1) América Latina es la región que más criminaliza el aborto
2) América Latina: 118 millones de mujeres estarán bajo la línea de pobreza
3) Colombia: Declarar la crisis humanitaria por la violencia de género
4) China: Tiempos difíciles para las militantes feministas
5) México: “Alquiler de vientres”, práctica de explotación a mujeres
6) Somalia Indignación por proyecto de ley que podría legalizar el matrimonio infantil
7) Uruguay: Diez años después del nacimiento del primer hijo o hija, el salario de las madres es 42% menor que antes de la maternidad
8) Uruguay: Operación Océano: fiscal de Corte respaldó a Darviña Viera y la mantendrá “hasta el final del juicio”
9) Semillas, feminismo y soberanía alimentaria
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 655 – Lunes 24 de agosto de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) AMÉRICA LATINA ES LA REGIÓN QUE MÁS CRIMINALIZA EL ABORTO
La antropóloga Débora Diniz, un referente en la lucha por la despenalización del aborto en Brasil, dice que un «huracán del odio» encendió la reacción fanática al aborto de una niña violada.
El domingo 16 de agosto, una niña de 10 años, embarazada y víctima de reiteradas violaciones desde los seis años, finalmente pudo someterse a un procedimiento de aborto respaldado por una decisión judicial y garantizado por la ley de Brasil en casos excepcionales como el suyo.
Pero antes se enfrentó a un calvario extrajudicial: fanáticos religiosos y antiaborto se reunieron frente al hospital para tratar de evitar el procedimiento, y los médicos de la localidad se negaron a realizarlo. Esto obligó a la niña a viajar a otro estado, donde finalmente le fue practicado el aborto legal.
Para la antropóloga y profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, Debora Diniz, una de las referencias en el tema en Brasil, el ascenso del extremismo de derecha, impulsado por la elección del presidente Jair Bolsonaro, contribuyó a la reacción violenta contra la interrupción legal del embarazo de la niña de 10 años.
Ella misma tuvo que salir de Brasil hace algunos años, entre amenazas, luego de defender la despenalización del aborto en una audiencia pública en el Tribunal Supremo Federal (STF).
DW: ¿Por qué, incluso con una legislación que permite el aborto en casos como el de esta niña de 10 años, es tan difícil hacer cumplir la ley?
Debora Diniz: El caso de esta niña cabe en las dos excepciones contempladas en un Código Penal que data de hace casi un siglo. En todo embarazo resultante de la relación sexual con menores de 14 años se presume violación, y por ello no necesita investigación penal. Además, la vida de la niña estaba en peligro porque tiene 10 años. Entonces, ¿por qué es tan difícil?
No se trata de defender el aborto, sino de proteger a esta niña necesitada de garantías a su salud. Pero hay un fanatismo moral en la sociedad brasileña en torno al tema del aborto. Y ese fanatismo fue una de las banderas del bolsonarismo.
¿Hubo una acción concertada contra la realización de este aborto?
No me queda duda. La oposición al aborto, que es una cuestión de fanatismo moral, fue uno de los temas centrales en la elección del bolsonarismo, y este huracán de odio lo movieron las fuerzas bolsonaristas para dicha elección. Hubo silencio al respecto en los primeros 18 meses del gobierno de Bolsonaro, porque había una serie de temas políticos distintos; desde la economía, la seguridad social, hasta la pandemia en sí, en los que no entraba la bandera del fanatismo moral. Intentaron usarlo, pero hubo un punto de inflexión.
Grupos de personas salieron de sus casas, en medio de la pandemia, para acosar a la víctima y a los médicos que harían el aborto. ¿Cómo se explica eso?
Ésta es una forma de ver la historia. Estas personas están impulsadas por el fanatismo, por el efecto contagioso del odio. Pero también está la historia de las decenas de mujeres que salieron a la calle para intentar explicar el caso: «¿Qué esa pasando aquí, quién es esta chica, por qué estamos aquí?». Esta es la historia que tenemos que contar: las mujeres que salieron para ocupar el espacio público y oponerse a lo que allí pasaba, diciendo: aquí hay una niña que fue víctima de violación.
La agitación parece estar dirigida más contra el aborto que contra el violador, y no solo en este, sino en otros casos. ¿Por qué?
No creo que la dualidad sea aborto-violador. Esa dualidad es una disyuntiva equivocada. Me parece mucho más que esas protestas yerran al ignorar a la víctima y anteponer el fanatismo moral contra el aborto. Proponer ese dualismo es volver a poner banderas morales. Lo que a nosotros nos importa es pensar en esta víctima, que es una niña.
¿Cuál es la relevancia de los movimientos feministas en episodios como este?
