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¿AMENAZAS DE LA DEMOCRACIA O DEMOCRACIA DE LAS AMENAZAS?

MUMIA:

1) ¿Cuántas comunidades originarias peligran en Argentina?

2) Opiniones alternativas no se debaten en India, se silencian

3) Marruecos condena a un año de cárcel a un periodista por cubrir una manifestación

4) Kurdistán iraquí, el otro referéndum

5) Amenazas de la democracia, democracia de las amenazas

COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 837/ Miércoles 13 de septiembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) ¿Cuántas comunidades originarias peligran en Argentina?
Sebastián Ortega (Democracia Abierta)

En noviembre vence la ley de Emergencia Territorial Indígena, que frena los desalojos judiciales contra pueblos originarios y evita que las comunidades pierdan sus tierras ancestrales. Hay unas 1500 comunidades en peligro.

Cada invierno, con las primeras heladas, los pastores de la Lof Suyay Leufu del paraje Los Molles, en Mendoza, bajan de la cordillera arreando las cabras hacia los campos de veranada. La comunidad habita esas tierras desde hace varias generaciones pero no tienen título de propiedad. Un grupo de empresarios las reclama como propias. En mayo, los mapuches lograron frenar un desalojo ordenado por la Justicia amparándose en la Ley de Emergencia territorial indígena, que suspende los desalojos y establece el relevamiento territorial de más de 1500 comunidades. La norma vence el 23 de noviembre de 2017. En caso de no ser prorrogada, muchas de esas comunidades quedarían desprotegidas y muchas podrían perder las tierras en las que viven desde tiempos ancestrales.

Dos semanas atrás, el conflicto con la Lof Suyay Leufu llegó a la televisión porteña. A 22 días de la desaparición de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería a mapuches en Chubut, el conductor Eduardo Feinmann entrevistó a la empresaria Rosita Aldao, quien acusó a las familias originarias de conformar una “organización armada”. “RAM usurpó hectáreas en Malargüe”, decía el graph, mientras Feinmann acusaba a los mapuches de “terroristas” y “usurpadores”.

La ofensiva mediática pretende vincular a pueblos originarios con organizaciones armadas “extremistas” (como publicó Clarín en su portada del 28 de agosto), con acusaciones insólitas, como las que sostienen que reciben “apoyo logístico de las FARC colombianas y grupos extremistas kurdos de Turquia”. La demonización de las comunidades indígenas es la antesala de la discusión por la prórroga – o no – de la Ley de Emergencia Territorial Indígena y prepara el terreno para el avance de las fuerzas de seguridad en territorios que reclaman grandes empresarios, como el italiano Luciano Benneton y el británico Joe Lewis.

“Argentina cuenta con un marco muy bueno desde la Constitución Nacional, pero existe una inseguridad jurídica enorme en el reconocimiento del territorio legal para las comunidades indígenas”, afirma Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional. “El indígena violento que quiere ocupar media Argentina no es real. Hay un estigma y una persecución se extiende, cuestionando la legitimidad del reclamo indígena en general”, agrega.

Una ley de emergencia

La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 y daba un plazo de 4 años para relevar los territorios de pueblos originarios en todo el país. La norma fue prorrogada en 2009 y 2013: en estos once años se inició el relevamiento de 759 de las 1.532 comunidades identificadas. De esas 759, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) consideró que tenían los relevamientos “culminados” 459 comunidades. En otras palabras: se les reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública”.

Si bien la ley no contempla la titularización de las tierras, esa resolución es un paso previo imprescindible para avanzar en esa dirección. “El relevamiento es un reconocimiento del Estado de que un territorio es habitado por una comunidad. Si la ley no se prorroga, quedan expuestas a posibles desalojos”, explica Luna Miguens, coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional, el CELS y otras 15 organizaciones lanzaron una campaña para pedir al Congreso Nacional que prorrogue la Ley 26.160 hasta noviembre de 2021. “El 60 por ciento de las comunidades registradas por el INAI quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán truncada su posibilidad de ver relevado su territorio. La finalización de esta ley dejaría a las comunidades sin resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas”, sostiene un informe de Amnistía Internacional.

