1) FFOSE lanzó campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego /Amanda Muñoz
2) Las nuevas amenazas a los Derechos Humanos
3) Odebrecht provoca crisis política en Ecuador y Perú: Uruguay reaparece en la trama /Fabián Werner
4) Evo Morales se reúne con Doris Leuthard, presidenta suiza /Sergio Ferrari
5) Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana, de Kintto Lucas /Antonio Salamanca
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1866 – martes 19.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
1) FFOSE LANZÓ CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRA LA LEY DE RIEGO;
DOCENTES HICIERON RECOMENDACIONES PARA REGLAMENTARLA, MODIFICARLA O DEROGARLA
Por Amanda Muñoz /La Diaria, 19.12.2017
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó ayer la campaña de recolección de firmas para derogar la Ley 19.553, que aprobó el Parlamento en octubre y que modifica la anterior Ley de Riego (16.858, que había sido aprobada en 1997). El lanzamiento se hizo en el local de FFOSE, que estaba repleto. Se promueve un recurso de referéndum; para que prospere, se deberán juntar unas 700.000 firmas (25% del padrón electoral) antes del 25 de octubre de 2018, para presentarlas ante la Corte Electoral. El presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, anunció ayer que la federación mandó a imprimir 5.000.000 de papeletas, “por si nos quedamos cortos”, dijo, en broma y en serio; organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles replicarán la juntada de firmas como en 2004, cuando se impulsó la reforma constitucional para evitar la privatización del agua.
Ricci calificó de “perversa” la nueva ley. Comentó que “los inversores que pueden estar haciendo esas obras de embalse del agua para la distribución y para la correspondiente autorización también van a poder estar utilizando esa agua para generar hasta un máximo de diez megavatios e incorporarlos en el mercado de energía, lo que le da otro componente económico a esa ley en favor de los inversores nacionales y extranjeros”. Agregó que a los inversores “se les va a aplicar la ley de inversiones” mediante la cual “van a estar exonerados de los impuestos, y no de esa obra, sino que van a poder trasladar la exoneración de esos impuestos a sus actividades particulares: se les va a exonerar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, es decir, vamos a seguir transfiriendo recursos de todos en favor de una actividad en particular”, lamentó. Por otra parte, refutó el argumento de los promotores de la ley, que han dicho que la norma favorecerá a los productores familiares, porque se habilita a que se les corte el servicio de distribución de agua (en la zafra siguiente) a los productores que no paguen. “Todo muy perverso. Están transformando el derecho esencial a la vida, como lo definimos en 2004, en una mercantilización burda y en un mercado paralelo de agua”, opinó.
Evidencias
El viernes, representantes de la Universidad de la República (Udelar) presentaron en la sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce un documento firmado por 31 docentes e investigadores de la Udelar, que busca aportar al debate sobre las consecuencias ambientales que traerá la nueva ley. Advierten que la generación de embalses generará cambios en el volumen de la producción agrícola –es la finalidad de la norma–, en “el perfil y relaciones entre los actores vinculados al medio rural, la calidad del agua y ecosistemas que sustentan la biodiversidad y la producción, el acceso al agua como un derecho e incluso el patrimonio histórico-arqueológico material e inmaterial presente en el territorio, sea este actualmente conocido o no”. Señalan, además, que los embalses multiprediales a gran escala generarán “efectos diferidos en el espacio (tanto aguas arriba como aguas abajo), y diferidos en el tiempo, de una magnitud significativa y quizás poco sospechable a priori”. Afirman que esas consecuencias hacen cuestionable la sustentabilidad de la estrategia de riego que se promueve, “en contraposición al mandato de gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras”.
Los investigadores sostienen que “en Uruguay son pocos los sistemas acuáticos que cumplen con la normativa de calidad de agua (Decreto 253/79 y modificativos) en lo que refiere a concentración en agua de fósforo total”, y subrayan que “los sistemas de aguas corrientes que drenan campos agrícolas ganaderos llegan a superar por cinco, diez, 20, 40, 80, 120 y hasta más de 300 veces los máximos establecidos” en la normativa. Expresan que hay “evidencia” de que la mayor causa de la mala calidad del agua se debe a la actividad agrícola-ganadera, y que “el modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego exacerbará significativamente la problemática”, puesto que “los ecosistemas de aguas quietas, como los embalses, son más vulnerables que los de aguas corrientes al ingreso de nutrientes” (se deterioran antes y más que las aguas de ríos y arroyos, aclaran).
