1) Fiscalía pidió el procesamiento de “El Charleta” –
2) Nueva instancia del juicio al Cóndor en Italia –
3) Tabaré Vázquez no cree que Macri sea neoliberal –
4) Verónica Alonso festejó con Macri” –
5) No más sirios por ahora –
6) Poder Ejecutivo elevó al Parlamento proyecto de Ley de Seguridad Privada.
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2048 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 27 de Noviembre de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Fiscalía pidió el procesamiento de “El Charleta”
(Caras y Caretas)
La fiscal Ana María Tellechea solicitó el procesamiento con prisión, por el delito de tortura, del ex militante comunista Jorge Gundelzoph.
La fiscal Ana María Tellechea solicitó, en las últimas horas, el procesamiento con prisión del ex militante comunista Jorge “El Charleta” Gundelzoph, por reiterados delitos de tortura durante la dictadura, según informó el periodista Roger Rodríguez, a través de su sitio en Facebook.
La representante del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento de Gundelzoph por los actos de tortura contra ex militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), en el edificio donde funcionaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de las calles Maldonado y Paraguay, donde actualmente funciona la sede de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.
La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, investiga la denuncia por torturas impulsada por varios militantes comunistas, quienes vincularon a Gundelzoph y otras personas en las torturas que ocurrieron en esa dependencias policiales. El “Charleta” declaró ante la Sede y negó las denuncias en su contra.
Sin embargo, la fiscal valoró que el cúmulo de pruebas incorporadas en la causa, en particular los decenas de testimonios que lo vinculan con estos actos ilícitos, eran suficientes para solicitar su enjuiciamiento con prisión. Ahora, la jueza Rieiro deberá volver a citar a Gundelzpoh de forma de cumplir con la audiencia ratificatoria, prevista en el artículo 126 del CPP, y posteriormente adoptar resolución en la causa.
Gundelzoph fue considerado como un “traidor” por el PCU, ya que fue un colaborador estrecho de los servicios represivos antes y durante la dictadura. Por este motivo, el “Charleta” fue citado a declarar en varias causas, donde se lo mencionó como participe de los actos de tortura contra Ary Severo Barreto, desaparecido durante la última dictadura. Asimismo, su testimonio permitió confirmar la presencia de militares uruguayos en actos represivos en la República Argentina.
Las denuncias contra Gundelzoph no son actuales: en 1985, tras el retorno de la democracia, el entonces senador Germán Araújo acusó al ex militante comunista de participar en sesiones de tortura de sus antiguos compañeros. Estos testimonios referían a que Gundelzoph actuaba con sadismo en esta sesiones, y que llegó a violar a una detenida. Incluso, se señala que actuaba con total impunidad, y que “disfrutaba” quitándole la capucha a los prisioneros para que, por unos segundos, reconocieran a su verdugo, según una crónica del diario El Observador.
Tras el retorno de la democracia, Gundelzoph estableció un estrecho vínculo con la Secta Moon, y tuvo una activa participación en varios medios de comunicación. En particular, Gundelzoph fue un estrecho colaborador y editoralista del diario Últimas Noticias, hoy desaparecido.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
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2) Testigos y una hija de militante del MLN desaparecida en Argentina relataron su historia en juicio del Plan Cóndor en Roma.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
Empieza el invierno en Roma. El Aula Búnker de Rebibbia está helada. En el marco del juicio por el Plan Cóndor que la Tercera Corte d’Assise, presidida por la jueza Evelina Canali, lleva adelante, con más de 30 imputados de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, por el homicidio y la desaparición de ciudadanos latinoamericanos de origen italiano, se examinó ayer el caso de María Asunción Artigas de Moyano (Mari), militante de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y después del MLN-Tupamaros. Fue secuestrada en su domicilio, en la calle 595 de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, junto a su esposo, Alfredo Moyano, el 30 de diciembre de 1977. Fue madre de una niña nacida en cautiverio, y desaparecida.
Los dos testigos que declararon ayer relataron haberla encontrado y haber hablado con ella en dos centros de detención clandestina en Buenos Aires: Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield. Norma Leanza, argentina, secuestrada el 15 de octubre de 1977, llegó al pozo de Quilmes proveniente de otro centro clandestino, el Puesto Vasco: “En Quilmes estuve en el segundo piso, el de las mujeres. En ese lugar y en ese tiempo pude conversar con las uruguayas cuando nos abrían las celdas para ir al baño y limpiar. Así supe que en el grupo de uruguayas estaban María Antonia Martínez, María Artigas de Moyano y Aída Sanz. A Aída Sanz la vi de lejos, pero María Antonia y Mari me contaron que había tenido familia, una nena, antes de que la trasladaran al Pozo de Quilmes. Mari Moyano contaba que cuando la secuestraron no sabía que estaba embarazada, y a esa altura, en el Pozo de Quilmes, estimaba que estaba entre el cuarto y el quinto mes de gestación. […] El día anterior a mi liberación dejaron que las parejas pasaran un momento juntos en un cuarto en el segundo piso. Allí subió el compañero de Mari Moyano; fue la única ocasión en que lo vi”.
