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VOLVEMOS EL 1º DE MARZO

NOS TOMAMOS DOS MESES DE VACACIONES Y VOLVEMOS EL 1º DE MARZO
(no el 1º de abril como escribió el duende de la computadora en nuestro aviso de ayer)

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RECESO VERANIEGO

ESPECIAL VERANO

ESTIMADOS AMIGOS:

 

 

EL EQUIPO DE COMCOSUR SE TOMARÁ UN DESCANSO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. RETOMAREMOS EL CONTACTO CON USTEDES EL 1º DE MARZO.

MUCHAS GRACIAS Y BUEN AÑO

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DOCENTES UNIVERSITARIOS CONTRA LA LEY DE RIEGO

ALDIA2158

1) Familiares cuestionó mensaje navideño de Manini Ríos

2) El Ejército sigue sin devolver la casa de Elena Quinteros

3) Tribunal de Apelaciones rechazó prescripción de la muerte de Eduardo Mondello

4) Docentes de la UdelaR contra la Ley de Riego

5) Tren de pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos se reactivará en 2018


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2158 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 29 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Familiares cuestionó mensaje navideño de Manini Ríos
(La Diaria)

La Organización Madres y Familires de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos cuestionó duramente al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por su mensaje navideño que dio a conocer a través de las redes sociales.

Elena Zaffaroni, integrante de esta organización, dijo a radio Uruguay que las alusiones de Manini Ríos referentes a la navidad serían violatorias de la laicidad. “Las instituciones del Estado no pueden hacer alusión a religión alguno. Pero así como hace esa alusión a cristo no es capaz de entregar la información sobre los que torturaron y mataron”, declaró. En un fragmento de su video, Manini Ríos pide “que tengan presentes creyentes y no creyentes el verdadero significado de estas fiestas: el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz, y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad”.

En otra parte del mensaje, Manini Ríos sostuvo que es consciente de que se viven “tiempos difíciles”: “a los que los obstáculos naturales que normalmente se presentan en el cumplimiento de la misión, debemos sumar la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos que buscan afectar nuestro espíritu y la unidad de la institución, pero también somos conscientes de que en ese espíritu militar y en nuestra unidad radica nuestra principal fortaleza”.

Según Zaffaroni, el mensaje fue “muy grave”, aunque dijo que Familiares no se sintió aludido con estas declaraciones del comandante en Jefe. “Supongo que está dirigido a los políticos porque el mayor interés para esta oficialidad es no perder los privilegios que tienen, las llamadas misiones de paz y las jubilaciones”, interpretó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) El Ejército sigue sin devolver la casa de Elena Quinteros

El Observatorio Luz Ibarburu presentó el 26 de diciembre un pedido de acceso a la información en función de la ley 18.381, para acceder al expediente de ese Ministerio, por el cual se adjudicó a la División del Ejército I el inmueble donde vivía Elena Quinteros al momento de su secuestro, conforme el decreto- ley 14.373, que preveía incautar los bienes de “organizaciones subversivas” -luego derogado en democracia-. Surge de un informe de la Dirección General de Registro, que esa incautación fue dispuesta por un Juzgado Militar en diciembre de 1979. También se solicitaron todos los elementos que prueben la razón de esa adjudicación al Ejército y la documentación referida al destino posterior del inmueble.

Según fue dado a conocer en su momento por el Semanario Brecha, el apartamento continúa siendo propiedad del Ejército y es utilizado hasta la actualidad para alojar personal de servicio. brecha.com.uy/vivienda-de-servicio/

El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) patrocina la causa IUE 87-139/2015 del Juzgado Penal de 22º Turno, donde se investiga la desaparición forzada de Elena Quinteros, ocurrida en junio de 1976 y entiende que la información solicitada en esta petición podría aportar datos útiles para ese expediente judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en sus fallos la importancia de dar a conocer la verdad con fundamento en el derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información. También se afirmó que se debe romper con la cultura propia de los regímenes autoritarios donde prima el secreto sobre la gestión pública, para ofrecer verdaderas garantías de no repetición a una sociedad con un pasado de graves violaciones a los DDHH.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) Tribunal de Apelaciones rechazó la prescripción de la muerte de Eduardo Mondello en Laguna del Sauce en 1976
(La Diaria)

Una sentencia de setiembre de este año del Tribunal de Apelaciones de 1º Turno rechazó la apelación de los abogados defensores de nueve militares indagados por la muerte de Eduardo Mondello Techera, que argumentaba que dicho delito había prescripto. Dichos militares cumplían funciones en el Batallón de Ingenieros 4, en la zona de Laguna del Sauce, en Maldonado, y sobre ellos no pesa ningún procesamiento.

Eduardo Mondello era un fotógrafo integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, casado y con dos hijos. Había estado detenido entre 1972 y 1973, y el 6 de marzo de 1976, en la madrugada, fue nuevamente detenido en su casa y recluido en el Batallón. Tres días después de su detención fue trasladado al Hospital Marítimo de Maldonado y murió en la puerta de emergencia. El juez de turno convocó al médico Moisés Salgado Moreira para que realizara la autopsia; este llegó al hospital trasladado en un jeep del Batallón de Ingenieros Nº 4 y fue conducido a la morgue, donde además del cuerpo de Mondello estaban el médico militar José Luis Braga, un teniente y seis soldados armados. Salgado contó que cuando pidió instrumental para realizar la autopsia “el teniente quiso impedirlo, diciéndome que sólo tenía que constatar la muerte y firmar el certificado. Yo le dije que tenía una orden del juez de realizar autopsia y que eso debía hacer. El doctor Braga habló con el teniente y este accedió de mala gana, pero haciendo pasar a los soldados hacia la parte de atrás de la mesa de autopsias, y tuve que realizar la autopsia en presencia del teniente, los seis soldados y el doctor Braga. Recuerdo aún que el cadáver ya estaba quedando rígido y frío, por lo que tenía de cuatro a seis horas de muerto”. La autopsia consignó que el cuerpo de Mondello tenía más de 200 erosiones, equimosis, heridas superficiales y un gran hematoma pectoral, producto de las torturas a las que fue sometido, y que la muerte se produjo por un paro cardíaco causado por la aplicación de submarino seco o húmedo.

Argumentos

Los abogados de los militares habían solicitado la suspensión del proceso, la clausura y el archivo de las actuaciones, considerando que había operado la prescripción de los delitos por los que eran indagados, pero dichas solicitudes fueron rechazadas en febrero de 2016 por la jueza Beatriz Larrieu y en marzo de este año por Adriana de los Santos. Las defensas apelaron la decisión. La sentencia del tribunal –integrado por los jueces Sergio Torres Collazo, Alberto Reyes y Graciela Gatti–, redactada por esta última, fue aprobada por unanimidad y confirma el rechazo de la suspensión, clausura y archivo de las actuaciones.

En primer lugar el tribunal afirma que “está fuera de debate y es criterio consolidado de la materia, que para la eventual prescripción de cualquier delito que pudiere corresponder, no sería computable el período de facto”, e incluso asegura que tras la aprobación de la Ley 18.596 se entiende que no debería computarse el período previo, desde 1968. Recuerda, en segundo lugar, que los delitos o crímenes de lesa humanidad están excluidos de la prescripción penal ordinaria a partir de la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

En tercer lugar, cita sentencias anteriores que ya consideraron que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) “fue efectiva e ilegítimamente un obstáculo a la persecución criminal en casos” como el de Mondello, y reafirma que “es hecho notorio que luego de reinstalada la Democracia (1985) la Ley de Caducidad, en efecto, constituyó un impedimento (inconstitucional, ilegítimo) para la persecución de los delitos que recién (y no sin dificultades) pudieron ser investigados décadas después de la época de comisión”, y cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman. “Cuestionar que la Ley N° 15.848 obstaculizó en mayor o menor medida, por décadas, ilegítimamente, al arbitrio del Poder Ejecutivo, la averiguación judicial de los delitos cometidos durante la dictadura y su enjuiciamiento, es desconocer un antecedente necesario nacional (Sabalsagaray) e internacional (Gelman)”. “Este Colegiado no encuentra argumento alguno de peso para dejar de revalidar lo dicho ya tantas veces, al desestimar impugnaciones semejantes”, concluye el tribunal.

Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, estimó que la defensa de los militares recurrirá a casación contra esta sentencia, pero arriesga que sería rechazada, ya que esta causa fue efectivamente comprendida bajo la ley de caducidad. Los militares indagados también están involucrados en otras causas, particularmente en la que investiga la desaparición y muerte de Horacio Gelós Bonilla, también recluido en el Batallón de Ingenieros Nº 4, de Laguna del Sauce.

Una vez que se dilucide la actitud de la defensa de los militares indagados, Olivera apuntó que la causa entrará en un “agujero negro”, ya que a partir del nuevo Código del Proceso Penal, los casos vinculados a las violaciones a los derechos humanos se radicaron en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que todavía no tiene un fiscal a cargo. Olivera recordó que desde el Observatorio Luz Ibarburu cuestionan la creación de la fiscalía: “Si bien tiene una buena intención, que es centralizar las causas de derechos humanos, con una sola fiscalía a cargo vas al muere. Una sola fiscalía para todos los casos y todo el territorio es insuficiente; es un embudo nuevo que se crea”, afirmó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) Docentes de la UdelaR contra la Ley de Riego
(La República)

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) emitió una declaración donde manifiesta su «profundo malestar» ante declaraciones de autoridades del gobierno que descalificaron a investigadores de la Udelar por su preocupación sobre las consecuencias ambientales de la Ley de Riego.

Durante el proceso de discusión parlamentaria de la Ley de Riego, docentes de la Udelar hicieron pública su opinión técnica a través de dos documentos: uno firmado por docentes de la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias (que fue enviado al MGAP y MVOTMA por parte del Consejo de Facultad de Ciencias meses antes de la aprobación de las modificaciones a la Ley) y otro elaborado por un colectivo de docentes de varias disciplinas del CURE, que fue publicado en los días posteriores a la aprobación parlamentaria y que pretende aportar elementos para la discusión sobre los impactos en varios ejes (ej. salud, patrimonio cultural, legislación) de la implementación de la ley. Ambos documentos hacen señalamientos técnicos respecto al impacto que podría tener la aplicación de la nueva normativa, principalmente sobre los ecosistemas de agua dulce.

Asimismo, simultáneamente con el segundo documento se publicó una carta abierta dirigida al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Ag. Tabaré Aguerre, firmada por 28 investigadores con nivel de posgrado vinculados al CURE, Facultad de Ciencias y el IIBCE (prácticamente todos los profesionales en el área ecología acuática con los que cuenta el país), señalando serios errores técnicos en la justificación ambiental de estas modificaciones. Estas notas tuvieron gran repercusión en la prensa.

La primera reacción por parte de jerarcas de gobierno provino de la Ing. Agrónoma Mariana Hill (directora de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP), quien lejos de aportar argumentos técnicos o incluso políticos, recurrió al descrédito, acusando a los firmantes de defender una posición “muy de derecha, muy conservadora”, así como también de pertenecer a la “elite de Facultad de Ciencias”.

Han seguido diversas notas en medios de prensa escrita y radial, así como en redes sociales, por parte de integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, así como por actores relevantes vinculados al agronegocio, reforzando el cuestionamiento a la integridad profesional de los firmantes y plantando la idea de motivaciones ideológicas y no técnicas detrás de los planteos realizados.

Como académicos involucrados con la realidad del país, promovemos el debate público, abierto y franco. Sin embargo, nos preocupa fuertemente el destrato que han recibido integrantes de nuestra asociación por parte de autoridades del MGAP, de integrantes del Poder Legislativo y actores vinculados al agro-negocio, cuestionando su integridad profesional, denigrando su opinión y utilizando la descalificación como herramienta.

Con mucha preocupación notamos que cada vez es más frecuente la deslegitimación a la academia y a investigadores de la UdelaR en particular, cuando en cumplimiento del Artículo 2 de la Ley Orgánica éstos manifiestan preocupación y hacen aportes sobre aspectos de gran relevancia para el presente y futuro del país.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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5) Tren de pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos se reactivará en 2018
(180)

AFE informó que a principios de 2018 quedará reactivada la línea de tren para pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos, tras superar de forma satisfactoria un viaje de reconocimiento, según publicó el portal de Presidencia.

Los trenes que unirán a la Estación Central de Montevideo con la estación Sudriers de Empalme Olmos transportarán a 70 personas cada uno -pudiendo combinarse y llevar a 200 por viaje-, tendrán aire acondicionado, conexión a internet y baños, informó el portal de Presidencia. Cada tren tuvo un costo aproximado de 40.000 dólares. Además, están finalizando negociaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que pueda utilizarse la tarjeta STM a la hora de pagar el boleto.

“Lo veníamos preparando hace mucho tiempo, incorporando los vehículos nuevos hace unos meses. Con este viaje de reconocimiento de la vía, se vieron las infraestructuras, estaciones y paradas; y dentro de muy pocos días vamos a hacer el lanzamiento. Estamos pensando en un par de turnos en la mañana y en la tarde, que era lo que se hacía en los años anteriores a que dejara de funcionar. La gente de Sudriers lo venía esperando desde hace mucho tiempo, al igual que muchos uruguayos están enamorados del tren y lo estaban deseando”, dijo a Presidencia el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez.

El jerarca agregó que ya se lanzó una licitación para reacondicionar la línea Empalme Olmos-Minas, con una inversión de 25 millones de dólares. También están en marcha licitaciones para las líneas Rivera-Pintado y Paso de los Toros-Montevideo, mientras que ya se adjudicó el llamado para Salto-Paysandú.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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DESAFÍOS Y LÍMITES DE LA DERECHA SUDAMERICANA

MUMIA852

1) Cuando la elite llega al gobierno: desafíos y límites de la derecha sudamericana

3) El vergonzoso indulto a Alberto Fujimori

3) Honduras, el país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia

4) Oscar López Rivera: En Estados Unidos “el preso es una mercancía”

5) “¿Y la justicia?”, la pregunta permanente del Sáhara ocupado por Marruecos

COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 852/ Miércoles 27 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) Cuando la elite llega al gobierno: desafíos y límites de la derecha sudamericana
Federico Vázquez (Le Monde Diplomatique)

Luego del ciclo progresista, América Latina está cambiando de orientación. La reforma laboral, la contracción del mercado de consumo y el ajuste estatal bajo la pauta de una supuesta modernización son las marcas de estos nuevos gobiernos.

Mauricio Macri, Michel Temer, Pedro Pablo Kuczynski, Horacio Cartes y Sebastián Piñera están cambiando abruptamente el color político de América Latina. ¿Qué tipo de gobiernos están llevando adelante? ¿Hay una nueva economía bajo el sol, un nuevo pacto social con sus electorados? ¿Se los puede pensar con una sintonía equivalente a la que alcanzaron en la década pasada Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula Da Silva, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner? ¿Tsunami, oleada o marea pasajera?

Tan distintos

En primer lugar, una anotación necesaria. En el caso de Brasil, cuyo peso específico es superior a la suma de todos los demás países de la región analizados, la derecha conquistó el gobierno sin pasar por las urnas. Fueron los diputados y senadores quienes decidieron reemplazar a Dilma Rousseff por Temer. Si se trató o no de un golpe de Estado es a esta altura menos importante que advertir que ese acceso por la ventana puede ser parte de una “excepcionalidad permanente”, la cual tendría un segundo y letal capítulo si el Poder Judicial le prohíbe a Lula competir en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

En el resto de los países la derecha llegó al gobierno mediante elecciones limpias, legitimada por el voto popular, algo que ya había ocurrido desde mediados de los 80 en buena parte de la región y desde principios de los 90 en Chile. Lo que sí aparece como novedad son las biografías de estos nuevos líderes. El anterior ciclo neoliberal estuvo protagonizado por referentes salidos de la academia (Fernando Henrique Cardoso), de partidos populares (Carlos Menem) o aventureros improvisados (Alberto Fujimori). Pero esta vez surgen de un mismo molde. No alcanza con decir que Macri, Kuczynski, Cartes y Piñera provienen de los sectores más privilegiados de sus respectivas sociedades. Son, más específicamente, miembros de una pequeñísima elite, a la que a lo sumo pertenecen una docena de personas en cada uno de los países.

Macri lleva uno de los apellidos más emblemáticos del empresariado local. Algo parecido pasa con Piñera: según la revista Forbes, cuando inició su primera presidencia en 2010 su fortuna personal ascendía a unos 2.000 millones de dólares, incluyendo entre sus propiedades a Lan Chile, la tercera empresa privada más importante del país sin contar el sector minero.

