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ALCOHOLES, TRANSGÉNICOS Y OTRAS YERBAS

1) Radios uruguayas para uruguayos
2) Intendencia de Montevideo aplazó etiquetado de transgénicos a pedido de multinacionales
3) Vázquez recibió a representantes políticos y sociales para abordar temática
4) Ministerios de Defensa de España y Uruguay firman acuerdo
5) FA sin “información oficial” sobre integración de Uruguay al TISA, que podría eliminar los monopolios de las empresas públicas.

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2014 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 27 de Marzo de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”. — Noam Chomsky
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1) Radios uruguayas para uruguayos
Gustavo Gómez (La Diaria)
¿Redundante el título? ¿Obvio? Tal vez. Pero expresa un reclamo de los colonienses y, desde esta semana, de ciudadanos que han denunciado ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), la situación ilegal de Radio Colonia y FM Mágica de Colonia del Sacramento.
En la denuncia presentada por Daniel Lema (Asociación de la Prensa Uruguaya) y José Imaz (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Cainfo) se detalla un conjunto de irregularidades de larguísima data que se han agudizado en estas últimas semanas por las decisiones de una persona que maneja las emisoras sin que medie autorización previa del Poder Ejecutivo. Es decir, alguien no autorizado está usufructuando unas frecuencias que son patrimonio de todos los uruguayos, sin que medie una concesión del Estado. La Ursec ya estaba investigando el caso de oficio.
El Eco de Carmelo y La Nación de Argentina dieron la noticia. Daniel Hadad, empresario argentino que había vendido un conjunto de importantes medios de comunicación en Argentina hace unos años, habría decidido volver al mercado radial de su país. Y lo intenta con la compra de dos emisoras ubicadas en territorio de Uruguay que, por su ubicación y potencia, le permiten llegar sin inconvenientes a los hogares de Buenos Aires.
La denuncia no es contra el señor Hadad. Tal vez sea una excelente persona y tenga las mejores intenciones del mundo. Por supuesto, tendría que demostrar que es ciudadano uruguayo y que reside permanentemente en Uruguay, como requiere nuestra legislación a cualquier persona que quiera tener una radio. Pero eso es otra historia.
La programación está dirigida desde hace años al público argentino, y quienes figuran ante la Ursec como los titulares tampoco son los dueños reales. Argentinos, ellos. Pero Hadad llegó como elefante en un bazar, cortando contratos con programas y periodistas locales y reconociendo públicamente que es el nuevo dueño. Incluso fundamentando por qué hizo esos cambios en la programación. A confesión de parte, relevo de pruebas.
La constatada ilegalidad de los actuales titulares es muy obvia y grave, y aun más grave porque es antigua y reiterada. Dice nuestra legislación: “La comprobación de la realización de cualquier acto que permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de comunicación audiovisual estén a cargo de persona no autorizada habilitará la revocación de la autorización o licencia otorgada para prestar el servicio”. Es el artículo 109 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Más claro, échele agua.
Este caso tiene que hacernos ver que, desde la aprobación de esa ley (si es que no debería haber estado claro desde antes), quienes tienen el privilegio de acceder a una autorización para utilizar una frecuencia no la pueden ceder, alquilar, vender o transferir de cualquier manera. Como si fuera de su propiedad, tal como un auto o un mueble. Son dueños de las instalaciones de la radio, pero no de la frecuencia, pues ésta nos pertenece a nosotros, los uruguayos, y el Estado la administra en nuestro nombre.
La autorización para que una persona o empresa la utilice es previa a cualquier uso. Se trata de la concesión de un bien público, otorgada para que se utilice en determinadas condiciones técnicas, por determinadas personas y por un plazo determinado. También, volviendo a las obviedades del principio, para que sea utilizada en servicio de la población uruguaya.
Radio Colonia es una emisora uruguaya que de uruguaya tiene poco. Los protagonistas, la publicidad, las entrevistas y los hechos de los que habla son argentinos y suceden en Argentina. Pruebe en las mañanas. Esta misma mañana. Sintonice los 550 MHz de AM. Hay varios servicios online donde también se puede escuchar. Por ejemplo, en http://www.radio-colonia.com.ar/ o http://www.raddios.com/42-radio-colonia#.
Es una excelente oportunidad para que se tome una clara y ejemplarizante decisión. Nada más ni nada menos que en defensa del marco legal vigente y de la soberanía de nuestro país sobre un espectro radioeléctrico que es un patrimonio que nos corresponde proteger.