Diego Barreda, obrero argentino del astillero Río Santiago, despedido por la dictadura, fue secuestrado el 14 de julio de 1978. Después de ser salvajemente torturado, terminó en una celda del Pozo de Banfield. Allí se encontró con María Artigas de Moyano, con quien tuvo una relación de amistad. Barreda es autor de una novela, El pantano, inspirada en las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas que, como dijo a la diaria, surgió de las palabras que Mari le dijo en el Pozo de Banfield: “Si volvés vivo al mundo de los vivos, escribirás sobre nosotras o no serás nada”.
Barreda contó que en el Pozo de Banfield había una uruguaya embarazada que dijo llamarse María Artigas y que tenía el “privilegio” de salir de su celda para repartir comida y retirar los desechos de los presos; “siempre era acompañada por una guardia, pero cuando abríamos la puerta para recibir la ‘tumba’ [comida en jerga carcelaria] podíamos estar sin tabique y sin esposas para recibir un plato y una cuchara de madera. Así me di cuenta de que su embarazo estaba muy avanzado. El último día, antes de dar a luz, ella llevaba una túnica que tenía manchones de la leche que salía de su pecho. […] Ella me dijo que si era niña quería que se llamara María, igual que ella. Cuando yo llegué a Banfield, era más o menos el 20 de julio, pleno invierno, y yo llevaba sólo el mameluco, que era muy liviano. Cuando pude hablar con ella le dije que estaba muerto de frío; a los dos días, ella me trajo un chaleco, que todavía tengo, hecho con una manta y cosido en los costados con un hilo de alambre. En toda mi vida ni yo ni mi descendencia vamos a olvidar su solidaridad y el hecho de que ella, en la situación en que estaba, supo pensar en mí. […] Cuando nació la nena escuchamos el llanto de una criatura. Desde aquel momento María no apareció nunca más”.
Victoria Moyano, aquella niña nacida en cautiverio una noche de agosto de 1978, y entregada por Óscar Penna, jefe de la brigada de San Justo y dirigente, junto a Miguel Osvaldo Etchecolatz, del Pozo de Quilmes y el Pozo de Banfield, a su hermano Víctor Penna y a su mujer María Elena Mauriño, estaba presente en el Aula. Ella también dio su testimonio y contó los hechos que revolucionaron su vida, a los nueve años, cuando fue restituida a su familia biológica. Relató el rol que cumplió su maestra de primaria Olga Fernández. Todavía en dictadura, Fernández había señalado a Abuelas de Plaza de Mayo que había algo raro en la familia Penna, y cuando pudo acceder a la partida de nacimiento de la niña y se dio cuenta de que Victoria figuraba como hija natural de los Penna sin que la mujer hubiera estado embarazada, hizo la denuncia. Victoria expresó que para “reconstruir la historia de mi mamá y de mi nacimiento” fueron centrales las declaraciones de Adriana Chamorro, su compañera de celda, que será testigo en una de las próximas audiencias.
“Desde la restitución de mi identidad pasé toda mi existencia sin padres, viviendo con mis abuelos, con todo lo que significa para una niña de nueve años enterarse de que sus padres están desaparecidos y que no se sabe dónde están. Tuve que aprender a conocer y a querer a una familia nueva, que era muy importante porque me había estado buscando por tantos años, pero yo no la conocía y eso generaba una contradicción. Entonces, cuando se habla de restitución de identidad se debe entender que en lo jurídico es un cambio de nombre, apellido y algunos derechos, pero desde lo personal es otra cosa, que viene desde la identidad más profunda de un individuo, y el cambio de nombre es sólo una parte. Ése es el punto de partida desde el que, durante todos estos años, yo estuve buscando y peleando por el juicio y castigo de los responsables de la desaparición de mis padres y de los 30.000”, relató Victoria.
Luego, en conversación con la diaria, Victoria cuestionó las políticas estatales vinculadas a los derechos humanos que se llevan a cabo en Uruguay: “La política que el Estado uruguayo ha llevado adelante desde la dictadura hasta ahora es la impunidad, la falta de investigación y la protección a los sectores que desarrollaron la represión en Uruguay. Para llegar a atestiguar acá no tuve ningún acompañamiento de Uruguay más que de mi familia y de unos jóvenes militantes que estuvieron hasta último momento llamándome, pero por parte del Estado uruguayo no hubo ningún acompañamiento”. “En Uruguay se incumple la normativa internacional hasta llegar a la paradoja de que tenemos que denunciar en tribunales internacionales, como acá en Roma, lo que se debería estar denunciando en Uruguay”, cuestionó.