La lucha feminista es una lucha por la protección, por la garantía de los derechos de las niñas y mujeres más vulnerables. Hemos visto un avance del movimiento feminista en los últimos años en Brasil, en términos de debatir más los derechos de las mujeres.
¿Cree que también ha habido un cambio en la actitud de la sociedad hacia el aborto?
Sin duda alguna. Vivimos un momento de inflexión en el que una multitud de personas anónimas y famosas que nunca quisieron comentar sobre el tema del aborto, ya hablan del tema: esta es la penetración de causas feministas, una voz feminista y una solidaridad feminista que antes no existía.
¿Cómo se compara la legislación sobre el aborto en Brasil hoy en día con la de otros países, especialmente en América Latina?
América Latina y el Caribe es la región del mundo que más criminaliza y tiene las tasas de aborto más altas del mundo. Al mismo tiempo, tenemos cambios en países como Uruguay, Chile, Bolivia, México, entonces hay cambios progresivos, aunque todavía vivimos en la región que más criminaliza en el mundo.
¿Qué importancia tiene la despenalización y cómo afectaría la vida de las mujeres?
Despenalizar es proteger a las mujeres. Es una necesidad sanitaria proteger a las niñas en una situación tan dramática. Hay una causa pendiente de la decisión del Supremo de Brasil. Si esta causa ya se hubiera ejercitado y se hubiera despenalizado el aborto en general, esta niña no habría sufrido esa secuencia de malos tratos por parte del Estado brasileño, y podría haber sido atendida. Despenalizar el aborto es dejar perseguir a las mujeres, porque el aborto en Brasil es aún un delito que conlleva sentencia de cárcel.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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2) AMÉRICA LATINA: CEPAL Y ONU: AL MENOS 118 MILLONES DE MUJERES LATINOAMERICANAS ESTARÁN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA
Informe completo “Políticas de cuidado en América Latina: Forjando la igualdad – Por María Nieves y Rico Claudia Robles “
La ONU pide invertir en cuidados en América Latina para no dejar atrás a las mujeres
Afirman que 118 millones de mujeres estarán bajo la línea de pobreza en América Latina y el Caribe
La tasa de pobreza de las mujeres se estima que aumentará este año a 37,4% en América Latina y el Caribe -un 22% más que en 2019- como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, lo que representa un total de 118 millones, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres.
Según el estudio “Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19. Hacia Sistemas Integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación”, el desempleo femenino aumentará un 6% llegando a un total del 15,2% de las mujeres latinoamericanas, informó el sitio de noticias de la ONU.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, resaltó en la presentación del documento que, además, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, lo que representa un gran obstáculo para su autonomía.
En la región, las mujeres dedican más del triple del tiempo a este tipo de cuidados que los hombres, señaló.
En la Argentina, la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre el 23,4% de las mujeres, mientras que en los hombres llega al 9,3%; en Chile al 24,7%; en Colombia al 17,9%; en Brasil al 11,6%; en Uruguay al 19.9%; y en México al 23,7%.
“Lo que proponemos es reconocer y valorar la economía del cuidado y del trabajo doméstico con servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida de los hogares, la familia, pero sobre todo el Estado, definitivamente”, sostuvo Bárcena.
El documento propone reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia, invertir en la economía del cuidado, redistribuir las responsabilidades de cuidado, y expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar que los derechos de todas las mujeres, incluidas aquellas que son parte de minorías, sean respetados.
Télam / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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3) COLOMBIA: COLECTIVO FEMINISTA PIDE DECLARAR LA CRISIS HUMANITARIA POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con más de 13.000 firmas de mujeres, la concejala de Medellín del movimiento feminista Estamos Listas, Dora Saldarriaga, radicó una petición ante el Gobierno y la administración local para que se declare la crisis humanitaria por las violencias contra las mujeres, quienes este año, antes y durante la cuarentena, han visto vulnerados sus derechos.
“Esta iniciativa busca evidenciar un estado de cosas inconstitucional que requiere de acción urgente y extraordinaria por parte de las administraciones locales y Presidencia y que permitirá coordinar funciones y competencias y disponer de recursos humanos y financieros para erradicar la violencia contra las mujeres”, se lee en un comunicado.
La realidad de las mujeres en todo el país les es adversa. De enero a junio de este 2020, 386 mujeres fueron asesinadas, 19.173 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, otras 39.952 sufrieron lesiones no fatales y 783 se reportaron como desaparecidas. En otras palabras, las violencias contra las mujeres han aumentado en un 47%.
A esto se le suma la carga de tareas que se les trasladó en el hogar por el confinamiento (cuidado, trabajo y actividades domésticas) o la situación de muchas madres cabezas de familia sin empleo y en situación de pobreza.
“Estas cifras evidencian vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de mujeres y niñas; así como una prolongada omisión de las autoridades y la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales para evitar la vulneración de derechos”.