El documento hace ocho recomendaciones, “criterios-guía” para definir o descartar la localización de embalses. Sostiene que el modelo de producción intensiva agrícola-ganadera aplicado por Uruguay permite concluir que la intensificación prevista hará imposible cumplir con los estándares de calidad del agua “para los parámetros asociados a la contaminación por nutrientes y particularmente el fósforo total”. En ese sentido, dicen que no es aplicable “el principio precautorio asociado a la falta de certeza técnica o científica ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos”, ya que “la evidencia indica claramente cuáles serán los resultados esperables”. Afirman que cabe la aplicación de ese principio para otros efectos que no puedan preverse. Para la gestión de los embalses actuales y futuros, recomiendan tomar decisiones en función de “un análisis integral” que considere “el mejor conocimiento científico disponible acerca de los sistemas sociales y ambientales”, y remarcan que “los análisis sectoriales agronómicos-productivos resultan insuficientes”.
El texto critica que esta ley no haya sido discutida “en los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas, ámbitos previstos en la normativa para la planificación, gestión y control de los recursos hídricos donde usuarios y sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación de planes y políticas en estos temas”, y subrayan la necesidad de que la construcción de embalses multiprediales resulten de un proceso participativo que considere la opinión de las poblaciones afectadas, así como el asesoramiento de especialistas independientes al proyecto.
Dan pautas para prevenir la multiplicación y dispersión de floraciones tóxicas y de especies invasoras, mediante el monitoreo, pero también mediante la aplicación de abonos orgánicos, el establecimiento de cargas máximas de nutrientes y la creación de zonas buffer –de transición– que bordeen los embalses, cubriéndolas de pastizales naturales o monte nativo. Sostienen, además, que es “indispensable” prohibir el trasvase de aguas entre cuencas, porque puede provocar el transporte de enfermedades hídricas y el ingreso de especies exóticas invasoras. Advierten, además, que los embalses obstaculizarán la migración de peces, incluso de especies de importancia económica. Por último, pronostican que la multiplicación de embalses tendrá impactos directos sobre el patrimonio cultural, y entre ellos mencionan bienes y valores “históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y de biodiversidad”, que pueden desaparecer.
Amanda Muñoz /La Diaria
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2) LAS NUEVAS AMENAZAS A LOS DERECHOS HUMANOS
Se presentó el miércoles el informe anual del Servicio de Paz y Justicia. La socióloga argentina Maristella Svampa dio un panorama preocupante de la situación regional
Sudestada / 14/12/2017
Svampa dijo que desde el año 2000 hasta la fecha se produjo primero un auge y luego un declive de lo que se conoce como “el ciclo progresista”, que incluyó gobiernos de esa tendencia en la mayoría de los países latinoamericanos. Si bien señaló los índices de reducción de la pobreza como avances sociales de este período, la socióloga argentina también apuntó algunos aspectos que muestran nuevas amenazas para los derechos humanos.
Según Svampa en estos años se consolidó una “doble dialéctica del capital”, que por un lado se relaciona con el trabajo y por otro con la explotación de los recursos naturales. Mencionó la concepción “desarrollista” de estos gobiernos vinculada a un nuevo impulso de las industrias extractivas a pesar de la resistencia de los movimientos sociales y las comunidades indígenas.
En este sentido dijo que a partir del año 2010 se produce un “blanqueo” del discurso extractivista-desarrollista, un afianzamiento de lo que denóminó “dinámica de desposesión”, una criminalización de los movimientos ambientalistas y una eclosión de conflictos socioambientales. Varios de estos gobiernos, resaltó Svampa, incluso comenzaron a hablar de imponer un “capitalismo sensato”.
La socióloga dijo que muchos de estos gobiernos retornaron a una lógica populista similar a la de los años 40 y que a pesar de haber surgido “al calor de los movimientos sociales” hicieron “pactos con el gran capital” sobre todo para impulsar grandes proyectos de desarrollo que implicaron una concesión de soberanía.
En este contexto también se identifican, sostuvo Svampa, políticas de inclusión social vinculadas particularmente al consumo, que van de la mano con planes sociales de asistencia para grandes porcentajes de la población.
Entre las paradojas de este “ciclo progresista” Svampa señaló que mientras se produjo una expansión de la agenda de derechos también se registró una expansión del capital, que se refleja en la imposición de megaproyectos con significativas concesiones de los estados a las empresas, en su mayor parte multinacionales.
