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SEMIÓTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 -No. 459/ Miércoles 29 de julio de 2015
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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ARGENTINA
LAS CHICAS MUERTAS Y LA NUEVA LITERATURA ARGENTINA

HONDURAS
ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGNADAS

MEXICO
NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVEN VIOLENCIA AL EMPLEARSE EN MERCADOS
SEMIÓTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

URUGUAY
EL 14% DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES NO TIENE EMPLEO

TEMAS DE COMCOSUR MUJER
MUJERES MIGRANTES: VÍCTIMAS DE DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA

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“Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
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ARGENTINA

LAS CHICAS MUERTAS Y LA NUEVA LITERATURA ARGENTINA

La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia, sin una nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos. Así comienza Chicas muertas, la crónica de Selva Almada. La mirada cristalina sobre un pueblo de interior se oscurece a las pocas páginas: el recuerdo de los trece años de la escritora desgrana cómo, a las pocas horas, una voz de la radio da cuenta del asesinato de Andrea Danne, de diecinueve años, en el pueblo de San José, apenas a veinte kilómetros de Villa Elisa.

Desde entonces, la presencia de Andrea no abandona a la escritora. De hecho, se suma a todas las otras mujeres muertas que se desgranan en las primeras planas de los periódicos: María Soledad Morales, Gladys Mc Donald, Elena Arreche, Adriana y Cecilia Barreda, Liliana Tallarico… infinidad de nombres e historias, entre las que Almada recoge a dos más: María Luisa Quevedo y Sarita Mundín. Cada historia es un mundo propio, un interrogante, y a su vez, el mismo final: chicas muertas.

El libro de Selva Almada es único en narración y forma, pero no en temática. En los últimos tiempos, la literatura argentina está haciendo acopio de historias relacionadas con la violencia contra las mujeres, algo que ha cristalizado también con la llegada del movimiento #niunamenos, tras el asesinato de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe en mayo de este año. “Es un tema que nos preocupa, que está presente. Es bastante natural que esto termine encarnando en libros que traten de poner en palabras tanto horror”, explica Almada. En su caso, Andrea actúa de disparadero, pero le siguen María Luisa y Sarita. “A esa altura hacía muchos años que la violencia contra las mujeres era un tema de preocupación constante para mí. Entonces pensé que contando las historias de estas mujeres podía dar cuenta de esta preocupación, del espanto del femicidio, de cómo vivimos las mujeres en sociedades como la mía”, concluye.

Parecida es la reflexión de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, que publica ahora en España Y su despojo fue una muchedumbre una historia gráfica tras haber tratado primero en Le viste la cara a Dios y Beya el abuso y el maltrato. Cabezón Cámara, una de las principales impulsoras de #niunamenos, analiza el por qué la temática llega finalmente a lo literario: “No se puede escribir por fuera de la Historia, del entramado político y cultural en el que se vive. En el caso de Le viste la cara a Dios esa relación con la realidad Argentina y también, lamentablemente, del mundo entero, es muy directa: los casos de trata de mujeres, los crímenes más productivos de la economía global hoy”, explica.

Una problemática social acuciante

Sobre el movimiento #niunamenos, Cabezón Cámara lo define como “una maravilla, una sorpresa, una alegría enorme, ya que se gestó una manifestación multitudinaria en apenas tres semanas. El repudio a la violencia machista fue, podemos afirmarlo, un evento nacional” y la cristalización de algo que permea desde toda la sociedad argentina y que se demuestra tanto en la ficción como la no ficción. “No creo que sea casual, tiene que ver con lo que está pasando en todo el mundo, con esa tensión loca y contradictoria. Por un lado hay mujeres como Merkel que gobiernan medio mundo. Y por otro, mujeres compradas y vendidas como si fueran vacas o caballos o cosas”, reflexiona Cabezón Cámara.

Tanto Beya como Chicas Muertas ponen el dedo en la llaga sobre una problemática social acuciante. Cabezón denuncia el maltrato y el crimen, pero también el negocio que supone la trata de mujeres. “En Argentina hay un caso emblema, el de Marita Verón, conocido por la lucha heroica de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla. Sabemos que la secuestró una red de trata el 3 de abril de 2002, pero continúa desaparecida. Algo de ese caso, del horror de ese caso, y de los testimonios de mujeres que fueron rescatadas de redes de trata por Trimarco, hay en Le viste la cara a Dios”, dice sobre el germen de su trabajo.