Kuczynski no amasó grandes fortunas ni las heredó, pero su biografía no es menos elitista: hijo de un alemán y una francesa, vivió poco tiempo en Perú y se educó en distintas escuelas europeas. Además de su título como economista en Oxford, entre sus destrezas figura ser concertista de piano y flauta traversa, instrumentos que cultivó en el Royal College of Music de Londres. Cuando volvió a Perú ya llevaba años trabajando como funcionario del Banco Mundial.

Una versión menos glamorosa pero igualmente privilegiada es la de Cartes, presidente paraguayo desde agosto de 2013. Supo estudiar cuestiones ligadas a la aviación en Estados Unidos y, ya como empresario, fue acusado de estafa al Banco Central. Su fortuna lo ubica como uno de los principales millonarios de Paraguay.

Distinto es el caso de Temer, abogado de la Universidad de San Pablo que ascendió bajo el clásico formato de político de carrera brasileño. Pero Temer no es un líder emergente sino más bien el mascarón de proa de un accidente. Sin proyección política futura y totalmente desprovisto de apoyo social, parece ser el punto de unión coyuntural de los intereses de la elite brasileña antes que su representante a futuro.

Durante el ciclo de gobiernos progresistas circulaba la idea de que aquellos presidentes se parecían a las sociedades que gobernaban. El metalúrgico Lula, el militar de origen humilde Chávez Frías, el cura Fernando Lugo, el indígena y cultivador de coca Evo Morales… hasta los millonarios Kirchner tenían una biografía emparentada con la de las amplias clases medias argentinas, ajena a los símbolos culturales de la elite.

En contraste, los presidentes actuales muestran un pedigree homogéneo que los aleja de la experiencia cotidiana de sus compatriotas y votantes. Si esto resultará un problema para vincularse con sus gobernados se verá con el tiempo. Por ahora puede decirse que no fue un obstáculo para que fueran elegidos.

Las agendas

Si hay un hilo conductor entre las agendas de estos gobiernos es el intento por llevar adelante reformas vinculadas a la modernización, expresiones que aparecen repetidas en los discursos presidenciales y a la hora de justificar ciertas políticas, aunque detrás del arbusto conceptual se escondan deseos más bien primarios como la reforma laboral, el recorte del gasto o la tendencia a tomar deuda como un yonki.

Por su profundidad y regresión histórica, la reforma laboral brasilera es la expresión más dura de ese afán reformista. Prácticamente todos los artículos de la ley van en la dirección de aumentar el margen de negociación empresaria y disminuir el de los trabajadores y sindicatos: acuerdos a nivel de empresa por debajo de lo que estipula la ley, doce horas de trabajo continuo, posibilidad de fraccionar las vacaciones en tres períodos y hasta reducir el almuerzo a 30 minutos. Pero además la ley afecta directamente el poder de los gremios: la contribución sindical, un descuento anual automático sobre el salario del trabajador, se convierte en optativa.

El caso argentino –todavía en fase legislativa– es más críptico. Las organizaciones sindicales parecen haber logrado morigerar los artículos más ofensivos al derecho laboral, aunque la dirección del proyecto mantiene sus rasgos flexibilizadores: permite renunciar a derechos adquiridos, las pasantías pasan a ser “prácticas formativas” y propicia un blanqueo sin costo para las empresas.

Kuczynski, aunque presionado por un Congreso dominado por el fujimorismo y enfrentado a las centrales sindicales, promueve un proyecto para facilitar la contratación de empleados jóvenes por el cual el Estado se hace cargo del seguro social de salud, equivalente al 9% del salario. Piñera, aunque Chile cuenta ya con una débil legislación obrera y una presencia sindical mínima, propone flexibilizar todavía más las condiciones: se podrá trabajar hasta 45 horas en cuatro días de la semana, a razón de 11 horas y 15 minutos por jornada.

En agosto de este año, el ministro de Trabajo de Paraguay, Guillermo Sosa, dejó en claro por qué su país no necesita una reforma laboral: “Nosotros lo que tenemos es un mayor grado de competitividad porque les facilitamos la vida a las empresas con una estructura muy simplificada en lo que hace a las cuestiones empresariales y en lo que apunta a las cuestiones laborales” (1). Algo que confirma un estudio elaborado por Naciones Unidas con título medieval, “Trabajo forzoso y servidumbre por deudas”, que, entre otros datos, sostiene que la informalidad laboral en Paraguay asciende al 70% a pesar de una tasa de desempleo relativamente baja (7%).

Los gobiernos y proyectos de derecha en la región tienen una matriz excluyente en términos sociales. Salvo una mirada complaciente, es muy difícil ver algún atisbo de ampliación de derechos o una mejora social. Las agendas presidenciales expresan retrocesos en leyes laborales y recortes en salud, jubilaciones, investigación científica y educación superior. Lo que sorprende es que tampoco se advierte hacia dónde va la economía. ¿Cuál es el horizonte productivo que vendría después de los “ajustes necesarios”? ¿Qué fuerzas económicas se desplegarán una vez liberadas de los yugos impositivos, sindicales y legales?

Mercado grande / mercado chico

El mayor quiebre que produjeron los gobiernos progresistas en la década del 2000 fue hacer funcionar al mercado. Economías deprimidas o en crisis se volvieron dinámicas. El crecimiento vino acompañado de un aumento del empleo y la capacidad de consumo. En los casos de Brasil y Argentina, ese cambio se hizo sin nacionalizaciones masivas ni reformas constitucionales. Es decir, dentro de una lógica no sólo capitalista sino de libre mercado y moderación política. Las gestiones progresistas incluyeron en la ecuación económica a nuevos trabajadores-consumidores, formales e informales, e incluso a desocupados estructurales, como parte de una expansión que también fortaleció a pequeñas, medianas y grandes empresas.

Las batallas culturales y un discurso más estatista fueron secundarios; no sólo en importancia sino en términos cronológicos. Los gobiernos progresistas, antes que nada, hicieron arrancar un oxidado motor productivo que durante las décadas anteriores parecía condenado a la “inviabilidad”. Sorpresivamente, los actuales gobiernos parecen dispuestos a ejercer el poder estatal para reducir la capacidad de expansión de esos mercados. En Brasil, por ejemplo, Temer sancionó una ley que congela el gasto público por 20 años (se prevé un ajuste sólo por la inflación del año anterior), lo que condena a la economía a funcionar con la misma inversión pública en un país con una tasa de crecimiento vegetativo en torno al 1% anual, sin margen para intentar políticas contracíclicas de inversión o gasto frente a circunstancias coyunturales (un aumento de la desocupación que necesite una asistencia rápida, por ejemplo). En Argentina, el aumento sistemático de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles también contrae el consumo a la vez que mantiene tasas altas de la inflación, que alimentan la contracción.

¿Hay una economía más allá de estos ajustes? Recordemos que en los años 90 la estabilidad monetaria y el acceso a nuevas pautas de consumo en el marco de una creciente inserción en los procesos de globalización funcionaron como dinamizadores de la economía a pesar de los ajustes al Estado. ¿Cuál es el 1 a 1, el nuevo shopping de la derecha?

Tal vez sea esa carencia la que les imprime a los actuales gobiernos una impronta tan ideológica. Los cambios y transformaciones que llevan adelante se basan más en un supuesto “deber ser” que en explicaciones fácticas que se desprendan de necesidades palpables. El aumento de los servicios públicos se justifica en la necesidad de que “se pague lo que vale”, como suele decir el ministro de Energía argentino Juan José Aranguren. Lo mismo plantea Piñera cuando dice que piensa volver atrás con la reforma educativa de Bachelet, que había prohibido el cobro de los copagos (aranceles) en las escuelas, con el argumento moral de que “cuando un padre hace un aporte a la educación de sus hijos, aunque sea muy modesto, ese padre tiene una actitud de mayor involucramiento” (2). Otro tanto pasa en el gobierno de Temer, que invirtió buena parte de sus energías en pasar el pente fino (peine fino) sobre el seguro de salud, los programas de asistencia social o el Bolsa Familia en busca de micro-estafas.

