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LA AMNISTÍA, LA TRANSICIÓN, LA MEMORIA, Y EL OLVIDO

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL

REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

AÑO 13 – Nº 655 / Lunes 23 de Diciembre de 2013

Producción: Andrés Capelán

Coordinación: Carlos Casares

COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

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HOY:

1) ¿CUÁNDO SE JODIÓ EUROPA?

2) COREA: COMO EN UN DRAMA SHACKESPERIANO

3) CONCLUSIONES AVENTURADAS Y CREENCIAS ERRÓNEAS

4) LA AMNISTÍA, LA TRANSICIÓN, LA MEMORIA Y EL OLVIDO

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“El mundo no necesita alternativas de desarrollo sino alternativas
al desarrollo.

El mundo no precisa aprovechar “mejor” el capitalismo, sino
transformarlo.”

. Renée Ramírez Gallegos

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1) ¿CUÁNDO SE JODIÓ EUROPA?

Emir Sader (Alai)

Al inicio de la obra prima de Vargas Llosa, Conversaciones en la
Catedral, un peruano pregunta al amigo: ¿Y cuándo se jodió el
Perú? Dan por sentado que Perú se jodió, que está jodido. Se trata
de saber desde cuándo, a partir de cuándo, para intentar entender el
por qué y el para quiénes.

Hoy se da por sentado que Europa está jodida, que se jodió. Hay
distintos diagnósticos. Unos, que se debe a la pereza de los del Sur,
que el aire mediterráneo y la siesta los hizo vivir por encima de sus
posibilidades (eso que hemos oído tanto, hace tiempo ya en América
Latina). Otros, por la rigidez del Banco Central de Alemania, que
domina la troika y se impone a las otras económicas. Las medicinas se
diferencian un poco, pero al fin y al cabo, amargas todas. Porque
todos aceptan que Europa se jodió.

Lo cual es un fenómeno de inmensas dimensiones, representa un
retroceso de dimensiones civilizatorias, porque el Estado de bienestar
social europeo fue una construcción solidaria que se había vuelto
referencia a escala mundial. Terminar con él implica así un retorno
a tempos de exclusión social y abandono que Europa había dejado
atrás.

Cuándo se jodió Europa. Se podría ubicar en la explosión que
apareció como Primera Guerra Mundial, en la cual las contradicciones
interburguesas que Lenin dijo que comandarían la historia mundial
entrado el siglo XX, se ha confirmado dramáticamente. Europa se ha
vuelto escenario de la más brutal de las guerras que la humanidad
había conocido hasta aquel momento.

Se podría también ubicar aquel momento en la división de la
socialdemocracia entre belicistas y pacifistas, abandonando
oficialmente la II Internacional el pacifismo y el internacionalismo
que la había caracterizado, abriendo heridas que no volverían a
cicatrizarse.

Se podría igualmente ubicar el momento en que se jodió Europa cuando
no logró impedir el brote de las distintas formas de dictaduras de
derecha –fascismos, nazismo– y, además, no fue capaz de derrotar
ese fenómeno, teniendo que apelar a apoyos externos.

Pero nada de eso explicaría el viraje actual, porque después de todo
eso, Europa occidental fue capaz de construir Estados de bienestar
social que, a lo largo de tres décadas, fueron una de las más
generosas construcciones sociales que la humanidad había conocido.

Fue entonces después de eso que es necesario encontrar el momento en
que Europa dio un viraje que la llevó a estar jodida. Yo ubicaría
ese momento en el paso del primero al segundo año del primer gobierno
de François Mitterrand, en Francia. La victoria, finalmente tan
conmemorada de la izquierda francesa en la segunda pos-guerra,
propició a Mitterrand un primer año centrado en las
nacionalizaciones, en la consolidación de los derechos sociales, en
una política externa solidaria y volcada hacia el Sur del mundo.

Pero el mundo había cambiado, Reagan y Thatcher imponían un nuevo
modelo y una política internacional, Francia sufrió las
consecuencias del nuevo escenario. Una posibilidad sería que Francia
estrecharía alianzas con la periferia, con el Sur del mundo, con
América Latina, en particular, liderando a los países que más
directamente sufrían los virajes globales. La otra, que predominó,
fue el cambio radical de orientación del gobierno socialista
francés, adaptándose a la nueva ola neoliberal, a su manera,
sumándose como aliado subordinado al liderazgo del bloque EUA-Gran
Bretaña.

Ese viraje, que consolidó la nueva hegemonía, de carácter
neoliberal, inauguró la modalidad de gobiernos y fuerzas
socialdemócratas asimilados a la hegemonía de los modelos centrados
en el mercado y en el libre comercio. La España de Felipe González
no tardó en adherir, en lo que fue seguida por otros gobiernos y
abrió camino a que, en Latinoamérica también, esa vía de
extendiera a países como México, Venezuela, Chile, Brasil, entre
otros.

Esa nueva orientación predominante ya apuntaba a la condena del
Estado de bienestar social –un modelo contradictorio con el Consenso
de Washington-, que más temprano que tarde sufriría las
consecuencias. La misma unificación europea se dio bajo esa
orientación. Las consultas nacionales no se centraban en la
unificación europea, sino en la moneda única, el euro, dando un
carácter centralmente monetario a esa unificación.

La crisis iniciada en 2008 agarró a Europa absolutamente fragilizada,
porque inmersa en los consensos neoliberales, lo cual la impidió
reaccionar como los gobiernos latinoamericanos, que se han inspirado
precisamente en los modelos reguladores que habían sido hegemónicos
en Europa en las tres décadas llamadas de gloriosas, para reaccionar
positivamente frente a la crisis.

El resto es la fisonomía actual de Europa, de destrucción del Estado
de bienestar social, tirando fuego al alcohol, tomando medicinas
neoliberales para la crisis neoliberal, que solo se ahonda y prolonga.

