COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2031 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes
31 de Julio de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación:
Carlos Casares
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HOY:
1) SCJ: caso Perrini no prescribió
2) Secretaría antilavado insiste sobre la falta de controles
3) Sindicatos rurales denuncian “persecución sindical” e
incumplimiento de normas de salud y seguridad.
4) Vázquez le soltó la mano al ferrocarril, el sueño de Mujica
5) Sunca y Untmra critican a Lacalle y a Valenti; “burrada” lo del
Antel Arena
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si
asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para
cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir
para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) SCJ: caso Perrini no prescribió
(Caras y Caretas)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró que el homicidio de Aldo
Perrini no prescribió; la jueza Beatriz Larrieu podrá expedirse sobre la
responsabilidad del general (r) Pedro Barneix.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de casación
presentado por la defensa del general (r) Pedro Barneix, y consideró que
el homicidio de Aldo Perrini no prescribió.
En noviembre de 2014, el máximo órgano del Poder Judicial revocó un
fallo propio y aceptó tramitar el recurso presentado por la defensa de
Barneix contra la decisión de un Tribunal de Apelaciones que había
desestimado la tesis de la prescripción del crimen. Esa decisión fue
cuestionada por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, por
cuanto implicaba una nueva dilación al proceso.
Barneix y los ex oficiales del Ejército José Puigvert, Washington Perdomo
y José Baudean, debían declarar en junio de 2012 ante la Justicia, tras
el pedido de procesamiento librado en su contra por la fiscal Ana María
Tellechea, por el “homicidio político” de Perrini.
Puigvert, Perdomo y Baudean (estos dos últimos hoy fallecidos) brindaron
su testimonio, pero Barneix no lo hizo, ya que su defensa presentó una
acción de inconstitucionalidad contra las leyes 18.026 y 18.831, lo que
paralizó el proceso. Desde entonces el expediente judicial comenzó un
largo periplo por los tribunales judiciales y la propia SCJ.
En este sentido, tres años después de esa instancia fallida, la Corte
puso final a este debate jurídico y decidió que el crimen de Perrini no
prescribió, según informó la periodista de Televisión Nacional (TNU),
Georgina Mayo, y confirmó Caras y Caretas Portal, en base a fuentes
judiciales.
Con este fallo, la Corte habilitó la continuidad del proceso penal por el
crimen de Perrini y el dictado de la resolución de primera instancia por
parte de la jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, dijeron las fuentes.
En mayo, la Corte había adoptado una posición similar, en el marco del
proceso penal por la muerte de Ubagesner Chaves Sosa. En esa instancia, la
Corte decidió confirmar la condena de los militares Enrique Ribero y
Uruguay Araújo Umpiérrez, por el “homicidio muy especialmente
agravado” de Chaves Sosa, al considerar que el crimen no podía
considerarse prescripto.
El máximo órgano del Poder Judicial sustentó su postura, en una tesis
que comienza a extenderse en los tribunales uruguayos, por la cual se
establece que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no debe
computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos de la
dictadura, ya que esa norma constituyó un “impedimento” para el
desarrollo de las investigaciones judiciales.
“Debe entenderse que el plazo de prescripción para delitos como los
investigados en autos debe situarse a partir de que la Ley 15.848 perdió
su vigencia, ya que esa ley constituyó un impedimento para el libre
ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público”, valoró
la mayoría de la Corte, en esa oportunidad.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 31 DE JULIO DE 2015
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2) Secretaría antilavado insiste sobre la falta de controles
(El País)
Para el secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de
Presidencia de la República, Carlos Díaz Fraga, el crimen organizado
está en una etapa «incipiente» en Uruguay, pero advierte que en los
próximos cinco años habrá que «poner toda la carne en el asador» para
evitar su avance porque, además de que se fortalece con «una fuerza
arrolladora» en el mundo, el país no ha generado «un ambiente para
ahuyentar al criminal».
En un seminario sobre prácticas anticorrupción realizado ayer en el hotel
Four Points y organizado por la firma MVC Risks, Díaz explicó que Uruguay
crea un ambiente «propicio para el lavado» cuando, por ejemplo, no hace
reportes de operaciones sospechosas en todo el sector no financiero.