Vaca Muerta

La disputa entre empresarios y comunidades por las tierras se extiende a lo largo de todo el país. El territorio que la Lof mapuche Campo Maripe habita en Loma Campana, Neuquén, desde 1927, se convirtió en un botín empresarial en 2011, cuando YPF-Repsol anunció su deseo de explotar la formación petrolera Vaca Muerta. La comunidad quedó fuera del relevamiento de la ley 26.160. En julio de 2013, los mapuches ocuparon dos torres y forzaron la apertura de un canal de diálogo con YPF y el gobierno de Neuquén. La empresa se comprometió a iniciar un plan productivo para la comunidad y la provincia aceptó llevar adelante el relevamiento de las tierras. Desde la comunidad denuncian que ninguno de estos acuerdos se ha concretado.

Una noche de septiembre de 2016 una caravana de camiones vibradores, martillos de impacto y vehículos con explosivos ingresaron en el territorio. La empresa Tecpetrol, contratista de YPF-Chevron, pretendía realizar una “exploración sísmica” para conocer el potencial de recursos de esas tierras. Desde entonces, la comunidad continúa resistiendo. En junio de este año, Gendarmería se instaló en territorio mapuche con el objetivo de garantizar la libre explotación de los pozos petroleros.

La Primavera

La comunidad qom Potae Napocna Navogoh, conocida como “La Primavera”, vive en la zona de Laguna Blanca de la Provincia de Formosa. En 2014, el INAI y el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa realizaron el relevamiento en el marco de la Ley 26.160. El proceso violó el derecho a la consulta y la participación, ya que no hubo instancia de participación de la comunidad, y no tuvo en cuenta ni el croquis ni las narrativas en las que los indígenas describieron los lugares en que desarrollan sus proyectos de vida. Como resultado, la vivienda de 17 familias, entre las que se encuentra la del cacique de la comunidad, Félix Díaz, fueron excluidas del relevamiento.

En los últimos once años, la Ley de Emergencia Territorial Indígena permitió a los pueblos originarios ponerle freno a la apropiación empresarial de sus tierras y avanzar en el reconocimiento de la posesión de la tierra.

Si antes de noviembre el Congreso no prorroga la norma, más de 1.500 comunidades quedarían desprotegidas. La campaña que busca acusar a los pueblos originarios de terroristas quizás sea solo el principio de lo que está por venir.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) Opiniones alternativas no se debaten en India, se silencian
Manipadma Jena (IPS)

La intrépida defensora de la libertad de expresión, la periodista india de 55 años Gauri Lankesh, fue asesinada a balazos en la puerta de su casa en la ciudad de Bangalore. Conocida por su fuerte oposición a la derecha, Lankesh publicaba artículos audaces y explícitos contra la ideología dominante en el epónimo Gauri Lankesh Patrike, un periódico regional producido y editado por ella misma desde 2005.

El diario se distribuía por suscripción entre sus fieles lectores de aldeas alejadas en este estado de Karnataka. No tenía publicidad, fiel a la tradición de su padre, un poeta, dramaturgo y periodista socialista, quien comenzó la iniciativa. La periodista fue asesinada el 5 de este mes de tres disparos en la puerta de su casa, de los siete que le dispararon. Gauri Lankesh, quien hablaba bien inglés y kannada, una lengua regional, se describía a sí misma en Twitter como periodista y activista.

Con gran valentía expresaba sus opiniones de izquierda, pro-Dalit y en contra del fundamentalismo religioso y del sistema de castas. En su funeral, el ministro jefe de Karnataka, M Siddaramaiah, señaló: “Gauri logró acuerdos con los naxalitas (insurgencia de extrema izquierda) en Karnataka. Ayudó al diálogo y desempeñó un papel fundamental de negociadora entre el Estado y los extremistas”. Una actividad que los cuadros extremistas habrían querido frenar, recordó el hermano de Lankesh, Indrajit Lankesh.

