1) Juez e Inteligencia indagan a todas las personas que tienen acceso al laboratorio de antropólogos –
2) Aratirí presentó nuevo inversor –
3) Uruguay inició la fase final para confirmar hallazgo de petróleo –
4) Sindicato del gas sigue reclamando retirada de Petrobras –
5) Estudios por puerto de aguas profundas costaron más de lo previsto –
6) Caída de la inversión y del consumo de los hogares marcó un notorio descenso del PIB en 2015, que creció apenas 1%
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2066 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 1º de Abril de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Juez e Inteligencia indagan a todas las personas que tienen acceso al laboratorio de antropólogos
(La República)
Mientras las organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles y el PIT-CNT, convocan a una marcha en repudio del hurto en la sede del Grupo de Investigación de Antropología Forense (Giaf), que buscan restos de desaparecidos en dictadura, la investigación casi no ha avanzado hasta ahora.
El hurto de material de dos computadoras, dos laptos y dos discos externos, ocurrió en semana de Turismo pero se espera la Pericia Técnica que establecerá cuándo fue formateada una computadora por los delincuentes, lo que establecerá el día que entraron al local de la Facultad de Humanidades.
Paralelamente se estableció que él o los delincuentes conocían la clave de la alarma o de alguna forma pudieron neutralizar los sensores de la misma, que detectan movimientos dentro del local. Desde la empresa de seguridad, que realiza el control de las alarmas, se indicó que no hubo ninguna señal desde que el último antropólogo se retiró del local. En tanto el juez Eduardo Pereira espera las pericias de Policía Técnica que trabajó buscando huellas e indicios en la escena. Todos quienes tienen acceso al lugar están siendo indagados por la Justicia.
La Dirección de Inteligencia indicó que ninguna persona de las que tiene llaves del local denunció el hurto o extravío de las mismas. En este sentido se estima que utilizaron llaves apropiadas que podrían ser copias. Además no se encontró nada roto ni forzado. Los delincuentes desarmaron dos computadoras extrajeron el disco duro de ellas y volvieron a armarlas.
Está claro que conocían el lugar y que actuaron organizadamente. Pudieron utilizar guantes y también se constató que se llevaron el marcador con que hicieron puntos negros en un mapa colgado de una pared, en el que marcaron donde viven los nueve antropólogos que trabajan allí.
Paralelamente se revisa el material para establecer claramente si hay algo que no se podrá recuperar y los trabajos en el Batallón de Artillería Antiaérea Nº 1, donde se busca a tres hombres y una mujer desaparecidos en dictadura; continúan.
Tres hechos que pudieron motivar el hurto
“Esto es una amenaza clara, una señal mafiosa” afirmó el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, sobre el robo de documentación.
Rico analizó que hay tres hechos muy importantes que pudieron desencadenar esta reacción contra el GIAF: la presentación del proyecto del grupo Verdad y Justicia, que implica un compromiso de líneas de trabajo muy contundentes, la campaña de Madres y Familiares que apoya fuertemente la Iglesia Católica y que invita a las personas a dar datos anónimamente y el reinicio de los trabajos de excavación con el respaldo del equipo argentino de antropólogos forenses y el georadar.
Para Rico esta coyuntura abre puertas a respuestas y por eso dispara reacciones. El decano detalló que muchos de los datos digitalizados que fueron robados cuentan con un respaldo en papel. En cuanto a la seguridad en el lugar el decano dijo que se creía que la seguridad era suficiente, pero ahora se va a agregar rejas y cámaras de vigilancia. Hasta el momento había cerraduras reforzadas, rejas y alarma de sensores que suenan en la empresa de seguridad.
Marcha en repudio
Varias organizaciones llaman a concentrarse el próximo viernes a las 18:30 horas para marchar desde la Facultad de Humanidades hasta la Plaza Libertad en repudio a la acción contra Giaf. “La movilización es para demostrar que no vamos a estar pasivos y vamos a seguir con nuestra demanda”, dijo Oscar Urtasun integrante de Familiares y Madres de detenidos Desaparecidos.