Lo que esperan el movimiento feminista y las firmantes es que el Gobierno adopte la petición y declare crisis humanitaria; practique un enfoque de género en la política de seguridad y política criminal, así como en general en la gestión nacional, departamental y municipal; disponga de todas las herramientas humanas y económicas para investigar con una perspectiva diferencial los delitos contra las mujeres; implementar protocolos especiales para la búsqueda de quienes son reportadas como desaparecidas; y diseñar un sistema para hacer seguimiento a las medidas de protección que prevengan cualquier tipo de violencias.
“Ahora estamos trabajando en lo que está en nuestras manos desde lo local y con la declaratoria en lo nacional, pero se requiere mayor fuerza en el Congreso porque enfrentar la violencia de género significa irse en contra del patriarcado, que es casi la mitad de la ciudad”, dijo la concejala Dora Saldarriaga.
Desde esta tarde, Estamos Listas y mujeres en diferentes partes del país lideran un plantón virtual para exigir que el Gobierno atienda. A este evento participan diferentes invitadas reiterando la importancia de que se atienda al llamado por la situación que están viviendo muchas niñas, adolescentes y mujeres.
El Espectador / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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4) CHINA: TIEMPOS DIFÍCILES PARA LAS MILITANTES FEMINISTAS
Desde 2015, los militantes independientes, incluidas las feministas, han sido duramente reprimidos en la gran potencia asiática. «Las autoridades no le temen tanto a #MeToo como a la auto organización de los internautas y de los militantes», explica una de estas feministas.
“No sé si queda algún espacio para el activismo independiente en China hoy en día, se está haciendo extremadamente difícil”, dice Bao (nombre cambiado), entrevistada en un café de Hong Kong unos días después de la promulgación en la región administrativa especial de la Ley de Seguridad Nacional redactada por Beijing.
Al igual que otras feministas chinas que fueron silenciadas en su país y que tuvieron que irse al extranjero, la joven se trasladó a la antigua colonia británica a finales de 2019, desde donde sigue organizando manifestaciones, debates y cursillos con sus compañeras que se quedaron en China.
Dos años después del surgimiento del movimiento #MeToo en China, “las feministas siguen presionando para que haya cambios, pero la realidad es que el gobierno chino ha seguido reforzando el control sobre la sociedad civil. Esto hace que todo militantismo surgido de la base sea cada vez más difícil, incluido el relativo a los derechos de la mujer”, dice Yaqiu Wang, investigadora de Human Rights Watch (HRW).
En 2011, Bao se unió a un grupo de mujeres militantes que organizaban performances artísticas en China continental para llamar la atención sobre la ausencia de baños públicos para las mujeres y sobre la violencia doméstica, entre otras cuestiones. La igualdad de género es algo que se ha venido defendiendo desde hace décadas en China, y el derecho de las mujeres al voto ya era reivindicado a finales del siglo XIX, pero estos temas han permanecieron inaudibles durante mucho tiempo, en una sociedad tradicionalmente patriarcal.
El 8 de marzo de 2015, para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, cinco mujeres activistas empezaron a distribuir pegatinas en los autobuses contra el acoso sexual. Fueron encarceladas durante 37 días por “incitar a las disputas” y por “perturbar el orden público”. “Eso es una muestra de que nuestros mensajes tuvieron un impacto”, señala Bao, “y sirvió de estímulo para las mujeres, especialmente en las universidades, donde se realizan talleres para estructurar la movilización o para difundir llamamientos contra la discriminación laboral”.
Pero bajo la presión demográfica por el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad (a pesar del fin de la política del hijo único en 2015) y la reducción de la mano de obra, el partido único está haciendo campaña para que las mujeres chinas tengan hijos y las está confinando más que nunca al papel económico de esposas y madres.
Precisamente en 2015, la modernización de la ley de “seguridad nacional” le confirió a las autoridades mayores facultades, en particular para controlar internet. Unos meses después, una ley destinada a las ONG extranjeras terminó de “asfixiar a la sociedad civil”, según Amnistía Internacional.
“La ley introdujo muchas restricciones (en el registro, la financiación, las colaboraciones, etc.) para las ONG, lo que complica la supervivencia de las mismas”, dice Bao. Los acontecimientos que no se realizan en línea, dice, se han vuelto muy complicados de organizar desde entonces.
Cuando el movimiento #MeToo surgió en China, tras una encuesta realizada a finales de 2017 por Sophia Huang Xueqin sobre el acoso a las mujeres periodistas, las autoridades cerraron sitios web y cuentasfeministas, censuraron el hashtag #MeToo, pero no lograron acallar el movimiento.