De paso, el departamento de Colonia podrá recuperar una importante emisora. Luego de concursos transparentes y públicos que la LSCA también exige, se debería otorgar a empresarios uruguayos que honren, como tantos otros, la autorización recibida. Y volver así al origen de todo esto: que los colonienses tengan acceso a radios que pasen música e información local, donde sean ellos mismos los protagonistas y se reconozcan en las noticias de las que la radio habla.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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2) Intendencia de Montevideo aplazó etiquetado de transgénicos a pedido de multinacionales
(Portal 180)
La Intendencia de Montevideo flexibilizó los plazos para la implementación de etiquetado transgénico a pedido de varias empresas de alimentos, entre ellas las internacionales Nestlé y Pepsico.
Según dijo a No toquen nada el director de Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, Nestlé y Pepsico presentaron notas pidiendo estos nuevos plazos para implementar el etiquetado. Desde el 1º de enero los alimentos que contienen más de 1% de ingredientes transgénicos deben lucir una etiqueta de una “T” sobre un triángulo amarillo para informar al consumidor del contenido transgénico del alimento. Muchas empresas argumentaron problemas para la implementación por falta de capacidad para hacer análisis y dificultades operativas.
“Les respondimos lo mismo a todos: esta norma no es específica para los alimentos que se elaboran en Uruguay sino para todos los alimentos que se comercializan en Montevideo. La respuesta fue: cuando los argumentos sean razonables se van a conceder los tiempos que se solicitan; si no lo son tendrán que adecuarse al cumplimiento de lo que exige el decreto”, dijo Anzalone.
Luego de escuchar a las empresas, Anzalone explicó que la Intendencia resolvió flexibilizar la implementación para aquellas empresas que tengan razones justificables. El director de salud de la Intendencia dijo que más allá de las dificultades operativas algunas empresas se oponen conceptualmente.
“Hay algunas empresas que nos han presentado por nota su discrepancia conceptual con el rotulado, con afirmaciones que no están dentro del texto del decreto”, explicó Anzalone. Estas empresas dicen que “la Intendencia está señalando a los productos transgénicos como peligrosos, tóxicos, riesgosos y ninguno de esos términos aparece en el decreto, pero hay algunas empresas que lo fundamental por ese lado”, agregó.
Con Uruguay son 65 países los que obligan a informar a los consumidores sobre el contenido transgénico de los alimentos. El etiquetado es obligatorio en todos los países europeos, varios asiáticos y Oceanía. En América latina obligan a etiquetar Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, y ahora Uruguay. Los cultivos transgénicos se permiten en 28 países. En Uruguay están autorizados 11 eventos de maíz y siete de soja.
Claudio Martínez, investigador del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Facultad de Ciencias, dijo que no se conoce en el país la cantidad de alimentos que son fabricados a partir de transgénicos. “Todo aquel alimento que ha sido elaborado a partir de soja y/o maíz va a ser analizado y la enorme mayoría del maíz uruguayo es transgénico y casi totalidad de la soja es transgénica, entonces vamos a poner especial énfasis en aquellos productos elaborados a partir de soja y maíz”, señaló.
“En la medida que esta línea de trabajo siga creciendo hay una línea de investigación interesante que es ver si hay algunos otros alimentos que serían ilegales directamente, que no sean maíz y soja, que se estén comercializando en Uruguay y sean transgénicos”, dijo Martínez.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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3) Vázquez recibió a representantes políticos y sociales para abordar temática del alcohol
(Montevideo Portal)
Tabaré Vázquez recibió a dirigentes políticos y de organizaciones sociales para abordar la temática del alcohol. Tras el encuentro, todos los actores valoraron la voluntad del Gobierno de trabajar en un proyecto de ley “de consenso” para luchar contra el consumo problemático de bebidas alcohólicas.
Este miércoles, el presidente Tabaré Vázquez recibió a representantes de todos los partidos políticos y actores sociales y gremiales para comenzar a abordar el proyecto de ley sobre el alcohol.
Al encuentro asistieron Germán Cardoso (Partido Colorado), Álvaro Dastugue (Partido Nacional), Daniel Radío (Partido Independiente), Julio González (Unidad Popular), Mario Menéndez (Cambadu), Richard Read (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida [FOEB]), y Luis Denis (Liga Nacional contra el Alcoholismo). Además de Vázquez, estuvieron presentes el prosecretario de la Presidencia, Andrés Roballo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani.
Luego del encuentro, los participantes destacaron la voluntad del Gobierno de lograr un proyecto de ley “de consenso” para regular el mercado del alcohol, y agendaron una nueva instancia de diálogo para el 29 de abril.
“Fue una muy favorable reunión donde el Gobierno ha planteado su clara voluntad de trabajar en un proyecto de ley consensuado que involucre a todas las partes, tanto al sistema político como a los técnicos, a las partes afectadas al tema desde el área de comercio hasta la sociedad civil”, dijo Cardoso, que explicó que, ahora, habrá una etapa de consultas con técnicos y especialistas.