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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2) COREA: COMO EN UN DRAMA SHACKESPERIANO

Kim III

Análisis de John Feffer (IPS)

Una épica propia de Shakespeare se desarrolla hoy en Pyongyang. La
tragedia implica a un hijo y a su tío político. Tiene complots,
fortunas que se vuelcan, denuncias dramáticas y una creciente ola de
sangre.

Las declaraciones oficiales de Corea del Norte sobre el caso suenan
como propias del bardo de Avon con sus elaborados arcaísmos. Nadie
pone en escena a Shakespeare en los teatros de Pyongyang. Pero se lo
representa en los pasillos del poder.

Comencemos por el final. El actual gobernante de Corea del Norte, Kim
Jong Eun, el tercer Kim en la sucesión dinástica que se remonta a su
abuelo Kim Il Sung, ejecutó a su tío Jang Song Taek, junto a otros
miembros de su camarilla. Algunos de los crímenes enumerados en la
condena oficial parecen bastante triviales.

Jang no aplaudió lo suficiente durante la asunción de su sobrino.
Ordenó que una inscripción de Kim Jong Eun se colocara en un lugar
sombreado, poco destacado. ¿Por eso fue considerado “peor que un
perro” que “perpetró actos de traición tres veces malditos”, y
condenado a morir ante un pelotón de fusilamiento?

No, la traición es mucho más profunda, y así la historia se vuelve
más propia de Shakespeare. Es probable que Jang Sung Taek haya
tramado un golpe de Estado desde la década de 1990. Cuando el
encumbrado ideólogo norcoreano Hwang Jang Yop desertó en 1997, no
dio una explicación convincente de por qué abandonó su alto cargo y
expuso a su familia en Corea del Norte a un castigo seguro.

Ahora se sabe que Hwang informó confidencialmente a las autoridades
de Corea del Sur que había estado conspirando con Jang Sung Taek para
eliminar al líder norcoreano de la época, Kim Jong Il, hijo del
fundador del país y padre del actual gobernante. El complot había
quedado al descubierto y Hwang optó por la fuga.

Pero su socio en la conspiración, Jang, se quedó. Durante los
últimos 15 años, esperó su momento. Ahora se rumorea que colaboraba
con China, tal vez para llevar a uno de los hermanos de Kim Jong Eun
al trono. Se dedicó a acumular poder y dinero para sortear todos los
obstáculos. Es evidente que había perdido la fe en el sistema; no es
raro que le costara aplaudir con entusiasmo.

Las intrigas y las conspiraciones no son ajenas a Corea del Norte. Kim
Il Sung llegó en 1945 al país dividido con un contingente de tropas
soviéticas. Lo acompañaban unos doscientos guerrilleros que se le
sumaron en su exilio soviético durante la guerra. Tenía solo 33
años, no mucho más que su nieto cuando tomó el poder.

A su regreso a Pyongyang, el aspirante a líder enfrentó facciones
comunistas mucho más grandes dirigidas por partidarios más
experimentados. Pero él no era un Hamlet dubitativo. Con los años,
Kim Il Sung logró purgar, ejecutar o desplazar de diversas maneras a
tres grupos rivales: los comunistas que lucharon en el norte, los
comunistas del sur que viajaron al norte tras la partición del país,
y los comunistas alineados con China.

Lo que surgió de este baño de sangre fue un cuerpo dirigente de
familias vinculadas a su grupo original de guerrilleros. Desde
entonces, ellos han gobernado Corea del Norte.

Jang Song Taek no contaba con ese ilustre abolengo. Pertenecía a la
elite, por cierto, y estudió en la Universidad Kim Il Sung. Pero
cuando conoció a Kim Kyong Hui en la universidad, el padre de ella,
Kim Il Sung se opuso a la pareja porque Jang no integraba su círculo.
No obstante, los dos se casaron, y Jang pasó a convertirse en un
cercano confidente del sucesor elegido, Kim Jong Il.

La imagen de Jang en Occidente es bipolar. Por un lado, era un secuaz
del sistema que “supervisaba periódicamente las auditorías de
rutina de las empresas públicas, presidía las ejecuciones y
encarcelamientos y despidió a miles de funcionarios durante su
carrera”.

Por otro lado, se lo consideraba un “reformista” que apoyaba un
cambio hacia una economía de mercado así como la reducción de los
campamentos de trabajo y la liberación de los presos políticos. Es
posible que la gran hambruna de la década de 1990, y la muerte de
tantos fieles del partido entre los cientos de miles de personas que
perdieron la vida, llevaran a Jang a la desobediencia encubierta. En
todo caso, el suyo era un juego peligroso, ya que pretendía limar las
asperezas del régimen mientras conspiraba para derrocarlo.

Ser considerado un “reformista” en Corea del Norte nunca fue
seguro, sin importar lo encumbrado que se estuviera. Pero a menudo
quienes desaparecían de las filas de liderazgo por estar del lado
equivocado en los vaivenes de la política volvían a aparecer
después de un período de exilio interno.

Pak Pong Ju, según rumores favorable a las reformas económicas al
estilo chino, perdió su cargo de primer ministro en 2007 y
desapareció de la vista. Pero resurgió en 2010 y recuperó el
título de premier en 2013.

A pesar de sus conexiones con Jang, Pak sigue vivo y aparece en
funciones de Estado. Lo mismo sucede con la esposa de Jang, que se
divorció de él poco antes de la ejecución. Por lo tanto, parecería
que la purga en Pyongyang se limita a quienes se identifican como
golpistas y no abarca a los “reformistas”.

De hecho, el día de la expulsión de Jang, Corea del Norte avanzó en
un acuerdo con China para construir un enlace ferroviario de alta
velocidad que pasará por Pyongyang, y no deja de apoyar la expansión
de las zonas de procesamiento de exportaciones.