Aún en 2019, fueron organizadas algunas exposiciones sobre este tema. El Partido comunista chino es “paranoico con todo lo que no puede controlar”, dice Yaqiu Wang. Según ella, las militantes feministas chinas han demostrado una sorprendente capacidad para organizarse y movilizar a la opinión pública.
Para esquivar la censura, los internautas recurren a ideogramas modificados, publican fotos retocadas o puestas al revés y utilizan diferentes códigos. “El movimiento #MeToo fue uno de los más influyentes, seguido por los ciudadanos comunes. No es el tema en sí mismo lo que alarmó a las autoridades, sino la propia organización de los internautas y militantes, y sus conexiones en el extranjero lo convirtieron en una cuestión muy delicada”, según Bao.
El movimiento dio lugar a “muchos debates y al comienzo de la concienciación del público en general, así como de mujeres más educadas, diplomadas y decepcionadas con la sociedad china”, dice Bao, que menciona, como ejemplo, los programas de televisión en los que, según ella, la emancipación de la mujer resulta, desde entonces, más visible.
Las discusiones actuales en las redes sociales parecen darle la razón, como, por ejemplo, las fuertes críticas al tribunal de Hunan, una provincia del centro del país, que se niega a concederle el divorcio a una mujer que acusa a su marido de violencia; o la indignación expresada por los internautas contra la universidad de Zhejiang (en el este) que no expulsó a un estudiante declarado culpable de violación; e incluso la actitud vergonzosa de Ke Jie, famoso jugador de go (juego de estrategia asiático), que hizo comentarios machistas y misóginos graves en la red social china Weibo, lo que provocó la ira de las feministas y de los internautas.
Sin embargo, las feministas están lejos de haber ganado la batalla. El año pasado, Liu Jingyao, una estudiante de la Universidad de Minnesota, fue virtualmente linchada en las redes sociales por denunciar al multimillonario Richard Liu -fundador de una de las mayores empresas chinas, JD.com- acusándolo de violación en un tribunal de los Estados Unidos.
En el ámbito político, “bajo presión, el gobierno chino ha introducido mejoras limitadas”, dice Yaqiu Wang. En diciembre de 2018, la Corte Suprema agregó el acoso sexual a la lista de “causas de reclamación”, lo que permitió que las víctimas pudieran obtener reparación con mayor facilidad. Sin embargo, China todavía carece de leyes sólidas contra el acoso sexual.
Las feministas, por su parte, “trabajan en la clandestinidad y no pueden realmente actuar porque no tienen los recursos humanos y financieros necesarios para crear grupos institucionalizados en todo el país”, señala Bao, que se pregunta cómo podrá resistir el movimiento. Al estar bajo vigilancia, los activistas prefieren las reuniones físicas en lugar de las virtuales, utilizan aplicaciones de mensajería cifrada y tienen que optar por métodos “más sutiles”.
“En la vida diaria, es muy difícil porque nunca sabes dónde están las líneas rojas. Los y las militantes tienen que navegar en las zonas grises de la ley y bajo las incertidumbres en las que se basa la sociedad china. Todo es complicado”, explica Bao, y menciona presiones e intimidaciones diarias sobre los y las militantes y sus familias.
“Uno de las dificultades consiste en saber medir los riesgos: ¿cómo podemos llegar a un público más amplio y difundir nuestro mensaje más abiertamente sin poner en peligro nuestra seguridad? Nunca sabemos, cuando hablamos con gente nueva, si nos van a denunciar a la policía”, explica Bao, y agrega que la vigilancia se incrementa cuando se acercan fechas importantes para el régimen, como el 4 de junio (masacre de Tiananmén en 1989), el 1 de octubre (fiesta nacional) o el mes de marzo (reunión anual del Parlamento).
Los hongkoneses tendrán que acostumbrarse a este tipo de presiones, dice. Con la llamada ley de seguridad nacional redactada por Beijing para frenar la disidencia política en la región administrativa especial, “los opositores van a tener que hacer la experiencia de la militancia bajo un régimen autoritario: van a tener que cambiar radicalmente su estrategia, su organización, su financiación y hacer un poco como nosotros”, pronostica Bao.
La ley promulgada el 30 de junio tipifica vagamente como delito la secesión, el terrorismo, la subversión y la colusión con fuerzas extranjeras. “Los hongkoneses son respetuosos de la ley y no está acostumbrados a dirigentes que se mueven entre las zonas grises de una ley poco clara. Les va a resultar un choque cultural”.
Rebelión / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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5) MÉXICO: “ALQUILER DE VIENTRES”, PRÁCTICA DE EXPLOTACIÓN A MUJERES QUE PUEDE CRECER EN LA RECESIÓN ECONÓMICA POR EL COVID-19
Tlaxcala, Tlax. La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19, podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.
Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.
Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.
Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.
“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.
Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.
Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas
Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).
Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.
El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-, el grueso de trata de personas”, cuestionó.