“El robo no es solo amedrentamiento para quienes investigan, sino también para quienes están con voluntad de dar más información sobre desaparecidos”, apuntó. Para el activista de derechos humanos quienes promovieron el robo son quienes deben dar cuenta ante la Justicia. “Si se piensa quien se beneficia con esto, son los que tienen que dar cuenta a la Justicia por los delitos de lesa humanidad. Ya sabemos quiénes son. La verdad y la justicia les está haciendo cosquillas”, dijo Urtasun.
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2) Aratirí presentó nuevo inversor
Último momento
(La diaria)
Sorpresivamente, ayer la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, informó en una entrevista con No toquen nada que el 15 de marzo Aratirí presentó a un inversor interesado en hacerse cargo del proyecto minero, nueve días antes de que venciera el plazo dispuesto en la Ley de Minería de Gran Porte, antes de que los terrenos pasaran al registro de vacantes. Se trata de una sociedad anónima uruguaya, Invetexi (su nombre comercial es Ferro Valentines), sin experiencia en el rubro y que se formó en marzo. “Seguramente muy pronto invitemos a esta empresa a través de una nota a que recorra los caminos legales, que son toda la normativa vigente, fundamentalmente la Ley de Minería de Gran Porte, que explicita una gran cantidad de condiciones. Que recorra ese camino presentándonos cuál es su proyecto”, indicó Cosse.
Esto abre un nuevo plazo de 120 días para que el Estado pueda acordar un contrato con el inversor. La ministra aseguró que, pese a la baja del precio del hierro, el proyecto sigue siendo interesante para los privados: “Las empresas no razonan a corto plazo, razonan a 20 o 30 años, y además sucede que cuando los commodities bajan de precio, a veces pueden llegar a ser el mejor momento para hacer obras de infraestructura al respecto, porque justamente, como hay una baja en el precio de los commodities, los proveedores que rodean el tema están en peores condiciones y ofrecen mejores precios”, explicó.
Raúl Viñas, de Uruguay Libre, apuntó ayer que habría “una diferencia dentro del mismo ministerio”, ya que la Dirección Nacional de Minería y Geología había informado, una vez vencido el plazo, que no se habían presentado interesados. A su entender, esta empresa “sería una nueva división de Aratirí”, con el objetivo de “ganar tiempo” para lograr “presionar al gobierno para obtener algún dinero por vender los datos [de la exploración minera] al Estado”. Según Viñas, esos datos, que en 2011 se estimaban en un costo de 60 millones de dólares y ahora se manejan en 250 millones, “no nos sirven como país”.
La empresa tiene “120 días para hacer lo que no pudo hacer Aratirí, y lo que no le va a dejar hacer el mercado, porque los pobres yacimientos uruguayos no son competitivos”, añadió Viñas. Bachetta también consideró que el proyecto de Aratirí “es inviable”, entre otras cosas porque no tiene aprobado el informe de impacto ambiental y porque no tiene terminal portuaria, ya que la ubicación prevista en La Angostura fue rechazada por la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Defensa.
Según Bachetta, también asocian a esta situación la posibilidad de que Aratirí haga juicio contra el Estado, algo que sugirieron integrantes de la empresa en un informe del programa radial Suena tremendo. A su entender esto es “parte de una pulseada”, por “si se ponen de acuerdo en un pago [por la venta de los datos] a cambio de renunciar al juicio”. Para la venta de los datos habría un plazo de 180 días, una vez que quedara descartado el proyecto.