Como muestra de eso señaló el aumento de un acaparamiento de las tierras en el 1 por ciento más rico, que en muchos casos reúne más recursos que el 99 por ciento restante de la población del continente. Esto implica una “consolidación de las desigualdades” en la región, que sigue siendo la zona del mundo con mayor desnivel entre los ingresos de ricos y pobres, además del fracaso del “regionalismo autónomo desafiante” que se intentó instalar con la aparición de nuestras alianzas como la Unasur, el Alba o la Celac.
Svampa también indicó la importancia de la creciente relación de dependencia de los países de la región con China, que en algunos casos implica un desigual intercambio de dinero a cambio de recursos naturales como petróleo o materias primas por largos períodos. También señaló la instalación de empresas chinas para el desarrollo de megaproyectos como síntoma de este vínculo entre los estados latinoamericanos y la economía más grande del mundo.
Sudestada, periodismo y transparencia
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3) ODEBRECHT PROVOCA CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR Y PERÚ: URUGUAY REAPARECE EN LA TRAMA
La prisión del vicepresidente Jorge Glas en Ecuador y la situación del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski vuelven a poner a la empresa brasileña en el centro del debate
Por Fabián Werner /Sudestada, 15/12/2017
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado el miércoles 13 a seis años de cárcel por recibir al menos 14 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, entre 2012 y 2016. Glas afrontaba prisión preventiva desde octubre pasado junto a su tío y testaferro, Ricardo Rivera, quien también ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana.
Al menos 1 millón de dólares de esas coimas se pagó a través de una empresa uruguaya que tenía una cuenta en un banco austríaco.
La sociedad anónima Cilgory que tiene su sede en la calle Zabala 1372 escritorio 21 en la Ciudad Vieja de Montevideo recibió dos pagos por 500 mil dólares cada uno, según la información de las transferencias bancarias a la que accedió Sudestada.
El 24 de agosto de 2014 Cilgory recibió medio millón de dólares en su cuenta del Bank Winter & Co con sede en la ciudad de Viena, en la cuenta número 5009041004. Veinte días después, el 15 de setiembre, la misma cuenta recibió otro monto idéntico.
Según la declaración premiada de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, ese millón de dólares era sólo una parte de una coima total de 6 millones de dólares que se iría a pagar a través de Cilgory pero que finalmente nunca se completó.
Cilgory fue creada el 27 de noviembre de 2008 con un capital inicial de 1,6 millones de pesos y fijó su sede en Zabala 1372 oficina 21, un escritorio del Edificio Atlas que alberga al menos otra sociedad offshore que consta en el registro de direcciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el marco de la investigación conocida como Panamá Papers.
Cilgory se fundó con el objetivo de industrializar y comercializar cualquier tipo de mercaderías y servicios, así como la “Compraventa, arrendamiento, administración, construcción, operaciones con inmuebles, excepto rurales”, y en la “Participación, constitución, (y) adquisición (de) empresas”.
El 19 de mayo de 2011, menos de tres años después de su creación, Cilgory informó a través del diario oficial del extravío de todas sus acciones y exhortó a sus tenedores a presentarse para reclamar sus derechos. El lugar donde los accionistas debían hacer el reclamo era Rivera 6328 oficina 106, dirección del estudio BGL Asesores Legales y Fiscales, que aún hoy funciona en ese mismo sitio.
Las iniciales BGL que figuran en el nombre del bufete refieren a quienes por aquel entonces eran los dos socios principales: la B era de Fernando Belhot y GL eran de Juan Carlos González Lerena, único de los dos que todavía permanece allí. El estudio BGL Asesores Legales y Fiscales aparece en la base de datos del ICIJ como intermediario de 51 sociedades fantasma con sede en distintos paraísos fiscales como el estado de Nevada en los Estados Unidos, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, entre otros.
La Red de Periodismo de Investigaciones Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de OGlobo (Brasil), La Prensa (Panamá), La Nación (Argentina), Armando.Info (Venezuela), Quinto Elemento Lab (México) y Sudestada (Uruguay) ha publicado este año una serie investigativa sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña a altos funcionarios públicos ecuatorianos. Como consecuencia de ello hubo un impulso de las investigaciones fiscales, Glas perdió sus funciones como vicepresidente, luego fue encarcelado preventivamente y ahora ha sido condenado en primera instancia.
