COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 -No. 469/ Miércoles 25 de Noviembre de 2015
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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«Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
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Un 25 de noviembre de 1960
El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), por su oposición al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este crimen supuso el comienzo del final de esta dictadura, pues contribuyó a despertar la conciencia entre la población, que culminó, seis meses después, con el asesinato del caudillo. También es el motivo de que se eligió esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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NOTICIAS
ARGENTINA
82 FEMINICIDIOS DESDE EL 3 DE JUNIO
BRASIL
PROHIBICIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE
ABOLIR LEY QUE DIFICULTA LA ATENCIÓN A LA MUJER VIOLADA
GRAVE SITUACIÓN DE LAS MUJERES PRESAS
GUATEMALA
LA MUJER INVISIBLE. EL QUINTO PATIO
URUGUAY
PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
TEMAS DE COMCOSUR MUJER
LA CIBERVIOLENCIA A MUJERES Y NIÑAS, UN PROBLEMA GRAVE Y REAL
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ARGENTINA
82 FEMINICIDIOS DESDE EL 3 DE JUNIO
El día 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la campaña argentina #NiUnaMenos denuncia que se registraron 82 nuevos femicidios en todo el país – cinco solo en Córdoba –, de los cuales 16 mujeres habían realizado denuncias y 12 tenían órdenes de restricción, pero no recibieron protección por parte del Estado.
Luego de una gran movilización, realizada el pasado 03 de junio en todo el país, se realizaron varias medidas en distintos niveles de los poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia confeccionará un registro de femicidios; por su parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comprometió en el mismo sentido a avanzar en relevar estos casos en todo el país; el Ministerio Público Fiscal de la Nación creó, en la Ciudad de Buenos Aires, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres – Ufem. «Sin embargo, observamos con preocupación la falta de centralidad de los anuncios y el silencio del Consejo Nacional de las Mujeres”, afirma el colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
La propuesta es que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Consejo Nacional de las Mujeres lleve adelante la implementación de la Ley 26.485, sancionada en el año 2009, y ponga en marcha el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que esa ley le encomienda. Sin embargo, recién hace unas semanas, y a sólo dos meses para terminar su gestión, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández presentó por primera vez un plan de acción, que no incluye ninguna mención referida a recursos financieros establecidos en el presupuesto nacional. Estos recursos permitirán llevar adelante las acciones que se requieren para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como lo platea la ley.
El presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Congreso de la Nación para el Consejo Nacional de las Mujeres en el año 2016 reafirma una vez más que los derechos de las mujeres no fueron parte de la agenda del gobierno nacional kirchnerista, la cifra representa tan solo el 0,0055% del presupuesto nacional, lo que equivale a una «inversión” de $4,25 por mujer.
En la misma línea, la Provincia de Córdoba creó una Comisión Legislativa de Género de testimonial utilidad, ya que ni siquiera impulsó el debate para la adhesión a la Ley Nacional. Ni participó de la incorporación de la primera casa refugio o el pase a la órbita ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, o de las medidas integrales necesarias. «Seguimos teniendo una anacrónica ley que engloba, y por ende, minimiza, en la violencia es familiar, la especificidad de la problemática de Género. Esperamos que estos anuncios no redunden en oportunismos, y signifiquen un crecimiento de la partida presupuestaria y de la voluntad política de abordar seriamente la temática”, afirma MuMaLá.