Pyongyang sigue proponiendo negociaciones con Corea del Sur sobre su
zona económica conjunta en Kaesong. Y los funcionarios norcoreanos
mantienen su apertura a negociar con Estados Unidos en materia de
seguridad, sin condiciones previas.

Washington no debería utilizar la ejecución de Jang Song Taek, por
brutal que sea, para reforzar su política de aislamiento hacia Corea
del Norte. Nuestro enfoque de “paciencia estratégica” solo
alienta una mayor obstinación de Pyongyang y coloca a los reformistas
en un territorio potencialmente peligroso.

El caso contra Jang recuerda que incluso aquellos cercanos a la cima
de la pirámide norcoreana albergan esperanzas de cambio, si las
circunstancias son propicias. Al igual que Ricardo III en la versión
de Shakespeare, Jang conspiró, luchó y perdió. La muerte del
“perro sanguinario” al final de la obra de 1593 pone fin a la
Guerra de las Rosas y marca el comienzo de la “paz de suave
rostro” de la Casa de Tudor.

Salvo que el reinado de los Tudor no fue una “paz de suave rostro”
en absoluto. Produjo monstruos como Enrique VIII y su sucesión de
exesposas sin cabeza, sin mencionar las considerables luchas
religiosas. Incluso la reina Tudor a la que Shakespeare colmó de
alabanzas, Isabel I, tenía las manos manchadas de mucha sangre,
incluida la de su prima, María Estuardo, entre otros.

Kim III puede parecer, con su cintura propia de Falstaff, una figura
de humor más que una de temer. Las apariencias suelen engañar. Ha
demostrado rápidamente que, al igual que su abuelo, actuará con
decisión y sin piedad para mantener su posición de privilegio.

Un futuro complot podría destronarlo. Pero las probabilidades a su
favor acaban de mejorar. Washington haría bien en reconstruir su
política norcoreana en torno a la realidad de que Kim III no se
alejará de los escenarios a corto plazo.

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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3) CONCLUSIONES AVENTURADAS Y CREENCIAS ERRÓNEAS

Soledad Gallego-Díaz (El País de Madrid)

El deterioro de las instituciones españolas no tiene su raíz en el
texto constitucional

Pensar que la Constitución es responsable del deterioro que sufren
las instituciones es una conclusión aventurada. Creer que el periodo
de la Transición estuvo lleno de errores, y que uno de los
fundamentales fue el olvido de las víctimas republicanas de la Guerra
Civil y de la dictadura franquista, es una convicción que no se
sostiene en evidencia alguna.

Entre los decretos de 1976 (primer Gobierno de Suárez), por el que se
regularon las pensiones de los mutilados republicanos y se dispuso la
restitución de los derechos de los funcionarios sancionados por
delitos de intencionalidad política, y la llamada Ley de Memoria
Histórica, de 2007, el Parlamento español no estuvo ni quieto ni
olvidadizo. Aprobó cuatro leyes: la de Amnistía de 1977 (que
amnistió las palizas franquistas, pero también a los secuestradores
de ETA) y otras tres encaminadas a reconocer derechos a las víctimas
de la Guerra Civil y de la represión franquista, incluidas
indemnizaciones para presos políticos con tres o más años de
cárcel.

Es cierto, y una vergüenza para todos los Gobiernos habidos desde la
restauración democrática, que no se pusieron los medios para
localizar las fosas que ocultaban a miles de personas asesinadas por
el bando franquista. La indignación de sus familiares está
justificada, pero los responsables de lo ocurrido no deben esconderse
detrás de un pretendido olvido de la Transición. Si no se exhumaron
a aquellos cuerpos fue por la desidia de unos gobernantes que no
cumplieron con su obligación. Respaldo parlamentario tuvieron.
Incluso en 2002, con Aznar, la comisión constitucional aprobó por
unanimidad una resolución que reafirma el deber de la sociedad
democrática de proceder al reconocimiento moral de todos quienes
fueron víctimas de la guerra o padecieron la represión de la
dictadura. El documento insta a dar apoyo a cualquier iniciativa
promovida por las familias de los afectados.

Es evidente que en la Transición se cometieron errores políticos
serios, pero en su conjunto se puede decir, con argumentos, que
abundaron los aciertos. Explorar los cambios que puede necesitar hoy
día la Constitución es una propuesta políticamente razonable.
Preguntarse si es legítima una Constitución que apenas ha votado el
23% de los españoles actuales es una tontería. El 100% de los
estadounidenses vivos no votó la Constitución norteamericana,
ratificada en 1788. La Ley Fundamental de Alemania es de 1949. El
Parlamento del importante Estado de Baviera votó en contra, porque
quería más competencias, pero aceptó que fuera válida también en
ese territorio si dos tercios de los otros Estados federados la
aprobaban, como sucedió.

Las constituciones sufren enmiendas durante su existencia. Pero la
mayoría de los países democráticos introducen los cambios que va
experimentando la sociedad no en la Constitución, sino en leyes que
respetan su marco flexible. En España, el mejor ejemplo lo constituye
el matrimonio homosexual, que no pasó por la cabeza de los
constituyentes, pero que cabe en el espíritu de una ley fundamental
defensora de los derechos individuales.

Las constituciones se enmiendan, por supuesto, pero conviene tener
presente que, por ejemplo, la norteamericana ha sufrido 27 cambios en
225 años. La última, de 1992, dice que ninguna ley que altere las
remuneraciones de los senadores y representantes podrá tener efecto
hasta que se celebren nuevas elecciones.

