó en el trabajo. Al tiempo, Jimena quedó embarazada y nació Merlín (son fans de Naty). Jimena se tomó la licencia maternal y no sólo cuidó al bebé, sino que se encargó de todas las tareas de la casa que antes hacían bastante a medias, porque estaba ahí todo el día. Cuando llegó el momento de reintegrarse al trabajo, discutieron con Rodrigo si sería bueno que él se tomara el medio horario de cuidados. Rodrigo lo sugirió en el trabajo y su jefe se rio de él, le dijo que esa licencia es para la madre, que no sea pollerudo. Además, Merlín seguía tomando teta, y sería más fácil que se la tomara Jimena. Cuando ella se reintegró a tiempo completo, mandaron a Merlín unas horas a un jardín privado, porque no encontraron ningún jardín público y los abuelos también trabajaban. Consideraron que tal vez lo mejor era que Jimena pidiera reducción de horas en el trabajo, y así pudiera quedarse más rato con Merlín. A esa altura, era obvio que esa no era una opción para Rodrigo, pues lo acababan de ascender y no podía arriesgarse. Jimena conversó con sus jefes, y le dijeron que no era posible. Decidió renunciar y buscar otro trabajo que fuera más flexible. Así se ahorraban pagar el jardín privado, y con el aumento de sueldo de Rodrigo podían tirar. Cuando Merlín cumplió dos años, encontraron lugar en un CAIF y Jimena consiguió un trabajo que era compatible con los horarios del CAIF. En la entrevista le preguntaron por qué en su currículum había un hueco de 18 meses sin trabajo. En ese trabajo le pagan mucho menos que lo que le pagaban antes. Ahora están pensando en el segundo hijo.

Hace unos días, motivado por la presentación pública de un informe de la CEPAL y ONU Mujeres,1 se puso sobre la mesa la discusión de lo que se ha dado en llamar la “penalización por maternidad”. La vicepresidenta, Beatriz Argimón, tomó este concepto y realizó una exposición en el Senado el martes 4 de agosto en la que mostró su preocupación por este tema: “¿No será hora de considerar la situación de las jóvenes mujeres que para ejercer el derecho de desarrollarse económicamente ven en la maternidad querida un obstáculo, un castigo?”.2

¿A qué nos referimos con penalización por maternidad? Al hecho de que los ingresos de las mujeres se reducen de manera importante luego de tener un hijo o hija, lo que no se observa para los padres ni para las mujeres sin hijos o hijas. La temática ha sido ampliamente abordada por la literatura económica y se dispone de diversos estudios que posicionan a la maternidad como uno de los principales factores que explican la persistencia de la brecha salarial entre varones y mujeres. En particular, un reconocido estudio muestra para Dinamarca que 80% de la brecha salarial entre mujeres y varones se explicaría por la penalización por maternidad.3

¿Y por casa cómo andamos?

Para Uruguay se dispone de un primer estudio reciente que analiza este fenómeno utilizando registros administrativos de historias laborales del Banco de Previsión Social (BPS).4 Este trabajo aplica la metodología de estudio de eventos utilizada por varios análisis a nivel internacional, que básicamente consiste en analizar la trayectoria laboral antes y después de la maternidad. Si bien las historias laborales son una fuente de información muy valiosa, a los efectos de este estudio tienen algunas restricciones que es importante atender para la interpretación de los resultados. Por un lado, no se identifica directamente si la mujer fue madre o no, por lo que se aproxima a través del uso de la licencia por maternidad. Por otro lado, sólo se tiene el registro para trabajadoras privadas formales, por lo que los resultados no toman en cuenta a trabajadoras que no aportan al BPS ni a trabajadoras públicas.

Los resultados son abrumadores y dejan en evidencia que las mujeres uruguayas sufrimos una importante penalización por maternidad en el salario y el empleo formal. Al año de haber tenido el primer hijo o hija, las mujeres obtienen un salario mensual 19% menor en comparación al año previo a la maternidad. Más aun, esta penalización continúa en aumento incluso diez años luego del nacimiento del primer hijo o hija, lo cual podría explicarse como el efecto de la maternidad acumulada y no solamente del primer hijo o hija. De este modo, la penalización de largo plazo de la maternidad sobre el salario mensual sería de 42% y estaría explicada en mayor medida por la penalización al empleo (es decir, pérdida de empleo formal), pero también por una reducción del salario por hora. En otras palabras, diez años después del primer hijo o hija las mujeres ven su salario reducido en 42%.5

Parirás con dolor: ¿por qué la maternidad puede reducir los salarios de las mujeres?

Los estudios académicos identifican varios canales posibles.6 El nacimiento de un hijo o hija incrementa la carga de trabajo doméstico y de cuidados. Esto podría reducir el rendimiento de las mujeres en el trabajo, y con ello su salario por hora y la cantidad de horas trabajadas. El hecho de que las mujeres se hagan principalmente cargo de los niños es consecuencia de la combinación de los roles de género, que depositan en la madre la responsabilidad del cuidado, y también de la potencial desigualdad de poder en la negociación en una pareja conformada por una mujer y un varón, que resulta en una distribución desigual de las tareas del hogar y de cuidados.

Además, los salarios de las madres pueden ser menores que los de los padres y las mujeres que no son madres por la existencia de discriminación de los empleadores hacia las madres o hacia las mujeres en general por creer que pueden convertirse en madres (abundan ejemplos de mujeres a quienes les preguntan en las entrevistas laborales si esperan tener hijos o hijas en los próximos años). Por otro lado, las madres pueden perder años de experiencia laboral por retirarse del mercado laboral durante un tiempo para la crianza. Por último, puede deberse a la segregación de las mujeres que son madres hacia empleos peor pagados, pero con mayores facilidades para la compatibilización del trabajo con las tareas de cuidado, que permiten elegir los horarios de trabajo, o tener jornadas más cortas que sean compatibles con los horarios escolares, o que posibiliten las salidas esporádicas a cuidar de un niño que se enferma o que tiene que asistir a un control médico.

Del dicho al hecho: hacia dónde avanzar

En unas semanas ingresará al Parlamento la Ley Nacional de Presupuesto 2020-2024, por lo que nos encontramos en un momento crucial para darles a las políticas públicas de cuidado y corresponsabilidad el lugar que merecen. Además de deseables desde un punto de vista normativo, estas políticas resultan estratégicas para el desarrollo económico y social.