«Están establecidos los controles y no son demasiado complejos. Es
simplemente una especie de fenómeno de resistencia al cambio o no entender
con la debida profundidad el fenómeno del crimen organizado», dijo Díaz,
quien también preside el Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante el año 2014 se
reportaron 286 operaciones sospechosas de lavado de dinero en el sistema
financiero uruguayo, y siete de ellas terminaron con una denuncia ante la
Justicia penal.
Uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en Uruguay es el
del contratista deportivo Sergio Hermida, dueño del cambio Shernu, que fue
procesado en 2013 junto a su esposa por el lavado de dinero proveniente de
la corrupción y narcotráfico de Vladimiro Montesinos, exasesor
presidencial del expresidente peruano Alberto Fujimori. La Dirección de
Inteligencia investiga si el dinero fue usado para financiar el terrorismo.
A principio de este mes y tras una profunda investigación, fueron
procesadas tres personas más.
VÍNCULO CON LA POLÍTICA.
El secretario general de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos
explicó que es reticente a hablar exclusivamente del lavado porque, opina,
en la mayoría de los casos tiene algo «más importante» detrás. «Muchas
veces ni siquiera vemos el producto de la actividad criminal, nos quedamos
con la casa y el auto que se usa, pero notoriamente la actividad requiere
de otros recursos que están escondidos y que no se suelen encontrar»,
explicó. Díaz vincula directamente al lavado con el crimen organizado y,
advierte que este, en su última etapa, se mete en la política. Aclaró
que esto no pasa en Uruguay pero remarcó que no está libre de ello.
«Cuando un país llega a que el crimen organizado esté integrado a la
política o el Estado es probable que no haya vuelta atrás (…) La
distinción entre crimen organizado y el común es que el primero hace
peligrar al Estado de derecho. El crimen organizado corrompe al Estado.
Luego se apodera de él. Los miembros no viven en zonas marginales, sino
que se los ve en salones dorados, porque es ahí donde se juegan los
partidos», aseguró Díaz.
Un estudio de la organización Global Integrity, que publicó ayer El
Observador, analizó el financiamiento de los partidos políticos de 54
países, que colocó a Uruguay con el segundo peor puntaje en la región.
Según Díaz, es importante que los partidos políticos presenten sus
números con «claridad». Entre los tres principales partidos políticos del
país se gastaron unos US$ 9 millones en la última campaña electoral,
según las rendiciones de cuentas que presentaron en la Corte Electoral.
Los informes incluyen, tal como publicó en su momento El País, las
donaciones particulares, el financiamiento público y los montos recaudados
por eventos organizados por los partidos, y los gastos en publicidad, actos
e impresiones de listas, entre otros. El reporte de Global Integrity
cuestiona a la Corte Electoral por considerar que no tiene «la capacidad
suficiente» para regular las donaciones que reciben los partidos políticos
y con las cuales financian parte de sus campañas.
Según Global Integrity, la Corte Electoral tiene la habilidad para dirigir
investigaciones porque así lo establece la ley 18.485 de los partidos
políticos, pero no para conducir auditorías oficiales, en caso de que
existan denuncias de irregularidades en el financiamiento de las campañas.
Para esa organización, la Corte Electoral es «débil» y no tiene
presupuesto para realizar investigaciones.
Advierten similitudes en caso Petrobras y FIFA
El experto en la lucha contra el lavado de dinero, Ricardo Sabella,
planteó en el seminario realizado ayer en el hotel Four Points que los
casos de corrupción de la FIFA y la petrolera estatal brasileña
Petrobras, tienen «esquemas de lavados de activos provenientes del ámbito
de la corrupción bastante similares». El escándalo en la FIFA incluye
pago de sobornos en las adjudicaciones de sedes para la Copa Mundial y en
los acuerdos de derechos de televisión, mientras que el de la brasileña
Petrobras también dejó al descubierto pago de sobornos y fraude hasta el
lavado de activos.
Un reciente estudio de la firma Kroll realizado este año, reveló que la
preocupación principal del 93% de los 252 grandes empresarios encuestados
en todo el mundo, es el pago de sobornos, seguido del lavado de activos
(61%), manipulación de ofertas (60%) y fijación indebida de precios
(56%). Además, se destaca que el 50% de las empresas anticipa que el
riesgo de soborno y corrupción aumentará en sus compañías.