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3) Uruguay inició la fase final para confirmar hallazgo de petróleo
(El Observador)
El bajo precio del crudo puede dilatar su explotación comercial en unos cuatro años
Las empresas Total y ExxonMobil iniciaron ayer las operaciones de perforación exploratoria en el pozo Raya-1, localizado en el block 14 de la plataforma offshore (marítima) uruguaya. Así Uruguay vuelve a soñar con la posibilidad de sumarse al club de los productores del oro negro, luego de un intento frustrado en mar hace cuarenta años. La ministra de Industria, Caorlina Cosse, estimó que en un plazo de 100 días o antes, el país sabrá si la perforación es exitosa. De todas formas, la coyuntura actual de la industria petrolera y los tiempos de ese negocio, llevan a ser cautos para proyectar un beneficio económico en el corto plazo.
Este primer pozo exploratorio en busca de hidrocarburos será perforado en aguas ultra profundas de Uruguay a más de 3.400 metros. Una vez finalizado, el Raya-1 superará el récord actual de lámina de agua en perforación en aguas profundas, informó Total en un comunicado.
«Lo que se va a realizar concretamente es un pozo que empieza a 3.400 metros de profundidad y avanza en busca de hidrocarburos en más de 2.000 metros. Ya lleva un centenar de metros avanzados y en la mañana (de ayer) me confirmaron que se estaba procediendo a la cimentación de los metros que se habían avanzado», dijo Cosse a la secretaria comunicacional de Presidencia.
El procedimiento incluye la cimentación de cada metro que se avanza, de manera tal que la estructura civil garantiza la seguridad para los trabajadores y técnicos empleados en la exploración, explicó la jerarca. Se prevé que las operaciones de perforación se extiendan por aproximadamente 100 días en las autoridades uruguayas serán permanentemente informadas sobre el progreso de la perforación. «Teóricamente, lo que se va a saber en los próximos 100 días es si hay o no hay petróleo», explicó Cosse.
El proceso culminará con pruebas científicas concretas, a partir de la cual la empresa tomará mediciones para conocer si existen reservas comercializables. Además, las empresas indicaron que el principal foco de atención para todos los equipos de operaciones involucrados es la seguridad de las operaciones, que incluye un extenso programa de preparación que se ha desarrollado con el contratista para la perforación
El bloque 14, que cubre un área de 6,990 kilómetros cuadrados, se ubica a 250 kilómetros de distancia de la costa de Uruguay (400 kilómetros de Montevideo). Total, el operador, tiene una participación del 65% en el bloque, junto a ExxonMobil (35%). Los socios del Raya-1 contrataron el buque perforador Maersk Venturer para llevar adelante las operaciones. Las expectativas a partir de este momento «son que haya petróleo y que lo hagamos bien», dijo Cosse, y destacó que «no es menor que el presidente Tabaré Vázquez haya decidido impulsar la construcción de una política de Estado sobre hidrocarburos
«Me parece que es una decisión que habla de la madurez del gobierno y de Uruguay, de esta impronta de hacer las cosas bien, de asumir la responsabilidad intergeneracional», dijo. «Si existe y si es comercializable, es un bien de todos los uruguayos porque forma parte de nuestro subsuelo y, por lo tanto, los beneficios a exceden a la generación actual», añadió.
En el caso del contrato con Total, la participación de ANCAP puede ser como máximo del 30%. La decisión de qué porcentaje tomaría el ente petrolero quedará definida una vez que se tengan las certificaciones que confirmen el potencial del yacimiento. Asimismo, el contrato con ANCAP tiene la característica de que Total ofertó al Estado uruguayo 70% de las utilidades si se encuentra petróleo liviano.
Lo que juega en contra
Si bien el crudo se ha recuperado en las últimas semanas, aún está lejos de alcanzar un valor atractivo para que la industria petrolera pueda reactivar sus inversiones offshore, que son las más costosas. Los costos de extracción rondan los US$ 70 por barril, casi doble de lo que hoy está pagando el mercado por el oro negro. Ayer el petróleo Brent cerró a US$ 39 por barril.