Existe un conjunto de opciones de política para reducir o eliminar la penalización por maternidad a través del combate a los canales que la generan. En efecto, con la puesta en marcha del Sistema de Cuidados se fortaleció la institucionalidad de los cuidados y se crearon nuevos servicios, en particular, se modificó sustantivamente el régimen de licencias para trabajadores y trabajadoras de la actividad privada (Ley 19.161). Más allá de la evidente mejora en términos de aumento de la cobertura y beneficios asegurados por el nuevo régimen de licencias y la puesta en marcha del Sistema de Cuidados, se destaca el cambio cualitativo de pasar de discutir únicamente en términos de las licencias maternales a incluir de forma más importante las licencias para padres y licencias compartidas, y los servicios públicos de cuidado. Este es el camino.

Es central seguir avanzando en la extensión de los servicios de educación y cuidado para niños y niñas, así como ampliar su extensión horaria. Si bien la asistencia a centros públicos y privados entre niñas y niños menores de tres años ha aumentado de forma considerable, en el año 2019 la cobertura alcanzaba tan sólo a 38%.

También en relación a las licencias se identifican algunos aspectos a mejorar. Por un lado, la licencia parental se utiliza mayoritariamente por las madres; es menor a 5% su uso por parte de los padres. Es necesario avanzar en nuevos esquemas que generen incentivos al uso compartido y promuevan la corresponsabilidad entre madres y padres. En algunos países europeos existen opciones de licencia parental que buscan atacar este problema, por ejemplo a través de porciones de la licencia (semanas de licencia) que sólo se pueden tomar los padres, o que la licencia total se alargue si los padres se toman una porción importante de ella. Esto implica que la licencia de las madres puede ser mayor si los padres toman al menos un mínimo de semanas de licencia. Además, se debe pensar en esquemas más flexibles respecto del uso compartido y del momento en que se toman la licencia madres y padres. Existen algunas evaluaciones de este tipo de sistemas que muestran que si los padres se toman una licencia mucho mayor frente a la llegada de un hijo o hija aumenta el involucramiento de los padres en la crianza y la participación de las madres en el mercado laboral.7

A su vez, las licencias alcanzan únicamente a quienes se desempeñan en el sector formal, dejando sin cobertura a informales y personas no ocupadas, que representan 40% del total de madres y padres. Para esta subpoblación las alternativas de política recaen en los servicios públicos de cuidado y en las transferencias monetarias. Sin embargo, estas políticas deberían ser universales y no estar condicionadas a la situación laboral, para no generar efectos adversos o incentivos a la informalidad laboral. Más aun, las políticas de promoción de la formalidad laboral en sí mismas implican un aumento de la cobertura de las licencias.

Entonces, “¿no será hora de considerar la situación de las jóvenes mujeres que para ejercer el derecho de desarrollarse económicamente ven en la maternidad querida un obstáculo, un castigo?”. ¡Sí! Y el camino es el fortalecimiento de las políticas públicas de cuidado y corresponsabilidad.

Agradecemos los comentarios y los aportes de Soledad Salvador, Cecilia Parada, Elisa Failache, Karina Colombo, Leticia Piñeiro, Sabine Vera, y los integrantes del Grupo Jueves y de Lado F. Los posibles errores y omisiones son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esta y otras notas del Grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com. Esta y otras notas del Lado F pueden encontrarse en economialadof.wordpress.com.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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8) URUGUAY: OPERACIÓN OCÉANO: FISCAL DE CORTE RESPALDÓ A DARVIÑA VIERA Y LA MANTENDRÁ “HASTA EL FINAL DEL JUICIO”

Este pasado viernes fueron imputados los ocho adultos que estaban detenidos; ya son 32 los adultos formalizados.

La Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 5º Turno, a cargo de la fiscal Darviña Viera, imputó este viernes al mediodía a las ocho personas que habían sido detenidas un día antes en el marco de la denominada “Operación Océano”.

La Fiscalía informó desde sus redes sociales que de esta manera suman 32 las personas imputadas en esta causa, que tipifica con base en el delito de “promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.

Los ocho hombres habían sido detenidos el jueves en operativos que llevó a cabo la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior en Montevideo, Canelones y Maldonado.

Los formalizados tienen el mismo perfil que los anteriores: empresarios, profesionales y comerciantes, que se contactaban con las menores desde sus teléfonos celulares y mediante sitios de citas. Uno de ellos es un médico que trabajó en el Hospital Policial y fue docente en la Facultad de Medicina, según comentaron las fuentes.

Las edades también se mantienen en el promedio de las últimas detenciones (entre 40 y 50 años), salvo en uno de los casos: entre los ocho detenidos hay un hombre de 71 años.

El respaldo del fiscal de Corte

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldó este viernes la actuación de la fiscal Viera y su equipo. Lo hizo al ser consultado sobre el pedido de la abogada Cecilia Salom, defensora de uno de los imputados, que una semana atrás solicitó que sea apartada de la causa por supuestas filtraciones a la prensa.

“En términos generales no tengo absolutamente nada que decir”, señaló en referencia a la actuación de Viera, y aclaró que “lo único que hay que analizar es si existió o no filtración de información”.

“La Fiscalía ha asumido el compromiso, mientras yo sea fiscal de Corte, de mantener a las fiscales que integran esa unidad hasta el final del juicio”, agregó, y recordó que se reforzó el trabajo de dicha unidad con nuevos funcionarios.

El fiscal de Corte aclaró que un abogado no puede recusar a un fiscal, “lo que hay en juego es un análisis de una situación y en las próximas horas tendremos una resolución al respecto, porque estuvimos revisando todo el material que nos mandó el juzgado”.

Díaz planteó que la prensa “llegó para quedarse en la puerta de los juzgados”. “Cada vez más los partidos se juegan en la cancha y fuera de la cancha. Eso es un dato de la realidad, al punto tal que algunos imputados han contratado agencias de comunicación para comunicar a la opinión pública los hechos de la investigación desde su óptica”, comparó.

En esa línea, señaló que la encargada de definir la estrategia es la propia fiscal Viera. “Lo que no se puede hacer, y eso sí está prohibido, es filtrar evidencia que haya sido coleccionada en la investigación; eso es lo que estamos analizando”, agregó. “A veces con esto de que los partidos se juegan dentro y fuera de la cancha, adelantamos un juicio que todavía ni siquiera empezó. Hay que dejar que la causa avance”, comentó.