Las relaciones con terceros (proveedores, asesores, socios, etc.) siguen
siendo la mayor debilidad en los púbica programas anticorrupción. En
Uruguay hay 400 personas procesadas por lavado de activos vinculado a un
delito precedente. Según explicó el experto en prevención en esta
materia, Ricardo Sabella, el delito precedente es justamente el que genera
el dinero ilegal que después se lava, por ejemplo, el narcotráfico,
soborno, extorsión, tráfico ilícito de armas, trata de personas o
corrupción. Este delito no tiene excarcelación y requiere del decomiso de
los vienes adquiridos en el lavado. Sabella dijo que en toda la región
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3) Sindicatos rurales denuncian “persecución sindical” e
incumplimiento de normas de salud y seguridad.
(La Diaria)
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y
el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines volvieron ayer a
reclamar ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) el reintegro de
un peón rural que fue despedido el 26 de mayo por la empresa arrocera
Waldemar y Haroldo Ensslin Asociación Agraria de Responsabilidad Limitada.
El asalariado trabajaba en un establecimiento ubicado en la zona conocida
como Rincón de Ramírez, cerca de la laguna Merín, en Treinta y Tres.
El dirigente del sindicato Marcelo Amaya calificó el despido como
“antisindical” ya que se produjo “luego de que el trabajador le
realizara a su encargado planteos acerca de la ropa de trabajo, el estado
de la vivienda, y la necesidad de contar con protector solar, agua potable,
lugar para comer y una cartelera sindical”. En la primera audiencia ante
la Dinatra, la representante de la empresa reconoció la baja y tomó nota
del reclamo. En la segunda instancia rechazó la solicitud de reintegro y
el pago de los salarios caídos porque “se trató de un cese acordado
entre el capataz y el trabajador”, según registra el acta de la
audiencia.
Pero en la tercera reunión, en la que participó el propio titular de la
Dinatra, Juan Castillo, la empresa aceptó abonar el salario de mayo, horas
extras, feriados, canasta, aguinaldo y diferencia de categoría por el
período en que realizó tareas como peón altamente especializado y pagar
la diferencia entre el monto del seguro de paro y el salario base
correspondiente hasta el 31 de agosto, ya que se acordó convocar al
ámbito tripartito para el 20 de ese mes para “dilucidar la situación
del trabajador”.
Ayer volvieron a reunirse las partes porque al trabajador se le agotó el
seguro de paro el 17 de junio, por lo que se le propuso a la empresa que le
otorgue la licencia no gozada para llegar al 20 de agosto recibiendo
ingresos. La empresa recibió la propuesta, pero se mantuvo en lo acordado
en la reunión en la que participó Castillo.
Amaya indicó que el trabajador conservó en su celular mensajes de texto
que intercambió con el capataz, con los que pudo comprobar que “fue un
despido” y no una renuncia acordada.
La UNATRA también denunció ante la Inspección General de Trabajo y
Seguridad Social el incumplimiento por parte de la empresa del decreto
sobre salud y seguridad laboral en el sector agropecuario y la
“fumigación aérea con agroquímicos en la que los aviones aplican donde
hay personas y cerca de los centros educativos”. “Lamentablemente,
encontramos muchos casos de despidos de trabajadores cuando intentan
regularizar o consolidar la organización sindical. A veces se concretan en
el mismo momento en que el trabajador le va a notificar a la empresa que es
el delegado sindical”, contó Amaya. También criticó a los empresarios
del sector arrocero porque “tienen un discurso” que después “no
cumplen en los hechos”. “Es un sector que tiene muchas prebendas,
fondos de reinversión y subsidios, pero cuando hay una política de
inclusión de los trabajadores, se niegan rotundamente e incurren en
prácticas de persecución sindical”, concluyó.
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4) Vázquez le soltó la mano al ferrocarril, el sueño de Mujica
Martín Viggiano (El Observador)
El plan de inversiones públicas anunciado por el gobierno incluye como
propias obras programadas y en ejecución del período anterior
La letra chica del plan de obras públicas anunciado este lunes por el
presidente Tabaré Vázquez tiene contraindicaciones para el ferrocarril.
Aunque sin admitirlo del todo, el gobierno confirma en su anuncio
rimbombante de gasto en infraestructura que el futuro del tren en Uruguay
seguirá a la deriva como en los últimos años, necesitado de recursos
para salir del pozo.