El derrumbe del precio del crudo provocó el abandono de la exploración de alto riesgo en el mar por parte de las grandes petroleras del mundo, aunque la francesa Total encontró una «ventana de oportunidad» para realizar la perforación que se comprometió por contrato ante ANCAP. Los precios de las compañías de logística y servicios de perforaciones cayeron abruptamente producto de una capacidad ociosa en ascenso.
El expresidente de ANCAP y actual titular del Comité Uruguayo del Consejo Mundial del Petróleo, Andrés Tierno Abreu, había advertido en diciembre a El Observador que las condiciones comerciales para la extracción de crudo en el país «han cambiado» y ponen en duda la viabilidad de una explotación en el corto plazo, en caso de que la perforación de Total y Exxon arroje un resultado positivo. «Lo que se está manejando hoy es que el crudo seguramente siga con un precio bajo por un tiempo mayor al que se preveía», apuntó.
El gerente de exploración y producción de ANCAP, Héctor de Santa Ana, había declarado a El Observador que en caso que el pozo sea «descubridor» y confirme la presencia de hidrocarburos, se harán inmediatamente otras dos perforaciones delimitadoras para definir el volumen de la roca generadora y el volumen de petróleo y/o gas recuperable.
En caso que el yacimiento sea comercialmente rentable, en una etapa posterior se deberán realizar entre 18 y 30 pozos adicionales dentro del bloque. La inversión en caso de que la presencia sea mayormente de crudo puede rondar los US$ 6 mil millones y US$ 20 mil millones en caso que predomine el gas. Ese período de análisis puede demandar entre tres y cuatro años, antes de iniciar la fase comercial.
En tanto, en una hipótesis más pesimista –que implicaría que la perforación de Total y ExxonMobil sea negativa– Abreu considera que la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima uruguaya llegaría a su fin.
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4) Sindicato del gas sigue reclamando retirada de Petrobras
Virginia Recagno (La Diaria)
El sindicato del gas está a la espera de una definición del Poder Ejecutivo respecto de la “grave crisis” que atraviesa la distribución de gas natural por cañería en el país, especialmente de la empresa MontevideoGas, gestionada desde 2006 por la brasileña Petrobras. Los trabajadores exigen el retiro de la concesionaria, por “incumplimiento” en las negociaciones salariales, deudas impagas al Estado por más de 5,8 millones de dólares y por haber llevado a cabo una “muy mala gestión” que redundó en la pérdida de más de 5.000 usuarios y un deterioro de la infraestructura y la calidad del servicio. Proponen poner fin al contrato y pasar la gestión de la empresa a ANCAP, que ya cuenta con 50% de sus acciones.
A principios de diciembre del año pasado, los trabajadores nucleados en la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, en conjunto con una delegación del Ejecutivo y otra del PIT-CNT, decidieron la conformación de una mesa de negociación que funcionaría entre el 15 de ese mes y el 1º de febrero, con el objetivo de analizar la situación de MontevideoGas.
Sesionarían representantes de los organismos nombrados y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el diputado Carlos Varela por la Comisión de Legislación del Trabajo.
El retraso del MIEM en tomar posición con respecto al tema produjo tres sucesivas cancelaciones -la última el viernes 18-, por lo que el sindicato consideró que el espacio para negociar se redujo y se plantó firme en la discusión. “Creemos que se está conformando un clima de conflicto que no queremos ni alentamos, pero que estamos dispuestos a llevar a cabo si no se toma una decisión”, dijo a la diaria el dirigente Alejandro Acosta.
La deuda y la gestión
En un comunicado emitido tras enterarse de la suspensión de la reunión de marzo, el sindicato expresó que, al tratarse de la tercera vez que esto ocurre, “sin mediar explicación alguna”, lamenta la “falta de compromiso del MIEM”. Según Acosta, las reuniones no se llevan a cabo porque la cartera “no logra tomar una decisión” con respecto a si rescindir el contrato con Petrobras y pasar la gestión de distribución a ANCAP, o seguir con las cosas como están.