Los cuestionamientos de las defensas

En la audiencia del 14 de agosto, Salom cuestionó a la fiscal Viera por entender que las declaraciones públicas que realizó sobre la investigación incumplen el artículo 67 de la ley orgánica de la Fiscalía, que califica como falta grave “violar el deber de reserva o difundir antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en que conozcan”.

La medida fue acompañada por los doctores Gastón Chávez y Pablo Pereira Schurman y la jueza Adriana de los Santos, quien adjuntó las declaraciones a la prensa realizadas por la fiscal Viera y las elevó a la Fiscalía de Corte, que el miércoles recibió la carpeta y empezó a analizar la documentación.

No todos los abogados defensores comparten la solicitud de apartamiento que impulsó Salom. Por ejemplo, el abogado Ignacio Durán señaló a la diaria que no está de acuerdo con las salidas a la prensa de la fiscal, pero no las considera “un acto de mala fe”, y por esa razón no acompañó el pedido de Salom. “Mi estrategia pasa por probar la inocencia de mi defendido”, señaló.

Durán dijo que tras el levantamiento de la reserva de la carpeta investigativa encontró que las declaraciones de la víctima coinciden con las de su cliente cuando fue detenido por Interpol, y agregó que la víctima “ratifica” que “nunca hubo intercambio de nada”. Además, dijo que su cliente “es el único que no tuvo contacto con esta chica a través de la página web”.

Además de los 32 imputados, hay otras tres personas requeridas que no fueron detenidas por encontrarse fuera del país. Se estima que el número podría ampliarse, dado el volumen de material que investiga la Fiscalía de Delitos Sexuales.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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9) SEMILLAS, FEMINISMO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

La crisis alimentaria de 2007 y 2008, provocada por la alta especulación financiera, supuso el aumento de precios de los alimentos a niveles nunca antes conocidos. Los efectos se dejaron sentir especialmente en África, donde la crisis golpeó a sus pequeños productores agravando situaciones de pobreza de millones de hogares.

Las decisiones políticas posteriores siguieron la senda ya iniciada años antes por muchos gobiernos africanos que cambiaron las leyes, entregaron tierras y ofrecieron beneficios fiscales a las empresas del agronegocio para atraer inversiones. Un modelo que no solo no ha sido una solución sino que ha agotado la fertilidad del suelo, contaminado la tierra con agrotóxicos, despreciado las semillas locales, deforestado importantes áreas rurales y destruidos recursos acuíferos.

Muchas voces se han alzado en los últimos años para señalar que solo la agroecología en un marco de soberanía alimentaria puede configurar una alternativa firme que acabe con estas crisis; sin olvidar que la gran mayoría de las productoras locales en África son mujeres.

Las mujeres en Mozambique, a pesar de ser quienes producen los alimentos, no tienen los derechos sobre la tierra. Son sus maridos quienes toman las decisiones y quienes comercializan los productos y se quedan con el dinero. De ahí que muchas de ellas se estén organizando en asociaciones vinculadas a la producción de alimentos ecológicos y a la recuperación de semillas autóctonas. Estructuras que les permiten defenderse del modelo y las prácticas sociales que pretenden alejarlas del control de su trabajo en el campo.

En México, la situación de las campesinas es similar, pues el 50% de la tierra se rige por sistemas de propiedad social, ejidos o comunidades donde el núcleo de población es quien ostenta la propiedad. De gran parte del trabajo en el campo mexicano se encargan las mujeres, pero actualmente es casi imposible para ellas acceder a la titularidad de la tierra. En Chiapas defienden modelos ancestrales de cultivo como la milpa, un policultivo basado en el maíz combinado con otras hortalizas. Aseguran que, conjugando este sistema con las actuales prácticas en agroecología, podría garantizarse la seguridad alimentaria.

ANRed/ COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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CHILE: PIÑERA Y LA DERECHA QUIEREN POSTERGAR EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL DE OCTUBRE – comcosur informa 1974 – 21.08.2020

COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1974 – 21.08.2020 – Hoy:

1) Chile: Piñera y la derecha quieren postergar el plebiscito constitucional de octubre
2) Uruguay: Resurge la idea de un puerto de aguas profundas en Rocha /Víctor L. Bacchetta
3) Uruguay: Las volteretas de Manini /Gustavo Scaron y Laura Fernández
4) Uruguay: agresión violenta en Paysandú /Jota Jota Domínguez
5) El peso de la crisis sobre la “juventud del confinamiento” /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Feria del Trueque Radio Pedal
II. Encuentro Internacional de Escuelas de Cine – ECU Cinemateca Uruguaya
III. Intervención Fotográfica en plaza Cagancha CDF Montevideo

COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1974 – 21.08.2020
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1) CHILE: PIÑERA Y LA DERECHA QUIEREN POSTERGAR EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL DE OCTUBRE

Asamblea constituyente

La Izquierda Diario Chile /19.08.2020

Lo plantearon diputados de UDI y RN con la excusa de la pandemia, pero la Constituyente es una demanda muy sentida que surgió con la masiva rebelión de octubre.
Mientras se desarrolla la discusión en la Cámara Baja denominada «Plebiscito Seguro», la cual busca garantizar que se pueda realizar con medidas de seguridad sanitaria a causa del coronavirus, los diputados del oficialismo propusieron posponer plebiscito constitucional de octubre.

Este miércoles, el diputado UDI Sergio Bobadilla llamó a posponer el plebiscito constitucional de octubre. En la misma línea, los diputados RN Harry Jürgensen y Cristobal Urruticoechea cuestionaron la validez del proceso.

“Queremos un plebiscito seguro, y yo creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace”, dijo Sergio Bobadilla. Asimismo Urruticoechea, planteó que es «imposible» realizarlo en octubre y cuestionó su validez si es que no participan, al menos, 10 millones de personas.

La derecha dice que el porcentaje de ciudadanos que concurra a las urnas tendrá un impacto en la “legitimidad” del plebiscito. Pero contradictoriamente, y al mismo tiempo, vienen llamando a volver a la normalidad en fábricas y lugares de trabajo en un contexto de nuevos rebrotes en las comunas que han pasado por el desconfinamiento, lo cual pone en evidencia que las políticas sanitarias del Gobierno son completamente criminales.

Por si fuera poco, el presidente Piñera anunció este mismo miércoles que se retoma el campeonato de fútbol. Una maniobra política para ver si logra repuntar un poco en las encuestas que le dan apenas el 12% de aprobación (encuesta Criteria, 5 de agosto).