El gradualismo excede las fronteras argentinas. Pero suele resaltarse el aspecto moderado del término y no el sentido de algo que continúa y se desarrolla en el tiempo, ad infinitum, lo que puede convertirlo en un objetivo en sí mismo. Una moral. Volvemos a lo mismo: ¿cuál es la economía de estos gobiernos?

El fantasma

Los gobiernos de derecha están optando por la toma compulsiva de deuda, recurso al que pueden recurrir en la medida en que el ciclo anterior no tuvo como política central contraer préstamos externos como mecanismo de financiamiento. En el caso de Brasil, la deuda pública podría llegar al 80% del PIB durante 2018: un salto brusco, de más de 20%, en sólo tres años. Argentina, aunque gracias a los bajísimos niveles heredados todavía está lejos de esa marca, bate el récord mundial de ritmo de colocación de deuda para un país emergente. Un cambio de política de la Reserva Federal que aumente la tasa de interés podría poner patas para arriba estos esquemas de endeudamiento, en un escenario no sólo de deudas imposibles sino de mercados internos deprimidos y con Estados sin capacidad de respuesta.

Un auge exportador tampoco es esperable porque ni siquiera se lo busca. Brasil canceló las líneas que Lula había construido con nuevos mercados, como el africano, en tanto que Argentina, cuyas exportaciones se mantienen en los mismos niveles a pesar de la devaluación, perdió interés en los vínculos no occidentales, como advirtió Macri en su primera gira internacional. En una mirada general, el gesto geopolítico frente a Estados Unidos que indujo un coma profundo en la Unasur y la Celac y un regreso de la centralidad de la OEA no redundó, en tiempos de Trump, en una mayor coordinación económica o comercial.

Pero ocurre que Europa tampoco está pasando por una situación económica y política pujante. En este marco, si finalmente se firma el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, impulsado por los gobiernos de Macri y Temer, se corre el riesgo de que los países del bloque se conviertan en un depósito al que arrojar una producción industrial europea de calidad pero a la que hoy nadie le abre las puertas, a lo que se suman cláusulas desventajosas en materia de inversión, patentes y compras estatales. Una arquitectura asimétrica con una región que supo ser el centro del capitalismo mundial… en el siglo XIX.

1. “Paraguay facilita la vida a empresas en cuestiones laborales”, 30-8-17, Agencia Sputnik.
2. Sebastián Piñera, 12-11-17 en el programa de televisión “Tolerancia Cero”.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) El vergonzoso indulto a Alberto Fujimori
Oscar Ugarteche (Alai)

El espejo peruano ha terminado por reflejar que la corrupción política y desintegración nacional ha llegado a su máxima expresión. Después de hacer un esfuerzo por no vacar a un presidente que ganó “por un pelo”, y haberlo rescatado por “otro pelo” con el retiro de 10 votos de la izquierda, se ha sabido que en realidad había una maquina en marcha al menos desde octubre del 2017 para liberar a Fujimori. Es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa maquinaria. Pedro Francke ha circulado un texto dando precisiones procesales y el Ministerio de Justicia, donde el Ministro es el Fujimorista Enrique Mendoza, negó el 22 de diciembre la existencia del informe de la junta médica que estaba circulando en las redes.

Mientras Mercedes Araoz salió a la prensa a decir, el mismo 21 de diciembre, que en el gobierno de PPK “los indultos no se negocian”. Lo cierto es que bajo el premierato de Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo. Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el congreso, y el cambio de gabinete se entendió que iba en esa dirección.

El ministro de Justicia Enrique Mendoza, asumió el cargo el 11 de setiembre y entonces se dijo que eso era para liberar a Fujimori. Se escribió entonces que “Una de las razones por las que la designación de Enrique Mendoza ha sido cuestionada es porque algunos especulan que el reemplazo de Marisol Pérez Tello se debe a la oposición de la ex ministra de Justicia a un eventual indulto a Alberto Fujimori.

Según Pérez Tello, al expresidente peruano no le correspondería un indulto común ya que fue condenado por crímenes considerados de lesa humanidad. La única posibilidad para que Fujimori salga de prisión, de acuerdo a la exministra, sería otorgarle un indulto humanitario si es que se comprueba que tiene una enfermedad que lo amerite.” altavoz.pe/2017/09/18/27551/perfil-quien-es-enrique-mendoza-el-nu...

Con el Ministro de Justicia adecuado para la liberación de Fujimori, éste cambió la Comisión de Gracias Presidenciales un mes después de llegado al cargo. La Comisión de Gracias Presidenciales fue cambiada el 12 de octubre del 2017 cuando se nombraron nuevos presidente y miembros liderado por Orlando Franchini Orsi de 92 años. Franchini renunció seis días después y fue sustituido por el vice ministro de Justicia Juan Falconi Gálvez el 7 de noviembre. El Ministerio de Justicia estaba listo para firmar el indulto.

En paralelo, el 11 de setiembre asumió el ministerio de Salud el Vice Almirante (r) Fernando D’Alessio. Igualmente el 11 de octubre, en simultáneo con el Ministerio de Justicia, cambiaron al Director de redes integrales de salud Lima Este. Lima Este es la zona donde se encuentra el penal donde estaba Fujimori. Puso en el cargo a Luis Champin Loli, un ex – marino que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro para tener un informe favorable al indulto por razones humanitarias sin consultar al Colegio Médico o a alguna de las sociedades de especialistas médicos en los temas que afligen a Fujimori.

El Ministro D’Alessio tuvo un recorrido como director de Centrum de la Católica donde dejó un reguero de juicios y de problemas con numerosos profesores por arbitrariedad. Así, con la misma arbitrariedad la junta médica penitenciaria estuvo conformada por el médico de Alberto Fujimori. La Junta Médica Penitenciara dijo en el 2013 que Fujimori no tenía cáncer terminal. Ahora el informe dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente por más o menos todo lo que se le controla a la gente mayor. Ese es el argumento humanitario. Liberado por viejo.

Esta trama que involucra dos ministros y dos cargos de tercer nivel cambiados en la misma fecha y que colocó al médico de Fujimori dentro de la Junta Médica Penitenciaria, invalidándola, fue algo coordinado. Ocurrió bajo dos ministros del gabinete Araoz, así es que cuando ella dijo que este gobierno no negocia indultos, es posible que ya supiera como iba este indulto desde antes. En todo caso ella es la responsable política directa y ya renunció debido a eso. Los operadores de Salud y Justicia deberían irse de una vez y el fallo debe ser rectificado y Fujimori regresado a la cárcel. ¿Quién coordinó la trama?

PPK, si tuviera sangre en la cara, renunciaría, pero ya se sabe que su única motivación es el dinero y el poder. Los que votamos por él en la segunda vuelta fuimos engañados. De qué importa un buen profesional que nunca dice la verdad. De qué importa un Presidente (otro más) que solo miente para tener más poder. Dijo que siempre fue honesto. Esta acción lo ha confirmado como mentiroso y tramposo, arrogante y vano. Es una basura.

– Oscar Ugarteche, economista peruano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM (México), SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto Obela www.obela.org.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Honduras, el país donde hasta la policía se hartó del fraude electoral y la violencia
Berenice Bengtsson (Asuntos del Sur)

Tras las elecciones del 26 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TES) – con un retraso nunca visto de 10 horas y bajo la presión de los observadores internacionales – anunciaba que el candidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla aventajaba en un 5% al actual presidente Juan Orlando Hernández, la ciudadanía celebró el triunfo en las redes sociales, si bien aún sospechando la posibilidad de fraude y complicidad institucional e el conteo final. Cabe recordar que el candidato-presidente no debería haber sido candidato a la presidencia, porque la Constitución prohíbe la reelección mediante un artículo pétreo – es decir, en términos jurídicos, imposible de modificar, interpretar o reformar.

Ante la ventaja y la tendencia, que parecía irreversible, a favor de la oposición, el presidente del TSE, dándole razón a las sospechas, se negó a reconocer oficialmente la victoria de Nasralla y anunció que debía esperarse el conteo final. En declaraciones posteriores al periódico digital salvadoreño El Faro, Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE, aseguraba que el presidente “no quería divulgar los resultados porque su partido, el Partido Nacional, iba perdiendo”.

Según él, el sistema de recuento, aunque lento, funcionó como se esperaba en las primeras horas y los días posteriores, en los que “Nasralla tenía una ventaja que ya marcaba tendencia. Pero cuando el sistema se cayó, al volver, ya la tendencia se había revertido y no volvió a cambiar”. Tras el colapso aparente y posterior recuperación del sistema, los resultados divulgados por el TSE mostraban una clara ventaja del candidato oficialista sobre el candidato de la oposición. Gracias a la magia del colapso, se revertía una tendencia que parecía irreversible.