Conocida simpatizante de los naxalitas, Lankesh era una de las pocas que podía empatizar con la pobreza, la opresión y las injusticias que llevaron a esas personas a tomar las armas en contra del gobierno. En noviembre, Lankesh fue condenada tras una demanda por difamación presentada por legisladores del Partido Popular Indio (BJP) por un artículo escrito en 2008, en el que los acusaba de tener acuerdos criminales. Pero le dieron libertad bajo fianza y estaba trabajabando en su apelación.

La mayoría de los periodistas asesinados escribían sobre política y corrupción

El asesinato de Lankesh muestra una vez más que los profesionales que cubren política y corrupción en India corren el riesgo de ser silenciados a costa de sus vidas. Más de la mitad de los 27 periodistas asesinados en el país desde 1992 escribían sobre política y corrupción, los dos temas con mayor probabilidad de provocar represalias violentas, concluyó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

India permanece en el final de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en el lugar 136 entre 180 países. Los vecinos de India están mejor, incluso el atribulado Afganistán, en el lugar 120, Pakistán, en el 139, Sri Lanka, en el 141, Bangladesh, en el 146, Nepal, en el 100, Bután, en el 84, y China, en el 176. Noruega encabeza la lista y Corea del Norte, la cierra.

“No es lo que dice, sino por qué lo dice”

Un amigo de la periodista asesinada, quien trabajaba con ella, dijo que Lankesh estaba muy “en tu cara” en su estilo de activismo progresista contra el hinduismo radical. “En mis frecuentes conversaciones con ella le decía que todo su discurso tenía que ser más sutil”, recordó su amigo. “Era muy ingenua y estaba políticamente equivocada. Era muy audaz, pero se complacía con proferir eslóganes de una forma que yo le decía que no lograría nada. Necesitaba tener una estrategia”, explicó.

“Nuestro derecho a disentir está en riesgo”, denunció la intrépida periodista. En su funeral se podían leer carteles que decían: “No es lo que dices, sino por qué lo dices”. “Por la forma en que se reprime la libertad de expresión, están por venir días duros”, había dicho Lankesh a un portal en Internet meses antes de morir en una suerte de premonición. La periodista había instalado dos circuitos cerrados de vigilancia quince días antes de su asesinato.

La policía todavía no relacionó la causa de su muerte con el contenido de lo que decía o escribía. Pero dada su lucha por la libertad de expresión y de pensamiento, grandes sectores de los medios impactados por su muerte se muestran preocupados por lo que consideran una creciente intolerancia a las voces políticas disidentes.

“La muerte de Gauri Lankesh es otro crudo recordatorio de cómo la violencia es la nueva normalidad (en India)”, resumió un veterano periodista. “Las opiniones alternativas ya no se debaten, se silencian”. La clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF) de este año también atribuye al crecimiento del nacionalismo hindú la caída de India en la lista.

“El gobierno (federal) en el poder desde hace tres años trata de prohibir el discurso ‘antinacionalista’ de la prensa india”, indicó la organización. “Los periodistas que se niegan a autocensurarse son objeto de demandas por difamación o perseguidos bajo la sección 124 A del Código Penal, que castiga la ‘sedición’ con cadena perpetua, recordó RSF.

Asesinos impunes

Cientos de periodistas son asesinados, y nueve de cada 10 casos permanecen impunes. Los casos de asesinato sin resolver en India aumentaron 24 por ciento en un solo año, concluyó el último Índice Global de Impunidad, del CPJ de 2016, que documenta los países donde los asesinatos de periodistas permanecen impunes y dónde los casos quedan sin resolver. En comparación, Siria tiene 85 por ciento de casos y Brasil, 36 por ciento.

El CPJ concluyó que en India suelen ser funcionarios gubernamentales, grupos políticos y delincuentes los que se salen con la suya en lo que respecta al asesinato de periodistas. Los profesionales de pequeñas ciudades y pueblos rurales que denuncian la corrupción, la delincuencia y escriben sobre política son los principales blancos de ataques. Y lo que es peor, India nunca respondió a la solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para conocer el estado de los expedientes judiciales de los periodistas asesinados en el país.

La impunidad es una de las mayores amenazas a la libertad de expresión. El Índice sobre Impunidad concluyó que 95 por ciento de las víctimas son periodistas locales que cubrían, principalmente, asuntos de política y corrupción. Además, en 40 por ciento de los casos, las víctimas habían denunciado amenazas antes de morir. Pero rara vez las autoridades investigan esas denuncias y solo en unos pocos casos se ofrece una protección adecuada.