Recordamos que el debate por la necesidad de una Asamblea Constituyente surgió en las calles durante las grandes movilizaciones del pasado 18 de octubre para terminar con toda la herencia pinochetista. Un acuerdo (que quedó muy lejos de las demandas populares) entre cuatro paredes con 10 partidos políticos acordó una hoja de ruta para discutir una nueva constitución, incluyendo el plebiscito constitucional que se postergó para este 25 de octubre. Hoy es más necesario que nunca denunciar las trampas que monta el gobierno junto con los partidos políticos del régimen y sus instituciones para suprimir este derecho democrático a cientos de miles.

La Izquierda Diario Chile
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1974 – 21.08.2020
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2) URUGUAY: RESURGE LA IDEA DE UN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN ROCHA

Inversores internacionales retornan con el proyecto, nunca abandonado por los gobiernos uruguayos, de un gran puerto en la costa oceánica para canalizar las materias primas de la región

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 15/08/2020

Como el mito del Ave Fénix, la idea del puerto de aguas profundas en la costa este resurge de las cenizas cada tanto tiempo; la última vez estuvo asociado con el fallido proyecto de la minera Aratirí. El entonces presidente José Mujica creyó que era el momento de relanzar el proyecto y el Parlamento lo habilitó en la zona de El Palenque, en el departamento de Rocha. Se hicieron estudios como si fuese realidad y decretaron la expropiación de miles de hectáreas, pero se abandonó por falta de cargas, aún incluyendo el hierro de Aratirí.

Fue un ejemplo de improvisación e irresponsabilidad política pues la viabilidad de un puerto son las cargas. Con estimaciones especulativas de la demanda y sin acuerdo con los países vecinos, no hay cómo sustentar la obra. Sólo los estudios contratados, que quedaron en un cajón, costaron 6 millones de dólares. En 2015, el presidente Tabaré Vázquez disolvió la comisión interministerial creada por Mujica y el proyecto retornó a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En este proceso, las autoridades y las empresas ignoraron a las comunidades de la zona, cuyo sustento depende fundamentalmente del turismo y la pesca artesanal. Al conocer los proyectos y sus posibles consecuencias, los pobladores cuestionaron su validez económica, social y ambiental. La movilización local llevó a la constitución de la Confederación de los Pueblos Costeros (CPC) con el fin de exigir el derecho a ser informados y a participar en las decisiones sobre sus formas de vida.

El puerto de aguas profundas sirve al rol de la región como proveedora de materias primas para los centros del capitalismo mundial y a los objetivos de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aceptada por los gobiernos en 2000. IIRSA está hoy bajo el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) dentro de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR).

Todos los gobiernos uruguayos han buscado aprovechar la ubicación del país para canalizar por ese puerto la producción regional, pero se debaten entre unos vecinos que no renuncian a perder los negocios de sus puertos y la falta de recursos propios para sustentarlo. Al mismo tiempo, inversores privados y algunas potencias lejanas vienen mirando con creciente interés las facilidades portuarias que podría otorgarles Uruguay para capturar el tránsito de materias primas de esta vasta región.

Tras un período de silencio absoluto, la Dirección de Hidrografía del MTOP presentó,en octubre de 2019, ante la Liga Marítima Uruguaya sus nuevas valoraciones sobre la viabilidad de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha. En esa ocasión, el entonces ministro Víctor Rossi estimó que la concreción de ese proyecto requiere una inversión de mil millones de dólares y expresó que “una obra de estas características no la puede hacer fulano o mengano, ni el Estado solo”.

El informe presentado entonces por los técnicos del MTOP reiteró básicamente las razones ya conocidas sobre las “condiciones objetivas” que reúne esa zona para la instalación de un puerto de aguas profundas. La ubicación más adecuada de la obra fue definida dentro del arco de unos 13 kilómetros que va desde La Paloma hasta Cabo Polonio, entre los balnearios Mar del Plata y La Florida. Si bien la incluye, esta área va más allá de la prevista en la ley que habilitó el puerto en 2013.

Rossi dijo que su administración dedicó más de 5 millones de dólares a estudios sobre el puerto de aguas profundas, pero no aclaró si eran nuevos trabajos o los realizados en 2013 bajo el gobierno de Mujica. “El puerto de aguas profundas es un objetivo estratégico, una meta que Uruguay no debe abandonar (…) No es una iniciativa de fulano ni de mengano, y tampoco mía. Es una idea justa, que viene de lejos, y que está madurando, esperando su oportunidad”, afirmó.

Con la nueva administración de Lacalle Pou, inversionistas que ya habían propuesto un puerto de aguas profundas en la playa La Angostura, resurgieron con un proyecto de mayor alcance. La sociedad Porta do Mundo se propone lograr una alianza con los países del Mercosur para la construcción de dos puertos, uno en La Angostura y el otro en la costa de Río Grande del Sur, Brasil, para exportar las materias primas de toda la región sudamericana hacia el resto del mundo, principalmente a Asia.

El proyecto de Porta do Mundo

La sociedad inversora privada Porta do Mundo Uruguay SA, en constitución en este país, se propone desarrollar un puerto de aguas profundas en La Angostura, junto a otros proyectos complementarios, mientras que la “sociedad holding” Porta de Mundo SA, en constitución también en Brasil, hará lo propio con otro puerto similar aunque de menor escala en la costa de Hermenegildo, perteneciente a la Prefectura de Santa Vitória do Palmar, unos 40 kilómetros al norte de la frontera del Chuy.

Esos dos puertos tendrán un calado de 24 metros con el fin de ofrecer instalaciones que puedan atender a los megabuques que dominarán el futuro del tráfico comercial, por la reducción de costos de flete al transportar grandes volúmenes de mercancía. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, más del 80% del flujo comercial del planeta se lleva a cabo por vía marítima, y se estima que para 2050 el volumen del transporte internacional podría aumentar cuatro veces más.

De acuerdo con el proyecto, el puerto La Angostura sería solamente un puerto HUB, donde toda la operación sería vía marítima. Los accesos terrestres serían sólo para los servicios operacionales o turismo, sin afectar el crecimiento de los otros puertos de la región y el aumento de las cargas. Este puerto recibiría productos para la exportación de dos grandes ámbitos: las terminales brasileñas entre el Puerto de Santos y Santa Vitória do Palmar y el área de influencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

El puerto en La Angostura estaría situado a una distancia de un kilómetro y medio de la costa y lo conformarían dos diques en forma de herradura con más de 1.000 metros de ancho y unos 8,5 kilómetros de extensión total, ocupando las zonas intermareal, submareal somera y parte de la costera. Para construir un puerto de estas dimensiones en mar abierto, con una profundidad de 25 metros, será necesario el dragado de 50 millones de metros cúbicos, según estimaciones del proyecto.