De acuerdo a un relevamiento que está realizando el MuMaLá, luego del 03 de junio se registraron 82 nuevos femicidios en todo el país, dentro de los cuales 16 mujeres habían realizado denuncias y 12 tenían órdenes de restricción, pero no recibieron protección por parte del Estado. «En la Provincia de Córdoba tenemos que lamentar a Laura Moyano, Ingrid Vildoza, Cinthia Quinteros y a los hijos de María López de cuatro y siete años (femicidio vinculado)”, denuncia el colectivo. Pueden leer el informe completo en este link
En Argentina cada 30 horas una mujer es asesinada por el sólo hecho de ser mujer. «Ni [Mauricio] Macri [presidente electo del país y alcalde de Buenos Aires], ni [Daniel] Scioli [candidato oficialista a la Presidencia derrotado y gobernador de la Provincia de Buenos Aires], ni Cristina Fernández [actual presidenta de la nación], ni [José Manuel] De La Sota [gobernador de Córdoba] han dado muestras durante los años que llevan gobernando de querer terminar con las situaciones de desigualdad que generan la violencia machista, a ellxs les decimos una vez más que las mujeres estamos de pie, en estado de alerta y movilización exigiendo #NiUnaMenos”.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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PATRIA, MINERVA Y MARÍA TERESA LAS HERMANAS MIRABAL
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada señalada en el calendario desde que en 1999 fuera aprobada su celebración anual por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se trata de un hecho histórico que fue propuesto por la República Dominicana y que fue apoyado por 80 países para alzar la voz y recordar a la sociedad la gravedad del problema de la violencia de género, cuya repercusión es mundial.
El origen de esta celebración se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) fueron asesinadas en República Dominicana por la Policía secreta del entonces dictador Rafael Trujillo, cuyo gobierno fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas.
Las tres hermanas fueron importantes activistas en la lucha por la libertad y la democracia durante dicha dictadura. Por su parte, Minerva presidió el ‘Movimiento Revolucionario 14 de Junio’ en 1959, un organismo clandestino que pretendía derrocar al régimen de Trujillo.
Un año más tarde, Minerva y María Teresa, sus maridos y otros activistas del movimiento fueron condenados a más de tres años de prisión, aunque ellas fueron liberadas meses después por presiones internacionales.
Al mismo tiempo que las hermanas retomaron sus actividades clandestinas, el dictador hizo lo propio y comenzó una ‘caza de brujas’ para hacer desaparecer a las tres mujeres de forma definitiva.
El entonces general Pupo Román, fue el encargado de idear la emboscada que provocaría la muerte de las tres hermanas, quienes fueron apaleadas hasta morir.
La repercusión de este suceso fue tal que marcó el comienzo del fin de la era trujillista, una de las dictaduras más despiadadas de América Latina que duró 31 años y sometió al país a un estado de pánico constante.
El mandato de la dictadura se caracterizó por su anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad y tuvo en contra a varios gobernantes extranjeros de países como Venezuela, Guatemala, Cuba, Haití, o Costa Rica.
Por eso, esta fecha tiene la intención de hacer reflexionar en las diferentes formas en las que se manifiesta este tipo de violencia contra las mujeres del mundo entero, así como señalar la impunidad de los autores en muchos de los casos y en los sistemas de prevención y actuación.
Más de veinte años después del triple asesinato tuvo lugar el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en 1981, donde se propuso esta fecha por su valor simbólico, pero no fue hasta 1999 cuando la ONU la declaró Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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BRASIL
PROHIBICIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE
MÁS DIFUCULTAD PARA LAS SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
El Proyecto de Ley (PL) 5069/2013, que tipifica como crimen contra la vida el anuncio de medio abortivo y prevé penas específicas para quien induzca a la gestante a la práctica de aborto, fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia [CCJ], de la Cámara de Diputados. El proyecto también modifica la ley de atención a las víctimas de violencia sexual.
Proyecto de Ley tipifica como crimen contra la vida el anuncio de medio abortivo y prevé penas específicas para quien induzca a la gestante a la práctica de aborto.
Los principales cambios propuestos por el PL 5069, de autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha [Partido del Movimiento Democrático Brasilero – PMDB – Río de Janeiro] –involucrado en serias denuncias de corrupción y desvío de dinero público hacia cuentas en Suiza–, son: la criminalización de propaganda, abastecimiento, inducción al aborto y a métodos abortivos. Además, el Proyecto establece que la mujer víctima de estupro procure una delegación de policía y pase por exámenes, antes de ser atendida por el sistema público de salud.