Almada, por su parte, analiza el progreso en la visibilización: “Ahora, si una mujer es asesinada por su pareja se habla de femicidio y no de crimen pasional, por ejemplo. Hay penas más duras para los femicidas. Hay organismos estatales que ayudan a las víctimas. Hay más información. De todas maneras todavía hay muchísimo para hacer, hay muchísimo que pensar sobre el asunto… cómo educamos a nuestros varones y a nuestras mujeres, por ejemplo. No hay datos oficiales, pero se calcula que cada 30 horas una mujer es asesinada a manos de un hombre en mi país”, concluye.

Eldiario.es/COMCOSUR MUJER No. 459 – 29/07/2015

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HONDURAS

INDIGNADAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD, LOS FEMICIDIOS, LA REPRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN

NOSOTRAS, organizaciones hondureñas de mujeres campesinas, Redes Locales de Mujeres, Pobladoras y Feministas aglutinadas en la “Plataforma 25 de Noviembre” y otras compañeras pertenecientes al Movimiento Feminista, ante la profundización de políticas y medidas neoliberales implementadas por el actual gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, mediante un sistema aparentemente democrático, autoritario, excluyente y patriarcal, características de las dictaduras y que responden a los intereses de las transnacionales y de los organismos de crédito internacional, cuyas consecuencias son el incremento de la violencia, pobreza, exclusión, corrupción e impunidad, nos pronunciamos así:

Expresamos nuestra indignación y repudio por el latrocinio de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se estima que los actos de saqueo superan los siete mil quinientos millones de Lempiras (Lps. 7,500.000.000.00) que mediante acciones ilícitas como la formación de empresas de maletín sirvieron para enriquecer a funcionarios, empresarios y líderes políticos de los grupos de poder que controlan los partidos tradicionales en especial al partido de gobierno, situación que llevó a la muerte alrededor de 3,000 derechohabientes de esta institución.

Expresamos que estos actos de corrupción no sólo se han dado en el IHSS, sino en toda la estructura estatal, siendo ejemplo lo que pasó en la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG y en la Secretaría de Salud Pública que distribuyó medicinas vencidas o adulterados afectando la salud y en algunos casos provocando hasta la muerte de las y los usuarios de los hospitales y centros de salud públicos, como el caso de la muerte de 11 mujeres por óvulos compuestos de yeso. En esto según investigación del Ministerio Público están involucrados/as Diputadas/os del Congreso Nacional como la Vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez.

La extrema violencia, corrupción y la impunidad imperantes en el país han colocado a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad e indefensión con el aumento de los femicidios, reportándose del 2010 a mayo 2015 más de 3, 333 casos y según datos del gobierno únicamente el 7% han recibido sentencia.

Las organizaciones de mujeres campesinas y feministas le hemos dado seguimiento a casos emblemáticos como los siguientes:

a) Margarita Murillo de 56 años, histórica dirigente campesina fundadora de la Central de Trabajadores del Campo CNTC, destacada lideresa del Foro Social del Valle de Sula y del Partido LIBRE, quien tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la cual fue asesinada por hombres desconocidos el 26 de agosto del 2014 y a casi un año de su atroz asesinato no se tienen resultados y no se ha identificado a los criminales:

b) Vanessa Yaneth Zepeda Alonso, joven madre y enfermera de 29 años de edad, dirigente sindical del IHSS, asesinada el 3 de febrero del 2010 por su pareja, un médico cirujano de esa institución, quien anda prófugo sin que la justicia hondureña haya hecho nada al respecto,

c) Las jóvenes Alma Mariela Ordóñez Vargas (27 años), Madeline Ramírez Zambrano (21 años) y Blanca Alejandra Velásquez Mejía (20 años), modelos de una compañía promotora de eventos vinculada a una empresa transnacional, quienes fueron asesinadas el 15 de marzo de 2015 cuando viajaban en un microbús con destino al municipio de Valle de Ángeles, sin que hasta el día de hoy se haya castigado a los criminales,

d) La niña Soad Nicole Ham Bustillo de 13 años de edad, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, quien apareció asesinada el día 24 de marzo de 2015, y metida en un saco de naylon y tirada en un basurero en una calle que conduce a la terminal de buses de Tiloarque. Un día antes la niña había participado en una protesta de su colegio donde indignada expresó “No es posible que no tengamos sillas” “No es posible que no hayan aseadoras” refiriéndose al centro educativo en el cual estudiaba. Los órganos operadores de justicia aún no han aplicado la justicia en este abominable crimen infantil;

e) Alejandra Desiré Ordoñez de 18 años, que estaba en estado de embarazo y testigo protegida por el crimen de Soad Nicole Ham Bustillo, fue encontrada asesinada el 27 de mayo de 2015, sin ninguna respuesta de la justicia que aseguraba protegerla;

