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CAYÓ EN ESPAÑA EL TERRORISTA EDUARDO FERRO

AL DÍA:

1) Cayó en España el represor Eduardo Ferro, prófugo de la justicia uruguaya

2) Vázquez respaldó al Tribunal y reiteró que en lugar de Sendic, renunciaría

3) Vázquez quiere lograr en setiembre el acuerdo para tercera planta de celulosa

4) Vázquez presentó proyecto para regular el mercado del alcohol; en el FA insistirán en prohibir los “happy hours”

5) Etiqueta de transgénicos: de la “suspensión” al nuevo diseño


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2142 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 8 de septiembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Cayó en España el represor Eduardo Ferro, prófugo de la justicia uruguaya
(Sudestada)

Está acusado por la desaparición de Oscar Tassino y de María Claudia García de Gelman entre otros delitos de lesa humanidad. Integró la “patota” de la OCOA

Uno de los principales operadores del Plan Cóndor en Uruguay durante la dictadura, el coronel retirado Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, alias Oscar o Guillermo, fue detenido este jueves en España. Ferro estaba prófugo de la Justicia uruguaya, luego de haber eludido una citación judicial en el marco de la causa que investiga la desaparición de Oscar Tassino.

Los hechos se produjeron el 21 de julio de 1977 cuando a las 09.00 horas tres hombres de particular entran corriendo a la finca de Máximo Tajes 6632, armados y a cara descubierta, gritando pertenecer a las Fuerzas Conjuntas, según consta en la ficha elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

“Una hora más tarde llega Óscar Tassino e inmediatamente es dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado. Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, dice el informe.

Entre los hombres que formaron parte de ese grupo de militares que secuestró a Tassino se encontraba Eduardo Ferro, quien fue identificado por Hermes Luis Fulle Fleitas y Ana María Regnier de Fulle ante la Oficina de las Naciones Unidas en Bruselas el 28 de noviembre de 1978. Ambos se encontraban en la casa cuando el grupo de las Fuerzas Conjuntas llegó a la casa donde se escondía Tassino.

“Estuvieron aproximadamente una hora más en mi casa, revisando cosas, y al final, uno de los oficiales intervinientes -que yo calculo sería el segundo que reconozco por un material que he visto aquí, por lo menos creo reconocerlo, un tal Ferro, que sería éste… (El declarante señala una foto entre varias que aparecen en un documento)… la foto es muy mala, pero en éste reconozco al hombre que dio la orden (…). Con este oficial Ferro, que viene junto con una mujer de unos 25 a 30 años, morocha, de pelo negro -no puedo identificar nada más de ella-, se da una conversación medio extraña para la época que vivimos ahora, pero que en aquel momento era común: “Mirá, tenés que darnos gracias a las fuerzas conjuntas y a nuestro comando, porque te vamos a dejar vivo. La condición es que te tenés que ir. Te damos dos horas para irte. Te levantamos el requerimiento en el Aeropuerto de Carrasco para que te puedas ir” (…) si no me iba, luego habría otros servicios que se encargarían de mí. Inmediatamente de eso se produce una conversación en la cual Ferro me dice: “Andá a tu Madre Patria y decile que cuanto más pidan por los presos, más muertos les vamos a hacer, y cuanto menos carne nos compren, más presos van a tener”, narró Fulle.

La jueza penal Dolores Sánchez había citado a Ferro en marzo pero el militar no se presentó, por lo que la magistrada dictó el cierre de fronteras y una orden de captura internacional, que determinó una búsqueda por parte de Interpol.

La causa que indaga la desaparición de Tassino fue presentada en 1985 pero inicialmente fue archivada porque el caso fue incluido en la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo de Julio María Sanguinetti.

Una vez que el caso fue retomado por la Justicia a partir de noviembre de 2011 sufrió toda clase de intentos de obstrucción por parte de los acusados, entre ellas las consabidas chicanas como los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 que restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.

Sin embargo esta no es la única causa que tiene a Ferro como uno de sus protagonistas, ya que es uno de los más notorios integrantes de la llamada “patota de la OCOA” (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas), junto con José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Manuel Cordero, entre otros . También se lo vincula como uno de los autores en los casos de la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda, de la desaparición de María Claudia García de Gelman, del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y de la tortura y desaparición de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçalvez en Argentina.