En la Alemania unificada se ha nombrado una comisión que estudia una
reforma constitucional (no la simple suma de enmiendas). Como dice el
profesor Denniger, lo importante es que la Constitución sea elaborada
por un “conjunto de juristas, no de sacerdotes”, lo que no tiene
sentido religioso, sino que aboga por la voluntad de trabajar con
textos que garanticen derechos y definan competencias, no que
proclamen sentimientos o programas políticos.

Mientras se explora qué cambios puede necesitar la Constitución de
1978, convendría ponerse de acuerdo en un análisis previo. El
deterioro de las instituciones españolas no tiene su raíz en el
texto constitucional sino en la apropiación de las instituciones. No
existe un problema de legitimidad de origen, como diría un jurista,
sino de legitimidad de uso, provocado por los inquilinos de esas
instituciones.

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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4) LA AMNISTÍA, LA TRANSICIÓN, LA MEMORIA Y EL OLVIDO

(La Comuna)

El diario El País, en su edición del día 06/12/2013 publica una
columna de opinión firmada por Soledad Gallego Díaz, que trata sobre
los temas que dan título a estas dos respuestas elaboradas por dos
miembros de La Comuna.

Respuesta de Jesús Rodríguez Barrio

Por enésima vez asistimos, una vez más, a la justificación de la
Ley de Amnistía de 1977 (y a su uso como Ley de Punto Final)
construida sobre la base de establecer una simetría entre las
víctimas del franquismo y los responsables de los crímenes cometidos
por la dictadura franquista, no solo durante la guerra y la postguerra
sino también durante el largo periodo de dictadura (dictadura hasta
el final) que fue ocupado en su última etapa por el Tribunal de Orden
Público (TOP) como instrumento represivo fundamental.

Para empezar: en una dictadura fascista no es posible establecer
ninguna simetría entre víctimas y verdugos, como implícitamente se
hace al señalar que la amnistía también benefició a los
antifranquistas que habían cometido actos violentos. Por hacer un
símil, es como si la violencia empleada por quienes resistieron
contra el nazismo se hubiera utilizado como justificación para
aplicar una amnistía a los responsables del holocausto.

Y, ya que se habla de la Constitución Española, hay que señalar
que, como recoge Juan José del Águila en su excelente estudio sobre
el Tribunal de Orden Público (“El TOP: la Represión de la
Libertad”) el 77% de las condenas que dictó el TOP (más de 11.000
años de cárcel) lo fueron por actividades recogidas como derechos
fundamentales en nuestra constitución. Esa es la realidad: las
víctimas del franquismo no necesitábamos ser amnistiadas porque no
habíamos cometido delito alguno.

Decía Vasili Grossman, en su obra Vida y Destino, que “el
nacionalsocialismo había creado un nuevo tipo de prisioneros
políticos: los criminales que no habían cometido ningún crimen”.
Y eso fue, exactamente, lo que sucedió en España durante más de 40
años.

Las víctimas no necesitábamos ninguna amnistía. Solo necesitábamos
libertad, justicia y el reconocimiento de la sociedad por los
sufrimientos que nos ocasionó la resistencia frente a la dictadura.
Resistencia que no era solo un derecho sino también un deber moral.
Porque, para nosotros, no resistir hubiera sido aceptar.

De todo esto, solo pudimos obtener la libertad: una libertad como
delincuentes amnistiados por nuestros supuestos delitos, que no vino
acompañada por reconocimiento alguno ni, mucho menos aún, por nada
parecido a la justicia.

Tuvimos que asistir, impotentes, al espectáculo de ver como los
responsables de aquellas gravísimas violaciones de los derechos
humanos eran consolidados en sus puestos, ascendidos, premiados, e
incluso condecorados por los gobiernos de aquella maravillosa
Transición sin que se llevase a cabo investigación alguna, ni tan
siquiera en el caso de los personajes más significados. La dictadura
franquista ha sido un caso único en Europa.

Es imposible imaginar un mayor grado de humillación y abandono para
las víctimas….

En aquellos años de La Transición se sentaron las bases de lo que
tenemos hoy:

Un país en el cual, en el día de la fecha (35 años después de
aprobada la Constitución Democrática) existen aún más de 100.000
víctimas del genocidio franquista desaparecidas en fosas comunes y
cuyos familiares tienen que soportar las burlas de los representantes
del partido que hoy gobierna por exigir la búsqueda de sus
desaparecidos y la verdad, la justicia y la reparación moral para su
memoria. En todo el planeta, solo la Camboya que en su día gobernó
el dictador Pol Pot supera al reino de España en número de
desaparecidos.

Un país en el cual, en el día de la fecha, no se ha exigido
responsabilidad alguna por el robo de más de 30.000 bebés
(estimación aproximada) ocurrido, principalmente, durante la
dictadura y basado en gran parte en motivaciones políticas.

Un país en el cual, en el día de la fecha, las grandes empresas de
la construcción que se beneficiaron del trabajo esclavo de miles de
prisioneros políticos no han hecho frente a responsabilidad alguna.

Un país, finalmente, en el cual, transcurridos más de 77 años desde
el golpe de estado del general Franco, la primera investigación que
se ha iniciado sobre los crímenes del franquismo ha debido ser
abierta por los jueces de un país extranjero porque las leyes que se
consolidaron durante la Transición impiden realizarla en España.

Los relatos de las víctimas de torturas que han testificado ante la
justicia argentina, y otros muchos que continúan apareciendo en los
medios de comunicación, hielan la sangre al leerlos. La mayoría de
las historias se localizan en el edificio de la antigua Dirección
General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid, hoy sede del
Gobierno Regional.

En ese edificio, realizaron su “trabajo” los elementos más
destacados de la Brigada Político-Social franquista. Las leyes que se
aprobaron durante la Transición nunca permitieron que la justicia
española realizase investigación alguna de sus actividades.