El proyecto prevé el aumento de pena para profesionales de la salud que traten o inclusive informen a esas personas de cómo proceder en caso de deseo de abortar después del estupro –lo que puede incluir peligrosamente la distribución de las llamadas píldoras del día después. En la legislación actual, si una mujer relata haber sido víctima de estupro, recibe gratuitamente la píldora del día después, como medida preventiva para evitar la fecundación. Es la llamada profilaxis del embarazo, término que el proyecto también intenta eliminar de la legislación por, en teoría, crear una vinculación entre gestación y enfermedad.
Patricia da Silva, directora del Consejo Regional de Servicio Social de São Paulo [Cres-SP], afirma en entrevista con Adital que la aprobación del PL 5069/13 es un retroceso, calcado del fundamentalismo religioso, que impone el machismo, el prejuicio, la discriminación, tutelando el cuerpo de la mujer y tratando a la víctima como la primera persona a ser blanco de dudas y de investigación. «Una total falta de respeto a los derechos conquistados arduamente por la lucha feminista y de las mujeres”.
Según Rosângela Talib del equipo de coordinación de las Católicas por el Derecho a Decidir, el proyecto es un suicidio político, pues intenta cambiar la legislación actual del país en relación con las víctimas de violencia sexual. Ella también resalta que la propuesta dificultará la atención de las víctimas, exigiendo que ellas busquen primero una delegación de policía, en vez de ser atendidas por el sistema de salud.
Principales cambios propuestos por el PL de autoría de Eduardo Cunha son la criminalización de propaganda, abastecimiento, inducción al aborto y a métodos abortivos.
Según datos del Anuario Brasilero de Seguridad Pública, 47.646 estupros se registraron en el país, en 2014, totalizando cinco por cada hora. Se estima, sin embargo, que sólo el 10% de los casos son notificados.
De acuerdo con Patricia, del Cres-SP, el PL afecta a mujeres víctimas de violencia sexual en dos aspectos. El primero es el del lugar en que se pone a la víctima, que es el de investigada, la persona sobre la cual primeramente se pone la duda, y por eso, es obligada al examen en el IML [Instituto Médico Legal]. Segundo, refuerza lo que el machismo impone a las mujeres hace tiempo en la sociedad, que es la subalternidad, en la que sus cuerpos y derechos son sometidos a la visión machista, que elige qué, cómo y para qué serán ofertados determinados servicios.
«La mujer víctima de violencia sexual enfrenta diversos obstáculos para llegar a la atención de salud y para hacer la denuncia. Basado en datos estadísticos y científicos, las mujeres lucharon por la atención inmediata en los hospitales, con derecho a administración de medicamentos que evitaran no sólo un embarazo, sino que también previnieran enfermedades sexualmente transmisibles. Tal medida posibilita a las mujeres el acceso a la atención necesaria, con la menor incomodidad y más agilidad, garantizando mayor protección a su salud. El PL no respeta el derecho a la salud de la mujer, impone incomodidades y crea un obstáculo en el acceso a las políticas públicas y a la protección social de las mujeres”, explica la directora del Cres-SP.
Rosângela Talib cree que los intereses religiosos fueron el principal motivo para la aprobación del Proyecto en la Cámara de Diputados. «Vivimos en un estado laico, esos proyectos de cuño religioso son un gran absurdo, el Estado debe atender a todos, independiente de la religión que profese”, comenta.
Patricia explica el motivo por el cual el proyecto es visto como una expresión de la sociedad machista y conservadora. «El machismo es el responsable de la subalternización de las mujeres en la sociedad, es el machismo que estuvo y está presente en las tesis que intentan diferenciar hombre y mujer a partir de lo biológico, comportamientos, emociones, entre otros, creando estereotipos que distinguen los géneros entre lo bueno y lo malo, el fuerte y el débil, el dominador y el dominado. Decir que la mujer no tiene derecho a su cuerpo, retirándole la autonomía y la libertad, eligiendo por ella, obligándola a probar que no está ‘mintiendo’ para tener o no acceso al derecho de tratamiento preventivo de su salud y futuro, es una práctica de dominación machista y fundamentalista”, comenta.