“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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6) SOMALIA INDIGNACIÓN POR PROYECTO DE LEY QUE PODRÍA LEGALIZAR EL MATRIMONIO INFANTIL
La iniciativa legal reemplazaría a otra aprobada en 2018 que ofrecía protección contra el abuso sexual y matrimonio infantil, pero no llegó a ser ratificada por el Parlamento.
Indignación en Somalia por un proyecto de ley que podría legalizar el matrimonio infantil
El Parlamento de Somalia está estudiando un proyecto de ley que permitiría el matrimonio infantil tan pronto como los órganos sexuales de una niña maduren y la boda tenga el consentimiento de su familia, informa Time.
El Proyecto de ley sobre relaciones sexuales —presentado por Abdiweli Mudeey, exsecretario permanente del primer ministro Hassan Ali Khaire, destituido en julio de este año— provocó una ola de indignación entre los legisladores y la sociedad del país, especialmente porque, en caso de ser aprobado, podría legalizar el matrimonio desde los 10 años de edad para algunas niñas.
El proyecto representaría un retroceso a la lucha de los derechos de los niños y adolescentes del país. En 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que ofrecía protección contra el abuso sexual y matrimonio infantil. Sin embargo, el texto no llegó a ser ratificado por el Parlamento.
Grupos y organizaciones sociales han rechazado el nuevo proyecto de ley y han creado una petición en línea para que sea retirada. Asimismo, Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó esta semana que Somalia «corre el riesgo de legitimar el matrimonio infantil, entre otras prácticas alarmantes, y debe evitarse que se convierta en ley», advirtiendo que su aprobación «enviaría una señal preocupante a otros Estados de la región».
Según el creador de la petición el línea, Jabril Mohamed, el proyecto «sienta un precedente peligroso en un país ya afectado por la violencia sexual de género».
RT / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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7) URUGUAY: DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO O HIJA, EL SALARIO DE LAS MADRES ES 42% MENOR QUE ANTES DE LA MATERNIDAD
Jimena y Rodrigo decidieron que querían tener un hijo. Los dos trabajaban desde hacía varios años y ganaban más o menos lo mismo. Justo en ese momento se abrió la posibilidad de un nuevo trabajo para Jimena, en el que ganaría bastante más. Fue a la entrevista y le preguntaron si quería tener hijos pronto. Respondió que sí. No quedó en el trabajo. Al tiempo, Jimena quedó embarazada y nació Merlín (son fans de Naty). Jimena se tomó la licencia maternal y no sólo cuidó al bebé, sino que se encargó de todas las tareas de la casa que antes hacían bastante a medias, porque estaba ahí todo el día. Cuando llegó el momento de reintegrarse al trabajo, discutieron con Rodrigo si sería bueno que él se tomara el medio horario de cuidados. Rodrigo lo sugirió en el trabajo y su jefe se rio de él, le dijo que esa licencia es para la madre, que no sea pollerudo. Además, Merlín seguía tomando teta, y sería más fácil que se la tomara Jimena. Cuando ella se reintegró a tiempo completo, mandaron a Merlín unas horas a un jardín privado, porque no encontraron ningún jardín público y los abuelos también trabajaban. Consideraron que tal vez lo mejor era que Jimena pidiera reducción de horas en el trabajo, y así pudiera quedarse más rato con Merlín. A esa altura, era obvio que esa no era una opción para Rodrigo, pues lo acababan de ascender y no podía arriesgarse. Jimena conversó con sus jefes, y le dijeron que no era posible. Decidió renunciar y buscar otro trabajo que fuera más flexible. Así se ahorraban pagar el jardín privado, y con el aumento de sueldo de Rodrigo podían tirar. Cuando Merlín cumplió dos años, encontraron lugar en un CAIF y Jimena consiguió un trabajo que era compatible con los horarios del CAIF. En la entrevista le preguntaron por qué en su currículum había un hueco de 18 meses sin trabajo. En ese trabajo le pagan mucho menos que lo que le pagaban antes. Ahora están pensando en el segundo hijo.
Hace unos días, motivado por la presentación pública de un informe de la CEPAL y ONU Mujeres,1 se puso sobre la mesa la discusión de lo que se ha dado en llamar la “penalización por maternidad”. La vicepresidenta, Beatriz Argimón, tomó este concepto y realizó una exposición en el Senado el martes 4 de agosto en la que mostró su preocupación por este tema: “¿No será hora de considerar la situación de las jóvenes mujeres que para ejercer el derecho de desarrollarse económicamente ven en la maternidad querida un obstáculo, un castigo?”.2
¿A qué nos referimos con penalización por maternidad? Al hecho de que los ingresos de las mujeres se reducen de manera importante luego de tener un hijo o hija, lo que no se observa para los padres ni para las mujeres sin hijos o hijas. La temática ha sido ampliamente abordada por la literatura económica y se dispone de diversos estudios que posicionan a la maternidad como uno de los principales factores que explican la persistencia de la brecha salarial entre varones y mujeres. En particular, un reconocido estudio muestra para Dinamarca que 80% de la brecha salarial entre mujeres y varones se explicaría por la penalización por maternidad.3
¿Y por casa cómo andamos?