La confesión que hundió al vicepresidente de Ecuador fue la de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, quien confesó que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas recibió al menos 14 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016, según publicó el sitio IDL-Reporteros.
Conceição Santos afirmó que el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, le “había pedido plata por todos los contratos” suscritos entre la compañía y el gobierno de Rafael Correa. Cuando se conoció esa confesión el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno retiró a Glas de sus funciones.
La declaración fue hecha a los fiscales brasileños el 15 de diciembre de 2016 como parte del proceso de delación premiada (o colaboración eficaz) de Conceição. Según el ex ejecutivo de Odebrecht, alrededor de junio de 2011 fue contactado vía telefónica por el empresario ecuatoriano Ricardo Rivera, quien le pidió reunirse personalmente “para tratar de asuntos de interés de la compañía”.
La reunión tuvo lugar en el café del Swissotel, en Quito. Rivera “se presentó como el intermediario del entonces del ministro Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Jorge Glas (cargo que ocupó hasta 2012, en que fue nombrado vicepresidente de la República), que tenía el control de los sectores de petróleo, energía y proyectos hídricos en el país”.
Durante el encuentro, Rivera le dijo que Odebrecht debía pagarle a Glas “el 1 por ciento sobre cada contrato público que la compañía obtuviese en el ámbito de ese ministerio”. Y eso se acordó, pero al momento de la adjudicación de cada contrato, “ese porcentaje sufrió incrementos entre el 1 y 1.3 por ciento”. Conceição dijo que esos pagos eran una suerte de “peaje” obligatorio en caso de que la compañía lograse adjudicarse contratos con el Estado.
“Esa forma de pagos exigidos en beneficio de Jorge Glas ya estaba siendo practicada con empresas chinas que estaban en el país y que operaban grandes proyectos de infraestructura en las áreas cubiertas por el Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Recuerdo que Ricardo Rivera Arauz llegó a mencionar las empresas SINOHYDRO, CCCC, CWE y HARBIN”, indicó Conceição.
Según Conceição, Odebrecht le pagó sobornos a Glas – a través de Rivera – por los contratos relacionados a la Central Hidroeléctrica Manduriacu, al Proyecto de Irrigación Trasvase Daule –Vinces, la Refinería del Pacífico y el Poliducto Pascuales – Cuenca.
Por eso contratos, Glas recibió, según Conceição, coimas por al menos 14 millones de dólares, de los cuales 5,8 millones fueron depositados a compañías indicada por Rivera – en 16 transferencias – entre junio de 2012 y diciembre de 2013. Una de ellas es la empresa Columbia Management Co. Ltd.
Otros 8,3 millones de dólares en sobornos fueron entregados en efectivo a Rivera. Para hacer estos pagos, el ex ejecutivo de Odebrecht utilizó la misma modalidad que empleó con el ex contralor general de la República, Carlos Pólit. Una proveedora de acero de la constructora brasileña, Diacelec S.A., recibía el dinero del Sector de Operaciones Estructuradas. Luego ese dinero era retirado por el dueño de la empresa, Edgar Quiroz Arias, quien se lo entregaba a Conceição.
Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
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4) EVO MORALES SE REÚNE CON DORIS LEUTHARD, PRESIDENTA SUIZA
De los Andes a los Alpes, con el tren bioceánico en la mira
Firma de un protocolo de cooperación
Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
Casi 20 años atrás llegó a Ginebra como dirigente sindical cocalero en busca de la solidaridad internacional. Era entonces un actor clave de una Alianza Mundial de los Pueblos en construcción, en plena etapa de activa confrontación social contra las instituciones financieras internacionales y sus recetas de ajuste estructural.
Este 14 de diciembre volvió a Suiza en su carácter de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y estadista de referencia para los sectores progresistas de una Latinoamérica contradictoria, donde soplan vientos huracanados de retroceso social.
Dos décadas después, Evo Morales, no perdió la memoria. Y en la comparecencia de prensa junto a la presidenta suiza Doris Leuthard recordó, antes que nada y con total dignidad, aquel viaje militante y el pedido de solidaridad que hiciera entonces en defensa de sus hermanos campesinos productores de la hoja de coca.