El Informe de Factibilidad Ambiental (IFA) elaborado por la firma GEA Consultores Ambientales, afirma que la implantación del proyecto significaría la desaparición de 25 kilómetros cuadrados de hábitat para las especies bentónicas. Esponjas, cangrejos, langostas y estrellas de mar, ostras, almejas, pepinos y anémonas, son algunos de los animales bentónicos característicos del fondo del mar, que desempeñan un papel importante como fuente de alimento para los peces y los seres humanos.

Asimismo, el acceso al puerto y los dos diques, con una separación de más de 1.000 metros entre sí, pueden constituir una barrera para las especies de dispersión larval, peces costeros y la mayoría de los mamíferosmarinos (lobos, tortugas y ballenas), de acuerdo con el estudio de GEA. El informe reconoce que puede ser afectada la actividad turística, principalmente en los balnearios situados entre Chuy y Valizas, así como los puertos artesanales y las barcas que operan en la zona.

Los proponentes estiman una inversión inicial de unos 1.800 millones de dólares para la construcción del puerto y de 1.155 millones de dólares adicionales para proyectos complementarios que incluyen zona franca industrial y financiera, polo tecnológico, centros comerciales, instalaciones de turismo ejecutivo, aeropuerto, etc. Según los informes brindados a Sudestada, habría una empresa china dispuesta a construir el puerto en La Angostura y financiar la obra, junto con algunos bancos.

Por la normativa vigente, una inversión de esta envergadura se gestiona directamente en la Presidencia de la República, como ocurrió en los últimos años con los proyectos de plantas de celulosa de Montes del Plata y UPM. Asimismo, por la Constitución de la República la autorización de los puertos corresponde a la Asamblea General. La Ley 19.046 aprobada por el Parlamento en 2013, habilitó un puerto en la Zona entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco, que queda fuera del proyecto de Porta do Mundo.

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1974 – 21.08.2020
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3) URUGUAY: LAS VOLTERETAS DE MANINI

Gustavo Scaron* y Laura Fernández* /La Diaria /15.08.2020

El senador y general Guido Manini Ríos, en la misma sesión del Senado del 4 de agosto de 2020 en la que rechazó vehementemente los fallos de tribunales internacionales, votó, junto a sus dos senadores cómplices de Cabildo Abierto, dos proyectos en los que Uruguay se somete a tribunales internacionales, aceptando dócilmente “que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer”, que “se nos mande desde afuera”. Si usáramos su propia definición: actuando como un cipayo apátrida, al aceptar que esos tribunales se “entrometan” en nuestras decisiones.

El “Acuerdo de cooperación policial aplicable a los espacios fronterizos entre los estados partes del Mercosur” y el “Acuerdo operativo para la implementación de mecanismos de intercambio de información migratoria entre los estados partes del Mercosur”, ambos votados por Manini y sus cómplices, tienen una cláusula idéntica (artículos 10 y 8, respectivamente) que establece que “las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones referidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el Mercosur”.

El Sistema de Solución de Controversias del Mercosur tiene dos Tribunales:

Tribunal Arbitral Ad Hoc y Tribunal Permanente de Revisión. O sea que votaron que Uruguay quede sometido a la actuación de estos dos tribunales internacionales. Todo un ejemplo de genuflexión, como lo define el propio Manini. No reclamó con vehemencia en este caso que quizás estos tribunales estuvieran integrados por “personas extranjeras que capaz que nunca pisaron el Uruguay”, como lo hizo respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El senador de Cabildo Abierto reafirmó sus conceptos pocos días después en el programa Arriba gente, de Canal 10: “La defensa de nuestra soberanía es lo que importa […] No podemos aceptar callados que una Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo dependiente de [la Organización de las] Naciones Unidas [ONU], de la OEA [Organización de Estados Americanos] o lo que sea esté por encima de los uruguayos […]

Nosotros nos rebelamos a esa realidad de que una Corte Interamericana esté por encima de la Constitución que los uruguayos se han dado”. Los argumentos desplegados por Manini son el mismo tipo de argumentos que esgrimió el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para denunciar y retirar a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013, aunque, claro, Manini no tiene “poder suficiente” para hacer eso; ni siquiera se anima a proponerlo en su proyecto.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, que incluye la definición de la integración y las atribuciones de la Comisión y de la Corte Interamericana, fue aprobada en Uruguay por unanimidad del Parlamento (no por mayorías más o menos ajustadas, que Manini pondera y valora según le convengan o no) el 8 de marzo de 1985 y promulgada por la Ley 15.737, a pocos días de restaurado el Parlamento democrático (o semidemocrático, dadas las numerosas proscripciones y limitaciones que hubo en el acto electoral de 1984), un año antes de la aprobación de la ley de caducidad (que no anula ni deroga la Convención).

El núcleo de lo que Manini aduce es que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010 (caso Gelman vs. Uruguay) es violatorio de la Constitución, es inconstitucional; algo que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, el único organismo con poder suficiente para definirlo, jamás ha dicho ni aceptado.

Pero cuando una periodista le pregunta a Manini que defina concretamente cuáles son las inconstitucionalidades que él ve, las que nombra son:

1) La irretroactividad de la ley, que es un principio general que no está en la Constitución sino en el Código Civil (artículo 7) y en el Código Penal (artículos 15 y 16), y del cual hay numerosas leyes que hacen excepciones, incluyendo el propio artículo 6 de la ley de caducidad, que ordena computar servicio activo retroactivamente a los Oficiales Generales y Superiores que hubieran pasado a retiro por aplicación del inciso G del artículo 192 de la Ley Orgánica Militar.

2) Los tiempos de prescripción, que tampoco están establecidos en la Constitución, sino en una ley: el Código Penal.

3) El no juzgar dos veces a una persona por una misma causa, que como los anteriores tampoco tiene rango constitucional, sino legal: Código del Proceso Penal.

O sea, las supuestas inconstitucionalidades de Manini son humo, cháchara; les atribuye carácter constitucional a disposiciones establecidas en leyes.

A Manini tampoco se le dan los paralelismos; ni los legales, ni los históricos. La afirmación de que “ni Jack El Destripador es perseguido 40 años después” (que como asimilación habla por sí sola), justamente, echa por tierra su argumento.ción, además de confesional, adolece de un enorme desconocimiento jurídico. Los asesinos seriales legendarios, por aberrantes que sean, son delincuentes comunes. El general Manini y el proyecto de Cabildo Abierto adhieren a la lógica de los “excesos individuales y aislados”.