Las protestas y bloqueos de carreteras no se hicieron esperar y, con ello, la represión policial y militar. Volvían, como un déjà vu, los fantasmas de la crisis que generó el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, la ciudadanía hondureña, muy decidida, se mantuvo en las calles. Entre saqueos al sector privado y bajo acusaciones políticas de unos y otros de ser los causantes del caos, el 1 de diciembre el gobierno decretó el Estado de Sitio durante 10 días, a fin de mantener a la población silenciada en arresto domiciliario. Pero como en épocas anteriores en Argentina, un inédito cacerolazo cobró vida en diferentes ciudades de Honduras, desobedeciendo el toque de queda y retando al poder político.

Lamentablemente, los desafíos costaron vidas. Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del 30 de noviembre al 4 de diciembre se registraron 12 asesinatos a manos de la Policía Militar en todo el país. El día en que se produjeron más hechos violentos fue el 1 de diciembre, fecha en que entró en vigor la suspensión de las garantías constitucionales.

La misión de observadores de la Unión Europea manifestó que permanecería en el país “hasta que concluya el proceso electoral y cada voto emitido sea tomado en cuenta”. Marisa Matias, jefa de dicha misión, expresó asimismo su condena por los disturbios postelectorales, lamentó profundamente las muertes y las personas que resultaron heridas y pidió que se aclarasen en qué circunstancias ocurrieron.

En otro hecho sin precedentes, el 4 de diciembre, policías de diferentes grados y los agentes Cobras anunciaron que no obedecerían las órdenes de sus superiores y que declaraban huelga de brazos caídos – es decir, que no acudirían a las calles a reprimir protestantes. A su vez, pedían al TSE que se respetase la voluntad popular y que se llevase a cabo un conteo de votos transparente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, creada por el presidente, continuaron – y continúan – activas, de modo que no puede afirmarse que la población haya quedado a salvo del abuso del ejercicio monopólico de la fuerza.

Honduras ocupa el lugar 130 en el índice de Desarrollo Humano y, según el Banco Mundial, el 60% de su población vive en situación de pobreza. El servicio de salud básico se encuentra disponible solo para un tercio de la población. Los altos índices de criminalidad y desempleo, la involucración de personajes políticos e influyentes en el narcotráfico, así como la de jóvenes pobres en pandillas y narcomenudeo, dan una idea de la crisis política, económica y social que vive Honduras. Con un salario aproximado de 232 dólares, es sencillo concluir que muchos de esos policías que se plantaron y sus familias pertenecen a esa gran mayoría hondureña que vive en la pobreza. Y que ellos también, al parecer, están hartos de la violencia – física, pero sobre todo estructural.

Mientras la comunidad internacional se mantiene impávida, en un país que vive de crisis en crisis institucional desde el golpe de Estado de 2009, el presidente se aferra al poder. La gota que colma el vaso es sin duda el saqueo y la utilización de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar campañas políticas del partido del gobierno, cuyos principales autores y beneficiarios se mantienen impunes.

La población viene pidiendo la renuncia del presidente desde 2015, con multitudinarias marchas con antorchas. La pretensión de ser reelegido a pesar de la prohibición constitucional ha sido el detonante que explica la amplitud del rechazo y por qué el presidente perdió las elecciones. Es hora de que se retire, por el bien de Honduras, si todavía le queda algo de dignidad.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Oscar López Rivera: En Estados Unidos “el preso es una mercancía”
Manuel Guillama Capella (Diálogo UPR)

Tras pasar 36 años encarcelado, Oscar López Rivera habló sobre el sistema penal estadounidense como parte de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El pasado domingo, en el marco de la conmemoración por el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el exprisionero político puertorriqueño ofreció una disertación sobre las injusticias que a diario se cometen en las cárceles norteamericanas. Ese sistema penal –denunció– se encuentra en gran medida en manos de grandes intereses económicos, y atenta particularmente contra los sectores más desventajados de la sociedad, al tiempo que fracasa estrepitosamente en servir de ente rehabilitador para aquellos que caen entre sus garras.

“El sistema privado de prisiones en Estados Unidos es el que verdaderamente convierte el preso en una mercancía. Esto refleja algo que muchas veces olvidamos y es que la decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que la abolición de la esclavitud se aplica solo a aquellos esclavos que no están presos, aquellos que están presos no fueron liberados. Esas pequeñas palabritas son interesantes [porque] el sistema de prisiones de Estados Unidos todavía tiene ese sistema de esclavitud. No podemos obviar eso”, advirtió López Rivera en la actividad organizada por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico.

El trabajo forzado al que son expuestos los confinados en las prisiones privadas –sistema que la administración de Barack Obama anunció en agosto de 2016 que sería eliminado gradualmente– ayuda a generar parte de los beneficios de un sector que, al 2014, superaba los $629 millones en ganancias. Un margen de ganancias del que, planteó el líder nacionalista, el preso y sus familias no ven un centavo.

Por otro lado, denunció que “las cárceles tienen un sistema en el que si un familiar le manda [por ejemplo] $100 a un preso, ese dinero no va directamente al preso”. López Rivera indicó que ese dinero va a un banco comercial, donde nunca gana intereses. “El banco sí gana mucho con ese capital adicional que tiene para invertir”, aseguró.

“Nosotros hicimos un cálculo de que por lo menos 100,000 de esos presos federales reciben como $100 al mes, así que imagínense la cantidad de dinero que tienen los bancos en sus arcas a costa de las familias de los presos”, ilustró López Rivera durante el acto celebrado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

López Rivera igualmente apuntó al discrimen que reciben por parte del sistema penal tanto las poblaciones negras como latinas en Estados Unidos. Ambas componen una cantidad desproporcionada de los cerca de 2.3 millones de encarcelados en el país norteamericano, la cifra más alta en el mundo.

A juicio de López Rivera, la transformación de la estructura penal en Estados Unidos comenzó durante la administración de Richard Nixon en la década de 1970, pero se recrudeció bajo Ronald Reagan en los 80. El inicio de la llamada “guerra contra las drogas” se combinó con una creciente inmigración hispana, que era vista como “peligrosa” en el país, para aumentar exponencialmente la población carcelaria.

“El modelo de California [donde Reagan fue gobernador entre 1967-1975] era el que más presos per cápita tenía en Estados Unidos. Y fue con esa mentalidad que ese señor llegó a Washington como presidente e hizo posible la privatización de prisiones y la inmensa cantidad de prisiones que se construyeron”, subrayó.

“Cuando yo entré a la cárcel [en 1981] había 25.000 presos federales. Ahora hay más de 200.000”, agregó el independentista, cuya sentencia fue conmutada en enero por el presidente Obama. Asimismo, censuró lo que calificó como la actitud “hipócrita” de Estados Unidos hacia los latinos desde hace décadas, al presentarse hacia ellos como la “meca” del mundo.

“Muchos se lo creyeron, incluyendo muchos puertorriqueños. Ofrecían una mentira, pues cuando los latinoamericanos inmigraban se daban cuanta que no era ninguna meca y terminaban en esas prisiones”, expuso al añadir que por lo general son “los más vulnerables”, y no los “verdaderos traficantes”, quienes sufren las consecuencias del esquema penal estadounidense.

López Rivera igualmente alertó sobre las deplorables condiciones en que las cárceles norteamericanas mantienen a los confinados. Indicó que, en gran medida, esto se debe a las mínimas garantías a las que tienen derecho los presos, lo que limita sus posibilidades de acceso a tratamientos médicos, comunicación con su familia o recreación.

“Un preso tiene derecho a tres comidas al día y una cama, el resto son privilegios. Cuando a los carceleros se les antoja, esos privilegios se van. La mayoría de los presos tiene enfermedades y se pone la salud en peligro. Lo más triste que puede haber es un preso enfermo, porque jamás va a recibir el tratamiento que necesita”, dijo López Rivera, quien resaltó que la situación para los indocumentados se agrava al carecer de los recursos para defenderse en el marco jurídico, en parte por el miedo que provoca el riesgo de deportación propia o de familiares.