f) Alma Yamileth Díaz (46 años) y Uva Erlinda Castellanos (48 años) asesinadas en la Comunidad de Pimienta, Cortés por conflicto agrario, el 26 de marzo 2014,

g) Marilú Miranda (50 años) afiliada al MOCSAM, asesinada el 17 de mayo de 2014 en San Manuel, Cortés, también por el conflicto agrario. Con este asesinato learrancaron a su madre a sus 3 hijo/as pequeños,

h) María Enriqueta Matute lideresa indígena Tolupana asesinada junto a 2 compañeros el 25 de agosto en la comunidad de San Francisco de Locomapa, departamento de Yoro, dicho asesinato se produce al momento que la comunidad se encontraba realizando una manifestación pacífica en rechazo a la instalación de una mina en sus territorios, ejerciendo su legítimo derecho a la oposición y a la defensa y protección de sus bienes naturales y sus medios de vida.
Esta es solamente una pequeña muestra de la larga lista de crímenes contra mujeres y niñas en nuestro país.

Repudiamos los desalojos violentos y la criminalización a la protesta contra el movimiento campesino, indígena y garífuna, que de manera sistemática están siendo perseguidos por la oligarquía nacional e internacional con apoyo de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, por el hecho de defender sus territorios, la tierra y sus medios de vida, más de 5,000 campesino/as enfrentan procesos judiciales, de los cuales 800 son mujeres campesinas. De igual manera denunciamos la derogación del decreto 18- 2008, que es el que ordena la titulación de tierras a favor de los grupos campesinos que están en posesión de las mismas desde el año 2006 hacia atrás.

Repudiamos los desalojos violentos y la judicialización hacia los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en una posición de dignidad defienden la educación laica, gratuita y la autonomía universitaria, mientras la Rectora sigue con actitudes autoritarias negándose al diálogo e imponiendo medidas académica que apuntan hacia la privatización de la educación universitaria.

Respaldamos de manera solidaria la huelga de hambre que sostienen representantes de los pueblos indígenas, garífuna y movimiento campesino, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos/as indignados/as en las cercanías de casa presidencial, que hartas y hartos de la impunidad y la corrupción, han tomado esta medida extrema que pone en riesgo sus vidas.

Como mujeres y feministas organizadas somos las más indignadas y resistentes de la historia de los indignados, pues hemos tenido que enfrentar la opresión histórica del patriarcado capitalista durante siglos. Estamos seguras que estos movimientos de indignación que han movido la conciencia ciudadana, seguirán creciendo hasta lograr el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia, la desmilitarización de los territorios, el rescate de las instituciones públicas que hoy por hoy ponen en precario la seguridad ciudadana de las mujeres.

Exigimos procesos transparentes y participativos que permitan crear mecanismos para que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, y Fiscal adjunto, posibiliten que ciudadanas y ciudadanos honestos y sin injerencia de partidos políticos ocupen esos puestos.

Abogamos porque esta indignación del pueblo permita crear una nueva Ley Electoral donde las reglas del juego pongan en situación de igualdad de oportunidades a las fuerzas políticas y promuevan la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres que posibilite mayor representatividad de las mujeres en los espacios políticos de toma decisiones.

Ante la incapacidad de las instituciones para investigar y esclarecer los casos de corrupción y los crímenes contra mujeres, jóvenes, comunidad LGTBI y otros, nos unimos al clamor del pueblo hondureño indignado que se manifiesta en las calles, y apoyamos de manera contundente la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras CICIH, que recoja las expectativas de justicia del pueblo, a sabiendas que esta Comisión es sólo un medio y el inicio para la construcción de un nuevo pacto social incluyente y justo donde no exista discriminación de ningún tipo.

Red de Mujeres Hondureñas / COMCOSUR MUJER No. 459 – 29/07/2015

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MEXICO

NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVEN VIOLENCIA AL EMPLEARSE EN MERCADOS

Las más de 800 mil niñas y adolescentes que trabajan en México lo hacen por la pobreza en sus hogares, se emplean en el mercado informal y experimentan bajos salarios y jornadas de más de 12 horas –de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, además de que padecen violencia laboral y algunas tienen que emigrar.

Ejemplo de la negligencia de las autoridades ante la explotación laboral infantil, es la situación de niñas, niños y adolescentes procedentes de los estados de Chiapas y Oaxaca que se emplean como ayudantes en cocinas económicas (fondas) o trabajadoras del hogar en el Estado de México.

Cimacnoticias recogió testimonios de estas niñas y niños explotados.