Al CPJ le preocupa que solo tres por ciento de los casos de asesinatos registrados entre 2006 y 2016 fueron llevados a la justicia, incluido el procesamiento de los responsables intelectuales. Desde 2014, la Oficina Nacional de Registro de Delitos comenzó a reunir datos solo de agresiones graves contra los profesionales de los medios.

El gobierno federal o los estaduales todavía deben de actuar en torno al pedido de RSF de 2015 sobre crear un plan de seguridad nacional para los periodistas o por lo menos establecer mecanismos de alerta y documentación, que envíen un fuerte mensaje de apoyo a la libertad de expresión. El Ministerio de Información y Difusión rechazó el índice de RSF este año por considerar que tomó una muestra al azar y que no representa adecuadamente el estado de la libertad de expresión en India.

A principios de febrero, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, accedió a actuar para hacer frente a la seguridad de los periodistas, en una reunión en la que RSF y el CPJ pidieron que se nombrara un representante especial para poner fin a la impunidad y garantizar la seguridad de los profesionales.

Traducido por Verónica Firme

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Marruecos condena a un año de cárcel a un periodista por cubrir una manifestación
(Público)

El tribunal de apelación de Alhucema ha agravado su condena inicial, de tres meses. Fue detenido mientras trabajada informado de una protesta el pasado 20 de agosto, acusado de incitar a participar en una manifestación prohibida

El periodista marroquí Hamid al Mahdaui, fundador y director del sitio web badil.info, fue condenado la pasada madrugada a un año de cárcel por el Tribunal de Apelación de Alhucemas, que agravó su pena de tres meses dictada en primera instancia. Según ha relatado este martes a la agencia Efe Rachid Belali, miembro de su equipo de defensa, el juicio se prolongó durante once horas y terminó a las cinco de la madrugada.

Mahdaui, uno de los periodistas más críticos con el sistema en Marruecos, estaba acusado de incitar a participar en una protesta que había sido prohibida. El periodista fue detenido el pasado 20 de julio en Alhucemas, durante una manifestación no autorizada convocada por el movimiento rifeño conocido como Hirak, al que su sitio web había servido de altavoz.

Pero además, Mahdaui se enfrentará próximamente a otro proceso por “no denuncia de crímenes” en una conversación telefónica que tuvo con un líder rifeño exiliado en Europa, quien supuestamente le comunicó sus planes de entrar en el Rif “con tanques”. Además, el régimen de Mohamed VI tiene pendientes causas judiciales contra otros siete periodistas que fueron detenidos desde el estallido de las protestas del Rif.

Marruecos ha caído al puesto 133, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras, que lamenta un “lento pero constante deterioro de la libertad de prensa” en el país y que “las autoridades del reino cada vez ejercen mayor presión sobre los medios de comunicación para disuadirlos de tratar temas delicados como la monarquía, el islam y el Sáhara Occidental”, considerados como las líneas rojas para la libertad de información y expresión en este país.

Según RSF, los informadores se enfrentan a la censura, la vigilancia y las intimidaciones. Además, corren el riesgo de tener que pagar elevadas multas o ser encarcelados, mientras que la prensa extranjera también enfrenta dificultades y cada vez son más frecuentes las expulsiones de periodistas extranjeros, ordenadas por las autoridades marroquíes.

Juicio a los líderes de las protestas

Precisamente, este martes ha comenzado en Casablanca el proceso contra 21 líderes de las protestas rifeñas, que se ha convertido en una causa judicial de carácter político.

El juez del Tribunal de Apelación de Casablanca decidió al poco de comenzar la sesión aplazar el proceso hasta el 3 de octubre, pero la defensa alargó la sesión para reclamar la libertad provisional para los 18 jóvenes arrestados hace tres meses e imputados por graves delitos contra la seguridad del Estado.

La pasada semana, el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas condenó a 26 activistas de Hirak a penas que suman un total de 53 años de prisión firme por su participación en las protestas sociales del Rif.