Y ese mismo ambiente político (el “espíritu” de esas leyes que
se aprobaron entonces) es también, sin duda, el responsable del hecho
de que los gobernantes de diferentes colores políticos, que hasta hoy
(transcurridos 38 años desde de la muerte del dictador) han habitado
ese edificio, nunca hayan considerado conveniente colocar, junto a la
entrada, una sencilla placa en memoria de quienes en ese lugar
tuvieron que sufrir la violación de sus derechos humanos por levantar
la cabeza y resistir frente a la última dictadura fascista de Europa.

Un símbolo que, por sí solo, ilustra de forma resumida toda la
historia política de la España reciente.

¿Serán necesarias más evidencias para entender el abandono, la
injusticia y el olvido que han sufrido, y continúan sufriendo en
España, las víctimas del franquismo?.

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Respuesta de Luis Suárez-Carreño L. (La Comuna.)

Si bien la respuesta que elaboró Jesús RB ante dicho artículo
ofrece una posición clara y contundente como asociación, creo no
obstante que es una buena oportunidad para ir un poco más lejos e
intentar diseccionar más detenidamente las posiciones que refleja en
su artículo SGD, porque lamentablemente pueden ser representativas de
buena parte del establishment progresista en este país. El hecho de
que la autora sea una creadora de opinión respetada por la izquierda,
y sin embargo mantenga unas posiciones que, como mínimo, cabe
calificar de ambiguas respecto al enorme déficit en términos de
memoria y justicia que padecemos respecto al franquismo, nos demuestra
hasta qué punto la confusión moral y la mistificación de la
historia española reciente están desgraciadamente arraigadas como un
resistente virus en nuestra sociedad.

Aquí van pues algunas opiniones personales sin pretensión alguna de
sentar cátedra, sino ante todo de suscitar una reflexión y debate
enriquecedores y fraternales.

Reivindicando la Transición

El artículo tiene como leitmotiv la defensa de la Constitución de
1978, y, más en general, el proceso de la llamada transición
democrática, frente a quienes actualmente atribuyen a lo que
consideran graves errores cometidos entonces buena parte del deterioro
de las instituciones (en palabras de la columnista), en nuestro país
en la actualidad.

“No existe un problema de legitimidad de origen” de nuestro
sistema político, dice la autora. Y no creo que deba ser nuestro
objetivo entrar en ese debate general sobre la Transición, ni más en
particular sobre la Constitución. Con independencia de lo que cada
cual opine sobre todo ello, de acuerdo a lo que nos une como
miembros/as de LC, entiendo que debemos centrarnos en las referencias
del texto al tratamiento que ese proceso político supuso respecto al
franquismo y a sus víctimas. Empezando, por ejemplo, por la sentencia
rotunda que figura en el párrafo inicial:

Creer que el periodo de la Transición estuvo lleno de errores, y que
uno de los fundamentales fue el olvido de las víctimas republicanas
de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, es una convicción
que no se sostiene en evidencia alguna.

Empecemos por definir quienes son las víctimas

Para empezar, la expresión “víctimas republicanas de la Guerra
Civil y de la dictadura franquista” implica a mi juicio ya algún
equívoco: llamar “víctimas republicanas” a las víctimas del
golpe militar fascista, y de la represión desencadenada tanto durante
la propia guerra en el bando “nacional” como en la posguerra y el
tardofranquismo por la dictadura, parece reducir a un determinado
colectivo dicho status de víctimas. Pero lo que SGD debería saber a
estas alturas, y lo que se defiende por la mayor parte del movimiento
memorialista y de las organizaciones e iniciativas que en forma
creciente reclamamos justicia respecto a los crímenes del franquismo,
es que la víctima fue el conjunto del pueblo español, más allá de
los sufrimientos y tragedias padecidos en cada caso.

Es por eso que la reclamación de verdad, justica y reparación no se
circunscribe, en contra de lo que parece sugerir el artículo
comentado, a cada caso en particular (que, obviamente, también se
reclama), sino en primer lugar y de forma global a la ruptura del
orden democrático y el proceso de avances sociales y políticos en
nuestro país que supusieron, sucesivamente, el golpe militar, la
labor de exterminio y depuración en las zonas “liberadas”, y la
dictadura fascista en la posguerra.

En otras palabras, el error principal de la transición respecto a
nuestra memoria, en términos políticos, no fue el “olvido” de un
determinado grupo, colectivo o sector perjudicado por el franquismo
(“las víctimas republicanas”), sino la negación del
reconocimiento de lo que supuso, para la sociedad española en su
conjunto, el enorme retroceso histórico en todos los órdenes que el
golpe fascista y sus secuelas impusieron.

El franquismo: un régimen fascista nunca condenado globalmente

No hay duda de que el fascismo benefició a algunos, y perjudicó a
muchos en concreto, pero, más allá de ello, el deber de
establecimiento de la verdad y justicia tiene que ver, a mi juicio,
ante todo con su efecto sobre nuestra evolución como sociedad: la
laminación del proceso hacia un orden más libre, justo y avanzado,
que se inicia, con muchas dificultades pero también con mucha
energías sociales, en la República, a cambio de la vuelta al
caciquismo y el oscurantismo, que impone el golpe y genocidio
perpetrados por el franquismo.

En ese sentido, ignorar que el franquismo fue un régimen fascista que
debe ser globalmente identificado y condenado como tal, y centrar la
recuperación de la memoria únicamente en las reivindicaciones de las
víctimas individuales es un primer paso para trivializar el
franquismo, reduciendo su condena a algunos excesos, para seguidamente
empezar a hablar de sus logros. Nuestro enorme déficit de cultura
anti-fascista, a diferencia de los procesos de revisión histórica,
autocrítica colectiva y fomento de una cultura antifascista en
Alemania o Italia, por ejemplo, viene en buena medida de esa visión
anecdótica y fragmentada del franquismo.