Pero por la capital suiza no pasó para recordar anécdotas. Como parte de su corto viaje europeo – que incluye Francia, Austria y también el Vaticano-, en su portafolios traía para la firma una propuesta de Memorándum de Entendimiento, elaborada en común con sus pares helvéticas, y que prevé asistencia técnica a lo que podría ser el “proyecto del siglo” del país andino. La construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), o tren interoceánico, evaluado en más de 10.000 millones de dólares estadounidenses.
El mega proyecto, que en julio logró ya el apoyo formal de la Cumbre del MERCOSUR realizada en Mendoza, Argentina, implica una logística ferroviaria de 3.755 kilómetros, uniendo el puerto atlántico brasilero de Santos con el de Ilo, en el pacífico peruano.
El presidente Morales desborda en convicción. “Queremos en el 2018 empezar el proyecto”, enfatizó. Con la mayor experiencia del fino tejido andino, el tren bioceánico ha ido ganando un lugar entre las prioridades regionales. Primero, desplazó a otro proyecto parecido *made in China*, imaginado entre Brasil y Bolivia, y que dejaba de lado a Bolivia. Luego, sumó el apoyo de parte de Perú, Brasil e incluyo Paraguay y Uruguay, para lanzarlo hacia adelante como una opción viable que beneficiará a todos los actores, “por ser más corto y por tener menos consecuencias ecológicas”. Ahora, golpeando la puerta suiza para abrir un flujo de asistencia efectiva de parte del Estado y grupos empresariales helvéticos y alemanes que desde hace algún tiempo ven con simpatía y – cálculos jugosos de rentabilidad- el sueño boliviano.
Estamos convocando el saber, la experiencia y la asistencia técnica europeos, enfatizó Morales. Importantes para construir el tendido ferroviario de 1.500 kilómetros en suelo brasilero; casi 1.900 en Bolivia y unos 350 kilómetros en Perú.
Para las economías de las naciones latinoamericanas implicadas, un proyecto de este tipo implicaría ganancia redonda. Para Bolivia, una salida efectiva al mar. Para Brasil, un tránsito acelerado por tierra de sus exportaciones e importaciones sin deber acceder al largo viaje marítimo por el Canal de Panamá o el sureño Cabo de Hornos. Para Perú, poder contar con una de las dos puertas de entrada-salida del proyecto faraónico. Un ramal adicional secundario beneficiaría directamente a Paraguay.
¿Actitud contradictoria de Evo, con ideales de izquierda y recurriendo al apoyo financiero y experiencia internacionales de países capitalistas, para realizar este megaproyecto?, preguntó casi como provocación un periodista suizo.
“Cada nación, cada continente, tiene el derecho de encontrar su mejor modelo” y en consulta democrática repitió dos veces para que se escuche bien su propia concepción de la auto-determinación. En todo caso, para nosotros, en Bolivia, el neoliberalismo hizo estragos y fue nefasto, explicó el ex dirigente cocalero hoy convertido en estadista. Y los logros desde que “llegamos al Gobierno”, son tan evidentes como significativos, subrayó apoyándose en una serie de ejemplos especialmente en cuanto al aumento de las exportaciones de diferentes tipos de gas y fertilizantes.
El sueño boliviano del bioceánico salió reforzado en su tránsito por Suiza. Tiene forma, mapa, apoyos políticos, promesas parciales de financiamiento y una agenda precisa: concluirlo en el 2025 fecha del bicentenario de la independencia de Bolivia.
Sergio Ferrari (Suiza)
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5) CARA Y CRUZ DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, DE KINTTO LUCAS
Libro imprescindible para entender la década 2007-2017
Por Antonio Salamanca *
La obra Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana 2007-2017 es una nueva criatura en la actividad prolífica del autor Kintto Lucas, publicada por la editorial Eskeletra, en Quito, 2017. Como su título indica, es una valoración crítico política del proceso denominado Revolución Ciudadana, en Ecuador. Inicia en 2007 y concluye en 2017 con el cambio de presidente de la República, que marca el fin del periodo de estudio. Es continuación de trabajos del mismo autor como Rafael Correa: un extraño en Carondelet (2007) y parte de su trilogía Ecuador Cara y Cruz. Del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana (2015).
El género escogido es la crónica política, enriquecida con entrevistas y análisis personales, así como el documento histórico. El estilo se inserta en la tradición de las cartas y artículos periodísticos de José Martí (1869-1892) sobre Política y Revolución. Recuerda también el estilo periodístico del comunista estadounidense, John Reed, en su obra clásica Diez Días que Conmovieron al Mundo (1919), testigo ocular de la Revolución Rusa (Revolución de Octubre). Tomando el apropiado término de su editor, Ramiro Arias, Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana es una “bitácora” política; bitácora casi diaria del pensador, analista político y activista revolucionario.