El abogado Rachid Belaali explicó que esos activistas fueron condenados a entre un año y tres años de prisión firme, y a pagar multas cuyo valor llega hasta 5.000 dirham (unos 500 euros). Esas personas, la mayoría de ellas jóvenes, fueron arrestadas por su participación en una manifestación celebrada el pasado 13 de agosto en la localidad de Imzuren, 15 kilómetros al sur de Alhucemas, capital del Rif.

Belaali señaló que la defensa de los procesados ha pedido ya la apelación de esos juicios, que calificó de “crueles”. Después de siete meses de protestas, las autoridades comenzaron a finales de mayo pasado a detener a los manifestantes rifeños y actualmente hay 216 de ellos encarcelados, 47 de los cuales aguardan juicio en la prisión de Ukacha, en Casablanca, y 169 más condenados o en espera de juicio en la prisión regional de Alhucemas.

Denuncias de torturas
El pasado martes, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió al rey Mohamed VI de Marruecos que ordene investigar “con seriedad” las denuncias de torturas supuestamente perpetradas por la policía marroquí contra activistas rifeños detenidos. Pese a la detención también de la cúpula encargada de movilizar a los activistas y cuyo juicio empieza el próximo martes, las protestas sociales y la tensión continúan de forma esporádica en Alhucemas y en las poblaciones cercanas.

Los rifeños exigen, además de la liberación de los detenidos como demanda prioritaria, la construcción de una universidad y de un hospital oncológico en la provincia de Alhucemas, así como puestos de trabajo y la “desmilitarización” de la zona.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Kurdistán iraquí, el otro referéndum
Josep Daher (Viento Sur)

El próximo 25 de septiembre tendrá lugar un referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí, región autónoma del norte de Irak desde 1991 y compuesta de tres provincias.

El voto no será vinculante, pero desencadenará el proceso de independencia en caso de triunfar el Si. El gobierno central iraquí, dominado por el movimiento islamista fundamentalista chiíta Da´wa, y numerosos estados de la región, entre ellos Turquía e Irán se oponen a este escrutinio. En el terreno internacional, Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea ven con desconfianza este escrutinio.

Oposición de Bagdad

Los dirigentes iraquíes de Bagdad denuncian la celebración del referéndum como contraria a la Constitución. El gobierno iraquí se opone además a la integración en el posible futuro Kurdistán iraquí de las zonas en disputa, en particular las del norte de Irak, entre ellas la provincia multiétnica y rica en petróleo de Kirkuk, reivindicada tanto por los kurdos como por el gobierno iraquí.

Por otra parte, el Consejo Provisional de la ciudad de Kirkuk confirmó el 29 de agosto pasado la participación en el referéndum del 25 de septiembre. La decisión está lejos de ser unánime. Solo 24 de los 41 miembros del consejo participaron en la votación, mientras que los demás miembros del Consejo -todos los árabes y turcomanos- la boicotearon. Los diputados ausentes declararon la votación como inconstitucional y contraria a los derechos de los árabes y turcomanos.

Los peshmergas (combatientes kurdos) tomaron el control de Kirkuk en 2014, cuando se produjo la retirada del ejército iraquí frente a la ofensiva militar del grupo del Estado Islámico (EI) en el norte y el oeste de Irak. La intervención de los peshmergas impidió así que los campos petrolíferos cayeran en manos de los yihadistas. La región del Kurdistán iraquí cuenta con 5,5 millones de habitantes de los cuales alrededor de 4,6 millones son kurdos (7,7 millones si se incluyen los territorios en disputa).

No obstante, hay que recordar que una de las disposiciones fundamentales de la Constitución, votada en 2005, estipula que el gobierno central debía organizar, antes del 31 de diciembre de 2007, un referéndum en los territorios “en disputa” a fin de que las poblaciones concernidas pudieran libremente decidir sobre su inclusión o no en la región del Kurdistán. Las regiones pobladas mayoritariamente de árabes sunitas no han podido decidir tampoco por referéndum la posibilidad de erigir su provincia en una región federada.

