COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2016 – 22 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis)
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) NACIONES UNIDAS LLAMA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A MAYOR SOLIDARIDAD CON CUBA LUEGO DEL HURACÁN MATTHEW /Sergio Ferrari
2) NO SÓLO VIVAS /Soledad Platero
3) DÍA DEL PERIODISTA
4) PRUEBAS DE CLARO PARA GANAR JUICIO ANTE EL TCA / Gustavo Gómez
5) ACTIVIDADES EN EL MES DE LA SALUD MENTAL / Olga Azikian, Marcos Almirón y José Luis Buero – Upa
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) NACIONES UNIDAS LLAMA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A MAYOR SOLIDARIDAD CON CUBA LUEGO DEL HURACÁN MATTHEW
Por Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
Unas 350.000 personas fueron gravemente afectadas en Cuba por el cataclismo que afectó el oriente cubano el pasado 5 de octubre. En el municipio de Maisí, casi la totalidad de sus 12.000 viviendas sufrieron algún tipo de daño. Ante la dimensión del impacto, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Cuba, instó el tercer jueves de octubre a la comunidad internacional a ser solidaria con la isla caribeña tras las afectaciones provocadas por el huracán Matthew.
La representante de las Naciones Unidas expresó también su reconocimiento por las respuestas nacionales antes el cataclismo. “De nuevo, felicitaciones por lo que ha hecho el país hasta ahora y un llamado fuerte a todos los socios de Naciones Unidas de apoyarnos en dar una respuesta. Esta es una situación provocada por un desastre natural, que se puede recuperar si se hace un esfuerzo bien concentrado”, subrayó la representante de Naciones Unidas.
En declaraciones a la Radio ONU, Myrta Kaulard explicó que el intenso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, fue absolutamente devastador y subrayó la labor ejemplar de las instituciones cubanas tanto en la prevención de víctimas fatales, como en la respuesta inmediata tras el paso del meteoro por seis municipios de las provincias de Guantánamo y Holguín.
“Los recursos necesarios para la respuesta inmediata y la recuperación temprana son muy grandes y como sistema de Naciones Unidas aquí en el país, estamos haciendo muchos esfuerzos de movilización de recursos para poder apoyar la respuesta”, dijo.
Recordó que desde el mismo día del impacto de la tormenta, el PMA y el PNUD entregaron lonas y alimentos a las instituciones nacionales para su distribución inmediata entre los damnificados. Asimismo, indicó que otras agencias del sistema han movilizado recursos de emergencia para proceder con compras de más alimentos, pastillas de cloro para el agua, colchones y kits de cocina.
La funcionaria afirmó que los materiales de construcción y los techos son de los insumos más necesarios para la recuperación de las viviendas e infraestructura afectadas, al igual que todo lo relacionado con el agua y el saneamiento.
Hay que recordar que inmediatamente después del devastador cataclismo – que dada las medidas gubernamentales no produjo ninguna víctima fatal- el Sistema de Naciones Unidas y las agencias que lo integran anunciaron que prevén fortalecer proyectos ya existentes en las provincias más golpeadas, dentro del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (Manud), firmado con instituciones cubanas para el periodo 2014-2018.
En la provincia de Guantánamo, la más perjudicada por Matthew, ya se realizan bajo el Manud cuatro proyectos en Dinámica Poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales.
También se ejecuta uno en Desarrollo económico sostenible, siete en Seguridad alimentaria y nutricional, y ocho en Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo de desastres; mientras que en la provincia de Holguín se desarrollan otros 45 en esas mismas áreas.
Sergio Ferrari, Ginebra, Suiza
COMCOSUR INFORMA Nº 1765– 25/10/2016
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2) NO SÓLO VIVAS
Por Soledad Platero / La Diaria
El miércoles, bajo agua en Montevideo y en Buenos Aires, las mujeres marcharon, junto a los hombres que quisieron acompañarlas, para reclamar el fin de la violencia patriarcal. Hace apenas unas semanas, en la ciudad argentina de Rosario, la marcha que cerraba un encuentro internacional de mujeres feministas fue violentamente reprimida por la Policía. La denuncia de la violencia machista se está haciendo visible y encuentra eco en todas partes, pero no parece que la situación de abuso sobre la mujer se esté revirtiendo en la misma proporción.