Un “patotero” profesional

Eduardo Augusto Ferro Brizzozero nació el 10 de abril de 1947 e ingresó al Ejército, en el Arma de Ingenieros el 1º de marzo de 1964. Apenas tres años después, siendo todavía cadete, egresó del curso “Cadet Orientation” de la Escuela de las Américas, el principal instituto de formación de represores de la época, impulsada por la Doctrina de la Seguridad Nacional que se dictaba desde Washington.

En 1968 ascendió a alférez y como teniente segundo estuvo en la Escuela Militar entre 1970 y 1975, año en que pasó ya con el grado de capitán a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Participando de “la patota” comenzó a participar de las torturas perpetradas en el centro de tormentos conocido como “300 Carlos” en la jerga de los represores, o como “El Infierno” como le llamaban los detenidos.

En 1977 tuvo una activa participación en el Plan Cóndor, especialmente en la represión de uruguayos en Argentina y Brasil. Allí es donde, en 1978 en la ciudad de Porto Alegre participa del comando que llevó adelante el secuestro de la maestra Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez que se encontraban como refugiados. Este operativo pudo ser desmantelado gracias a la participación del periodista brasileño Luiz Claudio Cunha, quien denunció la situación y consiguió que los militares tuvieran que admitir que tenían detenidos a Celiberti y Rodríguez.

Desde los años 80 revistó en el Servicio de Información y Defensa (SID) y se supo que hasta 1982 actuaba encubierto en Argentina. Después de la dictadura realizó cursos de paracaidismo (1986), Inteligencia (Alemania, 1989), seguridad electrónica (1991) y buzo táctico militar (1997), según publicó en La República el periodista Roger Rodríguez.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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2) Vázquez respaldó al Tribunal y reiteró que en lugar de Sendic, renunciaría
(Montevideo Portal)

El presidente Tabaré Vázquez respaldó al Tribunal y reiteró que en lugar de Sendic, él hubiera renunciado. La senadora Daniela Payssé dijo a Montevideo Portal que en las conversaciones de cara al Plenario participan todos los sectores, incluyendo a las bases.

Desde que las autoridades del Frente Amplio dieron acceso a todos los integrantes del Plenario al informe el Tribunal de Conducta Política sobre Sendic, la fuerza política se encuentra en negociación permanente. Si bien algunos sectores buscan avanzar con acuerdos o alianzas puntuales, quienes operan en la negociación son conscientes de que la única forma de salir del Plenario con una declaración conjunto es un gran acuerdo que involucre a cuatro quintos del Plenario, 140 de 170 integrantes, de los cuales la mitad responden a las bases militantes del Partido.

Según informó a Montevideo Portal la senadora Daniela Payssé se está llevando adelante un ámbito de negociación en el que participan las bases y los sectores. Si bien reconoció avances, prefirió no dar detalles de la conversación para no entorpecer la negociación. Arriba de la mesa estuvo la expulsión, la inhabilitación para participar por un período de tiempo en órganos de decisión del Frente Amplio y la prohibición para utilizar el lema en las próximas elecciones.

En tanto, el presidente Tabaré Vázquez expresó su respaldo al Tribunal de Conducta Política en declaraciones al semanario Búsqueda en las que también reiteró que si estuviera en lugar de Sendic ya habría renunciado. Vázquez aún no conversó con el vicepresidente sobre este punto, pero el líder de la 711 señaló en reiteradas oportunidades que la renuncia no está en sus planes, habida cuenta que entiende que es la voluntad popular-que lo eligió en elecciones- a quien debe responder.

Paralelamente el entorno de Sendic prepara una defensa en la que intentará demostrar la existencia de una campaña en su contra comparando su situación con la de otros dirigentes frenteamplistas y la situación de Ancap con otros ámbitos de gobierno. Si bien las autoridades de la fuerza política deben garantizar la libertad del Plenario para decidir una postura, manifestaron la posibilidad de renunciar si no hay una posición de respaldo al informe del Tribunal.

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3) Vázquez quiere lograr en setiembre el acuerdo para tercera planta de celulosa
(La Repúbica)

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro confirmó a LA REPÚBLICA que el gobierno alcanzó un preacuerdo laboral con la empresa finlandesa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país y esta semana podría haber una confirmación, aunque se excusó de brindar más detalles del mismo ya que “en esta etapa de las negociaciones no conviene efectuar comentarios al respecto para respetar el proceso que se está llevando a cabo”.