Si bien el plan global menciona al transporte ferroviario con US$ 360
millones de inversión en el quinquenio, al analizar las cifras la realidad
muestra otra cosa. En esa suma se incluyen como propias obras ya
programadas y en ejecución que vienen del período anterior, durante la
presidencia de José Mujica (2010-2015), y en segundo lugar se da como un
hecho el éxito de un contrato de Participación Público Privado (PPP),
que ni siquiera fue llevado al papel y, además, no se tiene claro qué
interés privado puede concitar.
Según dice el documento del gobierno, US$ 200 millones de los US$ 360 en
total que serán invertidos en el tren corresponden al Focem. Es decir, que
se financian con ese instrumento del Mercosur que busca atender las
asimetrías de los socios del bloque para realizar obras de
infraestructura. Pero esos dos proyectos incluidos en la suma total, ya
están en marcha desde hace algunos años. Así lo confirmó a El
Observador el director de Transporte Ferroviario del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP), Álvaro Fierro, quien además fue
vicepresidente de AFE en el período pasado.
El primero, llamado Focem I, implica una inversión aproximada de US$ 75
millones para recuperar vías en dos tramos que van desde Pintado (Florida)
hasta Rivera, y fue aprobado en diciembre de 2010. Sin embargo las obras
comenzaron en enero de 2014.
El segundo, titulado Focem II, está más en pañales pero tampoco es
novedad para las necesidades acuciantes del tren en Uruguay. Este último
implica también obras de recuperación para un tramo más corto que va de
Piedra Sola (localidad ubicada en el límite entre Tacuarembó y Paysandú)
a Algorta (Río Negro), y totaliza una inversión de US$ 125 millones. El
Focem II está en proceso de adjudicación a las empresas encargadas de
realizar la obra, algo que se hará efectivo en pocas semanas.
En Uruguay hay 3.000 kilómetros de vías férreas, de las cuales la mitad
está fuera de servicio o sin uso por su mal estado. Existen algunas que
funcionan al límite, y de no recibir asistencia en el corto plazo pueden
colapsar y dejar de ser utilizables. Una fuente de AFE explicó a El
Observador que hay tramos de la línea que va hacia Río Branco que
funcionan con lo mínimo. Por allí se transporta combustible y distintos
productos de ANCAP, y también arroz de empresas de gran porte como Saman.
El transporte de carga es lo único que le da dinero a AFE, y desde hace
varios meses viene en caída y sin miras de recuperación. El año pasado
cerró al borde del mínimo histórico en toneladas transportadas, lo cual
es síntoma objetivo de la delicada situación. La semana pasada el titular
del MTOP, Víctor Rossi, admitió en la comisión de Transporte que al año
se asiste con importantes sumas de dinero al ente para que pueda funcionar.
Las cálculos mencionan de US$ 17 a US$ 20 millones al año que van de
Rentas Generales (la caja del Estado) a las arcas de AFE.
Esperanza privada
Si se sacan de la cuenta global esos US$ 200 millones de inversión al
tren, correspondientes a lo ya programado con dinero del Focem, restan
explicar US$ 160 millones. Según dice el documento del gobierno, US$ 90
millones serán invertidos por medio de una PPP para el tramo de 145
kilómetros de la línea Algorta-Fray Bentos, que es importante para el
transporte de madera y granos. En esa obra hubo algún interés de empresas
chinas, pero quedó por el camino por idas y vueltas durante el gobierno de
Mujica. Desde el MTOP se confirmó ayer a El Observador que la PPP es,
hasta ahora, solo una idea.
A la cuenta le quedan entonces US$ 70 millones. De ellos, US$ 60
corresponden a un préstamo que ya aprobó la Corporación Andina de
Fomento (CAF), destinado a la nueva operadora ferroviaria Servicios
Logísticos Ferroviarios (SLF). El dinero no llegó a sus arcas porque le
resta cumplir con requisitos de la CAF, según detalló el ministro Rossi
en el Parlamento.
Por lo tanto, al pasar raya quedan US$ 10 millones de inversión nueva y no
prevista anteriormente para el ferrocarril en Uruguay. No hace falta decir
si es mucho o poco, o si es justo o no. Lo cierto es que Vázquez le soltó
la mano a un sueño de Mujica.