El texto regala a los lectores un relato objetivo, preciso, fecundo en datos relevantes, bien circunstanciado, cuidado, elegante, fluido y ameno. Esta calidad literaria le ha hecho merecedor al autor del aprecio de la comunidad internacional. Entre algunos de sus reconocimientos, en 1990 recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí. En 2004 fue galardonado con la Pluma de la Dignidad por parte de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador.
Las crónicas que se recogen en la obra arrancan en enero de 2007 y terminan en agosto de 2017. De las 408 páginas, 230 presentan una abundante información sobre los dos primeros años de la década estudiada. Algo más de las tres cuartas partes de contenido ocupan el análisis de los primeros cinco años.
El libro posibilita varios niveles o perspectivas en su lectura. Una de estas claves, que ayuda a descubrir la urdimbre íntima del contenido, es el código axiológico implícito del autor. Tres valores morales o éticos movilizan el relato. El primero, en orden expositivo, es la humildad de la honestidad intelectual, el apego a la verdad histórica, la apuesta por la objetividad crítica; cuidadosa de no deslizarse por pendiente de la pasión irreflexiva. Meritoria profesión por la verdad y el rigor, diríamos que histórico y científico, cuando el autor ha sido parte, no solo espectador, de muchos de los acontecimiento que presenta. El segundo valor moral es su compromiso político revolucionario efectivo; partisano por la liberación de los pueblos en búsqueda del socialismo. El tercero es el decoro de la hermandad martiana, la coherencia personal, que hilvana los hechos y fluye la ilación argumentativa.
De la mano de ese hilo axiológico, hay otro nivel de lectura que enriquece la ubicación y análisis de las luces y sombras, de la cara y cruz de la Revolución Ciudadana: la perspectiva político ideológica. Ello en la dialéctica de los tres momentos de su dinamismo histórico: a) la irrupción carismática del poder constituyente; b) la estabilización del poder constituido; c) la nueva apelación al poder constituyente desfetichizante y regenerador. En los tres momentos, el autor ha sido actor. Esta circunstancia dota al libro de una especial riqueza testimonial histórica.
La irrupción carismática del poder constituyente
El autor dedica una gran parte del contenido del texto a dar cuenta y analizar las caras y cruces de la irrupción carismática del poder constituyente. Un poder, a su juicio, transformador, pero poder con un proyecto que no es revolucionario, en sentido estricto. El autor identifica algunas de las fuerzas que conforman el poder popular constituyente, insurgente: a) la lucha por la reforma agraria; b) la lucha por la reconstrucción de la industria; c) la lucha por la producción autogestionaria; d) la lucha por la construcción y hegemonía del poder popular; e) la lucha por la biodiversidad; f) la lucha por la democratización económica y mediática contra los monopolios mediáticos y económicos (vgr. Porta de Carlos Slim, los Isaías, etc.); g) la lucha por superar el neoliberalismo económico del consenso de Washington; h) la lucha contra una deuda externa ilegítima; i) la lucha por la soberanía política y territorial; j) la lucha por la plurinacionalidad del Estado; k) la lucha por la autodeterminación y soberanía nacional; l) la lucha por la unidad latinoamericana y sudamericana.
Ese poder popular constituyente ha llevado, tras las elecciones de 26 de noviembre, a Rafael Correa, un líder extraño, a ser presidente en Carondelet (enero de 207). El segundo paso es el tránsito hacia una Asamblea Constituyente.