Este martes, el secretario de Estado dijo en radio Uruguay que “esperamos llegar esta semana a tener el acuerdo marco de la empresa con el PIT-CNT y con algunas cámaras empresariales y tener acordado lo que significa la parte laboral del acuerdo general de inversión (con UPM)”.

Murro también explicó en la misma emisora que “la preocupación del presidente de la República (Tabaré Vázquez) es lograr lo más rápidamente posible en este mes de setiembre el acuerdo de inversión”. Estas declaraciones del ministro fueron tras un evento en el cual compartió asistencia con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Previo a las afirmaciones de Murro, el sindicalista había dicho que tras un año de negociaciones se acordaron las primeras condiciones en materia de prevención de conflictos y relacionamiento con los trabajadores para concretar el emprendimiento. Explicó que la central sindical incluyó condiciones en la propuesta para garantizar la ocupación de mano de obra uruguaya y fomentar la industria nacional.

Avanza acuerdo global

“Las negociaciones entre el gobierno de Uruguay y UPM sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos para el crecimiento industrial a largo plazo en el país, han logrado importantes avances. Estamos de acuerdo respecto a la mayoría de los principales temas de la agenda de negociación”, dijo Jaakko Sarantola, vicepresidente Senior de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay de UPM.

“Algunos aspectos aún necesitan ser resueltos mientras se comienza a trabajar en la redacción del acuerdo que especificará las responsabilidades de cada parte. Nuestro enfoque se centra en gran medida en resolver esos aspectos”, agregó el gerente.

Recordemos que en julio de 2016, UPM inició conversaciones con el gobierno uruguayo sobre los requerimientos para su crecimiento industrial a largo plazo, incluyendo el desarrollo de la infraestructura. El objetivo de estas durante la primera etapa de preparación, fue alcanzar un entendimiento mutuo sobre un acuerdo de inversión que defina las condiciones previas para la inversión industrial, así como las obras para el desarrollo de la infraestructura.

Posteriormente, la segunda etapa de preparación consistiría en estudios de pre-ingeniería y procesos de autorización, así como lograr importantes avances en la implementación de las obras de infraestructura acordadas en la primera etapa. Se estima que esta segunda etapa dure entre un año y medio a dos años.

Si estas dos etapas de preparación concluyen satisfactoriamente, UPM iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa. Si bien el punto definitivo de donde se instalará la planta no fue dado a conocer, el presidente Vázquez adelantó que será sobre el río Negro, del lado del departamento de Durazno, muy cercano a la ciudad de Paso de los Toros.

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4) Vázquez presentó proyecto para regular el mercado del alcohol; en el FA insistirán en prohibir los “happy hours”
(La Diaria)

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca combatir el consumo abusivo de alcohol no agrega nuevos impuestos a la comercialización, no prohíbe los happy hours ni amplía el horario de restricción de la venta; continuará vigente el horario de prohibición de expendio entre las 0.00 y las 6.00 en locales que no sean bares ni restaurantes.

El texto, presentado ayer por el presidente Tabaré Vázquez, sí incluye la creación de un registro de vendedores y actividades conexas, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública. Este registro es obligatorio y abarca a toda persona física o jurídica que distribuya, comercialice, venda, ofrezca o suministre bebidas alcohólicas. Además, se creará una “mesa coordinadora” de nivel interministerial para el análisis y la fiscalización de la norma, que prevé multas que van desde observaciones hasta sanciones pecuniarias y las clausuras de locales comerciales. El dinero que se recaude por las fiscalizaciones se destinará a campañas de prevención. Se prohíbe también la promoción de este tipo de bebidas en espectáculos públicos y deportivos, a excepción de las actividades específicas de degustación y cata. Los empaques deberán tener una advertencia sobre los perjuicios del alcohol.

El texto resultó ser mucho menos restrictivo que las propuestas que se habían planteado en la comisión que participó en la elaboración. El diputado del Frente Amplio Luis Gallo dijo que volverá a proponer la prohibición de los happy hours en la discusión parlamentaria porque “no fomentan el consumo responsable”. Por su parte, el senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a Teledoce que “el proyecto de ley fue menos restrictivo y represivo de lo originalmente planteado” y que “hay temas con los que no se puede no coincidir”.