No hubo errores ni hubo excesos. Lo que sí hubo fue una operación coordinada y sistematizada de reparto del odio, que puso la capacidad punitiva inherente a la naturaleza de los estados al servicio de los intereses más espurios de los malos militares y los peores civiles.

El terrorismo de Estado comete delitos de lesa humanidad. Imprescriptibles por definición. Desconocerlos es renegar del Parlamento y del Estado de derecho uruguayo, por cuyas rendijas pretende colar, sistemáticamente, la antijuridicidad, el olvido y la impunidad.

Desconocer el alcance y la validez del derecho internacional es grave siempre, más aun viniendo de una carrera militar. Es capital el rol que han jugado los organismos internacionales en los últimos 70 años de relacionamiento global.

Por eso es llamativa su vocinglería contra las decisiones de la ONU, organismo bajo cuyo mandato han operado y operan numerosos contingentes de militares uruguayos en diversos países, y bajo cuyo mando él mismo sirvió. Un ejemplo más de su doble discurso, al igual que sus frecuentes referencias sobre supuestos revanchismos y venganzas, cuando su propio nombramiento como comandante en jefe del Ejército por un gobierno frenteamplista es un claro ejemplo de lo contrario.

Esto que en Uruguay llamamos “terrorismo de Estado” es abordado por el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad. El supuesto es que los individuos tenemos derechos que nos son inherentes por nuestra condición de seres humanos y ciudadanos del mundo. Los estados modernos que honran esta evolución de la humanidad, lejos de cipayos o genuflexos, son democracias garantistas con vocación de ciudadanía global.

En definitiva, allí se resume lo más peligroso del avance de un partido militarcívico: tomar de las instituciones, del derecho y de la democracia exclusivamente lo que les sirve.
Un recorte sesgado de la realidad (una fake news, en el lenguaje de este tiempo) precisa de relatos simplificadores y falsos. Dice el general Manini que una ley ratificada dos veces por la ciudadanía (Ley 15.484 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado) debe imponerse sobre la ley interpretativa 18.831, sancionada en 2011.

En Uruguay no hay leyes de primera y de segunda. Una ley puede ser sometida infinitas veces al instituto de la democracia directa conocido como referéndum; entre otras cosas, porque el “cuerpo electoral” es una construcción teórica, cuya composición es irrepetible como el río de Heráclito.

* Laura Fernández es integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.
* Gustavo Scaron es presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio.

Gustavo Scaron y Laura Fernández /La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1974 – 21.08.2020
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4) URUGUAY: AGRESIÓN VIOLENTA EN PAYSANDÚ

Jota Jota Domínguez denuncia

Sr. Director de Diario El Telégrafo
Fernando Baccaro
Presente.

Me dirijo a Ud. procurando dar a conocer hechos ocurridos días atrás y que en nada contribuyen al clima de tolerancia y seguridad que debe imperar en el transcurso de una campaña electoral.

Es por todo conocido que quien suscribe culmina por estos días, una larga trayectoria de responsabilidad en diversos ámbitos institucionales: Electo diputado por dos períodos, llegando a presidir el Parlamento del Mercosur; ocho años como Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, entre otras.

El pasado viernes 31, alrededor de las 20 horas, cuando llegaba a mi casa en compañía de mi esposa me sorprende un joven de aproximadamente 20 años que me pide “algo”. Al responder que en ese momento no disponía de dinero, recibo el primero de una lluvia de golpes, puñetazos y patadas por parte de una segunda persona que no alcancé a ver, cayendo a la cuneta (allí no hay cordón cuneta) siempre bajo los golpes de ambos agresores. Si bien el objetivo de la golpiza era yo, cuando mi esposa se acerca para hablarles intentando frenar la agresión, también es agredida cayendo en la cuneta y golpeándose fuertemente la espalda. La intervención salvadora de los vecinos que se percataron de lo que ocurría, logra frenar la agresión y la huida de los agresores.

En ningún momento, desde el comienzo de la agresión, hubo intención de robar algo, ni el bolso de mi esposa, ni el vehículo que estaba abierto, ni nada de supuesto valor que estaba a mano. Claramente, el objetivo era la golpiza y la hicieron con saña.

Alertado el 911, llegaron dos motos de la policía, nos toman los datos y se van. A partir de allí nunca más vimos a ninguna autoridad policial. Es más, hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta por parte del Ministerio del Interior y tampoco por parte de la Justicia.

A esta altura lo único que podemos plantearnos son hipótesis, conjeturas. Nos preguntamos si estamos frente a una nueva figura delictiva, el sicariato, porque queda claro que el único objetivo fue la agresión.

Nos enterábamos también que en esas mismas horas se perpetraba un ataque a un local del Frente Amplio. ¿Qué está pasando?
¿Amedrentamiento, persecución lisa y llana? Recordemos que de este modo el pachequismo dio comienzo a una de las épocas más oscuras de nuestro País. Esperemos que no lo sea, la historia no se repite igual, pero tiene mucho de parecido.

Juan José Dominguez
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1974 – 21.08.2020
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5) EL PESO DE LA CRISIS SOBRE LA “JUVENTUD DEL CONFINAMIENTO”

Revelador informe de la OIT

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza

A pesar que desde hace meses el foco protector planetario está puesto en los sectores de alto riesgo, en particular los mayores de 65 o 70 años, las consecuencias de la pandemia, sin embargo, golpean significativamente a la juventud.

Tres de cuatro jóvenes que estudiaban antes de la crisis sanitaria mundial se confrontaron al cierre de las escuelas. No todos pudieron continuar con el aprendizaje en línea y a la distancia. Y los que lo hicieron manifiestan una pérdida en su calidad de aprendizaje.

Uno de cada seis jóvenes que contaba con un empleo antes del inicio de la crisis lo perdió. Muchos de los que lograron mantener sus puestos vieron reducidos su tiempo laboral casi en una cuarta parte. Y dos de cada cinco, es decir el 42 %, sufrieron una reducción de sus ingresos.