“Itzel”, de 12 años, salió hace tres semanas de Oaxaca para trabajar en una cocina económica en un mercado en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, pues en su estado natal no había las condiciones para sostener junto a su madre una familia de ocho integrantes, relató una comerciante que por 20 años ha visto llegar a decenas de niñas a laborar a este mercado.

A “Itzel” la trajo su tía “Claudia” junto con otras tres niñas de entre 12 y 16 años de edad, que por la pobreza también ya habían abandonado sus estudios.

Según el testimonio de otra comerciante, una vez que llegan las niñas y adolescentes se les emplea en algunas de las cocinas o en casas particulares donde se requiera personal. Las que se quedan en las fondas realizan diversas tareas como lavar trastes, comprar productos, limpiar los locales, servir las mesas y entregar pedidos.

Su jornada laboral es de 12 horas seis días a la semana: de 9 de la mañana a 9 de la noche. Perciben apenas 600 pesos. Para vivir, “las patronas” (dueñas de las cocinas) les rentan un cuarto en mil 500 pesos atrás del mercado, en el que viven todas las personas que se requieran para completar la paga.

OBLIGADAS A TRABAJAR

De acuerdo con el informe 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 26 millones de niñas, niños y adolescentes padecen pobreza y pobreza extrema, y muestra de ello son los más de 300 mil niñas y adolescentes que se ven obligadas a trabajar para pagar su escuela y sus gastos personales, o de plano sólo laboran pues “el hogar así lo necesita”, según otra encuesta de Inegi de 2013.

El Inegi también reporta que del total de mujeres menores de edad que trabajan, 56 mil 476 tiene entre cinco y nueve años de edad, y 265 mil niñas trabajadoras no va a la escuela. La mayoría de las niñas y adolescentes se ocupa como “trabajadoras en actividades elementales y de apoyo”, “comerciantes, empleadas en ventas y agentes de ventas”, y “trabajadoras en servicios personales y de vigilancia”.

De hecho, 7 mil 495 niñas y adolescentes son trabajadoras del hogar (algunas sin remuneración), cifra que en 10 años sólo se ha reducido 10 por ciento, y que se enmarca en una de las ocupaciones más desprotegidas por la Ley Federal del Trabajo.

Coneval informó que la mayor parte de la población infantil en pobreza vive en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. No obstante, al ingresar al mercado del trabajo, el grueso de niñas y adolescentes que labora no recibe ingresos, y más de una cuarta parte percibe apenas un salario mínimo.

MALTRATOS

Las y los comerciantes entrevistados por esta agencia coincidieron en que además de las duras jornadas laborales, las y los niños que trabajan en las fondas reciben peores tratos que las personas adultas, ya que si por accidente tiran algún utensilio son humilladas frente a todo el mercado, además de que se les regaña con insultos y deben pagar lo que rompieron.

En caso de enfermarse, se les permite faltar sólo un día al trabajo o utilizar su único día de descanso, y no se les brindan recursos económicos aparte de su sueldo para pagar las consultas médicas.

Uno de los comerciantes aseguró que es común que las adolescentes presenten embarazos meses después de que llegan a trabajar, motivo por el que son despedidas y, en el mejor de los casos, se les permite continuar hasta que ellas mismas deciden abandonar el empleo, pero sin que se les dé al menos un apoyo para el parto y los cuidados que requieran.

Ninguna de las adolescentes continúa sus estudios y la mayoría abandona en breve las cocinas económicas para buscar otro empleo en el mismo mercado o en las casas de los comerciantes.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER No. 459 – 29/07/2015
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SEMIÓTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Cuando el ejercicio del derecho afronta la posibilidad de procurar el acceso a la justicia sin discriminación hacia alguna de las partes, en especial hacia las mujeres y niñas, se abre un camino que pocos actores institucionales del sistema de justicia penal están dispuestos a recorrer, y tomarse el tiempo suficiente para considerar e incorporar enfoques que ya están normados y dispuestos para garantizar la perspectiva de género.

En el trabajo de acompañamiento y apoyo a mujeres de las organizaciones civiles, la mayoría son solicitudes derivadas de la percepción de ellas, de que sus derechos están siendo violentados por el sistema que debiera garantizarles un trato justo, sin discriminación de género, y que reconozca la desigualdad histórica que restringe y limita el acceso a la justicia para las mujeres y niñas.

Esto está presente en los procesos de tipo civil, como los del sistema de justicia penal, y demanda la urgente intervención activa de las organizaciones ciudadanas, sin embargo es en el ámbito de la procuración de justicia, a través de las fiscalías especializadas, donde persiste una perspectiva que preocupa en torno a cómo se traduce la justicia para las mujeres.