En un informe remitido al presidente de la República, Tabaré Vázquez, el sindicato sostiene que, además de una serie de faltas “graves” de gestión, como la postergación de inversiones necesarias, la pérdida de más de 5.000 usuarios, la pérdida patrimonial y el aumento del riesgo del crédito (que de 2,7 millones de pesos pasó a 45,2 en el último año), Petrobras ha violado el contrato en dos ocasiones.
La primera, cuando en octubre de 2014 una fuga por error puso en evidencia la falta de mantenimiento de los medidores y colapsaron los servicios de atención de emergencias; la segunda, por incumplimiento de pago del canon (arriendamiento por la concesión del servicio) desde hace más de seis años.
Según el sindicato, la empresa arrastra una deuda desde 2009 -cuando cambió por su cuenta la manera de liquidar el canon-, que acumula al día de hoy -junto con el recargo por mora y una multa por incumplimiento reiterado- un monto de más de 5,8 millones de dólares, superando los cinco millones que el Estado debería poder cobrar por ejecución de la garantía.
Este incumplimiento en el pago del canon comprende, según Acosta, “causal grave y motivo de rescisión del contrato”, por lo que “se podría ejecutar y hacerlo caer” y pasar la gestión a ANCAP.
La distribución por cañería de gas natural está regulada por la Ley 14.142, del 20 de junio de 1973, en la que el Parlamento declaró de “utilidad pública” la expropiación por parte del Estado de la compañía de gas, para que la explotara directamente, la arrendara o la vendiera, pero el Decreto-ley 15.279 restringió en 1982 la voluntad del Estado a “arrendar o vender” la distribución, habilitando así su privatización. Según Acosta, el Estado podría ampararse en la primera ley, que, en definitiva, “aún está vigente”.
A esto se suma el reclamo de los trabajadores a la violación del último convenio pautado en la negociación colectiva de los Consejos de Salarios, que establecía que los sueldos estuvieran “atados” a indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumo, que registra la inflación acumulada, pero que la empresa brasileña se niega a pagar.
Petrobras considera, en cambio, un incremento nominal de 6% anual, con ajuste por inflación al finalizar 2017, lo que, “teniendo en cuenta los aumentos de precios, redundaría en una rebaja de los salarios”, estimó Acosta.
El representante de los trabajadores opinó que existen diversos discursos sobre la “fragilidad o solidez” de los números de la empresa. Con estas discrepancias como telón de fondo, la empresa resolvió no presentarse a negociar en la ronda de los Consejos de Salarios.
Señales contradictorias
Petrobras confirmó a los empleados de MontevideoGas, a principios de marzo de este año, que se piensa abandonar el único local que es patrimonio de la distribuidora, ubicado en el cruce de las calles 25 de Mayo y Juncal, y que se pasará a alquilar un piso entero del edificio Plaza Mayor, en la plaza Independencia.
Acosta sostuvo que se trata de “señales contradictorias”, ya que la empresa dice estar haciendo frente a una crisis y, sin embargo, “se da el lujo” de alquilar un local a “un costo de casi 230.000 dólares al año, con 100.000 pesos por mes de gastos comunes”. Al considerar “absurda” esta decisión, los trabajadores decidieron rechazarla y boicotear la mudanza. “Si quieren efectivizar este error, vamos a ocupar”, afirmó Acosta, y agregó que esta postura fue comunicada al Ministerio de Industria, Energía y Minería -la cartera que custodia de los bienes de la concesión- para que actúe en consecuencia.
Los trabajadores del gas habían ocupado la sede de MontevideoGas a principios de febrero del año pasado; a mediados de setiembre habían hecho lo mismo en las oficinas de ANCAP.
Para hoy a las 10.00 el sindicato tiene pautada una reunión con las autoridades en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en calidad de comisión. “Esperamos que no nos cancelen nuevamente. A esta altura -desde el 16 de enero no nos hemos vuelto a reunir-, que se siga postergando es un indicio de que no va a tener andamiento la comisión y, por ende, tampoco vamos a llegar a una solución”, dijo Acosta.