En los últimos días nos escandalizó la oferta de una whiskería de la frontera que promocionaba, además de diversos shows de contenido sexual, un número de rifa que costaba 50 pesos y que prometía al ganador la posesión y el disfrute de la chica que más le gustara. En esa ocasión el pago de los servicios de la chica correría por cuenta del dueño del local, y no, como es habitual, por cuenta del cliente. Según parece, no hubo suficientes compradores de números como para que el sorteo se realizara, y las autoridades que se hicieron presentes en el local -un galpón de chapas y bloques que prometía diversión en un inglés mal escrito y destacado en letras verdes- no constataron ningún ilícito. Las mujeres que estaban trabajando eran mayores de edad y se decían conformes con sus condiciones laborales. Nada indicaba la ocurrencia de delito.
Hay muchas mujeres que ejercen la prostitución en Uruguay. Muchas, seguramente, fueron niñas o adolescentes abusadas, inducidas a ese camino por circunstancias que las fueron acorralando. Muchas son travestis y cargan sobre sí todas las dificultades que puede cargar alguien cuyo nombre propio y su aspecto no coinciden con su identidad de género. Y muchas son mujeres adultas que redondean sus ingresos mediante la práctica de actos sexuales o eróticos en condiciones legales, que han naturalizado completamente su actividad y que se mueven en un universo en el que no necesitan ocultar lo que hacen. Porque aunque muchos no lo crean, las prostitutas, las bailarinas de caño, los dueños de whiskerías y los proxenetas tienen familias y tienen vida social, y en ese ambiente no hay nada raro en el comercio sexual. Es un negocio, como la venta de cualquier cosa.
El asunto de la prostitución no es fácil de tramitar entre las mujeres. En los encuentros feministas suelen ser intensas las discusiones entre las que defienden la abolición y las que reclaman el derecho a ejercer el meretricio en condiciones legales y pulcras. No es tan sencillo embanderarse, aunque parece evidente que en una situación de intercambio comercial en torno al sexo siempre hay montos de poder que se traducen en montos de sumisión y de humillación (¿para qué paga alguien por sexo, si no es para poder hacer su voluntad, someter al otro, exigirle, humillarlo?) y también parece evidente que el riesgo físico de quien trabaja entregando el cuerpo a alguien más fuerte y entre cuatro paredes es siempre alto, altísimo.
Pero el problema de la violencia sistemática sobre la mujer excede ampliamente las situaciones de comercio sexual o de violación seguida de muerte. Ser mujer es estar siempre en riesgo de abuso, aunque ese abuso no sea brutal o vistoso, aunque no corra la sangre, aunque no termine en titulares de prensa. Ser mujer es ocupar una posición desventajosa en un mundo en el que la bravuconada, la avivada y la fuerza bruta son valores superiores y en el que palabras como “rendimiento”, “productividad” y “beneficio” son carta blanca para casi cualquier cosa. Podemos regular acá o allá, vigilar costumbres y prácticas, reprimir delitos y estar atentos a los desbordes, pero la violencia inherente a un sistema organizado para premiar al más fuerte va a seguir, siempre, cobrando su precio en el cuerpo más débil.
Soledad Platero / La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1765– 25/10/2016
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3) DÍA DEL PERIODISTA
Con motivo de conmemorarse hoy domingo 23 de octubre el día del Periodista, Cainfo, APU y la Coalición por una Comunicación Democrática saludan a todos los/las periodistas y comunicadores y subrayan la importancia de su trabajo para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.
Queremos aprovechar esta fecha para destacar en la agenda del país algunos temas que tienen directa vinculación con el ejercicio del periodismo y que apuntan a generar condiciones habilitantes para avanzar en la tutela de la libertad de expresión.
Uruguay ocupa en este momento una posición destacada en materia de libertad de expresión, como resultado de una serie de reformas legislativas que tuvieron lugar en los últimos años y que permitieron adelantar en la materia y armonizar su marco jurídico a los estándares interamericanos. Así resultó un impulso importante la despenalización de los llamados delitos de comunicación, la ley de radiodifusión comunitaria, la ley de acceso a la información pública y más recientemente la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo aún queda planteado el reto de la adecuada implementación de algunas de estas disposiciones legales y la profundización de la regulación legal en la materia, de manera de garantizar que el país cuente con una ley de publicidad oficial que recoja los estándares interamericanos garantizando la transparencia y pautas no discriminatorias, así como el fortalecimiento de la política pública en materia de acceso a la información pública y la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Todas estas medidas, sin lugar a duda, resultan necesarias para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística. Dada su realidad en perspectiva regional, Uruguay se encuentra en una condición privilegiada para ello.