Tanto jueces como ministerios públicos insisten en México en la exigencia de una “denuncia” para otorgar las Órdenes de Protección, no obstante los señalamientos en materia de derecho internacional para garantizar y proteger la vida de las mujeres, así como en la propia Constitución frente a la cual pedir la denuncia es un acto restrictivo que deriva en discriminación.

En algunos estados de la República las instituciones suelen “recomendar” el “perdón del ofendido”, especialmente en casos probados de violencia de género, vulnerando la condición de víctima de la mujer.

La lista es muy amplia; el estupro es una de las figuras que tendría que ser eximida de la posibilidad de otorgar el perdón de quien lo cometió con el matrimonio con la menor de edad.

Hay una discusión en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, pero la práctica, la experiencia, demuestran que en la mayoría de los casos los sujetos que cometen estupro lo vuelven a hacer con otras menores al poco tiempo, y/o en caso de “casarse” ejercen violencia grave contra las esposas/víctimas.

Un ejemplo es el Código Penal del estado de Campeche, que en su actualización al 26 de diciembre de 2014, señala en el artículo 166 que “en caso de estupro, la acción penal se extinguirá si el sujeto activo y el pasivo contraen matrimonio de conformidad con la ley en la materia, siempre y cuando expresen de manera voluntaria su deseo de unirse en vínculo matrimonial, sin que medie algún tipo de vicio de la voluntad”.

Además de que se persigue por querella. Obviamente los “enamorados” y sus familiares eligen el matrimonio.

Pero un tema más en el que todavía hay mucho por incidir es el de las medidas alternas que se ofrecen en las agencias especializadas y ministerios públicos de las fiscalías por todo el país, como los medios de resolución de conflictos, donde para evitar el acumulamiento de expedientes ofrecen estas alternativas, incluso en casos de violencia de género, para lo cual se valen de la retórica y la manipulación de las palabras.

Existe pues una semiótica de la violencia estructural contra las mujeres, inserta en las medidas alternas del sistema de justicia penal, para ello se valen precisamente de darle un contexto específico que permite utilizar el mismo concepto sin que pase por la violencia de género, evitando así cuestionamientos o verse obligados a aplicar la restricción que se establece a la mediación/conciliación o las medidas alternas.

De ahí que los casos se asienten como “riñas”, “lesiones que tardan menos de 15 días en sanar”, “se fue por su propia voluntad”, “pleitos de pareja”, e incluso llegar a argumentarse “juegos sexuales de pareja” para justificar como prácticas sexuales las formas de violencia sexual.

No es difícil así decirle a una víctima de violencia de género: “Ándele señora, llegue a un acuerdo por las lesiones sufridas”. Que es el equivalente a decirle que “negocie”, que a la próxima le peguen menos o en lugares menos visibles.

“La violencia de género ha puesto más que nunca de relieve la profunda conexión existente entre el lenguaje y la realidad social, hasta el punto de llegar a modelar determinados aspectos discursivos que expresan esa compleja relación entre individuos.

“La imbricación de las estructuras sociales y del lenguaje es observable en la creación de un discurso propio…”, plantea Alicia Valverde Velasco, en “Semiótica de la narración judicial”, un caso de violencia de género, y que abona a la propuesta de análisis del uso intencional a las palabras con un sentido que favorece la violencia hacia las mujeres.

Así, lo que bajo el enfoque de Derechos Humanos de las mujeres constituyen formas de violencia, bajo la semiótica de la violencia estructural son conceptos que excluyen y permiten la no aplicación de los Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Género, los mandatos de protección a la vida de las mujeres, y las restricciones a la conciliación y las medidas alternas en casos de violencia de género que reglamenta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para quienes recurren a estas prácticas no hay dilema ético, se justifican en la perspectiva del derecho bajo el que se formaron en sus escuelas, pero también de lo que se “instruye” institucionalmente y que facilita estos procesos.

Argentina Casanova – Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER No. 459 – 29/07/2015
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URUGUAY

EL 14% DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES NO TIENE EMPLEO

25 de julio DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES AFROLATINAS, AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIÁSPORA

Reconocer la diversidad derriba los prejuicios que limitan las oportunidades y la capacidad de opción de las personas que profundizan la situación de discriminación racial.

En Uruguay el 11,5% de las personas se autopercibe como afrodescendiente. El 9,7% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sin embargo este porcentaje asciende a 20,2% en la población afrouruguaya. Una de cada cinco personas afrodescendientes son pobres en Uruguay en 2014, mientras que en el caso de las personas no afro esta proporción se reduce a la mitad.
Asimismo se destaca la alta tasa de desempleo de las mujeres afrodescendientes (14,0%) en relación al porcentaje de la población no afrodescendiente (6,6%).