Conclusiones todas de un Estudio que acaba de ser presentado el 11 de agosto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

(www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_753054.pdf)

El mismo, sintetiza los resultados de la Encuesta mundial sobre los jóvenes y COVID-19, realizada en los meses de abril y mayo por ese organismo internacional en colaboración con sus cinco socios de la Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente. Hacen parte el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud de las Naciones Unidas; la Asociación Internacional de Estudiantes de Economía y Ciencias Comerciales (AIESEC); el Foro Europeo de la Juventud; el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea; y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Voz juvenil de 112 países

El sondeo, en 23 idiomas, fue respondido por más de 12 mil jóvenes de 112 países. Se propuso reflejar los efectos inmediatos de la crisis sanitaria en una población generacional ubicada entre 18 y 29 años, en el mismo momento en que adquiría ya la dimensión de crisis económica. Se centró en cuatro ámbitos: el empleo, la educación y la formación, el bienestar mental, y los derechos y las opiniones. Examinó, también, las acciones de los jóvenes en relación con el activismo social y el comportamiento de respuesta a la crisis.

La población juvenil en esos 112 países representa 1.470 millones, y corresponde al 92 % de la población juvenil mundial. Sin embargo, como lo aclara la misma OIT, por el hecho de tratarse de una encuesta en línea – que exige medios técnicos y nivel educativo para responderla- representa la opinión solamente de una parte de la juventud que cuenta con niveles de educación media o superior.

Casi tres cuartas partes (el 73,8 %) de los jóvenes encuestados viven en países de ingresos medios, y 25% en países de ingresos altos. Solo el 1,3 % de los encuestados proviene de países de ingresos bajos. El 59,2 % de los consultados proceden de zonas urbanas, el 31,8 % de zonas suburbanas y el 19,1 % de regiones rurales. A nivel geográfico, la mayor cantidad de respuestas provinieron de Asia. Únicamente el 18,4% provino de las Américas.
Trabajo y educación: bienestar psicológica

El documento de la OIT, de más de 50 páginas, concluye que el impacto de la pandemia en la juventud “es sistemático, profundo, desproporcionado”. Y ha sido particularmente duro para las mujeres jóvenes, los de menor edad (18 a 24 años) y aquellos que viven en países de ingresos más bajos.

“En un momento de crisis e incertidumbre como el actual, las opiniones y acciones de los jóvenes pueden dejarse de lado con demasiada facilidad” subraya el estudio, que pretende de esta forma, darle la voz a un sector de la población planetaria.

“El estrés familiar, el aislamiento social, el riesgo de violencia doméstica, la interrupción de la educación y la incertidumbre en torno al futuro son algunos de los canales a través de los cuales la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en el desarrollo emocional de los niños y los jóvenes”, subraya la OIT en su capítulo dedicado al “Bienestar Mental”.

Afirma, como contexto general, que la mitad de todos los trastornos de salud mental comienzan, en general, a los 14 años, lo que significa que infantes y jóvenes corren un riesgo particular en la crisis actual. Y recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre la población de 15 a 29 años de edad.

A fin de comprender mejor la situación psicológica, la encuesta presentó un módulo con la Escala de Bienestar Mental de Warwick–Edimburgo (SWEMWBS). La misma reveló que, a nivel mundial, uno de cada dos jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años sufren ansiedad o depresión, mientras que otro 17 %, probablemente, se verá afectado por ella.

La-os trabajadora-es jóvenes que habían perdido su empleo tienen casi dos veces más probabilidades de verse afectada-os por una probable ansiedad o depresión que los que seguían trabajando. Entre el sector estudiantil que creía que su educación se retrasaría o podría fracasar, el 22 % sufría ansiedad o depresión, síndrome que afectaba solo al 12 % de los que habían podido continuar con su formación.

En síntesis, los resultados subrayan el vínculo entre el bienestar mental, por una parte, y el éxito educativo y la integración del mercado de trabajo, por otra.

Lo que se perdió

La mayoría de países tomaron medidas enérgicas en respuesta a la pandemia, incluida la recomendación-orden de “quedarse en casa” para ralentizar su propagación. Consecuencia inevitable ha sido la limitación de la libertad de movimiento de la juventud, lo que impactó muy fuerte en el derecho al ocio, a participar en los asuntos públicos y a practicar una religión o creencias.

El 68 % de los encuestados indicaron limitaciones considerables de las actividades recreativas, en particular salir, reunirse con los amigos, hacer deporte, cultivar sus intereses culturales y viajar.

Una-o de cada tres jóvenes manifestó el impacto considerable en su derecho a participar en los asuntos públicos. Este es mayor para aquellos que viven en países de ingresos bajos (el 40 %) que para los que viven en países de ingresos medios-bajos (el 36 %) y en naciones de ingresos altos (el 28 %).

La-os jóvenes perciben que tienen dificultades para tomar parte en los procesos políticos, las instituciones y la formulación de políticas. El problema no es nuevo, aunque se ve agravado por la coyuntura. Un estudio realizado ya en 2016 por la Unión Interparlamentaria Mundial, indicaba que menos del 2 % de los parlamentarios de todo el mundo eran menores de 30 años.

Más de una-o de cada cuatro jóvenes (el 27 %) declaró que la pandemia ha menoscabado considerablemente su derecho a la libertad de movimiento y a la libertad de religión o de culto.

Casi una-o de cada cuatro jóvenes (el 24 %) indicó, por otra parte, un efecto negativo considerable en su derecho a la información. La difusión de información errónea sobre la pandemia a través de las redes sociales ha sido notoria. Además, las y los jóvenes que se identifican como parte de una minoría étnica, religiosa o de otro tipo indicaron un impacto más pronunciado que otros grupos de jóvenes en lo que respecta al derecho a la libertad de religión o de culto, a la vivienda, a estar libres de violencia, y a asistencia jurídica.

Entre la-os jóvenes que se autoidentificaron como una minoría, el 44 % señaló que se había menoscabado considerablemente su derecho a la libertad de religión, en comparación con el 37 % de los demás jóvenes.

En cuanto a la actividad social solidaria, último tema central del estudio presentado por la OIT la segunda semana de agosto, las conclusiones son significativas y expresan un aumento progresivo con el paso de las semanas. El 31 % de la-os jóvenes señaló un alto grado de voluntariado, mientras que el 27 % realizó donaciones.