¿Qué reclamamos las víctimas?

Otra falsedad que destila la columna es considerar que lo que las
víctimas de los crímenes franquistas reclamamos es solo, o
fundamentalmente, una compensación, normalmente de carácter
material, como las que la autora cita (pensiones para mutilados,
restitución de derechos a funcionarios, indemnizaciones a presos
políticos). Así, el 2º párrafo del artículo despacha la sed de
justicia del memorialismo respecto a los crímenes del franquismo, en
términos de “derechos de las víctimas”, entendiendo según se
deduce, por derechos esas formas de restitución o de concesión de
algún tipo de beneficio material. Con independencia de que dichas
compensaciones en realidad no fueron ni mucho menos tan dignas o
generosas como se deduce del texto[1], nada menciona respecto al
esclarecimiento y difusión de la verdad, la visibilización de los
hechos y de sus víctimas y culpables, y otros aspectos que luego
comento.

Reducir las reivindicaciones del memorialismo en nuestro país al
logro de algún tipo de compensación tardía e insuficiente respecto
a hechos que en la mayoría de los casos simplemente no son
compensables (¿cómo reparar el daño producido por el fusilamiento
en la tapia de cementerio de tantas decenas de miles de inocentes en
sus descendientes?), es un ejercicio o bien de ignorancia respecto a
un movimiento que lleva muchos años de lucha y cuyas posiciones son
de sobra conocidas para quien se haya tomado la molestia de
escucharlas (y son cada vez más escuchadas, por cierto, sobre todo
por los jóvenes en nuestro país), o bien de desprecio hacia esas
posicione junto con un intento de banalizarlas.

Lo que se está reclamando ante todo es que se conozcan realmente los
crímenes, y por conocerlos queremos decir que se difunda y se
promueva la investigación y educación sobre los mismos, y que se
haga justicia respecto a sus víctimas y verdugos, aunque sea de forma
póstuma en la mayoría de los casos. Y por hacer justicia entendemos
en primer lugar condenar pública y específicamente cada uno de esos
crímenes, proclamar los nombres de los criminales, y limpiar y
restaurar los nombres de sus víctimas. Todo ello acompañado con las
medidas de visibilización, homenaje y recuerdo público de los hechos
mediante los monumentos, testimonios gráficos, placas, toponimia,
etc., que la dignidad de nuestra memoria merece.

Esto es lo que la Transición y la Ley de Amnistía pusieron mucho
empeño en que no se pudiera hacer, y es lo que precisamente tantos
otros países y pueblos, víctimas de traumas y genocidios, han hecho,
o intentado, en los últimos años, desde América Latina a Bosnia,
como ejercicio de terapia democrática y de metabolización de la
propia historia. Y tal como organizaciones internacionales de derechos
humanos vienen reclamando a las autoridades españolas.

La realidad de la Amnistía del 77

En lo que se refiere en concreto a la Amnistía del 77, llama de
entrada la atención la forma en que también aquí se despacha SGD
cuando afirma que aquella “amnistió las palizas franquistas, pero
también a los secuestradores de ETA”. Perfecto, un quid pro quo de
lo más razonable, todos contentos y en paz, pues. Una simple y
tremebunda frase que supone un alarde, o bien de ignorancia (que
resulta inverosímil en una periodista y analista política de su
trayectoria), o bien de desprecio a la historia y a la sociedad
española.

Esa ley no amnistió únicamente las palizas franquistas, sino el
conjunto de los crímenes franquistas, que se inician en un genocidio
conocido ya como el holocausto español, y se continúan en una larga
y siniestra ristra de crímenes de diversa índole, bajo el
denominador común de su impunidad, su inspiración fascista y en la
mayoría de los casos claro contenido clasista: asesinatos, torturas,
robo de recién nacidos, trabajo esclavo, expolio de bienes, purgas y
depuraciones, años de confinamiento y aislamiento,… en suma, lo que
las organizaciones internacionales no han dudado en calificar como
crímenes de lesa humanidad. Y que, por serlo, no pueden ser amparados
en ninguna forma de amnistía o ley de perdón, de acuerdo a los
principios de justicia universal suscritos por la mayoría de países,
incluido el nuestro. Algo que, sorprendentemente, SGD también omite.

En cuanto a la justicia o calidad moral de dicha Amnistía, un primer
aspecto es el que señala la nota de Jesús sobre la enorme falacia de
pretenderla presentar como un equilibrado ejercicio de simetría del
perdón: como bien dice Jesús, la mayoría de los amnistiados del
lado antifranquista no teníamos nada de lo que ser amnistiados,
nuestros delitos no eran tales bajo cualquier criterio democrático,
en tanto que delitos de opinión y acciones derivadas del ejercicio de
derechos y libertades básicos. Es más, un ejercicio real de
reparación democrática hubiera exigido que todos esos casos, es
decir, en general todos los procesos realizados por tribunales
represivos y de excepción, como el TOP, hubieran sido inmediatamente
declarados nulos de pleno derecho y rehabilitadas sus víctimas. Sin
mencionar, por cierto, la inhabilitación, procesamiento y condena de
los miembros togados de dichos tribunales, que al igual que el resto
de aparatos represores franquistas, y a pesar del clamor popular
durante la transición, jamás fueron depurados, ni siquiera
molestados.

Pero es que Incluso respecto a los delitos que sí pudieran ser
considerados crímenes en un estado de derecho, es decir, los
resultantes de acciones violentas o armadas, al margen de la
valoración que algunos podemos hacer (y yo de hecho hago) respecto a
la justificación moral de la acción violenta contra una dictadura
sanguinaria (con independencia de su oportunidad y acierto político),
la simetría no existe tampoco por ningún lado. Y no solo por la
enorme desproporción entre la gravedad y la dimensión cuantitativa
de los crímenes amnistiados en cada caso, es que además los
antifranquistas beneficiados habían sido encarcelados y juzgados
previamente, así como sus identidades desveladas públicamente,
frecuentemente con publicidad mediática, mientras que los franquistas
no solo no fueron ni detenidos ni juzgados, es que ni siquiera sus
nombres y crímenes fueron nunca investigados, mucho menos revelados.