Uno de los últimos lazos entre el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y Bagdad era la dotación financiera asignada a la región del Kurdistán que representa el 17 % del presupuesto iraquí, que no se entrega desde enero de 2014. El Kurdistán iraquí está afectado desde entonces por una profunda crisis financiera, pero no solo a causa de la no dotación financiera de Bagdad. La caída del precio del petróleo, la corrupción y el clientelismo explican también las dificultades económicas. La tasa de pobreza ha aumentado de forma espectacular en el seno de la población de la región autónoma, mientras que las huelgas en los servicios públicos se han multiplicado para protestar contra los retrasos de pago y/o la reducción de los salarios.

Además, la región sufre por el conflicto militar con las tropas del Estado Islámico y por el aflujo de un gran número de refugiados a causa las invasiones provocadas por el grupo yihadista.

Oposiciones regionales e internacionales

La celebración del referéndum suscita igualmente la oposición de Estados vecinos como Turquía e Irán, que temen que un proceso así se extienda como una mancha de aceite a su propia minoría kurda que sufre igualmente las políticas discriminatorias y opresivas de los regímenes de Ankara y de Teherán. Turquía, que mantiene excelentes relaciones con el GRK y la familia Barzani y es el primer inversor en el Kurdistán iraquí, ha denunciado un “terrible error” y reiterado su apoyo a la “integridad territorial de Irak”.

Estados Unidos, Rusia y los principales Estados europeos también están reticentes ante la idea de la independencia y están a favor del mantenimiento de la unidad de Irak, a pesar de las muy estrechas relaciones con el GRK, en particular en la lucha contra el EI. Estados Unidos intentó incluso disuadir a los responsables kurdos para que retrasen el referéndum. Los Estados occidentales querrían que se retrasara varios años, temiendo que el voto desencadene un nuevo conflicto con Bagdad y se transforme en otra crisis regional.

Una clase dirigente capitalista y corrupta

Los kurdos iraquíes apoyan mayoritariamente la idea de la independencia, a pesar de algunas voces discordantes que demandan el retraso del referéndum y se oponen a la dirección política del GRK dominada por el tándem del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) dirigido por Massud Barzani, el hijo de Mustafá Barzani, figura legendaria de la revuelta de los kurdos iraquíes, y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) dominada por el expresidente de Irak, Jalal Talabani. Estos dos partidos se reparten el poder desde hace un cuarto de siglo en el Kurdistán iraquí, a pesar de períodos de conflictos sangrientos entre las dos facciones kurdas que provocaron más de 3000 muertos en los años 1990.

Massud Barzani es sin embargo el hombre fuerte del Kurdistán iraquí. Él y su familia monopolizan un número importante de posiciones políticas: el primer ministro, Necirvan Barzani, es su sobrino y el canciller de la seguridad nacional, Masrur Barzani, su hijo. Massud Barzani sigue gobernando el GRK a pesar de que su mandato oficial finalizó en agosto de 2015. El sistema político en el Kurdistán iraquí fue suspendido tras un intento de reforma para pasar a un sistema parlamentario que habría diluido considerablemente los poderes de Barzani. Todas las demás instituciones elegidas democráticamente estaban congeladas o controladas por el partido el presidente “no electo”. También hay que mencionar los ataques de las fuerzas de seguridad del GRK contra periodistas, activistas y opositores críticos a sus políticas.

Asimismo, hay que condenar las históricas relaciones políticas entre el Estado de Israel y la familia Barzani. Por otra parte, en el Kurdistán iraquí, agentes del Mossad o antiguos militares israelíes entrenan discretamente a las fuerzas de seguridad kurdas. El GRK también ha vendido, estos últimos años, importantes cantidades de petróleo al Estado de Israel, a través de sociedades internacionales de negocios y sin el aval de las autoridades de Bagdad. Este petróleo transitaba por un oleoducto hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo. Turquía, aliada del gobierno kurdo de Massud Barzani, facilita este tráfico desde hace mucho. Abrió una cuenta en el banco público turco Halk para Erbil (capital del Kurdistán iraquí) y almacena el petróleo kurdo a la espera de compradores.