Para Uruguay se dispone de un primer estudio reciente que analiza este fenómeno utilizando registros administrativos de historias laborales del Banco de Previsión Social (BPS).4 Este trabajo aplica la metodología de estudio de eventos utilizada por varios análisis a nivel internacional, que básicamente consiste en analizar la trayectoria laboral antes y después de la maternidad. Si bien las historias laborales son una fuente de información muy valiosa, a los efectos de este estudio tienen algunas restricciones que es importante atender para la interpretación de los resultados. Por un lado, no se identifica directamente si la mujer fue madre o no, por lo que se aproxima a través del uso de la licencia por maternidad. Por otro lado, sólo se tiene el registro para trabajadoras privadas formales, por lo que los resultados no toman en cuenta a trabajadoras que no aportan al BPS ni a trabajadoras públicas.
Los resultados son abrumadores y dejan en evidencia que las mujeres uruguayas sufrimos una importante penalización por maternidad en el salario y el empleo formal. Al año de haber tenido el primer hijo o hija, las mujeres obtienen un salario mensual 19% menor en comparación al año previo a la maternidad. Más aun, esta penalización continúa en aumento incluso diez años luego del nacimiento del primer hijo o hija, lo cual podría explicarse como el efecto de la maternidad acumulada y no solamente del primer hijo o hija. De este modo, la penalización de largo plazo de la maternidad sobre el salario mensual sería de 42% y estaría explicada en mayor medida por la penalización al empleo (es decir, pérdida de empleo formal), pero también por una reducción del salario por hora. En otras palabras, diez años después del primer hijo o hija las mujeres ven su salario reducido en 42%.5
Parirás con dolor: ¿por qué la maternidad puede reducir los salarios de las mujeres?
Los estudios académicos identifican varios canales posibles.6 El nacimiento de un hijo o hija incrementa la carga de trabajo doméstico y de cuidados. Esto podría reducir el rendimiento de las mujeres en el trabajo, y con ello su salario por hora y la cantidad de horas trabajadas. El hecho de que las mujeres se hagan principalmente cargo de los niños es consecuencia de la combinación de los roles de género, que depositan en la madre la responsabilidad del cuidado, y también de la potencial desigualdad de poder en la negociación en una pareja conformada por una mujer y un varón, que resulta en una distribución desigual de las tareas del hogar y de cuidados.
Además, los salarios de las madres pueden ser menores que los de los padres y las mujeres que no son madres por la existencia de discriminación de los empleadores hacia las madres o hacia las mujeres en general por creer que pueden convertirse en madres (abundan ejemplos de mujeres a quienes les preguntan en las entrevistas laborales si esperan tener hijos o hijas en los próximos años). Por otro lado, las madres pueden perder años de experiencia laboral por retirarse del mercado laboral durante un tiempo para la crianza. Por último, puede deberse a la segregación de las mujeres que son madres hacia empleos peor pagados, pero con mayores facilidades para la compatibilización del trabajo con las tareas de cuidado, que permiten elegir los horarios de trabajo, o tener jornadas más cortas que sean compatibles con los horarios escolares, o que posibiliten las salidas esporádicas a cuidar de un niño que se enferma o que tiene que asistir a un control médico.
Del dicho al hecho: hacia dónde avanzar
En unas semanas ingresará al Parlamento la Ley Nacional de Presupuesto 2020-2024, por lo que nos encontramos en un momento crucial para darles a las políticas públicas de cuidado y corresponsabilidad el lugar que merecen. Además de deseables desde un punto de vista normativo, estas políticas resultan estratégicas para el desarrollo económico y social.
Existe un conjunto de opciones de política para reducir o eliminar la penalización por maternidad a través del combate a los canales que la generan. En efecto, con la puesta en marcha del Sistema de Cuidados se fortaleció la institucionalidad de los cuidados y se crearon nuevos servicios, en particular, se modificó sustantivamente el régimen de licencias para trabajadores y trabajadoras de la actividad privada (Ley 19.161). Más allá de la evidente mejora en términos de aumento de la cobertura y beneficios asegurados por el nuevo régimen de licencias y la puesta en marcha del Sistema de Cuidados, se destaca el cambio cualitativo de pasar de discutir únicamente en términos de las licencias maternales a incluir de forma más importante las licencias para padres y licencias compartidas, y los servicios públicos de cuidado. Este es el camino.