Poco amistoso
Según consta en la documentación de la audiencia del 20 de noviembre en la Tercera Corte d’Assise, hubo un enfrentamiento entre el abogado de la República Oriental de Uruguay, Fabio María Galiani, y la fiscal Tiziana Cugini.
Galiani acusó a la fiscal de perjudicar su derecho como defensor por el hecho de no comunicar formalmente a todas las partes del proceso el calendario de los testigos, y de tener una relación privilegiada con la Asociación 24 de Marzo, una organización no gubernamental que desde hace años trabaja para los juicios en Italia y siempre está acompañando a los testigos y las partes civiles. Después de esa acusación, se desarrolló en el Aula una discusión muy tensa y se llegó al punto de que la fiscal pidió que la grabación de la audiencia fuera enviada a la Procura (fiscalía general) para verificar responsabilidades. Galiani pidió que las actas fueran enviadas también a la Corte Suprema. La jueza Canale accedió a enviar las actas a la Procura pero declaró que no es pertinente enviarlas a la Corte Suprema y que, en cualquier caso, la fiscal no tiene obligación alguna de repartir el calendario entre las partes y si lo hace es por cortesía.
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3) Tabaré Vázquez no cree que Macri sea neoliberal
(Xinhua).
El presidente uruguayo no considera que el próximo gobierno del presidente electo argentino, el empresario Mauricio Macri, sea “neoliberal”, pues considera que tiene “propuestas interesantes” desde una concepción “progresista”.
“Vamos a ver qué políticas desarrolla Macri, porque muchas de las propuestas que ha hecho Macri son bien interesantes desde el punto de vista de una concepción progresista”, dijo Vázquez en entrevista publicada este jueves por el semanario local “Voces”.
“No lo catalogaría ya de entrada como un gobierno neoliberal ni de derecha, creo que es un gobierno al que hay que prestarle atención a ver cómo se desarrolla”, señaló. “Me parece que llegan con muy buena intención de llevar adelante políticas sociales”, aseguró el mandatario sobre las futuras autoridades del país vecino.
Macri, al frente de la coalición opositora Cambiemos, se impuso el pasado domingo en la segunda vuelta con 51,4 por ciento de los votos frente al oficialista Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, que tuvo 48,6 por ciento.
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4) Verónica Alonso: “Más adelante el turno será nuestro”
(180)
La senadora Verónica Alonso «acompañó el triunfo» de Mauricio Macri en la sede de Cambiemos.»Hoy se inició el cambio en Argentina. Empezó un tiempo nuevo. Los latinoamericanos nos merecemos gente decente en el poder, con una cabeza distinta y una nueva forma de hacer política», expresó la legisladora, que durante la noche publicó varios mensajes y fotos en Twitter celebrando junto a políticos y militantes del sector de Macri. «Este es el primer mojón en la región para terminar con los populismos vacíos de resultados y llenos de ansias de poder que tanto daño han hecho en estos últimos años», agregó.
«Este es el camino que también recorrerá Venezuela esperemos que lo más pronto posible y estoy convencida que este es el camino que tendremos que recorrer nosotros como país cuando nos toque, para unir a nuestro pais que al igual que Argentina está dolido y fragmentado. Y no será criticando, dividiendo y enfrentándonos entre nosotros mismos que lo vamos a conseguir», dijo Alonso. «Hoy sopla un viento nuevo en la región. Argentina se animó al cambio. Más adelante será el turno nuestro», concluyó.
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5) No más sirios por ahora
(El Observador)
El gobierno postergó la llegada de más sirios como refugiados hasta el próximo año, según confirmó el prosecretario de la Presidencia. «No es razonable traer más familias sirias hasta que se adapten las que ya están», explicó.
La llegada de nuevas familias sirias a Uruguay se postergará hasta el próximo año, informó este martes El País y confirmó a El Observador el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. En el marco del programa de reasentamiento de refugiados que el gobierno impulsa junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), estaba previsto que antes de fin de año arribaran al país otras siete familias sirias.
Sin embargo, ante los últimos incidentes de violencia y tensión vinculados a las familias sirias que ya residen en el país, el presidente Tabaré Vázquez resolvió postergar la nueva llegada hasta concluir el proceso de adaptación y evaluación de estas, dijo a El Observador Roballo. «No es razonable que no se termine de hacer el proceso de adaptación de estas familias con un nivel de madurez importante y una evaluación antes de traer a otras familias», sostuvo.
La decisión no apunta al abandono del programa, sino a una modificación de los plazos previstos en un primer momento, según Roballo. Aún así aclaró que «las circunstancias condicionan los plazos» por lo que es «obvio» pensar que es «muy difícil» que este proceso se culmine antes de fin de año.