Daniel Radío subrayó la “cabeza abierta” del Gobierno para encarar la problemática, y aclaró que no implica un “combate fundamentalista” al consumo. En ese sentido, señaló que la prioridad es abordar la franja que presenta un consumo problemático.
A su turno, Julio González detalló que la preocupación de Unidad Popular es que, pese a que rige la prohibición de vender alcohol a menores, la media de inicio de consumo se ubica entre los 12 y 13 años. “Eso nos preocupa y vamos a agregar insumos al subgrupo de trabajo, y el 29 de abril estaremos presentes y colaboraremos como lo harán todos los partidos políticos y las organizaciones sociales a través de crear una ley consensuada que realmente se aplique”.
Richard Read, por su parte, dijo que desde el sindicato hay “identificación” con la iniciativa, y apuntó que, pese a que desde la FOEB se trabaja desde hace tiempo con trabajadores con problemas de alcohol, es “un tema de la sociedad en su conjunto”.
“Hay un 8 % de la población que tiene un consumo problemático, pero hay un efecto de opinión pública y de sensación térmica que es real, que son los accidentes en el área del trabajo y en el tránsito. De muy buen grado vimos que Presidencia tomara este tema. Con los diagnósticos todos coincidimos, hacen faltan propuestas sobre qué hacer porque esto es un flagelo que hay que ponerle un alto”, opinó Read. Por su parte, Menéndez destacó la “disposición” de la gremial para reunirse, “para sacar una cosa en serio y cumplirlo después”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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4) Ministerios de Defensa de España y Uruguay firman acuerdo
(Caras y Caretas)
Los ministerios de Defensa de España y de Uruguay firmaron un acuerdo para la formación conjunta de oficiales de las Fuerzas Armadas, el control del ciberespacio y la colaboración en temas de Inteligencia. La actividad oficial se realizó en Montevideo entre el ministro uruguayo Eleuterio Fernández Huidobro y su par español, Pedro Morenés Eulate.
Luego de la firma del acuerdo sobre formación conjunta de oficiales, control de ciberespacio y colaboración en Inteligencia, los ministros Fernández Huidobro y Morenés Eulate brindaron una conferencia de prensa.
Morenés Eulate explicó que el pacto permite la continuación de la formación de oficiales y militares uruguayos que se lleva a cabo desde el año 1988 y dijo que Uruguay “tiene una enorme capacidad de mediación en los conflictos, un conocimiento profundo de solucionar los problemas por medio del diálogo y la comprensión. Creo que esa es una lección que el mundo debe agradecer a este país”. También aclaró que si bien ya se han formado 117 oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que se busca es “establecer jurídicamente esa relación”.
España tiene acuerdos similares con otros países de sudamérica. “La idea fundamental es que no nos sentimos ajenos a la comunidad latinoamericana. Somos parte desde el punto de vista histórico y presente. Compartimos muchas cosas”, afirmó.
Por su parte, Fernández Huidobro expresó: “Estamos en el comienzo de las reformas de las FFAA, a partir de la ley marco de defensa que se aprobara en enero de 2010 y que determinó la creación del Estado Mayor de la Defensa y la doctrina del empleo conjunto de las FFAA”. Recordó que “España realizó esa reforma a fines de la década de los 90”, y agregó que esa experiencia “nos puede servir para conocer los inconvenientes y los caminos mejores para avanzar en esa transformación”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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5) FA sin “información oficial” sobre integración de Uruguay al TISA, que podría eliminar los monopolios de las empresas públicas.
Natalia Uval (La Diaria)
“Esto viene complicado. Por el bien del país, hay que tratar de pararlo”. La frase, pronunciada por un parlamentario del Frente Amplio, sintetiza la sensación que tienen en estos momentos varios legisladores de la coalición de izquierda respecto del Tratado de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).
El nombre del tratado no le suena a nadie, y ésa es la primera complicación para abrir el tema a la discusión pública. La segunda es que las negociaciones transcurren en absoluto secreto. La primera ronda de conversaciones del TISA se produjo en marzo de 2013, convocada por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del grupo “Verdaderos amigos de los servicios”, con un fuerte impulso de la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos. La negociación se realiza al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incorpora sectores como servicios profesionales, transporte aéreo y marítimo, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios postales, compras públicas, medioambiente, energía y salud. En junio del año pasado, WikiLeaks difundió algunos contenidos de las discusiones de un acuerdo que procura liberalizar el comercio de servicios para las partes que lo suscriban; hasta el momento 24 participan de las negociaciones, entre ellos Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, la Unión Europea y Uruguay. Nuestro país pidió ingreso al acuerdo en setiembre de 2013, y participó por primera vez en la ronda de negociaciones en febrero de este año. Hasta el momento se han realizado diez rondas en Ginebra y se planificaron cuatro para 2015.