Algunas medidas que están siendo tomadas para intentar parar el PL de Cunha incluyen manifiestos para presionar a los diputados(as) y actos en las calles, por movimientos sociales feministas, movimientos de izquierda, e instituciones como el Conjunto CFES/Cres. «La consigna es resistir, presionar, luchar por la garantía del derecho conquistado, no aceptaremos ningún derecho menos. El derecho conquistado no se toca, ningún derecho menos”, finaliza Patricia da Silva
Después de aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia [CCJ] de la Cámara de Diputados, el proyecto ahora está listo para, en cualquier momento, ser votado por el Plenario.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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BRASIL
GRAVE SITUACIÓN DE LAS MUJERES PRESAS
Según el documento elaborado en base al Relevamiento Nacional de Informaciones Penitenciarias (Infopen), de junio de 2014, Brasil aparecía como el quinto país con mayor población penitenciaría femenina del mundo, quedando atrás sólo de Estados Unidos (205.400 detenidas); de China (103.766 detenidas); de Rusia (53.304 detenidas) y de Tailandia (44.751 detenidas).
Además, los datos señalan que Brasil tiene una población penitenciaría de 579.781 personas, de los cuales 542.401 son hombres y 37.380 mujeres. En los últimos 15 años, entre 2000 y 2014, la población penitenciaría femenina aumentó de 5.601 a 37.380, o sea, un crecimiento del 567% de mujeres presas. Una tasa superior al crecimiento de la población encarcelada en general, que aumentó 119% en el mismo período.
Otro dato importante del informe es el motivo de las detenciones de las mujeres, el 68% fue presa por causa de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Raquel da Cruz Lima, coordinadora de pesquisa del Programa Justicia sin Muros, del Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía (ITTC), cree que ésta es justamente la principal explicación para el crecimiento del número de la población carcelaria femenina. «Las mujeres son las que están en posiciones más bajas, son menos remuneradas, ellas son reclutadas para actividades más expuestas, pues son sustituidas fácilmente”, explica Raquel en una entrevista con Adital, sobre la posición de la mujer en los delitos relacionados con las drogas.
La investigación también muestra que, en relación con la estructura, en los establecimientos femeninos sólo el 34% dispone de celda o dormitorio adecuado para gestantes. Cuando se trata de establecimientos mixtos, la tasa cae, solamente el 6% de las unidades cuenta con estructura adecuada para gestantes. En relación con la cantidad de guarderías o centros de referencia materno-infantil, el 32% de las unidades femeninas cuenta con esos espacios y el 5% tiene guarderías. En las unidades mixtas, ninguna cuenta con guarderías infantiles y sólo el 3% tiene guarderías o centros de referencia. «Las cárceles cuentan con una estructura muy precaria, en relación con la maternidad y las necesidades biológicas del cuerpo femenino, lo cual es un absurdo”, afirma Raquel.
La coordinadora de investigación del Programa Justicia sin Muros del ITTC también resalta que se sorprendió con algunos datos que están faltando en el informe, como el número de gestantes presas, pues, según ella, ese dato ya fue producido. «Es difícil entender por qué algunos datos no están en el informe. Según mi visión, pienso que fue un informe hecho para las presas, para dar una satisfacción, pues la sociedad civil hizo críticas al relevamiento realizado. Algunos números son diferentes, no se sabe cómo se producen esos datos en Brasil”, afirma Raquel, refiriéndose al Relevamiento Nacional de Informaciones Penitenciarias (Infopen), elaborado en junio de 2014.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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ABOLIR LEY QUE DIFICULTA LA ATENCIÓN A LA MUJER VIOLADA
En la mañana del miércoles 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes del Frente contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto, principalmente en caso de violación, entregaron oficialmente a la Mesa Directiva y a la Bancada femenina de la Cámara de Diputados una petición con cerca de 87.000 firmas de personas que repudian el Proyecto de Ley de autoría del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha [Partido del Movimiento Democrático Brasilero – PMDB – Río de Janeiro], que dificulta el acceso al aborto legal para las mujeres víctimas de violación.