Es central seguir avanzando en la extensión de los servicios de educación y cuidado para niños y niñas, así como ampliar su extensión horaria. Si bien la asistencia a centros públicos y privados entre niñas y niños menores de tres años ha aumentado de forma considerable, en el año 2019 la cobertura alcanzaba tan sólo a 38%.
También en relación a las licencias se identifican algunos aspectos a mejorar. Por un lado, la licencia parental se utiliza mayoritariamente por las madres; es menor a 5% su uso por parte de los padres. Es necesario avanzar en nuevos esquemas que generen incentivos al uso compartido y promuevan la corresponsabilidad entre madres y padres. En algunos países europeos existen opciones de licencia parental que buscan atacar este problema, por ejemplo a través de porciones de la licencia (semanas de licencia) que sólo se pueden tomar los padres, o que la licencia total se alargue si los padres se toman una porción importante de ella. Esto implica que la licencia de las madres puede ser mayor si los padres toman al menos un mínimo de semanas de licencia. Además, se debe pensar en esquemas más flexibles respecto del uso compartido y del momento en que se toman la licencia madres y padres. Existen algunas evaluaciones de este tipo de sistemas que muestran que si los padres se toman una licencia mucho mayor frente a la llegada de un hijo o hija aumenta el involucramiento de los padres en la crianza y la participación de las madres en el mercado laboral.7
A su vez, las licencias alcanzan únicamente a quienes se desempeñan en el sector formal, dejando sin cobertura a informales y personas no ocupadas, que representan 40% del total de madres y padres. Para esta subpoblación las alternativas de política recaen en los servicios públicos de cuidado y en las transferencias monetarias. Sin embargo, estas políticas deberían ser universales y no estar condicionadas a la situación laboral, para no generar efectos adversos o incentivos a la informalidad laboral. Más aun, las políticas de promoción de la formalidad laboral en sí mismas implican un aumento de la cobertura de las licencias.
Entonces, “¿no será hora de considerar la situación de las jóvenes mujeres que para ejercer el derecho de desarrollarse económicamente ven en la maternidad querida un obstáculo, un castigo?”. ¡Sí! Y el camino es el fortalecimiento de las políticas públicas de cuidado y corresponsabilidad.
Agradecemos los comentarios y los aportes de Soledad Salvador, Cecilia Parada, Elisa Failache, Karina Colombo, Leticia Piñeiro, Sabine Vera, y los integrantes del Grupo Jueves y de Lado F. Los posibles errores y omisiones son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esta y otras notas del Grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com. Esta y otras notas del Lado F pueden encontrarse en economialadof.wordpress.com.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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8) URUGUAY: OPERACIÓN OCÉANO: FISCAL DE CORTE RESPALDÓ A DARVIÑA VIERA Y LA MANTENDRÁ “HASTA EL FINAL DEL JUICIO”
Este pasado viernes fueron imputados los ocho adultos que estaban detenidos; ya son 32 los adultos formalizados.
La Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 5º Turno, a cargo de la fiscal Darviña Viera, imputó este viernes al mediodía a las ocho personas que habían sido detenidas un día antes en el marco de la denominada “Operación Océano”.
La Fiscalía informó desde sus redes sociales que de esta manera suman 32 las personas imputadas en esta causa, que tipifica con base en el delito de “promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
Los ocho hombres habían sido detenidos el jueves en operativos que llevó a cabo la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior en Montevideo, Canelones y Maldonado.
Los formalizados tienen el mismo perfil que los anteriores: empresarios, profesionales y comerciantes, que se contactaban con las menores desde sus teléfonos celulares y mediante sitios de citas. Uno de ellos es un médico que trabajó en el Hospital Policial y fue docente en la Facultad de Medicina, según comentaron las fuentes.
Las edades también se mantienen en el promedio de las últimas detenciones (entre 40 y 50 años), salvo en uno de los casos: entre los ocho detenidos hay un hombre de 71 años.
El respaldo del fiscal de Corte
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldó este viernes la actuación de la fiscal Viera y su equipo. Lo hizo al ser consultado sobre el pedido de la abogada Cecilia Salom, defensora de uno de los imputados, que una semana atrás solicitó que sea apartada de la causa por supuestas filtraciones a la prensa.
“En términos generales no tengo absolutamente nada que decir”, señaló en referencia a la actuación de Viera, y aclaró que “lo único que hay que analizar es si existió o no filtración de información”.
“La Fiscalía ha asumido el compromiso, mientras yo sea fiscal de Corte, de mantener a las fiscales que integran esa unidad hasta el final del juicio”, agregó, y recordó que se reforzó el trabajo de dicha unidad con nuevos funcionarios.