Según supo la diaria en base a fuentes del gobierno anterior, en las próximas negociaciones, que se realizarán entre el 11 y el 15 de abril, Uruguay deberá presentar sus ofertas, que tendrán que incluir compromisos específicos de acceso a mercados en los distintos sectores e incorporar la lista de excepciones de los sectores que el país busca preservar. Según un documento elaborado por un ex jerarca del gobierno de José Mujica, en el TISA se liberaliza el comercio en tres sectores sensibles para Uruguay: telecomunicaciones, compras públicas y servicios públicos. Respecto del primer sector, un borrador en discusión elaborado por Chile, Colombia y Japón establece que cada país “deberá esforzarse por permitir la participación total de extranjeros en los servicios electrónicos y de telecomunicaciones”. Otro presentado por Estados Unidos y Noruega dispone que ningún país “deberá imponer requerimientos a los joint ventures o limitar la participación del capital extranjero”, por ejemplo estableciendo límites respecto del porcentaje máximo de participación del capital extranjero en empresas que brinden servicios de telecomunicaciones.
En cuanto a las compras públicas, según el documento mencionado, el TISA propone el “acceso no discriminatorio”, y en servicios públicos, se incorporan cláusulas que “instalan dinámicas de mayor apertura al mercado, no más estatización”. Se establece por ejemplo que, una vez que un mercado se ha liberalizado, no se puede volver a nacionalizar. “TISA se dirige a compromisos más ambiciosos que los generalmente vigentes en formato TLC”, concluye el documento.
Esperando información
El PIT-CNT fue el primero en plantear públicamente su preocupación sobre el tema. Hoy pondrá sobre la mesa el asunto en la reunión que mantendrá con el presidente Tabaré Vázquez, y una semana atrás solicitó una reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa, y rechazó mediante un comunicado las negociaciones en el marco del TISA. Un mes y medio antes, el 6 de febrero, junto a la organización Redes Amigos de la Tierra, la central obrera había enviado una carta al entonces canciller Luis Almagro expresándole su preocupación. Allí sostenían que el acuerdo “afecta en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y fortalecer a nuestras empresas estatales de servicios (ya que se le tendría que dar el mismo trato a las empresas transnacionales que podrían operar en el país)”. Además, en el TISA se asumen compromisos de liberalización en todos los sectores de servicios existentes y por crearse, y se impide crear nuevas regulaciones, por ejemplo en materia financiera.
“Comparto totalmente la preocupación del PIT-CNT. Es la peor versión del TLC (Tratado de Libre Comercio) que Estados Unidos quería firmar en materia de servicios”, evaluó el diputado socialista Roberto Chiazzaro, en diálogo con la diaria. Exigió “transparentar la información” para saber “qué se está negociando”, y sostuvo que harán un pedido de informes a las actuales autoridades. “Abrir el país a una negociación sobre servicios sin tomar las precauciones del caso puede ser muy perjudicial para la economía del país. Nos preocupa también en la medida en que pueda afectar nuestro relacionamiento con el Mercosur”, indicó Chiazzaro.
El diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) advirtió que la bancada no tiene “información oficial de los avances en el tratamiento del tratado”, y que su sector está esperando que Almagro vuelva a Uruguay para reunirse con él por este tema. “Vamos a observar con mucho detenimiento los pasos a seguir. Es un tema muy importante que incumbe a la industria y a la soberanía nacional”, señaló.
El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que por el momento no hará declaraciones. “Pero después voy a hablar”, prometió.
En tanto, no está claro para los legisladores oficialistas hasta dónde Uruguay está comprometido a firmar el TISA. En julio de 2014, el entonces canciller Luis Almagro declaró a la diaria que una vez que se aceptara el ingreso de Uruguay a las negociaciones, se tomaría conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estaría “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”. Sostuvo que Uruguay podrá incluir sectores que quiera proteger “en listas de excepción” y siempre tendrá la posibilidad de no aceptar “el paquete final” y no ratificar el acuerdo. Según se recordó en una columna publicada ayer en el semanario Voces y firmada por Antonio Elías, una nota de la agencia Efe publicada en mayo de 2014 consignaba declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, en las que el jerarca sostenía que Almagro garantizó que Uruguay “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y se comprometió a “respetar los resultados de la negociación logrados por otros participantes” hasta ese momento.
La carta elaborada por el PIT-CNT y Redes sostiene que “es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aún cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales” del acuerdo. Y advierte que esto consta en “innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MARZO DE 2015
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