A continuación planteamos algunas cuestiones que – a nuestro juicio- resultan claves para avanzar en esa línea.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A casi dos años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se hace imprescindible su inmediata implementación como forma de dar certezas jurídicas. Para ello no sólo se debe reglamentar la ley sino, incluso antes, se deben constituir los organismos que tienen como cometido instrumentar varios aspectos de la ley, como lo son el Consejo de Comunicación Audiovisual (que dentro de sus competencias tiene las de aplicar, fiscalizar y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley) y el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que deberá ser consultado en forma perceptiva para la elaboración del reglamento de la ley.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique, el pasado 7 de octubre en Santiago de Chile con motivo del 7° Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica, expresó sobre este tema: “De unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y no hacen a la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”, por lo que, “en este momento esas sentencias marcan el rumbo definitivo de la Corte”. Si nos atenemos a estas declaraciones, no tiene sentido seguir dilatando la implementación de la ley.
Publicidad Oficial
Es un hecho alentador en materia de promoción y garantías de la libertad de expresión e información el ingreso formal al Parlamento Nacional en agosto de 2015 de un proyecto de ley elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo) con el objetivo de establecer criterios más transparentes y justos para la asignación de publicidad oficial. La iniciativa ciudadana contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, lo que permitió su tratamiento parlamentario.
Una ley de regulación de la publicidad oficial otorga garantías jurídicas y democráticas para que la distribución de publicidad oficial no sea utilizada discrecionalmente por los organismos públicos como medio para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Actualmente el Proyecto está a consideración de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes (Diputados), por lo cual su pronta aprobación constituiría un gran avance para la libertad de expresión e información para nuestro país.
Acceso a la información pública
La ley 18.381 que entró en vigor en octubre de 2008 reguló el derecho de acceso a la información pública de raigambre constitucional. La aprobación de esta norma supuso un hito muy importante al que contribuyeron los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, y que contó el apoyo del sistema político. Sin embargo hoy a 8 años de su vigencia, si bien se ha avanzado en la implementación de la ley aún persisten obstáculos.
En los últimos años CAinfo y APU han recibido consultas y denuncias de periodistas que han intentado utilizar la ley para llevar adelante su tarea de informar a toda la sociedad y que han encontrado distintas trabas para ello. Si bien en muchos casos la ley ha funcionado adecuadamente y ha permitido a la ciudadanía acceder a información de interés público a través del uso que de ella han hecho los y las periodistas, no puede pasar desapercibido el hecho de que en distintos casos el amparo de este derecho requirió ir a la justicia y/o al órgano de control, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Los obstáculos que seguimos advirtiendo en estos casos refieren a la inadecuada clasificación de información, así como a la incorrecta aplicación del procedimiento especial previsto en la ley, derivando en la entrega tardía de la información y/o de manera incompleta.
Por eso, esta fecha nos parece muy oportuna para advertir estas cuestiones e instar a los sujetos obligados por la ley a implementarla de manera adecuada, aplicar los procedimientos y estándares legales para la clasificación de información y agotar los procedimientos y esfuerzos para que la información sea aportada de manera clara, completa y oportuna.
Asimismo entendemos que si bien la ley tiene aspectos muy positivos, en virtud del desarrollo de los estándares interamericanos en la materia y de la necesidad de robustecer la tutela del derecho de acceso a la información en el país resulta necesario discutir y avanzar una mejora de la norma. Estas modificaciones deberían apuntar a fortalecer el órgano de control previsto en la ley, ampliar la nómina de sujetos obligados y perfeccionar el régimen de excepciones entre otros asuntos.
Amenazas a la libertad de expresión de los periodistas
Desde 2015 CAinfo y APU elaboran un informe anual sobre las amenazas a la libertad de expresión que sufren los periodistas durante el ejercicio de su profesión. A pesar de ser uno de los países de la región con los mejores índices en este sentido, persisten en el país algunas prácticas que afectan el ejercicio periodístico.
Sólo en lo que va de 2016, el monitoreo de amenazas logró confirmar la existencia de 21 casos, la mayoría de ellos en Montevideo. Entre estos episodios pueden señalarse mayoritariamente la obstrucción del trabajo periodístico por parte de autoridades de organismos públicos, pero también se contabilizan amenazas, hostigamiento, censura, y el uso de la Justicia como mecanismo para impedir la publicación de información de interés público.
Desde que comenzó a realizarse el monitoreo de amenazas, abarcando el período que va desde enero de 2014 a octubre de 2016, se han logrado confirmar al menos 74 episodios, lo cual demuestra que es necesario desarrollar mecanismos más eficientes de denuncia y para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión, de manera de asegurar al mismo tiempo el derecho de la población al acceso de una información veraz, oportuna y de calidad.
Por todo lo antes dicho, abogamos porque estos temas sean jerarquizados en la agenda parlamentaria y política en lo que resta de este período de gobierno.