El fiscal de Corte aclaró que un abogado no puede recusar a un fiscal, “lo que hay en juego es un análisis de una situación y en las próximas horas tendremos una resolución al respecto, porque estuvimos revisando todo el material que nos mandó el juzgado”.
Díaz planteó que la prensa “llegó para quedarse en la puerta de los juzgados”. “Cada vez más los partidos se juegan en la cancha y fuera de la cancha. Eso es un dato de la realidad, al punto tal que algunos imputados han contratado agencias de comunicación para comunicar a la opinión pública los hechos de la investigación desde su óptica”, comparó.
En esa línea, señaló que la encargada de definir la estrategia es la propia fiscal Viera. “Lo que no se puede hacer, y eso sí está prohibido, es filtrar evidencia que haya sido coleccionada en la investigación; eso es lo que estamos analizando”, agregó. “A veces con esto de que los partidos se juegan dentro y fuera de la cancha, adelantamos un juicio que todavía ni siquiera empezó. Hay que dejar que la causa avance”, comentó.
Los cuestionamientos de las defensas
En la audiencia del 14 de agosto, Salom cuestionó a la fiscal Viera por entender que las declaraciones públicas que realizó sobre la investigación incumplen el artículo 67 de la ley orgánica de la Fiscalía, que califica como falta grave “violar el deber de reserva o difundir antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en que conozcan”.
La medida fue acompañada por los doctores Gastón Chávez y Pablo Pereira Schurman y la jueza Adriana de los Santos, quien adjuntó las declaraciones a la prensa realizadas por la fiscal Viera y las elevó a la Fiscalía de Corte, que el miércoles recibió la carpeta y empezó a analizar la documentación.
No todos los abogados defensores comparten la solicitud de apartamiento que impulsó Salom. Por ejemplo, el abogado Ignacio Durán señaló a la diaria que no está de acuerdo con las salidas a la prensa de la fiscal, pero no las considera “un acto de mala fe”, y por esa razón no acompañó el pedido de Salom. “Mi estrategia pasa por probar la inocencia de mi defendido”, señaló.
Durán dijo que tras el levantamiento de la reserva de la carpeta investigativa encontró que las declaraciones de la víctima coinciden con las de su cliente cuando fue detenido por Interpol, y agregó que la víctima “ratifica” que “nunca hubo intercambio de nada”. Además, dijo que su cliente “es el único que no tuvo contacto con esta chica a través de la página web”.
Además de los 32 imputados, hay otras tres personas requeridas que no fueron detenidas por encontrarse fuera del país. Se estima que el número podría ampliarse, dado el volumen de material que investiga la Fiscalía de Delitos Sexuales.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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9) SEMILLAS, FEMINISMO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
La crisis alimentaria de 2007 y 2008, provocada por la alta especulación financiera, supuso el aumento de precios de los alimentos a niveles nunca antes conocidos. Los efectos se dejaron sentir especialmente en África, donde la crisis golpeó a sus pequeños productores agravando situaciones de pobreza de millones de hogares.
Las decisiones políticas posteriores siguieron la senda ya iniciada años antes por muchos gobiernos africanos que cambiaron las leyes, entregaron tierras y ofrecieron beneficios fiscales a las empresas del agronegocio para atraer inversiones. Un modelo que no solo no ha sido una solución sino que ha agotado la fertilidad del suelo, contaminado la tierra con agrotóxicos, despreciado las semillas locales, deforestado importantes áreas rurales y destruidos recursos acuíferos.
Muchas voces se han alzado en los últimos años para señalar que solo la agroecología en un marco de soberanía alimentaria puede configurar una alternativa firme que acabe con estas crisis; sin olvidar que la gran mayoría de las productoras locales en África son mujeres.
Las mujeres en Mozambique, a pesar de ser quienes producen los alimentos, no tienen los derechos sobre la tierra. Son sus maridos quienes toman las decisiones y quienes comercializan los productos y se quedan con el dinero. De ahí que muchas de ellas se estén organizando en asociaciones vinculadas a la producción de alimentos ecológicos y a la recuperación de semillas autóctonas. Estructuras que les permiten defenderse del modelo y las prácticas sociales que pretenden alejarlas del control de su trabajo en el campo.
En México, la situación de las campesinas es similar, pues el 50% de la tierra se rige por sistemas de propiedad social, ejidos o comunidades donde el núcleo de población es quien ostenta la propiedad. De gran parte del trabajo en el campo mexicano se encargan las mujeres, pero actualmente es casi imposible para ellas acceder a la titularidad de la tierra. En Chiapas defienden modelos ancestrales de cultivo como la milpa, un policultivo basado en el maíz combinado con otras hortalizas. Aseguran que, conjugando este sistema con las actuales prácticas en agroecología, podría garantizarse la seguridad alimentaria.
ANRed/ COMCOSUR MUJER Nº 655 – 24/08/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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