Sobre estos dos actores principales del poder constituyente en acción, el autor va haciendo sus observaciones y reflexiones en la bitácora. Es interesante mostrar que ya advierte algunos elementos que dan qué pensar sobre la fortaleza del poder constituyente popular en ese momento histórico. Si bien es cierto que hay un tremendo empuje del pueblo por un cambio y liberación del neoliberalismo, y que es el pueblo, como señala, “el único sujeto imprescindible siempre en un proceso revolucionario: a) en la elección para representantes a la Asamblea Constituyente, el 30% de los electores no sabía a quiénes votar, b) el horizonte, la utopía popular salida y presentada al pueblo había sido bautizada con el nombre de socialismo bolivariano del siglo XXI, sin embargo faltaba claridad y desarrollo teórico programático. En dos ocasiones recuerda el autor los versos de Antonio Machado para resumir y suplir esta situación con la fe en “caminante no hay camino, se hace camino al andar”; c) el miedo a la audacia revolucionaria de algunos de los representantes del poder constituyente, diputados de la Asamblea Constituyente, para “trascender” (vg. derechos de los trabajadores, etc.); d) la intervenciones imperiales de la CIA a través de su articulaciones regionales con Colombia (Plan Victoria), e internas con la infiltración en las Fuerzas Armadas y Policía, debilita el poder constituyente; e) asimismo la agresión mediática orquestada, entre otros, por la Sociedad Interamericana intoxica el respirar diario del poder constituyente
Sobre el otro actor importante del poder constituyente insurgente, Rafael Correa (en su doble dimensión como poder constituido del sistema que muere y como líder carismático del poder constituyente que irrumpe), el autor entiende que el “extraño en Carondelet” en conjunto está cumpliendo su papel histórico en ese momento. Él y Alberto Acosta están exigidos por las historia, no pueden errar. Las contradicciones lógicas en las negociaciones políticas para conformar la hegemonía de cara a la Asamblea Constituyente son la inevitable consecuencia del principio o la ley de lo posible, de lo factible, del principio de factibilidad. El autor es consciente de ello, pero recuerda que hay líneas rojas que no se pueden pasar: los principios. Es esta etapa, camino a la Asamblea Constituyente, en la parte que le corresponde a Rafael Correa como miembro del poder constituyente, el balance general es que no ha traicionado los principios. Sin embargo se identifican ciertos riesgos que puede debilitar dicho poder constituyente por parte de quien ejerce el liderazgo: a) la falta de experiencia política para solventar algunos conflictos diplomáticos; b) las dificultades para el diálogo y desencuentros con movimiento sociales (vgr. movimiento indígena) que pueden impedir la consolidación de la hegemonía insurgente; c) cuidar la humildad en el ejercicio del liderazgo. Por cinco ocasiones insiste el autor en ello.
Cerramos esta primera etapa indicando un aspecto que nos resulta especialmente importante. La Asamblea Constituyente cumple su función con la elaboración del texto constitucional. La criatura es la Constitución, en vigor desde el 20 de octubre de 2008. El documento jurídico político tiene en su articulado el derecho a la resistencia. El autor, asesor de la Mesa de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, de la Asamblea Constituyente, informa que sugirió la incorporación del derecho a la resistencia a Alberto Acosta y a la Comisión integrada por Virgilio Hernández. Este derecho históricamente había sido progresivamente expulsado por la nueva clase burguesa de las constituciones creadas desde el siglo XVIII, a pesar de que llegó al poder, como clase, amparándose en dicho derecho. F. Engels, en su Introducción (1895) a la Lucha de Clases en Francia, afirma que si hay algún derecho realmente histórico es el derecho a la revolución. El derecho al a revolución es mucho más que el derecho a la resistencia a la opresión o el derecho a la rebelión. Es el derecho que movió al poder constituyente insurgente del pueblo ecuatoriano. Siendo una parte del derecho a la revolución, fue una victoria el reconocimiento y la incorporación del derecho a la resistencia en el texto de la constitución.
La estabilización del poder constituido
La etapa de estabilización del poder constituido, la institucionalización del poder insurgente, ocupa en el texto lo acontecido desde el primer gobierno de Rafael Correa hasta la Asamblea Constituyente, así como lo que ocurrirá después de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, en 2008.
El primer gobierno de Rafael Correa es un poder instituido del viejo orden que tiene la misión de abrir la puerta al poder constituyente, siempre en acción (E. Sieyès). Un gobierno que en su composición no refleja las clases sociales; más bien pareciera conformar “un club de amigos”. Ni en su seno ni en la Asamblea Constituyente la izquierda supo disputar su hegemonía en la correlación de fuerza con la derecha. En palabras del Ministro de Gobierno (Interior) de entonces, Gustavo Larrea, “[l]a Constitución que proponemos no va a llamar al país socialista ni mucho menos”. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, transformadora aunque no revolucionaria, el poder insurgente comienza a estabilizarse en su institucionalización.