De acuerdo con la integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, la psicóloga Rosangela Talib, que estuvo presente en la ocasión, la recepción en la Cámara se produjo de manera agradable. Con la entrega del documento, se espera que el PL no entre en la votación plenaria y, si eso ocurre, que no sea aprobado.
Para Rosangela, el PL de Cunha representa un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres. Lo define como anti-ético teniendo en cuenta el castigo a los profesionales de la salud previsto en el Proyecto.
Si la propuesta de ley se aprueba en el plenario y, posteriormente, en el Senado, las víctimas de abusos sexuales sólo podrán abortar legalmente si notifican la violencia a las autoridades policiales y se realizan un examen del cuerpo del delito para comprobar el abuso. La víctima será obligada a probar que fue violada. El Proyecto prevé también penas para aquellos que auxilien a las mujeres en prácticas abortivas. «Es un despropósito exigir el examen del cuerpo del delito a una mujer víctima de abuso sexual, es someterse a otro acto de violencia”, afirma la integrante de Católicas.
Problema de salud pública
Rosangela reitera que la violencia contra la mujer en Brasil es un problema de salud pública. «El índice de mortalidad de mujeres a causa de la violencia es escandaloso, vergonzoso. Nada justifica que las mujeres sean sometidas a tantas formas de violencia, sea física, moral o a causa de su condición sexual y de género”.
Según Católicas, la población de mujeres lésbicas, bisexuales, transexuales y los hombres transexuales son también «blancos de delitos inaceptables cuyo tenor sobrepasa la misoginia, como por ejemplo la violación ‘correctiva’, motivada por la lesbofobia, bifobia y transfobia. Esto sin contar los impedimentos que padecen esas personas en el acceso a la educación, la salud, el trabajo y otros derechos civiles y humanos”.
Según el Mapa de la Violencia 2015, más de 106.000 mujeres fueron asesinadas en Brasil entre los años 1980 y 2013. De ese total, 4.762 lo fueron sólo en 2013. También de acuerdo con el Mapa, hubo un aumento de los homicidios de mujeres negras de 2003 a 2013, pasando de 1.864 a 2.875.
Ante la realidad propuesta por el PL de Cunha, que, para los movimientos feministas, se configura también como una violencia contra las mujeres brasileras, Católicas por el Derecho a Decidir lanzan en el Día Internacional de Combate a la Violencia contra la Mujer la campaña «Católicas por el fin de la violencia contra las mujeres”.
Según Rosangela, el objetivo de la campaña es sensibilizar a la población y al poder público sobre el problema, provocado, en su esencia, por el machismo, el racismo y la LGBTIfobia. Con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Católicas realizaron seis videos que serán divulgados a partir de este miércoles 25 hasta el próximo 7 de diciembre. En ellos, profesionales que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres abordan la problemática de la violencia en el país.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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GUATEMALA
LA MUJER INVISIBLE. EL QUINTO PATIO
El femicidio, ese crimen alevoso contra una mujer por el solo hecho de serlo -uno de los más recurrentes del prontuario criminal-, parece ser irrelevante para el actual sistema de administración de justicia.
Esto parecen expresar los magistrados de la Corte Suprema, quienes con un golpe de tintero han echado por tierra los esfuerzos realizados con la creación de los Tribunales Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, uno de los más importantes avances de la región y del continente con relación a esta clase de crímenes.
Con el acuerdo número 29-2015 de la Corte Suprema de Justicia, se tacha de un plumazo la especialización y se les añade a estos tribunales la carga adicional de conocer los delitos de violencia sexual y explotación y trata de personas. Esto, aun cuando aparenta ser otra forma de violencia contra la mujer, constituye todo un capítulo de enorme exigencia para estas instancias, cuyo trabajo se verá sobrepasado, con la consecuencia directa de perder su eficacia en aquellos casos específicos de femicidio que nunca antes fueron individualizados como corresponde.