En el período 2006-2014 podemos observar que la tasa de desocupación descendió en forma sostenida para varones y mujeres no afrodescendientes, mientras que para varones y mujeres afrodescendientes no solo no desciende desde 2010 sino que aumenta levemente.

Además, una de cada cinco mujeres afrodescendientes ocupadas se encuentran insertas en el sector del trabajo doméstico. Este dato refleja la escasa movilidad socioeconómica de las mujeres afrodescendientes a lo largo del tiempo; ya que es una ocupación histórica dentro de este colectivo.
También integran la mayor proporción de hogares monoparentales femeninos afrodescendientes (13,5%) en relación a los no afrodescendientes (10,3 %).
Estos hogares presentan mayores riesgos sociales debido a las dificultades de inserción laboral de las mujeres jefas de hogar.

En este sentido, las personas afrodescendientes poseen menores niveles educativos que las no afrodescendientes dado que una mayor proporción de personas afro poseen primaria como máximo nivel educativo y una menor proporción poseen terciara.

Desventajas educativas
La población afrodescendiente mayor de 24 años alcanza niveles educativos significativamente menores que la población no afro.
En síntesis, el indicador presentado revela una desventaja social que enfrenta la población afrodescendiente en materia educativa. Este hecho redunda en dificultades de movilidad social y por tanto en la persistencia de altos niveles de pobreza e indigencia para este sector de la población (Bucheli y Cabella, 2007).
A su vez, se destacan los mejores desempeños de las mujeres frente a los varones independientemente de la ascendencia étnico-racial. Por último, resta señalar que la tendencia a la mejora del nivel educativo en el período es acentuada tanto para varones como para mujeres y para las personas afro tanto como para las no afro.

Premio
Desde el 2006 el Instituto Nacional de las Mujeres del Mides, a través del departamento de Mujeres Afrodescendientes, organiza la premiación Amanda Rorra quien fue una referente del movimiento afro en Uruguay (1924-2005), co-fundadora de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (Acsun).

Este premio reconoce año a año a mujeres afrodescendientes de todo el territorio nacional que se han destacado por su compromiso y labor militante por los derechos de las personas afrodescendientes. Las mujeres son premiadas por su contribución a la cultura desde una perspectiva étnica y por incidir en la toma de decisiones mediante la participación ciudadana.

La republica / COMCOSUR MUJER No. 459 – 29/07/2015

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TEMAS DE COMCOSUR MUJER

MUJERES MIGRANTES: VÍCTIMAS DE DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA

Cada año, alrededor de 3.8 millones de mujeres provenientes de Centroamérica que entran a México para llegar a Estados Unidos lo hacen en situaciones de alto riesgo poniendo en peligro su integridad personal y son frecuentemente agredidas sexualmente. Se calcula que el total de personas migrantes que atraviesan el México cada año asciende a 19 millones, las mujeres representan el 20% según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según las fuentes entrevistadas por SemMéxico [Servicio Especial de la Mujer México por la Equidade Informativa] y un estudio realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI) y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aunque no existen datos precisos, se pone en evidencia que hay un aumento de esta migración por razones económicas y sociales.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI) señala que las migrantes, provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, entran a territorio mexicano principalmente por Soconusco, Chiapas y en su trayecto son víctimas de diversas formas de violencia como discriminación, extorsiones, secuestro, explotación sexual y desapariciones forzadas.

En entrevista, Kuhner explica que la política de contención de la migración en tránsito, impulsada por el Gobierno de México desde 2015 ha contribuido a la crisis humanitaria que atraviesan las personas migrantes en el país, específicamente las mujeres.

Señala que entre algunos de los factores que generan la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México se encuentran: la falta de reconocimiento del papel de las mujeres migrantes como trabajadoras que contribuyen al desarrollo económico y social de sus familias, comunidades de origen y de destino; la militarización de la seguridad pública y el combate al narcotráfico con un estado de derecho débil; y la política migratoria, que descuida los derechos humanos de las personas migrantes y carece de perspectiva de género.

¿Quiénes son las mujeres migrantes?

La mayoría de las migrantes provenientes de Centroamérica son mujeres jóvenes, madres de niñas y niños, que viven sin pareja y trabajan en su lugar de origen antes de migrar, explica Kuhner.

Señala que las mujeres que deciden migrar asumen una deuda importante para costear el viaje a pesar de que cuentan con redes y apoyos en su país de origen y en el de destino.