CAINFO – Coalición por una Comunicación Democrática -APU
COMCOSUR INFORMA Nº 1765– 25/10/2016
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4) PRUEBAS DE CLARO PARA GANAR JUICIO ANTE EL TCA
Por Gustavo Gómez / La Diaria| Martes 25 de Octubre de 2016
El 28 de setiembre de este año, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dio la razón a Flimay SA (empresa perteneciente a la transnacional de telecomunicaciones Claro/América Móvil) e intimó al Poder Ejecutivo a que, en un plazo de diez días, suspendiera los efectos de la Resolución N° 269 de 2013, que revocó su licencia para brindar servicios de televisión satelital para abonados. Flimay presentó un recurso de amparo el 11, un día después de que el gobierno aprobara una resolución en la que acataba la decisión del TCA, impugnación que conocerá sentencia el jueves 27.
La resolución impugnada fue dictada el 16 de mayo de 2013 y volvía a revocar una licencia de Televisión Directa al Hogar (TDH) otorgada por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) en 2008 a la citada empresa de capital mexicano, por razones de ilegitimidad. Es decir que la Ursec no debería haber dado el permiso, porque la empresa no cumplía con los requisitos legales exigidos desde el punto de vista societario.
Es muy interesante destacar que lo que motivó al gobierno a actuar en esta ocasión no fueron las gestiones de Antel, sino varias denuncias y recursos presentados por las empresas uruguayas de televisión para abonados representadas en las gremiales Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados y Asociación Nacional de Broadcasterd Uruguayos.
Hasta ahora, el TCA no se expidió sobre el tema de fondo, es decir, si Flimay puede o no puede tener una licencia de televisión para abonados y, por tanto, si la revocación es legítima. La resolución sólo obliga al Poder Ejecutivo a la “suspensión transitoria y total” del acto impugnado -y aquí viene otra polémica sobre el impacto que tiene sobre la autorización inicial si esta se mantiene o cayó con la decisión-, haciendo referencia a una anterior decisión del organismo que también suspendía la resolución tomada por el Poder Ejecutivo. La última decisión de setiembre (mientras se tramita esta semana el recurso de amparo mencionado) tiene como origen y fundamento, por tanto, esta resolución anterior: la Resolución N° 587, de octubre de 2014.
Las razones esgrimidas por Flimay/Claro y las conductas posteriores de la transnacional en relación con esta situación deben destacarse, especialmente por cómo revelan el accionar de la poderosa empresa mexicana para lograr sus objetivos comerciales aun cuando, en opinión de analistas y autoridades consultadas, ello implique el falseamiento de pruebas (que influyó indebidamente en la decisión tomada por el TCA) e incluso indicios de fraude aduanero (para generar hechos consumados ante la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su impacto en los negocios de la empresa).
El principal argumento utilizado para que el TCA aceptara el pedido de suspensión fue que la empresa tenía un gran perjuicio económico con estas idas y vueltas en las decisiones gubernamentales, en tanto habían importado receptores y se volvían obsoletos, con la consecuente depreciación de su valor.
Antes de seguir, una explicación necesaria: como forma de frenar la piratería en el sector, un decreto de 2012 obliga a toda empresa que quiera importar equipos receptores de televisión para abonados, a contar con una autorización previa de Ursec (Decreto N° 276/12), por lo que todos los trámites aduaneros para este tipo de aparatos deben pasar, obligatoriamente, por el organismo regulador uruguayo. Por tanto, si Flimay quería importar equipos (los que se volvían obsoletos) debería no sólo haber hecho los trámites de Aduana y pagado los aranceles correspondientes, sino también solicitado a Ursec un permiso para hacerlo.
Pues bien: a la fecha de la resolución del TCA (24 de octubre de 2014), Flimay no había recibido autorización de importación y, por tanto, nunca debió haber ingresado equipos a Uruguay. ¿Qué hizo, entonces, para que le dieran la razón y se suspendiera la revocación?
Apenas presentaron carátulas del inicio de trámites de autorización de importación y promesas de compras de equipos en el exterior. Como mencionaba en un informe de la época el ingeniero Sergio de Cola, ex director nacional de Telecomunicaciones: “Ninguno de los trámites iniciados ante la Ursec terminó en la expedición de la autorización, por lo que mal puede haber importado equipos en forma legal. Por otra parte, las ‘facturas proforma’ no se convierten en una transacción comercial efectiva hasta el momento en que se produce el embarque de la mercadería”.
Según estos elementos de juicio, entonces, las pruebas presentadas por la empresa mexicana fueron falsas e indujeron al TCA a un error: si no hay equipos, no hay perjuicio económico.