De acuerdo con el Decálogo Iberoamericano «Calidad para la Justicia”, documento suscrito por las Cortes Iberoamericanas, entre ellas la de Guatemala, la justicia debe cumplir con «establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos. La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y eficacia. El primero de ellos hace referencia a la optimización de los resultados alcanzados en relación con el uso de los recursos disponibles e invertidos en su consecución. Por otro lado, la eficacia es el logro de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de la persona usuaria”.
¿Cuánta «eficiencia y eficacia” podrán demostrar los Tribunales cargados con procesos de tanta complejidad y magnitud como los de Femicidio, Violencia Sexual, y Explotación y Trata de Personas? ¿Acaso no es pertinente para los señores magistrados especializar la justicia para casos de Femicidio, en un país cuyos indicadores de este delito están entre los más elevados del mundo?
La decisión resulta, más que lamentable, amenazante para un importante sector de la población cuya vida se encuentra bajo la carga constante de la violencia homicida. Peor aun cuando vea que estos juzgados, antes especializados, deban diluir su atención para atender otra clase de delitos, los cuales, de todos modos, terminarán engrosando la interminable lista de los casos pendientes de resolución, alimentando así el capítulo de la impunidad que hoy alcanza cifras de escándalo.
Con esas 14 firmas al pie de un Acuerdo se termina de poner el pomo sobre un avance que enorgulleció en su momento a Guatemala y a su Corte Suprema de Justicia, por haberle entrado de lleno a uno de los temas menos priorizados en el ámbito judicial.
Adital/ COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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URUGUAY
CONTAR DE OTRA MANERA
Gobierno presenta Plan de Acción 2016-2019 contra la violencia de género.
En el Día Internacional contra la Erradicación de todas las formas de Violencia hacia la Mujer, referentes institucionales de los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Defensa Nacional, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, e Interior, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública y organizaciones sociales, entre otros, acompañarán hoy la presentación del “Plan de Acción 2016-2019: Por una Vida Libre de Violencia de Género con mirada generacional”, que fue firmado por decreto presidencial el 16 de noviembre.
“El alto número de muertes de mujeres, señala déficits en el sistema de prevención, detección y protección”, reconoce el texto. Si bien enumera avances registrados en los últimos años, el plan identifica las numerosas fallas que concluyen en las cifras aterradoras que tiene Uruguay en el asesinato de mujeres en manos de parejas o ex parejas. Fallas que van desde la falta de una real aplicación de la legislación existente hasta la carencia de dispositivos de atención, de equipos técnicos, de un trabajo interinstitucional que considere a las mujeres, niñas y adolescentes como centro y las priorice. Falta de campañas de difusión de otros modelos de relacionamiento entre mujeres y varones, carencias en la formación de profesionales y falta de compromiso real de las instituciones para que hagan carne de la letra escrita.
El plan apunta a potenciar lo hecho hasta ahora y a cambiar la pisada. Para seguir de cerca ese compromiso, fija una serie de objetivos, resultados e indicadores, con metas cuantificables de las que se pasará raya al término de 2019.
Se buscará que al final del período haya disminuido el número de femicidios -maneja ese concepto para referirse al asesinato de mujeres por violencia de género-, así como la cantidad de mujeres que haya sufrido algún tipo de violencia basada en género.
Se prevé crear 560 cupos al año para la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato, abuso sexual o explotación sexual comercial, en modalidad de tiempo parcial, y 240 cupos al año para la atención durante las 24 horas (en esta última modalidad se incluye también a madres). Se crearán al menos 19 servicios de atención psicosocial legal que trabajen en la interinstitucionalidad en todo el territorio; cuatro servicios departamentales (en Maldonado, San José, Montevideo y Canelones) y dos regionales (Salto y Rivera) para la atención de mujeres, con medidas de uso de tecnologías por alto riesgo de vida; un servicio en Montevideo y otro itinerante para todo el territorio, para atender a mujeres víctimas de explotación sexual, y al menos un sistema de tobilleras electrónicas por departamento.