Conclusión

Es cierto que los dos partidos kurdos, PDK y UPK, tienen la intención de reforzar su poder político y económico y sobre todo intentar desviar la cólera popular contra su gestión neoliberal, clientelista y corrupta a través de los votos. No debería existir ninguna ilusión debería sobre el potencial emancipador de estos partidos aliados a los diferentes imperialismos internacionales y regionales, enfrentados a menudo, por otra parte, a las poblaciones y las fuerzas políticas kurdas presentes en otros países.
Sin embargo, debemos apoyar la posibilidad del pueblo kurdo de Irak de decidir sobre su futuro, incluso a la separación del Estado iraquí (en otros términos el derecho a la autodeterminación), con total independencia. Es importante sin embargo que los derechos de las minorías étnicas (árabes, turcomanos, asirios) y religiosas (cristianos, yazidís, etc…) también sean garantizados en el proceso de independencia.

El derecho a la autodeterminación para todo pueblo oprimido es un elemento fundamental para su liberación y su emancipación. Desde hace decenios, este derecho ha sido negado a las poblaciones kurdas que han sufrido la represión violenta de los Estados chauvinistas regionales y las traiciones de los diferentes Estados imperialistas. Apoyamos por tanto la autodeterminación de las clases populares kurdas en Irak a la vez que nos oponemos a la dirección burguesa y autoritaria del PDK y UPK.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) Amenazas de la democracia, democracia de las amenazas
Fernando Buen Abad Domíngue
(Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación UNLa)

Hay países enteros “secuestrados” por los monopolios mediáticos

Existe, imperfecta, una cultura de la democracia en Latinoamérica. Una cultura joven que tiene, en su forma teórica y en su forma práctica, años escasos plagados con muchas experiencias amargas. Es, dicho propiamente, la joven “democracia burguesa”. Pero ni su edad, ni su condición de clase, han sido obstáculo para que en su contra se hubieren ensayado todo genero de ataques y deformaciones producto de la avaricia, la alevosía y la obscenidad de quienes impusieron su concepto autoritario de poder disfrazado como “voluntad de la mayoría”. Democracia con avances a pesar de todo.

Aunque fueron derrotadas las “dictaduras militares”, operan hoy por adentro de las democracias (incluso las burguesas) las tendencias más anti-democráticas. Han logrado infiltrarse, con pasaporte democrático, todas las formas del engaño que encontraron ahí terreno fértil para su irresponsabilidad premeditada. Nada hay qué los obligue a cumplir lo que prometen, nada hay que les limite el exhibirse impúdicamente con sus prontuarios delincuenciales más aberrantes. Nada hay que garantice su lugar al mérito por servir probadamente en la solución de los problemas sociales concretos y, por eso, cualquier “inútil”, sin base social ni electoral, puede llegar a las cumbres de la “fama” inflada con artificios de propaganda. ¿Qué democracia es esa que se sustenta en amenazas contra los pueblos? Hay golpes de estado vestidos de “democráticos”.

Contra la democracia la “novedad” es una “quinta columna” mass media que afinó métodos y tecnologías para taladrar los núcleos más profundos de la voluntad y operar desde ahí con dispositivos de guerra psicológica capaces de obligar a las víctimas del capitalismo-neoliberal a votar por sus verdugos. Parte de su mejor conquista es convencernos de que no existen y, si se los descubre, mostrar sus camuflajes de “entretenimiento” para hacernos creer que son inocuos, superfluos, divertidos e indispensables. ¿Qué democracia es esa que no sanciona a los traidores del pueblo?

Operan como una forma mutante de la farándula. Acuden a todos los recursos atesorados por el “show bussines” y juegan con ese tipo de “fama” que crea predilecciones -espejismo- más por las fachadas que por las ideas políticas. Crean la política de la anti-política. Política del des-entendimiento, la indiferencia, la abulia y el abandono de toda responsabilidad social a cambio de designar, de la manera más aséptica posible, un “representante” de “buena apariencia” que haga el trabajo sucio necesario para no perder beneficios. Incluso si todo eso no importa, se ignora y aburre. Chantaje de urnas.