La amnistía como amnesia colectiva impuesta

Y esto lleva a alguna reflexión adicional sobre la idea misma de la
amnistía, o más en general, del perdón a los criminales, como
mecanismo de reconciliación en procesos de pacificación o
transición democrática. A poco que se reflexione sobre el tema se
aprecia que en nuestro caso no solo se aplica un mecanismo claramente
injusto de punto final unilateral, sino que se da por sentado que no
existían otras opciones para ese ejercicio de carpetazo,
pacificación y normalización democrática. Y esta es otra gran
falacia, existía una amplia gama de opciones, la mayoría menos
injustas y más dignas en términos de memoria, pero los “padres”
de la transición eligieron la vía más cómoda, que era lógicamente
la menos traumática para el franquismo, y la que exigía una actitud
más cobarde o entreguista por parte de la izquierda que entonces
participó en esos pactos.

Como ejemplo de esas otras opciones, digamos intermedias, que sin ser
un pleno restablecimiento de la verdad y la justicia, e incluso de la
reparación de los daños que pueden ser reparados o compensados en
alguna medida, tampoco implica la renuncia lisa y llanamente a esas
pretensiones, vale la pena considerar experiencias como la de
Suráfrica, país del que tanto se habla estos días por el
fallecimiento de Mandela.

El caso surafricano

El ejemplo de Suráfrica es interesante porque siendo un caso parecido
al nuestro en el hecho de haberse aceptado la premisa de que alcanzar
la reconciliación y la democracia obligaba a renunciar a parte de las
legítimas aspiraciones de justicia de las víctimas[2], sin embargo
demuestra que:

La amnistía[3], o el perdón, no tienen por qué ser universales e
indiscriminados para todos los criminales, sino que puede aplicarse
caso a caso, basándose en criterios como el ensañamiento o vesania,
más allá del simple “cumplimiento del deber”, por parte del
criminal (es decir, normalmente, el represor); Y el perdón no tiene
por qué implicar el olvido, sino muy al contrario, puede acompañarse
de la previa investigación y establecimiento riguroso de los hechos y
sus culpables, incluyendo para ello el testimonio exhaustivo de las
víctimas, y la proclamación pública de dicha verdad.

En otras palabras, el perdón asociado a la amnistía no se asienta en
este caso en la ignorancia u ocultación de los hechos, sino en su
conocimiento y revelación, así como en la visibilización de
víctimas y culpables, y la valoración del grado responsabilidad
moral individual en cada caso, antes de la posible aplicación de la
amnistía al criminal.

El proceso de reconciliación y restablecimiento de la justicia en
Suráfrica se inicia en 1995 con la aprobación de la Ley de
Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacional[4], la cual entre
otros aspectos crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación
(TRC), que empieza sus trabajos en diciembre de ese año encabezada
por el arzobispo Desmond Tutu, y concluye casi 3 años más tarde,
cuando en octubre de 1998 presenta su informe final al Presidente
Mandela.

Ya en la propia ley citada se prevé la concesión de amnistía para
los crímenes “asociados con objetivos políticos y cometidos en el
curso de los conflictos pasados”[5], para lo que se crea un Comité
de Amnistía, que ha de analizar todos los testimonios (se puso como
límite para presentar estos el 30 de septiembre de 1997), y valorar
si los criminales que se pretenden acogerse a esa posibilidad son
amnistiables.

La posibilidad de amnistía fue objeto de numerosas críticas y
denuncias, no solo desde el interior del país, sino también como en
el caso español por parte de organizaciones internacionales de
derechos humanos que alegaban que los crímenes contra la humanidad no
pueden ser amnistiados, según el derecho internacional. No obstante,
se mantuvo en la medida en que los representantes de la mayoría negra
(sobre todo la ANC[6]), prefirieron ceder al chantaje que desde el
inicio de las conversaciones de paz unos años antes impusieron las
fuerzas pro-apartheid (encabezadas por el National Party), en el
sentido de que la amnistía era condición innegociable para empezar a
hablar del reconocimiento de los derechos civiles a la población
negra.[7]

Finalmente, y abreviando, el trabajo del Comité de Amnistía se
resume en: unos 20.000 testimonios presentados ante la TRC, y unas
7.112 solicitudes de amnistía. Al final de la revisión de casos, en
noviembre de 2000, la TRC había concedido 849 amnistías[8] (un 12%
de las solicitadas), y rechazado 5.392 solicitudes.

Pero, a lo que iba, lo interesante es subrayar, que en el caso
surafricano la amnistía no fue una forma de amnesia impuesta, sino
que se aplicó tras la investigación y difusión pública de los
hechos[9], y de forma selectiva. Además, tal como se puede comprobar
en la página web de la TRC que he citado, se establecieron mecanismos
de reparación económica de las víctimas, cuya lista de
beneficiarios consta en el mismo sitio.

Otra forma de perdón era posible

Como conclusión: A mi juicio, el ejemplo surafricano (y probablemente
muchos otros similares que yo ignoro) demuestra que sin cuestionar de
forma abierta los principios de reconciliación y perdón que
inspiraron la transición en nuestro país (sin entrar a cuestionarlos
porque no es el objeto de estas notas, no porque no crea que deban
cuestionarse), el perdón de los criminales era compatible con la
investigación y condena de los crímenes cometidos.