«Las familias que vienen sufren el impacto de un cambio cultural muy importante, vienen de un contexto de guerra y de violencia muy importante, además del tema de ser migrantes. Todos esos elementos hacen que cualquiera necesite un trabajo de mucha paciencia para que sea exitoso el programa. Cuando logremos de alguna manera hacer una evaluación de estos elementos se seguirán los pasos», manifestó.
Todavía no se manejan plazos concretos para culminar este proceso evaluativo, ya que la decisión está atada a diversos factores como la adaptación de cada familia e incluso el trabajo con Acnur y su proceso de selección de refugiados. «Siempre el gobierno se maneja en el marco de determinados plazos, pero no es razonable darlos ahora cuando dependen de elementos que no están bajo nuestro control», puntualizó.
El prosecretario también agregó que la decisión es anterior e incluso ajena al conflicto actual con el Estado Islámico y su amenaza a nivel internacional. «Este tenor lo teníamos antes de que pasara nada y lo seguimos teniendo. No se incorporó este elemento al análisis», concluyó.
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6) Poder Ejecutivo elevó al Parlamento proyecto de Ley de Seguridad Privada.
(La Diaria)
El Poder Ejecutivo envió al Legislativo el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que apunta a regular a las empresas y operadores de seguridad, y, además, obliga a determinadas entidades de carácter público o privado a mantener un sistema de seguridad privado.
El proyecto apunta a recopilar en un único texto normativo la regulación existente, así como a incorporar figuras ausentes de reglamentación, tal como señala la exposición de motivos. Se apoya en la Dirección General de Fiscalización de Empresas, que se creará dentro del Ministerio del Interior (MI). Ésta será la encargada de otorgar las habilitaciones del personal de seguridad y de las empresas; inspeccionar sistemas de seguridad de locales; tramitar la homologación de medios materiales y técnicos; practicar inspecciones de oficio; llevar el registro de infractores; habilitar vehículos blindados, y aplicar sanciones, entre otras tareas.
El articulado define como seguridad privada el “conjunto de actividades o medidas de carácter esencialmente preventivo, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas y bienes que se encuentren en ámbitos previamente delimitados, así como también la vigilancia, al manejo, custodia y transporte de valores realizadas por personas físicas o jurídicas, debidamente autorizadas”.
La ley obligará a mantener un sistema de seguridad a “las entidades de carácter público o privado cuyas características de funcionamiento, los recintos en que se encuentren emplazadas o las actividades que en ellas se desarrollen, generen un mayor nivel de riesgo para la seguridad pública”. También deberán tenerlo “las empresas transportadoras de valores, las armerías, las instituciones bancarias, las administradoras de crédito, casas de cambio y aquellas que por sus actividades manejen fondos de terceros como principal actividad”.
El texto define a los trabajadores de la seguridad privada e incluye la figura de los guardaespaldas. Serán dependientes de la empresa contratante. Podrán “portar armas con el respectivo chaleco antibalas según la reglamentación”. Entre los requisitos para solicitar la habilitación está tener entre 18 y 62 años para guardias armados y hasta 65 para el resto; contar con primaria completa -los guardias con armas que se habiliten por primera vez deberán tener completado el ciclo básico-; no haber sido condenados por comisión de delitos a título doloso o ultraintencional, entre otros parámetros de conducta. Se les exigirá, además, tener aprobado un curso especial de formación y perfeccionamiento. Los funcionarios del MI no podrán realizar tareas de seguridad fuera del ministerio; sólo podrán ejercer la docencia, establece el proyecto.
Los trabajadores podrán portar las armas sólo mientras dure la jornada de trabajo y dentro del recinto o área para las que fueron autorizadas. Estarán habilitados a usarlas en la vía pública quienes hagan patrullaje dinámico para entidades bancarias, funciones de guardaespaldas y transporte de valores, pero deberán portarlas en un lugar visible. La entrega de armas deberá ser comunicada a la Dirección General de Fiscalización de Empresas.
La empresa contratante deberá abonar una tasa correspondiente al permiso de porte de armas, además de la tasa por habilitación del trabajador; también tendrá que cubrir un seguro de vida en beneficio del trabajador. Los servicios de escolta personal o guardaespaldas sólo podrán presentarse por medio de una empresa habilitada, que será responsable ante terceros de los daños y perjuicios que ocasionen los escoltas en el ejercicio de sus funciones, dice el texto.
Por otra parte, se obliga a los administradores de estadios u otros ámbitos donde se produzcan aglomeraciones masivas de personas a cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la ley. Las infracciones por incumplimientos irán de 2.000 a 45.000 Unidades Indexadas.
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