“En la mayoría de los casos, las mujeres migran con el objetivo de aumentar sus ingresos, a fin de poder brindar a sus hijas e hijos una mejor educación, salud y condiciones materiales de vida. A su vez, con la migración, muchas mujeres buscan la oportunidad de una vida libre de violencia” dice la titular del INMUMI.

También explica que no existen estadísticas ni datos exactos respecto del número de mujeres que atraviesan por México, pero dice, es posible hacer un cálculo estimado tomando en cuenta el número de migrantes que son detenidas en el trayecto.

Aumentan las detenciones

Las detenciones de mujeres migrantes en México han aumentado en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Migración, de 2007 a 2014 aumentó en 43% la presencia de las mujeres.

En 2007 fueron detenidas 17,933 mujeres mayores de 18 años, 1,775 niñas y adolescentes de 12 a 17 años, 360 niñas de 0 a 11 años acompañadas y 53 niñas de 0 a 11 años no acompañadas.

En el 2014 el registro de detenciones muestra un aumento en el número de mujeres, especialmente en el caso de niñas acompañadas. En ese año el INM detuvo a 20,465 mujeres mayores de 18 años; a 4,115 niñas y adolescentes de 12 a 17 años; a 3,279 niñas de 0 a 11 años acompañadas y 834 niñas de 0 a 12 años no acompañadas.

El aumento más significativo del número de mujeres y niñas detenidas se dio de 2013 a 2014. Las cifras del INM muestran que tan sólo en este periodo aumentó en 105%.

¿Cómo viajan las mujeres migrantes y qué riesgos corren?

Gretchen Kuhner explica que las mujeres migran de forma más clandestina que los hombres, con el objetivo de tener mayor “protección”.

En una investigación realizada por el INMUMI y la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados en 2014 denominada “Un viaje sin rastros – mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular”, con la finalidad de demostrar la necesidad de incorporar la movilidad humana en las estrategias de integración económica y social de la región y dejar de lado políticas discriminatorias, se explica que las mujeres migrantes viajan principalmente por carretera con la finalidad de evadir controles migratorios y se trasladan en autobús y automóviles (privados o taxis), aunque también es usual que viajen solas acompañando a un transportista o en grupo dentro del vagón de carga de un tráiler.

Extorsión

La investigación señala que en el viaje por carretera las mujeres se enfrentan a la extorsión sobre todo por parte de las autoridades durante los operativos de control y verificación migratoria móviles establecidos en puntos carreteros.

Violencia Sexual

Las mujeres en el trayecto son víctimas de violencia sexual que va desde tocamientos, relaciones sexuales forzadas o el intercambio de favores sexuales a cambio de transporte, protección y alimentos explica Gretchen Kuhner.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señala que 31.7 por ciento de los hombres y 39.9 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su viaje, aunque de distinto tipo. Mientras que los hombres son más amenazados con armas, las mujeres enfrentan mayor violencia sexual.

Al respecto, René Estrada del Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración que ha trabajado en la frontera sur explica que ha sido testigo de cómo las mujeres migrantes provenientes de Centroamérica están al tanto de la violencia sexual que pueden sufrir en el camino.

“Ellas lo saben, yo creo que de todas las que atendemos en el camino en el cruce de la frontera sur, siete de cada diez señalan que han invertido parte de sus recursos en algún método anticonceptivo porque saben que las pueden violar y dicen que si eso es terrible, sería aun más quedar embarazadas” explica René Estrada.

Gretchen Kuhen argumenta que la “seguridad” puede comprarse con relaciones sexuales o bien se ven en la necesidad de pagar con sexo al transportista que las lleva hacia la frontera o realizan transacciones con autoridades.

Secuestro y tráfico de personas

El INMUMI señala que muchas veces las mujeres contratan los servicios de un traficante que pueda brindarles más garantías de llegar al destino, pero que al mismo tiempo les implica riesgos importantes.

En muchas ocasiones, explica Gretchen Kuhen las mujeres que contratan a este tipo de personas desconocen los costos del servicio y en consecuencia el monto de su deuda. Por ello se ven obligadas a pagar con trabajos considerados femeninos, como la preparación de alimentos, el lavado de ropa del traficante y transacciones sexuales y se colocan en una situación de vulnerabilidad para ser explotadas.

Respecto al tráfico de personas, el libro “Un viaje sin rastros – mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular” señala que ha resultado una actividad atractiva para bandas del crimen organizado. Narcotraficantes comenzaron a sustituir o a cooptar a los traficantes tradicionales (coyotes y polleros) y aumentaron los precios del servicio. Un viaje Guatemala-EUA que costaba entre 3 y 4 mil dólares en 2005, para 2013 costaba, en promedio, 10 mil dólares.