Pero por sobre todas las cosas, argumentó López Rivera, las cárceles estadounidenses fracasan en el deber de rehabilitar a los presos, al no ofrecer alternativas que les permitan reintegrarse positivamente al escenario social. “Todo preso puede rehabilitarse. Todo preso puede trascender lo que fue anteriormente, pero necesita ayuda. Aunque las cárceles [en Estados Unidos] nunca fueron creadas para eso, hubo momentos en que había menos presos y se tenían algunos servicios y programas”, manifestó López Rivera.

Sin embargo, el sistema penal es “uno que deshumaniza; que verdaderamente no tiene nada de interés en el preso”, lamentó López Rivera, quien pasó 12 años de su sentencia federal en confinamiento solitario.

López Rivera aprovechó la charla para hacer un llamado por las liberaciones de la puertorriqueña Ana Belén Montes, sentenciada en 2002 a 25 años de prisión tras ser convicta por realizar labores de espionaje a favor del gobierno cubano; y de Nina Droz, recluida desde que fue arrestada en hechos relacionados al paro nacional el pasado 1 de mayo y por los que se declaró culpable en el foro federal de un cargo de conspiración.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) “¿Y la justicia?”, la pregunta permanente del Sáhara ocupado por Marruecos
Beatriz Asuar Gallego (Público)

El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que especialistas y activistas han denunciado las vulneraciones de derechos humanos durante el desalojo del campamento Gdeim Izik, así como los 20 “presos políticos” aún encarcelados tras el desmantelamiento.

El pasado 8 de noviembre se cumplieron siete años de una de las noches más largas y represivas para el pueblo saharaui: el desmantelamiento del campamento político y social del Gdeim Izik. Fuerzas marroquíes entraron a sangre y fuego en el también conocido como campamento de la Dignidad, a 14 kilómetros de El Aaiún, una de las formas de resistencia frente a la ocupación marroquí. Cientos de saharauis fueron detenidos, maltratados y torturados durante el desalojo. En las semanas posteriores continuó la violencia con detenciones selectivas y arbitrarias. Todavía, a día de hoy, siguen 20 activistas saharauis en prisión con condenas de más de 25 años.

El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que se han expuesto los casos de los 20 presos así como las diferentes violaciones de derechos humanos durante sus procesos judiciales y en sus estancias en las cárceles marroquíes. Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, ha presentado las jornadas que han contado con especialistas de diferentes campos y que han explicado, de primera mano, qué ocurrió en el Gdeim Izik.

"No hay más alternativa que la autodeterminación”, gritaban las familias saharauis en el campamento reclamando la lucha por la liberación del pueblo y contra la violencia de Marruecos. Sin embargo, aunque se lleva años denunciando la represión y la violación de derechos parece que nada, o muy poco, ha cambiado. Uno de los motivos quizás sea el que explica Hassanna Aalia: “El bloqueo informativo que Marruecos ejerce hace que no se pueda documentar lo que ocurre en la zona ocupada”. Ante esto, 69 observadores internacionales de nueve nacionalidades distintas han visitado Marruecos para conocer la realidad.

¿Por qué presos políticos?

Rosario García Díaz, directora de la Fundación Sáhara Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los especialistas y observadores. El principal reclamo está bien claro: la liberación de los presos políticos del Gdeim Izik.

Según los observadores los 20 detenidos deben ser liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos políticos: "Si dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldrían. Las detenciones ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron detenidos antes del desalojo. No están ahí al azar. No son criminales, son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la organización del campamento”, explica la directora. Y no solo las detenciones lo demuestran, también los procesos judiciales por los que fueron finalmente condenados el pasado julio.

Juicios civiles y militares

Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados, Ashmad Farik, desde hace más de tres años. Desde entonces solo se ha podido reunir una vez con él, entre la policía marroquí. “Los juicios han sido una completa farsa”, denuncia la abogada. Explica que durante el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia cierta el número de supuestos policías asesinados por los que son acusados, de hecho, no se sabe ni donde están esos cuerpos. Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberían contar para juicio.

Ana Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policías militares que dicen que fueron asesinados. Meses después, aparecieron nueve informes de “mal-autopsias” señala la forense: “No hicieron primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografías para documentar. No existen datos del levantamiento de cadáveres por lo que no hay indicios ni pruebas. Hay muchas incongruencias: firma de médicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la muerte, la causa de ella o la fecha”.

Estas son sólo algunas de las denuncias de las expertas, algunas de las que también se recogen en el informe de los observadores y en el que coinciden en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional durante todos los juicios.

Torturas y detenciones incomunicadas

Mientras no llega la liberación, tienen claro el otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las cárceles marroquíes. Los detenidos han estado en huelga de hambre en varias ocasiones como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos están en estado de salud gravísimos por el largo tiempo que llevan en esta condición, explica el abogado y miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria. Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera reciben los medicamentos necesarios.

Respecto a las cárceles, los detenidos están dispersos por siete prisiones distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilómetros de distancia de sus casas. Y las condiciones en la que viven son ‘infrahumanas’: celdas sucias entre cucarachas, alimentación muy escasa y casi sin tiempo para salir de sus celdas.

Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detención de Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no supieron nada de él durante cinco días, en los que ni siquiera los abogados consiguieron hablar con él. Cuando lo encontraron, estaba lleno de moretones y había sido brutalmente torturado.

"Presenté y denuncie ante el comité de la tortura. Este denunció a Marruecos, pero Marruecos no lo aceptó.” A partir de aquí, prohibieron a Magin la entrada no sólo a prisión, también a Marruecos, prohibiendo así al preso Asfari ver a su mujer. “Mi lucha no es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo saharaui”, señala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen haber probado lo mismo: la represión y las detenciones a estos presos viene por la lucha de liberación del Sáhara frente a la ocupación marroquí. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos políticos y en que no se han dado condiciones mínimas para que los juicios se consideren válidos.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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UNIDAD POPULAR APOYA REFERÉNDUM CONTRA LEY DE RIEGO

INFORMA1868

1) Unidad Popular apoya referéndum contra Ley de Riego
2) Con aval de Inacoop, siete ex trabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce lanzan emprendimiento metalúrgico
3) Siguen las agresiones a peones rurales /Belén Riguetti
4) Si alguna vez me muero…/Kintto Lucas
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1868 – martes 26.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) UNIDAD POPULAR APOYA REFERÉNDUM CONTRA LEY DE RIEGO

La Diaria, 26.12.2017

Unidad Popular (UP), el partido político que tiene representación únicamente en la Cámara de Diputados, en la persona del legislador Eduardo Rubio, anunció que apoyará el referéndum contra la Ley de Riego que el 18 de diciembre lanzó la Federación de Funcionarios de OSE.

Mediante un comunicado, este partido político recuerda que fue el único que votó en contra de la ley, “y siendo coherente con esta posición”, declara su “apoyo incondicional a la iniciativa y compromete su esfuerzo desde sus filas y desde los frentes que la integran a incorporarse a la recolección de firmas, en defensa de la producción nacional y en defensa del agua como bien común y derecho humano fundamental”.

El comunicado recuerda que la ley fue votada “siguiendo los lineamientos del Banco Mundial” y “profundiza el modelo productivo agroexportador, basado en el monocultivo forestal y sojero (fundamentalmente de eucaliptus y soja transgénica), que ha impactado negativamente sobre las fuentes de aguas superficiales y subterráneas”, que ha “expulsado a medianos y pequeños productores del campo”, lo que aumentó la concentración y extranjerización de la tierra”.

“La Ley de Riego […] no sólo contamina, privatiza la gestión y mercantiliza el agua, sino que habilita la generación de energía eléctrica para su comercialización”, sostiene UP, que a la vez denuncia que bajo la Ley de Protección de Inversiones se “exonera de tributos a los inversores (operadores de riego), haciendo de ello un gran negocio, para el gran capital”.

En el Frente Amplio existe un sector político que también está apoyando el referéndum. Se trata del Espacio 567, que el 3 de diciembre argumentó en una declaración que lo hacía porque apoyaba la “participación de la sociedad en las decisiones”, y que el referéndum era “un proceso más democrático de decisión”. El sector, no obstante, admitía en esa oportunidad que seguiría estudiando la norma “para lograr una definición sobre el tema de fondo debidamente fundamentada y acordada colectivamente”.