Operan en la semántica idealista de la felicidad y del cambio. Parlotean sobre la “honestidad” y de la “abundancia” como cuentas de vidrio a cambio de votos. Engañan de manera profesional e impune. Prometen lo mejor del “bien” amorfo y van por el mundo como paladines del “trabajo eficiente” vendiendo planes de “reforma” (reformismo), “ahorro” (ajuste), “productividad” (reforma laboral) y “educación” como panacea mitológica para conjurar todos los males de todos los tiempos. Eso relatado con televisoras, diarios, radiodifusoras, cines, muros, volantes y “actos públicos”. Dicen que no les gusta la “confrontación”, que “ya basta de peleas” entre políticos, que todo lo pasado ya pasó y que el único futuro son ellos.

Operan en los tuétanos de una democracia porosa y poco rigurosa, pensada para no ser manejada directamente y autónomamente por los pueblos. Una democracia burguesa saturada de dinero lavado con intereses sucios, de lideres sospechosos y de ausencia de pueblo. Hay que ver las cifras del ausentismo. Una democracia que sólo se representa ceremonialmente como trance circense que lo “cambia todo para que nada cambie”. Le llaman “alternancia” pero son los mismos. Siempre los mismos. ¿Qué democracia es esa que se intercambia por bolsas de comida y materiales de construcción?

Con excepciones honrosas es una democracia joven pero esclerotizada para obturar el paso de cualquier liderazgo distinto al de los intereses burgueses o distinto al de los intereses de sectas. Principalmente de las sectas mediáticas. Si los pueblos viven bajo amenazas explícitas o implícitas; si la extorsión -directa o indirecta- es preámbulo o acompañamiento de la vida diaria; si para emitir sufragios se ha de sufrir todo tipo de ignorancia, desinformación, engaños, demagogias y falacias; si hay acoso, presiones o compra-venta de votos. Si hay cataratas de promesas incumplidas -e incumplibles- a costos de campañas políticas ingentes… El costo promedio de los votos es una pachanga presupuestal sin freno. ¿Qué democracia es esa? En ese paisaje todo logro político desde las bases tiene siempre un valor -y esfuerzo- histórico doble.

Si la vida y la experiencia política depende casi exclusivamente de lo que se dice y se exhibe en los “medios de comunicación”; si los políticos son personajes efímeros que sólo son vistos en la publicidad del partido en las entrevistas cómodas pagadas para lucirse; si el contacto con la realidad es falsificado con escenarios aparentemente reales y actores contratados como decorado; si la dirección de imagen, moda y pose es más importante que la dirección política de un programa social consensuado… ¿en qué clasificación de la Democracia inscribimos éste repertorio? Jolgorio de publicistas.

El informe MacBride de 1980 advirtió que el proceso de concentración monopólico de “medios de comunicación” constituía una amenaza a las democracias. La profecía, entonces diagnóstico, se cumplió. Estamos hoy ante un fenómeno viejo en su presencia pero renovado en sus consecuencias que se mueve con toda libertad en el corazón de las democracias burguesas y exige un debate hondo basado en una Semiótica emancipadora que deje ver los estragos y los alcances de un fenómeno que recién comienza su fase actual de exterminio de las democracias con discursos “democráticos”.

Para poder encontrar respiro hay que frenar la injerencia de lo peor contra los pueblos. Hay que identificar y neutralizar los laboratorios de guerra psicológica que se camuflan como agencias propaganda política. Hay que explicar el nexo entre los monopolios mass media y los candidatos burguesía, especialmente sus nexos serviles. Hay que desmontar el arsenal de armas de guerra ideológica que operan día y noche esparciendo los anti-valores del establishment. Y, sobre todo, hay que democratizar la democracia sin los vicios burgueses que la infectan. Mejorar la organización de los trabajadores. Garantizar el poder del pueblo para los pueblos, que gobierne la voluntad popular. Democratizar las herramientas de comunicación, democratizar la producción simbólica y la cultura. En suma, hacer todo lo posible -y más- para sacudirnos el fardo de falacias e hipocresía de un sistema de representación que debe fenecer en manos de un sistema nuevo de participación amplio, de base, confiable y transformador dispuesto a perfeccionarse desde la praxis y desde la autocritica, científica y permanente. Nada menos.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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