Algunas de las luces de esta fase que el autor subraya son: a) la declaración ilegítima de parte de la deuda externa y su renegociación; b) Odebrecht es expulsada del país por incumplimientos de sus obligaciones contractuales (luego volverá); c) expulsión del Jefe de la CIA, Marx Sullivan; d) la no renovación de la base militar de Manta a los Estados Unidos; e) la resistencia al golpe de Estado (en su doble expresión de apelación al poder popular constituyente y de intervención del poder constituido); f) avances hacia una integración regional antiimperialista y bolivariana (Unasur, Mercosur, Celac, Alba); g) política exterior antiimperialista (vgr. crítica con la intervención militar en Libia y Siria, y el reconocimiento del Estado Palestino); h) los intentos de consolidar con el IAEN el Instituto José Peralta, escuela diplomática para una formación menos elitista y más representativa del país plurinacional; i) resistencia a la firma de acuerdos de espionaje entre Estados Unidos y Ecuador; j) denuncia de la presencia militar de Estados Unidos en Ecuador (agregados militares de la embajada, en 2014); k) la protección de Julián Assange; l) la resistencia a la firma de los tratados de libre comercio.
Son relevantes también las sombras, las cruces, los riesgos que Kintto Lucas encuentra en este momento de institucionalización. Ellas son semilla y expresión del proceso que llevará luego a que el poder instituido pierda progresivamente la legitimidad y hegemonía originarias: a) la burocracia (de las comisiones que cambian los sentidos de las leyes, a veces a oscuras, con su propia lógica, no necesariamente de izquierda o derecha; del funcionariado administrativo, etc.); b) la perdida de “pueblo” en el ejercicio del poder (de participación popular); c) la dificultades para el diálogo horizontal con el pueblo; d) la cooptación de los cuadros, dirigentes, de movimientos como Alianza País por la burocracia del aparato administrativo; e) el oportunismo político que corrompe el servicio a los intereses comunes desviándolo a satisfacer intereses privados.
También en esta etapa el autor fue actor. En su calidad de Vicecanciller del Ecuador estuvo detrás de muchas de las orientaciones y decisiones que se tomaron durante su gestión en política exterior. Precisamente la coherencia contra la firma del acuerdo de libre comercio con Europa le llevó a dejar su cargo en el Ejecutivo en 2012.
El regreso del poder constituyente
Es una ley histórica que la estabilización del poder constituido termina por distanciarse del carisma insurgente del poder constituyente. Una de las luchas históricas de los pueblos es para que la relación dialéctica (vivificante) entre ambos poderes se extienda lo más en el tiempo para evitar la pronta fetichización y muerte de las nuevas instituciones.
A lo largo de la obra, el autor reclama algunos senderos para mantener y poder recuperar esa dialéctica: a) el diálogo político del poder constituido en simetría con los movimientos sociales; b) la conversión de Alianza País en un movimiento y un frente, en un partido de cuadros y partido de masas; b) la conformación de verdaderos Comités populares de defensa de la revolución ciudadana (CDR); c) la muerte cruzada; d) la obligación de todo poder constituido de “llenarse de pueblo”.
La última crónica del libro, 24 de agosto de 2017, termina constatando dos realidades: a) que el gobierno de Lenin Moreno nace debilitado para defender los intereses populares; b) que, entre otras cosas por las disputas internas de Alianza País, el proceso de la revolución ciudadana ha llegado a su fin. El libro termina aquí.
Está por ver qué depara históricamente para el Ecuador el derecho a la revolución del pueblo ecuatoriano, el poder constituyente en acción.
Estoy seguro que Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana trascenderá como un documento histórico imprescindible para entender la década 2007-2017 en Ecuador. Es un honesto testimonio de que “hacer es la mejor forma de decir”, en palabras de José Martí. El texto permite llenar de carne y sangre, de testimonios en primera persona, de hechos y circunstancias, la dialéctica entre la irrupción carismática del poder constituyente y sus tensiones con el poder constituido. Desde la experiencia, el texto además deja abierta la discusión sobre importantes asuntos para la izquierda: a) qué se entiende por revolución; si es un momento o un proceso; si son posibles momentos revolucionarios en un proceso que no lo es; o qué hace revolucionario a un proceso de transformación social; b) qué es el socialismo del siglo XXI; c) cómo se crea un partido que sea frente y movimiento de masas y cuadros; d) cómo se llena de pueblo la praxis política.
* Antonio Salamanca /Docente de Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Texto de la Presentación del libro realizada el 14 de diciembre de 2017.
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________
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ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
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