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5) Estudios por puerto de aguas profundas costaron 6,6 millones de dólares; presupuesto previsto era de dos millones.
(La Diaria)
El movimiento Uruguay Libre de Megaminería presentó los datos que obtuvo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tras un juicio por acceso a la información en el que reclamaban conocer los gastos de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP). La CIPAP (integrada por los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Medio Ambiente, Defensa Nacional e Industria, Energía y Minería) fue creada durante el gobierno de José Mujica y dotada de un presupuesto de 700.000 dólares para que informara sobre la conveniencia de la instalación del puerto de aguas profundas y su ubicación.
Tras seis meses de trabajo, a mediados de junio de 2012 presentó un documento en el que recomendaba la instalación del puerto en El Palenque, en la costa de Rocha. En ese entonces Mujica prorrogó el trabajo de la CIPAP, con el objetivo de que implementara el proyecto del puerto de aguas profundas. La comisión funcionó hasta el final del gobierno de Mujica, y en mayo de 2013 se le amplió el presupuesto a dos millones de dólares, pero en mayo de 2015 el presidente Tabaré Vázquez la disolvió por decreto y trasladó las atribuciones al MTOP.
Según los datos que difundió ayer Uruguay Libre, en esos dos años y medio la CIPAP gastó 6.620.176 dólares en la contratación de consultorías de distinto tipo: internacionales y nacionales, privadas, estatales y personales. La más cara fue la de la empresa canadiense Seaforth Geosurveys, contratada por un total de 2.159.266 dólares para realizar estudios geotécnicos del lecho marino y ensayos de laboratorio. Otra de las consultorías importantes fue del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República, por un total de 1.009.550 dólares, para realizar mediciones de oleaje, corrientes y niveles en la costa de Rocha, así como para implementar un sistema de medición de parámetros meteorológicos.
El proyecto básico del puerto lo realizó CSI Ingenieros/Serman, por un total de 420.000 dólares. Otros informes requeridos fueron sobre el análisis de la inserción regional y complementariedad, estudios topográficos y base de datos catastrales en el área de implantación del puerto, relevamientos costeros, informes sobre las características físico-paisajísticias del ambiente receptor del puerto, evaluaciones económico-sociales del puerto, estudios legales y económico-financieros.
Entre los datos también figuran los gastos en pasajes y viáticos por los viajes que realizaron los distintos integrantes de la CIPAP en la búsqueda de apoyos de otros gobiernos o de inversores. El total fue de 35.000 dólares en 15 viajes, pero para Víctor Bachetta, uno de los voceros de Uruguay Libre, este gasto es “casi insignificante” comparado con las contrataciones realizadas. Como el presupuesto de la CIPAP era de hasta dos millones de dólares, las otras fuentes de financiamiento de los estudios fueron fondos de Presidencia, el Fondo Nacional de Preinversión y otros fondos presupuestales.
“Casi la totalidad de estos estudios no tenía una justificación sólida, porque los informes de viabilidad del puerto no eran concluyentes, y en 2014 las consultoras internacionales dicen definitivamente que no está asegurada la viabilidad del puerto, que no es claro que sea más barato usar ese puerto frente a los existentes, que las cargas de Brasil no van a venir por ese puerto, y todo eso derrumba definitivamente el proyecto”, opinó Bachetta. “Por decisiones políticas se inicia una serie de actuaciones y contrataciones que concluyen en nada, porque al final del proceso la conclusión es que el proyecto no era viable” porque, a su entender, “no se puede pensar geopolíticamente que Uruguay va a arrastrar a Argentina y a Brasil tomando una decisión unilateral de esta envergadura”.