La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

2) CON AVAL DE INACOOP, SIETE EX TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA TEXTIL PUERTO SAUCE LANZAN EMPRENDIMIENTO METALÚRGICO

La Diaria, 26.12.2017 en Nacional

Después del fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce de Juan Lacaze, siete trabajadores –seis del taller mecánico y una administrativa– se proponen no tirar la toalla. Con ánimo novelero ante una oportunidad, ya fundaron una nueva cooperativa y están buscando apoyos para llevar adelante el proyecto metalúrgico. Por el momento, aún dentro de la estructura de la cooperativa en cierre, están “saliendo a conseguir clientes” y haciendo reparaciones, para no dejar caer en inactividad la maquinaria. Por otro lado, esperan que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) les preste en modalidad de comodato los equipos imprescindibles para llevar a cabo el emprendimiento. Desde el gobierno se han comprometido en varias oportunidades a ayudar a este pueblo coloniense tan golpeado, pero los locales aún se encuentran a la espera.

El 31 de enero cerrará la famosa textil de Juan Lacaze, después de haber estado más de un siglo abasteciendo al mercado local y al exterior con productos de lana de calidad. Sus últimos años fueron en modo cooperativo, como Cooperativa Textil Puerto Sauce, pero se conservaba la historia de otros sistemas de gestión que intentaron mantener el rubro vivo con los nombres Campomar y Agolan.

Una de las decisiones de los cooperativistas que aquel martes de noviembre decidieron cerrar las cortinas de la industria textil fue buscar la salida por medio de una reconversión. “Cada sector iba a ver si de alguna manera podía ser viable”, contó Mateo Rey, uno de los que trabajan en el taller mecánico de la fábrica. Junto con cinco compañeros del taller y una administrativa, la encontraron: fundaron una nueva cooperativa para dar comienzo a un emprendimiento metalúrgico. “Mecánica y tornería, lo que sea, intentamos hacer de todo”, resumió Rey con confianza. Su plan es “trabajar en el mantenimiento de otras fábricas”; saben que las de Colonia y “otras de afuera” cuentan con ellos. “Tenemos la maquinaria y tenemos experiencia”, afirmó.

“El taller tiene una viabilidad muy buena, porque es el único de Colonia con este tipo de maquinaria”, contó Rey, alimentando su esperanza, en referencia a las grandes máquinas de Agolan, propiedad de la CND. Los trabajadores solicitaron al organismo estatal que, al menos durante el primer año, cediera la maquinaria en forma de comodato. “La estamos custodiando y, a su vez, estamos haciendo algunos trabajos, porque si la dejás parada se rompe sola. Es una máquina que lleva mantenimiento”, explicó. Aseguró que el comodato sería, “en principio, por un año”. “Después de ese año nos proponemos pagar por su uso”, agregó.

Pero desde la CND les transmitieron que habría otros planes. “La semana pasada la diputada [frenteamplista del Movimiento de Participación Popular] Mercedes Santalla tuvo una reunión con nosotros y después consultó a la CND. Le dijeron que iban a rematar las máquinas. No sabemos si quieren la plata o cuál es la razón detrás”, sostuvo Rey.

Mientras esperan por la respuesta oficial de la CND, los siete trabajadores nucleados en este nuevo emprendimiento metalúrgico ya están “saliendo a buscar clientes”, porque tienen la ambición de crecer, para “generar más puestos de trabajo y poder encontrarle salida a alguna familia más”. Las cosas en Juan Lacaze no están fáciles. Primero, con el cierre de la fábrica papelera Fanapel y, ahora, con el de la Cooperativa Textil Puerto Sauce –que deja a 70 personas en la incertidumbre–, los lacazinos enfrentan un gran desafío. “Tabaré [Vázquez] nos dijo que era una zona prioritaria [ver recuadro], pero, la verdad, no están ayudando mucho”, afirmó. Por otro lado, reconoce el “apoyo” del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), que les dijo que el proyecto metalúrgico “es viable”.

El cierre de la ex Agolan es el 31 de enero; los trabajadores apelan a “tener todo en orden antes, para ya el 1º de febrero empezar a trabajar” en el nuevo proyecto.

En la lana

“Lo que no funcionó fue el mercado. Hoy en día, con una manta polar china por 100 pesos en cada supermercado, no tenemos chance”, responde Rey cuando se le pregunta por el fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce. Sobre el modelo cooperativo no tiene dudas: “Para mí, es lo único que ha funcionado”.

Las industrias del papel y de la lana dieron origen al pueblo de Juan Lacaze hace 100 años. Campomar y Soulas, el primer intento en el rubro textil, se fundó en 1906 y cerró en 1993, y dejó a 1.000 personas en la calle. De ahí surgió, en 1994, la paraestatal Agolan, administrada por la CND, que resistió hasta 2013.

En octubre de 2014, 100 ex empleados de Agolan, en una apuesta por la autogestión bajo el formato de cooperativa de producción, fundaron la Cooperativa Textil Puerto Sauce, concentrados en la elaboración de bufandas, frazadas, hilados y telas cardadas para el mercado interno y para la exportación, principalmente a Brasil y Estados Unidos.

Pero el camino era empinado. En febrero de 2015, la cooperativa recibió un apoyo de 960.000 dólares del Fondo para el Desarrollo (Fondes), que devolvió a medias a la CND –administradora de Agolan y, por ende, dueña de todo el equipamiento técnico y el stock–. La cooperativa funcionó entonces sin capital de giro durante más de un año.

En marzo de 2016, la nueva estructura del Fondes, en alianza con el Inacoop, le brindó un nuevo préstamo al emprendimiento: esta vez, por 1,6 millones de dólares. Pero la carga sobre la espalda del proyecto era insoportable. El funcionar sin capital de giro entorpeció la gestión, y las dificultades intrínsecas del sector hicieron caer la estructura, que funcionó durante más de 80 años y luego se intentó emparchar de diferentes maneras.

El 31 de enero la cooperativa cerrará las cortinas del negocio definitivamente. La decisión fue tomada a mediados de noviembre en una asamblea en la que los cooperativistas aprobaron el proceso de “cierre ordenado” del emprendimiento, que aún conservaba el nombre fantasía Agolan por una estrategia comercial.

No hubo sorpresa; los números en rojo se acumularon durante varios años y las proyecciones para 2017 no eran alentadoras. Además, en julio, un estudio de técnicos del MIEM determinó que la Cooperativa Textil Puerto Sauce era inviable como proyecto industrial y que a partir de esa fecha cesaría todo tipo de ayuda económica. No quedaba otra. Los 70 textiles, cuyo promedio de edad ronda los 50 años, aceptaron entonces participar en los procesos de reconversión laboral que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) por medio de cursos de capacitación. “La idea era armar y organizar pequeños proyectos productivos entre los compañeros, pero deben ser viables, como el taller mecánico o la tejeduría”, cuenta Rey.

Mientras le buscan la vuelta, el gobierno se comprometió a otorgar a estos trabajadores una cobertura de seguro de paro durante 12 meses.

Nora final /Diez meses después

En marzo de este año, un comité del Ejecutivo, encabezado por el presidente Vázquez, aterrizó en Juan Lacaze con un paquete de propuestas. “Queremos ser cada vez más gobierno de cercanía” y “tenemos la mejor disposición para trabajar en conjunto”, dijo el mandatario, sin dejar de reconocer que “hay limitaciones”, pero asegurando que con “voluntad” se pueden resolver. Además de una partida de 4,2 millones de pesos para que el Inefop capacite a los trabajadores de Fanapel, el gobierno ofreció la extensión del seguro de paro para los ex papeleros y la inclusión en el seguro de los trabajadores afectados por las empresas tercerizadas vinculadas a Fanapel. El Ejecutivo también afirmó que estaba trabajando en la instalación de una fábrica de producción de aceite y otra de bolsas de papel que recompusiera la estabilidad laboral, y en la declaración de puerto libre, que serviría a la localidad para instalar parques industriales.