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5) Sunca y Untmra critican a Lacalle y a Valenti; “burrada” lo del
Antel Arena
(Caras y Caretas)
Trabajadores nucleados en el Sunca y en la Untmra se movilizaron dentro del
plan de acción del Pit-Cnt. Rechazaron las pautas salariales del gobierno,
trataron de “burrada política” la paralización del Antel Arena,
reclamaron por los trabajadores de la fibra óptica y por la
regasificadora. Abogaron por las empresas autogestionadas y elevaron la voz
por los derechos de los discapacitados.
La oratoria central estuvo a cargo del secretario general del Sunca, Daniel
Diverio; del presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y del dirigente de
la Untmra, Marcelo Abdala. También contó con la presencia de delegados de
Argentina, Brasil y Cuba. Los tres oradores recordaron la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de que se debe investigar el crimen de Aldo
‘Chiquito’ Perrini.
Daniel Diverio comenzó cuestionando “la crisis” porque desde el
ministerio de Economía se planteó que la economía sufriría un
enlentecimiento pero, igualmente, “habrá un crecimiento entre un 2,5% y
un 3% anual, casi un 15% en el quinquenio, entonces decimos por qué se
cambia el criterio, por qué el salario no participa en la distribución de
ese crecimiento. Entonces ese crecimiento va para el capital y eso abre
más la brecha en la distribución de la riqueza”.
Propuso seguir ajustando en base a la inflación proyectada y no a la
pasada, porque este último es un planteo de recesión. Según el
dirigente, la paralización de la construcción del Antel Arena fue “una
burrada política. Creemos que fue brillante que la Intendencia de
Montevideo y una empresa pública como Antel se hicieran cargo [luego del
incendio del Cilindro]”. Diverio puede entender que la obra se detenga
por un tiempo al igual que el planteo de que va a seguir Antel gestionando
la obra, “pero lo que no se plantea hasta ahora es la suerte de 150
compañeros que quedan colgados del pincel”.
Fue claro cuando dijo que si mañana les daban la noticia de que los
obreros quedaban parados, “el lunes estamos acampando”. También
reclamaron por los trabajadores de la fibra óptica, así como por la
regasificadora, por la cantidad de mano de obra que ocupa (“entre mil y
mil doscientos”) y por ser la forma de generar nueva energía y más
barata que permite funcionar a la planta de ciclo combinado, “porque si
no se hizo al santo botón”. Abogó por las empresas autogestionadas y
por seguir apostando a la región, ejemplificando la colaboración de
Venezuela. Y recordaron a los más vulnerables, “nuestros
discapacitados”.
Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, arremetió contra Luis Lacalle
Pou que “preguntaba en Flores qué íbamos a hacer los trabajadores y
parece que sacó un aplauso porque no íbamos a luchar”, comenzó
diciendo el sindicalista. Luego dijo “qué va a saber Lacalle Pou de
trabajadores movilizados, si no debe de haber pasado ni por la Feuu”.
Siguió con Valenti “que nos pregunta dónde estábamos en la década del
90, que no hacíamos paro”. Luego Pereira contestó: “No estaría en
Uruguay, Valenti, sino se hubiera enterado que por votación popular
logramos que las empresas públicas quedaran en manos de los uruguayos, que
la educación paró quince días por el Presupuesto, que hubo dos meses de
huelga de la construcción, pero seguro que no estaba en Uruguay, que
estaba en algún otro lado, o teorizando u opinando del sol, de la luna, de
las nubes,de las calles, de las plazas, de la inversión
pública-privada… Sabe todo y los demás no sabemos nada. No se puede
subestimar a la clase trabajadora”. Denunció que hay 426 mil
trabajadores con menos de 12 mil pesos de salario y preguntó si alguien
creía que se podía vivir con ese salario. Culminó pidiendo un esfuerzo
para convencer “a cada compañero y a cada pequeño comerciante” de que
adhiera al paro general.
El dirigente Marcelo Abdala defendió que “en Uruguay, antes, ahora y
siempre un sólo movimiento sindical”, aunque eso “no significa que la
clase obrera sea neutra, pero sí independiente”. También tuvo palabras
contra lo dicho por Lacalle Pou, a quien le preguntaría: “¿Usted está
dispuesto a alentar para que las intendencias municipales que ustedes
dirigen hagan negociación? Demuestre en la práctica”. Abdala consideró
que la participación de los trabajadores estaba provocando “un giro
importante en la vida nacional. Fíjense que la jugada arrancó con
señales negativas”, pero el movimiento sindical supo ponerle freno, “a
tanta mala onda” y analizar con rigurosidad la realidad.
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