A fines de 2015, el actual titular del MTOP, Víctor Rossi, informó que los estudios de viabilidad del puerto continúan, en su cartera, y que no hay definiciones. En mayo había dicho que mientras se estudia ese proyecto “hay otras necesidades del sistema portuario que tenemos que resolver día a día” y que el puerto de aguas profundas “no se puede desarrollar al margen de la estrategia portuaria del país”.
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6) Caída de la inversión y del consumo de los hogares marcó un notorio descenso del PIB en 2015, que creció apenas 1%
Virginia Recagno (La Diario)
Lejos del promedio de 5% de crecimiento que se registró en la última década, e incluso también del 3,5% de 2014, en 2015 la economía uruguaya creció sólo 1% en relación al año anterior, la mitad de su presunto potencial, según las series históricas. El escaso incremento del Producto Interno Bruto (PIB) estuvo sostenido por la actividad de la industria y del transporte, almacenamiento y comunicaciones del lado de la producción y por el consumo del gobierno del lado del gasto, lo que confirma un escenario de fuerte desaceleración.
Desde el punto de vista de la producción, tres sectores sufrieron notoriamente el declive de la economía el año pasado: el suministro de electricidad, gas y agua, que había salvado al PIB en 2014, tuvo una baja en su producción de 8,1%; la construcción, que parecía haber recuperado sus niveles de actividad, tuvo una contracción de 5,4%, tanto en el sector público como en el privado; y el comercio, las reparaciones, restaurantes y hoteles, que habían bajado su producción en 2014, volvieron a hacerlo en 2015, a una tasa casi cinco veces mayor, de 2,5%, explicado en mayor medida por el descenso en la actividad comercial.
Noticias más favorables fueron las de la industria manufacturera, cuya actividad creció 5,7%, producto del aumento en la producción de pulpa de celulosa, y también las de la rama que nuclea al transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, con un crecimiento de 3,1% como resultado de la “continua expansión” de las telecomunicaciones, observa el informe del Banco Central.
Por otro lado, otras actividades -que incluye las actividades inmobiliarias, los servicios financieros, del gobierno general, sociales, de esparcimiento y personales- tuvieron un alza de su producto de 1,6%, y las actividades primarias, de 0,4%, con un crecimiento particular de la producción de la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura de 1,2%.
Examinando el producto desde la óptica del gasto, el análisis de la autoridad monetaria da cuenta de una caída de la demanda interna compensada por el crecimiento de la demanda externa neta. El gasto de los hogares que sostuvo el ritmo de expansión de la economía en 2014 cayó fuertemente de 3% a una tasa nula en 2015. Por su parte, el gobierno mantuvo sus niveles de gasto en 2,6%.
La inversión en capital marcó también un notorio descenso. Ya en 2014 la formación bruta de capital no había crecido, y en 2015 cayeron los niveles en 7,7%, debido a la disminución registrada en la adquisición de existencias por parte de la sociedad, en el orden de 8,2%. El informe da cuenta de que la contracción se dio tanto en la inversión pública como en la privada, y en maquinaria y equipos importados así como en construcción.
En el frente externo, se registraron también contracciones en los niveles de exportación e importación; las primeras del orden de 1,2% y las segundas de 7,4%, lo que determinó que el saldo comercial con el resto del mundo resultara menos negativo que el de 2014, principalmente por una caída en el volumen de las transacciones y no necesariamente de la evolución de los precios, similar a la de 2014.
Es así que el PIB ascendió a 1.460.500 millones de pesos uruguayos, registrando un crecimiento de los precios implícitos por una tasa de 8,7% en el año. Con esto se da cuenta que el ingreso nacional disponible real tuvo un aumento de 0,6% respecto de 2014, inferior al del PIB en volumen físico y explicado por un resultado desfavorable en los ingresos primarios del gobierno -básicamente, los impuestos-.
El menor dinamismo de la formación bruta de capital motivó una reducción en las necesidades de endeudamiento de la economía con el exterior, de 25% a 18,8%, lo que ubicó al porcentaje de endeudamiento sobre el ingreso nacional disponible en 3,9%.
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