Se podía haber ido así mucho más lejos al menos en lo que se
refiere al establecimiento y conocimiento de la verdad del franquismo
y sus crímenes, simplemente con que la izquierda no hubiera
claudicado de plano con las exigencias de los entonces llamados
poderes fácticos. Si se hubiera optado por una política de perdón y
reconciliación respetuosa con la historia y la memoria, en lugar de
por la aceptación de la imposición unilateral del punto final.

Hoy hubiéramos ya dado pasos significativos en materia de
investigación, documentación y difusión pública de los crímenes,
objetivos hasta la fecha vedados en nuestro país. Y en mi opinión,
eso no sería poco, entre otras cosas, porque la verdad puede ser en
sí misma una forma de justicia. Estaremos de acuerdo en que la
difusión pública que está teniendo el pasado de “Billy”
González Pacheco es una primera forma, obviamente insuficiente, de
justicia social e histórica, que no legal[10].

Ausencia de una cultura antifranquista

Y, lo que es quizás más importante, con la difusión y condena de
los crímenes (aunque se hubiera perdonado a los criminales) se
habría quizás podido crear una cultura colectiva antifranquista que
armara a nuestra sociedad contra la actual labor mediática e
ideológica de blanqueo y embellecimiento de la dictadura, sobre todo
de cara a las generaciones más jóvenes que no han sido testigo
directas de aquella. Al respecto citaría lo que en relación a la
guerra del 14, y a la sociedad europea menciona César Antonio Molina
en El País (14-12-2013 “1914 y los fantasmas del pasado”):

A los 100 años del inicio de la I Guerra Mundial, ¿cuántos niños
europeos podrían dar una explicación coherente de la misma, desde su
condición comunitaria y no nacional? ¿Cuántos programas hay en este
momento desarrollados por la Comunidad para explicarles a nuestros
jóvenes aquellos sucesos que se prolongarían en otra contienda casi
sucesiva?

No hay que tener mucha imaginación para trasladar esas mismas
inquietudes a nuestros jóvenes en relación al franquismo.

Volviendo al texto de SGD, en lo que se refiere a la búsqueda de la
verdad, solo menciona los obstáculos a la exhumación de las fosas
comunes, y ello probablemente por la resonancia social y mediática
que ya ha adquirido este movimiento en concreto, y de nuevo
ciñéndolo al derecho individual de los familiares, y no en tanto que
legítima reivindicación de toda la sociedad, y obligación de las
autoridades, de recuperación de la memoria. Y obviando por el camino
el resto de crímenes nunca esclarecidos, menos aún condenados.

A pesar del prestigio como creadora de opinión progresista de la
autora, se podría pensar que esta columna con sus lagunas y falacias
demuestra una vez más, por si hiciera falta más demostración, la
necesidad de dar a conocer la verdad respecto a lo sucedido entre los
años 1936 y 1977 en este país, y sobre todo, promover una auténtica
conciencia cívica antifranquista en nuestra sociedad.

[1] Entre otras cosas, SGD menciona “indemnizaciones para presos
políticos con 3 o más años de cárcel”. Sin duda se refiere a la
Disposición adicional 18ª de la ley 4/1990 de Presupuestos Generales
del Estado. Así, sin entrar a fondo en el asunto, hay que recordar
que las condiciones que ponía dicha disposición para poder acceder a
indemnizaciones, además de haber estado como mínimo 3 años en la
cárcel (¿se supone que menos de 3 años de cárcel era como unas
vacaciones?), sobre todo el tener una edad de al menos 65 años a
31/12/1990, hicieron casi irrelevante su impacto real pues la gran
mayoría de ex-presxs no teníamos esa edad entonces. Obsérvese por
cierto la flagrante arbitrariedad e irracionalidad de semejante
condición.

[2] Creo además, que es más próximo también que casos como el de
Irlanda, donde se trataba de un conflicto político y armado a 3
bandas, entre dos fuerzas nacionales contendientes y una potencia
colonial. Ni en Suráfrica ni en España los sectores oprimidos
constituían, en el momento de la “reconciliación”, una fuerza
armada remotamente equivalente a la opresora.

[3] En estas notas hablo repetidamente de amnistía, aunque en algunos
casos posiblemente el nombre técnico más adecuado sería indulto, si
se considera que la amnistía tiene un carácter general y el indulto
es un perdón individual. No obstante, en Suráfrica el término que
se utilizó, a pesar de que no se aplicó el perdón con carácter
general, fue el de amnistía (amnesty).

[4] Promotion of National Unity and Reconciliation Act, disponible en
la página web de la TRC: http://www.justice.gov.za/legislati….

[5] Excluyéndose de la posibilidad de amnistía, por el contrario,
los crímenes cometidos por “maldad, mala fe, o desprecio
personal”.

[6] African National Congress.

[7] Texto consultado: “Truth, Justice and Reconciliation: Judging
the Fairness of Amnesty in South Africa”, James L. Gibson,
Washington University in St. Louis.

[8] Cifras disponibles en el sitio web ya citado. Algunas de las
concedidas causaron fuerte escándalo, pues las investigaciones del
Comité de Amnistía sacaron a la luz pública casos brutales de
crueldad y atrocidades.

[9] En la página antes citada de la TRC todavía se pueden leer las
transcripciones de cada uno de los casos propuestos para amnistía.

[10] De nuevo refiriéndome al caso surafricano: Desmond Tutu (en su
obra “No hay futuro sin perdón“, 1999) consideraba que la
confesión pública, obligada para los criminales solicitantes de
amnistía, es en sí misma una forma de castigo.

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR

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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las
ideas

dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante
en

la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual
dominante, la

clase que controla los medios de producción intelectual, de tal
manera que

en general las ideas de los que no disponen de medios de producción

intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos
Marx

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE

COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Coordinación : Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL:

Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY

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y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal.

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Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este
boletín,

no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur
sobre

los temas en cuestión.

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