Que Flimay no tenía equipos antes de la resolución del TCA lo muestra otro hecho que, de confirmarse, configuraría otra grave práctica de la corporación transnacional: el 5 de enero de 2015, solicitó a Ursec ser inscripta en el registro de operadores de televisión para abonados, ante lo cual el regulador la intima a indicar cómo era posible que estuvieran en condiciones de brindar servicios si no habían importado equipos…
En su respuesta, la empresa informa que había importado 100 decodificadores y otros dispositivos en diciembre de 2014, pero que el despachante de aduana, por error, codificó mal los equipos importados, y el trámite no siguió a Ursec, por lo que esta no fue consultada.
Es decir, la “equivocación” asumida por el despachante impidió que se hicieran los controles legalmente exigidos y que se autorizara la importación, una práctica que varias fuentes no dudaron en señalar como fraudulenta. También comentaron otros elementos de un proceso de importación que habría tenido graves irregularidades, parte de las que se exponen en estos días en la consideración del amparo que tramita el juez Gabriel Ohanian.
Estas gestiones urgentes hacia fines de año (los equipos habrían llegado e ingresado al país el mismo 31 de diciembre, con una celeridad pocas veces vista) tenían un motivo: instalar la idea de que Claro estaba brindando el servicio de televisión para abonados desde antes de la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de forma de ampararse en las disposiciones transitorias de la norma, que establecen un plazo de un año para adecuarse a la prohibición establecida en el artículo 56 (propiedad cruzada), siempre que ya se estuvieran prestando servicios. Y siempre que, Claro está, su licencia para brindar servicios de televisión por abonados esté vigente, cuestión que aún llevará aproximadamente un año dilucidar en forma definitiva.
Mientras tanto, las denunciadas prácticas engañosas le permiten seguir poniendo en jaque a un gobierno que, si pierde, o aun si gana, podría quedar expuesto a juicios por daños, perjuicios y lucro cesante. Y colocar en alerta máxima a la televisión para abonados de Uruguay, con gran preocupación por la posibilidad de tener que enfrentarse a una estrategia predatoria como la que aplicó Claro/América Móvil en Paraguay (que hizo vender su licencia nada menos que al Grupo Clarín), y que no sólo afecte el negocio de DirecTV, Cablevisión y los cables de Montevideo, sino, particularmente, a las pequeñas y medianas cableras del interior.
Gustavo Gómez / La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1765– 25/10/2016
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5) ACTIVIDADES EN EL MES DE LA SALUD MENTAL
Primavera desmanicomializante
El pasado 14 de octubre fue la primavera desmanicomializante organizada por el CEUP, en la calle Tristán Narvaja, en frente a la Facultad de Psicología. Hubo micrófono abierto, el cual abrió Radio Vilardevoz, y además feria con stands de distintas organizaciones, como: Riquísimo Artesanal, Asamblea Instituyente, Nuestro Propio Horizonte, el colectivo por una “Ley de empleo para personas con Discapacidad”, y de la Diversidad, Radio Vilardevoz, entre otros.
Junto al CEUP, participé de la producción de tortas fritas. Cerraron la fiesta, bandas en vivo, y estuvo bien movido. Fue un lindo cierre para la semana en que se realizó el Encuentro Antimanicomial y la V marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, en el marco del Mes de la Salud Mental. / Olga Azikian
Fiesta Antimanicomial en Vilardevoz
El pasado sábado 15 de octubre se llevó a cabo en la Radio Vilardevoz la segunda fiesta antimanicomial. Festejamos con músicos y tambores la fuerza y la lucha de nuestro colectivo y dimos por enterrada la Ley del Psicópata del año 1936.
Estuvieron con nosotros Abel García, Milongas Extremas, nuestro compañero Carlos Garbarino y un trío de tambores de la comparsa Cuareim 1080, así como visitas de Bibliobarrio y del diputado Gerardo Nuñez.
El tiempo no ayudó, pero el clima fue absolutamente de fiesta y mucha algarabía. Las entrevistas tuvieron un digno marco para ese día, tal es así que uno de los músicos, Abel García confirmó allí su presencia para el cumple de la radio.
Lo mejor quedaba para el final, cuando aparecieron los tambores y se armó el baile.
Desde la radio agradecemos a músicos, auspiciantes y colaboradores el habernos acompañado en esta fiesta Antimanicomial. /Marcos Almirón y José Luis Buero – Upa
Boletín Informativo de Radio Vilardevoz
COMCOSUR INFORMA Nº 1765– 25/10/2016
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Coordinación: Carlos Casares
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