En la órbita del INAU se crearán 21 unidades de prevención y atención de la violencia y 30 comités de recepción local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Se buscará responder a 100% de las llamadas recibidas por el 08004141 (violencia doméstica) y 08007272 (violencia basada en género) y brindar atención psicológica a 100% de los huérfanos por violencia doméstica. Otro objetivo será que 90% de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud cuenten con equipos de referencia en violencia doméstica y sexual, y que haya diez servicios de referencia departamental para la asistencia específica a situaciones de alto riesgo o daño de vida.
Pensando en la integralidad de las soluciones, el gobierno se compromete a capacitar a 100% de las mujeres que son atendidas en servicios de violencia doméstica y requieran capacitación laboral.
Se crearán dos centros de atención en crisis y se entregarán 200 soluciones habitacionales transitorias, y se pondrá en marcha una experiencia piloto de casas asistidas; también se construirá una casa de breve estadía en Montevideo y otra en el norte del país.
Otro de los focos está puesto en los servicios de resocialización de varones: se crearán cuatro departamentales (Maldonado, San José, Montevideo y Canelones) y dos regionales (Salto y Rivera).
El trabajo a nivel de procesos judiciales es identificado como una de las patas débiles en el tema. Se pretende crear en Montevideo, en 2016, seis fiscalías especializadas, ocho juzgados especializados en violencia doméstica y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y dos juzgados especializados en Crimen Organizado, para atender casos de redes de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial de todo el país.
Se propone, también, presentar una Ley Integral de Violencia Basada en Género; la incorporación legislativa del delito de femicidio como figura legal, y crear una Ley Integral de Trata de Personas. Asimismo, se manifiesta la intención de incorporar textos sustitutivos a la reforma del Código Penal, para “avanzar en la tipificación de leyes penales, especialmente las referidas a la violencia sexual”.
Se cuantificarán las campañas masivas y en centros educativos, mediante la propuesta de pautas de relacionamiento no violentas. El plan incluye números de funcionarios públicos a los que es necesario capacitar y sensibilizar, de estudiantes formados con perspectiva de género, cantidad de protocolos a crear, identificación del gasto público destinado al abordaje de la temática, y se explicitan pautas de seguimiento para que el plan se cumpla.
La Diaria – COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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TEMAS DE COMCOSUR MUJER
LA CIBERVIOLENCIA A MUJERES Y NIÑAS, UN PROBLEMA GRAVE Y REAL
Según un nuevo informe publicado por la Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, casi las tres cuartas partes de las mujeres han estado expuestas a alguna forma de ciberviolencia online, por lo que se insta a los sectores públicos y privados a colaborar más estrecha y efectivamente para proteger mejor al número creciente de mujeres y niñas que son víctimas de amenazas y acoso online
En el informe señala que a pesar del número creciente de mujeres víctimas de violencia online, sólo las autoridades del 26% de los 86 países encuestados están tomando medidas apropiadas.
El informe, titulado «Cyberviolencia contra las mujeres y las niñas: Una llamada de atención al mundo», fue publicado en un evento organizado en la Sede de las Naciones Unidas por el Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión, que es presidido conjuntamente por Helen Clark, Administradora del PNUD, y Phumzile Mlambo-Ngcuka, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. Los miembros del Grupo de Trabajo, que también comprende representantes del sector tecnológico y la sociedad civil, esperan que el informe movilice a los sectores público y privado en torno a estrategias concretas destinadas a detener una marea creciente de violencia online contra las mujeres y las niñas.
Según el informe, sin una acción concertada a escala mundial para poner coto a la escalada de la violencia online en todas sus formas, podría vivirse una oleada sin precedente de ’ciberviolencia contra mujeres y niñas (ciberVCMN)’ que obstaculizaría considerablemente la aceptación de la conexión de banda ancha por las mujeres en todo el mundo. Se señala que ya existen muchos tipos de ciberVCMN, como acoso en línea, agravio público, el deseo de infligir daño físico, ataques sexuales, asesinatos y suicidios inducidos.