“Juventud del confinamiento”

En la Encuesta mundial, cuatro de cada cinco jóvenes de 18 a 29 años reconocieron que se habían quedado, en gran medida, en casa, mientras que dos de cada tres se habían puesto en contacto con sus amigos, familiares y seres queridos

Más de una cuarta parte indicó un alto grado de participación en actividades de voluntariado y en la realización de donaciones para luchar contra el COVID-19. La participación de la-os jóvenes en actividades de voluntariado fue aumentando considerablemente durante el período de la encuesta, es decir del 21 de abril al 21 de mayo.
A medida que el mundo fue testigo de cambios radicales en las actividades sociales y económicas, la-os jóvenes compartieron sus perspectivas sobre las medidas adoptadas por los gobiernos para luchar contra la epidemia. La mayoría estuvo a favor de quedarse en casa con el objetivo de proteger el mundo del trabajo, los empleos y las empresas. Abogaban por medidas firmes para proteger la salud y los medios de sustento de los sectores más vulnerables de la población, incluidos la-os trabajadora-es migrantes y la-os trabajadora-es de la economía informal.

La-os jóvenes instaron a los gobiernos a que, cuando fuera posible, relajaran gradualmente las restricciones, poniendo énfasis en la salud y la seguridad de la-os trabajadora-es. Propusieron, además, adoptar medidas complementarias para impulsar los servicios de salud y lograr una gobernanza adecuada a través de mecanismos de información, rendición de cuentas y coordinación.

Imposible anticipar, en una crisis todavía abierta, las consecuencias a largo plazo de la misma en el conjunto de la sociedad humana. Sin embargo, se hace cada día más evidente que si bien a nivel médico-sanitario no es la más afectada, la juventud del 2020, a la que ya se la comienza a denominar “juventud del confinamiento”, cargará sobre sus espaldas una parte significativa del impacto estratégico (económico, social, psicológico) de una pandemia tan destructiva como indescifrable.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1974 – 21.08.2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. FERIA DEL TRUEQUE RADIO PEDAL
Sábado 22 de agosto

Radio Pedal es un medio de comunicación autogestionado, horizontal y cooperativo. La información que producimos y compartimos intenta generar respeto a la diversidad, la pluralidad y las identidades culturales.

Para Radio Pedal, la noticia está en todas aquellas organizaciones y sujetos que, de forma autónoma, participan de procesos socio-culturales virtuosos y transformadores.
Vuelve la “Feria del Trueque”, esta vez en la Plaza Ramón Gómez (Durazno esquina Minas).

Llevá lo que más te guste y dejá un alimento a cambio.
Además, música, poesía y micrófono abierto a partir de las 11 horas…

Formas de contacto:
enelaire@radiopedal.uy
www.radiopedal.uy
www.facebook.com/events/881815555678668/
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II. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE CINE – ECU CINEMATECA URUGUAYA
Viernes 21 a las 17 horas y sábado 22 de agosto a las 18 horas.

La Escuela de Cine del Uruguay (ECU), en el marco de sus 25 años, tiene mucho gusto en anunciar la realización, por primera vez, de un Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. El mismo tendrá lugar en paralelo al 20 Festival Internacional de Escuelas de Cine, los días viernes 21 y sábado 22 de agosto.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo en el cual estudiantes de cine de Uruguay puedan intercambiar experiencias e inquietudes sobre su formación y sobre la producción de cortometrajes con sus pares del resto del mundo. El punto de partida serán los cortos programados en el Festival, aunque las inquietudes podrán ir más allá y abarcar las distintas experiencias de formación en las diferentes escuelas de cine y la inserción profesional dentro de las industrias cinematográficas de cada país. Lo más interesante de todo esto es que tanto las propuestas temáticas como la moderación de esos encuentros estarán a cargo de un grupo de estudiantes de la Carrera de Realización de la ECU, de 2º y 3er año, varios de los cuales participaron de la preselección de cortos para el Festival.

El primer encuentro, moderado por Federico Sánchez, Paulina Perandones, Ignacio Fomichov y Antonella Scigliano, será el viernes 21 a las 17:00 horas de Uruguay (UTC -3). En tanto el segundo encuentro, moderado por Lucía Martínez, Luca Mirabolano, Manuel Rosa y Mateo Duarte, será el sábado 22 a las 18:00 horas de Uruguay (UTC-3).
Algunas de sus propuestas temáticas serán: el cortometraje como formato y sus particularidades, la construcción y el tratamiento de los personajes tanto en la ficción como en el documental, así como la construcción de un mundo coherente y verosímil para los personajes. También proponen abordar el acompañamiento que realizan las diferentes escuelas de sus procesos creativos, tanto desde las tutorías docentes como en relación a las condiciones de producción y los recursos técnicos, así como el espacio que se le da en el marco curricular a la animación y la no ficción. El lugar del cine dentro de cada país y sus posibilidades de inserción dentro de la industria son también inquietudes que estarán presentes, así como la motivación y los procesos de producción detrás de los cortos exhibidos antes de cada charla.

Cómo participar:

El Encuentro de Estudiantes de Cine está abierto a estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo, dando prioridad a quienes forman parte de esta edición del Festival con sus cortometrajes. Para registrarse (sin costo) solo es necesario enviar un mail a festival@ecu.edu.uy incluyendo: nombre completo, institución, universidad o escuela de cine a la que pertenece y qué día desea participar (viernes y/o sábado). Se enviará un mail de confirmación con los datos de acceso a Zoom hasta 24 horas antes de cada encuentro. Se contará con traducción simultánea español-inglés.

Esta nueva edición del Festival es posible gracias al apoyo de la Intendencia de Montevideo a través de Montevideo Audiovisual, Musitelli, La Mayor, Final Draft, Montevideo Portal, La Diaria, TV Ciudad, TNU, CILECT, FEISAL y el auspicio exclusivo de DirecTV Faciuni Becas.

Más información:
www.ecu.edu.uy /festival@ecu.edu.uy
www.facebook.com/events/2778928902209319/
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III. INTERVENCIÓN FOTOGRÁFICA EN PLAZA CAGANCHA CDF MONTEVIDEO
Sábado 22 de agosto a las 11.00 horas

Intervención urbana con 50 cámaras oscuras en plaza Cagancha llamada «El mundo al revés»

El sábado 22 de agosto a las 11.00 horas se realizará una intervención urbana en la plaza Cagancha, donde el público podrá experimentar con cámaras oscuras construidas de forma artesanal.

El Centro de Fotografía de Montevideo está realizando varias actividades para celebrar el Mes de la Fotografía. La única actividad que será presencial es ésta.
La actividad es apta para todo público. En caso de lluvia se pospone para el sábado 29 de agosto

Por más información: municipiob.montevideo.gub.uy/c%C3%A1maras-oscuras

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1974 – 21.08.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín), Alix Arnold (Colonia)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
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