Uno de los argumentos esgrimidos ayer por Vázquez en la presentación del proyecto fue la edad de inicio del consumo. Mientras que en la población de entre 50 y 65 años los varones comenzaban a tomar a los 17 años y las mujeres a los 21, en la actualidad los jóvenes de ambos sexos empiezan a tomar a los 14 años. “La tendencia es que empiecen a consumir a edades más tempranas”, agregó. Según datos relevados por la sexta Encuesta Nacional de Hogares sobre consumo de drogas, en Uruguay hay 260.000 personas con dependencia y uso problemático de bebidas alcohólicas. Siete de cada diez adolescentes que consumieron alcohol tuvieron, al menos, un episodio de intoxicación en los últimos 15 días. “No es frecuente pero se ven niños y niñas de 11, 12 o 13 años llegando a los servicios de urgencias en coma alcohólico. Es dramático”, afirmó Vázquez.

El mandatario aseguró que se trata de una ley que “adopta el paradigma de regulación en contraposición al paradigma de prohibición”. “El abordaje está basado en prevención, educación, información, con el fin de gestionar los riesgos y prevenir los daños asociados al consumo problemático”, afirmó.

A estudiar

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo a la diaria que su partido va a estudiar en profundidad el texto, pero en principio comparte la idea de combatir el alcoholismo y “los vicios” de la sociedad. En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada sostuvo que el consumo excesivo “genera preocupación”, sobre todo el que empieza antes de los 15 años, un dato que “evidencia un síntoma de la sociedad”. El independiente comparte la intención de tratar de generar una legislación al respecto, pero también agregó que hay que estudiar el proyecto.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la diaria que es un buen inicio para poner el tema sobre la mesa. Pero “quien piense que con una ley se va a arreglar se está equivocando”. Consultado sobre cuál es la solución del problema, dijo: “Parafraseando a [José] Mujica: educación, educación, educación, más en la casa que en los institutos. Vivimos en una cultura del exceso en todo”. Penadés afirmó que el problema es mucho más grande que el alcoholismo: “Se trata del consumo en general, y esto no se arregla con una ley. Se está instalando un nuevo paradigma en los jóvenes de que hay que mamarse para divertirse”, advirtió. El nacionalista mencionó que en este tipo de legislación también se debe tener en cuenta la libertad y el libre albedrío de las personas que toman con responsabilidad. Además, sostuvo que le parece un exceso la fiscalización propuesta por el gobierno, y señaló que “nadie se anima a plantear la prohibición del consumo en la vía pública, porque, ¿quién va a asumir los costos de, por ejemplo, una Justicia más expeditiva, que aplique condenas de trabajos comunitarios?”. No obstante, Penadés admitió que la tolerancia cero para conductores fue una buena medida para reducir los accidentes de tránsito.

Fuentes de Alcohólicos Anónimos (AA) aseguraron a la diaria que no fueron citados a participar en la elaboración del proyecto y que no conocen el articulado, pero que están dispuestos a asistir a cualquier instancia.

El proyecto crea un Registro de Vendedores de Bebidas Alcohólicas, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el que deberán inscribirse quienes expendan los productos. Además, regula la publicidad y establece fiscalizaciones. El artículo 20 prohíbe que la publicidad asocie las bebidas con “una mejora del rendimiento físico, intelectual o laboral; o les atribuya propiedades terapéuticas; […] tampoco podrán exhibir o exteriorizar significados o comportamientos que expresen éxito social, profesional o sexual”. Tampoco se permitirá “utilizar figuras públicas o personalidades reconocidas que asocien su éxito o reconocimiento al consumo de bebidas alcohólicas”. El artículo 35 establece sanciones para los vendedores que no cumplan con la ley. Las multas van des- de 1.000 UI ($3.650) hasta 100.000 UI ($365.000); ante faltas graves, se podrá suspender los permisos temporal o definitivamente, y también se prevé la clausura de los locales.

La diputada del Partido Colorado (PC) Susana Montaner dijo a la diaria que el permiso no tendrá costo, pero es obligatorio para toda persona física o jurídica que distribuya, comercialice, venda, ofrezca o suministre bebidas. La legisladora aseguró que el texto terminó siendo mucho menos restrictivo de lo que se había planeado inicialmente, y afirmó que se tratará de modificar en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. “Queríamos normas preventivas y educativas frente a una droga tan nociva. Hay una serie de regulaciones que apuntan a [preservar] la salud de los ciudadanos y el bienestar de la sociedad”.