Además la investigación señala que esto incrementó la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de trata de personas y de secuestro, porque los traficantes venden a las migrantes para realizar trabajo forzado y/o prostitución a fin de cubrir los costos que ahora implica el viaje.

En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, señaló que los estados en los que se presentó el mayor número de secuestros fueron Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

Presencia femenina en albergues

Los albergues de ayuda a migrantes se encuentran casi siempre cerca de las vías del tren, sin embargo como las mujeres en su mayoría no lo utilizan como medio de transporte, su presencia en estos centros de ayuda es menor que la de los hombres.

La investigación del INMUMI y la Cámara de Diputados señala que en 2011, las mujeres constituyeron entre 10 y 15 por ciento de la población en los refugios ubicados en la zona de la frontera sur de México y que su presencia fue menor en los albergues establecidos en el resto del país.

Explica que, aunque cada vez más albergues cuentan con condiciones especiales para recibir mujeres, ellas prefieren hospedarse en pequeños hoteles y casas de huéspedes porque se sienten más seguras y resaltan las solidaridades femeninas ya que se ha logrado documentar que mujeres mexicanas han recibido y alojado en sus casas a mujeres migrantes.

Política migratoria

Luego de la reforma constitucional de 2011, se establece que todas las personas en territorio nacional deben gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.

El gobierno federal ha implementado el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM). Al respecto el INMUNI señala que se trata de una política migratoria que constituye un avance en la respuesta institucional que el Estado pueda dar a la violencia en contra de las mujeres migrantes en tránsito por México porque transversaliza la perspectiva de género y plantea acciones afirmativas para las mujeres.

Sin embargo, señala que el desafío que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para hacer frente a la crisis humanitaria que viven las personas migrantes en México se requiere de políticas públicas para mitigar esta situación.

La titular del INMUMI explica que se busca que la puesta en marcha de la política migratoria no se quede limitada a disuadir el tránsito irregular, a mejorar las condiciones de las estaciones migratorias y a garantizar los derechos de los repatriados durante el proceso de la devolución o deportación, sino que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres migrantes, eliminar las barreras de acceso a sus derechos y garantizar su protección en territorio mexicano.

En este sentido, José Abiel Rosales Silva, encargado de vinculación del programa Mujer Migrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que a través del portal www.mujermigrante.mx desde 2008 han brindado ayuda a las mujeres que atraviesan el país.

Explicó que han atendido diversos casos de violencia en contra de las mujeres a través de un chat en línea en el que las mujeres migrantes escriben para solicitar ayuda y asesoría.

“Recibimos entre cuatro y seis casos al día. Algunas preguntan sobre trámites, otras nos preguntan a dónde acudir porque las asaltan, denuncian diversos tipos de violencia y vulneración de derechos por parte de alguna autoridad, por ejemplo que en los retenes de migración no las dejan ir a la baño, que las autoridades les quitan sus papeles. Nosotros las asesoramos y las canalizamos” dice Rosales Silva.

Y agrega: “Queremos que sepan que esta ayuda en línea existe y que es gratuita y totalmente confidencial”.

En busca de la integración

El pasado 15 de julio en la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo lugar un seminario regional sobre estrategias para favorecer la integración y reinserción de las personas migrantes.

Al respecto, Karen Valladares, directora nacional del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras señaló que es de vital importancia analizar el contexto de violencia en la región como la presencia de pandillas, de maras y grupos relacionados con el narcotráfico que obstaculizan los procesos migratorios.

Valladares dijo también que es necesario hacer visibles a las y los migrantes y garantizar que tengan acceso a servicios básicos y eliminar la estigmatización, dijo sobre todo de quienes han sido deportados.

Por su parte, Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes dijo que es indispensable garantizar los derechos humanos de las y los migrantes en tránsito y reconocerlos como agentes de desarrollo.

Señaló que las mujeres migrantes siguen representando un reto para las autoridades sobre todo en lo que se refiere al acceso a la justicia. “En Tamaulipas, se han realizado esfuerzos, hay ministerios públicos especializados, albergues y operativos sobre todo para liberarlas de las bandas criminales, pero hay mucho por hacer porque no denuncian, porque tienen miedo, sin embargo, hemos buscando la vinculación con iglesias, casas de migrantes y a través de ellos es posible facilitarles el acceso a la justica para perseguir a quien abuse de ellas”.

Adital / COMCOSUR MUJER No. 459 – 29/07/2015
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