La rápida expansión de Internet significa que sigue siendo muy difícil disponer de controles legales y sociales efectivos contra los comportamientos antisociales y delictivos en línea. Además, en esta época de Internet social y de acceso móvil ’en cualquier lugar y a toda hora’, la ciberviolencia puede atacar en cualquier momento y seguir incansablemente a sus víctimas, vayan donde vayan.
«En ese informe aducimos que la autocomplaciencia y no abordar y resolver la ciberviolencia podría obstaculizar considerablemente la aceptación de la banda ancha por las mujeres en todo el mundo», declaró Houlin Zhao, Secretario General de la UIT, que también es Covicepresidente de la Comisión de la Banda Ancha, junto con Irina Bokova, Directora General de la UNESCO. «La Red es un recurso asombroso de emancipación personal y debemos velar por que el mayor número posible de niñas y mujeres se beneficien de las increíbles posibilidades que ofrece».
Principales conclusiones del informe:
Se estima que un 73% de las mujeres ya se ha visto expuesto o ha experimentado algún tipo de violencia online.
Las mujeres de entre 18 y 24 años presentan un gran riesgo de ser objeto de persecución y acoso sexual, además de amenazas físicas.
Solamente en los 28 países de la Unión Europea, nueve millones de mujeres han sufrido violencia online a edades tan tempranas como los 15 años.
Una de cada cinco usuarias de Internet vive en países donde es muy poco probable que se castigue el acoso y abuso de las mujeres online.
En muchos países las mujeres prefieren no denunciar su victimización por miedo a las repercusiones sociales.
Anita Sarkeesian, una sobreviviente de la violencia cibernética, habla en el lanzamiento del nuevo informe de la ONU
«La violencia contra las mujeres y las niñas es totalmente inaceptable, ya sea en la calle, en el hogar o en la autopista de la información», declaró Helen Clark, Administradora del PNUD. «Para lograr un desarrollo sostenible para todos, debemos crear un mundo en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia y alcanzar su pleno potencial como valiosos miembros de la sociedad a los que se trata de igual a igual».
«La violencia en línea ha subvertido la promesa positiva original de libertad en Internet y, en demasiadas ocasiones la ha convertido en un lugar escalofriante que permite la crueldad anónima y facilita los actos perniciosos contra mujeres y niños», declaró Phumzile Mlambo-Ngcuka de ONU Mujeres. «Queremos reivindicar y aumentar las oportunidades que ofrece, y eso significa reconocer la magnitud y gravedad de los daños infligidos y tomar medidas fuertes y concertadas para afrontarlos y suprimirlos. El acoso online sigue siendo acoso, es muy grave y tiene consecuencias muy reales».
Se estima que un 73% de las mujeres ya ha experimentado algún tipo de violencia online
En el informe se presentan varias recomendaciones importantes en las que se propone un marco global en torno a las tres ’S’: Sensibilización, Salvaguardias y Sanciones.
Sensibilización – Prevenir la ciberVCMN a través de la formación, el aprendizaje, la realización de campañas y el desarrollo comunitario para promover cambios de las actitudes y los comportamientos sociales.
Salvaguardias – Supervisar y mantener una infraestructura de Internet responsable, y contar con prácticas de atención al cliente bien fundadas.
Sanciones – Elaborar y respetar leyes, reglamentos y mecanismos de gobernanza para disuadir a los infractores de cometer esos delitos.
Según el informe, el control y el cumplimiento rigurosos de las normas que prohíben la ciberVCMN en Internet será un componente fundamental si se desea que Internet se convierta en un espacio seguro, respetuoso y habilitador para las mujeres y las niñas y, por extensión, para los hombres y los niños.
elsalmoncontracorriente.es/ COMCOSUR MUJER No. 469 – 25/11/2015
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
(Tomado del libro A campo traviesa. Los caminos de Mario Costa)
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