En tanto, el diputado del Partido Independiente (PI) Daniel Radío dijo que el proyecto es “el puntapié inicial para el debate parlamentario”. Para el independiente, “los dos pilares que tienen que estar [en el proyecto] son el educativo y las políticas de promoción de la salud”. La educación es importante porque “cada vez es más temprano el inicio del consumo”. Según el documento, la edad promedio de inicio es de 16,9 años, aunque la edad más frecuente de comienzo es a los 15 años. A los 18 años, 81% de las personas probó alcohol. Lo que no está contemplado, y para Radío es importante, es el tratamiento de las personas que tienen problemas con el alcohol. La IV Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas estima que en Uruguay hay 261.000 personas con dependencia, y que sólo 2% de los consumidores problemáticos buscaron ayuda profesional en los últimos 12 meses. “La demanda de atención se da 15 años después del comienzo de la ingesta habitual”, dice la exposición de motivos del proyecto.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo prohíbe cualquier forma de venta, ofrecimiento, suministro, promoción o publicidad en los centros de estudio. El artículo 13 establece que serán la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los encargados de impartir las medidas de prevención. El propósito es “la prevención del consumo riesgoso y problemático […] con la participación de las familias”. El dinero recaudado por las multas será destinado a las políticas de prevención.

El proyecto establece, en el artículo 17, que los locales habilitados con más de 100 metros cuadrados “tendrán que destinar un sector específico para las bebidas alcohólicas”, separado de las no alcohólicas. Una de las medidas que se mantiene es la prohibición de vender alcohol en locales que no sean bares o restaurantes entre las 00.00 y las 06.00; lo que se agrega es que estos lugares deberán tener un cartel que especifique la prohibición. La Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, presidida por la Junta Nacional de Drogas, será la encargada de diseñar un plan estratégico de fiscalización y coordinación de acción de los cuerpos inspectivos.

El proyecto define las bebidas alcohólicas como las que tienen una graduación igual o menor a 0,1%, y menciona que las cerveza con 5% de graduación alcohólica “son comercializadas como ‘bebidas sin alcohol’”, un punto que “no es menor, ya que implica una publicidad engañosa que puede generar graves problemas, como ser la accidentalidad o su consumo en el embarazo”.

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5) Etiqueta de transgénicos: de la “suspensión” al nuevo diseño
(180)

El nuevo diseño del etiquetado sustituirá al triángulo amarillo, con una T negra, que comenzó a exigirse desde 2015, basados en una disposición departamental del 2013. Ahora, la Intendencia de Montevideo (IM) envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental para modificar el diseño. La nueva etiqueta de alimentos transgénicos será un círculo blanco, con una T en azul, y tendrá la inscripción “contiene organismos modificados genéticamente”.

La chef Laura Rosano, coordinadora nacional de la asociación Slow Food que participó de la discusión del tema con la IM, dijo a 180 que la fiscalización del decreto anterior solo duró unos meses. “Era el mismo símbolo que se utiliza en Brasil y se eligió para que quedara igual en el Mercosur. Luego, cuando cambian las autoridades de la IM en julio de 2015, lo primero que se hace es suspender este decreto con el argumento de que se querían alinear al gobierno nacional”, sostuvo.

A raíz de la suspensión a la que refiere Rosano, las organizaciones civiles, entre ellas Slow Food, denunciaron la situación ante el Defensor del Vecino y después fueron convocados a una reunión en la IM, donde se les informó que querían modificar el etiquetado.

El texto de la nueva reglamentación propuesta por la IM dice que “los alimentos que provienen de organismos genéticamente modificados o que contengan ingredientes producidos a partir de estos, que superen el 1% de material modificado genéticamente respecto a la especie vegetal considerada individualmente, deberán ser etiquetados especialmente conforme lo dispuesto en las presentes normas”. En 2013, cuando se aprobó por primera vez la exigencia de etiquetar a los alimentos con transgénicos, Uruguay pasó a ser el país 65 en el mundo en brindar esa información a los consumidores.

“Muchas empresas empezaron a etiquetar y se veían las góndolas con polentas y maicena con la T. Fue la industria uruguaya la que comenzó a etiquetar enseguida. Lo que hubo fue una presión muy grande de la industria argentina al gobierno uruguayo por este decreto departamental, porque mucha comida industrializada viene de Argentina y ahí no etiquetan transgénicos”, afirmó Rosano.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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