La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

3) SIGUEN LAS AGRESIONES A PEONES RURALES

Manuela Mutti: la diputada oficialista que denuncia al MTSS las agresiones a peones rurales y apoyó una ocupación del sindicato de Caputto

Belén Riguetti /La Diaria, 26.12.2017

El lunes 18 de setiembre, Paolo Rodríguez, capataz de la estancia Flor del Ceibo, en Salto, golpeó con un rebenque al peón Hugo Leites; tres meses después, a principios de diciembre, el juez Wilson Borsani procesó sin prisión al agresor por el delito de lesiones personales, ya que Leites terminó con una costilla fisurada. Cuando se conoció la noticia del fallo judicial, la diputada del Frente Amplio por el departamento de Salto, Manuela Mutti, publicó en las redes sociales que el mensaje del juez era claro: “Pegue patrón que no pasa nada”. El 16 de diciembre la representante nacional reiteró el mensaje, pero esta vez agregó: “Ahora le tocó a Juan Díaz. Su patrón creyó que, al igual que sus caballos, también el peón era de su propiedad y lo fajó. Ya alertamos al MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] y el PIT-CNT está trabajando en el tema, la Justicia tendrá que dejar de lado su benevolencia”.

Mutti dijo a la diaria que ya van cuatro casos de agresiones a trabajadores rurales de Salto después de la denuncia de Leites. “Nos llegan denuncias de todo tipo, pero la de Hugo [Leites] fue emblemática. Cuando nos enteramos [de la agresión] la denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, llamamos a Ernesto Murro, y avisamos a los medios para que haya una condena social”. “Hay personas que piensan que son dueños de los campos, de las vacas y de la gente. Tienen que enterarse de que estamos ante un cambio social, cultural y legislativo en el que los trabajadores tienen derechos y estos no se terminan cuando se cruza la portera de la estancia”, expresó. La diputada afirmó que Leites quedó “expuesto a la posibilidad de que no consiguiera trabajo”, y, a pesar de que el movimiento sindical lo ayudó, “los empresarios rurales se cuidan mucho las espaldas y hoy Leites está sin trabajo”.

Díaz, el trabajador de stud de caballos que denunció una agresión a principios de diciembre, está internado con parálisis facial del lado derecho de la cara, relató la diputada. “Es algo que a todos nos debería doler en el alma”, expresó. Según Mutti, Díaz trabajaba por casa y comida, por lo que se tenía que escapar para hacer changas y conseguir dinero para mandarle a su familia, que vive en Tacuarembó. Cuando el patrón se enteró de una de esas salidas, le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Luego una mujer lo encontró tirado en la calle y lo convenció de que hiciera la denuncia. Mutti se enteró del caso por el PIT-CNT y de inmediato se comunicó con el ministro Murro. “La Mesa Representantiva del PIT-CNT está jugando un rol muy importante en la contención de los trabajadores”, afirmó.

El mercado laboral en Salto es una de las líneas de trabajo de la diputada: “Desde que asumimos la legislatura es una de nuestras prioridades, por el aumento del índice de desempleo y porque [en la zona] es zafral”. Mutti aseguró que en muchos casos se trata de empleos que tienden “a establecer relaciones muy precarias”. Por ejemplo, el cambio varietal, para poder ingresar en nuevos mercados del exterior, hizo que se acortara la zafra de la naranja. “El citrus es uno de los sectores con mayor grado de precariedad laboral. Desde la diputación, junto con el MTSS y los trabajadores, logramos que se forme la coordinadora del citrus del litoral, que ya va a cumplir dos años”, relató. Además, Mutti fue una de las impulsoras de la extensión del seguro de paro de este sector, implementado por segunda vez en 2017. “Hoy el derrotero que tenemos por delante es transformar ese proyecto en una ley nacional, para que no sea necesario pedir el seguro desde el Parlamento todos los años”.

Una de las empresas que más trabajo dan en Salto es la citrícola Caputto. “En el litoral llega a emplear a 5.000 trabajadores cuando no está en momento de zafra, y en zafra emplea a cerca de 15.000 personas. Es una empresa que tiene 80% de la producción citrícola del país”, describió la legisladora. Caputto, sin embargo, ha tenido situaciones de alta conflictividad. “El martes estuvimos ocupando los portones de la empresa junto con los trabajadores, porque en la negociación con el MTSS habían acordado la liquidación de las licencias de 2016 y el pago de la zafra de octubre, pero después desde la empresa se dijo que la plata no estaba y que no iban a pagar”, explicó la diputada. “El año pasado y el anterior pasó lo mismo en estas fechas. Después de la ocupación de los portones, la empresa convocó al diálogo y se acordó un pago de manera progresiva”, explicó. Mutti aseguró que Caputto es una empresa que ha recibido múltiples apoyos por parte del Estado. “Incluso logramos financiar deudas importantes que tenía con algunos entes”, describió.

Por la conchilla

La figura de Mutti se hizo más conocida este año tras la sesión de la Cámara de Diputados del viernes 6 de octubre. Ese día, la diputada daba un discurso por un proyecto de ley enviado por la Comisión de Educación y Cultura para darle el nombre del ingeniero civil Pedro Benito Solari a la Escuela 105 de Salto. Cuando la legisladora confundió la palabra “cochinilla” con “conchilla”, empezó a reír y no pudo seguir hablando.

“En los tres años que estoy en el Parlamento se ha tentado mucha gente. La primera vez que me pasa a mí es la primera vez que se viraliza, y eso me llama la atención”, dijo la legisladora a la diaria. Considera que eso se debió a un tema político. La diputada recordó: “En el medio de la discusión por el Presupuesto Nacional, [Jorge] Gandini [Partido Nacional] cantó la quiniela. Hizo un chiste ex profeso, todos nos reímos, yo también, me pareció festejable después de muchas horas de debate. En mi caso me pareció una exageración el nivel de agresión, y tenía un claro corte de género. Recuerdo patente un mensaje que decía: ‘La diputada que baila de noche en un cabaret de biquini. No saben lo que es, deberíamos ir todos a verla’. No se metieron ni con mi risa ni con mi trabajo”. A su entender, el episodio terminó beneficiándola: “Nuestro trabajo era conocido por los salteños y por las personas que están muy metidas en la política, pero el video nos benefició porque hizo más visible nuestro trabajo”.

Nota final / Un revés

El jueves, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, dijo, en conferencia de prensa, que la ley integral contra violencia basada en género, aprobada el 13 de diciembre en el Parlamento, no se podrá implementar “de inmediato” porque el Poder Judicial no tiene presupuesto ni recursos humanos calificados. Mutti aseguró que se trata de un “un revés” y una “aberración” que la SCJ diga que no puede aplicar una normativa por falta de recursos. “Lo que se debe hacer es estudiar la ley y sentarse a pensar cómo implementarla de la mejor manera con los recursos que tenemos, y transitar un camino de diálogo para que sea viable”, expresó. “Esta ley fue muy trabajada y no era desconocida, y, ante la problemática social, hay cosas que sin duda se deben implementar”, agregó.

Belén Riguetti /La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

4) SI ALGUNA VEZ ME MUERO…

Por Kintto Lucas

Si alguna vez me muero, no será en París con aguacero, será de tristeza. De tristeza por no haber hecho lo que debía, por no haber puesto la mira en un blanco certero. Si alguna vez me muero será de tristeza enamorada, de tristeza globalizada, de tristeza por tantas derrotas y alguna victoria, de tristeza por los que huyen de su tierra y por los que no tienen tierra; de tristeza por los niños que crecen en lugar de seguir siendo niños; de tristeza por quienes creen que un dios los sacará de la tristeza. De tristeza por los farsantes que hacen política y los políticos que hacen farsa; de tristeza sola y acompañada, de tristeza emborrachada por la noche y por el día, de tristeza esperando abril frente a la playa, o tal vez el viento de septiembre. Si alguna vez me muero no será con dolor de España, si no con dolor de América Latina, y del mundo también. Si alguna vez me muero será de tristeza, por no haber visto cantar a los ruiseñores, mientras hacían el amor con sus ruiseñoras. De tristeza por los tristes, por los solos, por los muertos y los vivos, por no haber cambiado el mundo y no haber llorado lo necesario. De tristeza por mi padre, por sus versos de despedida, por los ingenuos que todavía creen en utopías. De tristeza por el naufragio y por los niños en el Mediterráneo. Si alguna vez me muero no será por miedo, ni por dejar de luchar, ni por dejar de plantar algún árbol, ni por dejar de amar, ni por dejar de escribir, ni por dejar de caminar. Si alguna vez me muero será por el rifle, por la mira, por el blanco y la mirada. Si alguna vez me muero será de alegría, por haber sobrevivido a tanta tristeza.

Kintto Lucas (Ecuador)
COMCOSUR INFORMA Nº 1868 – 26/12/2017 _______________________________________

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